𝐄𝐥 𝐀𝐁𝐂 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐲 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Tunja definirán el próximo jueves 3 de diciembre de 2026 la renovación de los órganos directivos y de fiscalización de la institución para el periodo comprendido entre los años 2027 y 2030. La jornada de votación se adelantará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., combinando canales presenciales y remotos para permitir la participación de los empresarios domiciliados en los municipios que integran la circunscripción mercantil.
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐜𝐮𝐚́𝐥 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬?
En la contienda del 3 de diciembre se elegirán seis miembros principales con sus respectivos suplentes personales para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja. Estos seis escaños representan los dos tercios del máximo órgano de gobierno de la entidad que corresponden por ley a los comerciantes afiliados, mientras que el tercio restante (tres integrantes) es designado de manera directa por el Gobierno Nacional.
Los miembros elegidos por los afiliados representan la voz, las necesidades y las propuestas del sector empresarial formalizado. Entre sus competencias institucionales está la definición de las políticas y planes estratégicos de la entidad, la aprobación del presupuesto anual de ingresos y gastos, la modificación del Reglamento de Afiliados, la fiscalización de las funciones públicas delegadas por el Estado —como el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes— y la designación del presidente ejecutivo de la institución.
De forma simultánea, los comerciantes afiliados votarán para elegir al Revisor Fiscal y a su suplente personal para el cuatrienio 2027-2030. Esta figura, que puede ser una persona natural o una firma especializada en contaduría, asume la responsabilidad de auditar los estados financieros, vigilar la transparencia en el manejo de los recursos y velar por el estricto cumplimiento de los estatutos y disposiciones legales en la administración de la cámara.
¿𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨?
El derecho al voto está restringido exclusivamente a los comerciantes, personas naturales o jurídicas, que hayan mantenido de manera ininterrumpida la condición de afiliados durante los dos años calendario anteriores al 31 de marzo de 2026, y que conserven dicha calidad activa hasta la fecha de la jornada electoral.
En términos prácticos, están habilitados únicamente los matriculados que adquirieron la afiliación a más tardar el 1 de abril de 2024, habiendo cumplido oportunamente con la renovación de su matrícula mercantil y el pago de las cuotas ordinarias fijadas por la entidad durante los periodos 2024, 2025 y 2026.
¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥?
El censo electoral definitivo fue estructurado por la administración de la Cámara de Comercio de Tunja con fecha de corte al 31 de agosto de 2026 y publicado oficialmente entre el 1 y el 3 de septiembre. Este listado contempla la totalidad de las cédulas y NIT de los afiliados con derecho a sufragar.
Los comerciantes pueden verificar su inclusión mediante los listados físicos fijados en la Secretaría General de la Sede Norte (Calle 35 No. 10-09) o a través de los módulos de consulta habilitados en las plataformas digitales institucionales. La lista permanecerá abierta para revisión hasta la culminación de los comicios.
¿𝐂𝐮𝐚́𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚?
Los postulantes que aspiren a integrar las listas para miembros directivos deben certificar el cumplimiento riguroso de las condiciones fijadas en el artículo 85 del Código de Comercio y en la Ley 1727 de 2014:
• Poseer la ciudadanía colombiana y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos.
• Acreditar la calidad de afiliado ininterrumpido a la Cámara de Comercio de Tunja desde el 1 de abril de 2024 o una fecha previa, y conservarla al momento de la votación.
• Haber cumplido de forma permanente con las obligaciones de comerciante, lo cual abarca la renovación a tiempo de la matrícula mercantil de la persona natural o jurídica, la de sus establecimientos de comercio y el pago puntual de los compromisos del Reglamento de Afiliados.
• No registrar condenas penales por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, ni por conductas asociadas a contrabando, competencia desleal, usurpación de propiedad industrial o giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, que conlleven como pena accesoria la prohibición para ejercer la actividad mercantil.
• Tener el domicilio comercial dentro de cualquiera de los municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.
• Acreditar reconocida honorabilidad empresarial y personal.
• No estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 9° de la Ley 1727 de 2014.
• Respetar la prohibición legal de ejercer la calidad de miembro de Junta Directiva en más de una cámara de comercio del país. La reelección inmediata para el periodo 2027-2030 aplica únicamente por una sola vez, limitación que rige para personas naturales, jurídicas y sus representantes legales.
Para el caso de las personas jurídicas que se postulen como candidatas, sus representantes legales deben reunir la totalidad de los requisitos exigidos a las personas naturales, con excepción de la calidad personal de comerciante.
¿𝐂𝐮𝐚́𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬?
La radicación de listas de candidatos a la Junta Directiva debe tramitarse formalmente ante la Secretaría General de la institución durante la segunda quincena de octubre, ventana temporal que inició el 16 de octubre y finaliza el 3 de noviembre de 2026.
La recepción presencial se lleva a cabo en la Sede Norte, ubicada en la Calle 35 No. 10-09 de la capital boyacense, de lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Asimismo, se encuentra habilitado el canal digital mediante la dirección de correo electrónico elecciones@cctunja.org.co.
Si los promotores de las listas requieren introducir modificaciones o sustituciones a los renglones inscritos, el plazo máximo fijado por la normativa vence el viernes 30 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m. La solicitud de cambios debe ser presentada de manera conjunta por las mismas personas que radicaron la solicitud inicial.
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬?
• Las listas deben estructurarse mediante renglones numerados, con un mínimo de un renglón y un máximo de seis. Cada renglón estará compuesto obligatoriamente por un candidato principal y un suplente personal.
• Candidato principal y suplente del mismo renglón deben acreditar individual e independientemente el cumplimiento total de los requisitos legales exigidos.
• Ningún participante puede ser postulado en más de una lista. De comprobarse la aparición de un candidato en dos o más nóminas mediante su firma de aceptación, quedará inhabilitado.
• No se requiere la presencia física ni la presentación personal de los integrantes al momento de la entrega de documentos.
• Las personas naturales deben identificarse con nombres completos y número de cédula de ciudadanía; las personas jurídicas deben incluir la razón social exacta, el NIT y los datos de identificación de su representante legal.
• La inscripción debe acompañarse de la carta de aceptación escrita de cada candidato principal y suplente, donde indiquen explícitamente si participan como persona natural o jurídica, adjuntando una declaración bajo la gravedad del juramento que confirme la ausencia de inhabilidades y el cumplimiento del artículo 85 del Código de Comercio.
¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝟑 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞?
Los comicios se llevarán a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. mediante un esquema mixto que combina puestos de votación presenciales —dispuestos en las instalaciones de la entidad dentro de su jurisdicción— y un sistema de voto electrónico a través de la plataforma tecnológica certificada por la institución.
Para resolver inquietudes técnicas sobre el censo electoral, la formulación de impugnaciones o los formatos oficiales de inscripción, la Cámara de Comercio de Tunja dispuso la línea de atención celular 318 343 5422, la central telefónica (608) 747 4660 extensión 133, la oficina física de la Secretaría General y el correo institucional elecciones@cctunja.org.co.
𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞𝐧̃𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐬 𝐒𝐚𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Boyacá se ubicó en el primer lugar del ordenamiento por departamentos en los resultados del examen Saber 11 de 2026, al registrar el promedio global más alto de Colombia en la consolidación de las instituciones educativas evaluadas.
De acuerdo con el reporte oficial presentado por la firma especializada Milton Ochoa, el departamento alcanzó un promedio global de 270,9 puntos sobre 500, resultado calculado sobre la presentación de las pruebas por parte de 15.775 estudiantes de 405 colegios. En la tabla general elaborada por la organización, que suma los establecimientos de Calendario A y Calendario B, Boyacá superó a Bogotá D.C., que registró una media de 270,7 puntos con 80.165 alumnos de 1.140 instituciones, y a Quindío, que obtuvo un promedio de 269,2 puntos con 5.189 evaluados. El promedio nacional para ese consolidado general se fijó en 254,8 puntos.
Al desglosar las mediciones del grupo Milton Ochoa por tipo de calendario escolar, el departamento sostuvo la primera casilla nacional en la categoría de Calendario A con ese mismo indicador de 270,9 puntos. En dicho segmento se situó por encima de Bogotá D.C. (268,6), Santander (268,3), Quindío (268,3) y Norte de Santander (266,2), superando el promedio nacional de esa modalidad, fijado en 253,3 puntos.
En la tabla correspondiente al Calendario B, liderada por Huila con 362,3 puntos (50 estudiantes de 2 colegios), Santander con 350,8 puntos (200 estudiantes de 5 colegios) y Quindío con 342,6 puntos (65 estudiantes de 2 colegios), no se registran establecimientos educativos pertenecientes al departamento de Boyacá dentro de los diez primeros lugares.
𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐦𝐚𝐲𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐚́𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que presentará ante la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza para solicitar un endeudamiento con el fin de adquirir buses escolares y realizar adecuaciones en colegios del departamento. Las declaraciones fueron entregadas durante un evento de entrega de equipamientos para atención de emergencias en el que también se refirió a la reducción de los recursos de regalías y al estado de los fondos congelados por el Gobierno Nacional.
Según lo expuesto por el mandatario, la decisión de acudir al crédito busca mitigar el impacto fiscal provocado por la disminución de los ingresos del presupuesto de regalías en el departamento, cifra que calculó en 150.000 millones de pesos. Ante el escenario presupuestal y las críticas de sectores opositores, el mandatario afirmó: «No importa lo que diga de mí la oposición, vamos a ir a la Asamblea Departamental a tramitar una nueva ordenanza que permita un crédito para comprar buses escolares y arreglar más colegios en el departamento de Boyacá con toda la determinación del mundo».
En relación con el financiamiento, Amaya señaló que el endeudamiento de los departamentos y municipios se encuentra en niveles menores en comparación con los del orden nacional, citando declaraciones atribuidadas al Gobierno Nacional sobre la disponibilidad de margen fiscal en las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de desarrollo.
Durante el mismo pronunciamiento, el gobernador informó sobre la situación de 78.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Regional que permanecen congelados. Sobre estos recursos, Amaya ofreció explicaciones a los mandatarios locales de la jurisdicción: «le digo a los alcaldes que disculpen la demora, pero estamos esperando que ese decreto salga del Gobierno nacional para activar esos 78.000 millones de pesos y proceder a firmar convenios para ejecutar los proyectos pendientes que hemos priorizado».
Asimismo, la jornada incluyó la formalización de la entrega de equipos para la atención de emergencias por un valor de 3.950 millones de pesos, gestionados entre la Gobernación de Boyacá y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La dotación comprendió carros cisterna de bomberos destinados a Nobsa y Chiquinquirá, un vehículo de rescate para la Cruz Roja Seccional Boyacá, una unidad de atención rápida para el cuerpo de bomberos de San Luis de Gaceno y vehículos operativos entregados a las sedes de la Defensa Civil en Miraflores, Muzo y Guateque.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá hizo público el proyecto de pliego de condiciones correspondientes al proceso de licitación pública L.P. 005 de 2026, cuyo objeto es la construcción de la infraestructura física para el edificio administrativo y las zonas de urbanismo de la entidad en el municipio de Tunja. El presupuesto oficial estimado para la ejecución de la obra asciende a $18.629.982.348,98 COP, financiado con recursos propios de la institución, y contempla un plazo de ejecución de 20 meses en el predio ubicado en la carrera 2A Este No. 53-136.
El proyecto de infraestructura comprende la edificación de una estructura en concreto reforzado de cinco pisos más altillo destinada a oficinas, con un área de 3.611,97 metros cuadrados; un edificio independiente para archivo documental de un piso con cerca de 400 metros cuadrados; y la intervención de zonas de urbanismo que abarcan parqueaderos, vías internas, senderos peatonales, redes exteriores, paisajismo y un cerramiento perimetral de aproximadamente 500 metros lineales. La totalidad de la intervención abarca una superficie construida cercana a los 4.511,97 metros cuadrados en un terreno de propiedad de la corporación que suma alrededor de una hectárea.
La justificación técnica de la contratación señala la necesidad de resolver la insuficiencia de espacio de las instalaciones actuales y eliminar la dispersión de dependencias administrativas. De acuerdo con los estudios previos, la entidad ha destinado cerca de 1.100 millones de pesos en los últimos cinco años al arrendamiento de inmuebles externos para el funcionamiento de la Subdirección de Ecosistemas, la Oficina de Cultura Ambiental, áreas de archivo y bodegas de almacenamiento. La unificación operativa busca centralizar los servicios institucionales, reducir costos recurrentes de alquiler y consolidar un activo patrimonial propio en la capital del departamento.
Para respaldar financieramente la ejecución de la obra durante los 20 meses previstos, la entidad estructuró la contratación mediante el presupuesto fiscal vigente y la aprobación de vigencias futuras. Según los registros presupuestales del proceso, el proyecto cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la vigencia 2026 por un monto de $3.118.667.642,00 COP. El valor restante del contrato se completará con dos autorizaciones de vigencias futuras aprobadas por la jefatura de presupuesto: la primera para el año 2027 por un valor de $8.185.200.996,02 COP, y la segunda para el año 2028 por $7.326.113.710,96 COP. Estos recursos provendrán principalmente de los recaudos por concepto de sobretasa ambiental y la participación ambiental sobre el impuesto predial.
El cronograma del procedimiento de contratación pública establece que el plazo para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones finalizará el 3 de noviembre de 2026. Posteriormente, la expedición del acto administrativo de apertura y la respuesta a las observaciones se realizarán el 4 de noviembre, mientras que la entrega formal de ofertas por parte de los proponentes interesados está programada para el 12 de noviembre. La audiencia de adjudicación del contrato se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2026.
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐮𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐕𝐢𝐚𝐧𝐧𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐬 𝐒𝐚𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
La Institución Educativa Juan Bautista María Vianney se ubicó en el primer lugar entre los establecimientos educativos del departamento de Boyacá en el ranking de las Pruebas Saber 11 del año 2026, de acuerdo con el listado divulgado por la firma Milton Ochoa.
El colegio paipano obtuvo un puntaje promedio de 360 sobre 500 posibles y alcanzó el puesto 32 a nivel nacional. Las siguientes mejores calificaciones en el departamento correspondieron al Colegio Los Ángeles y al Gimnasio Villa Fontana, ambos del municipio de Tunja, los cuales registraron un promedio de 359 puntos sobre 500 y ocuparon los puestos 38 y 40 en el ámbito nacional, respectivamente. El cuarto lugar departamental fue para la Institución Educativa Académico de Paipa, con 354 puntos, seguida por el Colegio Campestre San Diego, del municipio de Duitama, con 352 puntos.
El análisis de los diez primeros puestos del departamento evidencia que Tunja concentra la mayor cantidad de instituciones en este segmento, con un total de cuatro establecimientos. Por su parte, Paipa cuenta con tres planteles en ese mismo grupo, mientras que los demás lugares de este sector de la tabla corresponden a instituciones ubicadas en los municipios de Cómbita y Sogamoso.
En el ámbito municipal de Tunja, el listado de los veinte mejores establecimientos educativos incluye tanto a instituciones de carácter privado como oficial. Detrás del Colegio Los Ángeles y el Gimnasio Villa Fontana se ubicaron el Colegio Andino y el Colegio Moderno La Florida, ambos con 342 puntos. Posteriormente figuran el Colegio de Comfaboy con 337 puntos, y los colegios Cristiano Filadelfia y American School Saint Frances, los dos con 330 puntos.
Dentro de este mismo grupo de veinte instituciones del municipio capital figuran planteles de administración oficial. El Colegio de Boyacá ocupó el puesto 12 del listado municipal con 311 puntos, el Colegio Gustavo Rojas Pinilla se situó en el puesto 14 con 309 puntos, y la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón alcanzó el puesto 19 con 296 puntos.
El informe publicado contempla variaciones en el volumen de estudiantes evaluados en cada centro educativo. Mientras el Colegio de Boyacá reportó 310 alumnos evaluados en la prueba, varios establecimientos del listado cuentan con menos de 20 estudiantes examinados, un factor que incide en la comparación analítica de los promedios institucionales.
La Lotería de Boyacá asumió la sede y la organización del V Congreso Nacional de Loterías y Distribuidores de Colombia, encuentro del sector de juegos de suerte y azar que se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026 en el municipio de Guateque. Para la atención integral de aproximadamente 120 participantes de distintas regiones del país, la empresa industrial y comercial del departamento formalizó un contrato de prestación de servicios logísticos por un valor de 113.937.000 pesos.
El proceso contractual se sustentó en la Resolución 0388 del 26 de octubre de 2026, firmada por el gerente general de la entidad, Diego Fabián Hernández Ruiz, mediante la cual se justificó la modalidad de contratación directa identificada con el número CD-REL-157 de 2026. La ordenación del gasto se imputó al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 14603 con cargo al rubro institucional de Relaciones Públicas.
De acuerdo con los estudios previos elaborados por la Subgerencia Comercial y Operativa, la figura de contratación directa se aplicó al amparo del régimen especial de la Lotería de Boyacá y el artículo 29 de su Manual de Contratación (Acuerdo 010 de 2022 y su modificación mediante el Acuerdo 010 de 2025), el cual faculta la selección directa para procesos cuyo presupuesto estimado no supere los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El monto asignado para la actividad logística equivale a 65,07 SMMLV correspondientes a la vigencia 2026.
En el análisis del sector e indagación del mercado en la zona de ejecución, la administración institucional verificó que entre la infraestructura hotelera del municipio de Guateque, únicamente el Hotel Sunuba, de propiedad de la firma Inversiones Heni S.A.S., acreditó la capacidad de infraestructura para concentrar en un solo establecimiento los requerimientos integrales de hospedaje para 120 personas, salones de conferencias para las jornadas del evento y servicios continuos de alimentación.
El contrato, adjudicado a la firma representada legalmente por Mauro Edwin Carrillo Ballesteros, estipula un plazo de ejecución de tres días. El alcance abarca la reserva de 47 habitaciones estándar y dos acomodaciones tipo suite, el uso de salón social para la agenda del congreso, alimentación completa y la logística de transporte e integración institucional en el embalse La Esmeralda, que incluye recorridos en lancha y guianza por sectores autorizados de la represa.
#Boyacá #VillaDeLeyva #Sáchica
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐫𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐚𝐭𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐲𝐯𝐚–𝐒𝐚́𝐜𝐡𝐢𝐜𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó en segunda instancia el fallo que obliga a la Gobernación de Boyacá a realizar los estudios, destinar los recursos económicos y ejecutar las obras necesarias para culminar y rehabilitar la ciclorruta y el sendero peatonal en la vía que conecta al municipio de Villa de Leyva con Sáchica.
La decisión fue proferida por la Sala de Decisión Primera de la corporación judicial, bajo la ponencia de la magistrada María del Tránsito Higuera Guío, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la administración departamental contra la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Dicha providencia de primera instancia amparó los derechos colectivos invocados en la demanda de acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien accionó judicialmente al departamento para exigir la atención de la infraestructura vial.
En el análisis del expediente, el tribunal respaldó la valoración de las pruebas técnicas presentadas en el proceso iniciado por Figueroa García, entre ellas un informe elaborado en mayo de 2024 por la propia Secretaría de Infraestructura departamental. Ese diagnóstico determinó que, a lo largo de los 4,4 kilómetros de la infraestructura vial, se registran 14 tramos en estado deficiente, caracterizados por la ausencia de capa de pavimento, pérdida de agregados, grietas, colapso de cunetas, falta de mantenimiento en el sistema de drenaje e inestabilidad de taludes.
La Gobernación de Boyacá argumentó en su defensa que el proyecto se encontraba en fase de estructuración dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 y sostuvo que el deterioro afectaba la práctica del ciclismo pero no configuraba un riesgo inminente para peatones, además de pedir flexibilidad por limitaciones presupuestales. Sin embargo, la corporación judicial desestimó los alegatos al ratificar que la seguridad de ciclistas y peatones se encuentra comprometida y que las dificultades de presupuesto no eximen a las autoridades de conservar los bienes de uso público a su cargo.
Con la confirmación del fallo, se mantienen de manera estricta los plazos otorgados al departamento para solucionar el deterioro de la obra. En el primer año posterior a la ejecutoria de la sentencia, la Gobernación deberá apropiar los recursos y contratar los estudios y diseños técnicos. Durante el segundo año, tendrá que adelantar los trámites administrativos y contractuales de rigor; y en un plazo no mayor a dos años adicionales, deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras de mantenimiento y terminación de la ciclorruta.
El fallo liberó de responsabilidad al Municipio de Villa de Leyva tras comprobarse que la vía y la ciclorruta pertenecen a la red vial departamental administrada por Boyacá. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó la conformación de un comité de verificación con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el actor popular para vigilar el cumplimiento del cronograma.
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨́ 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐜𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐳 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢́𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐄𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐬𝐜𝐨
El Tribunal Administrativo de Boyacá protegió de manera parcial los derechos e intereses colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la seguridad pública de los habitantes de la vereda El Pedregal del municipio de Tasco, tras corroborar que las actividades de minería de hierro a cielo abierto en la mina El Banco, operada bajo el título minero 006-85M por la empresa Acerías Paz del Río S.A., provocaron agrietamientos, procesos de erosión, fallas en el drenaje y riesgos de deslizamiento en el terreno.
La decisión fue proferida en primera instancia por la Sala de Decisión Número Dos del Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo la ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, al resolver una acción popular presentada por la Personería Municipal de Tasco, residentes de la vereda El Pedregal y la Corporación Guamán Poma. En la demanda se solicitaba detener las labores mineras, revocar las autorizaciones ambientales y reparar los daños en predios y fuentes hídricas del sector.
Durante la revisión técnica del expediente, el magistrado ponente constató la presencia de fisuras, inestabilidad en el terreno, fallas en las obras de conducción de aguas lluvias y desmonte de vegetación tanto en el antiguo frente de explotación a cielo abierto como en el botadero de material estéril de la mina El Banco. La sentencia determinó que este deterioro constante genera un riesgo para la tranquilidad y la seguridad física de los pobladores que transitan y habitan cerca del predio.
En la distribución de responsabilidades, el alto tribunal contencioso administrativo declaró responsable al titular minero Acerías Paz del Río S.A. por no ejecutar de forma completa las labores de prevención, contención y manejo ambiental fijadas en los compromisos legales para la zona. El tribunal desestimó los argumentos de la compañía, la cual sostenía que las protestas y los bloqueos de las comunidades constituían un evento de fuerza mayor que le impidió hacer los mantenimientos, señalando que los conflictos sociales no excusan el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental.
El fallo también declaró la responsabilidad institucional de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá por deficiencias e insuficiencia en la fiscalización y el seguimiento ambiental a la explotación, así como de la Agencia Nacional de Minería por omitir un control continuo sobre la estabilidad técnica y la seguridad de las estructuras del yacimiento. Frente al municipio de Tasco, la autoridad judicial determinó que deberá participar activamente en los comités de gestión del riesgo y apoyar el acompañamiento social, sin que se le declarara responsabilidad por omisiones directas.
Por otra parte, la decisión judicial no concedió las pretensiones de indemnización económica solicitadas para particulares, al precisar que la acción popular tiene como fin amparar derechos colectivos y no resolver reclamos de indemnización individual. Tampoco consideró comprobada la pérdida definitiva de los nacederos de agua como consecuencia exclusiva de la mina, debido a la falta de estudios técnicos con la rigurosidad requerida. No obstante, el tribunal declaró la existencia de una amenaza sobre el patrimonio arqueológico del sector, ante la ausencia de un plan formal aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para la fase de intervención.
Para corregir los deterioros encontrados, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó a Acerías Paz del Río S.A., a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y a la Agencia Nacional de Minería la contratación y elaboración de estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos detallados. Igualmente, dispuso la construcción inmediata de obras para canalizar las aguas, la estabilización del botadero de escombros mineros, la reforestación del terreno con vegetación nativa y la formulación de un programa preventivo de arqueología antes de realizar nuevos movimientos de tierra.
Durante los encuentros regionales desarrollados en el departamento, el tema salió a la luz tras ser planteado en entrevista al alcalde de Paipa. El mandatario municipal confirmó que el proyectado esquema de variante vial queda formalmente descartado dentro de la planeación actual para la zona.
Ante la problemática generada por la fragmentación urbana y el impacto de la doble calzada, la administración municipal estableció que la alternativa prioritaria consiste en la ejecución de obras complementarias de ingeniería. En ese sentido, la propuesta se centra en la construcción de pasos subterráneos coordinados de manera directa con el Invías para solucionar los problemas de conectividad y accidentalidad que afectan la movilidad en la zona urbana.
𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐛𝐞𝐥𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐚 𝐄𝐬𝐩𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚
El departamento de Boyacá estructuró una agenda de inversión bajo el nombre de ‘Misión Cuna de la Patria’, la cual fue entregada al gobierno nacional con el propósito de buscar su inclusión y financiación dentro de la hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030. El portafolio comprende un total de 100 proyectos estructurados en fase tres que suman un presupuesto global de 3.888.696.433.472 pesos, orientados a intervenir sectores críticos como la producción agropecuaria, la infraestructura vial y ferroviaria, la vivienda rural y la transformación industrial.
De acuerdo con la distribución presentada, los recursos se dividen en los ejes estratégicos definidos por la administración nacional. El bloque de Colombia de las Regiones concentra 50 iniciativas por cerca de 1,44 billones de pesos; el componente de Milagro Económico agrupa 13 proyectos por 1,15 billones de pesos; y el sector de Milagro Social contempla 23 propuestas por 1,01 billones de pesos. La agenda se completa con solicitudes específicas en los ejes de Reconstrucción, transformación y resiliencia; Patriotismo Constitucional y Educación.
Dentro del componente agropecuario y de seguridad alimentaria, el plan contempla la implementación de 272 bancos de maquinaria agrícola, con una inversión estimada de 97.600 millones de pesos. Este programa busca impactar directamente a 12.300 unidades productivas y contar con la participación de 150 asociaciones campesinas en los 123 municipios del departamento para mejorar la capacidad tecnológica del campo. Asimismo, se proyecta la construcción de 2.000 viviendas rurales nuevas por un valor de 326.000 millones de pesos, diseñadas para beneficiar a unas 8.000 personas en diferentes provincias, buscando dinamizar de manera simultánea la industria de la construcción y las cadenas de suministro de los municipios.
En materia de infraestructura de transporte, la misión establece la intervención de 250 kilómetros de malla vial con un costo estimado en 1,21 billones de pesos, con el fin de reducir tiempos de desplazamiento, abaratar costos de movilización de carga e impulsar el turismo departamental. Entre los corredores priorizados destaca la vía que comunica a Soatá con La Uvita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba y El Cocuy, la cual cuenta con un presupuesto asignado de 85.903 millones de pesos.
En el sector ferroviario, la administración departamental estableció una alianza con 25 empresas (14 de ellas oriundas de Boyacá) para el diseño y construcción de un vagón turístico por 1.200 millones de pesos, además de requerir 8.500 millones de pesos para el diseño de una unidad móvil diésel. De manera paralela, el departamento financió los estudios de prefactibilidad del corredor férreo entre Sogamoso y La Caro por 16.211 millones de pesos, y solicitó a la Nación una cofinanciación de 94.968 millones de pesos para avanzar hacia la fase de factibilidad de este mismo trayecto.
Finalmente, el documento presentado incluye seis iniciativas estructuradas bajo el modelo de asociaciones público-privadas que suman un presupuesto conjunto de 943.189 millones de pesos. Estas propuestas abarcan la construcción de un centro de convenciones en la Provincia de Ricaurte, un parque turístico y sostenible en la Provincia de Tundama, una planta de fertilizantes fosfatados en Sugamuxi, un centro de aprovechamiento energético de residuos domiciliarios para todo el departamento, dos plantas de generación térmica de 50 megavatios cada una en Sugamuxi y el Centro Agroindustrial del Oriente ubicado en Tundama.
𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨́ 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐩 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
La Gobernación de Boyacá oficializó en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) la documentación y el registro del procedimiento contractual para la consecución de un empréstito por 9.617.221.236 pesos con el Banco de Bogotá, dinero que estará destinado al mejoramiento de la red vial en el departamento a través de convites comunales.
El trámite administrativo dentro de la plataforma pública de contratación estatal entró a la etapa de evaluación y observaciones, luego de que la Dirección Financiera y Fiscal de la Secretaría de Hacienda del departamento solicitara a la Secretaría de Contratación la publicación de este expediente. La constancia de la publicidad del procedimiento en el sistema público resulta indispensable para que la entidad bancaria proceda a realizar el primer desembolso de los recursos hacia las arcas del departamento.
La formalización de este trámite de deuda pública a un plazo de diez años cuenta con el respaldo de la Contraloría General de Boyacá, entidad que emitió la Resolución 517 del 6 de octubre de 2026 para autorizar el registro correspondiente. Para cumplir con las exigencias de la ley sobre límites de gasto e indicadores financieros, la administración del departamento suscribió un plan de desempeño previo con la institución bancaria, instrumento que fija las condiciones para garantizar el pago del crédito.
El sustento normativo de este proceso financiero se basa en las ordenanzas 26 de 2024, 64 de 2025 y 83 de 2025 aprobadas por la Asamblea de Boyacá. Esta operación de crédito por 9.617 millones de pesos es un trámite independiente al proyecto de endeudamiento por 230.000 millones de pesos que fue anulado por el Tribunal Administrativo de Boyacá debido a vicios de trámite en la Asamblea, quedando ahora este expediente específico habilitado en la plataforma oficial de contratación para el seguimiento público y el control de la ciudadanía.
El Festival Internacional de la Cultura Campesina cerró su edición 2026 con un registro de 247.000 asistentes en sus más de 400 actividades artísticas y culturales, mientras que la feria CosechArte alcanzó ventas por 1.514 millones de pesos en Tunja. La Gobernación de Boyacá presentó el balance consolidado del evento desarrollado del 1 al 12 de octubre, destacando que el 45% del público asistió por primera vez y que la programación se extendió a 30 municipios del departamento con un 99% de participación de artistas boyacenses.
Durante los 12 días de programación se habilitaron 91 escenarios donde se realizaron 420 actividades de artes plásticas, danza, teatro, música, literatura, cinematografía, narración oral, circo y patrimonio. Las presentaciones musicales concentraron la mayor afluencia con 34.557 asistentes, seguidas por la Noche de Museos en la capital de Boyacá con 22.912, las obras de teatro con 16.244 y las muestras de danza con 12.796 participantes. Mediante la convocatoria de estímulos del festival se beneficiaron 281 iniciativas de 39 municipios, vinculando a cerca de 2.000 artistas de Boyacá.
Paralelamente, la feria CosechArte funcionó del 7 al 12 de octubre en la capital de Boyacá con la participación de 100 emprendedores y productores. La administración del departamento reportó una asistencia de 130.529 personas a este recinto comercial, cifra que representó un incremento del 64% en comparación con la versión del año anterior. La jornada con mayor aforo se registró el domingo 11 de octubre, con 35.500 visitantes en un solo día.
Las ventas de la feria llegaron directamente a los comerciantes y productores, debido a que la Gobernación de Boyacá no cobró tarifas por la ocupación de los estands. "Es decir, la Gobernación no les cobra un centavo por la feria, un centavo por el estand ni por nada. Todo eso le llega directamente al bolsillo", afirmó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. En el desglose comercial, las artesanías registraron un aumento del 400% en sus ventas, el sector de las esmeraldas creció un 200% y la zona de maridaje tuvo un incremento del 88%. Los productores agrícolas e industriales comercialización 187 millones de pesos en alimentos procesados, hortalizas, quesos y mieles, mientras que la gastronomía creció un 19% y los emprendimientos un 16%.
La gestora social del departamento, Daniela Assis, destacó la respuesta del público y el crecimiento del espacio comercial frente a años anteriores. "En el 2024, 400 millones de pesos; 2025, 800 millones de pesos y pues subió exponencialmente. Es una feria que va en crecimiento, tiene un crecimiento potencial a 1.500 millones de pesos", señaló Assis en referencia a CosechArte.
El impacto económico de la feria en Tunja se calculó en cerca de 3.000 millones de pesos, de los cuales 587 millones correspondieron a la movilización en transporte público, 600 millones a ventas en comercios o restaurantes aledaños y la creación de 1.100 empleos temporales. La secretaria de Desarrollo Empresarial de Boyacá, Elina Ulloa, explicó que la selección de los expositores se dio mediante convocatoria pública entre 257 postulantes vinculados a programas del departamento como ‘Soy Boyacá, Territorio de Sabores y Artesanías de Boyacá’. "Cerca del 90% de las empresas boyacenses son mipymes, con lo cual este tipo de espacio ferial realmente se dirige al tejido empresarial que tiene la mayor concentración en Boyacá", puntualizó Ulloa.
La edición 2026 del festival contó con la presencia de delegaciones internacionales de Estados Unidos, Chile, Argentina, Rumania, Rusia y Venezuela, así como de departamentos invitados entre los que estuvieron Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío. En esta oportunidad, la organización del evento estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura de Boyacá, tras suprimirse la gerencia del festival.
La secretaria de Cultura de Boyacá, Sandra Mireya Becerra, resaltó la receptividad ciudadana hacia las expresiones artísticas en los escenarios habilitados. "Vivimos los que estuvimos todos los días un derroche de energía de la ciudadanía haciendo filas para todo. Haciendo filas para las salas de exposición, haciendo filas para las obras de teatro, haciendo filas para la Noche de Museos", manifestó Becerra.
A diferencia de años anteriores, la programación no incluyó conciertos masivos en estadios. La Gobernación de Boyacá indicó que esta decisión permitió reorientar 8.000 millones de pesos, de los cuales 3.800 millones se destinaron para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva y proteger el Santuario de Fauna y Flora, en tanto que el excedente financió la operación de maquinaria en la red vial del departamento. Respecto a esta determinación, el gobernador Amaya indicó que "la ausencia de los conciertos de gran formato permitieron (sic) que la ciudadanía pudiera interesarse más y profundizar más sobre lo que significa el FICC, porque el FICC no son los conciertos de gran formato. La evaluación del FICC debe hacerse es desde el punto de vista de las culturas y las artes y los saberes, no sobre el espectáculo".
En movilidad y conectividad, la aerolínea Satena reportó una ocupación del 100% en sus vuelos hacia el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa durante la semana del evento. Por las vías del departamento se movilizaron 746.121 vehículos, lo que significó un aumento del 14% en el tráfico automotor frente al mismo periodo de 2025.
𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐲𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝟕º 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐍𝐀𝐓𝐎
Entre el 22 y el 23 de octubre de 2026, la Hospedería y Centro de Convenciones Duruelo, ubicada en el municipio de Villa de Leyva, será la sede del 7º Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, evento organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). La jornada reunirá a cerca de 350 empresarios, agencias operadoras, agencias receptivas DMC y prestadores de servicios turísticos de todo el país.
El encuentro se desarrollará en el marco de indicadores de reactivación para el sector. De acuerdo con cifras expuestas por el gremio con base en reportes oficiales de Migración Colombia y la Aerocivil, entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país 3,2 millones de visitantes extranjeros, mientras que el transporte aéreo movilizó a 39,4 millones de pasajeros en el mismo periodo, lo que representó un crecimiento del 4,6 %. Adicionalmente, durante el primer semestre del año la actividad turística aportó 5.619 millones de dólares en divisas a la economía nacional.
Sobre estos resultados, la presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle, señaló que la prioridad actual del sector consiste en lograr que el flujo de visitantes internacionales repercuta en una mayor derrama económica territorial, estancias más prolongadas y mejor rentabilidad para las empresas del sector.
La programación académica comenzará el 22 de octubre con la presentación oficial de Boyacá como destino y un panel de articulación público-privada que contará con la intervención de representantes de Fontur, Migración Colombia, ProColombia y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Asimismo, la agenda incluirá el espacio "Descubriendo Destinos", destinado a visibilizar la oferta de zonas emergentes como Mesetas a través de Destino Travel, Caquetá con Pasión Caquetá, la Sierra Nevada mediante Kogui Travel y Valledupar con Caminos Vallenatos.
El componente de capacitación abordará tres ejes estratégicos centrados en gestión reputacional, tecnología y estrategia comercial. En el área de reputación, la Universidad Externado de Colombia dictará la conferencia magistral "Comunicación Estratégica en Contextos de Riesgo y Recuperación Reputacional de Destinos", acompañada del taller práctico "Cómo pasar de problemas a oportunidades", impartido por Pillow. En materia digital, se realizarán las sesiones "El asesor que no duerme (IA aplicada al turismo Receptivo)", a cargo de Miguel Martínez, y "Organizaciones Azules, líderes de la era Digital", expuesta por Alberto Delgado. En el ámbito comercial e internacionalización, la programación contempla ponencias sobre "Marketing Emocional" dictada por Alejo Bernal, pautas de preparación para el mercado internacional a cargo de Mauricio Martínez y un análisis sobre los retos del sector en América Latina presentado por Gabriela Stowell.
Para la jornada del viernes 23 de octubre se prevé la realización de la Rueda de Encadenamiento comercial, un espacio de negociación estratégica orientada a conectar a los prestadores de servicios y operadores nacionales con agencias receptivas, mayoristas y agencias de viajes.
El encuentro finalizará con la ejecución de viajes de reconocimiento estructurados a través de 12 rutas por el departamento de Boyacá. Los asistentes recorrerán atractivos patrimoniales, gastronómicos y de naturaleza en municipios como Villa de Leyva, Ráquira, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Lago de Tota, Monguí, El Cocuy y el Páramo de Ocetá.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐚́𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐬𝐛𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐜𝐮𝐲
La Gobernación de Boyacá, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Corpoboyacá, Corporinoquia, Parques Nacionales Naturales de Colombia y quince municipios del departamento con jurisdicción en el área deberán estructurar un plan de acción para la protección y restauración de la vegetación en el complejo de páramos de Pisba y en el Parque Nacional Natural El Cocuy. La medida fue adoptada de oficio por el Tribunal Administrativo de Boyacá tras detectar fallas en la verificación de emergencias pasadas e inconsistencias institucionales en la evaluación de daños en la alta montaña.
La orden judicial fue emitida por el Despacho 5 del Tribunal, con ponencia de la magistrada Paola Rocío Pérez Sánchez, al resolver la solicitud de medidas cautelares dentro de una acción popular promovida por la Fundación Little Guardians contra el departamento de Boyacá, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Corpoboyacá, Corporinoquia, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de Tasco y entre otros entes vinculados. La organización demandante buscaba la protección de los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la gestión del riesgo contra incendios, pidiendo obligar a las instituciones a cruzar datos de puntos de calor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y a activar comisiones de socorro ante alertas en municipios de las provincias de Norte, Gutiérrez, Valderrama, Sugamuxi y La Libertad.
Entre las entidades territoriales de Boyacá vinculadas a la ejecución de las medidas figuran Chita, El Cocuy, Güicán de la Sierra, El Espino, Chiscas, Cubará, La Uvita, Panqueba, Guacamayas y San Mateo en el entorno del Parque Nacional Natural El Cocuy, además de Tasco, Gámeza, Jericó, Labranzagrande, Mongua, Pisba, Socha y Socotá en el complejo de páramos de Pisba. Asimismo, la providencia vinculó a los municipios de Tame y Fortul en Arauca, y Sácama, Támara y La Salina en Casanare, por compartir jurisdicción geográfica con los ecosistemas objeto del proceso.
El Tribunal denegó las medidas cautelares previas solicitadas por la parte actora al considerar que la fundación no demostró un riesgo inminente adicional no cubierto por la normativa vigente. La magistrada sustentó la decisión en que las entidades públicas ya disponen por ley de protocolos, presupuestos y personal para la atención de emergencias, aclarando que analizar si dichos recursos resultan suficientes o no es un asunto que corresponde al fallo definitivo del proceso y no a la etapa cautelar.
Sin embargo, el análisis del expediente llevó a la corporación judicial a decretar de oficio medidas preventivas de urgencia tras constatar desórdenes e inconsistencias institucionales en el seguimiento de eventos ocurridos en meses anteriores. Entre las pruebas evaluadas figura un reporte de la Alcaldía de Tasco sobre un incendio registrado el 28 de febrero de 2026 en el sector Pico del Caracol, dentro del Páramo de Pisba. En el documento, la administración municipal expuso que una unidad de cinco bomberos enviada al sitio no pudo ubicar el punto del fuego debido a la niebla, las condiciones climáticas y la dificultad del terreno, por lo que nunca se realizó un inventario de la flora y fauna impactadas ni se adelantaron labores de rehabilitación posterior del suelo.
A la falta de datos en el municipio de Tasco se sumó una respuesta oficial entregada por la Gobernación de Boyacá el 25 de marzo de 2026, en la cual el departamento sostuvo que en sus registros no figuraban incendios reportados ni en el Páramo de Pisba ni en el Parque Nacional Natural El Cocuy. Para el Tribunal, la contradicción entre la emergencia atendida por el cuerpo de socorro municipal y la ausencia de registros en la administración del departamento evidenció fallas en la verificación de los eventos y la falta de información real sobre las afectaciones en los ecosistemas de alta montaña.
Para corregir estas omisiones, la providencia fijó un plazo perentorio de diez días hábiles para que las entidades involucradas identifiquen las zonas impactadas y entreguen un cronograma de trabajo centrado en la reforestación con especies nativas, la recuperación de coberturas vegetales y el control de la degradación del terreno. Adicionalmente, el fallo prohibió a la Gobernación de Boyacá y a los municipios expedir actos administrativos o adoptar decisiones destinadas a reducir, modificar o retirar la categoría de protección ambiental del Parque Nacional Natural El Cocuy o del complejo de páramos de Pisba con el argumento del deterioro provocado por el fuego, en aplicación estricta de los principios de precaución y no regresión ambiental.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐃𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
El municipio de Nuevo Colón fue designado como la sede departamental para llevar a cabo la conmemoración del Día de la Acción Comunal para la vigencia 2026. El encuentro prevé la concentración de aproximadamente 2.000 presidentes de organismos de acción comunal de primer y segundo grado procedentes de los 123 municipios del departamento de Boyacá, en una jornada orientada a exaltar el trabajo comunitario e interactuar con delegaciones de todas procedencias del departamento.
Para la organización y ejecución logística de la actividad, la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal del departamento dispuso el proceso de contratación pública mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía identificada con la nomenclatura SA-GB-019-2026. El presupuesto oficial asignado para el desarrollo de la jornada asciende a 299.476.693,35 pesos, respaldados con recursos propios del departamento e inscritos formalmente dentro del proyecto de inversión destinado al fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana.
El esquema de atención alimentaria de los 2.000 dignatarios comunales contempla la entrega inicial de un refrigerio consistente en una arepa boyacense de maíz y queso de 150 gramos empaquetada de forma individual, una génova de res de 150 gramos y una bebida gaseosa de 350 mililitros en botella reciclable, presentados en bolsa de papel Kraft. Hacia el mediodía, el operador deberá suministrar un almuerzo típico servido en recipientes reciclables de tipo T1, el cual incluirá 200 gramos de carne de res asada, dos papas saladas de 50 gramos cada una, un chorizo de 100 gramos, un envuelto de maíz de 150 gramos, una porción de rellena de 100 gramos, guacamole individual de 100 gramos y una gaseosa de 350 mililitros.
En materia de compras públicas de alimentos, los pliegos de condiciones exigen el cumplimiento obligatorio de la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, marco normativo que obliga al contratista a adquirir como mínimo el 30% del valor total del presupuesto destinado a la alimentación directamente a pequeños productores agropecuarios e infraestructura de la agricultura familiar del departamento. Adicionalmente, en concordancia con el Decreto 383 de 2019 de la Gobernación de Boyacá, está estrictamente prohibido el empleo de poliestireno expandido, conocido como icopor, así como de plásticos de un solo uso no biodegradables en todos los recipientes, empaques y utensilios.
Cada uno de los 2.000 asistentes recibirá una dotación individual institucional compuesta por una agenda anillada de tamaño medio oficio con pasta dura laminada mate y 80 hojas en papel ecológico, una camiseta en tela de poliéster con tacto de algodón estampada a todo color, una tula en tela antifluido con cordón ajustable de 35 por 30 centímetros y una escarapela de identificación con cinta de color verde dotada de troqueles y desprendibles numerados para el control estricto de entregas de refrigerio, almuerzo, obsequio y kit de material.
En el recinto del evento en el municipio de Nuevo Colón se dispondrá una infraestructura logística compuesta por 2.000 sillas plásticas para los asistentes, 20 mesas portátiles para diez personas con sus correspondientes manteles, cuatro unidades sanitarias portátiles de polietileno con tratamiento contra rayos ultravioleta, una pantalla gigante de tecnología LED de ocho metros de ancho por tres metros de alto y un sistema integral de amplificación de sonido para espacio cerrado tipo coliseo
El cronograma oficial fijado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública establece que la recepción de propuestas de los oferentes interesados cerrará el 14 de octubre de 2026 a las 8:30 a.m. La adjudicación del contrato está programada para el 26 de octubre de 2026 y la firma del documento contractual se formalizará hasta el 27 de octubre. El contrato tendrá una duración de 20 días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio, con fecha de finalización prevista para el 20 de noviembre de 2026. El desembolso financiero al contratista seleccionado se realizará en un único pago equivalente al 100% del valor adjudicado, previo certificado de recibo a satisfacción expedido por la Dirección de Participación y Acción Comunal de Boyacá, presentación de factura electrónica y comprobante de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐨𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐚 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió para su trámite en primera instancia una demanda interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, la cual tiene por fin que se realicen los estudios técnicos e inspecciones necesarios para determinar el estado real de la piscina olímpica municipal, se asignen los recursos requeridos para su rehabilitación, se adelanten las actuaciones administrativas y contractuales pertinentes, se ejecuten las obras de adecuación y recuperación, y se adopte un plan permanente de mantenimiento y conservación del escenario deportivo.
La acción constitucional busca la protección de los derechos e intereses colectivos referidos a la previsión de daños previsibles técnicamente, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la realización de las construcciones respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y la protección, uso, goce y disfrute de los bienes de uso público. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la piscina olímpica fue construida con recursos públicos para la práctica de la natación y la realización de competencias deportivas; no obstante, permanece fuera de servicio desde hace varios años por deficiencias de planeación, fallas estructurales, deterioro progresivo y ausencia de mantenimiento.
Luego de verificar que la demanda reúne los requisitos exigidos por la Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la jueza Adriana Rocío Limas Suárez dispuso notificar a la Alcaldía de Moniquirá para que en un término de diez días conteste la acción y solicite las pruebas que considere pertinentes. En la misma providencia, el despacho judicial ordenó vincular al proceso al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan en la defensa de los derechos colectivos invocados.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐲 𝐞𝐱𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
La Procuraduría General de la Nación ha proferido pliego de cargos contra la secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, y el exsecretario de Contratación del departamento para la vigencia 2023, William Yesid Archila Cárdenas, por presuntas anomalías en la adquisición de chalecos blindados destinados a la Policía Nacional en el departamento, en un proceso contractual cuyo valor superó los 5.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, en el pliego de condiciones de la licitación pública se habría exigido a los participantes acreditar que la tela empleada en los chalecos impidiera la transferencia de energía eléctrica al cuerpo. Para el organismo de control, este requisito no contaba con fundamentación técnica ni motivación fáctica, lo que pudo restringir la libre concurrencia, la transparencia y la igualdad de condiciones entre los proponentes en el proceso de selección estatal.
El informe de la entidad de control precisó que en los documentos previos no se incluyó ningún estudio técnico o de riesgo que demostrara que el personal policial en el departamento estuviera expuesto a amenazas de este tipo. Asimismo, las verificaciones adelantadas confirmaron la ausencia de registros sobre ataques con dispositivos de control eléctrico tipo táser contra los uniformados en la jurisdicción departamental.
Por esta razón, la Procuraduría sostuvo que la inclusión de dicha especificación técnica resulta desproporcionada y arbitraria. Como consecuencia de estos hechos, el Ministerio Público calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, ordenando la continuidad del trámite disciplinario correspondiente.
Las ventas de productos originados en Boyacá hacia el comercio internacional registraron un drástico descenso durante el octavo mes de 2026. De acuerdo con los datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su anexo oficial de exportaciones, el volumen de despacho desde el departamento cayó un 45,3% en agosto de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.
El reporte oficial, que en este apartado evalúa el comportamiento de las exportaciones excluyendo el petróleo y sus derivados, señala que el valor de las ventas de Boyacá pasó de 31,05 millones de dólares FOB en agosto de 2025 a 16,98 millones de dólares FOB en el mismo mes de 2026. Esta diferencia representó una contracción de más de 14,06 millones de dólares en la comercialización de bienes boyacenses en el mercado externo durante solo 30 días.
El desempeño del departamento incidió negativamente en el balance general del país, restando 0,5 puntos porcentuales al resultado consolidado nacional. Igualmente, la participación de Boyacá en el total del comercio exterior colombiano no petrolero durante el mes de agosto descendió hasta situarse en el 0,5%.
A pesar del desplome registrado en la medición mensual, el acumulado entre enero y agosto de 2026 muestra un saldo ligeramente positivo para el departamento. En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de Boyacá sumaron 348,12 millones de dólares FOB frente a los 338,95 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 2,7% y una participación del 1,3 % en el total nacional.
El comportamiento a la baja en Boyacá se dio en un contexto nacional en el que las ventas externas no petroleras de Colombia registraron un incremento general del 16,1% en agosto de 2026, impulsadas por el crecimiento de departamentos como Antioquia y Cesar. En el grupo de los departamentos con mayores disminuciones mensuales figuraron Caldas con una contracción del 54,5 % y Boyacá con el 45,3%.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨́𝐧 𝐲 𝐓𝐮𝐫𝐦𝐞𝐪𝐮𝐞́
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió una demanda de acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del Departamento de Boyacá. La medida judicial, radicada bajo el número 150013333-008-2026-00197-00, busca que se ordene la realización de estudios técnicos, la asignación de recursos y la ejecución de obras de mantenimiento estructural, preventivo, correctivo y rutinario en la carretera que comunica a los municipios de Nuevo Colón y Turmequé.
De acuerdo con el auto emitido el treinta de septiembre de dos mil veintiséis, la solicitud cumple con los requisitos para su trámite en primera instancia. En el recurso se alega la afectación a los derechos colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de desastres técnicamente previsibles y la realización de construcciones e infraestructura con responsabilidad técnica.
El documento judicial indica que la acción fue interpuesta tras la falta de respuesta a la petición enviada por el demandante a la Gobernación de Boyacá el 17 de agosto de 2026. Al no obtener contestación dentro de los términos legalmente establecidos, la demanda fue admitida por el despacho judicial por tratarse de una responsabilidad de la entidad de nivel departamental.
En la providencia, la jueza Sandra Patricia Álvarez Salamanca ordenó notificar del auto admisorio a la Gobernación de Boyacá, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, la juzgadora solicitó certificar si cursa alguna otra acción popular sobre el mismo corredor vial entre Nuevo Colón y Turmequé, y dispuso que el demandante comunique el inicio del proceso a través de un medio de comunicación masivo, como requisito previo para otorgar el traslado de diez días a la entidad accionada para contestar la demanda y solicitar pruebas.
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟏𝟐 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐜𝐚́
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una demanda de El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una demanda de acción popular promovida por Lina Viviana Vargas Ruiz en contra del Municipio de Samacá. La iniciativa judicial, radicada bajo el número 150013333-003-2026-00205-00, busca que se ordene la intervención vial de la Carrera 12, el control y desvío del tránsito constante de vehículos de carga pesada dedicados al transporte de carbón, y la adopción de medidas frente al material particulado que afecta a los habitantes de la zona.
De acuerdo con el auto emitido el primero de octubre de dos mil veintiséis, la demanda cumple con los requisitos legales para su trámite. En el recurso se alega la presunta vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la utilización del espacio público, la salubridad y la prevención de desastres por parte de la administración municipal.
El documento señala que la acción se fundamenta en la falta de respuesta institucional ante el deterioro de la vía y los riesgos derivados del paso continuo de volquetas. Dentro del expediente consta que la demandante radicó una solicitud formal ante la Alcaldía de Samacá el ocho de septiembre de dos mil veintiséis, sin que se recibiera contestación dentro de los términos legalmente establecidos.
En la providencia, la jueza Emilsen Gelves Maldonado ordenó notificar de la admisión al municipio de Samacá, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.
𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐮𝐚 𝐚𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟒.𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐧𝐚
Tierrasua S.A.S. publicó el proyecto de pliegos de condiciones del proceso de licitación pública RE-LP-001-2026 para adjudicar las obras de mejoramiento, ampliación y dotación de la sede principal de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado de Pauna. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial estimado de 4.363.328.854,40 pesos y busca intervenir la planta física del plantel para beneficiar a una población escolar de aproximadamente 323 estudiantes matriculados en la localidad.
La iniciativa contempla una intervención en un área construida de 1.325,62 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, además de la adecuación de las estructuras existentes en el predio educativo. Las obras incluyen la construcción de cuatro aulas de clase convencionales tipo A de 61,05 metros cuadrados cada una, un aula de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de 88,30 metros cuadrados y un espacio para biblioteca de 120,05 metros cuadrados. Asimismo, el diseño proyecta un espacio de comedor escolar con tarima de 150,14 metros cuadrados con capacidad para 96 personas, una zona de cocina de 72,18 metros cuadrados con áreas de depósito, lavado y vestieres, junto con servicios sanitarios adaptados a la normatividad de accesibilidad física.
Dentro del alcance del procedimiento contractual se destina un rubro de 83.498.026,62 pesos para el suministro e instalación de mobiliario escolar y administrativo, que incluye equipos para la rectoría, recepción, sala de juntas, puestos de trabajo docente y sala de profesores. La financiación del proyecto se estructura mediante recursos del Sistema General de Regalías cofinanciados entre la Gobernación de Boyacá, que aporta 3.762.292.550,13 pesos aprobados bajo la modalidad de vigencias futuras para el bienio 2027-2028, y el municipio de Pauna, que destina 940.573.137,54 pesos de las asignaciones para la inversión local del bienio 2025-2026.
El cronograma del proceso de selección establece que el plazo para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones finalizará el 19 de octubre de 2026. La recepción de ofertas económicas por parte de los proponentes interesados se llevará a cabo hasta el 30 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. La audiencia pública de adjudicación del contrato está programada para el 18 de noviembre de 2026 y la firma del documento contractual se formalizará el 19 de noviembre del mismo año. El plazo total de ejecución de las obras físicas y la entrega de la dotación será de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista seleccionado y la interventoría.
𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐪𝐮𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝟐𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬
Cinco proyectos de infraestructura vial que benefician la conectividad en el departamento quedaron sin fuente de financiación tras la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la nulidad en primera instancia de la Ordenanza 026 de 2024. La providencia judicial emitida por la Sala de Decisión Cuarta ordenó a la Gobernación de Boyacá la suspensión inmediata de la ejecución de la norma y dispuso la prohibición explícita de celebrar nuevos contratos o continuar ejecutando obligaciones estatales vigentes respaldadas en esos recursos de crédito público.
La norma anulada por la corporación judicial, aprobada en septiembre de 2024 por la Asamblea Departamental y sancionada por el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, autorizaba la negociación de empréstitos financieros destinados de manera exclusiva a apalancar inversiones del Plan Departamental de Desarrollo "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027" en el sector de infraestructura vial.
El desglose de inversiones contenido en el documento normativo estipulaba que la partida de mayor cuantía estaba asignada al mantenimiento general de la red vial a cargo del departamento, con un monto de 85.669 millones de pesos. Dicho presupuesto incluía la totalidad de los costos de administración, apoyo técnico e interventoría para las intervenciones de conservación en las rutas departamentales.
En lo relativo a las intervenciones en trazados y corredores específicos del departamento, la asignación principal estaba orientada a las obras en la Transversal de Boyacá, con un presupuesto asignado de 50.653 millones de pesos. Asimismo, la estructura de la operación de crédito reservaba 38.574 millones de pesos para la ejecución de obras en el corredor vial Duitama-Charalá.
Los dos proyectos restantes previstos dentro del cupo de endeudamiento cancelado por la decisión judicial correspondían a la carretera Vado Hondo-Labranzagrande, con una partida de 33.063 millones de pesos, y a la Ruta Libertadores, con un monto de 22.042 millones de pesos.
Como consecuencia de la providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, la administración del departamento debe paralizar los trámites de contratación pública y la ejecución de los negocios jurídicos que dependan de estos recursos, a la espera de que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia el recurso de apelación que interpondrá la Gobernación de Boyacá.
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