𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐟𝐚𝐛𝐨𝐲 𝐞𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́
La Gobernación de Boyacá puso en servicio la vía de acceso que conduce al Centro Recreacional de Comfaboy en el municipio de Moniquirá, obra de infraestructura esperada por los usuarios del complejo y la comunidad local. La habilitación del paso formó parte de una jornada de seguimiento e inspección a diversos proyectos de infraestructura en la provincia de Ricaurte, encabezada por el gobernador Carlos Amaya.
Durante la visita al municipio, el mandatario departamental constató la finalización de los trabajos en el ingreso al centro recreativo, intervención enfocada en mejorar las condiciones de tránsito y movilidad hacia el complejo familiar y turístico. En el marco del mismo recorrido por la región, la administración departamental inspeccionó los avances en la construcción de la nueva Plaza de Mercado de Villa de Leyva, estructura que reporta un avance físico del 92% y representa una inversión superior a los 19.000 millones de pesos. Según el cronograma oficial, la entrega del recinto comercial está proyectada para la primera semana de diciembre.
Asimismo, se verificaron los trabajos de pavimentación en el sector comprendido entre el Cuerpo de Bomberos y el puente La Chocita, en jurisdicción de Villa de Leyva, corredor que busca conectar con el tramo previamente intervenido hacia Arcabuco. Respecto a este sector, la Gobernación informó que avanza en los trámites de viabilización técnica para los proyectos viales Villa de Leyva - Arcabuco y el tramo El Cometa - Gachantivá, además de proyectar el mantenimiento de la calzada entre Sáchica y Villa de Leyva previo a las festividades de fin de año.
Finalmente, la agenda de trabajo en la provincia incluyó la supervisión de las obras del puente Guatoque en Santa Sofía, proyecto ejecutado con una inversión de 500 millones de pesos, y la atención del punto crítico ubicado en el PR 4 de la vía entre Santa Sofía y Moniquirá. En este sitio, afectado por fallas geológicas y saturación del terreno por nacimientos de agua, se adelantan labores de drenaje mediante la instalación de filtros, construcción de pedraplén y la recuperación de la bancada con maquinaria especializada.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Las obras de construcción del edificio CEmprende, ubicadas en los predios del Centro de Convenciones de Tunja, ingresaron a su fase final con un avance físico del 97% en sus acabados y su entrega está proyectada para el último trimestre de 2026, específicamente entre los meses de octubre y noviembre. El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa Acevedo, quien durante una rueda de prensa detalló el estado de la infraestructura y confirmó la preaprobación de recursos para la dotación interna del lugar.
Tolosa Acevedo aclaró que la auditoría forense general que adelantará la entidad sobre la gestión contable y administrativa de los últimos tres años no frenará la ejecución de la infraestructura ni la recepción final de la obra. Frente a los retrasos acumulados en el proyecto, el directivo explicó que la presente administración asumió la obra con un 2% de avance tras la vinculación de un segundo contratista, logrando llevar el desarrollo físico hasta la fase de acabados y amoblado sin interrumpir los cronogramas establecidos.
Para el equipamiento del centro, la junta directiva de la institución autorizó un presupuesto que oscila entre los 1.200 y los 1.250 millones de pesos. Tolosa Acevedo precisó que 350 millones de pesos se destinarán al equipamiento industrial y hornos de la cocina del Centro de Convenciones, 300 millones de pesos a la adecuación y traslado del archivo histórico institucional, y 600 millones de pesos al amoblado de oficinas, salones y espacios de trabajo colaborativo para los comerciantes de la ciudad.
El proyecto de infraestructura física en Tunja cuenta con una trayectoria que inició entre 2021 y 2022, periodo en el que el programa nacional CEmprende, impulsado por iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, comenzó a operar de manera provisional en las instalaciones existentes del Centro de Convenciones mientras se gestionaba la edificación de su sede propia. Tras afrontar un periodo de suspensión, la Cámara de Comercio de Tunja concertó el reinicio de los trabajos en octubre de 2024, incluyendo las ampliaciones del archivo, la cocina y la bodega. A finales de 2025, la obra estuvo bajo revisión de la Contraloría y de la Veeduría Boyacá Transparente por retrasos previos y adiciones presupuestales sobre los recursos de los comerciantes.
Frente al modelo de servicio que prestará el complejo en la capital boyacense, la presidencia ejecutiva sostuvo que se replanteó el diseño inicial para no duplicar la oferta académica o de infraestructura que ya prestan las universidades, cajas de compensación y espacios de trabajo compartido en Tunja. De acuerdo con el directivo, la meta es consolidar un nodo de innovación adaptado a las necesidades reales del sector productivo local y regional.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨́ 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝟏𝟒 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝟑𝟕.𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬
La infraestructura física del nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia fue entregada en la sede central de Tunja. La obra, orientada al desarrollo académico e investigativo de pregrado, posgrado y doctorado en la capital boyacense, se posiciona como el complejo científico y tecnológico de mayor escala dentro del campus universitario, diseñado bajo criterios de arquitectura bioclimática para albergar las prácticas de siete programas profesionales del área.
El proyecto requirió una asignación de 37.500 millones de pesos provenientes en su totalidad del Sistema General de Regalías del departamento de Boyacá, sumados a 1.600 millones de pesos destinados a la interventoría técnica. En su fase inicial de preinversión, la universidad aportó 78 millones de pesos para el diseño arquitectónico otorgado a la firma Rival Arquitectos, así como cerca de 2.300 millones de pesos de recursos propios invertidos durante la gestión del exrector Óscar Ramírez para estudios en fase tres y la prospección arqueológica requerida en el terreno.
La concepción del proyecto surgió en 2007 durante una serie de jornadas académicas en las que docentes y representantes estudiantiles plantearon la necesidad de unificar los espacios de experimentación. La consolidación del presupuesto se pactó a finales de 2018 entre el Gobierno Departamental y la rectoría liderada en ese entonces por Alfonso López, iniciando la ejecución física en la administración del exgobernador Ramiro Barragán. Las obras enfrentaron demoras por la regulación del material arqueológico hallado en el lote y por el incremento en los costos de construcción tras la pandemia, circunstancias que exigieron una adición presupuestal de 12.000 millones de pesos aprobada en 2024 para concretar la estructura.
Durante el acto de entrega, celebrado en el marco de los 65 años de Facultad de Ingeniería, el exrector y exdecano Carlos Sandoval rememoró los orígenes de la propuesta y su significación histórica para la universidad pública al señalar que "son 14 años de lucha, una idea que nació en una conversación baladí de unos profesores con sus respectivos decanos. En ese entonces, 2007, unos profesores quisimos que algo significativo estuviera presente en la parte tecnológica de su universidad, de tal manera que participan en esto siete decanos, cuatro rectores, y logramos lo que ustedes tienen hoy". Sobre la proyección del espacio, Sandoval agregó una exhortación a la comunidad estudiantil al manifestar que "esto es de ustedes. Quiéranla, defiéndanla, consérvenla hermosa como es, bella, y háganla crecer. Se la entregamos a ustedes para que la disfruten, le saquen ese sabor a la ciencia, hagan investigación y sean mejores hombres para una Colombia que los necesita".
Por su parte, el mandatario departamental evocó el proceso de gestión de la obra desde su época de dirigente estudiantil al manifestar que "desde por allá el 2007 donde era el profe Carlos Sandoval estaba como decano, entiendo, o bueno, era parte de los profes de ingeniería, yo en ese entonces era representante de los estudiantes al Consejo Superior. Empezó este sueño que hoy es una realidad y que nos alegra el corazón a todos".
El complejo comprende 9.920 metros cuadrados de construcción distribuidos en cinco plantas, una terraza verde y un auditorio denominado ‘Hunzahúa’. En el aspecto técnico, la edificación cuenta con una losa de reacción para ensayos de resistencia de materiales y reúne 45 laboratorios especializados asignados a las carreras de Ingeniería Civil, Ambiental, Electrónica, Metalúrgica, Sistemas y Computación, Transporte y Vías, y Arquitectura. La capacidad instalada proyecta atender las actividades de más de 4.000 estudiantes de la sede central de Tunja.
En relación con el equipamiento de los espacios, la entrega contempló la infraestructura física con mobiliario e insumos tecnológicos base. Sobre la continuidad del proceso para la adquisición del material especializado pendiente para la puesta en marcha plena de las áreas, la administración departamental detalló el alcance de la inversión aprobada al señalar que son "37.500 millones de pesos, incluidos elementos tecnológicos y dotación mobiliaria por parte del gobierno de la Boyacá Grande", al tiempo que el rector de la institución confirmó que la liberación de recursos presupuestales permitió destinar "una inversión de 7.000 millones de pesos en todos los computadores de las salas de cómputo de la universidad", insumos que complementan los equipos adquiridos por la institución.
De forma independiente a los esquemas de dotación general del complejo, la rectoría de la universidad anunció la apertura de un proceso de contratación específico para el área de pruebas estructurales de una de las carreras académicas al confirmar que "ya sacamos a licitar la semana entrante el famoso sueño que tuvo siempre Ingeniería Civil, de tener un muro de reacción, es una inversión de 1.800 millones de pesos... Alrededor de una inversión de 1.870 millones de pesos, que salió ya el CDP para comprar eso", explicó el Rector.
El gobernador de Boyacá obtuvo una calificación de 61 puntos sobre 100 en la más reciente edición del Panel de Opinión elaborado por la firma Cifras y Conceptos. Este resultado lo posiciona en la cuarta casilla entre las administraciones departamentales evaluadas en el país en la categoría de gestión de los gobernadores en el último año.
De acuerdo con los datos presentados por la firma encuestadora, la medición evaluó la percepción de líderes de opinión de distintas regiones del territorio nacional en una escala de 1 a 100, donde 1 representa la calificación más baja y 100 la más alta.
En el listado nacional, el departamento del Huila ocupó la primera posición con 68 puntos, seguido por Tolima con 64, Cundinamarca con 64 y Boyacá con 61. Por debajo del departamento boyacense se situaron Meta con 60 puntos y Antioquia y Risaralda con 58 puntos cada uno.
En la parte inferior de la tabla de evaluación se ubicaron las administraciones departamentales de Nariño, con un puntaje de 45, y Cauca, que cerró el grupo evaluado con 43 puntos.
El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó la multa impuesta a Jardiel Horacio Bernal Cárdenas, gerente zonal de Nueva EPS en el departamento, por no dar cumplimiento a un fallo de tutela que amparó los derechos a la salud y a la vida de un adulto mayor de 85 años de edad en Tunja. La sanción, expedida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, equivale a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión de la Sala de Decisión Número 2, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, confirmó que la entidad prestadora de salud no ha entregado los medicamentos prescritos ni ha garantizado la realización de exámenes diagnósticos, citas especializadas ni terapias requeridas por el paciente. El usuario presenta diagnósticos como cáncer de próstata, enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus e hipertensión arterial, entre otros.
El expediente señala que, tras la orden judicial dictada el 27 de marzo de 2026, se interpuso el incidente de desacato en abril al no recibir los insumos ni las autorizaciones. Pese a los requerimientos judiciales a la gerencia zonal y a la gerencia regional de la entidad, no se acreditó la entrega efectiva de fármacos como Enalapril, Furosemida, Esomeprazol, Mirabegron, Dutasterida y Betahistina, ni la programación adecuada de citas.
En la revisión del caso, la magistratura determinó que existió negligencia e inobservancia a una orden de obligatorio cumplimiento, manteniendo la afectación a un ciudadano catalogado como sujeto de especial protección constitucional. Tras la confirmación de la providencia del 26 de agosto de 2026, el expediente regresará al juzgado de origen en Tunja para continuar con el trámite correspondiente.
𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚́ 𝟖𝟖𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐢𝐜𝐨́𝐩𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐥 𝐍𝐢𝐧̃𝐨
La Gobernación de Boyacá abrió un procedimiento de contratación de régimen especial para asegurar la disponibilidad de un helicóptero destinado exclusivamente a la atención aérea de contingencias derivadas del Fenómeno de El Niño y otros eventos de variabilidad climática en el departamento. La bolsa presupuestal asignada para esta fase inicial del servicio asciende a 885.870.000 pesos colombianos.
El trámite, registrado en la plataforma Secop II bajo el número PE-GB-009-2026, tiene su fundamento jurídico en el Decreto 497 del 9 de julio de 2026, mediante el cual se declaró la situación de calamidad pública en el territorio. La medida administrativa responde al incremento de emergencias por conflagraciones de cobertura vegetal, desabastecimiento hídrico y deslizamientos de tierra en varios municipios.
De acuerdo con los estudios previos estructurados por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá (UAEGRD), el contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable. Esta figura implica que la administración no adquiere un número rígido de horas ni realiza un desembolso único de dinero por adelantado. En su lugar, compromete el techo financiero de 885,8 millones de pesos, bolsa de la cual se descontarán y pagarán únicamente las horas o fracciones de vuelo que la aeronave ejecute en operaciones reales de respuesta ordenadas por la entidad. En caso de no consumirse la totalidad del fondo en el periodo fijado, los recursos sobrantes no se entregan al contratista y permanecen en las arcas del departamento.
Para establecer la estimación financiera del proceso, la UAEGRD evaluó dos cotizaciones comerciales de firmas especializadas: Helistar Aviación, que fijó una tarifa de 52.533.750 pesos por hora de vuelo, y Aerostar S.A.S., con un valor de 58.200.000 pesos por hora. A partir de estas ofertas, la Gobernación calculó un precio público de referencia de 55.366.875 pesos por hora para aeronaves tipo MI equipadas con el sistema Bambi Bucket, un contenedor externo capaz de cargar y verter 1.600 litros de agua en frentes de fuego inaccesibles.
Al dividir la bolsa presupuestal entre la tarifa de referencia, los recursos asignados equivalen a una proyección aproximada de 16 horas de vuelo operativo en campo. La tarifa acordada incluye costos directos e indirectos de operación, mantenimiento, tripulación con licencia, combustible y pólizas de responsabilidad exigidas por la autoridad aeronáutica. La medición del tiempo volado y el control del consumo de la bolsa presupuestal dependerán de las bitácoras operativas y los informes que certifique la supervisión del contrato, los cuales deberán ser publicados en el sistema Secop II como soporte de las cuentas públicas.
El contrato tiene fijado un plazo de ejecución de 30 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, o hasta que se agote el monto presupuestado. De acuerdo con el cronograma del proceso, el plazo para la presentación y apertura de ofertas vence el 14 de septiembre de 2026, la firma del contrato está prevista para el 17 de septiembre y el inicio de las operaciones se programó para el 18 de septiembre.
La planeación del departamento contempla priorizar la atención en municipios con alertas ambientales e historial de conflagraciones, entre los que se encuentran Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Labranzagrande, Maripí, Nobsa, Paipa, Ramiriquí, Sogamoso y Tibasosa, sin perjuicio de movilizar la aeronave a cualquier otra localidad boyacense donde la capacidad operativa terrestre de los cuerpos de socorro resulte superada por la gravedad de un evento.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐬𝐢́𝐬𝐦𝐢𝐜𝐨
El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja ordenó el inicio de un incidente de desacato en contra del alcalde de Nuevo Colón, Edison Alejandro Reyes Muñoz. La decisión judicial se adoptó tras constatar la falta de respuesta a los requerimientos sobre la evaluación de sismorresistencia en las edificaciones públicas del municipio y el avance en la actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El proceso responde al seguimiento de un pacto de cumplimiento aprobado en mayo de 2019 dentro de una acción popular interpuesta por Sergio Augusto Ayala Silva, tramitada bajo el radicado 2018-00041. En dicho acuerdo, la administración municipal asumió el compromiso de identificar y evaluar estructuralmente los inmuebles a su cargo construidos antes de 2010 o que carecieran de análisis de vulnerabilidad, de conformidad con las especificaciones de la norma de sismo resistencia NSR-10. Las edificaciones objeto del proceso corresponden a la Alcaldía Municipal, el Centro de Salud, la Granja Edificio 1 y la Granja Edificio 2.
De acuerdo con lo expuesto en el auto dictado el 3 de septiembre de 2026, el despacho judicial requirió a la Alcaldía de Nuevo Colón el pasado 6 de julio para que presentara informes sobre la implementación de las recomendaciones técnicas derivadas de los estudios contratados para el Centro de Salud y los edificios de la Granja, además de los avances en la actualización del instrumento de gestión del riesgo. Tras el vencimiento del plazo fijado, la entidad territorial no allegó la documentación solicitada ni emitió contestación al requerimiento.
Ante la omisión del mandatario municipal, la jueza dispuso la notificación personal de la providencia y otorgó un término de tres días para que el funcionario ejerza su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere pertinentes. Adicionalmente, el juzgado reiteró la orden de entregar de forma inmediata la información técnica correspondiente a los inmuebles y las medidas de prevención ante eventuales eventos sísmicos en el municipio.
𝐃𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐀𝐄: 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧 𝐚 𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
Una cosecha de entre 60 y 80 lechugas cada dos meses demuestra que una huerta escolar puede convertirse en un espacio de aprendizaje, producción, ahorro y alimentación saludable para toda la comunidad educativa.
Lo que comienza con una semilla, el cuidado de los estudiantes y el trabajo en una huerta escolar hoy termina en los comedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ‘AliMente en Grande’.
En la Institución Educativa Armando Solano de Paipa, estudiantes de grado 11 cultivan lechugas de manera orgánica y logran que parte de esta producción se incorpore a la cadena de suministro del PAE. Así, un alimento producido dentro de la institución llega nuevamente a la comunidad educativa, aportando frescura, nutrición y producción local a la alimentación de niños y niñas.
La experiencia convierte la huerta escolar en mucho más que un espacio para sembrar. Es un laboratorio vivo en el que los estudiantes aprenden, investigan, producen alimentos, fortalecen sus conocimientos y descubren que desde la escuela también pueden generar soluciones y oportunidades para su comunidad.
“Los estudiantes llevan todo el proceso de estas hortalizas, especialmente de la lechuga, que cultivamos de manera orgánica, buscando que sea un producto saludable y de calidad”, explicó Orlando Amaya, director del proyecto.
La iniciativa hace parte, además, de los procesos de metodología de la investigación que desarrollan los estudiantes de grado 11, quienes participan en el seguimiento, cuidado y producción de las hortalizas.
Entre ellos están Juan Sebastián Prada Avella, Johan Andrés Becerra, Manuel Robles Echeverría y Ximena Lisset Valderrama Tuta, estudiantes de la IE. Armando Solano que han asumido el reto de convertir la tierra de su institución en una fuente de aprendizaje y producción.
Actualmente, la huerta produce entre 60 y 80 lechugas cada dos meses, que posteriormente son incorporadas al servicio de alimentación escolar. La producción ha logrado vincularse a la cadena de suministro del PAE mediante operadores como la Fundación Manos Unidas, permitiendo que el alimento cultivado por los propios estudiantes llegue a los comedores escolares.
𝐏𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐯𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
La comercialización de la producción también representa un beneficio económico para la institución y una alternativa de ahorro, demostrando que las huertas escolares pueden convertirse en espacios de aprendizaje, sostenibilidad, producción y generación de oportunidades.
Para los estudiantes, cada lechuga representa también una lección: aprender a producir alimentos, valorar el trabajo del campo y comprender que una idea nacida en la escuela puede tener un impacto real en su comunidad.
De acuerdo con Jholaine Durán, nutricionista del PAE, la lechuga es un alimento que aporta una importante cantidad de agua, pocas calorías y nutrientes que complementan una alimentación equilibrada.
“La lechuga aporta una importante cantidad de agua, pocas calorías y nutrientes que contribuyen a una alimentación equilibrada”, explicó la profesional.
Por esta razón, incorporar productos frescos provenientes de las huertas escolares representa una oportunidad para fortalecer la producción local y, al mismo tiempo, acercar a los estudiantes a alimentos nutritivos y promover hábitos de alimentación saludable desde las instituciones educativas.
La experiencia de la IE. Armando Solano demuestra que alimentar también es educar: cuando los estudiantes participan en la producción de los alimentos que llegan al PAE, la alimentación escolar deja de ser únicamente un servicio y se convierte en una experiencia de aprendizaje, identidad y transformación.
Con el PAE ‘AliMente en Grande’, la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Educación, impulsa iniciativas que conectan la educación, la alimentación saludable y la producción local, demostrando que una semilla puede convertirse en alimento, conocimiento y oportunidades para toda una comunidad.
Con información de: Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá
𝐏𝐀𝐄 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐚𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 $𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Boyacá enfrenta un déficit de 3.000 millones de pesos para garantizar la entrega de alimentos en lo que resta del año lectivo 2026. La situación financiera del programa, que atiende a la totalidad de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales en los municipios del departamento, fue expuesta durante la última sesión del Comité Técnico de Planeación de esta estrategia alimentaria.
Para sostener el servicio durante la presente vigencia, la Gobernación de Boyacá adicionó cerca de 3.000 millones de pesos provenientes de rentas de libre destinación, suma que elevó el aporte del departamento a una cifra superior a los 61.000 millones de pesos de recursos propios. A este esfuerzo se sumaron los municipios de la región, los cuales incrementaron sus partidas en aproximadamente un 15%, pasando de una inversión combinada de entre 24.000 y 25.000 millones de pesos a cerca de 29.000 millones de pesos en 2026.
Por parte del nivel central, el aporte de la Nación para la presente vigencia registró un incremento aproximado de 6.000 millones de pesos, equivalente a un 10%. Esta transferencia resulta insuficiente para cubrir la totalidad del costo operativo del programa, el cual se vio presionado por el aumento salarial fijado para el personal manipulador de alimentos y el alza generalizada en los precios de los insumos.
La falta de 3.000 millones de pesos en el tramo final de 2026 obligaría a la administración departamental a reasignar nuevamente recursos de libre destinación presupuestal para evitar la suspensión del suministro de comida en las aulas de los 123 municipios. Esta contingencia ocurre en un contexto de restricción fiscal, derivado de la reducción de los ingresos del Sistema General de Regalías que percibe la entidad territorial.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, detalló la urgencia de estos giros por parte de la Nación para no afectar otros rubros del presupuesto departamental. «Para terminar el año, esperábamos del Gobierno Nacional nos hubiera girado los recursos para que nosotros no hubiéramos tenido que poner esos 3.000 millones de pesos, porque tuvimos que ponerlos, de recursos de libre destinación del departamento. Y ahora si no llegan recursos adicionales del Gobierno Nacional, que son 3.000 (millones) que se requieren, tendremos que también desfinanciar algo más en el departamento porque para nosotros la alimentación escolar es máxima prioridad», afirmó el mandatario.
Asimismo, Amaya cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno Nacional para la distribución de los fondos del PAE, al señalar que las reglas vigentes incentivan prioritariamente la ampliación de cobertura en entes territoriales con rezago, sin otorgar un reajuste proporcional a las entidades que ya alcanzaron la totalidad de la población escolar.
«Desafortunadamente, la política del Gobierno Nacional ha sido siempre privilegiar donde se requiera aumentar cobertura. Y digo desafortunadamente porque está bien que se haga, pero no en desmejora de quienes ya hemos aumentado la cobertura desde hace muchos años. Boyacá desde hace varios años ha llegado al 100%, al máximo de cobertura, por lo cual, como la política ha sido darle nuevos recursos a quien aumente nueva cobertura, pues básicamente se ha castigado a quienes lo hemos hecho bien o se ha castigado la eficiencia», sostuvo.
En relación con el panorama financiero del próximo año, la administración departamental no ha presentado un presupuesto consolidado global para la operación del PAE en 2027. No obstante, las estimaciones iniciales de la Gobernación indican que, aun manteniendo los aportes de los municipios y del departamento en los niveles actuales, se requerirá que la Nación asigne una partida adicional de más de 27.000 millones de pesos para evitar un desbalance en el próximo ejercicio fiscal.
Con el fin de revisar las asignaciones de fin de año y definir el esquema de cofinanciación para 2027, el gobierno departamental solicitará una mesa de trabajo con la ministra de Educación Nacional y la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA).
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama falló a favor de una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, amparando los derechos colectivos de la comunidad educativa ante el deterioro físico que registran diversas escuelas y colegios públicos del municipio de Paipa. La decisión judicial concluyó que las deficiencias en las edificaciones representan una amenaza constante para la seguridad e integridad de estudiantes y docentes, además de afectar la prestación adecuada del servicio de educación.
En el fallo se ordenó al municipio de Paipa elaborar y formular, en un plazo máximo de dos meses, los proyectos de inversión requeridos para intervenir las sedes oficiales afectadas que no se encuentren dentro de los planes de obra previamente radicados. Por su parte, la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Educación Departamental, dispondrá de 15 días posteriores a la recepción de las propuestas para evaluarlas y gestionar su financiación o cofinanciación, bajo los principios de cooperación y subsidiariedad.
Asimismo, el Juzgado estableció un plazo de seis meses para que el municipio de Paipa y el Departamento de Boyacá completen las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales que permitan suscribir los contratos necesarios para ejecutar las obras de mantenimiento, adecuación o reconstrucción. En ese mismo periodo deberán concretarse las contrataciones de dos proyectos que ya habían sido viabilizados, los cuales abarcan la sede principal y la sede Toibita del Colegio Rafael Bayona Niño, así como intervenciones en aulas, laboratorios y escenarios deportivos de la Institución Educativa Técnica Agrícola.
El proceso judicial derivó de un diagnóstico técnico municipal que identificó fallas en múltiples planteles. Entre los problemas documentados se encuentran filtraciones de agua y daños en cubiertas en la sede Toibita del Colegio Rafael Bayona Niño; grietas y deterioro en muros de la sede San José de la Institución Técnica Agropecuaria; riesgos en las instalaciones eléctricas expuestas en la sede Retiro de Palermo; y la falta de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la sede Central de la Institución Técnica Agropecuaria. Adicionalmente, en la sede Principal de la Institución Educativa Pantano de Vargas se requirió la construcción de andenes para garantizar un tránsito peatonal seguro.
Dentro de las determinaciones del fallo, el juzgado declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional y del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), al determinar que la responsabilidad directa sobre la planta física en entidades territoriales no certificadas recae en el municipio y en el departamento. Finalmente, se ordenó la conformación de un comité de verificación integrado por la jueza del caso, el accionante, el Alcalde de Paipa, el Personero Municipal y el procurador delegado, con el fin de supervisar el cumplimiento de las órdenes dispuestas.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝟏𝟎.𝟒𝟖𝟏 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐋𝐚𝐬 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐲 𝐄𝐥 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐚
Un procedimiento contractual por un valor de 10.481.408.547,93 pesos fue puesto en marcha para adelantar labores de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación en sectores deteriorados de la red vial del municipio de Garagoa, específicamente en los corredores que comunican a Las Juntas con El Crucero y a la Quebrada Los Giriguelos con El Crucero.
El proceso de selección, registrado en la plataforma Secop II con el número RE-IPO-011-2026, corresponde a una invitación pública de ofertas para contratar el suministro e instalación de materiales de pavimentación en las vías identificadas con los códigos 56BY02 y 6101. Estos tramos presentan fallas en la superficie de rodadura y sectores con inestabilidad en la banca, derivados del desgaste geotécnico y del tránsito constante de vehículos de carga pesada que utilizan este paso como ruta alternativa para evitar las restricciones del corredor del Sisga.
El proyecto se desarrolla en el marco de un convenio interadministrativo celebrado entre la Gobernación de Boyacá y la Empresa de Economía Mixta Tierrasua S.A.S. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de ocho meses contados a partir de la firma del acta de inicio, con fecha de finalización proyectada para el 21 de mayo de 2027. La estructura financiera asigna 5.240.704.273,96 pesos para la vigencia fiscal 2026 y una suma equivalente amparada mediante vigencias futuras para el año 2027, operando bajo la modalidad de monto agotable a precios unitarios, lo que implica que los desembolsos al contratista se realizarán en pagos parciales previa verificación y entrega a satisfacción de las cantidades ejecutadas.
Este nuevo procedimiento contractual se suma a una convocatoria previa tramitada para este mismo corredor vial por un valor de 5.488 millones de pesos (https://www.facebook.com/share/p/19CSwv7Jmw/), la cual contemplaba un alcance menor en cantidades de obra y un plazo de cuatro meses centrado exclusivamente en el tramo de Las Juntas a El Crucero. A diferencia de ese primer proceso enfocado en intervenciones puntuales, la presente licitación por 10.481 millones de pesos amplía el rango de atención hasta la Quebrada Los Giriguelos e incrementa los volúmenes de material para estabilizar la calzada.
En la parte técnica, la obra contempla el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada mediante el raspado mecánico de 64.548 metros cuadrados a una profundidad de 10 centímetros. En los puntos críticos donde la estructura del terreno haya cedido, se efectuará la apertura mecánica de caja para extraer el material inestable y se colocarán 8.022 metros cúbicos de base granular compactada. Posterior al riego de emulsiones asfálticas de imprimación y liga, se instalarán 4.841,1 metros cúbicos de nueva mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19.
El contrato exige además la recuperación de la infraestructura de drenaje para prevenir que la escorrentía de agua lluvia destruya el pavimento. Se llevarán a cabo labores de limpieza y retiro de sobrantes en 82 alcantarillas, tres pontones y 12.372 metros lineales de cunetas a los lados de la calzada. Las empresas interesadas en participar en esta licitación pública tienen plazo hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 10:00 de la mañana para presentar sus propuestas en la plataforma SECOP II, fecha en la que se realizará la apertura de sobres antes de la adjudicación prevista para el 21 de septiembre de 2026.
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja abrió un trámite incidental de desacato contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez. La decisión se tomó luego de que la administración departamental dejara vencer los plazos e ignorara en tres ocasiones consecutivas los llamados de la justicia para que informe sobre los arreglos y controles en las vías que conducen al municipio de Cómbita.
El expediente, correspondiente a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, señala que la Gobernación de Boyacá no respondió a las órdenes proferidas por el despacho judicial desde noviembre de 2025 y reiteradas en abril y julio de 2026. Ante la falta de respuesta y el silencio del departamento, la jueza Emilsen Gelves Maldonado ordenó la apertura del incidente que involucra formalmente al mandatario regional.
El punto central del incumplimiento radica en que la Gobernación de Boyacá no ha demostrado los avances para recuperar la malla vial del sector de La Bomba hacia Cómbita ni el paso por el sector de Sote. Específicamente, el juzgado solicitó probar la continuidad de los compromisos del convenio interadministrativo 004 de 2025, el cual estuvo suspendido durante cinco meses, así como la entrega de un informe técnico de supervisión que certifique el estado real de las obligaciones.
Adicionalmente, el departamento omitió entregar los resultados del estudio técnico de necesidad que debe definir el tipo de obras, el drenaje, la viabilidad jurídica, técnica y los recursos presupuestales requeridos para arreglar completamente la vía departamental 55BY15. Tampoco se presentaron las evidencias de las gestiones ante el Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá para hacer cumplir la prohibición del paso de vehículos de carga pesada en los accesos al municipio, una medida que está fijada por resolución desde el 10 de noviembre de 2022 y que la comunidad pide hacer valer de forma permanente para evitar un mayor deterioro del carreteable.
Otro de los compromisos sin acreditar corresponde al trámite dado a los estudios y diseños enviados por la Alcaldía de Cómbita en octubre de 2025 para el mejoramiento de las vías en los sectores de Sote, La Bomba y el paso urbano. En la misma providencia, la jueza requirió de manera inmediata al secretario de Infraestructura Pública de Boyacá, José Leonardo Álvarez Fonseca, y al director técnico de Estudios y Diseños de esa dependencia, Mauricio Cely Niño, para que entreguen los informes detallados con sus respectivos soportes técnicos.
El despacho concedió un término de dos días hábiles al gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez para que ejerza su derecho a la defensa y rinda las explicaciones correspondientes. Según lo establecido en la Ley 472 de 1998, si el mandatario no justifica de forma válida el incumplimiento a las órdenes judiciales, podría enfrentarse a sanciones que incluyen multas de hasta cincuenta salarios mínimos mensuales o arresto de hasta seis meses. El juzgado confirmó que la decisión final sobre este desacato se notificará dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.
𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐦𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐨́ 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐚 𝐬𝐮 𝐡𝐢𝐣𝐨 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞́𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮́𝐚 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
La señora Susana Vargas Sosa subió a la tarima del Teatro Mayor Bicentenario durante la conmemoración de los 60 años del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja para recibir la placa conmemorativa otorgada a su hijo, el subteniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada. El reconocimiento institucional se produjo mientras el oficial, de 49 años y con casi tres décadas de trayectoria en organismos de socorro, avanza en un paulatino proceso de rehabilitación en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, tras superar cerca de 30 días en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de un traumatismo craneoencefálico grave sufrido durante una agresión el pasado lunes festivo 13 de julio en la Plazoleta de Las Nieves.
La ceremonia protocolaria, orientada a exaltar las seis décadas de servicio de la institución tunjana, tuvo su momento central en la entrega de las distinciones al comandante del municipio vecino. Ante la imposibilidad de asistencia del socorrista por su estado de salud, su esposa, Johana Marcela Silva, recibió inicialmente la Medalla al Honor conferida mediante la Resolución 04 del 26 de agosto de 2026. Minutos después, el capitán Darío Alberto Pedreros Guerra y el Consejo de Oficiales convocaron a la madre del subteniente para hacerle entrega de la placa conmemorativa que exalta el legado y el liderazgo de su hijo.
El homenaje prestado por sus compañeros de gremio se dio en el contexto del proceso de atención médica que afronta el oficial, quien además es abogado especialista en derecho laboral y ha asesorado en el ámbito jurídico a diversos cuerpos de socorro del departamento. El subteniente Bolívar Vargas requirió manejo intensivo prolongado tras sufrir una caída y golpear gravemente su cabeza contra el borde de un andén durante un altercado, originado hacia las 9:35 de la mañana en la Carrera 9 con Calle 24 de la capital boyacense, cuando le solicitó a un ciudadano recoger los desechos de su mascota.
Según información suministrada por sus allegados y por el cabo Jeffer Vargas, el oficial perdió la movilidad corporal y su recuperación ha sido gradual, iniciando con la apertura de ojos. Aunque el parte médico y la familia confirman que el paciente superó la fase de riesgo vital inminente, los especialistas advirtieron que el proceso de rehabilitación será complejo y requerirá tiempo y acompañamiento permanente, razón por la cual su permanencia en el centro hospitalario de Tunja impidió su presencia física en la conmemoración. En ese marco, la representación de la señora Susana Vargas Sosa y de su nuera simbolizó el vínculo entre el servicio público prestado por el Comandante y el impacto de los hechos de intolerancia en su núcleo familiar.
𝐄𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐧𝐣𝐚𝐧𝐨 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚́𝐧 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐆𝐨́𝐦𝐞𝐳 𝐀́𝐯𝐢𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
El Gobierno Nacional oficializó la designación del abogado tunjano Julián Ricardo Gómez Ávila como su nuevo representante ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El nombramiento se formalizó a través del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, expedido por la ministra de Educación, Viviane Morales.
Gómez Ávila asumirá el asiento en el máximo órgano de gobierno institucional de la principal alma máter de Boyacá en reemplazo de Óscar Pulido Cortés.
El nuevo representante es egresado del colegio Militar Juan José Rondón de la capital boyacense y obtuvo su título de profesional en Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuenta con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y maestría en la misma área de la Universidad Libre de Colombia.
Dentro de su trayectoria en la UPTC se ha desempeñado como consultor jurídico, director del Consultorio Jurídico, jefe de la Oficina Jurídica y director de Extensión Universitaria. En el sector público y regional ha ejercido como asesor jurídico del Instituto de Desarrollo de Boyacá, asesor de la ESE Centro de Salud San Antonio del municipio de Socotá, abogado jurídico de la Arquidiócesis de Tunja, además de fungir como jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y director jurídico del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
La Gobernación de Boyacá abrió el proceso de licitación pública para el mejoramiento de la Ruta 6007, correspondiente al corredor vial de la Transversal de Boyacá en jurisdicción del municipio de Pauna. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 23.375.152.238 pesos e intervendrá una longitud de 4.676 metros lineales divididos en tres tramos específicos.
De acuerdo con los pliegos del proceso licitatorio LP-GB-011-2026, las obras tienen un plazo de ejecución de 12 meses. Según el cronograma publicado en la plataforma Secop II, la recepción de ofertas de los proponentes cerrará el 21 de septiembre de 2026, la Audiencia de Adjudicación se llevará a cabo el 13 de octubre y la firma del contrato está prevista para el 16 de octubre del mismo año, con ejecución presupuestal repartida entre las vigencias de 2026 y 2027.
La intervención física se desarrollará de forma discontinua sobre la banca existente en el sector rural de Pauna. El primer tramo comprende 3.234 metros entre el K53+180 y el K56+414; el segundo tramo abarca 1.300 metros entre el K56+850 y el K58+150; y el tercer tramo contempla 142 metros entre el K58+263 y el K58+405. Esta distribución atiende a la focalización de los sectores de la calzada que presentan fallas estructurales y pérdida de la capa de rodadura.
El diseño estructural contemplado en los estudios previos establece la conformación de un paquete de pavimento integrado por una capa de mejoramiento de la subrasante de 15 centímetros para suelos con CBR inferior al límite técnico, una subbase granular de 15 centímetros, una base granular de 15 centímetros y la colocación de una geomalla sintética tipo PBX2020 como elemento de refuerzo. Sobre esta estructura se aplicará una capa de rodadura en mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19 con un espesor de 14 centímetros.
En infraestructura de drenaje y manejo de aguas, los pliegos prevén la construcción de 35 estructuras transversales. El conjunto de obras hidráulicas incluye 20 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas, 9 pontones o estructuras tipo box culvert de 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de alto, y 6 box culvert de 1 metro por 1 metro. La infraestructura se complementa con la construcción de cunetas de concreto a lo largo del trazado y la instalación de 4.439 metros lineales de subdrenes con tubería perforada y geotextil para el control de aguas subterráneas.
Para la contención de taludes en zonas con inestabilidad geológica, el proyecto técnico contempla la construcción de un muro en tierra armada entre los puntos K53+880 y K53+960, sumado a la perforación e instalación de 600 metros de drenes profundos horizontales. El componente de señalización y seguridad vial requiere la instalación de 123 señales verticales, 292 delineadores de curva, 2.384 tachas reflectivas, 2.175 estoperoles, 324 metros de defensa metálica ondulada de dos crestas y la aplicación de 18.704 metros lineales de pintura termoplástica para demarcación horizontal. Asimismo, se instalarán 10 luminarias solares autónomas de 60 vatios en los sectores identificados de mayor riesgo de tránsito.
𝐃𝐨𝐭𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝟏𝟖 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐜𝐢𝐜𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
Un total de 18 motocicletas nuevas de alta cilindrada serán incorporadas al parque automotor de la Policía Nacional para reforzar los patrullajes y las labores de vigilancia en el departamento de Boyacá. La adquisición se adelantará mediante una inversión exacta de 1.262.700.000 pesos, financiados con recursos provenientes del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset).
La compra del parque automotor responde a la necesidad de renovar los vehículos que actualmente presentan desgaste técnico y de mejorar los tiempos de reacción de la fuerza pública tanto en los cascos urbanos como en los sectores rurales de la región. De acuerdo con las especificaciones del proceso, las motocicletas deberán contar con un motor de cuatro tiempos de mínimo 300 centímetros cúbicos, potencia superior a los 24 caballos de fuerza, sistema de encendido electrónico y frenos ABS en ambas ruedas.
El equipamiento solicitado para estos vehículos incluye sirena profesional de 30 vatios, luces LED estroboscópicas de alta visibilidad, defensas tubulares de protección, protector de motor y maleteros traseros de alta resistencia. De igual manera, la contratación exige que cada motocicleta sea entregada matriculada a nombre de la institución con placas oficiales exoneradas de impuestos, con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente por un año, tanque de combustible lleno y dos kits completos de protección para los uniformados que comprenden cascos reglamentarios, chalecos impermeables, guantes y coderas.
El procedimiento contractual fija un plazo de ejecución de dos meses a partir de la firma del acta de inicio. El cronograma estipula la recepción de ofertas para el 10 de septiembre de 2026 y la adjudicación para el 24 del mismo mes, contemplando la entrega formal de los vehículos en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá en Tunja. El contrato incluirá además la cobertura de los mantenimientos preventivos, repuestos originales y mano de obra durante los primeros 24.000 kilómetros de recorrido de cada vehículo.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐁𝐓𝐒 - 𝐎𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚́ - 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚́ 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧 𝐮𝐧 𝟗𝟓% 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧
El avance de los trabajos se verificó durante una inspección técnica efectuada a las obras que se ejecutan mediante un convenio entre la Gobernación de Boyacá y la empresa Tierrasua, en el sector que conecta la Doble Calzada Briceño - Tunja - Sogamoso (BTS) con los municipios de Oicatá y Chivatá.
Las intervenciones en este corredor vial de 8,2 kilómetros comprenden la aplicación de una sobrecapa asfáltica en aproximadamente 3,2 kilómetros en el tramo comprendido entre la BTS y la entrada a Oicatá, así como en un kilómetro adicional entre el casco urbano de Chivatá y el sector de El Mirador. En los tramos restantes de la vía se ejecutaron labores de parcheo localizado para corregir los sectores que registraban mayor deterioro.
El proyecto, en el que la administración departamental invirtió aproximadamente 3.500 millones de pesos, incluye la instalación de la carpeta de rodadura asfáltica, el mantenimiento y la adecuación del sistema de drenaje, junto con la instalación de la señalización horizontal y vertical correspondiente.
El secretario de Infraestructura Pública de Boyacá, Leonardo Álvarez, informó que actualmente se adelantan las labores finales de señalización de la carretera. La apertura formal de la vía se concretará una vez concluyan las actividades administrativas de recibo de la obra.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐄𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐞𝐧𝐚 𝐆𝐢𝐫𝐨́𝐧, 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
El Coronel James Evelio Totena Girón asumió la jefatura del Departamento de Policía Boyacá, unidad con sede operacional en Tunja desde la cual dirigirá los operativos de vigilancia, control territorial y seguridad ciudadana en las distintas provincias del departamento. El oficial llega a la capital boyacense tras liderar durante cerca de dos años la comandancia de la institución en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encargo del que fue relevado a finales de agosto de 2026 para asumir el mando en esta región del país.
Nacido el 22 de septiembre de 1980 en el municipio de Valle de San Juan, Tolima, el Coronel cuenta con 45 años de edad y suma más de dos décadas de servicio continuo en las filas de la Policía Nacional de Colombia. Su trayectoria institucional comenzó tras egresar como oficial el 16 de mayo de 2000 de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. En su formación profesional ostenta el título de administrador policial y cuenta con una especialización en Seguridad Ciudadana, además de haber superado el Curso Jungla, entrenamiento de alto impacto para la actuación táctica en zonas selváticas y operaciones contra estructuras armadas.
Sus primeros años de trabajo en el grado de subteniente transcurrieron en la Dirección de Antinarcóticos, donde se desempeñó como comandante de la Compañía Antinarcóticos de Operaciones y formó parte del Área de Interdicción. En el año 2003 pasó a dirigir el Escuadrón Móvil de Carabineros, enfocado en patrullajes rurales y vigilancia en áreas apartadas. Posteriormente, en el año 2004, integró la Dirección de Policía de Carreteras como comandante de ruta, función centrada en la supervisión de los principales corredores viales del país.
Tras su ascenso al grado de teniente, el Coronel se formó como piloto de aviación policial en la Escuela de Aviación Policial con sede en San Sebastián de Mariquita, Tolima. Una vez graduado, asumió tareas como copiloto en misiones de interdicción desde la Base Aérea El Dorado en Bogotá. Más adelante asumió la dirección de la Escuela de Aviación Policial, donde estuvo al frente de la formación de los nuevos pilotos de la institución, cargo que alternó con la comandancia de la Compañía Antinarcóticos Regional No. 8.
En su faceta técnica como piloto de aviación policial de ala fija, el oficial acumula más de 8.200 horas de vuelo sobre el territorio colombiano. Durante sus misiones aéreas ha tripulado y comandado aeronaves de transporte e interdicción como las Cessna Caravan, Cessna 206, Piper Navajo, DC3-TP y Dash-8.
En su paso por el Caribe colombiano, el Coronel estuvo al frente del Departamento de Policía en San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre el 5 de noviembre de 2024 y finales de agosto de 2026. En esa gestión duplicó el número de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal e impulsó operativos conjuntos con el Gaula de la Policía para encarar el delito de la extorsión y golpear las finanzas de grupos delictivos en las islas.
El oficial asume ahora la seguridad en Boyacá, una jurisdicción con una amplia extensión rural y retos puntuales en materia de movilidad y vigilancia sobre los ejes viales que conectan al departamento con el centro del país. Su hoja de vida registra un total de 23 condecoraciones y 89 felicitaciones institucionales recibidas a lo largo de su carrera.
#Boyacá #Educación #MedioAmbiente
𝐔𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨́𝐧
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia obtuvo una patente de invención tras el desarrollo de un sistema de combustión orientado a incrementar la eficiencia energética y mitigar el impacto ambiental derivado del uso de carbón en procesos térmicos e industriales.
El desarrollo consiste en una parrilla de combustión equipada con un sistema de postcombustión de volátiles, concebida para su aplicación en hornos de lecho fijo. Esta innovación busca optimizar el rendimiento térmico en las estructuras de producción y erradicar la generación de humos negros derivados de la quema del mineral.
De acuerdo con la información institucional, la aplicación práctica de esta tecnología apunta a mitigar el impacto ambiental en el aire y mejorar las condiciones atmosféricas en zonas con alta concentración de actividad productiva artesanal e industrial, con especial foco en municipios boyacenses como Sogamoso y Ráquira.
El equipo a cargo del invento está conformado por Marco Ardila, Pilar Triviño, Fernando Lozano, Fabián Jiménez, Alfonso López, Naren Ardila y Brigith Cruz, integrantes de los grupos de investigación Carbones y Carboquímica, Materiales Siderúrgicos e I2e. El proyecto contó con el trabajo de campo y monitoreo de semilleros de investigación, además del apoyo técnico y jurídico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la consolidación del título de propiedad industrial.
𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚́𝐭𝐮𝐦 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐚́𝐜𝐡𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐜𝐫𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐓𝐀𝐑
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja emitió un nuevo requerimiento dirigido al alcalde de Sáchica, Héctor David Amado Sierra, para que en el término perentorio de un mes presente información técnica y soportes de la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio. La decisión se tomó dentro del proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la acción popular interpuesta por Ángela Lucía Granados contra el Municipio de Sáchica, la Empresa de Servicios Públicos de Sáchica y Corpoboyacá.
En el auto con fecha del 20 de agosto de 2026, la jueza Naida Yibell López Molina determinó que, aunque el municipio entregó una actualización a través de su apoderado el 16 de junio de 2026 donde reportaba un avance físico de la obra del 65%, omitió incluir en el expediente el control de programación del reinicio número 3 y el cronograma actualizado de ejecución del proyecto.
De acuerdo con las actuaciones consignadas en el despacho judicial, el tribunal administrativo ya había requerido al mandatario municipal mediante autos dictados el 2 de marzo de 2026 y el 22 de mayo de 2026. En dichas previsiones se le exigía informar el estado del proceso de Obra Pública No. 008 de 2023, dar cuenta de las actividades ejecutadas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, y justificar las medidas tomadas para compensar los tiempos de inactividad que ha registrado la infraestructura.
El informe de supervisión remitido en junio por el secretario de Planeación y Obras Públicas de Sáchica, Robinson Germán Nova Jerez, detalla que el contrato No. 008 de 2023 contemplaba una fecha de finalización inicial fijada para el 11 de enero de 2026, la cual fue reprogramada para el 4 de octubre de 2026. Asimismo, la documentación aportada por el municipio constató el estado de la póliza de cumplimiento No. 400051959 con fecha del 20 de febrero de 2026 y registró que el proyecto pasó de un avance del 60% registrado en marzo a un 65% con corte al 4 de mayo de 2026.
Pese al reporte de avance, el juzgado advirtió que los anexos documentales del cronograma y la reprogramación del reinicio no ingresaron formalmente al sistema. Por este motivo, el despacho judicial otorgó un plazo no prorrogable de un mes a partir de la notificación para que el alcalde Amado Sierra radique el control de programación faltante y allegue un informe detallado con los soportes de las actividades desarrolladas en la obra entre el 5 de mayo de 2026 y el 1 de agosto de 2026.
𝐀 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐚
Los habitantes de Boyacá le pusieron una nota promedio de 7,0 sobre 10 a su ocupación o actividad económica habitual, un resultado que ubica al departamento entre las regiones con menor nivel de satisfacción laboral en Colombia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del DANE, la medición en el territorio se encuentra por debajo de la media nacional, que se situó en 7,4, y lejos de los promedios más altos registrados en San Andrés con 8,3, o en Santander y Arauca con 8,2. En el panorama del país, la percepción de los trabajadores boyacenses iguala a la de territorios como Bogotá, La Guajira, Vaupés y Caquetá, superando únicamente a regiones como Chocó con 6,3 y Nariño con 6,4.
Este indicador de bienestar forma parte de un reporte amplio sobre las condiciones socioeconómicas de las familias en la región, que abarca desde la tenencia de vivienda hasta el acceso a servicios y tecnologías. En materia habitacional, los datos muestran que el 40,1 % de las familias boyacenses vive en casa o apartamento propio, sumando a quienes ya terminaron de pagarlo y a quienes continúan en proceso de pago. Aunque la cifra supera levemente el promedio nacional del 38,1 %, implica que el 59,9 % restante de los hogares en el departamento habita bajo las modalidades de arriendo, subarriendo, usufructo o posesión sin título. Respecto a las deficiencias en la infraestructura o espacio de los inmuebles, Boyacá registra entre un 4,9 % y un 9,0 % de hogares en déficit habitacional cuantitativo, manteniéndose en el rango intermedio frente al 6,3 % de la media nacional.
En lo relacionado con la conformación de las familias, el 52,9 % de los hogares en Boyacá se clasifica como biparental, integrado por padre y madre con o sin hijos. Las familias monoparentales representan el 23,2 %, las personas que viven solas abarcan el 19,8 % y otras formas de convivencia suman el 4,0 %. En cuanto a la jefatura del hogar, el departamento se mantiene en la tendencia del país, donde a nivel nacional el 46,4 % de las viviendas está a cargo de una mujer.
Sobre la cobertura en el sistema de salud, aunque la afiliación en Boyacá supera el 95 %, la mayor parte de la población asegurada pertenece al régimen subsidiado con un 60,0 %. El régimen contributivo cobija al 39,9 % de los afiliados en el departamento, una proporción menor al consolidado nacional, donde el sistema contributivo abarca al 44,9 % y el subsidiado al 55,0 %. Esta distribución difiere de regiones como Bogotá, donde los afiliados al régimen contributivo alcanzan el 73,4 %.
En el cuidado de los niños y niñas menores de cinco años entre semana, el 48,1 % permanece en sus hogares bajo la atención directa de los padres. Por su parte, el 43,3 % asiste a jardines infantiles, centros de desarrollo infantil del ICBF o colegios, cifra que se ubica por encima del promedio nacional de asistencia a centros de cuidado, fijado en 42,0 %.
El ámbito educativo muestra indicadores favorables para el departamento en el contexto nacional. La asistencia escolar en niños de 6 a 10 años supera el 98,5 %. En el rango de 11 a 14 años la asistencia se ubica entre el 97,7 % y el 98,5 %, mientras que entre los 15 y 16 años se mantiene entre el 88,7 % y el 93,8 %. Para los jóvenes de 17 a 21 años, la asistencia académica en Boyacá se sitúa en el rango de 49,9 % a 58,3 %, manteniéndose por encima de la media nacional, que alcanzó el 48,4 %. En ese mismo grupo de edad, más del 39,0 % de la juventud boyacense ha alcanzado nivel educativo superior técnico, tecnológico o universitario, superando el promedio nacional del 37,6 %.
Finalmente, en conectividad y entorno social, el 81,5 % de las personas de 5 años y más en Boyacá manifestó usar internet, una cifra cercana al promedio nacional del 82,3 % pero distante de regiones como Valle con el 89,3 % o Atlántico con el 88,8 %. En percepción de seguridad, entre el 81,0 % y el 86,0 % de los jefes de hogar en el departamento declaró sentirse seguro en la zona o vereda donde habita, ubicándose por encima del promedio de las cabeceras urbanas del país.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐡𝐚 𝐚𝐜𝐮́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama falló a favor una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Paipa. La providencia, proferida el 19 de agosto de 2026 ampara los derechos colectivos a la seguridad, la prevención de desastres previsibles, el goce del espacio público y el desarrollo urbano ordenado en la Concha Acústica Valentín García.
El fallo responde a las deficiencias técnicas, el deterioro en pisos y graderías, y los riesgos para los asistentes que acuden a este escenario de eventos culturales y recreativos. El informe técnico incorporado al proceso advirtió la presencia de vacíos superiores a 120 centímetros sin barandas de seguridad en las graderías, además de orificios por luminarias rotas y baches en los andenes perimetrales de las calles 23 y 24, situaciones que representan un peligro para transeúntes y espectadores.
Para mitigar los riesgos, el Juzgado estableció un cronograma de obligatorio cumplimiento para la administración municipal de Paipa. En primer lugar, como medida inmediata y en un plazo no mayor a un mes desde la notificación de la providencia, la administración debe instalar barandas de seguridad y señalización de peligro en los vacíos de las graderías, así como reparar o reemplazar las luminarias de piso deterioradas en los andenes antes de la realización de próximos eventos masivos.
Asimismo, la Alcaldía dispone de un término de seis meses para gestionar y contratar los estudios y diseños técnicos que determinen el diagnóstico estructural integral y las intervenciones requeridas en el inmueble y su entorno. Una vez entregada dicha consultoría, la administración contará con un periodo de tres meses para asegurar y aprobar la disponibilidad presupuestal necesaria para financiar las obras de adecuación, mantenimiento o remodelación. Posteriormente, al surtir la fase presupuestal, el municipio tendrá un plazo adicional de tres meses para adelantar los trámites de contratación correspondientes e iniciar la ejecución física de los trabajos.
El despacho judicial ordenó además la conformación de un comité de verificación integrado por la jueza del caso, el accionante, el Alcalde de Paipa y el procurador delegado para vigilar el cumplimiento de cada una de las órdenes.
𝐅𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐳𝐚 𝐲 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚 𝐛𝐨𝐝𝐞𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐝𝐫𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá amparó los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salubridad pública y a la realización de desarrollos urbanos respetando el ordenamiento territorial de los habitantes de la vereda San Martín, en el municipio de Santana, tras confirmar la operación irregular de una granja porcina en el predio Lote 3. La decisión de segunda instancia, adoptada por la Sala de Decisión No. 2 con ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja.
El proceso judicial, promovido mediante una acción popular radicada en 2020 por residentes del sector y la Junta de Acción Comunal de la vereda San Martín, se extendió durante seis años sin que se configurara una figura de hecho superado, debido a que las infracciones ambientales y urbanísticas continuaron vigentes en el inmueble. Las pruebas técnicas decretadas por la autoridad judicial acreditaron la presencia de porquerizas y una bodega levantadas sin licencia de construcción, esta última ubicada a tan solo 50 centímetros del cauce de un drenaje natural. Asimismo, las inspecciones oficiales realizadas en marzo de 2020 y diciembre de 2021 por Corpoboyacá constataron la descarga directa de porquinaza líquida sobre el suelo sin permiso ambiental de vertimientos y la intervención no autorizada de la fuente hídrica mediante la construcción de obras civiles sobre el cauce.
En el análisis del expediente, la corporación judicial desestimó afectaciones vinculadas a la propagación de olores ofensivos hacia las viviendas vecinas y a la captación ilegal continuada de agua para la actividad porcina, al no hallarse evidencia técnica reciente sobre la persistencia de dichas irregularidades. En cuanto a la gestión de residuos peligrosos derivado del uso de jeringas y medicamentos, el Tribunal tuvo por atendida la falla inicial tras comprobar la firma de un convenio suscrito en noviembre de 2021 entre los propietarios del predio y la empresa especializada Gestión Integral Ambiental S.A.S., gestión que quedará sujeta a verificación en la etapa de cumplimiento del fallo.
Respecto a la actuación de las autoridades, el fallo confirmó que las solicitudes de licencia de construcción tramitadas en 2020 por los particulares ante la Alcaldía de Santana fueron declaradas en desistimiento mediante la Resolución 007 de 2021, sin que a la fecha de la sentencia las edificaciones contaran con título urbanístico. Por su parte, Corpoboyacá inició en febrero de 2021 el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental radicado bajo el número OOCQ-00015/21 e impuso medidas preventivas de suspensión de captación y vertimientos, pero omitió proferir una decisión de fondo sancionatoria o de restauración tras años de trámite.
Para resolver la afectación física sobre la fuente hídrica y garantizar la protección de la zona, el Tribunal modificó las órdenes de primera instancia y dispuso que Corpoboyacá y la Alcaldía de Santana realicen una inspección técnica conjunta dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la providencia. Con base en la visita, la autoridad ambiental dispondrá de un mes para emitir un concepto técnico motivado que georreferencie el drenaje y defina el área de protección aplicable. Posteriormente, la Secretaría de Planeación de Santana deberá adelantar el trámite urbanístico para determinar, mediante acto motivado, si procede la adecuación, suspensión o demolición de la bodega y demás estructuras construidas de forma irregular.
En el componente sancionatorio, la sentencia fijó un plazo de seis meses para que Corpoboyacá culmine y decida de fondo el expediente sancionatorio ambiental contra los propietarios, permitiendo una única prórroga de hasta tres meses previa autorización del juez de origen. La providencia aclaró que la labor de seguimiento y vigilancia periódica a cargo de la entidad regional se limitará estrictamente al uso de los recursos naturales, vertimientos, manejo de residuos y protección del suelo, excluyendo competencias sanitarias pecuarias o de control urbanístico que corresponden a otros organismos.
Si el concepto técnico resultante determina la necesidad de recuperar la zona intervenida, los dueños de la explotación porcina deberán presentar un plan de restauración y manejo ambiental ante Corpoboyacá en un término de dos meses. El Tribunal no impuso condena en costas para esta segunda instancia y dejó el seguimiento de las disposiciones fijadas a cargo del comité de verificación integrado dentro del trámite judicial.
𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐒𝐨𝐫𝐚𝐜𝐚́ 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐥 𝟕𝟎 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧
Las obras de mantenimiento y mejoramiento en el corredor vial que conecta a Tunja con el municipio de Soracá registraron un avance del 70 por ciento, según reporta la Gobernación de Boyacá. La intervención abarca una extensión de 2,5 kilómetros comprendida entre la doble calzada (BTS), el sector del Alto de las Antenas y el casco urbano de Soracá.
El proyecto cuenta con un presupuesto asignado de 2.400 millones de pesos, correspondiente a los recursos destinados para la atención de la infraestructura vial departamental. Los trabajos adelantados en este tramo incluyen actividades de cajeo, bacheo, parcheo, la aplicación de una sobrecarpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y la instalación de señalización horizontal y vertical.
Durante el seguimiento técnico al trayecto, la Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá reportó que en varios puntos críticos se han presentado dificultades técnicas relacionadas con el confinamiento de la banca. Debido a estas condiciones, la dependencia determinó reprogramar las labores para intervenir dichos sectores en las próximas semanas.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. En el departamento de Boyacá, las mediciones oficiales evidencian una brecha sustancial en la distribución del tiempo según el sexo, observándose una alta carga de trabajo no remunerado asumida principalmente por las mujeres de la región.
De acuerdo con el informe técnico de la entidad de estadística, en Boyacá las mujeres participantes dedican en promedio diario 6 horas y 49 minutos a labores de trabajo no remunerado y sus actividades conexas, las cuales abarcan el servicio doméstico, el cuidado de integrantes del hogar, las compras, el mantenimiento y el trabajo voluntario. Por su parte, los hombres en el departamento destinan en promedio 2 horas y 29 minutos al día a estas mismas actividades no pagadas. Esto representa una diferencia diaria de 4 horas y 20 minutos de carga de trabajo no remunerado en contra de la población femenina boyacense.
En lo relativo al trabajo remunerado, comprendido dentro de las actividades de mercado que generan ingresos económicos, la tendencia poblacional en el departamento registra una dinámica inversa. Los hombres en Boyacá destinan un promedio diario de 7 horas y 55 minutos a labores remuneradas y sus traslados conexos, mientras que las mujeres que participan en la fuerza laboral formal o informal dedican un promedio de 6 horas y 07 minutos al día.
La brecha de género identificada en el departamento de Boyacá se enmarca dentro de las dinámicas reportadas tanto a nivel de la región Oriental como en el consolidado nacional. Para la región Oriental, de la cual forma parte el departamento, las mujeres dedican en promedio 8 horas y 21 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a 3 horas y 17 minutos de los hombres. A nivel nacional, la participación de las mujeres de 10 años y más en actividades no remuneradas alcanza el 89,8%, con una dedicación promedio diaria de 7 horas y 34 minutos, mientras que la participación masculina en el país se ubica en el 65,2%, con una intensidad de 3 horas y 13 minutos al día.
El estudio del DANE precisa además las dinámicas específicas del trabajo doméstico no remunerado dentro del país, donde las actividades de mayor frecuencia entre las mujeres corresponden al suministro de alimentos para el hogar (78,1% de participación nacional) y la limpieza y mantenimiento de la vivienda (70,4% de participación). En el ámbito de las actividades personales, que engloban el cuidado personal, la educación, el uso de medios de comunicación y el descanso, los habitantes de la región Oriental promedian 17 horas y 39 minutos diarios en el caso de los hombres y 17 horas y 29 minutos en el caso de las mujeres.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) correspondientes a junio de 2026, en los cuales Boyacá registró un incremento del 11,2% en su producción real. Esta cifra representó la variación anual positiva más alta entre los 14 dominios departamentales evaluados por la entidad estadística en todo el país.
De acuerdo con el informe oficial, el sector manufacturero de Boyacá también reportó un desempeño destacado en la variable de ventas reales, al registrar una variación positiva del 10,0% frente al mismo mes del año anterior. Este crecimiento situó al departamento como la segunda región con mayor aumento en ventas industriales durante junio de 2026, únicamente superada por Santander, que alcanzó un 10,1%.
En lo que respecta al empleo en el sector fabril departamental, el indicador de personal ocupado reflejó una variación anual de -1,6 % en junio, con una contribución de 0,0 puntos porcentuales al total nacional.
El comportamiento positivo registrado en junio contrasta con el balance acumulado de los últimos doce meses (julio 2025 – junio 2026 / julio 2024 – junio 2025), periodo en el cual la producción real en Boyacá se ubica en -1,5%, con un incremento en ventas del 1,4% y una reducción del personal ocupado del -2,2%. Asimismo, en el indicador de año corrido entre enero y junio de 2026, el departamento presenta un crecimiento del 1,2% en producción real, un 2,8% en ventas reales y un -2,4% en personal ocupado.
En el contexto general de Colombia, la producción real de la industria manufacturera registró un incremento anual del 4,1% en junio de 2026, impulsada por 12 de los 14 departamentos analizados, mientras que las ventas reales subieron un 3,9% y el personal ocupado bajó un 1,1% a nivel nacional.
𝐌𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟎% 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐒𝐨𝐚𝐭𝐚́ 𝐲 𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐜𝐮𝐲 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨
Un diagnóstico desarrollado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en el marco del Decreto 0699 de 2024 determinó que los subtramos viales evaluados entre los municipios de La Uvita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba y El Cocuy presentan un deterioro estructural y funcional considerable. El estudio, enfocado en el denominado Anillo Turístico de Norte y Gutiérrez sobre las carreteras secundarias 55BY12 y 55BY13, evaluó una extensión de 25,51 kilómetros repartidos en tres frentes de trabajo, registrando afectaciones que en varios sectores superan el 50% del área de la calzada.
El informe de ingeniería auscultó un área total de 167.494 metros cuadrados de infraestructura vial. De esta superficie, 66.833 metros cuadrados, correspondientes al 40% del área analizada, presentan daños severos que comprometen el nivel de servicio, la maniobrabilidad y la seguridad vehicular. La evaluación se dividió en tres componentes principales: estructura de pavimento, infraestructura hidráulica, señalización vial y comportamiento geotécnico.
En el primer subtramo, comprendido entre La Uvita y San Mateo (13,58 kilómetros), se registró un 38% de afectación sobre un área revisada de 84.34 metros cuadrados. Este sector combina pavimento flexible, afirmado y tramos mixtos. Entre las patologías predominantes en las zonas asfálticas destacan la piel de cocodrilo, que representa el 87% de las fallas flexibles de este tramo por agotamiento de la carpeta o deficiencias en las capas inferiores, mientras que en las secciones de afirmado predominan los baches (30%) y ondulaciones (16%) provocados por erosión y falta de mantenimiento.
El subtramo dos, que conecta a Guacamayas con Panqueba (5,43 kilómetros), registró el nivel de deterioro más elevado, con un 55% de afectación equivalente a 19.63 metros cuadrados con daños. En este corredor pavimentado en un 96%, la patología dominante es la fisura en bloque, presente en el 26,6% del área auscultada, seguida de la piel de cocodrilo (18,5%) y baches (4,2%). Adicionalmente, el documento advierte la presencia de pérdidas totales de la carpeta de rodadura por bajo espesor y dificultades severas de paso durante periodos de lluvia en el sector de la quebrada El Obraje.
Por su parte, el tercer subtramo, entre Panqueba y El Cocuy (6,51 kilómetros), evidenció un 32% de superficie afectada (14.94 metros cuadrados). La piel de cocodrilo se consolidó como la falla principal con 8.36 metros cuadrados, acompañada por parches y hundimientos que abarcan tanto zonas pavimentadas como pequeños tramos en afirmado.
En materia de infraestructura hidráulica, la inspección técnica identificó deficiencias generalizadas en la evacuación de aguas lluvias. En el trayecto La Uvita – San Mateo, un 33% de las 45 cunetas registradas muestra deterioro en el revestimiento y un 31% carece de recubrimiento en concreto, funcionando en tierra. Igualmente, de 99 alcantarillas inspeccionadas en este mismo tramo, el 79% presenta obstrucciones por sedimentos y vegetación, y un 37 % cuenta con diámetros inferiores a las 36 pulgadas exigidas por la normativa vigente de Invías. Una situación similar fue diagnosticada en los subtramos Guacamayas – Panqueba y Panqueba – El Cocuy, donde más del 88% y 92% de los sistemas de drenaje transversal presentan taponamientos parciales o totales, respectivamente.
Respecto a los puentes, el inventario registró una estructura en el subtramo La Uvita – San Mateo que requiere mantenimiento urgente por fracturamiento en sus elementos, corrosión y desconfinamiento en la aleta izquierda. En Guacamayas – Panqueba se censó un puente adicional de 18 metros de luz, el cual demanda limpieza rutinaria por obstrucción de juntas con material granular.
El análisis geotécnico reportó un estado general entre regular y malo debido a fenómenos de inestabilidad. A lo largo de los 25,5 kilómetros se identificaron movimientos en masa tipo flujo plástico o reptación (creep), caídas de rocas, pérdida de banca por socavación y fallas en media luna. En total, los especialistas caracterizaron 41 puntos geotécnicos críticos a lo largo del corredor (21 entre La Uvita y San Mateo, 7 entre Guacamayas y Panqueba, y 13 entre Panqueba y El Cocuy), los cuales requieren estudios de suelos detallados para definir obras de contención y estabilización. Entre los eventos más complejos se resalta una avalancha de detritos activa de 2,5 kilómetros de longitud en el sector El Obraje (Guacamayas – Panqueba) y pérdidas de banca por empuje de taludes en las inmediaciones del río Canutal.
Finalmente, el componente de seguridad vial determinó la inexistencia total de señalización horizontal en los tres subtramos evaluados. Sobre la señalización vertical, el estudio contabilizó 134 elementos entre La Uvita y San Mateo, 18 entre Guacamayas y Panqueba, y 37 entre Panqueba y El Cocuy. Aunque predominan las señales preventivas, la evaluación evidenció que un alto porcentaje de estas requieren labores de limpieza, tala de vegetación perimetral para garantizar su visibilidad o sustitución por desgaste del material reflectivo.
Las conclusiones vertidas en este análisis de la UPTC sirven como sustento técnico en el trámite de la acción popular promovida para lograr la intervención integral del trazado vial Panqueba – Güicán. De acuerdo con el documento, la ausencia recurrente de mantenimientos rutinarios como la rocería, el desbroce, la limpieza de drenajes y la contención de taludes aceleró el deterioro del corredor a una condición calificada entre regular y mala, generando riesgos que comprometen la movilidad segura de los usuarios y la integración económica de los municipios del norte de Boyacá.
La oficial boyacense Olga Patricia Salazar Sánchez, oriunda del municipio de Boavita, alcanzó el grado de Mayor General de la Policía Nacional de Colombia, luego de que el Senado de la República ratificara la aprobación de su ascenso. La determinación ubica a la profesional de la fuerza pública entre las mujeres con mayor rango jerárquico en la historia militar y policial del país.
Salazar Sánchez inició su vinculación a la institución armada desde el cuerpo profesional como abogada y posteriormente cursó estudios de especialización en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Su formación jurídica orientó el desempeño de sus funciones en distintas áreas operativas, legales y administrativas de la institución.
Dentro de su trayectoria institucional, en 2022 asumió la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), hecho que la convirtió en la primera oficial de especialidad administrativa y primera mujer en liderar esa unidad técnica de investigación.
Asimismo, la alta oficial representó a la institución en el ámbito diplomático internacional, donde ejerció el cargo de agregada de policía en la Embajada de Colombia en España antes de la aprobación de su nuevo grado dentro del escalafón de la Policía Nacional.
𝐑𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
Con el propósito de actualizar los controles de entrada y modernizar la plataforma tecnológica para estudiantes, docentes, administrativos y visitantes, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia puso en marcha el proceso de Invitación Privada N° 012 de 2025 para el suministro, instalación y puesta en servicio de dispositivos automatizados en la sede central de Tunja y las seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.
El procedimiento contractual cuenta con un presupuesto oficial asignado de 595.526.764 pesos, respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1512 del 9 de mayo de 2025 y con cargo a recursos propios de posgrados, extensión y educación continuada. Las condiciones del proceso fijan un plazo de ejecución de 60 días calendario a partir de la firma del acta de inicio, estableciendo como fecha límite de finalización del contrato el 5 de octubre de 2026 a las 12:00 a.m.
El proyecto técnico abarca la sustitución y adición de equipos de paso peatonal y vehicular en las diferentes sedes. Para el control en accesos peatonales se instalarán cuatro torniquetes fabricados en acero inoxidable ANSI 304 cepillado con esquinas entalladas a 45 grados, gabinetes con apertura autosostenida por pistón a gas y mecanismo electromecánico bidireccional amortiguado, con capacidad para resistir choques, vibraciones y ambientes ácidos o alcalinos. Estos dispositivos cuentan con pantalla de pictograma tricolor, brazo abatible para situaciones de emergencia, monitoreo de giro mediante sensores inductivos sin contacto mecánico y estructura diseñada para soportar impactos de bloqueo de hasta 120 kilogramos a 5 kilómetros por hora.
Para el paso de vehículos en los campus, el pliego especifica dos talanqueras automáticas con gabinete de acero tratado anticorrosivo, grado de protección IP65 y brazo de aluminio esmaltado en blanco con bandas rojas antirreflectivas de hasta 5 metros de largo. Los equipos incluyen sistema abatible Swing Away para evitar daños en caso de colisión, resorte de compresión ajustable, mecanismo antiaplastamiento que retorna la barrera a posición vertical y motor preparado para un flujo de 450 ciclos por hora de uso continuo.
Asimismo, la infraestructura incluye una puerta automatizada exclusiva para personas con movilidad reducida, construida en acero al carbono pintado con acabados en acero inoxidable AISI 304 y brazo en vidrio templado de 10 milímetros, equipada con freno electromagnético de bloqueo inmediato ante invasiones y mecanismo de rotación bidireccional con desplazamiento en ángulo de 180 grados. La dotación física se complementa con siete enroladoras lectoras y grabadoras de tarjetas USB Mifare para los puestos de registro de datos.
En materia de identificación biométrica y validación digital, la universidad contratará diez lectores multifunción equipados con procesador Quad Core a 1,5 gigahercios, pantalla LCD a color de 5,5 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles y chip criptográfico. Estos terminales permiten la lectura biométrica de rostros a un metro de distancia en 0,2 segundos mediante algoritmos de inteligencia artificial, además de reconocer códigos QR dinámicos y claves desde dispositivos móviles por tecnología NFC o Bluetooth. Los módulos están diseñados para intemperie bajo grado IP65, resistencia antivandálica IK06 y certificaciones internacionales de protección de datos GDPR, ISO 27001 e ISO 27701, con capacidad para almacenar hasta 100.000 usuarios y 5 millones de registros de eventos.
Para puntos de acceso complementarios se instalarán 23 lectores biométricos faciales adicionales con pantalla OLED de 1,3 pulgadas, sistema operativo Linux, cámara infrarroja de 2 megapíxeles, encriptación AES de 256 bits y certificaciones de protección IP67 e IK08. El contrato abarca también la instalación de cinco sistemas electrónicos de apertura y cierre para puertas de vidrio templado en salones de clase, sincronizados con los lectores faciales e integrados con botón de apertura o emergencia en el interior de los recintos.
La administración operativa de toda la red estará centralizada en un software con arquitectura web e integración a través de servicios web con el núcleo de datos institucional de la UPTC. La plataforma gestionará perfiles de estudiantes, docentes, administrativos, contratistas y visitantes, además de sincronizarse con el directorio activo, controlar parqueaderos, generar reportes de fallas en tiempo real y validar credenciales QR de caducidad programada desarrolladas por la institución.
Las especificaciones imponen al proveedor seleccionado la obligación de realizar las capacitaciones al personal técnico de la UPTC en sitio durante las cuatro semanas posteriores a la entrega de los equipos, abarcando un mínimo de ocho horas en mantenimiento físico y ocho horas en administración de software. Igualmente, el fabricante de los equipos deberá certificar una garantía mínima de un año, servicio de soporte técnico sin costo adicional durante el mismo periodo y la disponibilidad de repuestos en Colombia por un término de cinco a diez años.
La distribución final de los componentes en los almacenes y campus de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá será notificada por la supervisión del contrato. El esquema de desembolsos financieros contempla un acta parcial inicial correspondiente al 50 por ciento del valor contratado tras la entrega, montaje y puesta en funcionamiento del sistema en el Edificio de Posgrados de la sede central de Tunja, mientras que el 50 por ciento restante se pagará una vez se reciba la totalidad de la solución tecnológica operando a satisfacción en las demás sedes.
𝐕𝐢́𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐲 𝐆𝐮̈𝐢𝐜𝐚́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝟕𝟎 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞
Un informe técnico de inspección visual realizado por la Alcaldía de Güicán de la Sierra reveló que la vía secundaria de orden departamental que comunica a este municipio con Panqueba, en el norte de Boyacá, registra un estado de deterioro crítico en más del 70 por ciento de su trayecto. El estudio, elaborado por la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos bajo la metodología Vizir tras una visita de campo efectuada el 9 de abril de 2026, fue incorporado al trámite de una acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García con el fin de exigir la protección de los derechos colectivos de los usuarios de este corredor vial.
El diagnóstico oficial determinó que la vida útil de la capa asfáltica se encuentra totalmente agotada y que la severidad de las fallas encontradas no admite reparaciones parciales o intervenciones menores. La evaluación documentó diez tipos de patologías estructurales y de superficie que afectan de manera directa la transitabilidad y la seguridad vial de los habitantes, productores agrícolas y visitantes de la provincia de Gutiérrez.
Entre las afectaciones con clasificación de nivel alto se identificaron fisuras y grietas longitudinales paralelas al eje de la calzada con aberturas superiores a los 3 milímetros, así como una presencia generalizada de piel de cocodrilo o red de fisuras interconectadas provocada por la fatiga del pavimento sobre una base insuficiente. Asimismo, el documento registró desprendimiento y disgregación del material asfáltico, descascaramiento con pérdida de la capa de rodadura y baches profundos con acumulación de agua estancada debido a fallas en el sistema de drenaje superficial.
En relación con los factores de inestabilidad y geotecnia, el informe dejó constancia de un deslizamiento activo de talud en el sector evaluado con acumulación de escombros rocosos, tierra y material vegetal sobre la superficie de rodadura. Adicionalmente, la inspección constató el deterioro de las bermas por erosión y falta de confinamiento lateral, la aparición de grietas transversales en las juntas del pavimento y la presencia de tramos completamente destapados donde la capa asfáltica desapareció, dejando expuesto el suelo natural y la base granular.
En las conclusiones del documento, firmado por la secretaria de Planeación Municipal, Claudia Yesenia Niño Salazar, se advierte que el nivel de deterioro estructural exige una intervención de fondo. Frente a este escenario, la administración municipal instó a la Gobernación de Boyacá y al Instituto Nacional de Vías a estructurar y ejecutar con carácter urgente los estudios y diseños para la rehabilitación integral de todo el corredor vial.
Por último, el informe recomienda implementar medidas prioritarias a corto plazo para mitigar los riesgos de accidentalidad o un eventual taponamiento del paso. Entre las acciones inmediatas sugeridas se encuentra la atención de los deslizamientos activos en los taludes, la limpieza y adecuación de los sistemas de drenaje de aguas de escorrentía y el relleno de los baches más críticos mientras se definen los recursos y las obras definitivas para la vía.
𝐓𝐨𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐠𝐞́𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐲𝐯𝐚
Villa de Leyva albergará del 14 al 17 de agosto de 2026 la edición número 49 del Festival del Viento y las Cometas, evento que reunirá a cometeros aficionados, profesionales y delegaciones internacionales en la Plaza Mayor y el cometódromo del municipio. La programación oficial, organizada por la Alcaldía de Villa de Leyva a través de la Secretaría de Turismo, incluirá competencias por categorías, muestras aéreas, talleres de elaboración y actos culturales con ingreso gratuito para el público.
Para esta versión, Guatemala participará como país invitado de honor mediante la Asociación Santiaguera para el Desarrollo Cultural (ASOSDEC), procedente de Santiago Sacatepéquez. La delegación centroamericana exhibirá sus tradicionales barriletes gigantes, piezas artesanales elaboradas en papel que forman parte de la exposición permanente denominada «Cuando el viento une los pueblos», ubicada en el Salón Casa del Primer Congreso de Villa de Leyva.
El cronograma de actividades iniciará formalmente el sábado 15 de agosto desde las 9:30 de la mañana con los concursos de cometa artesanal en modalidades infantil y adulto, seguidos por las categorías miniatura, pandero y cometa comercial. A las 2:00 de la tarde se realizará la apertura oficial del encuentro, dando paso al vuelo inaugural a cargo de la delegación de Guatemala a las 2:30 de la tarde y a la presentación folclórica de la Escuela de Música Santa María de Leyva a las 3:00 de la tarde.
Durante el resto de la jornada del sábado se desarrollarán las pruebas de cometa acrobática individual, cometa espectáculo y cometa de vuelo nocturno. La agenda nocturna contará con las presentaciones artísticas de La Candelaria, el grupo de vallenato de la Escuela de Música Santa María de Leyva, la agrupación Pescao Vivo como show musical central a las 10:00 de la noche y el cierre con DJ Páez a las 11:00 de la noche.
El domingo 16 de agosto las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con las competencias de cometa delta, vuelo vertical, prueba femenina, vuelo lejano, cometa tridimensional y trenes. Hacia las 3:00 de la tarde se llevará a cabo la denominada Prueba Reina, espacio destinado a cometas gigantes inflables con alturas y diseños orientados al juzgamiento técnico. Las actividades de ese día concluirán con el espectáculo nocturno Luces de la Villa, la presentación del grupo Cacao Munch, el concierto principal de Cali Flow Latino a las 10:00 de la noche y una nueva sesión musical de cierre.
Las jornadas de competencias y espectáculos contarán con el juzgamiento de Carlos Quintero, Arsenio Sáenz, Duviel Velanddía, Alirio Peña, representantes de la Colombian KiteFliers Association (CKFA) y un delegado de la representación de Guatemala.
De manera paralela a los certámenes en pista, el festival ofrecerá talleres permanentes orientados por UNICEF Colombia, WWF y Techo Colombia enfocados en la creación de cometas en papel, origami y globoflexia, así como la iniciativa «Volando Sueños» a cargo de Ravess. El lunes 17 de agosto, el cometódromo permanecerá habilitado durante todo el día para jornada de vuelo libre.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada por el presunto direccionamiento irregulares de 480 contratos de regalías por más de 3,1 billones de pesos en todo el país tienen su origen directo en la capital boyacense. Las pesquisas judiciales que condujeron a la captura de 13 personas y a la compulsa de copias contra cinco gobernadores y tres exgobernadores se desencadenaron tras el rastreo a las anomalías detectadas en las obras de la Villa Olímpica de Tunja.
El expediente judicial estableció que una fiscal adscrita a Boyacá identificó irregularidades en la contratación para la remodelación de un escenario deportivo que hace parte de la mencionada Villa Olímpica. Al rastrear a los responsables de la ejecución, el ente investigador identificó el accionar del Fondo Mixto Sierra Nevada, estructura que presuntamente utilizaba manuales de contratación propios, documentos alterados y registros falsos para eludir la Ley 80 y adjudicar obras a conveniencia en 19 departamentos.
En el caso específico de Tunja, el proyecto denominado «Mejoramiento del escenario recreodeportivo de actividades lúdicas y espacio público de la Villa Olímpica», identificado con el código BPIN 2023004150266, contó con una asignación presupuestal de 4.215 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías de la Gobernación de Boyacá. Para la ejecución de los trabajos, el Fondo Mixto Sierra Nevada suscribió el contrato de obra 173 de 2023 con la empresa PSI Ingenieros S.A.S. por un valor de 3.938 millones de pesos, y el contrato de interventoría 174 de 2023 con APP Control Ingeniería S.A.S. por 275 millones de pesos.
Informes técnicos del seguimiento contractual detallan que la obra en la capital boyacense, enfocada en la construcción de la cubierta metálica, iluminación LED y obras de urbanismo de la cancha anexa al Coliseo Municipal, registró múltiples interrupciones desde la firma del acta de inicio en diciembre de 2023. El proyecto debió suspenderse el 1 de febrero de 2024 por fallas de planeación iniciales, dado que el diseño invadía la zona de reserva vial delimitada por la ciudad. Esta situación obligó a modificar la ubicación del escenario desplazándolo 2,6 metros al sur y 0,5 metros al oriente para obtener la licencia ante la Curaduría Urbana 2 de Tunja, logrando el reinicio de los trabajos recién en julio de ese año.
A pesar de acumular varias suspensiones adicionales, entre ellas una decretada el 20 de diciembre de 2024 por falta de insumos y materiales, los reportes financieros del proyecto señalan que la entidad ejecutora giró al contratista de obra un anticipo del 50% equivalente a 1.969 millones de pesos, así como 137 millones de pesos por el mismo concepto a la firma encargada de la interventoría.
El rastreo a las operaciones de esta entidad salpicada por presunta corrupción permitió evidenciar que el Fondo Mixto Sierra Nevada también concentró contrataciones financiadas con regalías departamentales y municipales en otros cinco municipios de Boyacá.
En Cómbita, los archivos de la entidad dan cuenta de la firma y entrega de un contrato para el mejoramiento integral del Parque Principal, una obra sobre 5.727 metros cuadrados que incluyó intervención de áreas duras, zonas verdes y reemplazo de pisos y bordillos.
En Socotá, el portal del investigado fondo reporta la adjudicación del proyecto de pavimentación en concreto rígido y construcción de andenes con adoquín de gres en la carrera 3 entre calles 6 y 7, la carrera 2 entre calles 6 y 7, y vías internas del barrio Calvario.
En Nobsa, la entidad figura ejecutando el contrato para el escenario recreativo de la sede principal de la Institución Educativa Técnica, un complejo de 1.758 metros cuadrados de cubierta metálica que contemplaba placa polideportiva, graderías en concreto, baterías sanitarias, cafetería, cancha de vóley playa y bloque de acceso.
En Pesca, los registros oficiales muestran contrataciones destinadas a la Villa Olímpica local para la instalación de redes eléctricas, luminarias en áreas deportivas y adecuaciones para uso nocturno.
Finalmente, en la vereda Los Medios de Paipa, el portal del cuestionado organismo registra la ejecución de un centro recreativo rural con cubierta en teja Aluzinc, cancha múltiple con cerramiento, bloque de baños y senderos peatonales, proyectos que hoy quedan bajo la sombra de la investigación penal que sacude la contratación de regalías en Boyacá.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐚𝐭𝐚́
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama declaró el amparo del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y le ordenó al municipio de Soatá decretar el estado de ruina y la demolición controlada de la antigua plaza de toros en un plazo no mayor a tres meses.
El fallo de primera instancia, emitido el 31 de julio de 2026 dentro del proceso popular promovido por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Soatá, determinó que el inmueble ubicado en la carrera 7.ª número 07-45 representa un riesgo alto y no aceptable para la comunidad ante su avanzado deterioro estructural y su elevada vulnerabilidad sísmica.
La decisión judicial amparó el derecho colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente, luego de verificar que la edificación, construida en 1977 a base de mampostería no reforzada, no cumple con los requisitos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) para zonas de amenaza sísmica alta. El informe técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá (UAEGRD) de febrero de 2026 y un estudio de la secretaría de planeación municipal de 2022 confirmaron la presencia de grandes grietas, separación de elementos, corrosión en estructuras metálicas y peligro inminente de colapso.
Frente a la pretensión inicial del demandante referente a la restitución del predio por ocupación de particulares, el despacho judicial declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Esta determinación se dio tras comprobarse que en junio de 2025, mediante un proceso policivo adelantado durante la tramitación del proceso judicial y en cumplimiento de medidas cautelares, se obtuvo la entrega voluntaria y el desalojo total del bien por parte de los ciudadanos que habitaron la vivienda anexa al inmueble por cerca de 26 años.
Respecto a la solicitud de la defensa de los ocupantes sobre la entrega de albergue temporal o subsidios de vivienda, el juzgado denegó las pretensiones. La sentencia fundamentó su postura en la doctrina de la Corte Constitucional (Sentencia SU-016 de 2021), señalando que la permanencia de los ciudadanos respondió a tenencia y cuidado del bien mas no a una situación de urgencia habitacional o desplazamiento forzado, por lo que no procedían medidas de reubicación o subsidio en el marco del proceso de restitución del predio público.
Entre las órdenes concretas impartidas al municipio de Soatá, el fallo dispone mantener de forma inmediata y preventiva la restricción de uso y ocupación del inmueble, así como efectuar un monitoreo constante de la estructura. De igual forma, la administración municipal dispone de diez días a partir de la ejecutoria de la sentencia para proferir el acto administrativo que declare la ruina y ordene la demolición controlada, la cual deberá ejecutarse contractualmente dentro de los tres meses siguientes. Tras la demolición total, la entidad territorial deberá realizar el cerramiento definitivo del lote y la delimitación del perímetro con materiales que garanticen la seguridad del entorno.
Como medida complementaria, la sentencia exhortó a la administración municipal para que, en caso de desarrollar futuras infraestructuras en dicho predio, garantice el estricto cumplimiento de la normativa de construcción sismo resistente NSR-10. Para la vigilancia del cumplimiento del fallo, se ordenó la conformación de un comité de verificación integrado por el actor popular, el Ministerio Público, el alcalde de Soatá o su delegado y el juez de la causa.
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