𝐂𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐭𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮̈𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥
El proceso de venta de un local comercial de propiedad de la Gobernación de Boyacá, ubicado en el Centro Empresarial Green Hills en el norte de Tunja, se encuentra bajo un estricto cuestionamiento legal y político debido a serias inconsistencias detectadas en los documentos que soportan el negocio. La alerta fue encendida por el diputado Carlos Torres en el marco de sus funciones de control político, al señalar que la administración departamental estaría adelantando la enajenación del inmueble por un valor muy inferior al del mercado real.
El asambleísta fue enfático al manifestar que "el predio está muy por debajo del precio real" y advirtió que "el avalúo es del año pasado, es decir, el predio se está vendiendo en un valor de 1.900 millones cuando a precios de hoy podría estar valiendo 2.700 hasta 4.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que está ubicado en un centro comercial". Aunque en los trámites de contratación estatal es perfectamente legal y válido utilizar avalúos comerciales emitidos el año anterior, lo que verdaderamente encendió las alarmas fue la llamativa descripción física que se usó para calcular ese precio.
Al revisar detalladamente los papeles oficiales del proceso en la plataforma de contratación pública, se descubrió una contradicción difícil de justificar. El perito contratado por la administración dictaminó en las planillas del avalúo que el local comercial tiene setenta años de construido y que su vida útil restante es de apenas diez años. Esta descripción arquitectónica carece de lógica urbanística, puesto que el complejo Green Hills es una estructura moderna que fue levantada hace aproximadamente doce años.
Sobre esta flagrante contradicción, el diputado Torres denunció públicamente que se presentaron "irregularidades en la concurrencia de oferentes" y que "depreciaron el valor del local comercial, porque aparentemente es una construcción que tiene 70 años, cuando en realidad tiene 12 años". Al aplicar de forma errónea una severa fórmula de vejez a una estructura nueva, el informe pericial redujo el precio base de la subasta a la suma de 1.900 millones de pesos, apartando el inmueble de las realidades comerciales de la zona.
Sumado a la devaluación del local, el análisis de los documentos internos de la Secretaría General de Boyacá, despacho liderado por los funcionarios Diego Alejandro Díaz Rojas y Karenth Julieth Ramírez Arias, dejó al descubierto una grave omisión en el procedimiento. En el texto original de los estudios previos se estableció que todos los particulares o empresas interesadas en comprar el inmueble tenían la obligación de realizar una inspección física al sitio como requisito indispensable para que su oferta fuera válida.
Sin embargo, cuando la Secretaría de Contratación ordenó la apertura oficial de la venta el primero de junio, el cronograma final publicado en el sistema electrónico omitió por completo fijar los plazos, las fechas y las horas para llevar a cabo dicha visita. Este vacío en las reglas del juego impide la participación en igualdad de condiciones de otros oferentes, limitando la libre competencia.
Frente a la respuesta de la administración ante estos reclamos, el diputado Torres relató la cronología del trámite y denunció la reactivación exprés de los plazos por parte de las autoridades departamentales. El corporado explicó que "las observaciones las radicamos el 9 de junio en la mañana" y que "el 9 de junio en la tarde, la Secretaría de Contratación saca un auto donde suspende el proceso hasta tanto no respondan sus observaciones". No obstante, el asambleísta cuestionó la celeridad posterior al afirmar que "ayer publican el cronograma donde hoy, 12 de junio, continúan con el proceso sin haberme dado respuesta a mis observaciones".
Dentro del mismo expediente también se evidenciaron dudas ciudadanas respecto a unos comprobantes bancarios de recaudo emitidos por el banco Davivienda el veintiocho de mayo, es decir, tres días antes de que la Gobernación publicara oficialmente las condiciones definitivas. Aunque la aparición de estos pagos generó suspicacias, el análisis financiero aclaró que los depósitos corresponden a la suma exacta de ciento noventa y un mil pesos por concepto de derechos de participación. Este es un trámite preliminar ordinario y permitido por la ley para cualquiera que desee ingresar a una subasta pública basándose en los proyectos de pliegos iniciales.
A pesar de aclararse que este movimiento de dinero es normal, las fallas de fondo en el avalúo que envejeció artificialmente el local moderno y la desaparición de las fechas de inspección obligatoria en el cronograma oficial mantienen el proceso bajo un fuerte cuestionamiento público.
Ante este escenario, el diputado Carlos Torres concluyó haciendo un llamado urgente a los organismos correspondientes al señalar que "enuncio esto ante el departamento para que todos los veedores de Tunja y de Boyacá estén pendientes de ese proceso, que a nuestro concepto es irregular", puntualizando además que "si continúan con el proceso, espero que de acuerdo a las observaciones que presentamos no sea adjudicado y que se defienda el patrimonio de los boyacenses".
Los habitantes de Jericó están más cerca de estrenar por completo su centro de salud. Recientemente fue cargada en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) toda la documentación oficial, que incluye desde los estudios previos hasta las condiciones técnicas, para comprar los equipos médicos y el mobiliario de la Empresa Social del Estado (ESE) Nuestra Señora de la Natividad. El proceso cuenta con un presupuesto asignado de 430.517.010 pesos y se definirá mediante una subasta inversa, un mecanismo donde la exigencia técnica es alta pero gana la empresa que ofrezca los precios más bajos.
Este trámite, registrado con el número SA-SI-GB-008-2026, busca destrabar un problema que afecta el día a día de la comunidad. El diagnóstico de la situación que acompaña los soportes del contrato revela que la falta de herramientas adecuadas limita la capacidad de atención en la localidad, lo que obliga a que los pacientes sean remitidos de urgencia hacia hospitales de otros municipios o a las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja. Esta situación representa un golpe al bolsillo de las familias por los costos de traslado y genera demoras en el servicio.
De acuerdo con las condiciones específicas del pliego de condiciones, el contrato se formalizará bajo la modalidad de compraventa y tendrá una duración fija de cuatro meses de ejecución, con una fecha de finalización pactada para el 23 de noviembre de 2026. Los plazos del cronograma estatal determinan que el periodo para recibir observaciones ciudadanas y de posibles proveedores vencerá el próximo 16 de junio, dando paso a la publicación de las reglas definitivas el 18 de junio. La presentación formal de propuestas económicas quedó programada para el 26 de junio y la puja final de la subasta inversa se realizará el 13 de julio, proyectando la firma del contrato para el 16 de julio de 2026.
Con la financiación respaldada por los recursos propios del plan anual de adquisiciones de la presente vigencia, la compra garantizará el abastecimiento técnico para las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico y odontología. Entre los activos biomédicos figuran electrocardiógrafos de seis canales, desfibriladores externos automáticos (DEA), succionadores médicos de vacío, tensiómetros de pared y monitores de signos vitales con sistemas de alerta calibrados para la atención de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
El requerimiento técnico para el servicio odontológico contempla una unidad dental portátil, instrumental especializado y autoclaves para la esterilización digital. Asimismo, para el soporte de laboratorio se suministrarán centrífugas, baños serológicos en acero inoxidable, un analizador hematológico de 19 parámetros y un refrigerador vertical de 230 litros con control térmico digital para reactivos. La dotación general sumará camillas de examen de alta resistencia, básculas con tallímetro y carros de paro equipados con tablas de reanimación. El cumplimiento de las obligaciones contractuales estará respaldado por pólizas de garantía que cubrirán la calidad del servicio y el correcto funcionamiento de los bienes entregados.
En las últimas horas ha sido cargado al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), un proceso contractual cuyo fin es el suministro e instalación de materiales para el mejoramiento de la vía alterna en el sector El Estanquito, corredor que comunica a los municipios de Socha y Paz de Río. La inversión estimada para este proyecto de infraestructura vial asciende a la suma de 318.517.878 pesos. La intervención en este punto de la provincia de Valderrama tiene como propósito recuperar un tramo afectado por el avanzado deterioro de la calzada y corregir el diseño geométrico de una curva cerrada que actualmente dificulta el tránsito seguro y representa un riesgo constante de accidentalidad para los vehículos de carga pesada.
El cronograma oficial publicado en la plataforma establece que la fecha límite para la presentación de ofertas de las firmas de ingeniería interesadas vencerá el próximo 11 de junio de 2026 a las 10:00 de la mañana, procediendo a la apertura de los sobres de propuestas cinco minutos después. De acuerdo con las condiciones establecidas, la fecha para la firma del contrato quedó programada para el 22 de junio de 2026 a las 8:00 de la mañana, mientras que el inicio formal de la ejecución de las obras en terreno está pactado para el 23 de junio de 2026. Los trabajos tendrán una duración fija de dos meses, estipulando la terminación y cumplimiento total de las obligaciones contractuales para el 22 de agosto de 2026 a la medianoche. Los fondos económicos provienen del convenio interadministrativo número 3509 de 2025, suscrito con la Gobernación de Boyacá.
En lo relativo al componente constructivo y de ingeniería civil, las especificaciones del anexo técnico detallan que el proyecto iniciará con las obras preliminares de localización y replanteo para infraestructura vial (que no incluye comisión topográfica) sobre una extensión de 0,12 kilómetros. Posteriormente, las actividades de movimiento de tierras contemplan la excavación de cortes y canales sin clasificar en una cuantía de 1.057,48 metros cúbicos, sumado a las labores de perfilado y compactación de la subrasante en zonas de corte para un área de 992,55 metros cuadrados. Así mismo, el contratista deberá ejecutar la remoción de derrumbes en un volumen estimado de 250 metros cúbicos para despejar las áreas de influencia de la calzada principal.
Para la conformación de la nueva estructura del pavimento, los pliegos estipulan el suministro, transporte e instalación de 198,51 metros cúbicos de subbase granular y 148,88 metros cúbicos de base granular compactada. La capa de rodadura final se consolidará mediante la aplicación de 99,26 metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente. El componente de manejo de aguas y drenajes, considerado crítico para la estabilidad del sector, incluye la excavación en roca para estructuras en un volumen de 10 metros cúbicos, la demolición de estructuras de concreto existentes en 3,75 metros cúbicos y el retiro de tierra sobrante en una distancia de hasta un kilómetro para un total de 1.255,99 metros cúbicos.
El sistema de canalización se completará con la construcción de 115 metros lineales de cunetas de concreto fundidas en el sitio y la instalación de una tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas de diámetro en una longitud de 6,50 metros lineales, complementada con 4,68 metros cúbicos de concreto para el solado y las aletas de la estructura de entrega. El aseguramiento técnico del tramo vial finalizará con la aplicación de pintura termoplástica reflectiva para la demarcación horizontal de líneas de borde en una extensión de 0,23 kilómetros, asegurando la visibilidad nocturna y la señalización de tránsito adecuada para los transportadores de carbón y pasajeros que transitan diariamente entre Socha y Paz de Río.
La Gobernación de Boyacá formalizó la apertura del proceso de contratación pública con el propósito de escoger a la entidad privada sin ánimo de lucro que asumirá la organización, logística y ejecución de la versión número 53 del Festival Internacional de la Cultura Campesina para la vigencia 2026. El procedimiento competitivo, que se encuentra disponible en la plataforma digital Secop II bajo la referencia técnica PE-GB-007-2026, cuenta con un presupuesto oficial estimado de 6.000.000.000 de pesos, recursos económicos que serán aportados en su totalidad por la administración seccional. Las actividades de coordinación de este evento institucional tendrán como epicentro a Tunja, fijando como sede principal para las labores administrativas y el desarrollo de eventos al Palacio de Servicios Culturales, con una proyección de descentralización hacia los municipios del territorio boyacense que asigne la sectorial competente durante un plazo establecido de seis meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
El presupuesto fijado para esta convocatoria pública surge de un ajuste técnico formalizado ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública el 27 de mayo de 2026 por la Secretaría de Planeación, el cual modificó la estimación presupuestal inicial de 12.000.000.000 de pesos para consolidar el cierre financiero actual en 6.000.000.000 de pesos respaldados con recursos propios de libre inversión del departamento.
El pliego de condiciones definitivo desglosa las obligaciones operativas del contratista en cinco componentes técnicos esenciales que deben ejecutarse de manera integral. El primer ítem cuenta con una asignación promedio de 670.000.000 de pesos para el apoyo organizacional en sus fases preparatoria, de ejecución y postevento, exigiendo la vinculación de un comité de dirección para las áreas administrativas y la conformación de un equipo logístico de apoyo integrado por un mínimo de 15 personas con experiencia específica en el montaje de salas de artes, además del personal encargado de conformar los jurados calificadores de las convocatorias públicas para los artistas locales.
El segundo componente dispone de un rubro estimado en 2.300.000.000 de pesos dedicado en exclusiva a garantizar la participación de creadores, agrupaciones, colectivos, sabedores y portadores de tradición de carácter local, nacional e internacional. La ejecución de esta bolsa presupuestal debe asegurar la representatividad de todas las áreas artísticas en la parrilla de programación, abarcando expresiones de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, artes visuales, patrimonio, historia, narración oral, cuentería, circo, área audiovisual, cinematografía, artesanías, desfiles de carrozas, comparsas, procesos curatoriales y la gastronomía tradicional.
Para la producción técnica y el montaje de los escenarios, el tercer ítem contempla un rubro de 2.306.230.769 de pesos destinado a cubrir los sistemas de sonido, iluminación, pantallas, tarimas, techos, plantas eléctricas, consolas, estructuras de backline y parafernalia de los eventos centrales y descentralizados. Este ítem financia igualmente el suministro de carpas, vallas, hangares, silletería, la logística de estancia y alimentación para los artistas invitados, el personal especializado de bomberos, cruz roja y defensa civil, la producción del desfile inaugural, los eventos oficiales de lanzamiento en Bogotá y en un municipio asignado de Boyacá, y el pago legal de licencias de derechos de autor y propiedad intelectual. El cuarto componente agrupa un presupuesto de 493.000.000 de pesos para la promoción, el diseño del cartel oficial, la composición de la identidad sonora y de video, el marketing digital y las transmisiones por streaming, vinculando de manera directa a diseñadores gráficos, fotógrafos, realizadores audiovisuales y presentadores. Los costos indirectos para las labores de seguimiento, revisión técnica y verificación de las actividades del festival cierran el balance general con un estimado de 230.769.231 de pesos.
Las entidades privadas sin ánimo de lucro interesadas en participar en el proceso de selección competitiva deben cumplir de forma estricta con los requisitos habilitantes fijados por la Gobernación de Boyacá. En el aspecto jurídico, se exige acreditar la correspondencia del objeto social de la entidad con la organización artística, un certificado de existencia con una vigencia de constitución mínima de tres años, los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios actualizados de los representantes legales, el certificado de registro en el Sistema de Medidas Correctivas de la Policía Nacional y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, deben adjuntar el Registro Único Tributario, el certificado Sarlaft de prevención del riesgo de lavado de activos y la constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses.
En materia de experiencia, las organizaciones participantes tienen la obligación de certificar tres convenios previos celebrados y liquidados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto principal guarde relación directa con la divulgación de expresiones artísticas y cuya sumatoria económica acumulada sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la licitación, es decir, 6.000.000.000 de pesos. Financieramente, las bases del concurso exigen un capital de trabajo igual o mayor al 12% del presupuesto estimado, lo que equivale a la suma de 720.000.000 de pesos. El equipo humano misional mínimo exigido por la administración está compuesto por un coordinador de proyecto profesional en áreas de ciencias sociales con cinco años de experiencia en gerencia de entidades culturales sin ánimo de lucro, un contador público con tarjeta profesional vigente y tres años de experiencia en el sector, y un profesional en administración de empresas con tres años de trayectoria demostrada en firmas de carácter artístico.
La evaluación de las propuestas habilitadas se realizará bajo una matriz de ponderación que otorga un máximo de 100 puntos, distribuidos en cuatro factores de calificación técnica y objetiva. Se asignarán hasta 30 puntos por la acreditación de convenios específicos adicionales a la experiencia mínima exigida, y hasta 10 puntos por los años de experiencia extra que demuestre el coordinador del proyecto en el ejercicio de sus funciones. Los indicadores de eficiencia de la organización aportarán otros 10 puntos, aplicando una fórmula matemática que mide los gastos de implementación sobre los gastos totales de funcionamiento, requiriendo un índice superior a 0,5 para obtener la calificación. Los 50 puntos restantes se otorgarán a la entidad que plantee los mejores ofrecimientos adicionales en especie o cobertura para el fortalecimiento del festival, sin que esto implique una modificación de los costos operativos básicos. Si se presentan empates en el puntaje consolidado, la sectorial aplicará las reglas sucesivas de la Ley 2069 de 2020, priorizando los servicios nacionales, las nóminas con personal en condiciones de discapacidad comprobada, las mujeres cabeza de familia o las empresas con personería jurídica de beneficio e interés colectivo.
El cronograma fijado en el Secop II establece que el término límite para la recepción formal de ofertas y la correspondiente apertura de los sobres digitales vencerá el 10 de junio de 2026 a las 08:30 a.m. La publicación del informe de evaluación técnica y habilitación se realizará el 11 de junio, dando paso a una jornada de traslado para observaciones y aclaraciones que concluirá el 12 de junio. El informe definitivo junto con la sugerencia de aceptación de la oferta más favorable se emitirá el 16 de junio, permitiendo que la firma oficial del convenio de asociación se lleve a cabo el 17 de junio de 2026 a las 02:00 p.m. en el Despacho del Delegado para la Contratación de la Gobernación de Boyacá. El esquema financiero del contrato determina la entrega de un anticipo correspondiente al 50% del valor total tras la aprobación de las garantías y el acta de inicio, recursos que se manejarán en una cuenta bancaria exclusiva y que se amortizarán mediante actas parciales de ejecución hasta el 90% del presupuesto. El 10% restante se pagará contra el acta de liquidación final del certamen, bajo el control de una interventoría externa contratada para el seguimiento técnico y la supervisión directa de Sandra Mireya Becerra Quiroz, en su calidad de Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá.
#VillaDeLeyva #MedioAmbiente #Justicia
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐦𝐢𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐯𝐢́𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐛𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐲𝐯𝐚
La tranquilidad ambiental de la vereda Roble Alto, en el municipio de Villa de Leyva, se encuentra bajo un escenario de profunda incertidumbre debido a una serie de construcciones, movimientos de tierra y desvíos que estarían provocando daños críticos en la microcuenca de la quebrada Los Tintales.
El caso escaló formalmente a los estrados judiciales mediante una demanda de acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García ante los juzgados administrativos orales del circuito de Tunja. El recurso legal expone un conjunto de presuntas afectaciones ecológicas derivadas de la modificación del cauce natural y captaciones no autorizadas de agua, señalando que las intervenciones específicas sobre el cuerpo hídrico carecerían de los permisos ambientales requeridos, lo que compromete el equilibrio local y de la cuenca del Río Sutamarchán, repercutiendo negativamente sobre la seguridad de las comunidades rurales ribereñas.
Sin embargo, detrás de esta actuación judicial se esconde un complejo entramado de contradicciones documentales, interpretaciones de mapas oficiales y disputas de linderos entre vecinos que hace que las autoridades aún no tengan una última palabra en firme.
Los hechos bajo análisis técnico y judicial apuntan de forma directa al ciudadano Juan Eliécer Cortés Cárdenas, quien según el escrito de la demanda vendría ejecutando de manera autónoma, desde hace más de cinco años, trabajos de nivelación de terrenos, explanaciones y edificaciones dentro de un predio de su propiedad, ubicado en el sector de la Osada de la vereda Roble Alto, por donde transita el cuerpo hídrico.
La situación encendió las alarmas de los vecinos y de los defensores del medio ambiente ante la magnitud del daño acumulado y el riesgo latente de una degradación irreversible en una de las fuentes de agua catalogadas como activos estratégicos del ecosistema municipal. La demanda sostiene que el propietario alteró la forma natural de la cuenca al levantar un muro de contención junto a un canal artificial de piedra y cemento para reorientar las aguas hacia una antigua zanja de riego en predios de la ciudadana María del Amparo Reina Pinilla, provocando inundaciones recurrentes en la parte baja de la vereda durante las temporadas invernales de febrero, marzo y abril. Asimismo, se denuncia la afectación de nacimientos subterráneos y la adecuación de pozas artificiales revestidas en roca para extraer el líquido mediante mangueras hacia tres tanques de almacenamiento destinados al funcionamiento de un negocio de lavado de vehículos, todo esto presuntamente sin permisos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).
Frente a la gravedad de estos señalamientos, Juan Camilo Cortés, hijo del demandado y vocero de la familia, desmintió categóricamente las acusaciones en una entrevista telefónica realizada por este medio de comunicación, y aseguró que existe una distorsión de los hechos reales por parte de un grupo de vecinos.
El vocero familiar sostiene de manera enfática que jamás han modificado o desviado el cauce de la quebrada Los Tintales y que el muro de contención mencionado en el proceso ya existía en el predio desde antes de que su familia adquiriera la propiedad en el año 2001.
Según sus declaraciones, los registros fotográficos previos a cualquier obra demuestran la antigüedad de dicha estructura, por lo que niegan rotundamente haber tocado o alterado la fuente hídrica. Al respecto, Juan Camilo Cortés manifestó textualmente: “No, yo no le puedo responder ante un desvío porque nosotros jamás hemos hecho un desvío. Nosotros lo único que sabemos es que ese muro ya existía desde hace muchos años, desde antes de nosotros adquirir el predio. Nosotros lo adquirimos en el 2001 el predio. Existía el muro, ahí está el registro fotográfico de que el muro existía”.
Al contrario, el vocero familiar argumentó que la alteración del cauce fue provocada originalmente por el propietario del primer predio vecino. De acuerdo con la versión de Cortés, dicho colindante realizó maniobras para arrimar y pegar por completo el curso natural de la quebrada hacia el muro preexistente en la propiedad de los demandados, modificando una condición que históricamente no correspondía a la topografía de esa finca.
Esta primera gran contradicción abre los siguientes interrogantes técnicos dentro del proceso judicial: ¿Quién construyó realmente el muro y en qué año se alteró el flujo? Mientras que la demanda se apoya en un informe de Corpoboyacá del 8 de julio de 2025 que señala modificaciones antrópicas basándose en análisis cartográficos y de satélite del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la contraparte sostiene que estos estudios aéreos y de Google Earth carecen de la precisión de un examen de campo o un estudio geoeléctrico que determine por dónde pasaba el agua en el subsuelo. Al contrastar los documentos, queda abierta la duda de si los muros construidos recientemente en los predios de los vecinos colindantes son obras para defenderse de las inundaciones o si, como afirma Cortés, son zanjas y trancas nuevas que están alterando el cauce y afectando su propia finca. De igual manera, los análisis técnicos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Villa de Leyva, adoptado mediante el Acuerdo 021 de 2004, evidencian que el territorio cuenta con un suelo de alta vulnerabilidad a la erosión hídrica y al agrietamiento por correntías, lo que explica por qué cualquier variación física en el terreno genera inundaciones inmediatas en las partes bajas de las veredas rurales ribereñas.
Respecto a las supuestas obras civiles ilegales y movimientos de tierra reseñados en la acción popular, el vocero familiar aclaró que todos los trabajos adelantados en el predio han contado con las respectivas licencias aprobadas por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva.
El acervo de documentos confirma que el 27 de noviembre de 2018, mediante la Resolución número 136, la administración municipal concedió la Licencia de Construcción para el desarrollo de la estación de servicio automotriz en el predio catalogado como Zona Suburbana B. Asimismo, el 18 de julio de 2025, a través de la Resolución número 135, la jefatura de planeación otorgó un nuevo permiso urbanístico para las modalidades de cerramiento parcial, demolición parcial y ampliación de una vivienda bifamiliar de dos pisos.
Sobre esto, Cortés indicó de forma literal: “No, jamás se ha hecho un trabajo sin ninguna licencia. Todos han estado licenciados. En el 2019 se licenció la estación de servicio. Se hizo la estación de servicio. Pues sumercé sabe que si uno no tiene licencia para el funcionamiento de una estación de servicio no se podría dar. Se tiene la licencia, se ejecutó conforme a la licencia. En el 2025 se hizo la casa de mi papá con el propósito de que él tuviera una casa en primer piso porque pues ya por su edad no podía acceder al segundo piso que era el apartamento que se tenía acá en la estación. Entonces se hizo la casa, también se licenció, también está la licencia aprobada por la Secretaría de Planeación”.
Este punto de las licencias representa otro de los nudos ciegos más complejos del litigio, evidenciando una dualidad en las inspecciones técnicas gubernamentales ejecutadas a lo largo del presente año.
Por un lado, el Informe Técnico de Visita número 004, emitido por la Secretaría de Planeación el 3 de febrero de 2026, consignó que tras evaluar las quejas de la comunidad vecinal se detectó que las alturas de un muro perimetral superaban los niveles permitidos por la licencia urbanística, obligando a los propietarios a realizar adecuaciones correctivas inmediatas; no obstante, dicho reporte pericial aclaró que tras efectuar las mediciones métricas desde el borde del cuerpo de agua hasta el punto constructivo más cercano, el aislamiento registraba una longitud superior a los 9 metros exigidos por la ronda hídrica de la quebrada Los Tintales.
En contraste directo con esta aparente regularidad geográfica, el 14 de abril de 2026 la Inspección de Policía Segunda de Asuntos Urbanísticos y personal técnico ambiental efectuaron una sorpresiva inspección ocular en el sector de la estación de servicio Biomax, levantando un acta oficial en la cual se advierte explícitamente una "posible ocupación en cuerpo hídrico" y se constata la existencia de un muro de cerramiento construido de manera reciente que carecía de licencias específicas visibles. El documento policial determinó de forma preliminar que dichas obras de infraestructura estarían cambiando el cauce natural de la fuente hídrica, ordenando consecuentemente la aplicación de una medida preventiva de carácter ambiental para suspender actividades y exigir el restablecimiento inmediato del curso original de la quebrada con el fin de detener afectaciones futuras a los predios colindantes.
En cuanto a la acusación sobre el desvío del agua y las consecuentes inundaciones, Cortés argumentó que el cauce actual de la quebrada se encuentra exactamente sobre la ruta estipulada en los planos del Esquema de Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva, específicamente en el plano M21 aprobado por la propia autoridad ambiental, cuyo archivo cartográfico digital de cuencas hídricas ratifica la localización georreferenciada histórica del afluente.
Afirmó que el origen del conflicto no proviene de la comunidad en general, sino de unos vecinos específicos del costado izquierdo que pretenden desarrollar proyectos urbanísticos en sus propiedades y se ven limitados por el paso legal de la quebrada en sus terrenos. Aseguró que las escrituras públicas antiguas de esos predios, así como la Escritura Pública número 312 de noviembre de 1969 que detalla la tradición histórica del lote "La Osada" en favor de la familia Cortés; demuestran la existencia histórica de la servidumbre de la quebrada en dichos fincas. Asimismo, trajo a colación un Contrato de Anticresis suscrito en febrero del año 2006 entre Juan Eliécer Cortés y la ciudadana María del Amparo Reina Pinilla sobre el lote colindante "El Silencio", aduciendo que las familias vecinas han reconocido mutuamente por décadas la topografía y el tránsito del agua en la zona, acusando a los mismos denunciantes de haber construido muros recientes para trancar el agua, señalando que “si sumercé revisa las escrituras de cada uno de estos predios, dice tanto en las escrituras de los vecinos, dice que existe la servidumbre de la quebrada El Tintal como en un predio que nosotros tenemos después de los del predio de los vecinos, dice que también por ahí cruzaba la quebrada El Tintal. Entonces son escrituras de hace muchísimo tiempo las cuales no tienen cómo desmentirlas”.
El portavoz cuestionó además la temporalidad de las reclamaciones judiciales, señalando que las construcciones en su propiedad se iniciaron en el año 2019 y que en su momento se cumplió con los avisos legales a terceros sin recibir ninguna objeción por parte de los colindantes. Sostuvo que mientras los denunciantes tuvieron animales y cultivos en épocas pasadas, el paso de la fuente de agua les resultaba de utilidad para el riego y el consumo de ganado, pero que al suspender las actividades agropecuarias con fines de desarrollo inmobiliario, la presencia del recurso hídrico comenzó a ser percibida como un inconveniente del cual buscan deshacerse. Bajo este argumento, Cortés cuestionó que los vecinos pretendan manifestar afectaciones casi siete años después de iniciados los trabajos urbanísticos, sembrando dudas sobre los verdaderos motivos de la queja e insinuando que los propios demandantes han adecuado pozos artificiales y ejecutado desvíos de último momento que terminan perjudicando su predio.
Frente al almacenamiento de agua en pozas artificiales y el supuesto uso del líquido de la quebrada para un autolavado, el hijo del demandado ofreció una explicación técnica diferente. Indicó que en la parte alta de la finca se instalaron unos filtros debido a las condiciones de humedad del terreno y que las aguas lluvias y subterráneas recogidas por estos sistemas son las que alimentan un pozo artificial de su propiedad, ubicado a más de 20 metros de distancia de la quebrada. Aseguró que el líquido almacenado en los tres tanques cuestionados se destina exclusivamente al riego de más de 5.000 plantas que han sembrado como parte de un proceso de reforestación. Respecto al funcionamiento del establecimiento comercial, afirmó textualmente: “Nosotros sí tenemos un pozo artificial... En la parte de arriba de nuestro predio nosotros hicimos unos filtros porque esa parte de arriba es muy húmeda. Se hicieron unos filtros y todos esos filtros de todo lo que recoge esas aguas de esos filtros se mandaron a ese pozo artificial, y de ese pozo artificial llenamos esos tres tanques que ellos manifiestan para riego, pero para riego de nuestras matas. Nosotros hemos sembrado más de 5,000 matas... El negocio es un autolavado... No, de Esvilla. De eso nosotros. Tenemos una llave comercial la cual está aprobada por Esvilla y es para ese funcionamiento de ese autolavado”. Con esto aclaró que la actividad comercial se nutre de la red pública y no requiere de concesiones hídricas ante Corpoboyacá.
Esta es la tercera encrucijada del caso donde los datos técnicos chocan de frente. La demanda argumenta que la plataforma geoambiental de Corpoboyacá no registra ninguna resolución o concesión de aguas para el autolavado, sugiriendo que la acumulación en los tanques proviene de la sustracción ilegal de la quebrada. Sin embargo, la explicación de Cortés expone una realidad técnica diferente: si el negocio se nutre de una red de servicios públicos facturada por Esvilla con una llave comercial aprobada, legalmente no existe la obligación de tramitar una concesión de fuente natural ante Corpoboyacá, puesto que el suministro proviene de la empresa de acueducto urbana.
El misterio técnico que el juzgado debe dilucidar es si el pozo artificial de almacenamiento recopila de verdad aguas de infiltración de humedad de su propio lote (como argumenta la defensa mostrando un proceso de reforestación de miles de plantas) o si su cercanía de 20 metros genera una sustracción indirecta que seca el caudal ecológico y debilita los nacimientos subterráneos del humedal local. La respuesta a este vacío normativo se encuentra en el propio PBOT de 2004, el cual establece que aunque algunos microafluentes o redes de drenaje rural menores no figuren codificados en los planes globales de cuencas de la corporación autónoma regional, están protegidos localmente de manera automática bajo la figura de nacimientos, quedando restringida cualquier obra civil o excavación subterránea en su perímetro inmediato.
Finalmente, el vocero manifestó la total disposición de su familia para colaborar con los requerimientos de la justicia y concertar cualquier medida si así lo determinan los juzgados administrativos de Tunja. No obstante, criticó la falta de respuesta por parte de Corpoboyacá ante un documento de contestación oficial fechado el 10 de diciembre de 2025 por el Subdirector de Administración de Recursos Naturales, Diego Alfredo Roa Niño. En dicho oficio, la corporación autónoma acusa recibo del radicado número 29980 presentado por los demandados en octubre para objetar los informes preliminares basados en imágenes satelitales, informando que el expediente sería priorizado para su asignación jurídica durante el primer trimestre del año posterior. El caso continuará bajo la evaluación del juzgado correspondiente, el cual deberá confrontar los títulos de propiedad históricos, el expediente policial de abril de 2026, las licencias aportadas por la defensa y los peritajes científicos que determine el comité interdisciplinario de la Gobernación de Boyacá para esclarecer de manera definitiva la realidad ambiental de la quebrada Los Tintales.
Un total de 96 vacantes distribuidas en 59 empleos específicos se habilitarán en el departamento de Boyacá para ingresar a la carrera administrativa en el sector salud, dentro del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2. Las inscripciones para acceder a estas plazas laborales se realizarán formalmente durante los meses de junio y julio del presente año mediante el cargue digital de documentos en la plataforma del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).
La oferta de puestos públicos se concentra en instituciones asistenciales de la región, destacando a nivel local el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, cuya sede se encuentra en Tunja. De igual forma, la convocatoria nacional abarca vacantes en el Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, el Hospital San Francisco de Villa de Leyva, el Hospital Regional de Miraflores, el Centro de Salud de Sogamoso y los centros de atención médica de los municipios de Sáchica, Togüí, Tutazá y la institución Manuel Alberto Fonseca de Sotaquirá. De la totalidad de los cargos reportados para el territorio boyacense, 87 plazas se dispondrán para la categoría general y 9 empleos se reservarán de forma exclusiva para personas que acrediten condiciones de discapacidad.
El ingreso a las vacantes de los niveles asistencial, técnico y profesional requerirá la superación previa de una prueba escrita de competencias funcionales basada en el modelo de juicios situacionales, donde se exigirá un puntaje mínimo eliminatorio de 65 puntos sobre 100. Los costos fijados para la adquisición de los derechos de participación se establecieron en 58.400 pesos para los niveles técnico y asistencial, y en 87.550 pesos para los niveles profesional y asesor. La población con discapacidad que aplique a los empleos reservados estará exenta de dicho pago, siempre que adjunte el certificado médico correspondiente regulado por el Ministerio de Salud. Las pruebas escritas se aplicarán de manera simultánea en las ciudades capitales del país, fijando a Tunja como el escenario de presentación para los aspirantes de la región, previo a la conformación de las listas de elegibles que tendrán una vigencia legal de dos años.
El porcentaje de hogares en el departamento de Boyacá que experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave se situó en el 16,4% en 2025, lo que representaría una reducción de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, cuando el indicador oficial había alcanzado el 18,6% de la población. Los datos, consignados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), señalan una tendencia a la baja en el acceso a los alimentos en la región luego de las cifras registradas durante 2024.
En lo referente a la inseguridad alimentaria grave, que corresponde a las situaciones de mayor vulnerabilidad y privación severa de alimentos, la entidad reportó una tasa del 1,1% en 2025. Al contrastar este resultado con el 2,3% del año 2024, las mediciones estatales muestran una disminución de 1,2 puntos porcentuales. La entidad califica esta variación en el territorio boyacense como un cambio estadísticamente significativo, un criterio metodológico que, bajo los parámetros de la institución, validaría el resultado de la muestra frente a posibles variaciones fortuitas en la recolección de los datos, ubicando así a Boyacá entre las zonas con balances positivos.
A nivel nacional, el comportamiento de la seguridad alimentaria también experimentó un descenso en los registros oficiales durante 2025. A nivel global, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en personas disminuyó, según los balances de la entidad, al pasar del 27,6% en 2024 al 22,8% en 2025, lo que equivaldría a una reducción de 5,2 puntos porcentuales, permitiendo que 2,3 millones de personas salieran de esta condición en todo el país. En cuanto a la inseguridad grave a nivel nacional, la tasa bajó del 5,0% al 3,4% en el mismo periodo de muestreo.
A pesar de las mejoras que exponen los resultados institucionales para el país y para el departamento de Boyacá, los consolidados del DANE siguen mostrando marcadas asimetrías entre las distintas regiones de Colombia. Mientras los datos ubican a departamentos como San Andrés y Cundinamarca liderando las reducciones de la problemática, zonas del norte y el occidente del país, como Chocó y La Guajira, continuaron registrando los índices más elevados de desabastecimiento y vulnerabilidad alimentaria en sus hogares.
𝐑𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨́𝐬𝐞𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐟𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐨 𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐍𝐨𝐛𝐬𝐚
Los habitantes del departamento de Boyacá y la comunidad académica de Colombia ya pueden conocer una nueva muestra paleontológica permanente que expone las estructuras óseas de un elefante prehistórico y un venado antiguo que habitaron el territorio nacional hace miles de años. Las piezas, que datan de un periodo estimado de entre 10.000 y 15.000 años, corresponden al primer registro documentado de un mastodonte de esta especie en la provincia de Sugamuxi y regresaron a la región tras permanecer almacenadas en depósitos industriales y fuera del alcance del público durante más de cuatro décadas. El montaje se encuentra disponible de forma indefinida en las salas del Museo Siderúrgico de Colombia, ubicado en el sector industrial de Belencito, en jurisdicción del municipio de Nobsa.
El conjunto de fósiles pertenece técnicamente a un notiomastodonte, un gran mamífero prehistórico considerado uno de los ancestros directos de los elefantes modernos en su proceso de migración desde el norte hacia el sur del continente americano. Las estructuras recuperadas corresponden específicamente a segmentos de la columna cervical y a varias costillas del espécimen. Junto a estos restos se exponen doce fragmentos óseos que conforman la cornamenta de un cérvido, un ejemplar antiguo de venado que habitó el mismo entorno geográfico y cuyo rango temporal coincide con el del mastodonte.
La historia del descubrimiento de este patrimonio de interés para la nación se remonta al siglo pasado, cuando se adelantaban los trabajos de excavación para la infraestructura de la empresa Cementos Escoria. Durante la cimentación de la gran torre del horno de calcinación, a una profundidad superior a los ocho metros, los operarios hallaron las osamentas. En su momento, los restos se remitieron al Museo Nacional de Colombia para las labores iniciales de caracterización técnica. Posteriormente, hacia el año 1982, las piezas se trasladaron a las bodegas del departamento de Geología de la empresa Acerías Paz del Río, lugar donde quedaron resguardadas y del cual se perdió el rastro posterior para la comunidad general.
Según los datos compartidos por el investigador Diego García Barrera, los restos arqueológicos se localizaron nuevamente hace un par de años por parte de miembros vinculados al proceso. A partir de ese momento se reportó el hallazgo ante el Servicio Geológico Colombiano con el fin de dar cuenta de la existencia de estas piezas en la región y asegurar su regularización institucional, un trámite que formaliza la protección legal de los fósiles.
Los análisis de los especímenes indican que estos animales poblaron el actual territorio boyacense al concluir la época de la última glaciación. Debido a que el entorno climático de la transición posglacial se tornó más agreste y fuerte, estas especies desarrollaron características físicas adaptativas como la ausencia de pelo, lo que marca una diferencia evolutiva frente a otros parientes contemporáneos de zonas frías como el mamut. Con la finalización del inventario de las piezas, la colección prehistórica se mantendrá abierta al público general para la observación de la ciudadanía y el estudio técnico de la comunidad científica del país.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia contra el médico especialista Juan Manuel Herrera Arbeláez, tras ser imputado por el delito de estafa en masa agravada. El procesado es señalado de haber captado ilegalmente más de 2.276 millones de pesos mediante la promoción de un complejo médico en el municipio de Saboyá que nunca se construyó.
De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Seccional Boyacá, Herrera Arbeláez comenzó a publicitar el proyecto en el año 2012, comprometiéndose a entregar la obra finalizada en 2016. Para atraer a los compradores e inversionistas, el implicado utilizó su reconocimiento profesional, recurrió a diversos medios de comunicación y afirmó que la iniciativa contaba con el respaldo de millonarias donaciones económicas procedentes del exterior.
La propuesta consistía en la edificación de un centro de salud que albergaría 40 consultorios destinados a la atención de la comunidad y a la generación de empleo en esta zona del departamento. Bajo esta premisa, el especialista logró comercializar la totalidad de los espacios ofertados, fijando un valor de 70 millones de pesos por cada consultorio.
La Fiscalía General de la Nación estableció que el plan de negocio incluyó a cerca de 1.100 ciudadanos, quienes efectuaron aportes individuales de 2 millones de pesos. Los inversionistas realizaron dichos pagos bajo la promesa de que recibirían beneficios especiales en la posterior prestación de los servicios médicos del complejo.
A pesar del dinero recaudado a través de estas maniobras, la infraestructura hospitalaria jamás se ejecutó y los recursos habrían sido apropiados de forma ilícita por el hoy imputado. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó el cargo imputado por el ente acusador. Su situación jurídica se resolverá bajo los preceptos constitucionales y legales de la presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal.
#Ventaquemada #Cultura #Nación
𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐢𝐝 𝐒𝐨𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬𝐨 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐲 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐫𝐞𝐩𝐚
Autoridades, productores, campesinos y comerciantes del municipio de Ventaquemada enviaron una carta abierta a la representante a la Cámara por Boyacá, Ingrid Sogamoso, para manifestar su inconformidad y preocupación ante el proyecto de ley que lidera la congresista. La iniciativa, que busca declarar la arepa como patrimonio cultural inmaterial de la Nación y ya surtió su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, otorga un reconocimiento especial únicamente al municipio de Ramiriquí, excluyendo formalmente a Ventaquemada.
Para la comunidad ventaquemense, este tradicional alimento representa uno de los principales renglones económicos, culturales y turísticos de su territorio. Según exponen en el documento, durante décadas la producción de arepas ha sido un símbolo de identidad y el sustento diario de miles de familias, entre hombres, mujeres y jóvenes, que laboran desde tempranas horas de la mañana para abastecer un mercado que hoy goza de reconocimiento local, nacional e internacional. El gremio enfatiza que detrás de cada producto comercializado existe un enorme esfuerzo humano y una herencia gastronómica viva que dinamiza de forma directa el desarrollo de la región.
El impacto del sector se refleja en una infraestructura comercial sólida que cuenta con más de 200 establecimientos registrados, entre los que se agrupan paradores, restaurantes y fábricas especializadas. Estas unidades productivas generan entre 10 y 15 empleos por turno de trabajo, a lo que se suma la operación de grandes industrias locales cuyas nóminas superan los 30 trabajadores formales. Asimismo, la cadena genera una dinámica económica indirecta que beneficia a los productores agrícolas locales mediante el suministro de materias primas esenciales para la preparación del alimento.
A nivel de representatividad cultural, los firmantes recordaron que Ventaquemada organiza desde hace más de 11 años de forma ininterrumpida el Festival de la Arepa durante el mes de octubre, un evento que congrega a miles de visitantes y exalta la tradición culinaria del municipio. De igual manera, destacaron que la localidad ostenta un reconocimiento internacional avalado por la organización Guinness World Records tras haber elaborado la arepa más grande del mundo, un hito que consideran el reflejo de la capacidad organizativa y el arraigo cultural de sus habitantes en torno a este producto.
Los líderes de la iniciativa, entre quienes se encuentran el alcalde Óscar Camilo Montañez Bohórquez y el director del Instituto de Cultura y Turismo, Óscar Javier Buitrago Umbarilla, calificaron de "regresivo" y "preocupante" el hecho de que la formulación legislativa actual desconozca estos antecedentes históricos y económicos. Expresaron que la comunidad se siente frustrada y relegada dentro de una propuesta que, por su naturaleza, debería integrar a los distintos territorios que han mantenido vigente la tradición gastronómica en Boyacá.
Ante este escenario, la administración municipal y los representantes de la cadena productiva solicitaron formalmente a la representante Íngrid Sogamoso la estructuración de una mesa de trabajo amplia, participativa y concertada. El propósito de la solicitud es permitir que los comerciantes, productores y empresarios expongan sus argumentos técnicos e históricos, con el fin de corregir lo que consideran una exclusión injusta y garantizar que la discusión nacional en el Congreso de la República incorpore la visión de todos los actores del departamento.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐚́𝐬 𝐕𝐚́𝐬𝐪𝐮𝐞𝐳 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una demanda de acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del municipio de Paipa, la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Educación departamental, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. El medio de control judicial busca la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el espacio público, la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso eficiente a los servicios públicos en la institución educativa.
La decisión fue adoptada por el Despacho 6 de la corporación judicial, bajo la ponencia de la magistrada María del Tránsito Higuera Guío. El tribunal asumió el conocimiento del caso en primera instancia debido a que entre las entidades demandadas se encuentra el Ministerio de Educación Nacional, un organismo del orden central de la rama ejecutiva. De igual forma, el despacho consideró cumplidos los requisitos de procedibilidad, tras constatar que el accionante presentó una reclamación previa el 22 de septiembre de 2023, la cual recibió respuesta por parte de las autoridades implicadas sin que se solucionara la problemática planteada.
La demanda admitida cuestiona formalmente la gestión e inversión en el Colegio Tomás Vásquez Rodríguez de Paipa. El recurso judicial argumenta la vulneración de derechos colectivos debido a la falta de previsión de daños técnicos, deficiencias en la realización de construcciones urbanas de forma ordenada y la afectación a la calidad de vida de la comunidad académica. A través de este mecanismo, se persigue garantizar la asignación y entrega de los recursos presupuestales necesarios para el normal funcionamiento del plantel, especialmente ante situaciones de embargos y bloqueos de cuentas bancarias derivados de procesos ejecutivos vigentes en contra de la institución.
La producción industrial de Boyacá presentó una reducción del 1,0 % durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026 en comparación con el mismo trimestre del año anterior, una tendencia opuesta a la media nacional, que registró un crecimiento del 1,6 % en su producción real según los últimos datos provisionales de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
De acuerdo con el reporte oficial del organismo estadístico, el comportamiento del sector fabril en el departamento muestra un rezago frente al consolidado de todo el país. Mientras la producción real en el territorio boyacense cayó un 1,0 %, las ventas reales en la región experimentaron un incremento del 1,8 %. Sin embargo, este aumento en las dinámicas de comercialización no se tradujo en una mayor generación de empleo para el departamento, pues el personal ocupado por la industria en Boyacá sufrió una disminución del 2,9 % en el año corrido hasta marzo.
Al analizar un marco temporal más amplio, que comprende el comportamiento acumulado de los últimos doce meses (desde abril de 2025 hasta marzo de 2026), la tendencia a la baja en la producción industrial del departamento se acentúa, alcanzando una caída del 3,4 %. Este indicador también contrasta con los resultados de la industria a nivel de toda Colombia, donde se evidenció un crecimiento del 1,8 % en el mismo lapso de doce meses.
En el panorama general por departamentos durante el primer trimestre del año, Boyacá se ubicó en el grupo de regiones con variaciones negativas en su producción fabril, junto a territorios como Tolima, que registró una caída del 6,7 %, Cauca con un descenso del 3,3 %, Atlántico con una baja del 2,3 %, Bolívar con una disminución del 1,5 % y Córdoba, que registró una contracción del 10,1 %. En contraste, los departamentos que jalonaron el crecimiento industrial del país en los primeros tres meses de 2026 fueron Santander con un aumento del 10,5 %, Cundinamarca con un 5,1 % y Caldas con un 4,8 %.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐔́𝐦𝐛𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐮𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos instaurado contra el municipio de Úmbita. La acción judicial fue interpuesta por María Alejandra Hernández Vanegas, en su condición de personera municipal, debido a las constantes fallas en el sistema de iluminación del casco urbano que afectan la seguridad de los habitantes. Sin embargo, el despacho judicial negó las medidas cautelares solicitadas de forma provisional.
De acuerdo con el expediente, múltiples luminarias de la infraestructura urbana dejaron de funcionar desde los primeros días de febrero de 2024. Esta situación generó extensas zonas de oscuridad en el municipio, lo cual derivó en quejas ciudadanas. Entre los antecedentes reportados, se conoció el requerimiento de una habitante ante la Personería en marzo de 2025, quien advirtió que la falta de luz en la vía de salida hacia Villapinzón facilitó la ocurrencia de dos hurtos a la comunidad.
La Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desempeño Institucional de Úmbita había respondido previamente a la Personería que la situación intentó atenderse mediante el Contrato No. 121 de 2023, enfocado en la modernización y ampliación del alumbrado. No obstante, el informe técnico de esa misma dependencia constató el no funcionamiento de más de 73 luminarias en el sector urbano. Ante el reclamo formal presentado por la personera el pasado 19 de marzo de 2026, la administración municipal no emitió respuesta ni adelantó acciones correctivas.
La demanda busca que la Alcaldía adopte medidas administrativas y financieras para normalizar el servicio y que se suspenda el cobro del impuesto de alumbrado público a los usuarios mientras persistan las deficiencias. Al evaluar los requisitos formales y de procedibilidad, la jueza Deyna Johana Beltrán González concluyó que la acción popular cumple con las exigencias legales.
Respecto a las medidas cautelares solicitadas, que incluían la instalación urgente de reflectores provisionales y el alivio económico en las facturas, el juzgado determinó denegarlas en esta etapa procesal. El despacho argumentó que no se acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable definitivo ni se identificaron con exactitud los índices de delincuencia o accidentes directamente relacionados con la falta de luz, aspectos que deberán analizarse durante el debate probatorio.
Tras la notificación por estado efectuada el 15 de mayo de 2026, el municipio de Úmbita cuenta con un término de diez días para contestar la demanda y solicitar las pruebas que considere pertinentes.
𝐅𝐮𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
La planta de la siderúrgica Diaco S.A., ubicada en el departamento de Boyacá, será el escenario el próximo martes 19 de mayo para el proceso de fundición de 20.563 armas incautadas que fueron entregadas por el Comando General de las Fuerzas Militares. El procedimiento técnico proyecta procesar entre 40 y 45 toneladas de armamento con el objetivo de transformar dicho material en acero destinado al fortalecimiento institucional y al desarrollo industrial del país, según informaron las fuentes oficiales.
La actividad se desarrollará en las instalaciones de la compañía, la cual cuenta con una capacidad operativa para procesar hasta 300 mil toneladas de chatarra al año. De acuerdo con las especificaciones del proceso, la destrucción del material bélico se ejecutará bajo protocolos técnicos, ambientales y de seguridad que buscan asegurar la eliminación total e irreversible del armamento, permitiendo su posterior reincorporación a la cadena productiva nacional mediante dinámicas de economía circular.
Al evento asistirán diversas autoridades y directivos para verificar el desarrollo de la jornada. Entre los confirmados se encuentran el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Almirante Harry Ernesto Reyna Niño, junto a altos mandos de la institución armada. Asimismo, participará el alcalde del municipio de Tuta, Wilber Jaime Salamanca Pineda, el director país de Diaco, Mauro de Castro, funcionarios de la empresa siderúrgica y voceros institucionales, quienes detallarán los alcances de la cooperación y el impacto técnico de la reconversión de este material en el territorio boyacense.
#VillaDeLeyva #Justicia #Boyacá
“𝐍𝐨 𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐚𝐫 𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨”: 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐛𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐭𝐨𝐦𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐢́𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐨𝐚
La directora general de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), Yeimy Liseth Echeverría Reyes, rechazó de forma contundente las afirmaciones contenidas en una serie de audios que circulan en medios de comunicación y redes sociales, los cuales vinculan a la entidad con presuntos acuerdos para archivar un proceso sancionatorio ambiental en el municipio de Villa de Leyva. La funcionaria aclaró que la investigación en contra de la sociedad comercial Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. continúa activa y bajo el marco legal, en momentos en que el mandatario de dicha localidad, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, afronta un proceso penal por estos hechos.
El pronunciamiento de la máxima autoridad ambiental del departamento se dio tras la difusión de grabaciones que forman parte del acervo probatorio por el cual el CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó al alcalde Gamboa el pasado 7 de mayo en la plaza principal de Villa de Leyva. Al mandatario local se le imputan los delitos de concusión y prevaricato por acción, bajo la hipótesis de que habría solicitado una coima correspondiente al 20% del valor de una licencia de urbanismo, equivalente a cerca de 480 millones de pesos, a la representante legal de la constructora, responsable del predio San Cayetano, a cambio de facilitar trámites y gestionar el archivo de las actuaciones sancionatorias ante la corporación autónoma.
"No es cierto que dicho funcionario se hubiera reunido conmigo con el propósito de archivar el proceso sancionatorio ambiental que se tramita en contra de la sociedad comercial Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.", manifestó la directora general, enfatizando que desde su posesión el 1 de febrero de 2024 ha desempeñado sus funciones con total rigor, autonomía e independencia. Asimismo, la funcionaria desvirtuó cualquier tipo de injerencia externa en las decisiones del organismo, señalando puntualmente la ausencia de directrices por parte de la Gobernación de Boyacá sobre este caso particular.
De acuerdo con la información técnica y jurídica suministrada por la entidad, el proceso sancionatorio ambiental bajo el radicado OOCQ-00086-24 se encuentra plenamente activo. Este requerimiento formal fue iniciado durante la actual administración mediante la Resolución 2941 del 15 de noviembre de 2024, motivado por presuntas afectaciones e irregularidades ambientales en el desarrollo de la obra, la cual pasó de contar con una licencia autorizada para 552 metros cuadrados a edificar una estructura que superaría los 5.000 metros cuadrados.
El avance de las actuaciones institucionales sumó un nuevo requerimiento el pasado 24 de abril de 2026, fecha en la cual Corpoboyacá, a través de la Resolución 1297, formuló cargos formales en contra de la empresa constructora por la presunta vulneración de varias disposiciones de carácter ambiental en el departamento. Con esto, la dirección de la entidad busca demostrar que el expediente no ha sufrido parálisis ni desvíos institucionales a favor de terceros.
"Reitero que no ha existido reunión, desayuno o encuentro alguno con ningún funcionario para tratar asuntos relacionados con el archivo de procesos contra la sociedad comercial mencionada", sostuvo Echeverría Reyes en el documento, reafirmando que el trámite legal sigue su curso ordinario en cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia.
Mientras la funcionaria defiende la regularidad de los procesos de la corporación autónoma, el alcalde Víctor Gamboa permanece privado de la libertad en Bogotá a la espera de que se reanude, el próximo 20 de mayo, la audiencia concentrada donde se definirá la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario elevada por la Fiscalía, la cual argumenta un presunto riesgo de obstrucción a la justicia. El mandatario no aceptó los cargos imputados y se declaró inocente durante las primeras diligencias. Paralelamente, la administración municipal de Villa de Leyva permanece bajo el encargo temporal del secretario de Gobierno, Nicolás Méndez Figueroa, desde el pasado 8 de mayo.
#Moniquirá #Educación #Boyacá 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́ 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
El proyecto para la construcción de una nueva sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Moniquirá avanzó este viernes, luego de la aprobación en primer debate de la iniciativa que autoriza la cesión gratuita de un lote de 10.000 metros cuadrados del departamento a favor de la institución educativa. La decisión unánime de la Comisión del Plan faculta al mandatario departamental para realizar la transferencia jurídica del suelo, el cual se segregará de un predio de mayor extensión que pertenece a la administración departamental.
La universidad pública, cuya sede principal y núcleo administrativo operan en Tunja, recibiría la propiedad de este terreno una vez se completen los debates reglamentarios en la plenaria y se proceda con la firma del acto administrativo correspondiente. Este trámite busca otorgar la propiedad definitiva a la institución de educación superior sobre el predio que inicialmente había sido entregado bajo la figura de comodato por un plazo de cinco años el pasado mes de diciembre de 2025, permitiendo así la titularidad legal requerida para el desarrollo de obras civiles permanentes.
De acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas en el texto oficial del proyecto de ordenanza 016 de 2026, el terreno global del departamento cuenta con una superficie total de 66.315 metros cuadrados. El procedimiento legal establece que la fracción de 10.000 metros cuadrados se desenglobará de forma definitiva con destino exclusivo al desarrollo de la infraestructura universitaria en esa localidad. Por su parte, el área restante del predio, que equivale a 56.315 metros cuadrados, continuará bajo la titularidad y el patrimonio de la administración de Boyacá.
El bien inmueble afectado es una parte de la propiedad de mayor extensión conocida como Villa Sofía, ubicada en la carrera 9 número 10-232 de Moniquirá, identificada con la matrícula inmobiliaria número 083-2236 y la cédula catastral 154690100000000420001000000000. El avalúo catastral del globo de terreno fue estimado para el año 2025 en 7.647.371.000 pesos colombianos. La iniciativa fue radicada el pasado 7 de mayo por el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la secretaria general del departamento, Karenth Julieth Ramírez Rodríguez, sustentada en los estudios previos que determinaron que el inmueble no estaba asignado a servicios directos de la entidad territorial, justificando su enajenación para fines de educación superior acordados con el Ministerio de Educación.
Según el cronograma técnico estructurado por la UPTC para el desarrollo de este espacio académico en la provincia de Ricaurte, la universidad proyecta el inicio de sus operaciones en dicho terreno mediante la implementación de aulas modulares durante el transcurso del año 2026, para posteriormente avanzar con las fases de edificación convencional programadas para ejecutarse durante las vigencias fiscales de 2027 y 2028.
De surtirse los trámites restantes, correspondientes a la aprobación en la plenaria de la Asamblea y la posterior sanción del Gobernador, la nueva sede fortalecería la presencia regional de la universidad pública más importante del departamento, que actualmente tiene sedes en Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá y Soatá, ampliando el acceso a la educación superior pública en las provincias boyacenses.
El cese de operaciones de pequeñas unidades mineras en las provincias de Centro, Norte y Sugamuxi ha provocado la pérdida de puestos de trabajo para miles de mineros que dependían de la extracción de carbón térmico en el departamento. Mauricio Sarmiento, gerente de la Cooperativa Integral Carbonífera Boyacense (Coincarboy), informó que la baja demanda del mineral para la generación de energía eléctrica es el factor principal en la parálisis de la producción, lo que incide directamente en los ingresos de los hogares vinculados a esta actividad en la región.
La situación del sector minero en Boyacá registra una disminución en sus capacidades operativas tras confirmarse que más de la mitad de las pequeñas minas de carbón han suspendido sus actividades. Según el reporte entregado por Coincarboy, las unidades productivas en las zonas de mayor tradición minera han reducido sus labores al mínimo o clausurado definitivamente sus puntos de extracción. Un propietario que anteriormente gestionaba hasta cuatro unidades mineras, actualmente mantiene solo una en funcionamiento, lo que describe la escala de la contracción en la dinámica laboral del sector.
En declaraciones para Caracol Radio, Sarmiento explicó que este fenómeno responde a una reducción en la compra de carbón térmico para las plantas de generación termoeléctrica. Esta disminución en la comercialización ha impedido que las pequeñas empresas mineras mantengan sus estructuras de costos y el pago de nóminas, resultando en el despido de personal. El dirigente gremial señaló que la coyuntura ha conllevado al cierre de la mayoría de sus unidades productivas y ha obligado a prescindir de los servicios de sus empleados.
El impacto de estos cierres se localiza principalmente en la provincia de Sugamuxi y en los municipios del norte de Boyacá, territorios donde la minería es un eje de la economía. Cada unidad productiva generaba empleo directo para un promedio de entre cinco y siete trabajadores, quienes representan el soporte económico de familias integradas por cuatro o cinco personas. Al proyectar estos cierres sobre el total de las unidades afectadas, el número de personas que han quedado sin empleo formal se cuenta por miles, lo que ha derivado en el desplazamiento de trabajadores hacia actividades informales.
Por otra parte, la representación gremial manifestó su preocupación ante el posible inicio del fenómeno del niño, evento climático que suele requerir un incremento en la generación de energía térmica a nivel nacional. El gerente de Coincarboy cuestionó las condiciones en las que el sector podría responder a un aumento en la demanda del mineral, dado que la mayoría de las minas se encuentran cerradas y sin capacidad de reacción inmediata para el suministro.
Los pequeños mineros del departamento elevaron un llamado al gobierno nacional para que se revisen las condiciones comerciales y operativas actuales. Solicitaron la creación de garantías que faciliten la exportación del carbón y el establecimiento de medidas que permitan la sostenibilidad de las pequeñas empresas, con el fin de detener el cierre de unidades y mitigar el impacto en la estabilidad de los municipios carboníferos de Boyacá.
𝐕𝐞𝐨𝐥𝐢𝐚 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢𝐫𝐚́ 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐢́𝐚
Habitantes del sector San José del Gacal, autoridades de Ventaquemada y representantes de la empresa Veolia establecieron una hoja de ruta técnica para recuperar la movilidad en la vía rural que comunica a esta zona con la capital boyacense. El acuerdo, logrado tras tres mesas de diálogo, surge como respuesta a la pérdida de la banca ocasionada por la ruptura de una tubería de transporte de agua proveniente del Embalse de Teatinos. Los compromisos incluyen la ejecución de obras de ingeniería civil y la reubicación de la red hidráulica para garantizar la seguridad en el tránsito de vehículos livianos a mediano plazo.
Los trabajos programados contemplan la estabilización del terreno mediante la instalación de pilotes y láminas diseñadas para sostener el talud afectado. De igual manera, se determinó la necesidad de profundizar y reubicar aproximadamente 300 metros de tubería que actualmente se encuentran en la superficie, factor que la comunidad señaló como un riesgo recurrente para la estabilidad del corredor. Según el cronograma pactado, la empresa prestadora del servicio asumirá la financiación de estas intervenciones con recursos propios, planteando una solución técnica que permita restablecer la conectividad para los campesinos y residentes del sector.
En el marco de la reunión, en la que participaron la administración municipal, la Personería y delegados de Gestión del Riesgo departamental, se fijó un plazo de 30 días para la radicación del proyecto formal ante la Oficina de Planeación de Ventaquemada. Este documento deberá contener el detalle de las obras requeridas para la recuperación definitiva de la vía. Durante el encuentro, la Alcaldía manifestó su preocupación sobre la viabilidad de mantener la tubería en el mismo eje de la emergencia, por lo que la aprobación de los diseños estará sujeta a una revisión técnica exhaustiva para evitar nuevos hundimientos.
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de lo acordado, se determinó la creación de un comité comunitario de seguimiento. Este grupo, integrado por líderes de la Junta de Acción Comunal de San José del Gacal y vecinos del sector, tendrá la función de supervisar el avance de las obras y el cumplimiento de los tiempos establecidos. Por su parte, los organismos de socorro y las autoridades municipales mantendrán el monitoreo sobre el área afectada para mitigar riesgos adicionales mientras se inician las labores de ingeniería civil pactadas en la mesa de concertación.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐛𝐚-𝐆𝐮𝐚𝐜𝐚𝐦𝐚𝐲𝐚𝐬
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama ordenó la apertura de un incidente de desacato contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, debido al presunto incumplimiento de una medida cautelar decretada en el marco de una acción popular. La decisión judicial surge tras constatar que la administración departamental no habría ejecutado las acciones de mitigación del riesgo ordenadas sobre el tramo vial que comunica a los municipios de Panqueba y Guacamayas, específicamente en el punto donde cruza la quebrada El Obraje.
La acción popular que originó este proceso jurídico busca que el departamento de Boyacá realice los estudios técnicos necesarios y la posterior construcción de un puente vehicular y peatonal que cumpla con la normativa técnica vigente. Ante el riesgo identificado en la zona, la justicia administrativa había dispuesto una serie de medidas preventivas de carácter inmediato que, según el despacho, no han sido atendidas de manera efectiva por el mandatario departamental.
Dentro de las obligaciones impuestas al gobierno regional se encontraba la ejecución de un retiro controlado de material suelto y la limpieza constante de rocas y sedimentos que se acumulan sobre la calzada, dificultando el tránsito de los habitantes de la provincia de Gutiérrez. Asimismo, la medida cautelar exigía la canalización provisional de aguas y la estabilización temporal de los taludes colindantes para prevenir deslizamientos que pudieran afectar la integridad física de los usuarios de la vía.
La orden judicial también contemplaba la implementación de muros de contención y la instalación de señalización preventiva en el sector de la quebrada El Obraje. Sumado a las obras físicas, el Gobernador estaba obligado a garantizar la realización de rondas de inspección visual semanales para monitorear el estado del terreno y el comportamiento del cauce del agua, actividades que el juzgado considera omitidas conforme al expediente del incidente de desacato.
Con el inicio de este trámite procesal, la justicia administrativa evaluará la responsabilidad del gobernador Carlos Amaya frente a la desatención de las órdenes judiciales emitidas para proteger los derechos colectivos a la seguridad, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el acceso a una infraestructura vial adecuada. De confirmarse el incumplimiento, el mandatario podría enfrentarse a sanciones que van desde multas económicas hasta el arresto, conforme a lo establecido en la normativa que regula las acciones populares.
𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
La mesa de concertación departamental alcanzó un acuerdo inicial respecto a la posible financiación y el alcance técnico que tendría la implementación de un auxilio económico para el transporte de estudiantes de educación superior. Durante el tercer encuentro de diálogo desarrollado en Sogamoso, representantes de las organizaciones juveniles y delegados institucionales proyectaron la destinación de 3.000 millones de pesos, los cuales se utilizarían para subsidiar los desplazamientos de los jóvenes hacia las sedes universitarias en el departamento.
Este esquema de apoyo permitiría otorgar un beneficio financiero anual de aproximadamente 600 mil pesos a un grupo preliminar de 5.000 universitarios, supeditado a la reglamentación final del programa. Según lo discutido en la mesa técnica, el incentivo se enfocaría en estudiantes que se encuentren debidamente registrados en las categorías A, B y C del Sisbén. La reactivación de estas conversaciones se dio tras una reciente manifestación pacífica en la Terminal de Transporte de Tunja, donde los estudiantes solicitaron alternativas institucionales ante el costo de los pasajes intermunicipales.
Dentro de los puntos acordados para la futura operación del subsidio, los voceros estudiantiles informaron sobre la eliminación de restricciones que se consideraban barreras de acceso, tales como el límite de edad y la exigencia de promedios académicos mínimos.
A pesar de la asignación del rubro presupuestal, la representación estudiantil advirtió que la integración efectiva de las empresas de transporte en el proceso de diálogo sigue siendo un reto. Mientras los líderes juveniles señalan una baja participación de los transportadores en las mesas, voceros de la Gobernación de Boyacá sostienen que las convocatorias se han realizado de manera formal. La vinculación de este gremio se considera indispensable para asegurar que el auxilio proyectado se refleje en una tarifa diferencial real en las rutas regionales.
La reglamentación definitiva y los mecanismos técnicos para la eventual entrega de estos recursos se discutirán en una nueva sesión de trabajo programada para el 22 de mayo en la ciudad de Tunja. En dicho encuentro se espera avanzar en la logística de operación y en los compromisos necesarios con las empresas transportadoras para que el beneficio pueda entrar en vigencia bajo las condiciones pactadas en la mesa de concertación departamental.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐚
La Secretaría de Infraestructura de Boyacá reportó un avance del 80% en las obras de adecuación de andenes y espacio público en la calle 25 del municipio de Paipa, proyecto que requiere una inversión total de 7.500 millones de pesos destinados a los contratos de obra e interventoría, cuya intervención es producto de un fallo de acción popular.
Durante una inspección técnica realizada el lunes 11 de mayo, la administración departamental verificó el estado de las intervenciones en este corredor vial, considerado un eje estratégico para el flujo turístico y hotelero de la localidad. Según los datos suministrados por la sectorial de Infraestructura, el proyecto ya cuenta con la instalación de nuevos andenes, la habilitación de ciclovías y la ampliación de zonas peatonales diseñadas para mejorar la movilidad y accesibilidad en el sector.
Leonardo Álvarez, secretario de Infraestructura de Boyacá, explicó que el componente físico de la vía se encuentra en su etapa de cierre, restando principalmente las labores de soterranización de redes eléctricas. Este proceso será ejecutado por la Empresa de Energía de Boyacá con el objetivo de retirar los postes y el cableado aéreo para integrarlos a la infraestructura subterránea, lo cual busca mejorar el aspecto visual y la limpieza del espacio público recién intervenido.
El funcionario señaló que estas obras se complementan con la infraestructura de la plaza de mercado local para fortalecer la competitividad comercial del municipio. De acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno departamental, se prevé que la totalidad de las intervenciones finalice y se entregue oficialmente durante el segundo semestre de 2026.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟓 𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝟖𝟎% 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧
La Secretaría de Infraestructura de Boyacá reportó un avance del 80% en las obras de adecuación de andenes y espacio público en la calle 25 del municipio de Paipa, proyecto que requiere una inversión total de 7.500 millones de pesos destinados a los contratos de obra e interventoría, cuya intervención es producto de un fallo de acción popular.
Durante una inspección técnica realizada el lunes 11 de mayo, la administración departamental verificó el estado de las intervenciones en este corredor vial, considerado un eje estratégico para el flujo turístico y hotelero de la localidad. Según los datos suministrados por la sectorial de Infraestructura, el proyecto ya cuenta con la instalación de nuevos andenes, la habilitación de ciclovías y la ampliación de zonas peatonales diseñadas para mejorar la movilidad y accesibilidad en el sector.
Leonardo Álvarez, secretario de Infraestructura de Boyacá, explicó que el componente físico de la vía se encuentra en su etapa de cierre, restando principalmente las labores de soterranización de redes eléctricas. Este proceso será ejecutado por la Empresa de Energía de Boyacá con el objetivo de retirar los postes y el cableado aéreo para integrarlos a la infraestructura subterránea, lo cual busca mejorar el aspecto visual y la limpieza del espacio público recién intervenido.
El funcionario señaló que estas obras se complementan con la infraestructura de la plaza de mercado local para fortalecer la competitividad comercial del municipio. De acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno departamental, se prevé que la totalidad de las intervenciones finalice y se entregue oficialmente durante el segundo semestre de 2026.
𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚 𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐑𝐨𝐳𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐚́𝐧 𝐲 𝐎́𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧 𝐑𝐚𝐦𝐢́𝐫𝐞𝐳 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫
La Fiscalía General de la Nación presentó el listado de testimonios y pruebas documentales que sustentan el juicio contra José Rozo Millán y Óscar Hernán Ramírez por presuntas irregularidades en la contratación de refrigerios para menores de edad en Boyacá. En una audiencia preparatoria de primera instancia realizada de forma virtual, el ente acusador formalizó los elementos probatorios para demostrar la posible comisión de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. El expediente se centra en el contrato 713 de 2009, firmado entre la administración departamental y la cooperativa Emcoop con el fin de entregar complementación alimentaria en 122 municipios del departamento durante 157 días del calendario escolar.
El proceso judicial vincula a José Rozo Millán en su condición de gobernador de la época y a Óscar Hernán Ramírez, quien también ejerció funciones como gobernador encargado durante el periodo relacionado con los hechos investigados. El valor total del convenio bajo indagación ascendió a los 16.227.250.000 pesos y estaba destinado a niños y niñas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según la investigación revelada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el contrato fue liquidado unilateralmente por la propia Gobernación de Boyacá mediante la resolución 136 del 18 de junio de 2010, apenas 15 meses después de su suscripción, debido a la detección de múltiples anomalías en su ejecución.
En el transcurso de la diligencia judicial, la defensa de Óscar Hernán Ramírez, encabezada por el abogado José González Cruz, reportó una novedad de salud que impidió su presencia activa en la audiencia. Según el reporte entregado a la Corte, el jurista sufrió un infarto el pasado lunes 4 de mayo y fue sometido a un procedimiento de cateterismo cardiaco. Esta situación médica fue informada a la magistratura para los fines procesales correspondientes.
El juicio continuará una vez la Corte Suprema de Justicia determine la pertinencia y admisibilidad de la totalidad de las pruebas y testimonios expuestos por la Fiscalía para esclarecer el manejo de los 16 mil millones de pesos destinados a la niñez del departamento.
𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚 𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐑𝐨𝐳𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐚́𝐧 𝐲 𝐎́𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧 𝐑𝐚𝐦𝐢́𝐫𝐞𝐳 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫
La Fiscalía General de la Nación presentó el listado de testimonios y pruebas documentales que sustentan el juicio contra José Rozo Millán y Óscar Hernán Ramírez por presuntas irregularidades en la contratación de refrigerios para menores de edad en Boyacá. En una audiencia preparatoria de primera instancia realizada de forma virtual, el ente acusador formalizó los elementos probatorios para demostrar la posible comisión de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. El expediente se centra en el contrato 713 de 2009, firmado entre la administración departamental y la cooperativa Emcoop con el fin de entregar complementación alimentaria en 122 municipios del departamento durante 157 días del calendario escolar.
El proceso judicial vincula a José Rozo Millán en su condición de gobernador de la época y a Óscar Hernán Ramírez, quien también ejerció funciones como gobernador encargado durante el periodo relacionado con los hechos investigados. El valor total del convenio bajo indagación ascendió a los 16.227.250.000 pesos y estaba destinado a niños y niñas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según la investigación revelada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el contrato fue liquidado unilateralmente por la propia Gobernación de Boyacá mediante la resolución 136 del 18 de junio de 2010, apenas 15 meses después de su suscripción, debido a la detección de múltiples anomalías en su ejecución.
En el transcurso de la diligencia judicial, la defensa de Óscar Hernán Ramírez, encabezada por el abogado José González Cruz, reportó una novedad de salud que impidió su presencia activa en la audiencia. Según el reporte entregado a la Corte, el jurista sufrió un infarto el pasado lunes 4 de mayo y fue sometido a un procedimiento de cateterismo cardiaco. Esta situación médica fue informada a la magistratura para los fines procesales correspondientes.
El juicio continuará una vez la Corte Suprema de Justicia determine la pertinencia y admisibilidad de la totalidad de las pruebas y testimonios expuestos por la Fiscalía para esclarecer el manejo de los 16 mil millones de pesos destinados a la niñez del departamento.
𝐋𝐨𝐭𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐬 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐫𝐝
A pesar de las creencias populares sobre la dificultad para ganar los sorteos, las cifras oficiales de la Lotería de Boyacá revelan una realidad distinta en cuanto a la entrega de dinero en poder de sus compradores. Durante el balance de gestión de 2025, se confirmó que la entidad puso en manos del público 66.341 millones de pesos, consolidándose como el segundo año con mayor volumen de premios pagados en su historia reciente, superando ampliamente los registros de años anteriores como 2024 y 2022.
El cumplimiento en el pago de estos premios, que incluyen desde el mayor hasta los secos y aproximaciones, ha seguido una curva ascendente en los últimos ocho años. En 2018, la cifra de pagos se situaba en 32.875 millones de pesos, lo que significa que para el cierre de la vigencia 2025, el monto desembolsado prácticamente se duplicó. Este comportamiento estadístico, analizado recientemente por la gerencia, busca dar claridad sobre la efectividad de los sorteos frente a las dudas de algunos apostadores.
El sustento detrás de estas entregas millonarias radica en un indicador financiero poco conocido por el ciudadano común, pero determinante para la seguridad del juego: la reserva técnica. Al finalizar diciembre de 2025, la Lotería de Boyacá reportó una reserva superior a los 58.000 millones de pesos, cifra que se posicionó como la más alta entre todas las loterías de Colombia durante ese año. Este fondo funciona como una garantía de liquidez inmediata que asegura que, sin importar cuántos premios caigan, la entidad tiene el dinero listo para su entrega.
Diego Fabián Hernández Ruiz, gerente de la entidad, explicó durante la exposición de estos resultados que la caída de los premios depende estrictamente del azar y de la venta efectiva de los billetes. Durante 2025, el premio mayor fue acertado en dos ocasiones a nivel nacional, mientras que en Boyacá se pagaron secos de hasta 400 millones de pesos.
La Lotería de Boyacá ratificó su liderazgo en el mercado nacional de juegos de suerte y azar al reportar que su sorteo extraordinario, bajo la denominación comercial Navidad Extramillonaria, fue el de mayor volumen de ventas en el país durante las vigencias 2024 y 2025. El dato se conoció durante la reciente audiencia de rendición de cuentas de la entidad, donde se destacó que este producto superó en comercialización a los sorteos especiales de otras loterías del país que históricamente han liderado el sector.
El gerente de la institución, Diego Fabián Hernández Ruiz, informó que el cierre de la vigencia 2025 dejó un balance financiero con ventas globales por 166.388 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5,76 por ciento frente al periodo anterior. Según el reporte técnico, la meta de recaudo inicial era de 160.000 millones de pesos, cifra que fue superada gracias a la dinámica de comercialización tanto en los canales físicos como en las nuevas plataformas digitales. En el desglose de los ingresos, el canal tradicional aportó 151.000 millones de pesos, mientras que la venta en línea alcanzó los 15.544 millones de pesos.
Este desempeño económico permitió que la Lotería de Boyacá transfiriera un total de 51.716 millones de pesos al sistema de salud. De esa suma, el departamento de Boyacá recibió directamente más de 38.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la red hospitalaria pública. En cuanto a la distribución de premios, la entidad reportó el desembolso de 66.341 millones de pesos al público ganador, destacando que el premio mayor cayó en dos oportunidades durante el año pasado, específicamente en los meses de enero y abril.
A pesar de los altos pagos por premios mayores y aproximaciones, la reserva técnica de la empresa se mantuvo sólida y alcanzó los 64.000 millones de pesos. Esta solvencia financiera fue uno de los pilares expuestos en la rendición de cuentas, pues asegura la capacidad de respuesta de la lotería ante futuros ganadores. Asimismo, se informó que el promedio de ventas por sorteo ordinario experimentó un ascenso, logrando picos de comercialización que llegaron a los 3.984 millones de pesos en jornadas estándar.
En el ámbito de la modernización tecnológica y operativa, la administración resaltó la implementación de una web transaccional propia que permite la compra directa de fracciones y billetes, así como el funcionamiento de un chatbot que cuenta con más de 20.000 seguidores para la consulta de resultados en tiempo real. Por otra parte, la entidad profesionalizó a 89 loteros mediante un convenio con el Sena y avanzó en proyectos de sostenibilidad con la instalación de paneles solares en su edificio administrativo en Tunja, lo que genera ahorros operativos mensuales cercanos a los cinco millones de pesos.
Finalmente, respecto a los activos inmobiliarios, se confirmó que el Hotel Hunza regresó a la administración directa de la Lotería de Boyacá. Actualmente se adelantan los estudios de factibilidad y prefactibilidad técnica con el fin de abrir una licitación pública para su concesión durante el segundo semestre de este año, buscando reactivar la operación de este complejo hotelero bajo las directrices de la junta directiva y el gobierno departamental.
El Tribunal Administrativo de Boyacá decretó medidas cautelares que obligan a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y al Ministerio del Trabajo a intervenir de manera inmediata las unidades mineras de la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá (Cooprocarbón). La decisión judicial responde a una acción popular que denuncia omisiones sistemáticas en la vigilancia de estos títulos, donde se han registrado 43 fallecimientos y 37 emergencias mineras en los últimos 17 años.
El recurso, interpuesto por el abogado Diego Rivera en representación de familias víctimas y comunidades mineras, sostiene que el alto índice de accidentalidad es consecuencia de una falta de control recurrente por parte del Estado. Según Rivera, la acción busca proteger la moralidad administrativa como derecho colectivo, ante la evidencia de que las autoridades han permitido la operación de socavones sin una fiscalización integral, situación que ha llevado a Boyacá a encabezar las estadísticas de fatalidades mineras en Colombia.
A través del auto proferido por el Tribunal se advierte que la labor institucional ha sido predominantemente reactiva y que han pasado cerca de cinco años desde la última inspección técnica general en los títulos 7238, 7239, 7240, 7241 y 7615. En consecuencia, la providencia ordena al Ministerio del Trabajo realizar, en un plazo máximo de dos meses, auditorías en la totalidad de las unidades mineras para verificar el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por su parte, la ANM deberá aplicar rigurosamente el Reglamento de Seguridad en Labores Mineras Subterráneas, con la instrucción de suspender actividades de forma inmediata en los puntos donde se identifiquen riesgos para la vida. Esta medida cautelar se perfila como un hito preventivo en la región, pretendiendo que los titulares mineros del departamento ajusten sus estándares de seguridad para evitar que las cifras de muertes en socavones continúen en aumento por omisiones de los empleadores y falta de rigor en la vigilancia estatal.
periodicoeltunjano@gmail.com