𝐂𝐡𝐢𝐯𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́ 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬
La Gobernación de Boyacá y la administración municipal de Chivor iniciaron formalmente el proceso contractual para recuperar la infraestructura de las sedes rurales Camoyo y El Sinaí, pertenecientes a la Institución Educativa La Esmeralda. El proyecto conjunto, registrado en la plataforma Secop II bajo el código CD-GB-2407-2026, cuenta con un presupuesto estimado de 340.783.142,48 pesos y establece un plazo máximo de ejecución de 60 días calendario una vez se firme el acta de inicio de los trabajos. Con esta intervención se busca solucionar el avanzado deterioro físico de estas escuelas, que actualmente presentan deficiencias en sus techos, baños, sistemas de alcantarillado y áreas de recreación.
La financiación de las obras proviene de una alianza interinstitucional en la que la Gobernación de Boyacá aporta el 90% de los recursos, equivalentes a 306.704.828,23 pesos de su presupuesto de recursos propios. El 10% restante, correspondiente a 34.078.314,25 pesos, es asumido por la Alcaldía de Chivor como contrapartida económica. Adicionalmente, el municipio asume la responsabilidad de liderar el proceso de contratación precontractual, la adjudicación del contrato de obra pública, la supervisión directa sobre el terreno y el manejo de los fondos a través de una cuenta bancaria exclusiva para este convenio.
El plan técnico detallado en los estudios previos de la Secretaría de Educación de Boyacá contempla actividades específicas para restaurar la seguridad de las instalaciones. En el grupo de obras preliminares, el contratista deberá realizar la medición y replanteo de 71 metros cuadrados, lavar 531 metros cuadrados de fachada utilizando componentes químicos para remover impurezas y desmontar 6 metros de tuberías viejas de acueducto. Para estabilizar el suelo y mejorar el acceso de los estudiantes, se realizarán excavaciones manuales de 60 metros cúbicos, se aplicará relleno de base granular compactado y se construirán nuevos andenes peatonales de 10 centímetros de espesor en concreto reforzado con mallas de acero.
El sistema de acueducto y alcantarillado de las sedes rurales será completamente renovado para garantizar condiciones óptimas de higiene. Las adecuaciones hidráulicas incluyen la colocación de 26 metros de canaletas pluviales de PVC, tuberías de distribución y cuatro lavamanos institucionales de colgar. En los tejados, se desmontarán las estructuras dañadas y se instalarán más de 80 metros cuadrados de nuevas cubiertas de tejas de fibrocemento junto a sus respectivos caballetes. Los interiores de las aulas y pasillos recibirán 201 metros cuadrados de pisos de cerámica, 122 metros cuadrados de tablones de gres de alta resistencia, 551 metros cuadrados de cielorrasos de PVC y una renovación de iluminación con 23 paneles y lámparas de tecnología LED.
La remodelación de los baños públicos de las escuelas contará con ocho sanitarios completos con sus accesorios, cuatro dispensadores de toallas de papel en acero inoxidable, cuatro orinales medianos y dos orinales infantiles diseñados para la comodidad de los niños pequeños. En carpintería metálica se instalarán puertas de lámina de seguridad calibre 18 y protectores de ventana de tipo bancaria en varilla cuadrada. Las zonas de recreo exterior se intervendrán con la aplicación de esmalte sintético en estructuras metálicas, la demarcación de 300 metros de campos deportivos con pintura antideslizante para canchas y la instalación de cuatro tableros de baloncesto en acrílico grueso.
El proyecto contempla una reorganización del drenaje pluvial mediante la construcción de cunetas de concreto con sellado de juntas, el retiro de 47 metros de tuberías antiguas de gres y la instalación de 125 metros de nuevos tubos de alcantarillado de PVC de 10 pulgadas de diámetro que conectarán con dos sumideros laterales con tapas de protección. Los pagos de la Gobernación de Boyacá hacia el municipio ejecutor se realizarán de manera escalonada: un desembolso inicial del 50% al legalizar el convenio, un segundo giro del 40% al certificar el 60% de avance físico de las obras en las sedes, y un 10% final tras la entrega definitiva y liquidación de los trabajos.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido por el Secop II, el proceso de contratación directa se encuentra activo en fase de recepción de ofertas. Las firmas de ingeniería interesadas en ejecutar el contrato de obra pública tienen plazo hasta el 17 de julio de 2026 a las 12:00 PM para registrar y radicar sus propuestas económicas y técnicas. Posteriormente, se tiene previsto que la firma del contrato de obra se formalice el 21 de julio de 2026, permitiendo el inicio inmediato de las obras físicas en beneficio directo de la comunidad estudiantil de Chivor.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐓𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚́-𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió para su trámite de primera instancia una demanda de acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del Departamento de Boyacá, la cual tiene por objeto la intervención urgente de la vía secundaria que comunica a los municipios de Tibaná y Chinavita. La decisión judicial ordena tramitar las pretensiones del accionante, quien busca que la administración departamental ejecute de manera perentoria obras de carácter estructural, preventivo y de mantenimiento rutinario sobre este corredor vial de las provincias de Márquez y Neira, ante el avanzado estado de deterioro que presenta la infraestructura en varios puntos críticos.
El recurso constitucional detalla que la omisión en el mantenimiento de esta carretera, de propiedad del departamento, ha derivado en graves afectaciones físicas que comprometen la seguridad y la libre movilidad de los usuarios. Entre los daños reportados en el expediente se encuentran el levantamiento y pérdida del asfalto, la obstrucción de la calzada por desprendimiento de materiales, la invasión de maleza en las márgenes viales, la falta de limpieza en cunetas y alcantarillas, zonas de inestabilidad geológica y la pérdida parcial de la banca que restringe el paso de vehículos. Estos hechos motivaron la acción judicial bajo el argumento de que se están vulnerando los derechos colectivos a la seguridad, la prevención de desastres previsibles, el uso de los bienes de uso público y la protección del patrimonio público.
Dentro de las actuaciones previas al inicio de este trámite, el despacho judicial de Tunja verificó que el demandante cumplió con el requisito legal de procedibilidad al radicar una reclamación directa ante la Gobernación de Boyacá el pasado 12 de abril de 2026, la cual no tuvo una respuesta efectiva para mitigar la problemática. Con la admisión de la demanda el Juzgado ordenó notificar de forma personal al representante legal del Departamento de Boyacá y comunicar el inicio del proceso a la Defensoría del Pueblo y a los delegados del Ministerio Público.
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja amparó los derechos colectivos de las comunidades de la provincia de Valderrama y ordenó al Departamento de Boyacá adelantar estudios técnicos, apropiaciones presupuestales y obras de infraestructura para recuperar el corredor vial que comunica a los municipios de Socotá, Jericó y Chita, el cual presenta un avanzado estado de deterioro estructural, pérdida de banca y riesgo inminente de desastre.
La decisión judicial de primera instancia resolvió una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el Departamento de Boyacá, en la cual se vinculó a la empresa Cubik Ingeniería & Arquitectura S.A.S.. El demandante solicitó el amparo judicial para salvaguardar los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público, la seguridad, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el desarrollo urbano ordenado que beneficie la calidad de vida de los habitantes. A lo largo del trámite procesal se demostró de manera documentada que los 48 kilómetros de extensión del corredor vial se encuentran totalmente sin pavimentar, con superficies de rodadura en afirmado o terreno natural y con un ancho variable de cuatro a cinco metros, careciendo por completo de carriles demarcados y señalización técnica.
El acervo probatorio incorporado al expediente judicial incluyó dictámenes periciales e informes técnicos emitidos por las administraciones municipales de la zona, así como por la propia Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá. Estas evaluaciones detallaron que el terreno sufre de una inestabilidad severa de taludes que se agudiza durante las temporadas invernales debido a la saturación hídrica del suelo, lo que desencadena de forma recurrente deslizamientos, flujos de lodo y desprendimientos de rocas de gran magnitud. Las zonas críticas identificadas se concentran entre los kilómetros 10 y 15 del tramo Jericó-Socotá por pérdida de plataforma estructural, en el sector Chorro Blanco en el kilómetro 17, en el sector Puente Mausa en el kilómetro 20, y en el sector El Sancarrón en el kilómetro 18 del tramo Jericó-Chita. Las inspecciones también evidenciaron la obstrucción del sistema de drenaje pluvial, con alcantarillas sepultadas y cunetas colmatadas por lodos, además de la invasión descontrolada de maleza que reduce el ancho útil y oculta la visibilidad de las curvas. En materia de estructuras vehiculares, se diagnosticó la destrucción de las placas de concreto en dos puentes, dejando expuesta la armadura de acero de refuerzo, y un avanzado estado de oxidación en el puente metálico en celosía sobre el río Mausa por ausencia de mantenimiento preventivo.
La Gobernación de Boyacá se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que, a través de su secretaría técnica, ejecutó el Contrato de Suministro 2605 de 2023 con la firma Cubik Ingeniería & Arquitectura S.A.S. por un valor de 2.649.999.608,31 pesos, financiado con recursos del Fondo de Inversión Colectiva de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo objeto consistió en el alquiler de maquinaria amarilla para la remoción de escombros y perfilado de vías afectadas por la ola invernal de 2022. No obstante, el despacho judicial determinó que dichas medidas operativas resultaron insuficientes frente a la magnitud del daño estructural acumulado en la malla vial. Asimismo, la jueza desestimó la excepción de causa extraña derivada de la naturaleza alegada por el ente departamental, al comprobarse que las alcaldías locales habían radicado de manera insistente solicitudes de auxilio técnico y operativo desde el año 2022 sin obtener soluciones definitivas ni respuestas contundentes, configurándose así una omisión administrativa continuada en el deber legal de conservación vial a cargo del departamento. El fallo también dispuso la desvinculación procesal de la empresa Cubik Ingeniería & Arquitectura S.A.S., al comprobarse que su participación se limitó al cumplimiento del objeto contractual de alquiler de equipos mecánicos y no a la administración del corredor.
Para subsanar de forma definitiva las afectaciones viales, la sentencia dictó un conjunto de órdenes con plazos específicos y de obligatorio cumplimiento para el Departamento de Boyacá, los cuales empezarán a correr a partir de la ejecutoria del fallo. En primer lugar, se otorgó un término perentorio de tres meses para la realización de los estudios técnicos correspondientes a las vías Alto de Sagra-Socotá-Jericó (código 64BY01), Chita-Cheva (código 64BY02-1) y Jericó-El Moral (código 64BY04), con el propósito de definir científicamente las intervenciones requeridas para garantizar la seguridad y durabilidad de las rutas. Una vez vencido el plazo anterior, la Gobernación dispondrá de tres meses para el desarrollo integral de las etapas precontractual y contractual, así como para realizar las asignaciones presupuestales necesarias. Posteriormente, se fijó un plazo de cuatro meses, contados a partir del cumplimiento de la fase de contratación, para ejecutar materialmente las obras civiles de intervención y rehabilitación vial de acuerdo con los resultados que arrojen los estudios de ingeniería de detalle. El ente territorial tendrá la obligación estricta de allegar al juzgado un informe detallado que describa las gestiones, los resultados de los estudios, las actividades presupuestales y los soportes de ejecución de las obras dentro de los diez días siguientes al vencimiento de cada una de las fases estipuladas.
De manera complementaria y preventiva, la providencia ordenó al Departamento de Boyacá ejecutar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, un mantenimiento preventivo inmediato y la instalación de señalización vial reflectiva de advertencia de peligro en todos los tramos del corredor que representen riesgo de accidentalidad por deslizamientos de tierra, baches o pérdida de calzada, tomando como base las fallas descritas en el informe técnico pericial del 22 de mayo de 2025. Asimismo, la administración departamental deberá estructurar y presentar ante el juzgado, en el mismo plazo de un mes tras la primera intervención preventiva, un cronograma periódico de mantenimientos recurrentes que garantice la transitabilidad continua de la vía hasta que se culmine la rehabilitación definitiva del corredor vial. Finalmente, el despacho judicial dispuso la conformación de un comité de verificación integrado por el actor popular, un delegado del Ministerio Público y representantes de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá y de las alcaldías de Socotá, Jericó y Chita, quienes asumirán la labor de fiscalizar el avance de las órdenes e informar bimestralmente al juzgado sobre el estado de la gestión.
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió para su trámite en primera instancia una demanda de acción popular que busca la intervención urgente y el mejoramiento de la malla vial en el paso nacional de la Troncal Central del Norte, correspondiente a la Ruta Nacional 55, a su paso por el casco urbano del municipio de Belén. La decisión judicial ordena notificar formalmente al Instituto Nacional de Vías (Invías) como principal entidad accionada, al tiempo que vincula de manera directa al departamento de Boyacá y a la administración municipal de Belén para que determinen sus competencias frente a las problemáticas denunciadas en el sector.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien advierte un notable deterioro, hundimientos y diversas deficiencias técnicas en la calzada de este tramo específico. El accionante señala que estas problemáticas, sumadas a la presunta omisión de las autoridades competentes en las tareas de mantenimiento, conservación y rehabilitación, vulneran de forma directa los derechos colectivos a la seguridad, la prevención de desastres previsibles técnicamente, la defensa del patrimonio público y la protección de los bienes de uso público.
Para declarar la admisibilidad de la demanda, el tribunal constató que se cumplió con el requisito de procedibilidad que exige la ley. El demandante aportó al expediente la constancia de radicación de una petición previa presentada ante el Invías el 29 de junio de 2025, en la cual solicitaba la adopción de medidas correctivas para salvaguardar la seguridad en la vía. Sobre esta solicitud previa existieron pronunciamientos, traslados y respuestas por parte de la Alcaldía de Belén, la Gobernación de Boyacá y el propio Invías, lo que validó la procedencia de la acción judicial.
Con la admisión del medio de control, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó correr traslado a las entidades demandadas y vinculadas por un término de diez días hábiles, plazo que empezará a correr una vez transcurran los dos días correspondientes a la notificación electrónica obligatoria. Durante este periodo, las instituciones estatales deberán contestar los señalamientos de la demanda y aportar o solicitar las pruebas técnicas que pretendan hacer valer dentro del proceso.
Asimismo, la magistrada ponente ordenó notificar personalmente la providencia a los representantes legales de las entidades involucradas, al agente del Ministerio Público delegado ante el tribunal y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
𝐑𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐛𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐪𝐮𝐞𝐣𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚𝐪𝐮𝐞
Habitantes de la vereda Guayacán y Peña del municipio de Chitaraque radicaron una queja formal en calidad de denuncia anónima ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, solicitando una inspección urgente al acueducto que surte a los sectores de Guayacán, Peña Gacio y Galapal por presuntas afectaciones derivadas de una construcción efectuada por el alcalde, Óscar Calvo Hurtado. El documento, interpuesto bajo condición de anonimato por razones de seguridad, expone averías en la infraestructura de almacenamiento y alteraciones en la calidad del suministro de agua potable.
Según detalla el requerimiento allegado a la autoridad ambiental, el sistema de acueducto se abastece de un nacimiento ubicado en el punto conocido como Berlín, desde donde el recurso hídrico es conducido hacia dos tanques localizados en un predio que, de acuerdo con los peticionarios, es propiedad del actual mandatario municipal. La afectación se habría originado a comienzos de 2026, cuando se construyó un trapiche en las inmediaciones de uno de los tanques de almacenamiento, obra que terminó por causar daños estructurales en el contenedor.
El reporte de la ciudadanía señala que los daños en el tanque generaron perjuicios directos en la prestación del servicio para la comunidad rural, evidenciados en la llegada de agua oscura a las viviendas y en la disminución del caudal regular, situación que obligó a establecer periodos de racionamiento. Asimismo, en el texto de la queja se cuestiona la gestión de la junta directiva del acueducto, manifestando que sus integrantes habrían validado las actuaciones del mandatario en detrimento de los usuarios.
Ante los reclamos de la población, en mayo de 2026 se llevó a cabo una reunión de usuarios en la que el Alcalde propuso la donación de un terreno particular para reubicar la infraestructura afectada. No obstante, habitantes del sector manifestaron su preocupación debido a versiones técnicas comunitarias que advierten que el lote propuesto no cumple con las condiciones topográficas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema, manteniendo el temor a un desabastecimiento permanente.
Dentro de las solicitudes formales elevadas a Corpoboyacá, la comunidad requirió una verificación técnica, física y reglamentaria sobre la viabilidad de trasladar el tanque, además de exigir que se obligue al Alcalde a reparar los daños en la estructura original bajo las condiciones de funcionamiento previas. Finalmente, los afectados pidieron a la Corporación una investigación exhaustiva para determinar si el trapiche cuenta con las licencias ambientales requeridas para su operación y evaluar si la actividad genera riesgos de contaminación que comprometan la salud de los habitantes de las veredas vinculadas.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐞𝐫 𝐫𝐮𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐒𝐨𝐚𝐭𝐚́ 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝟐𝟑 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Duitama declaró al municipio de Soatá responsable de la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y la realización ordenada de construcciones, tras constatar el avanzado estado de deterioro y fallas estructurales de la inconclusa Casa de la Cultura Laura Victoria, cuya edificación comenzó en el año 2003. El fallo judicial ordena a la administración municipal realizar la demolición total de la estructura en un plazo máximo de seis meses para mitigar los riesgos de seguridad y prevención de desastres en la comunidad.
Los hechos que motivaron esta decisión judicial se remontan al periodo entre 2000 y 2003, cuando la administración municipal de la época proyectó la construcción de la sede cultural en un predio céntrico de la Calle 11. Las obras civiles se suspendieron de manera definitiva en 2003 tras edificarse parcialmente el primer piso, dejando el inmueble en abandono estructural por más de dos décadas. Este proyecto fallido fue objeto de un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de Boyacá, que determinó en 2006 la existencia de un detrimento patrimonial debido a graves fallas constructivas. Asimismo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soatá condenó penalmente en 2014 al entonces alcalde municipal, Juan Guillermo García Coronado, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al evidenciarse que la construcción inició sin los estudios técnicos, de suelos ni de planeación obligatorios.
La decisión de demoler la estructura se fundamentó en un dictamen pericial e informe técnico elaborado el 12 de marzo de 2025 por ingenieros de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Soatá. La inspección visual arruinó cualquier posibilidad de reactivación o aprovechamiento de la obra al detectar vigas de cimentación sin fundir, aceros expuestos a la corrosión, deflexiones excesivas en placas de entrepiso, juntas frías y columnas con riesgo de aplastamiento. Adicionalmente, el informe técnico advirtió que la infraestructura fue diseñada bajo la norma sismorresistente obsoleta NSR-98, lo que imposibilita legal y técnicamente su adecuación al reglamento vigente NSR-10 en una zona catalogada con amenaza sísmica alta.
El juzgado desestimó las pretensiones del accionante, Yesid Figueroa García, orientadas a obligar al municipio a formular y financiar un nuevo proyecto constructivo específico en el lugar, argumentando que el juez popular no puede sustituir las competencias de planeación y asignación presupuestal de la administración municipal, especialmente cuando el municipio ya cuenta con otra infraestructura para servicios culturales. No obstante, el despacho exhortó a las autoridades municipales a evaluar la futura destinación del predio según las necesidades generales.
La sentencia también ordena oficiar a la Contraloría Departamental de Boyacá para vigilar la efectividad y el recaudo de las sanciones económicas derivadas del proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde, el director de obra y el jefe de planeación de la vigencia 2003. Una vez ejecutada la demolición, el municipio de Soatá deberá implementar de manera permanente labores de limpieza, desmonte de material vegetal y control de plagas en el lote cada dos meses.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐓𝐒 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió, para su estudio y trámite en primera instancia, una demanda de acción popular que solicita la protección de los derechos colectivos a la seguridad, la movilidad de peatones y ciclistas, y el goce del espacio público en el corredor vial concesionado Briceño-Tunja-Sogamoso, en jurisdicción del municipio de Paipa. El medio de control fue promovido por el ciudadano Yesid Figueroa García contra la administración de dicho municipio, la Agencia Nacional de Infraestructura y la firma BTS Concesionario S.A.S.
De acuerdo con el auto de la admisión, el demandante fundamenta su reclamación en la inexistencia de andenes y ciclovías en determinados sectores de la vía, así como en el avanzado deterioro de la infraestructura peatonal existente. La acción legal señala una presunta omisión por parte de las entidades e instituciones accionadas en las tareas de estudio, mantenimiento, financiación y construcción de las obras civiles requeridas para garantizar el tránsito seguro de los habitantes.
𝐉𝐮𝐞𝐳 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐜𝐮𝐲 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝐞𝐫𝐨𝐬
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama falló en primera instancia a favor de una acción popular, ordenando al municipio de El Cocuy la implementación de un plan estructural enfocado en la protección de caninos y felinos en condición de vulnerabilidad. La providencia judicial otorga a la administración municipal un plazo perentorio de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para tomar acciones administrativas, presupuestales y operativas orientadas a mitigar las problemáticas de salubridad y equilibrio ecológico derivadas de la proliferación de animales callejeros.
En la determinación del Juzgado se declararon vulnerados y bajo amenaza el derecho colectivo a la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garanticen dicha salubridad, y la existencia del equilibrio ecológico junto al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. El amparo cobija formalmente la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
Para subsanar las omisiones administrativas descritas por los demandantes Yesid Figueroa García y Faddia Ávila Castellanos, el Juzgado impuso cuatro obligaciones principales que la Alcaldía debe materializar en el plazo de tres meses. La primera consiste en la realización de un censo de la población canina y felina en situación de calle o abandono en las áreas urbanas y rurales. El municipio deberá aplicar la metodología que considere más práctica según la magnitud del fenómeno, garantizando un mecanismo de retroalimentación periódica que sirva de insumo técnico para planificar el control de la reproducción desordenada de los animales.
Como segunda medida dentro del mismo término, El Cocuy está obligado a definir la forma en que garantizará de manera ininterrumpida el servicio de albergue para animales domésticos perdidos, abandonados, maltratados y rescatados. La sentencia abre dos alternativas técnicas para el cumplimiento de este punto: la adecuación de la infraestructura con la que la Alcaldía asegura contar actualmente para establecer el Centro de Bienestar Animal, Albergue para Fauna u Hogar de Paso, o el incentivo y creación de una fundación o albergue privado que cumpla con los requisitos de ley, de modo que sirva como alternativa para que el municipio pueda contratar formalmente la prestación de estos servicios.
La tercera orden judicial exige el cumplimiento estricto de la Ley 2054 de 2020 mediante la ejecución de por lo menos una jornada trimestral de esterilización quirúrgica, enfocada prioritariamente en la población canina y felina en situación de calle o abandono. Estas jornadas médicas de control poblacional podrán desarrollarse de forma directa por la administración municipal, a través de convenios o contratos con terceros, o mediante una articulación vinculante con las autoridades de salud pública de la Gobernación de Boyacá.
Finalmente, el fallo obliga al municipio a incorporar de manera permanente en su plan de acción campañas de concientización sobre la tenencia responsable de animales de compañía. Estas estrategias de educación comunitaria se deberán difundir formalmente en las instituciones educativas locales, en los espacios físicos de interacción con la ciudadanía y a través de los medios masivos de comunicación, incluyendo explícitamente el uso de redes sociales de la Alcaldía. Las evidencias metodológicas y el impacto de estas campañas pedagógicas deberán reportarse al Juzgado por lo menos de forma trimestral.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Juan Manuel Paraqueimo Oliveros, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 20 años de edad, señalado como el presunto responsable de agredir sexualmente y hurtar las pertenencias de dos mujeres en el municipio de Sogamoso. Los hechos investigados ocurrieron la noche del pasado 23 de junio, y tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso al procesado una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados en la investigación penal, liderada por un fiscal seccional de la región, el primer suceso se registró cuando el investigado presuntamente abordó por la espalda a una joven de 19 años. Mediante intimidación con un arma de fuego, el hombre le exigió la entrega de su teléfono celular y, según las denuncias, la sometió a tocamientos de índole sexual bajo la amenaza de atentar contra su vida.
Poco tiempo después de este primer incidente y en el mismo sector del municipio, el capturado interceptó a una menor de 15 años. Bajo la misma modalidad y empleando el arma de fuego, la despojó de su dispositivo móvil y posteriormente la obligó a ingresar a un lote baldío de la zona. En el lugar, la menor de edad fue obligada a desnudarse y sometida a actos de violencia sexual y humillaciones.
Luego de cometer las agresiones, el implicado emprendió la huida, pero fue capturado en situación de flagrancia por uniformados de la Policía Nacional que operan en el sector. Durante el desarrollo de las diligencias judiciales, la Fiscalía General de la Nación le imputó formalmente los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y hurto calificado y agravado.
El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Por disposición de la autoridad judicial competente, Juan Manuel Paraqueimo Oliveros deberá cumplir la medida de aseguramiento tras las rejas mientras continúa el proceso penal en su contra, bajo los preceptos legales de la presunción de inocencia.
𝐄𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐮𝐢𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐁𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨
La Empresa de Economía Mixta Tierrasua S.A.S. dio apertura al proceso de selección en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública con el fin de contratar la consultoría que se encargará de elaborar los estudios y diseños para la construcción del proyecto denominado Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario en el municipio de Duitama. Este paso técnico resulta indispensable para definir cómo será la obra antes de iniciar cualquier tipo de construcción en el predio que ocupa el antiguo terminal de transportes, una zona estratégica que conecta con la Plaza de los Libertadores y los principales ejes de movilidad de esa localidad boyacense. Los encargados de la consultoría dispondrán de un periodo de un año para entregar los planos definitivos y la viabilidad estructural de la edificación.
El proyecto en esta etapa inicial no contempla la ejecución de la obra física ni el levantamiento de infraestructura, sino la planeación técnica sobre el papel. Para financiar exclusivamente la elaboración de estos estudios y diseños, se destinó un presupuesto de 2.432.094.129,46 pesos colombianos, recursos que provienen del Sistema General de Regalías. Las firmas o ingenieros interesados en asumir el desarrollo del diseño deberán proyectar una estructura moderna que albergará espacios para la administración pública, locales comerciales y áreas destinadas a eventos culturales, incluyendo de forma obligatoria los planos y requerimientos técnicos para la dotación de un teatro municipal.
El alcance de las labores de consultoría incluye el análisis del terreno mediante topografía y geotecnia para garantizar la estabilidad del suelo. De igual forma, los planos deberán incorporar el diseño arquitectónico general, parámetros bioclimáticos, cálculo estructural adaptado a las normas de sismorresistencia vigentes, así como las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, sistemas de ventilación y protección contra incendios. Debido a la inclusión del teatro, el contrato exige los diseños especializados de acústica, sonido profesional y mecánica teatral. Toda la información geométrica se centralizará mediante un modelo digital coordinado que permite visualizar la obra en tres dimensiones, empleando la metodología de trabajo BIM.
El cronograma fijado por la entidad establece que la recepción de las propuestas técnicas de los aspirantes se mantendrá abierta hasta la mañana del 6 de julio de 2026. Una vez evaluadas las alternativas presentadas por los oferentes, se procederá a la firma del contrato el 15 de julio de 2026 para dar inicio inmediato a las mesas de diseño el 16 de julio de 2026. Las proyecciones del trámite indican que la totalidad de los planos, maquetas y estudios de suelo deberán estar listos y aprobados el 15 de julio de 2027, momento en el cual el municipio conocerá la forma exacta y los requerimientos reales para la posterior construcción del complejo.
𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐲 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐀𝐄 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐞𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥
Luego de que un fallo judicial declarara inviable el terreno inicialmente proyectado en inmediaciones del barrio Ciudad Jardín, la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá iniciaron gestiones ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el fin de evaluar la posibilidad de obtener un predio que sirva como sede para el nuevo Centro Regional de Bienestar y Protección Animal. Esta decisión cambia el rumbo del proyecto, el cual deja de ser una iniciativa netamente municipal para convertirse en un complejo con cobertura e impacto regional que beneficiará también a las poblaciones vecinas.
La mesa técnica liderada por la Secretaría de Medio Ambiente de Tunja definió las primeras acciones para estructurar este nuevo modelo, el cual responde directamente a una nueva disposición de orden nacional que establece que las infraestructuras destinadas al bienestar animal deben proyectarse con un alcance regional y no aislado. Ante la imposibilidad legal de avanzar en el lote de Ciudad Jardín, las administraciones acudieron a la SAE para verificar si dentro de los activos bajo su administración existe un espacio que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos para este tipo de obras.
Al asumir este enfoque regional, la sostenibilidad del proyecto no dependerá de manera exclusiva del presupuesto de la capital boyacense. Las autoridades locales informaron que convocarán a los municipios del área de influencia con el propósito de conocer su interés formal en vincularse, establecer las metodologías de participación y evaluar la capacidad técnica y financiera de cada localidad para el desarrollo y sostenimiento del Centro de Bienestar Animal. Paralelamente, se adelantará un diagnóstico en la región para identificar las necesidades prioritarias en materia de fauna en condición de vulnerabilidad y abandono, insumo que servirá como base para la formulación del diseño definitivo.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de Tunja detalló que, más allá de la gestión de la infraestructura física, a nivel local se mantendrán las metas orientadas a la puesta en marcha del Fondo de Bienestar y Protección Animal, así como al fortalecimiento de la Ruta contra el Maltrato Animal en el territorio. Con la articulación de la Gobernación de Boyacá y la vinculación de otras alcaldías, se pretende optimizar el uso de los recursos públicos y unificar la capacidad de atención médica y refugio en esta zona del departamento.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ - 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐜𝐚́ - 𝐄𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨
Recientemente se ha cargado en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) un proceso contractual cuyo fin es el suministro e instalación de materiales para el mantenimiento y mejoramiento de sectores específicos en la vía Puente de Boyacá - Samacá - El Infierno. El proyecto recae sobre este corredor vial secundario y cuenta con un presupuesto asignado de 2.534 millones de pesos. Los recursos provienen de un convenio interinstitucional con la Gobernación de Boyacá, destinados a recuperar la calzada para facilitar el transporte de alimentos de los productores agrícolas hacia las plazas de mercado regionales y mejorar la seguridad de los usuarios.
La intervención se proyecta sobre un trazado de 21 kilómetros, donde las inspecciones técnicas evidenciaron el deterioro de la capa de rodadura mediante la presencia de baches, deformaciones y agrietamientos en puntos críticos del asfalto. Las obras civiles programadas contemplan una fase inicial de excavación mecánica de terreno para el retiro del material inservible y el fresado de más de 13.000 metros cuadrados del pavimento antiguo. Posteriormente, los trabajos se concentrarán en la adecuación de la base granular, la aplicación de emulsión asfáltica para garantizar la adherencia del nuevo material y la pavimentación final con mezcla asfáltica en caliente para el reparcheo y la reposición completa de los segmentos afectados.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido en el sistema público, el plazo final para que los ingenieros viales y firmas constructoras presenten sus propuestas económicas vence el 2 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. El procedimiento contempla que la suscripción final del contrato con el proponente seleccionado estará a cargo de la Empresa de Economía Mixta Tierrasua S.A.S., previendo la firma del documento para el 10 de julio de 2026 y el inicio formal de las actividades de maquinaria en campo al día siguiente. Las obras dispondrán de un término de ejecución de dos meses, con fecha de cierre el 10 de septiembre de 2026, periodo en el cual el contratista deberá implementar planes de contingencia para el manejo del tráfico y asegurar el paso vehicular constante en la zona.
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧 𝐚 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚́ 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐳𝐜𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐜𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja admitió una acción popular que busca la protección de los derechos colectivos al espacio público, la seguridad y la salubridad de las mujeres lactantes y los menores de edad en el municipio de Oicatá, Boyacá. El medio de control judicial, promovido por el ciudadano David Alejandro Rintá Landínez, pretende que la administración local dé cumplimiento a la normativa nacional vigente sobre la materia.
La demanda, radicada bajo el número 150013333005202600068-00, señala que el municipio de Oicatá habría vulnerado presuntamente los derechos consagrados en la Ley 472 de 1998. El accionante solicita que, en aplicación del parágrafo 6 del artículo 3 de la Ley 2306 de 2023 y de la Resolución 00001188 del 10 de junio de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, se instalen áreas de lactancia materna con condiciones de accesibilidad y dignidad en el espacio público de la localidad, incluyendo las zonas rurales.
De igual forma, el recurso requiere que el municipio precise las direcciones físicas de dichos espacios, implemente una campaña educativa sobre su uso y determine si estas obras se encuentran contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal. El despacho judicial constató que el demandante agotó el requisito previo de procedibilidad al haber radicado un derecho de petición ante la alcaldía local, el cual no recibió respuesta por parte de las autoridades municipales.
Tras la admisión del recurso, el juzgado ordenó la notificación personal al Municipio de Oicatá, el cual dispondrá de un término legal de diez días hábiles para contestar la demanda, proponer excepciones y aportar las pruebas que pretenda hacer valer en el proceso. Asimismo, se dispuso informar de la providencia a los habitantes de la localidad, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para lo de sus competencias. Todo el trámite del proceso se surte a través del sistema Samai del Consejo de Estado
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐫𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐓𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
Un presupuesto de 1.771.684.000 pesos de los recursos públicos departamentales se destinó para la consultoría técnica, jurídica y financiera que definirá el diseño y la viabilidad del Parque Turístico Temático y Sostenible de Paipa. El proceso de contratación pública se encuentra abierto bajo la modalidad de concurso de méritos y establece un periodo de cuatro meses para que la firma o consorcio que resulte seleccionado ejecute las evaluaciones correspondientes sobre el terreno.
El proyecto busca estructurar un complejo turístico integral que proyecta una extensión de 265,63 hectáreas en las veredas Salitre y Canocas, una zona rural vinculada al área de influencia del Lago Sochagota que impactará la dinámica económica y turística de la región.
El cronograma oficial de la convocatoria pública estipula que el pliego de condiciones definitivo ya se encuentra disponible para los interesados. Los proponentes y firmas de ingeniería tienen como plazo límite el 22 de junio de 2026 para presentar observaciones formales a los documentos del proceso, mientras que el cierre definitivo para la recepción de las propuestas técnicas y económicas quedó fijado para el 26 de junio de 2026 a las 8:00 a.m., obligando a los participantes a mantener la vigencia de sus ofertas por un mínimo de 60 días.
El consultor que logre la adjudicación tendrá la responsabilidad de entregar productos específicos que van desde el análisis de potencialidad turística de la zona hasta el estudio de títulos, inventario de los terrenos implicados y los avalúos comerciales de los predios. Asimismo, el contrato exige la elaboración de diseños preliminares de infraestructura básica que contemplen enfoques de autoabastecimiento con energías renovables y la instalación de redes de conectividad digital en todo el perímetro de intervención.
Una vez concluya el periodo de recepción de propuestas el 26 de junio, iniciará la etapa de evaluación de los perfiles concurrentes, previendo la publicación del informe técnico el 1 de julio de 2026. El calendario del proceso determina que el acto administrativo de adjudicación o la declaratoria de proceso desierto se emitirá el 8 de julio de 2026, dejando la suscripción final y la legalización del contrato de consultoría para el 9 de julio del mismo año.
Artesanos de trece municipios de Boyacá, incluida la capital boyacense, participarán en la Feria Internacional de Artesanía de Lisboa, Portugal, que se llevará a cabo del 27 de junio al 5 de julio de 2026. La delegación presentará la colección denominada ‘Sumercé Linda’ en este encuentro cultural y comercial, considerado el más grande de la Península Ibérica y el segundo de mayor relevancia en su categoría dentro del continente europeo.
La exhibición internacional reunirá a más de 500 expositores procedentes de más de 30 países. En este espacio, la representación del departamento exhibirá una propuesta que integra los oficios tradicionales de la cestería, la tejeduría, la alfarería, el trabajo en madera y el tratamiento del cuero. El concepto de la colección busca exponer el valor de los productos elaborados a mano y la persistencia de los oficios ancestrales de la región.
Los municipios que integran la muestra con sus respectivos creadores son Tunja, Guacamayas, Cerinza, Duitama, Ráquira, Tenza, Tibaná, Villa de Leyva, Monguí, Zetaquira, Paipa, Nobsa y Puerto Boyacá. Cada localidad aporta técnicas específicas que reflejan la diversidad cultural y productiva del territorio departamental.
Daniela Assis, gestora social de Boyacá, manifestó que la presencia en Lisboa tiene como propósito dar a conocer la identidad regional, las tradiciones y las historias de los municipios boyacenses a través de las obras manuales en un mercado internacional de diseño y decoración.
Por su parte, el gerente de Artesanías de Boyacá, Samuel López, informó que la asistencia al evento en Portugal es el resultado de un proceso de articulación con los productores locales. El funcionario señaló que la participación en la feria busca abrir nuevos canales comerciales, fortalecer la exportación de estos artículos y demostrar la capacidad competitiva de la producción artesanal del departamento en los mercados globales.
Entre las manifestaciones técnicas que forman parte de la colección se encuentran la cestería en fibras naturales, la tejeduría tradicional, la alfarería, la cerámica, el labrado en madera y la fabricación de balones de cuero originarios de Monguí. Estos saberes forman parte del patrimonio cultural transmitido entre generaciones en las distintas provincias de Boyacá.
𝐂𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐭𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮̈𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥
El proceso de venta de un local comercial de propiedad de la Gobernación de Boyacá, ubicado en el Centro Empresarial Green Hills en el norte de Tunja, se encuentra bajo un estricto cuestionamiento legal y político debido a serias inconsistencias detectadas en los documentos que soportan el negocio. La alerta fue encendida por el diputado Carlos Torres en el marco de sus funciones de control político, al señalar que la administración departamental estaría adelantando la enajenación del inmueble por un valor muy inferior al del mercado real.
El asambleísta fue enfático al manifestar que "el predio está muy por debajo del precio real" y advirtió que "el avalúo es del año pasado, es decir, el predio se está vendiendo en un valor de 1.900 millones cuando a precios de hoy podría estar valiendo 2.700 hasta 4.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que está ubicado en un centro comercial". Aunque en los trámites de contratación estatal es perfectamente legal y válido utilizar avalúos comerciales emitidos el año anterior, lo que verdaderamente encendió las alarmas fue la llamativa descripción física que se usó para calcular ese precio.
Al revisar detalladamente los papeles oficiales del proceso en la plataforma de contratación pública, se descubrió una contradicción difícil de justificar. El perito contratado por la administración dictaminó en las planillas del avalúo que el local comercial tiene setenta años de construido y que su vida útil restante es de apenas diez años. Esta descripción arquitectónica carece de lógica urbanística, puesto que el complejo Green Hills es una estructura moderna que fue levantada hace aproximadamente doce años.
Sobre esta flagrante contradicción, el diputado Torres denunció públicamente que se presentaron "irregularidades en la concurrencia de oferentes" y que "depreciaron el valor del local comercial, porque aparentemente es una construcción que tiene 70 años, cuando en realidad tiene 12 años". Al aplicar de forma errónea una severa fórmula de vejez a una estructura nueva, el informe pericial redujo el precio base de la subasta a la suma de 1.900 millones de pesos, apartando el inmueble de las realidades comerciales de la zona.
Sumado a la devaluación del local, el análisis de los documentos internos de la Secretaría General de Boyacá, despacho liderado por los funcionarios Diego Alejandro Díaz Rojas y Karenth Julieth Ramírez Arias, dejó al descubierto una grave omisión en el procedimiento. En el texto original de los estudios previos se estableció que todos los particulares o empresas interesadas en comprar el inmueble tenían la obligación de realizar una inspección física al sitio como requisito indispensable para que su oferta fuera válida.
Sin embargo, cuando la Secretaría de Contratación ordenó la apertura oficial de la venta el primero de junio, el cronograma final publicado en el sistema electrónico omitió por completo fijar los plazos, las fechas y las horas para llevar a cabo dicha visita. Este vacío en las reglas del juego impide la participación en igualdad de condiciones de otros oferentes, limitando la libre competencia.
Frente a la respuesta de la administración ante estos reclamos, el diputado Torres relató la cronología del trámite y denunció la reactivación exprés de los plazos por parte de las autoridades departamentales. El corporado explicó que "las observaciones las radicamos el 9 de junio en la mañana" y que "el 9 de junio en la tarde, la Secretaría de Contratación saca un auto donde suspende el proceso hasta tanto no respondan sus observaciones". No obstante, el asambleísta cuestionó la celeridad posterior al afirmar que "ayer publican el cronograma donde hoy, 12 de junio, continúan con el proceso sin haberme dado respuesta a mis observaciones".
Dentro del mismo expediente también se evidenciaron dudas ciudadanas respecto a unos comprobantes bancarios de recaudo emitidos por el banco Davivienda el veintiocho de mayo, es decir, tres días antes de que la Gobernación publicara oficialmente las condiciones definitivas. Aunque la aparición de estos pagos generó suspicacias, el análisis financiero aclaró que los depósitos corresponden a la suma exacta de ciento noventa y un mil pesos por concepto de derechos de participación. Este es un trámite preliminar ordinario y permitido por la ley para cualquiera que desee ingresar a una subasta pública basándose en los proyectos de pliegos iniciales.
A pesar de aclararse que este movimiento de dinero es normal, las fallas de fondo en el avalúo que envejeció artificialmente el local moderno y la desaparición de las fechas de inspección obligatoria en el cronograma oficial mantienen el proceso bajo un fuerte cuestionamiento público.
Ante este escenario, el diputado Carlos Torres concluyó haciendo un llamado urgente a los organismos correspondientes al señalar que "enuncio esto ante el departamento para que todos los veedores de Tunja y de Boyacá estén pendientes de ese proceso, que a nuestro concepto es irregular", puntualizando además que "si continúan con el proceso, espero que de acuerdo a las observaciones que presentamos no sea adjudicado y que se defienda el patrimonio de los boyacenses".
Los habitantes de Jericó están más cerca de estrenar por completo su centro de salud. Recientemente fue cargada en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) toda la documentación oficial, que incluye desde los estudios previos hasta las condiciones técnicas, para comprar los equipos médicos y el mobiliario de la Empresa Social del Estado (ESE) Nuestra Señora de la Natividad. El proceso cuenta con un presupuesto asignado de 430.517.010 pesos y se definirá mediante una subasta inversa, un mecanismo donde la exigencia técnica es alta pero gana la empresa que ofrezca los precios más bajos.
Este trámite, registrado con el número SA-SI-GB-008-2026, busca destrabar un problema que afecta el día a día de la comunidad. El diagnóstico de la situación que acompaña los soportes del contrato revela que la falta de herramientas adecuadas limita la capacidad de atención en la localidad, lo que obliga a que los pacientes sean remitidos de urgencia hacia hospitales de otros municipios o a las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja. Esta situación representa un golpe al bolsillo de las familias por los costos de traslado y genera demoras en el servicio.
De acuerdo con las condiciones específicas del pliego de condiciones, el contrato se formalizará bajo la modalidad de compraventa y tendrá una duración fija de cuatro meses de ejecución, con una fecha de finalización pactada para el 23 de noviembre de 2026. Los plazos del cronograma estatal determinan que el periodo para recibir observaciones ciudadanas y de posibles proveedores vencerá el próximo 16 de junio, dando paso a la publicación de las reglas definitivas el 18 de junio. La presentación formal de propuestas económicas quedó programada para el 26 de junio y la puja final de la subasta inversa se realizará el 13 de julio, proyectando la firma del contrato para el 16 de julio de 2026.
Con la financiación respaldada por los recursos propios del plan anual de adquisiciones de la presente vigencia, la compra garantizará el abastecimiento técnico para las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico y odontología. Entre los activos biomédicos figuran electrocardiógrafos de seis canales, desfibriladores externos automáticos (DEA), succionadores médicos de vacío, tensiómetros de pared y monitores de signos vitales con sistemas de alerta calibrados para la atención de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
El requerimiento técnico para el servicio odontológico contempla una unidad dental portátil, instrumental especializado y autoclaves para la esterilización digital. Asimismo, para el soporte de laboratorio se suministrarán centrífugas, baños serológicos en acero inoxidable, un analizador hematológico de 19 parámetros y un refrigerador vertical de 230 litros con control térmico digital para reactivos. La dotación general sumará camillas de examen de alta resistencia, básculas con tallímetro y carros de paro equipados con tablas de reanimación. El cumplimiento de las obligaciones contractuales estará respaldado por pólizas de garantía que cubrirán la calidad del servicio y el correcto funcionamiento de los bienes entregados.
En las últimas horas ha sido cargado al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), un proceso contractual cuyo fin es el suministro e instalación de materiales para el mejoramiento de la vía alterna en el sector El Estanquito, corredor que comunica a los municipios de Socha y Paz de Río. La inversión estimada para este proyecto de infraestructura vial asciende a la suma de 318.517.878 pesos. La intervención en este punto de la provincia de Valderrama tiene como propósito recuperar un tramo afectado por el avanzado deterioro de la calzada y corregir el diseño geométrico de una curva cerrada que actualmente dificulta el tránsito seguro y representa un riesgo constante de accidentalidad para los vehículos de carga pesada.
El cronograma oficial publicado en la plataforma establece que la fecha límite para la presentación de ofertas de las firmas de ingeniería interesadas vencerá el próximo 11 de junio de 2026 a las 10:00 de la mañana, procediendo a la apertura de los sobres de propuestas cinco minutos después. De acuerdo con las condiciones establecidas, la fecha para la firma del contrato quedó programada para el 22 de junio de 2026 a las 8:00 de la mañana, mientras que el inicio formal de la ejecución de las obras en terreno está pactado para el 23 de junio de 2026. Los trabajos tendrán una duración fija de dos meses, estipulando la terminación y cumplimiento total de las obligaciones contractuales para el 22 de agosto de 2026 a la medianoche. Los fondos económicos provienen del convenio interadministrativo número 3509 de 2025, suscrito con la Gobernación de Boyacá.
En lo relativo al componente constructivo y de ingeniería civil, las especificaciones del anexo técnico detallan que el proyecto iniciará con las obras preliminares de localización y replanteo para infraestructura vial (que no incluye comisión topográfica) sobre una extensión de 0,12 kilómetros. Posteriormente, las actividades de movimiento de tierras contemplan la excavación de cortes y canales sin clasificar en una cuantía de 1.057,48 metros cúbicos, sumado a las labores de perfilado y compactación de la subrasante en zonas de corte para un área de 992,55 metros cuadrados. Así mismo, el contratista deberá ejecutar la remoción de derrumbes en un volumen estimado de 250 metros cúbicos para despejar las áreas de influencia de la calzada principal.
Para la conformación de la nueva estructura del pavimento, los pliegos estipulan el suministro, transporte e instalación de 198,51 metros cúbicos de subbase granular y 148,88 metros cúbicos de base granular compactada. La capa de rodadura final se consolidará mediante la aplicación de 99,26 metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente. El componente de manejo de aguas y drenajes, considerado crítico para la estabilidad del sector, incluye la excavación en roca para estructuras en un volumen de 10 metros cúbicos, la demolición de estructuras de concreto existentes en 3,75 metros cúbicos y el retiro de tierra sobrante en una distancia de hasta un kilómetro para un total de 1.255,99 metros cúbicos.
El sistema de canalización se completará con la construcción de 115 metros lineales de cunetas de concreto fundidas en el sitio y la instalación de una tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas de diámetro en una longitud de 6,50 metros lineales, complementada con 4,68 metros cúbicos de concreto para el solado y las aletas de la estructura de entrega. El aseguramiento técnico del tramo vial finalizará con la aplicación de pintura termoplástica reflectiva para la demarcación horizontal de líneas de borde en una extensión de 0,23 kilómetros, asegurando la visibilidad nocturna y la señalización de tránsito adecuada para los transportadores de carbón y pasajeros que transitan diariamente entre Socha y Paz de Río.
La Gobernación de Boyacá formalizó la apertura del proceso de contratación pública con el propósito de escoger a la entidad privada sin ánimo de lucro que asumirá la organización, logística y ejecución de la versión número 53 del Festival Internacional de la Cultura Campesina para la vigencia 2026. El procedimiento competitivo, que se encuentra disponible en la plataforma digital Secop II bajo la referencia técnica PE-GB-007-2026, cuenta con un presupuesto oficial estimado de 6.000.000.000 de pesos, recursos económicos que serán aportados en su totalidad por la administración seccional. Las actividades de coordinación de este evento institucional tendrán como epicentro a Tunja, fijando como sede principal para las labores administrativas y el desarrollo de eventos al Palacio de Servicios Culturales, con una proyección de descentralización hacia los municipios del territorio boyacense que asigne la sectorial competente durante un plazo establecido de seis meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
El presupuesto fijado para esta convocatoria pública surge de un ajuste técnico formalizado ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública el 27 de mayo de 2026 por la Secretaría de Planeación, el cual modificó la estimación presupuestal inicial de 12.000.000.000 de pesos para consolidar el cierre financiero actual en 6.000.000.000 de pesos respaldados con recursos propios de libre inversión del departamento.
El pliego de condiciones definitivo desglosa las obligaciones operativas del contratista en cinco componentes técnicos esenciales que deben ejecutarse de manera integral. El primer ítem cuenta con una asignación promedio de 670.000.000 de pesos para el apoyo organizacional en sus fases preparatoria, de ejecución y postevento, exigiendo la vinculación de un comité de dirección para las áreas administrativas y la conformación de un equipo logístico de apoyo integrado por un mínimo de 15 personas con experiencia específica en el montaje de salas de artes, además del personal encargado de conformar los jurados calificadores de las convocatorias públicas para los artistas locales.
El segundo componente dispone de un rubro estimado en 2.300.000.000 de pesos dedicado en exclusiva a garantizar la participación de creadores, agrupaciones, colectivos, sabedores y portadores de tradición de carácter local, nacional e internacional. La ejecución de esta bolsa presupuestal debe asegurar la representatividad de todas las áreas artísticas en la parrilla de programación, abarcando expresiones de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, artes visuales, patrimonio, historia, narración oral, cuentería, circo, área audiovisual, cinematografía, artesanías, desfiles de carrozas, comparsas, procesos curatoriales y la gastronomía tradicional.
Para la producción técnica y el montaje de los escenarios, el tercer ítem contempla un rubro de 2.306.230.769 de pesos destinado a cubrir los sistemas de sonido, iluminación, pantallas, tarimas, techos, plantas eléctricas, consolas, estructuras de backline y parafernalia de los eventos centrales y descentralizados. Este ítem financia igualmente el suministro de carpas, vallas, hangares, silletería, la logística de estancia y alimentación para los artistas invitados, el personal especializado de bomberos, cruz roja y defensa civil, la producción del desfile inaugural, los eventos oficiales de lanzamiento en Bogotá y en un municipio asignado de Boyacá, y el pago legal de licencias de derechos de autor y propiedad intelectual. El cuarto componente agrupa un presupuesto de 493.000.000 de pesos para la promoción, el diseño del cartel oficial, la composición de la identidad sonora y de video, el marketing digital y las transmisiones por streaming, vinculando de manera directa a diseñadores gráficos, fotógrafos, realizadores audiovisuales y presentadores. Los costos indirectos para las labores de seguimiento, revisión técnica y verificación de las actividades del festival cierran el balance general con un estimado de 230.769.231 de pesos.
Las entidades privadas sin ánimo de lucro interesadas en participar en el proceso de selección competitiva deben cumplir de forma estricta con los requisitos habilitantes fijados por la Gobernación de Boyacá. En el aspecto jurídico, se exige acreditar la correspondencia del objeto social de la entidad con la organización artística, un certificado de existencia con una vigencia de constitución mínima de tres años, los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios actualizados de los representantes legales, el certificado de registro en el Sistema de Medidas Correctivas de la Policía Nacional y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, deben adjuntar el Registro Único Tributario, el certificado Sarlaft de prevención del riesgo de lavado de activos y la constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses.
En materia de experiencia, las organizaciones participantes tienen la obligación de certificar tres convenios previos celebrados y liquidados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto principal guarde relación directa con la divulgación de expresiones artísticas y cuya sumatoria económica acumulada sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la licitación, es decir, 6.000.000.000 de pesos. Financieramente, las bases del concurso exigen un capital de trabajo igual o mayor al 12% del presupuesto estimado, lo que equivale a la suma de 720.000.000 de pesos. El equipo humano misional mínimo exigido por la administración está compuesto por un coordinador de proyecto profesional en áreas de ciencias sociales con cinco años de experiencia en gerencia de entidades culturales sin ánimo de lucro, un contador público con tarjeta profesional vigente y tres años de experiencia en el sector, y un profesional en administración de empresas con tres años de trayectoria demostrada en firmas de carácter artístico.
La evaluación de las propuestas habilitadas se realizará bajo una matriz de ponderación que otorga un máximo de 100 puntos, distribuidos en cuatro factores de calificación técnica y objetiva. Se asignarán hasta 30 puntos por la acreditación de convenios específicos adicionales a la experiencia mínima exigida, y hasta 10 puntos por los años de experiencia extra que demuestre el coordinador del proyecto en el ejercicio de sus funciones. Los indicadores de eficiencia de la organización aportarán otros 10 puntos, aplicando una fórmula matemática que mide los gastos de implementación sobre los gastos totales de funcionamiento, requiriendo un índice superior a 0,5 para obtener la calificación. Los 50 puntos restantes se otorgarán a la entidad que plantee los mejores ofrecimientos adicionales en especie o cobertura para el fortalecimiento del festival, sin que esto implique una modificación de los costos operativos básicos. Si se presentan empates en el puntaje consolidado, la sectorial aplicará las reglas sucesivas de la Ley 2069 de 2020, priorizando los servicios nacionales, las nóminas con personal en condiciones de discapacidad comprobada, las mujeres cabeza de familia o las empresas con personería jurídica de beneficio e interés colectivo.
El cronograma fijado en el Secop II establece que el término límite para la recepción formal de ofertas y la correspondiente apertura de los sobres digitales vencerá el 10 de junio de 2026 a las 08:30 a.m. La publicación del informe de evaluación técnica y habilitación se realizará el 11 de junio, dando paso a una jornada de traslado para observaciones y aclaraciones que concluirá el 12 de junio. El informe definitivo junto con la sugerencia de aceptación de la oferta más favorable se emitirá el 16 de junio, permitiendo que la firma oficial del convenio de asociación se lleve a cabo el 17 de junio de 2026 a las 02:00 p.m. en el Despacho del Delegado para la Contratación de la Gobernación de Boyacá. El esquema financiero del contrato determina la entrega de un anticipo correspondiente al 50% del valor total tras la aprobación de las garantías y el acta de inicio, recursos que se manejarán en una cuenta bancaria exclusiva y que se amortizarán mediante actas parciales de ejecución hasta el 90% del presupuesto. El 10% restante se pagará contra el acta de liquidación final del certamen, bajo el control de una interventoría externa contratada para el seguimiento técnico y la supervisión directa de Sandra Mireya Becerra Quiroz, en su calidad de Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá.
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