𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐲 𝐦𝐚𝐥𝐭𝐞𝐚𝐝𝐚𝐬: 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐟𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
En el sistema electrónico de contratación pública se encuentra publicada la invitación No. IMC-003-2026, mediante la cual la Asamblea Departamental de Boyacá adelanta el proceso para el suministro de alimentación y refrigerios. El contrato cuenta con un presupuesto oficial de 10 millones de pesos y establece una lista de precios y productos proyectados para el consumo de la corporación.
De acuerdo con el estudio de mercado que sustenta el proceso, basado en las cotizaciones de las empresas Blue Eventos y Green Planet, se han fijado costos para artículos que se alejan de la dieta básica institucional. Entre los ítems detallados se encuentran porciones de fresas con crema promediadas en 17.500 pesos, malteadas de helado de 12 onzas en 18.000 pesos y ensaladas de frutas con un valor de 22.000 pesos por unidad.
La minuta de costos también incluye bebidas y pasabocas con valores específicos para la ejecución del contrato. El documento contempla el pago de 3.000 pesos por un tinto, 4.000 pesos por un café con leche y 12.000 pesos por un batido de frutas en leche. Asimismo, productos tradicionales como la arepa boyacense fueron tasados en 4.800 pesos la unidad, mientras que una porción de agua de panela con queso tiene un valor proyectado de 6.000 pesos.
En cuanto a los platos fuertes, la planeación contractual proyecta un pago de 45.000 pesos por cada "almuerzo ejecutivo". Según las especificaciones técnicas del proceso, este plato debe incluir una proteína de 270 gramos (con opciones como trucha, churrasco, lomo de cerdo o lengua en salsa), entrada, acompañamientos y jugo natural. Por su parte, el denominado "almuerzo corriente", con una proteína de 180 gramos, fue promediado en 27.000 pesos.
El proceso administrativo estipula que el contratista ganador deberá suministrar estos alimentos directamente en la sede de la Asamblea en Tunja durante un periodo de 105 días o hasta que se agoten los recursos asignados. La selección del proveedor se definirá tras evaluar la oferta económica más baja que cumpla con los requisitos de experiencia y calidad exigidos en los pliegos de condiciones.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́
El Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja admitió para su trámite de primera instancia una demanda de acción popular que busca la intervención de infraestructura vial específica en el municipio de Moniquirá. El recurso judicial solicita la rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción y adecuación de las calles 15, 16 y 17, entre carreras 9 y 10 del barrio La Primavera, así como la construcción y mejora de los andenes en este sector determinado.
La decisión responde a la demanda presentada por los ciudadanos Faddia Lisneydy Ávila Castellanos y Yesid Figueroa García. Los accionantes señalan que estos tramos viales presentan un estado de deterioro considerable, lo que motivó el inicio del proceso por la presunta vulneración de derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́
La empresa de economía mixta Tierrasua S.A.S. formalizó la apertura del proceso de contratación RE-IPO-006-2026 para la rehabilitación de la infraestructura vial en el casco urbano de Chiquinquirá. Con una inversión de 4.488.739.874 pesos, la iniciativa busca intervenir tramos críticos afectados por fallas estructurales y un avanzado estado de deterioro que compromete la movilidad en el municipio.
El alcance técnico de las obras contempla la intervención de 23 sectores específicos. De acuerdo con la información del proceso, los tramos priorizados y sus respectivas longitudes son:
San Carlos I (505 metros), El Jardín (1.034 metros), San Carlos 2 (115 metros), Covivienda (800 metros), Villa Republicana (2.180 metros), Santa Cecilia (557 metros), Belencito (585 metros), Sucre (466 metros), Santa Marta (338 metros), Obrero (452 metros), Ricaurte (243 metros), Boyacá Prados del Sur (1.265 metros), Luis Carlos Galán (1.848 metros), Sauces (1.034 metros), Sauces 2 (412 metros), Villa de Los Ángeles (225 metros), San Mateo (629 metros), Santa Cecilia 2 (299 metros), tramo Calle 21 (262 metros), Pola Parque (597 metros), Boyacá Alto 2 (172 metros), Villa Republicana 2 (220 metros) y Apallares (188 metros).
Las labores consisten en el mantenimiento y mejoramiento de la calzada existente mediante el uso de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, emulsión asfáltica y base granular. El contrato resultante tendrá una duración de 135 días (cuatro meses y medio), con fecha de finalización prevista para el 5 de agosto de 2026. Según el cronograma oficial, la firma del contrato se realizará el 21 de marzo de 2026 y la ejecución de las obras iniciará formalmente el 22 de marzo.
La financiación del proyecto proviene del convenio interadministrativo 3829 de 2025, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la administración municipal de Chiquinquirá. Los interesados tienen plazo hasta las 10:00 a.m. del 11 de marzo de 2026 para presentar sus propuestas a través de la plataforma SECOP II. El adjudicatario deberá garantizar la estabilidad de la obra hasta agosto de 2031, bajo la supervisión técnica de Tierrasua S.A.S., encargada de velar por la calidad de las intervenciones en la malla vial.
𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐧𝐯𝐚𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐃𝐮𝐢𝐭𝐚𝐦𝐚
La intervención vial se concentra en el tramo comprendido entre la glorieta de San José y la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) con la instalación de una nueva carpeta asfáltica de refuerzo.
La Secretaría de Infraestructura de Boyacá, en conjunto con la empresa Tierrasúa, ejecuta actualmente labores de mejoramiento en la malla vial de la ciudad de Duitama. Las actividades se centran en la avenida Circunvalar, un corredor estratégico que forma parte de la Ruta 55 y que presentaba deterioros previos como desgaste de la capa superficial y agrietamientos tipo piel de cocodrilo.
Según el reporte técnico de la ingeniería residente del proyecto, las obras actuales consisten en la aplicación de una capa de asfalto destinada a fortalecer la estructura de la vía. Estas acciones complementan los trabajos de corrección de fallas puntuales que se realizaron durante el año anterior en este mismo sector del municipio.
La ejecución de las obras cuenta con el apoyo de la Secretaría de Tránsito de Duitama, entidad encargada de coordinar los cierres viales controlados para permitir el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los operarios. Se estima que las labores en este punto específico de la avenida Circunvalar se extiendan por un día adicional antes de dar por finalizado el tramo.
Una vez concluidas las actividades entre la glorieta de San José y la UPTC, el equipo operativo trasladará la maquinaria y el personal hacia la avenida Las Américas. Allí se tiene previsto iniciar una nueva fase de intervención para continuar con el cronograma de recuperación de la infraestructura vial en la denominada Perla de Boyacá.
¿𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞́ 𝐬𝐢𝐫𝐯𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚?
En un departamento donde el emprendimiento crece en medio de retos económicos, la Cámara de Comercio de Tunja se convierte en pieza clave para transformar ideas en empresas sostenibles. Más allá de la matrícula mercantil, la entidad ofrece acompañamiento, formación, conciliación y conexión empresarial en 71 municipios, consolidándose como el principal aliado estratégico del tejido productivo boyacense.
Hace más de un siglo, la Cámara de Comercio de Tunja - CCT nació como aliada del progreso, acompañando el crecimiento empresarial y desde sus inicios consolidándose como pilar del desarrollo regional. La CCT ha sido el primer paso para miles de emprendedores boyacenses que deciden formalizar sus sueños; pues más que llevar un registro mercantil, la entidad capacita y conecta a empresarios con oportunidades reales de crecimiento, convirtiéndose en un puente estratégico entre el sector productivo y el Estado.
¿𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞́ 𝐬𝐢𝐫𝐯𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚?
En medio de los desafíos económicos que enfrentan los empresarios de la región, una pregunta sigue resonando con fuerza: ¿para qué sirve realmente la Cámara de Comercio de Tunja? Más que una entidad de registro, la CCT se ha consolidado como el eje institucional que facilita el crecimiento empresarial, la formalización y el desarrollo regional en 71 municipios del departamento; asimismo, impulsa la competitividad, ofrece programas de capacitación y actúa como mediador en conflictos comerciales a través de sus centros de arbitraje.
𝐌𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥
Si bien uno de sus servicios más conocidos son: el registro y/o renovación de la Matrícula Mercantil, Registro Único de Proponentes y Entidades Sin Ánimo de Lucro, su papel va mucho más allá del trámite. Esta entidad es la puerta de entrada a la formalidad, lo que permite a comerciantes y emprendedores acceder a créditos, contratar con el Estado, generar confianza ante clientes y participar en procesos de fortalecimiento empresarial.
Formalizar un negocio no es solo cumplir la ley; es abrir oportunidades. Y en este sentido, la entidad cumple una función estratégica que consiste en acompañar al empresario desde la idea hasta la consolidación.
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥
Muchos no sabes que la CCT abre puertas y fronteras, que ofrece asesorías especializadas, programas de formación, ruedas de negocio, fortalecimiento en innovación, transformación digital y acceso a redes empresariales; además, promueve mecanismos alternativos de solución de conflictos como conciliación y arbitraje, herramientas que permiten resolver diferencias comerciales sin acudir a largos procesos judiciales.
También lidera iniciativas para dinamizar sectores estratégicos, apoyar a emprendedores rurales, artesanos, comerciantes y nuevas empresas que buscan abrirse espacio en mercados locales, nacionales e internacionales.
𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
El alcance de la CCT no se limita a Tunja; su jurisdicción, abarca gran parte del centro y norte de Boyacá, lo que la convierte en un actor clave del desarrollo económico territorial. A través de alianzas sólidas con diferentes entes territoriales públicos y privados, impulsa proyectos que fortalecen el tejido empresarial.
La Cámara de Comercio de Tunja promueve la competitividad y la formalización, factores que hoy en día marcan la diferencia en el mundo empresarial; además, no solo registra empresas, las acompaña, las conecta y las proyecta.
Su función es ser el aliado estratégico del empresario boyacense y el motor silencioso que sostiene buena parte de la economía regional.
𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐚𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟔𝟓 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚́𝐫𝐪𝐮𝐞𝐳
La apertura de un proceso de selección pública busca intervenir los puntos críticos y la estructura de pavimento en los sectores que conectan a Turmequé, Nuevo Colón y Tibaná. El proyecto, que abarca más de 15 kilómetros de red secundaria, pretende solucionar el avanzado estado de deterioro que ha dificultado el transporte de productos agrícolas hacia el centro del país y mejorar la conexión directa con el departamento de Cundinamarca.
Tras años de reclamaciones ciudadanas y fallas estructurales recurrentes, la Administración Departamental formalizó la licitación pública LP-GB-002-2026 para la recuperación integral de los corredores viales entre el límite de Villapinzón y Turmequé, y el tramo que une a este municipio con Nuevo Colón y Tibaná. Con un presupuesto oficial de $65.450.138.315, la obra se presenta como una intervención técnica necesaria ante la pérdida de banca y el hundimiento de la calzada que afectan la competitividad de la provincia de Márquez.
El desglose técnico del proyecto revela que no se trata de un simple reparcheo. Debido a la inestabilidad geológica de la zona, el 48,7% de la inversión se destinará exclusivamente a obras de drenaje y protección de taludes, incluyendo la construcción de muros de contención en puntos críticos donde el agua ha socavado la base de la vía. Para la superficie de rodadura, los pliegos exigen el uso de mezcla asfáltica densa en caliente (MDC-19), con una estructura de pavimento que contempla capas de subbase granular y base granular que ocupan el 37,7% del presupuesto, garantizando una mayor durabilidad frente al tránsito pesado de camiones fruteros.
La ejecución de los 15,19 kilómetros se dividirá en frentes de trabajo simultáneos para cumplir con un plazo de nueve meses, fijando la terminación de las obras para el 27 de noviembre de 2026. Un aspecto administrativo relevante es que la entidad no entregará anticipos al contratista seleccionado, lo que obliga a las empresas interesadas a demostrar una capacidad financiera sólida para sostener la compra de materiales y el despliegue de maquinaria desde el primer día.
En cuanto a la movilidad, el anexo técnico estipula la implementación obligatoria de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y un Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). Estas medidas deben asegurar que el flujo de carga desde las veredas de Turmequé y Nuevo Colón hacia Bogotá y Tunja no se interrumpa totalmente, dado que este corredor es una alternativa estratégica al peaje de Albarracín. Las empresas interesadas tienen hasta el 3 de marzo para presentar sus ofertas, y la adjudicación se definirá el 19 de marzo de 2026.
La recuperación de este circuito vial es considerada vital para la economía del sur de Boyacá, pues el mal estado actual de la ruta que conecta con Villapinzón ha generado un incremento en los fletes y daños mecánicos constantes en los vehículos. Con la estabilización de los taludes y la nueva pavimentación, se espera reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial en una región que funciona como despensa agrícola fundamental para el centro de Colombia.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐠𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
El Juzgado Segundo Administrativo de Duitama admitió para trámite de primera instancia una demanda de acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa en contra del municipio de Paipa y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá). El recurso judicial busca una solución definitiva a la problemática sanitaria y ambiental que afecta a los habitantes de la vereda Romita desde hace más de 15 años por el manejo inadecuado de aguas residuales.
Los hechos que motivaron la demanda se originan en una tubería instalada por la administración municipal sobre la vía principal de la vereda. Según el expediente, este conducto desembocaba habitualmente en un vallado ubicado en un predio privado, donde se vertían las aguas sanitarias de la zona sin tratamiento previo. La situación se agravó hace aproximadamente seis meses, cuando el particular propietario del terreno donde se encuentra el vallado procedió a taponarlo y sepultarlo.
Esta obstrucción ha provocado que las aguas negras se devuelvan hacia la infraestructura vial, lo que genera inundaciones en viviendas durante las temporadas de lluvia. La comunidad ha reportado que la mezcla de aguas servidas y pluviales produce malos olores, proliferación de vectores y riesgos para la salud pública. Hasta el momento, los afectados señalan que las autoridades de Paipa no han implementado medidas preventivas para mitigar el impacto ambiental y sanitario en el sector.
La acción popular liderada por Figueroa pretende que el juez ordene, inicialmente, el destaponamiento del vallado y el retiro de la tubería de vertimiento como medidas de mitigación. A mediano y largo plazo, el proceso busca la construcción de un sistema de alcantarillado integral para la vereda Romita, un proyecto que, según los denunciantes, ha sido objeto de promesas incumplidas en años anteriores por parte de diferentes administraciones locales.
𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐛𝐨𝐲𝐚́ 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐚𝐣𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨́𝐧
La movilización ciudadana en el municipio de Saboyá ha cumplido más de ocho días de protestas, motivada por la creciente inconformidad de los habitantes frente a la ubicación y los costos del peaje situado en el sector de Garavito. Los manifestantes, que incluyen comerciantes y residentes de esta zona estratégica entre Boyacá y Santander, aseguran que la estructura de recaudo ha generado un aislamiento económico que compromete la sostenibilidad de los negocios locales.
Según los testimonios recolectados en el punto de concentración, el sector comercial de esta zona de Saboyá reporta una disminución drástica en sus ventas.
Los afectados sostienen que el cobro del peaje se ha convertido en una barrera que desmotiva el tránsito de compradores y proveedores hacia el municipio. De acuerdo con lo expresado por ciudadanos durante las jornadas de protesta, la ubicación de la caseta ha provocado un aislamiento de facto, señalando que los habitantes se encuentran apartados de la cabecera municipal y de centros de abastecimiento como Chiquinquirá.
Además de las afectaciones al comercio, los usuarios de la vía denuncian el avanzado estado de deterioro de la malla vial nacional. Los manifestantes señalan la presencia constante de baches y fallas estructurales que dificultan la movilidad hacia Bogotá y Bucaramanga. Critican que las intervenciones del Instituto Nacional de Vías (Invías) han sido insuficientes, asegurando que en ocasiones los baches son cubiertos con materiales que se desprenden ante la primera lluvia, lo que consideran una falta de retribución frente al pago diario del peaje.
Como medida de solución, los voceros de la movilización plantean la reubicación de la caseta de recaudo hacia un punto con menor densidad poblacional, donde no se afecte directamente la economía y la vida cotidiana de un centro habitado. La comunidad enfatiza que la infraestructura actual divide el acceso a servicios esenciales y educativos, obligando a los residentes locales a pagar por desplazamientos cortos dentro de su entorno cercano.
#Boyacá #Gachantivá #VilladeLeyva
𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐭𝐚 - 𝐆𝐚𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬
El proceso para la intervención integral de la vía que comunica el sector de El Cometa con el municipio de Gachantivá ya se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Con esta apertura oficial se busca seleccionar al contratista encargado de rehabilitar un corredor estratégico para la provincia de Ricaurte, mediante una inversión que supera los 20.371 millones de pesos.
La vía, con una extensión de 5,64 kilómetros, presenta actualmente un deterioro avanzado en su estructura, con tramos sin pavimentar, presencia constante de baches y fallas en el sistema de drenaje. Este trayecto es fundamental para la conectividad de los habitantes de Arcabuco y Villa de Leyva con la cabecera urbana de Gachantivá. Debido a la topografía montañosa de la zona, el corredor es vulnerable a deslizamientos durante las épocas de lluvia, lo que ha motivado la planeación de obras de estabilización de taludes y optimización geométrica en puntos críticos.
De acuerdo con el cronograma del proceso identificado como LP-GB-004-2026, el plazo para que los interesados presenten observaciones al proyecto de pliegos de condiciones vence el 6 de marzo de 2026. Posteriormente, la recepción de ofertas se cerrará el 18 de marzo a las 9:00 de la mañana. La adjudicación del proyecto está programada para el 7 de abril, mientras que el hito de la firma del contrato se ha fijado para el 10 de abril del mismo año. Una vez formalizado el vínculo legal y entregadas las garantías, el ejecutor tendrá un plazo de diez meses para entregar las obras.
La financiación del proyecto se asegura mediante recursos del Pacto Territorial Raíz y Futuro. Las intervenciones técnicas proyectadas incluyen la pavimentación de la calzada, la construcción de cunetas y alcantarillas, y la instalación de señalización vial para reducir los índices de siniestralidad. Estas labores pretenden mejorar la seguridad para los conductores y transportadores que utilizan este eje departamental de manera recurrente.
𝐔𝐧 𝐧𝐮́𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐃𝐮𝐢𝐭𝐚𝐦𝐚
La Fiscalía General de la Nación vinculó a un proceso penal a Nelson Guarín Dueñas, su esposa Yolanda Lucía Divantoque Gómez y su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, señalados como presuntos responsables de captar de manera ilícita más de 1.500 millones de pesos a través de falsos proyectos inmobiliarios en el municipio de Duitama. Los procesados habrían afectado a por lo menos 45 personas mediante el ofrecimiento de viviendas en planes urbanísticos que no contaban con licencias de construcción o que eran inexistentes.
De acuerdo con la investigación liderada por una fiscalía de la Seccional Boyacá, las actividades irregulares se habrían desarrollado entre los años 2018 y 2024. El esquema operaba bajo una fachada de legalidad en la que Nelson Guarín Dueñas, actuando como representante legal de una empresa constructora, se encargaba de mostrar los terrenos a los posibles compradores y de firmar los contratos. Por su parte, Divantoque Gómez y Guarín Divantoque reforzaban la confianza de los interesados exhibiendo planos y asegurando que los proyectos tenían el aval de las autoridades competentes.
Las víctimas eran persuadidas mediante facilidades de pago y ofertas atractivas para entregar sumas de dinero destinadas a la separación de los inmuebles. Estos pagos se respaldaban con promesas de compraventa que, según el ente acusador, nunca llegaron a concretarse. En total, la suma de la que se habrían apropiado los implicados asciende a 1.536 millones de pesos.
Durante las audiencias concentradas, el ente acusador imputó a los tres familiares el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado por los investigados. Tras analizar las evidencias presentadas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Nelson Guarín Dueñas. Por otro lado, Yolanda Lucía Divantoque Gómez deberá cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
La Gobernación de Boyacá formalizó la apertura del proceso de licitación pública No. LP-GB-003-2026, cuyo objeto es el mejoramiento integral de 12,5 kilómetros de la vía secundaria que une a los municipios de Chivatá y Toca. El proyecto cuenta con una asignación presupuestal de 40.679.439.252 pesos y establece un cronograma estricto que obliga a la entrega de las obras antes del 31 de diciembre de 2026, lo que implica una ejecución de diez meses.
De acuerdo con el anexo técnico del contrato, la intervención se ejecutará entre el K10+040 y el K22+540. La nueva estructura del pavimento ha sido diseñada para soportar las exigencias del transporte de carga regional, mediante la instalación de una capa de subbase granular de 25 centímetros, una base granular de 20 centímetros y una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor. El proceso incluye además el uso de geotextiles para garantizar la estabilidad de los materiales y prolongar la vida útil de la calzada.
Un componente central de la obra es la renovación del sistema de drenaje, debido a que las estructuras actuales han cumplido su ciclo funcional. Los pliegos detallan la demolición de 67 alcantarillas existentes que presentan insuficiencia hidráulica, las cuales serán reemplazadas por 68 nuevas unidades. Entre estas construcciones se destacan dos estructuras tipo Box Culvert, diseñadas para el manejo de grandes volúmenes de agua, lo que evitará futuros daños estructurales por escorrentías en este sector de la provincia Centro.
Además de la pavimentación, el contratista que resulte favorecido deberá ejecutar obras complementarias de contención mediante muros de concreto y la instalación de señalización vial completa. Esto abarca tanto la demarcación horizontal con pintura de alta resistencia como la señalización vertical informativa y preventiva, conforme a los manuales de construcción y diseño del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El proceso se rige bajo la modalidad de licitación de obra pública con la aplicación de "Documentos Tipo", garantizando la pluralidad de oferentes. Según el cronograma oficial del SECOP II, el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones vence el 6 de marzo de 2026. La audiencia de adjudicación y apertura del sobre económico está programada para el 7 de abril, mientras que la firma del contrato y el inicio de las garantías de cumplimiento se proyectan para el 10 de abril del presente año.
La Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá indicó que la recuperación de este corredor es vital para la economía local, ya que impacta directamente en las veredas de El Moral, Siatoca, Guintiva, San Francisco y Tuaneca.
𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐡𝐨𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞, 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐚, 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞́𝐫𝐫𝐞𝐳 𝐲 𝐓𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐚
𝑇𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑡𝑒́𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒, 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑣𝑖́𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑦 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛. 𝑆𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝐷𝑢𝑖𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑦 𝑃𝑎𝑖𝑝𝑎, 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 200.000 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠.
En una jornada de trabajo que se extendió por varios días, la Gobernación de Boyacá culminó la revisión de proyectos estratégicos para los municipios de las provincias de Norte, Valderrama, Gutiérrez, Tundama y Sugamuxi. Los encuentros con los mandatarios locales permitieron establecer una hoja de ruta con inversiones específicas que buscan reactivar obras inconclusas y fortalecer la infraestructura rural y urbana del departamento.
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐚: 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐞𝐧 𝐃𝐮𝐢𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐲 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
En Duitama, la asignación de recursos alcanzó una cifra histórica de 153.000 millones de pesos. Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de una torre de alta complejidad para el Hospital Regional, con una inversión de 45.000 millones de pesos, además de 13.000 millones destinados exclusivamente a salud mental. En infraestructura, se confirmó que la próxima semana iniciarán las obras en la vía Batallón Silva Plazas-La Trinidad por 8.500 millones de pesos, mientras que el proyecto de vías urbanas reporta un avance del 60%.
Por su parte, en Paipa, la inversión ya supera la realizada en el periodo gubernamental anterior, según el relato oficial. Se destacan 59.500 millones de pesos para el Centro de Alto Rendimiento y 5.000 millones para la sobrecarpeta asfáltica de la vía hacia el Pantano de Vargas. En el ámbito educativo, se destinaron cerca de 3.000 millones para las sedes de las instituciones Tomás Vásquez, Toibita, Isidro Rivera, ITA y Armando Solano.
En otros municipios de Tundama, como Santa Rosa de Viterbo, se anunció la terminación del teatro municipal y la pavimentación de 1.339 metros en la vía de ingreso. En Floresta, se priorizaron 2.100 millones de pesos para la restauración del Templo Doctrinero de Tobasía y 650 millones para placas huella. En Tutazá, se garantizó la culminación de la ESE municipal con 580 millones de pesos adicionales y la segunda fase del parque principal por 1.200 millones.
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞́𝐫𝐫𝐞𝐳: 𝐂𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥
La provincia de Gutiérrez registra avances significativos en salud con la gestión de 12.900 millones de pesos para finalizar el hospital de Güicán, un proyecto conjunto entre el Ministerio de Salud, el municipio y el departamento. En El Cocuy, se cofinanciarán 2.830 millones de pesos para vías urbanas de perfil turístico, mientras que en Chiscas se anunció la terminación de la Institución Educativa Las Mercedes para el mes de marzo.
En la provincia Norte, los esfuerzos se concentraron en la conectividad. En Soatá, se avanza en la gasificación para 381 familias rurales y la recuperación de la infraestructura de la IE Juan José Rondón. Municipios como San Mateo y Susacón recibirán tractores del pacto ‘Raíz y Futuro’, mientras que en Boavita se tramitan 2.300 millones de pesos para la planta de beneficio regional. En La Uvita, se atiende actualmente una emergencia vial en el sector Cusagüí con maquinaria pesada para recuperar la conexión con Chita.
𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐚: 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬
En la provincia de Valderrama, Socha fue priorizada con la finalización de su vía circunvalar para desviar el tráfico pesado del casco urbano. En Paz de Río, el enfoque está en la pavimentación de las carreras Segunda y Cuarta, así como en la creación de una Casa Abrigo en las antiguas instalaciones del Seguro Social.
En Socotá, se espera la entrega de estudios por parte de la UPTC para la vía hacia Puente Mausa, donde ya se invirtieron 560 millones de pesos en rehabilitación técnica. Por otro lado, en Tasco se destinaron recursos para la terminación de la ESE municipal y la construcción de una solución de vivienda para una familia vulnerable en el sector El Cadillal.
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞𝐬: 𝐚𝐠𝐫𝐨 𝐲 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
A lo largo de todas las provincias, la administración departamental confirmó la entrega de maquinaria agrícola. Bajo el pacto ‘Raíz y Futuro’, la mayoría de los municipios recibirán entre dos y tres tractores para fortalecer la productividad del campo. Así mismo, se anunció la entrega de buses escolares para municipios como Floresta, Busbanzá, Belén, Tutazá y varias localidades de la provincia Norte, con el fin de garantizar el transporte de estudiantes en áreas rurales.
Finalmente, se informó que proyectos como la Planta de Transformación de la Cebada en Paipa y el Centro Agroindustrial de Duitama avanzan en fases de prefactibilidad y gestión de recursos ante el Gobierno Nacional, buscando consolidar a Boyacá como un eje logístico y productivo en el centro oriente colombiano.
𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚𝐬
La tercera mesa técnica por la tarifa diferencial de transporte intermunicipal, desarrollada en Duitama tras dos encuentros previos realizados en la capital boyacense, definió que el proyecto de ordenanza para formalizar este beneficio será presentado ante la Asamblea Departamental una vez concluya el periodo de Ley de Garantías. Esta decisión establece una ruta jurídica clara para la iniciativa que busca reducir los costos de movilidad de la comunidad académica que se desplaza por los corredores viales de Boyacá.
Para avanzar en la consolidación del documento, se estableció la creación de un comité técnico encargado de presentar un informe detallado en el próximo encuentro. Este equipo analizará los estudios de caracterización poblacional y los presupuestos necesarios para determinar qué municipios y rutas se integrarán formalmente al proyecto. La validación de este informe será determinante para decidir si se mantiene la proyección actual de la ordenanza o si se requieren modificaciones estructurales antes de su radicación.
En materia de financiación, la Gobernación de Boyacá mantiene una propuesta de 2.500 millones de pesos para dar inicio a la ejecución del programa. El proceso administrativo actual se centra en determinar el monto que cada alcaldía municipal deberá aportar para complementar el rubro departamental, asegurando así la sostenibilidad financiera de la tarifa diferencial.
El avance de esta mesa técnica permite que nuevas administraciones locales y empresas de transporte se vinculen a la estrategia liderada por el movimiento estudiantil. Los delegados y las autoridades regionales continuarán con el cronograma de trabajo técnico para definir los ítems presupuestales definitivos que darán soporte a la ordenanza en la Asamblea de Boyacá.
𝐔𝐏𝐓𝐂 𝐞 𝐈𝐒𝐀 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢́𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) suscribieron un convenio interadministrativo que permitirá la instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos en las sedes de Tunja, Duitama y Sogamoso. El acuerdo formaliza una relación contractual en la que la universidad adquiere energía limpia generada en sus propios campus a través de un tercero.
El convenio se rige bajo el modelo Power Purchase Agreement (PPA), lo que implica que ISA asume la totalidad de la inversión en infraestructura, mientras que la UPTC se compromete al pago periódico por el suministro de la energía producida.
Según los estudios previos del contrato, la universidad pagará una tarifa de 380 pesos por kilovatio hora (kW/H) generado, valor que se ajustará anualmente según el Índice de Precios del Productor (IPP). Las proyecciones financieras para el periodo comprendido entre 2026 y 2036 estiman que la institución realizará pagos por un total de 3.974 millones de pesos a la entidad ejecutora.
En cuanto a los tiempos de ejecución, el cronograma establece un plazo de siete meses para las fases de diseño, trámites de conexión y montaje de los paneles. Se prevé que el sistema entre en funcionamiento oficial durante el segundo semestre de 2026, momento en el que comenzará la facturación por el servicio de energía solar.
La instalación de los sistemas se concentrará en puntos específicos: el Edificio de Posgrados y el Centro de Laboratorios Nuevo en Tunja, y los edificios de aulas en las seccionales de Duitama y Sogamoso. A pesar de contar con esta nueva fuente, la universidad mantendrá su vínculo con el operador de red convencional para suplir la demanda en horarios sin radiación solar.
Con la firma de este convenio, la UPTC busca una reducción en los costos de facturación eléctrica que, según cálculos institucionales, podría representar un ahorro proyectado de 4.017 millones de pesos al término de la primera década de operación, frente a lo que pagaría en el mercado de energía tradicional.
𝐅𝐨𝐫𝐛𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐉𝐚𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐚𝐮́𝐥 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐢́𝐝𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔
La revista Forbes Colombia incluyó al congresista boyacense Jaime Raúl Salamanca Torres en su listado de los 26 personajes que marcarán la agenda del país durante el presente año. El representante a la Cámara por Boyacá comparte espacio en esta selección con figuras del ámbito político nacional, deportivo y empresarial, en un periodo definido por el panorama electoral y los retos macroeconómicos de la nación.
La publicación especializada presentó a este grupo de líderes bajo la premisa de que serán los encargados de dirigir la conversación política, cultural y social en Colombia. Dentro del escalafón aparecen nombres como el presidente de la República, Gustavo Petro; el registrador nacional, el alcalde de Bogotá y los integrantes de la Selección Colombiana de Fútbol, quienes junto a Salamanca y otros 20 perfiles conforman la proyección editorial de la revista para 2026.
Jaime Raúl Salamanca Torres, quien ejerció la presidencia de la Cámara de Representantes, es el único líder político con base regional en Boyacá que figura en esta edición de la revista. Su aparición en este listado coincide con el desarrollo de la actual contienda electoral, donde el congresista busca mantener su escaño en la cámara baja del Congreso de la República.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐫𝐢́𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́
El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja admitió una acción popular interpuesta contra el municipio de Moniquirá, con la cual se busca la protección de los derechos colectivos al espacio público, la seguridad y la prevención de desastres. La decisión judicial surge ante el estado de la estructura que cruza el río Moniquirá, la cual presenta riesgos para quienes transitan por este sector del departamento.
Como parte del auto admisorio, el despacho judicial decretó una medida cautelar de cumplimiento inmediato. Esta orden exige a la administración municipal que, en un plazo de 30 días, ejecute las acciones necesarias para la señalización del área afectada y la adecuación de las condiciones de operación de la estructura. La medida se fundamenta en la necesidad de advertir a la comunidad sobre las limitaciones de paso y asegurar la integridad física de los transeúntes.
El proceso judicial tiene su origen en una demanda presentada por Yesid Figueroa García, que inicialmente agrupaba diversas estructuras del municipio. Tras una decisión de desglose por parte del Juzgado Tercero Administrativo de Tunja, el expediente relativo específicamente al puente sobre el río Moniquirá fue asignado al Juzgado Sexto. El sustento técnico de la reclamación incluye un informe de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, que advierte sobre la falta de un ancho seguro para vehículos y la necesidad de restringir el tránsito únicamente a peatones y motocicletas.
Dentro de las disposiciones del juzgado, se vinculó al departamento de Boyacá y a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), bajo el principio de que estas entidades deben concurrir y apoyar al municipio en la mitigación de riesgos que superen su capacidad técnica o financiera. Asimismo, se ordenó a la Alcaldía de Moniquirá informar a la ciudadanía sobre el inicio de esta acción legal para permitir la intervención de posibles interesados.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐞
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Tunja admitió una acción popular que busca la protección de los derechos colectivos y la culminación de las obras de la estación de policía del municipio de San José de Pare. El medio de control, promovido por el ciudadano Yesid Figueroa García, pretende que se ordene a la Policía Nacional el reinicio y la entrega a satisfacción de la infraestructura física de esta localidad de la provincia de Ricaurte.
De acuerdo con el texto de la demanda, el proyecto de renovación, arreglo o edificación de la estación se encuentra actualmente paralizado y en estado de abandono. El accionante señala que, aunque las obras iniciaron hace un tiempo, la suspensión indefinida ha generado un deterioro progresivo de lo construido, lo que representaría un riesgo de pérdida para el patrimonio público y una afectación a la seguridad de la comunidad.
En el proceso se consigna que la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional informó que el proyecto se adelanta bajo procesos de contratación en la plataforma SECOP II, con un valor estimado de $3.152.672.123. No obstante, el reporte oficial indica que el avance físico de la obra es de apenas el 2,95%, a pesar de que la ejecución contractual estaba comprendida inicialmente entre el 18 de agosto y el 15 de diciembre de 2025.
Ante este panorama, el juzgado admitió las pretensiones que exigen a la institución policial definir un término preciso y perentorio para reactivar las labores. En caso de que no sea posible continuar con el proyecto original, el demandante solicita que se determine un fin público específico para el inmueble y se adelanten los estudios técnicos necesarios para su mantenimiento o adecuación.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐞
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Tunja admitió una acción popular que busca la protección de los derechos colectivos y la culminación de las obras de la estación de policía del municipio de San José de Pare. El medio de control, promovido por el ciudadano Yesid Figueroa García, pretende que se ordene a la Policía Nacional el reinicio y la entrega a satisfacción de la infraestructura física de esta localidad de la provincia de Ricaurte.
De acuerdo con el texto de la demanda, el proyecto de renovación, arreglo o edificación de la estación se encuentra actualmente paralizado y en estado de abandono. El accionante señala que, aunque las obras iniciaron hace un tiempo, la suspensión indefinida ha generado un deterioro progresivo de lo construido, lo que representaría un riesgo de pérdida para el patrimonio público y una afectación a la seguridad de la comunidad.
En el proceso se consigna que la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional informó que el proyecto se adelanta bajo procesos de contratación en la plataforma SECOP II, con un valor estimado de $3.152.672.123. No obstante, el reporte oficial indica que el avance físico de la obra es de apenas el 2,95%, a pesar de que la ejecución contractual estaba comprendida inicialmente entre el 18 de agosto y el 15 de diciembre de 2025.
Ante este panorama, el juzgado admitió las pretensiones que exigen a la institución policial definir un término preciso y perentorio para reactivar las labores. En caso de que no sea posible continuar con el proyecto original, el demandante solicita que se determine un fin público específico para el inmueble y se adelanten los estudios técnicos necesarios para su mantenimiento o adecuación.
𝐄𝐣𝐞́𝐫𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨́𝐧 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional confirmó que próximamente entrará en funcionamiento una estructura modular dentro de las instalaciones del Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla en Tunja. Esta medida busca fortalecer el portafolio de servicios del dispensario médico y atender las afectaciones de infraestructura derivadas del atentado ocurrido en noviembre de 2025.
Tras las afectaciones sufridas en la unidad militar el pasado 8 de noviembre, la institución ha implementado un plan de contingencia para mantener la atención de los usuarios en la capital de Boyacá. Como solución a corto plazo para restablecer la capacidad operativa, se adelantará la puesta en marcha de esta unidad modular que permitirá ampliar la oferta asistencial directamente en el lugar.
Actualmente, la prestación de servicios se mantiene a través de la red interna del Establecimiento de Sanidad Militar. El personal disponible ofrece consultas en medicina general, odontología, fisioterapia, psicología, pediatría y nutrición, entre otras especialidades. Según el reporte oficial, se brinda atención prioritaria de lunes a domingo, en una jornada que comprende desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.
En cuanto a la gestión de servicios de mayor complejidad, el Ejército informó que los pacientes son remitidos a la red externa, la cual está integrada por el Hospital Santiago de Tunja, el Hospital Universitario San Rafael y el Hospital Militar Central en Bogotá. Desde el incidente terrorista hasta la fecha, el sistema de información registra la autorización de 6672 servicios externos y la atención de 2596 usuarios en las instalaciones locales.
En el componente administrativo, la Regional N.º 9 inició el año 2026 con la contratación de 520 prestadores de servicios asistenciales para los dispensarios. Asimismo, se mantienen vigentes los procesos contractuales para asegurar la continuidad de los servicios con clínicas y hospitales externos. En el área farmacéutica, el reporte indica el despacho de 4480 fórmulas y la entrega continua de insumos médicos como pañales y glucómetros.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Duitama profirió sentencia de primera instancia en la que ordena al municipio de Paipa ejecutar un cronograma de acciones técnicas y presupuestales para solucionar la falta de una infraestructura adecuada de transporte terrestre. El fallo judicial, derivado de una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, establece plazos estrictos para que la administración local contrate los estudios de rigor y defina el futuro de la movilidad intermunicipal en la zona.
La decisión judicial otorga un término máximo de dos meses, a partir de la notificación de la providencia, para que la Alcaldía de Paipa realice las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para contratar una consultoría integral. Este equipo multidisciplinario, compuesto por expertos en tránsito, seguridad vial, urbanismo y economía del transporte, deberá realizar estudios de flujo peatonal y vehicular, análisis de capacidad de servicio y modelaciones técnicas bajo estándares especializados.
El fallo contempla dos escenarios tras la entrega de los resultados de la consultoría. En primer lugar, si el estudio determina que solo se requieren obras complementarias o ajustes en la movilidad actual, el municipio tendrá seis meses para ejecutarlas. En segundo lugar, si el resultado confirma la necesidad de una central de transporte, la administración dispondrá de un año para radicar la solicitud formal de habilitación ante las autoridades nacionales, cumpliendo con los requisitos legales vigentes.
La sentencia también vincula a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Concesionario BTS, ordenándoles prestar colaboración técnica una vez el municipio obtenga los resultados del estudio. Por su parte, el Ministerio de Transporte deberá brindar asistencia técnica prioritaria en la ruta de habilitación, ya sea para una terminal satélite o una municipal, y resolver con celeridad las solicitudes que el ente territorial radique.
El precandidato presidencial Roy Barreras adelantará este miércoles 11 de febrero una jornada de encuentros en el departamento de Boyacá. La visita del aspirante por el Frente por la Vida se concentrará en reuniones con sectores específicos en las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, sin que se tengan previstos actos en plaza pública o manifestaciones masivas.
La agenda comenzará en Tunja a las 8:00 a. m. con una reunión en el Club de Trabajadores de Comfaboy. En este espacio, Barreras recibirá a periodistas de la capital boyacense y la región para exponer sus tesis programáticas de cara a la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo y atender inquietudes sobre la coyuntura política nacional.
Hacia el mediodía, el precandidato se trasladará a Paipa, donde sostendrá un almuerzo con empresarios y representantes de la política regional. El encuentro busca generar un diálogo sobre las perspectivas económicas y los vínculos de la dirigencia local con el proyecto nacional que lidera el exembajador.
Dentro de las actividades previstas durante su paso por el departamento, también se contempla una reunión privada con José Luis Bohórquez, candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el municipio de Duitama. El acercamiento entre ambos líderes tiene como fin abordar temas relacionados con la contienda electoral que enfrenta el sector del progresismo en Boyacá.
La gira finalizará en Sogamoso durante las horas de la tarde. Allí, el precandidato tiene programado un encuentro con representantes de los gremios productivos de la provincia de Sugamuxi, con especial atención en el sector del carbón. En esta reunión se abordarán temas relacionados con la industria minera, la transición energética y las propuestas de reactivación para esta zona del departamento.
El mercado inmobiliario en el corredor Tunja-Paipa-Duitama-Sogamoso cerró el año 2025 con un total de 1.894 unidades de vivienda comercializadas. Esta cifra representa una variación negativa frente a las ventas reportadas en 2024. El comportamiento del sector estuvo influenciado por factores económicos y normativos que condicionaron la dinámica de compra en el departamento.
Según el reporte de Coordenada Urbana de Camacol, el año se dividió en dos etapas diferenciadas. Durante el primer semestre se presentó una desaceleración vinculada a la suspensión del programa nacional Mi Casa Ya y a las restricciones en las condiciones financieras. En la segunda mitad del año, el mercado mostró una recuperación que evitó una caída de mayor magnitud en el consolidado anual.
El análisis por segmentos de mercado revela datos contrastantes. La vivienda de interés social (VIS) registró una disminución del 8,2%, comportamiento asociado a la falta de subsidios y a la limitada capacidad de pago de los hogares. Por el contrario, el segmento No VIS o de vivienda media presentó un crecimiento del 17,5%.
En lo referente a la actividad de las constructoras, los lanzamientos de nuevos proyectos sumaron 2.102 unidades, lo que equivale a un incremento del 24,2% respecto al periodo anterior. No obstante, las iniciaciones de obra cerraron con una reducción del 4,7%, con un total de 2.037 unidades que comenzaron su fase de construcción.
La oferta total de vivienda nueva en la región aumentó un 24,3%, alcanzando las 2.616 unidades disponibles al cierre del año. Este incremento en la oferta está concentrado principalmente en el segmento No VIS, lo que indica una recomposición del mercado hacia viviendas de precios medios y altos en los municipios del corredor principal de Boyacá.
De cara al año 2026, el sector constructor regional vincula su desempeño a la estabilidad de las políticas de vivienda nacionales, el apoyo de las administraciones territoriales y la recuperación de la confianza de los inversionistas y compradores locales.
𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐮́𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐨́ 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟑𝟒.𝟕𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝟑𝟎 𝐝𝐢́𝐚𝐬
En apenas cuatro semanas, la empresa Tierrasúa S.A.S. ha desplegado una actividad contractual masiva que ya alcanza los 34.755 millones de pesos. Un análisis de los 96 procesos registrados en el Secop II entre el 7 de enero y el 5 de febrero revela una estructura de gasto que combina millonarios proyectos de infraestructura con una robusta vinculación de personal externo bajo el amparo del régimen especial.
𝐂𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬
La mayor parte del capital comprometido en este arranque de año se concentra en la ejecución de obra civil y suministro de materiales. Solo cinco contratos representan el 86% de la inversión total, evidenciando el papel de la entidad como el brazo ejecutor de proyectos estratégicos en Boyacá.
El proceso de mayor cuantía corresponde a la pavimentación de la vía Batallón Silva Plazas - La Trinidad en el municipio de Duitama, por un valor de 7.951 millones de pesos (https://www.facebook.com/share/p/1FVpnWRYgi/). Le siguen dos convenios de suministro e instalación de materiales de alta relevancia: uno destinado a Tunja por 7.014 millones de pesos y otro para Sogamoso por 5.840 millones de pesos (https://www.facebook.com/share/p/17n99TuErH/).
En la zona rural, destaca el mejoramiento de la vía en la vereda Piedra Gorda de Sora, con una asignación de 4.382 millones de pesos (https://www.facebook.com/share/p/17UEyKi6g7/), y el tramo Oicatá - Chivatá por 3.400 millones de pesos (https://www.facebook.com/share/p/1HiGDrMDve/).
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬
Uno de los hallazgos más significativos en la revisión de los folios digitales es la vinculación de personal técnico y profesional. De los 96 procesos analizados, 82 corresponden a contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales suman cerca de 2.510 millones de pesos.
Esta contratación de personal se realizó de manera casi simultánea durante las primeras dos semanas de enero. Bajo esta modalidad, Tierrasúa ha vinculado desde ingenieros para la residencia de obras hasta perfiles para análisis sociocultural con honorarios de 17.5 millones de pesos.
La repetición de objetos contractuales y la similitud en los valores de los honorarios sugieren una estructura operativa dependiente casi en su totalidad de contratistas externos. La mayoría de estos pagos oscilan entre los 20 y 35 millones de pesos por contrato.
𝐄𝐥 𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥
La totalidad de estos procesos se rige bajo el régimen especial, una figura jurídica que permite a Tierrasúa actuar bajo las reglas del derecho privado pese a manejar recursos públicos. Este modelo le otorga la facultad de evitar las licitaciones públicas tradicionales de la ley 80.
Dicha flexibilidad administrativa permite una selección de contratistas más rápida y, en muchos casos, directa o mediante invitaciones cerradas. Bajo este esquema también se gestionan gastos de funcionamiento interno que resultan llamativos por su cuantía en una sola vigencia.
Destaca un contrato a monto agotable para el suministro de papelería y elementos de cafetería por valor de 119 millones de pesos. Asimismo, se registra la contratación de la carnetización institucional del personal por 3.5 millones de pesos para el arranque de operaciones.
𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧
A la fecha, 87 de los 96 procesos se encuentran en fase de publicación o presentación de ofertas en el sistema. Solo tres contratos han llegado a la etapa de adjudicación definitiva, lo que indica que la entidad está en un proceso de legalización masiva de su operatividad para 2026.
