El candidato presidencial Abelardo de la Espriella acusó públicamente al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, de utilizar su cargo para presionar a mandatarios municipales y funcionarios, así como de ofrecer contratos públicos con el fin de conseguir votos a favor de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Durante una entrevista en vivo transmitida por Noticias RCN, el aspirante a la jefatura del Estado afirmó que ya remitió las evidencias de estas presuntas irregularidades a las autoridades correspondientes para que se adelanten las verificaciones de orden legal.
En el desarrollo del espacio televisivo, al ser cuestionado de manera directa sobre la situación política en el departamento y si poseía evidencias contra el mandatario boyacense, de la Espriella sostuvo que "hoy he enviado la evidencia de cómo el Gobernador de Boyacá está utilizando su cargo, el gobernador Amaya, para presionar alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos para buscar votos para el heredero de la FARC y del ELN".
La senadora electa Zandra Bernal y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, protagonizaron un fuerte intercambio de declaraciones a través de la plataforma digital X en torno a las políticas de abastecimiento eléctrico, la gestión de la transición energética y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. El debate, desarrollado a ocho días de la segunda vuelta presidencial, expuso las tensiones técnicas y políticas entre la congresista oriunda de Socha, y el funcionario del Gobierno Nacional.
La controversia inició con una publicación de Palma relacionada con las medidas institucionales frente al cambio climático. El funcionario escribió: “Muy bien que todos empecemos a activarnos con distintas medidas frente a este evento que es consecuencia del cambio climático, que precisamente muchos niegan”. Asimismo, el ministro anunció la expedición de regulaciones orientadas a incentivar el consumo eficiente en los hogares y sancionar el desperdicio de energía, además de estímulos para reducir la demanda de gas y electricidad. “Mientras tanto, seguimos avanzando en la instalación de paneles solares en hogares y pedimos a los operadores de red toda la colaboración en esta tarea, así como en la conexión de granjas solares que surten trámites y que en ocasiones padecen interminables demoras. El sistema energético lo tenemos que cuidar entre todos, con cooperación, sin egoísmos ni individualismos”, puntualizó.
Ante estas afirmaciones, la senadora electa del Centro Democrático respondió cuestionando la planeación del sector minero-energético. “Ministro, no sea hipócrita. Después de tres años de negacionismo energético, ahora vienen a advertirnos a los colombianos sobre los riesgos del fenómeno de El Niño. ¿Prepararnos para qué? ¿Para las consecuencias de su propia gestión? Ustedes dejan al país con un déficit proyectado de energía del 2,7%, cuando durante el fenómeno de El Niño de 2023-2024 el sistema tenía mucha más holgura para responder”, replicó Bernal.
En su argumentación, la dirigente boyacense sostuvo que la transición energética prometida por la actual administración apenas alcanzó un 3% de ejecución respecto a las metas planteadas, y criticó la postura oficial frente a los hidrocarburos. “Después de tres años atacando la exploración y producción de gas, hoy Colombia enfrenta un déficit de gas del 12% en 2025 y del 30% en 2026, obligando al país a importar gas por primera vez en 45 años y aumentando las tarifas para hogares y empresas. Acabaron el sector minero-energético, frenaron inversiones, no ejecutaron la transición que prometieron y tampoco realizaron oportunamente las subastas de energía firme que el país necesitaba. La crisis que se aproxima con el fenómeno de El Niño es el resultado de tres años de improvisación y malas decisiones del Gobierno Petro”, afirmó Bernal.
El ministro Palma respondió formalmente a la publicación instando a la revisión de las cifras del sector. “Honorable senadora @ZandraBernal: estudie. Lea. Desde que arrancó este mal llamado mercado de energía, ningún gobierno había logrado incorporar tanta nueva capacidad de generación al sistema eléctrico como el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, aseveró.
Bernal refutó de inmediato el argumento del jefe de la cartera ministerial, señalando que los datos expuestos corresponden a mediciones teóricas y no a la producción efectiva del sistema. “Ministro, menos propaganda y más resultados. Lo que usted muestra es capacidad instalada bruta, no generación real. La diferencia es que los colombianos no consumen promesas ni gráficos; consumen energía”, manifestó.
La congresista electa añadió que las adiciones de energía corresponden al desarrollo de proyectos gestionados por el sector privado. “Si hoy existe más capacidad instalada, se debe principalmente a la inversión privada, que logró sacar adelante más de 70 proyectos de mediana y gran escala, aportando cerca de 1.400 megavatios adicionales, un crecimiento del 298%. No gracias a su Gobierno, sino a pesar de él. Mientras tanto, tienen 53 proyectos detenidos y 134 permisos represados esperando autorización. Esa es la verdadera herencia de su gestión”, argumentó.
Finalmente, Bernal defendió la operación de las plantas térmicas dentro de la matriz nacional, señalando que aportan el 29,6% de la capacidad del sistema y son esenciales para evitar apagones ante fallas en la generación hídrica o renovable. La senadora electa concluyó afirmando que Colombia ya importa cerca del 32% del gas que consume, que la generación eólica permanece en un 0% frente a lo prometido y que los fundamentos de las energías renovables se encuentran en las leyes 2036 de 2020 y 2099 de 2021 aprobadas en periodos anteriores. Asimismo, solicitó formalmente al ministro Palma hacer pública la fuente completa de sus proyecciones gráficas, asegurando que los datos completos muestran un panorama sectorial diferente.
El presidente de la república, Gustavo Petro, manifestó, a través de una publicación en su cuenta de X, su inconformidad y rechazo frente a los resultados del preconteo oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondientes a la primera vuelta presidencial, jornada que dejó al candidato Abelardo de la Espriella con la mayor votación para disputar una segunda vuelta ante Iván Cepeda. A través de este pronunciamiento público, el jefe de Estado calificó el sistema de transmisión como una medición sin fuerza vinculante y afirmó que el ejecutivo se ceñirá exclusivamente a los datos finales que consoliden las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.
A solo 13 días de que los ciudadanos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, los formularios oficiales de ingresos y gastos de la organización electoral reflejan que el único origen de recursos que las tres principales campañas han registrado formalmente hasta la fecha corresponde a créditos con el sector financiero. Dentro de la documentación contable disponible de manera pública, los rubros destinados a aportes de recursos propios, contribuciones de familiares, donaciones de particulares o ayudas en especie no muestran movimientos ni dinero reportado en este corte presupuestal.
En el informe de la candidata Paloma Susana Valencia Laserna, avalada por el partido Centro Democrático, se asienta un ingreso reportado de 30.000 millones de pesos, figurando de forma exclusiva bajo el concepto de créditos financieros. El reporte, suscrito por la gerente de campaña María del Rosario Guerra de la Espriella y el auditor Omar Humberto Sierra Castilla, detalla que los gastos consolidados y tramitados hasta el momento ascienden a 12.484.220.598,24 pesos. Dentro del presupuesto ejecutado en este lapso, el rubro con mayor asignación es el de propaganda electoral con 10.252.435.351 pesos, seguido por los gastos de administración con 1.425.160.968 pesos y el servicio de transporte y correo con 522.564.168,81 pesos.
Por su parte, la campaña de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, inscrito por el movimiento Defensores de la Patria, registra un ingreso de 32.000 millones de pesos que obedece únicamente al ítem de préstamos bancarios en el estado actual de la rendición de cuentas. La contabilidad presentada por el gerente Carlos Andrés Ríos Puertas y el auditor Alfonso Soler Casteblanco indica que los gastos totales reportados alcanzan los 18.400.279.651,76 pesos. De esta cifra, la propaganda electoral representa una inversión de 11.933.190.952,30 pesos, los gastos de administración se fijaron en 5.411.660.527,94 pesos y los actos públicos sumaron 217.326.152 pesos.
Finalmente, el candidato Iván Cepeda Castro, en representación del movimiento político Pacto Histórico, reportó ante la autoridad electoral un ingreso de 15.000 millones de pesos derivados en su totalidad de créditos financieros en lo que va del proceso. El informe contable, tramitado por el gerente Antonio Javier Peñaloza Núñez y el auditor Juan Carlos Lemus Gómez, sitúa los gastos de la campaña en 8.562.501.436 pesos. Los desembolsos de esta aspiración se concentraron principalmente en propaganda electoral con 6.520.332.493 pesos, actos públicos con 924.692.500 pesos y servicios de transporte y correo con 841.540.093 pesos.
Los documentos oficiales de las tres candidaturas coinciden en que no se han registrado anticipos estatales de financiación previa ni se relacionan obligaciones pendientes de pago o ingresos de otra naturaleza en los cortes informados formalmente hasta el momento de esta publicación.
La candidata a la presidencia de la República, Paloma Valencia, presentó los ejes principales de su programa de gobierno ante la comunidad boyacense con miras a la jornada electoral que se llevará a cabo en menos de tres semanas. La aspirante centró su intervención en la importancia estratégica de las centrales termoeléctricas del departamento para la estabilidad energética nacional, la implementación de tecnología de punta en la producción agrícola y la reestructuración del modelo de seguridad en las vías del país.
Durante su intervención, Valencia enfatizó que las plantas térmicas ubicadas en Boyacá deben ser el respaldo fundamental para evitar un posible apagón en Colombia. Según la candidata, el país enfrenta riesgos de desabastecimiento eléctrico y un encarecimiento del gas, por lo que propuso un apoyo directo al sector minero de la región para garantizar el flujo de carbón necesario hacia las generadoras. La aspirante señaló que su administración buscaría que el departamento mantenga encendidas sus capacidades de producción de energía como medida de contingencia ante la crisis energética que, según expertos citados en su discurso, amenaza al territorio nacional.
En el ámbito del desarrollo rural, Valencia planteó una transformación técnica para los productores locales. La propuesta incluye la creación de un plan vial campesino que asegure la pavimentación de diez kilómetros en cada municipio mediante el uso de nuevas tecnologías. Así mismo, detalló un sistema de asistencia técnica operado por inteligencia artificial, donde los cultivadores de papa y ganaderos podrán recibir diagnósticos y asesoría veterinaria directamente en sus dispositivos móviles. Para mejorar la rentabilidad del campo, la candidata propuso la eliminación de intermediarios en la comercialización de la papa y la panela a través de contratos de largo plazo y la creación de fábricas de transformación industrial en el departamento, permitiendo que los campesinos se conviertan en socios de productos procesados como papas fritas y licores derivados de la caña.
En materia de vivienda y movilidad, la aspirante anunció el retorno del subsidio mi casa ya y la creación de un modelo de vivienda semilla con estándares antisísmicos que facilite la autoconstrucción. Respecto al transporte, Valencia manifestó que el Estado asumirá el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, herramienta de trabajo esencial en las zonas rurales de Boyacá. También se refirió a la seguridad en las carreteras, proponiendo la presencia militar en las vías para impedir bloqueos y asegurar el libre tránsito del transporte de carga.
Finalmente, en salud y protección social, la candidata se comprometió a normalizar el servicio en los hospitales de Boyacá en sus primeros cien días de gestión mediante el pago directo de deudas a clínicas y centros médicos. Valencia aseguró que su gobierno priorizará la entrega oportuna de medicamentos y la atención en salud mental para las víctimas y los jóvenes de la región, además de proyectar un incremento en el subsidio al adulto mayor que alcanzaría los 300.000 pesos mensuales. El evento concluyó con un llamado a los boyacenses para respaldar su proyecto político en las urnas el próximo 31 de mayo.
Durante la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2025, celebrada en la ciudad de Duitama, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, explicó que la administración departamental desistió de su intención inicial de adquirir 63 buses de transporte escolar directamente con las empresas carroceras locales. Según el mandatario, la decisión de realizar el proceso a través de la plataforma nacional Tienda Virtual del Estado Colombiano responde a la necesidad de proteger el proyecto frente a posibles acciones legales de sectores de la oposición.
El Gobernador sostuvo ante el auditorio que, aunque su voluntad era favorecer la industria y la mano de obra de la "Perla de Boyacá", sus asesores jurídicos advirtieron sobre la vulnerabilidad del proceso frente a demandas que podrían torpedear o retrasar la entrega de los vehículos. Amaya señaló directamente a sus detractores políticos como el factor determinante para optar por un mecanismo de compra centralizado, argumentando que de esta manera se garantiza que los automotores lleguen a los municipios en el mes de septiembre sin interferencias administrativas.
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