Con el 100% de las mesas escrutadas en el departamento, están decididas las seis curules de Cámara de Representantes por Boyacá. El Partido Alianza Verde obtuvo dos en manos de Yamit Noé Hurtado y Jaime Raúl Salamanca, el Pacto Histórico obtuvo una curul, la cual será de José Luis Bohórquez al ser la cabeza de lista de esa colectividad; el Centro Democrático conservó la curul de Eduar Triana, al igual que el Partido Conservador la de Íngrid Sogamoso y el Partido Liberal la de Héctor Chaparro.
Tras una revisión de los datos disponibles en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral con corte al 4 de marzo, se evidencia que una parte de los candidatos de la coalición entre el Partido Conservador y el Movimiento Salvación Nacional no han registrado movimientos financieros en el aplicativo oficial. A pesar de que la jornada electoral se llevará a cabo este 8 de marzo, la ausencia de reportes en el sistema limita la posibilidad de que la ciudadanía consulte el origen y destino de los recursos de las campañas antes de la votación.
En la lista a la Cámara de Representantes por Boyacá, los informes individuales muestran contrastes significativos. La candidata Gloria Cecilia Palacios Guastar registra la mayor actividad económica con ingresos de 148.000.000 de pesos, provenientes de su patrimonio personal o de parientes, y gastos por 137.998.646 pesos. Por su parte, Íngrid Marlen Sogamoso Alfonso reporta ingresos por 114.870.000 pesos y gastos de 34.987.723 pesos, ejecutados principalmente en propaganda electoral. José Darío Mahecha Castillo registra 30.320.000 pesos en ingresos y 29.806.889 pesos en gastos , mientras que Wilder Iván Suesca Ochoa reporta un ingreso de 10.000.000 de pesos de patrimonio propio, pero no registra gastos a la fecha.
En contraste con los registros anteriores, los aspirantes Hernel David Ortega Gómez y John Alberto Moreno Galindo aparecen en el portal con un balance de cero pesos tanto en ingresos como en gastos de campaña. Sus informes oficiales no consignan inversiones en propaganda, administración ni actos públicos hasta el momento de la consulta en la plataforma de transparencia.
La falta de información detallada también se observa en la representación regional hacia el Senado. Según el reporte del Movimiento Salvación Nacional sobre los candidatos que no han rendido el informe individual de ingresos y gastos, figura el nombre de Juan Camilo Ostos Romero. El aspirante, originario de Sogamoso, aparece en el listado de omisos del formulario oficial de la organización electoral, lo que confirma la inexistencia de datos pormenorizados sobre su financiación en el sistema de consulta pública.
A tan solo cuatro días de que los boyacenses acudan a las urnas este 8 de marzo, el portal de transparencia Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) refleja una realidad contable difícil de contrastar con la dinámica proselitista en las calles. Pese al despliegue de actividades propias de la recta final de la campaña, cuatro de los seis aspirantes a la Cámara por Boyacá y la candidata al Senado por la coalición Pacto Histórico oficializan ante la autoridad electoral que no han invertido un solo peso en sus aspiraciones.
Los registros públicos de Nubia Esperanza Suárez Castañeda, René Jiménez, Astrid Castellanos Correcha y Nini Johanna Ángel Ávila se mantienen con saldos de cero pesos en todos los rubros evaluados. Según estos formularios, los candidatos no han reportado egresos por conceptos que resultan básicos en cualquier ejercicio electoral, como la inversión en materiales y publicaciones, actos públicos, servicios de transporte o propaganda. Esta ausencia de registros contables se da en un momento donde la visibilidad y la movilización social suelen alcanzar su punto máximo.
La situación se extiende a la candidatura al Senado. La actual congresista Aida Yolanda Avella Esquivel registra un ingreso de 40.000.000 de pesos provenientes de su patrimonio personal, pero reporta cero pesos en la ejecución de gastos. Curiosamente, la misma cifra de 40.000.000 aparece bajo el rubro de obligaciones pendientes de pago, lo que denota una inactividad contable en el flujo real de caja a escasos días de las votaciones.
En la lista a la Cámara, solo dos nombres presentan movimientos financieros sustanciales. José Luis Bohórquez López quien reporta un gasto con 40.988.000 pesos ejecutados, principalmente en propaganda electoral (35.988.000 pesos), recursos que provienen de su patrimonio familiar. Por su parte, el representante Pedro José Suárez Vacca reporta una inversión publicitaria de 6.575.000 pesos, monto que coincide exactamente con sus deudas pendientes, indicando que su campaña opera bajo compromisos de pago aún no saldados.
Aunque el Consejo Nacional Electoral permite la carga de datos de manera progresiva, el reporte de "gasto cero" por parte de la mayoría de la lista plantea interrogantes sobre la oportunidad de la información que recibe el electorado. La herramienta Cuentas Claras tiene como fin permitir al ciudadano conocer, de manera previa al voto, quiénes financian a los candidatos y cómo se gasta el dinero, un ejercicio de control social que se ve limitado ante la falta de registros económicos en la fase más crítica de la contienda.
A pocos días de las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026, los registros oficiales de la plataforma Cuentas Claras permiten detallar la financiación y ejecución presupuestal de los aspirantes del Partido Alianza Verde en Boyacá. La información, con corte al 2 de marzo, desglosa el origen de los recursos y la inversión realizada en la recta final de la contienda electoral.
El candidato Yamit Noé Hurtado Neira reporta los movimientos financieros más altos de la lista a la Cámara, con ingresos totales por $661.720.000. Según el reporte oficial, $439.000.000 corresponden a créditos o aportes del patrimonio del candidato o sus parientes, mientras que $170.000.000 provienen de recursos propios del partido y $49.800.000 de anticipos de financiación estatal. Las contribuciones de particulares en esta campaña suman $2.920.000. En cuanto a sus gastos, la cifra asciende a $493.307.744, ejecutados principalmente en propaganda electoral ($385.022.028), gastos de administración ($46.102.664), servicios de transporte y correo ($37.417.169) y actos públicos ($23.200.000).
Por su parte, Ramiro Barragán Adame registra ingresos totales por $400.000.000. De este monto, $200.000.000 corresponden a recursos destinados por el partido para el financiamiento. Respecto a los otros $200.000.000, registrados como contribuciones de particulares, el anexo de ingresos especifica que corresponden a un aporte realizado por la empresa INGENIARQ JF S.A.S. Sus gastos ascienden a $276.572.200, distribuidos principalmente en inversión en materiales y publicaciones ($120.293.300), gastos de administración ($112.601.400) y propaganda electoral ($18.875.000).
En el caso de Jaime Raúl Salamanca Torres, su campaña reporta ingresos por $272.450.000. De esta cifra, $42.450.000 son aportes familiares o propios. Sobre los $230.000.000 registrados en el rubro de particulares, el Partido Alianza Verde otorgó un crédito por $150.000.000 y una donación de $50.000.000; los $30.000.000 restantes fueron aportados por el ciudadano Julián David García Rubio. Sus gastos suman $72.084.216, destinados mayoritariamente a propaganda electoral ($58.484.216).
La candidata Vivian Andrea Nieto Flórez presenta ingresos por $40.000.000, financiados totalmente por particulares, y gastos por $30.000.000, orientados íntegramente a administración. William Donato Gómez registra ingresos por $15.000.000 de origen propio o familiar y gastos por $6.822.078. Finalmente, Adelinda Numpaque Sarmiento reporta ingresos por $1.750.905 de aportes propios, sin registrar gastos ejecutados hasta la fecha.
Respecto a la representación boyacense para el Senado de la República, el candidato John Edickson Amaya Rodríguez reporta ingresos totales por $300.000.000. Al verificar el detalle de las contribuciones de particulares, se establece que la totalidad de estos recursos proviene de dos créditos otorgados por el Partido Alianza Verde, cada uno por un valor de $150.000.000. Sus gastos de campaña ascienden a $240.879.082, invertidos principalmente en propaganda electoral ($166.960.158), servicios de transporte y correo ($60.000.000), gastos de administración ($10.546.667) y gastos judiciales o de rendición de cuentas ($3.300.000).
En los pasillos del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, durante la "Gran Conversa por Boyacá", sometimos a los candidatos a un ejercicio de actualidad pura. Sin preguntas inducidas, consultamos su postura sobre los pronunciamientos que ha tenido el Gobierno Nacional y especialmente el Presidente Petro frente a la tragedia del menor Kevin Arley Acosta. El objetivo era medir qué tan empapados están de la agenda nacional y si conocían el hecho que sacudía al país desde la madrugada del 18 de febrero: la revelación de la historia clínica del menor por parte del Ejecutivo.
El resultado es un retrato de la desconexión. De los ocho testimonios recogidos en la urgencia previa al evento, solo una voz puso el dedo en la llaga técnica y ética en relación a la violación de la reserva de la historia clínica. El resto de los aspirantes, incluyendo perfiles con formación médica, se refugiaron en el análisis genérico del sistema de salud o en la crítica emocional por las culpas atribuidas a la madre. Resulta inquietante que, ante un tema de tal gravedad legal, la mayoría de los consultados optara por el libreto de campaña o la pedagogía sobre la hemofilia, ignorando, o desconociendo, la extralimitación del primer mandatario en materia de privacidad.
Esta jornada de pasillo también dejó retratados los silencios y las formas. Buscamos la voz de Jaime Raúl Salamanca; sin embargo, el hoy candidato y expresidente de la Cámara prefirió la cautela del silencio y declinó la consulta. Una prudencia que, en momentos de alta polarización frente a lo ético, termina siendo muy ruidosa. En ese mismo escenario de desconexión, resultó paradójico que una candidata tuviera que indagar, fuera de cámara, por el nombre del niño que hoy es centro del dolor nacional; un detalle que dice mucho sobre las prioridades reales de la campaña.
Pero quizás lo más revelador fue el talante personal frente al respeto por el trabajo ajeno. El exalcalde de Duitama, David Ortega, cruzó frente a nuestra cámara con una indiferencia que raya en la prepotencia, tratando el ejercicio periodístico como un simple obstáculo en su camino. Poco después, el candidato Darío Mahecha estuvo a punto de repetir la majadera “hazaña”, siendo frenado únicamente por el brazo de René Jiménez, quien defendía su propio encuadre. Dos momentos que demuestran que, para algunos, el mundo debe apartarse cuando ellos pasan y que el respeto por la prensa es un valor que se les queda en el discurso.
Presentamos las intervenciones de estos ocho candidatos (el alcance que permitió la agenda antes del inicio del acto). Un documento que permite juzgar quién tiene argumentos sólidos frente a la realidad y quién solo repite un guion para salir del paso.
La capital de Boyacá enfrenta una paradoja política que ha marcado su desarrollo en las últimas tres décadas. A pesar de su importancia como epicentro administrativo e histórico, la ciudad ha carecido de una representación directa y propia en el Congreso de la República. En ese escenario de ausencia de liderazgo capitalino se inscribe la actual carrera de Vicente Aníbal Ojeda Martínez, un abogado tunjano cuya trayectoria sintetiza la transición entre el rigor técnico y la política de resultados. A sus 45 años, formado en las entrañas de la ciudad desde su nacimiento en el antiguo Hospital San Rafael, el exsecretario de gobierno busca consolidar un capital político que le permita devolverle a Tunja lo que él denomina un doliente real en el legislativo nacional.
El fundamento del proyecto de Ojeda Martínez se distancia de la política tradicional al apoyarse en una sólida base académica y jurídica. Egresado de la Universidad Santo Tomás, cuenta con especializaciones en Gobierno y Gerencia Territorial, además de una maestría en Derecho Público. Esta formación le ha permitido desempeñarse como docente universitario, transmitiendo conocimientos sobre la arquitectura institucional del país, una competencia que considera indispensable para ejercer un control político serio desde la Cámara de Representantes. Su visión del Estado no es meramente teórica, pues ha navegado la administración pública en varios niveles: nacional, distrital y local.
En el ámbito local, su paso por la Secretaría de Gobierno de Tunja (hoy conocida como Secretaría del Interior y Seguridad Territorial) durante los años 2020 y 2021 marcó el periodo de mayor estabilidad y favorabilidad de la administración de Alejandro Fúneme. Durante este bienio, Ojeda Martínez lideró la respuesta administrativa ante la emergencia sanitaria del COVID-19 y la gestión del orden público durante el estallido social de 2021. El candidato sostiene que bajo su gestión la ciudad se posicionó como la capital más segura del país, logrando avances tangibles como la entrega de 75 motocicletas nuevas para la fuerza pública y la organización de la reactivación económica mediante protocolos en plazas de mercado.
Su salida del gabinete municipal en octubre de 2022 se produjo en un momento donde su figura destacaba como la cara más visible y con mejores resultados de la alcaldía. Diversos sectores políticos de la ciudad coinciden en señalar que el protagonismo y la aceptación popular que alcanzó el entonces secretario generaron tensiones internas en el despacho del alcalde Alejandro Fúneme, lo que derivó en su renuncia definitiva. Con su retiro, Ojeda Martínez tomó distancia de una administración que en su etapa final enfrentó un desgaste significativo en su imagen pública, permitiéndole hoy presentarse como un actor independiente de los desaciertos que marcaron los últimos dos años de ese periodo de gobierno.
La identidad política de Vicente Aníbal sufrió una transformación profunda tras su renuncia irrevocable al Partido Conservador, colectividad en la que militó por más de veinte años. El aspirante justificó su salida señalando una falta de garantías y criticando la decisión de las directivas de priorizar figuras foráneas sobre la base militante tradicional de la capital. Esta ruptura lo llevó a integrarse a la lista 105 de la coalición entre Cambio Radical y el Nuevo Liberalismo, una plataforma que busca ofrecer una alternativa de centro-derecha institucional. Ojeda Martínez argumenta que su actual independencia le permite actuar con mayor autonomía frente a las estructuras de poder que han dominado el departamento.
La agenda legislativa que plantea el candidato se enfoca en reformas estructurales de alto impacto ciudadano. Una de sus banderas principales es la sistematización universal de la historia clínica. Según su análisis, la crisis del sistema de salud ha dejado a miles de pacientes en la incertidumbre cuando las entidades prestadoras entran en liquidación. Con una historia clínica digitalizada y unificada, el ciudadano podría acceder a sus datos y tratamientos sin barreras administrativas, garantizando la continuidad en la entrega de medicamentos y procedimientos especializados. Asimismo, propone una reforma a la justicia que priorice la protección de las víctimas y reduzca la impunidad, señalando que el sistema actual resulta en ocasiones más garantista con el delincuente que con la persona de bien.
Otro pilar fundamental de su discurso es la crítica frontal al uso excesivo de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en la administración pública. Ojeda Martínez sostiene que estas contrataciones se han convertido en un mecanismo de presión política y un botín burocrático que desangra el presupuesto estatal sin ofrecer estabilidad al trabajador. Su propuesta se orienta hacia una formalización laboral basada en el mérito, buscando que el empleo estatal deje de ser una herramienta de clientelismo electoral y pase a ser una carrera administrativa digna y eficiente.
En cuanto al desarrollo regional, el aspirante enfatiza la necesidad de crear una bancada boyacense unida que trabaje por proyectos estratégicos sin importar las diferencias ideológicas. Su preocupación por la seguridad en las provincias de Boyacá lo lleva a plantear la urgencia de foros de control político que exijan resultados al Gobierno Nacional ante hechos de alteración del orden público en municipios como El Espino o la vía entre Chivor y Macanal. Además, insiste en que Tunja debe liderar debates sobre servicios públicos y la gestión de residuos sólidos, especialmente ante la crisis de vida útil del relleno sanitario de Pirgua que recibe desechos de gran parte del departamento.
El aspirante ha manifestado su tranquilidad frente a su historial en la función pública, indicando que su hoja de vida técnica está libre de investigaciones vigentes. Aunque en el inicio de su carrera política enfrentó un proceso administrativo que resultó en la pérdida de su investidura como concejal por una interpretación jurídica sobre inhabilidades de parentesco, Ojeda Martínez ha enfocado su discurso actual en la madurez y los resultados obtenidos en cargos posteriores. Con el respaldo de los más de 11 mil votos alcanzados en su pasada aspiración a la alcaldía y una meta de 19 mil sufragios para 2026, el candidato se proyecta como un actor clave para trasladar el conocimiento técnico y el arraigo de la capital al Congreso de la República.