𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠𝑢𝑎, 𝐽𝑜ℎ𝑛 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑚𝑖𝑙, 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜́ 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜.
La sesión programada para el jueves 24 de julio en la Asamblea de Boyacá generó controversia al transformar lo que inicialmente se promovió como un ejercicio de control político al gerente de Tierrasua, John Carrero Villamil, en una simple invitación para socializar logros, gestión, retos y desafíos de la mencionada empresa. La situación fue criticada por la oposición, que calificó el cambio como una alteración sorpresiva del orden previsto y una maniobra para evitar cuestionamientos de fondo.
El diputado Rodrigo Rojas Lara, uno de los voceros más visibles de la oposición, aseguró que la citación al gerente estaba programada como parte de un debate formal de control político a realizarse a inicios de la próxima semana. Según explicó, la modificación de la agenda se hizo sin justificación clara y convirtió lo que debía ser un ejercicio de fiscalización en una sesión común.
Desde el sector oficialista, el presidente de la Asamblea, Jhon Alex López Mendoza, rechazó esa versión y señaló que nunca estuvo definido un debate bajo la figura del control político reglado por la oposición. Además, dejó entrever que no se cumplen los requisitos para que el gerente de Tierrasua sea citado mediante la sesión que se concede a la bancada opositora mediante Estatuto de la Oposición, lo que, según los diputados de coalición de gobierno, justificaría que la sesión tuviera un carácter distinto.
Los desencuentros terminaron por fracturar la jornada. La bancada opositora decidió abandonar el recinto en señal de protesta, una acción que fue duramente criticada por varios miembros de la coalición mayoritaria. Para estos, el retiro fue un acto innecesario que entorpece el funcionamiento de la Corporación.
#Política #Nación #MedioAmbiente
𝐂𝐢𝐫𝐨 𝐑𝐚𝐦𝐢́𝐫𝐞𝐳 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚
𝐸𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒́𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖́𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.
El senador Ciro Ramírez expresó su inconformidad frente al proyecto de ley recientemente radicado en el Congreso que propone prohibir el uso del fracking como método de extracción de hidrocarburos en Colombia. A través de una publicación en la red social X, el parlamentario lamentó el respaldo institucional a la iniciativa y cuestionó sus implicaciones para la seguridad energética nacional.
“No les gusta el petróleo, el gas y quieren prohibir el fracking. Hoy dejaron a los colombianos sin gas, sin petróleo pagando facturas un 40% más altas e importando gas más caro y más contaminante extraído por medio de fracking. El contrasentido en la política energética de este gobierno”, escribió Ramírez Cortés, quien ha sido uno de los defensores más visibles de mantener abierta la exploración y explotación de hidrocarburos con esta técnica.
El proyecto, según explicó la ministra de Ambiente, Lena Estrada, al momento de su presentación, está sustentado en estudios técnicos y científicos que advierten sobre diversos impactos negativos del fracking. Entre ellos se cuentan la contaminación del agua, el aire y los suelos, riesgos para la salud pública, emisión de gases como el metano y afectaciones a la biodiversidad, la agricultura y la ganadería.
Uno de los puntos más críticos señalados por la ministra es el uso intensivo de agua. Se estima que cada pozo requiere la inyección de cerca de 44 millones de litros de agua a presión, cantidad que debe renovarse cada 3 a 6 años. Esto representa una presión adicional sobre fuentes hídricas ya vulnerables, especialmente en regiones donde el recurso es escaso o está contaminado.
Desde sectores ambientalistas y del Gobierno se ha planteado que la técnica del fracking no solo agrava la crisis climática, sino que representa un riesgo para las comunidades aledañas a las zonas de explotación. A pesar de esto, el senador Ramírez insiste en que restringir su uso puede afectar directamente el bolsillo de los colombianos y aumentar la dependencia energética del país frente a importaciones más costosas.
𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢́𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑒 𝑚𝑎́𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜.
La senadora Aída Avella presentó ante la Secretaría del Senado un proyecto de ley que propone establecer límites salariales para los funcionarios públicos. El proyecto, titulado “Por el cual se fijan criterios para los aumentos salariales y los mega salarios”, plantea que ninguna persona al servicio del Estado devengue más que el Presidente de la República.
Durante la radicación de la iniciativa, Avella argumentó que el país necesita medidas concretas para reducir las brechas salariales entre los trabajadores que perciben el salario mínimo y los altos directivos de entidades estatales que reciben sueldos millonarios. “No es justo que a una persona que gana un salario mínimo se le aumente el mismo porcentaje que a un parlamentario o a un directivo de empresa pública que gana 50 millones de pesos”, señaló.
Además del tope salarial, el proyecto contempla la implementación de aumentos proporcionales, de manera que se prioricen los incrementos a quienes tienen ingresos más bajos. También se propone limitar los gastos de representación a un máximo de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La medida alcanzaría también a funcionarios de entidades como federaciones, superintendencias y otras instituciones que manejan recursos públicos. Bajo el principio de que el erario debe destinarse al beneficio colectivo, se buscaría evitar lo que la senadora calificó como privilegios desmedidos.
Avella indicó que la propuesta está en línea con recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas (ONU), los cuales han advertido sobre los efectos negativos de la concentración del ingreso. Según señaló, mientras una gran mayoría de los trabajadores en Colombia gana menos de dos salarios mínimos, una minoría recibe remuneraciones desproporcionadas.
El articulado contempla una transición gradual que respete los derechos adquiridos por los actuales ocupantes de cargos públicos. Sin embargo, aplicaría plenamente para futuros funcionarios. La senadora argumentó que los recursos ahorrados podrían reorientarse hacia sectores prioritarios como salud, educación y vivienda.
Aunque la propuesta ha despertado respaldo en algunos sectores del Congreso, también ha generado reparos entre quienes la consideran inviable o populista. Pese a ello, Avella insiste en que se trata de una medida de justicia redistributiva y un paso necesario para enfrentar las profundas desigualdades económicas del país.
#Política
𝐂𝐢𝐫𝐨 𝐑𝐚𝐦𝐢́𝐫𝐞𝐳 𝐪𝐮𝐢𝐬𝐨 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐄𝐏𝐒, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐮𝐭𝐚𝐬 𝐥𝐞 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐢𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝐥𝐢́𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬
El senador Ciro Ramírez ha estado más activo que nunca en su cuenta de X desde que recuperó su libertad, transitoriamente, luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidiera que su medida de aseguramiento carecía de sentido puesto que ya no podía interferir en la investigación que cursa en su contra. En una de sus más recientes publicaciones cuestionó la veracidad de lo expresado por el presidente Gustavo Petro durante su alocución del pasado 15 de julio.
“Petro esta noche ha dicho que las EPS intervenidas están mejor que antes y lo peor es que no se pone rojo de la mentira tan grande que dice frente a todos los colombianos, también dijo que la culpa de los problemas del sistema de salud es de los medios de comunicación y de la prensa”, publicó en su cuenta de X.
Acto seguido, un cuantioso número de usuarios respondió a su publicación, ignorando su planteamiento, y recordándole el proceso judicial que todavía afronta.
“Señor Ciro, usted debería ir a ponerle cuidado a sus problemas judiciales que lo van a poner en la cárcel nuevamente y dejar te tergiversar cada palabra del señor presidente. Usted es el menos indicado para referirse al tema, pues sus manos cochinas pueden estar salpicadas”, “ni con datos de la contraloría entienden. Rojo hay que estar al salir de la Picota y un proceso vivo detrás”, “Señor exconvicto, el Congreso actúa como los concejos y asambleas en las regiones, extorsionado al ejecutivo y cuadrando como dilapidar las arcas del Estado, entre ellas, la salud. Usted, como buen politiquero debe saber que los medios comunicación baila al son del ”, “No se pone rojo usted de haber estado preso, ahora va a venir a hablar de vergüenzas ajenas. Qué cinismo tan hpta el suyo”, “Aquí el problema no es de EPS, aquí el problema es de ratas. Ratas así como ud”, fueron algunos de los comentarios que recibió el senador en su publicación.
El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, emitió un comunicado en el que desmiente categóricamente la tergiversación de sus palabras en relación con una supuesta campaña de hostigamiento contra la concejal Laura Silva Roldán. Suárez Vacca enfatizó su rechazo a cualquier forma de acoso en la vida pública y política.
En su declaración, el congresista señaló que es inaceptable que su imagen y declaraciones sean utilizadas para legitimar una persecución política contra una mujer. Suárez Vacca recalcó que la libertad de prensa, si bien es un pilar fundamental de la democracia, no debe ser empleada como un escudo para justificar el matoneo, la intimidación o el acoso.
El representante expresó su total respaldo a la concejal Laura Silva, afirmando que lo que ella está experimentando no se enmarca dentro de la libertad de expresión, sino que constituye una forma de silenciamiento que considera profundamente preocupante.
Finalmente, Suárez Vacca instó a que el debate político se desarrolle con argumentos y sin ataques personales, destacando la importancia de respetar a quienes piensan diferente, especialmente cuando se trata de una mujer que alza su voz para exigir transparencia.
La más reciente medición de imagen favorable de congresistas en Colombia, correspondiente a abril de 2025, ubica a Aída Avella en segundo lugar, mientras el presidente Gustavo Petro muestra una ligera mejora en su aprobación.
La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, ocupa un puesto en el top 3, por segundo mes consecutivo, del ranking de congresistas con mejor imagen favorable en Colombia, según el más reciente informe de CB Consultora OP, firma especializada en opinión pública en América del Sur. Avella comparte los primeros lugares con su copartidario Iván Cepeda, ambos con un crecimiento cercano al 2 % en su índice de aprobación durante el mes de junio.
El estudio también registra una leve mejora para el presidente Gustavo Petro, cuya imagen favorable subió del 37,2 % en mayo al 37,8 % en junio, aunque su nivel de desaprobación se mantiene alto, con un 57,4 %. Con estos resultados, Petro se ubica en el séptimo lugar entre los mandatarios sudamericanos medidos por la firma.
En contraste con Avella y Cepeda, otros legisladores presentan cifras negativas. El presidente del Senado, Iván Name, aparece como una de las figuras más cuestionadas del Congreso, con un 36,9 % de imagen desfavorable y un saldo negativo de -27,8 %. Le sigue Paloma Valencia, quien había encabezado previamente los niveles de desaprobación en el Legislativo. Las mediciones tienen un margen de error del ±3 % y un 95 % de nivel de confianza.
La alta valoración de Aída Avella coincide con su reciente protagonismo en el Congreso durante el trámite de la reforma laboral, en la que jugó un papel activo en los debates y la recuperación de beneficios laborales eliminados hace más de dos décadas, como el pago de recargos por trabajo en días festivos y dominicales.
𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎́𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝐽𝑎𝑖𝑚𝑒 𝑅𝑎𝑢́𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜́ 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛, 𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜. 𝐸𝑛 𝑠𝑢 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑜́ 𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜.
A 20 días de finalizar su mandato como presidente de la Cámara de Representantes, el congresista boyacense Jaime Raúl Salamanca Torres compartió un resumen de los principales hitos legislativos alcanzados bajo su dirección. A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el representante destacó el trámite de cinco reformas: pensional, laboral, al Sistema General de Participaciones (SGP), a la justicia y a la salud.
El mensaje, acompañado por palabras de agradecimiento a la Cámara de Representantes, al presidente Gustavo Petro y al Partido Verde, hace parte del cierre de gestión de Salamanca Torres, quien asumió la presidencia del órgano legislativo en julio de 2024.
Entre los proyectos mencionados, dos ya han sido aprobados en el Congreso: la reforma a la justicia y la reforma laboral. Esta última fue sancionada por el presidente de la República el pasado 25 de junio, convirtiéndose oficialmente en ley. Las demás iniciativas permanecen en diferentes fases del trámite legislativo o enfrentan obstáculos en el Congreso, como es el caso de la reforma a la salud, archivada en el Senado en su primer intento de aprobación.
