La precandidata presidencial del Pacto Histórico, Carolina Corcho, comenzará este miércoles 17 de septiembre un recorrido político en Boyacá, con una primera parada en el municipio de Chiquinquirá.
La agenda se abrirá a las 10:00 de la mañana con una caminata por las calles principales de la ciudad, seguida de un encuentro en el Club de Comercio, donde la exministra de Salud presentará sus propuestas y escuchará a los asistentes.
Corcho ha señalado que durante su visita abordará temas relacionados con el proceso de paz, la financiación de la educación superior y la necesidad de fortalecer la inversión en instituciones públicas de carácter técnico, tecnológico y universitario.
El recorrido por Chiquinquirá hace parte de la gira nacional que adelanta la precandidata con el propósito de sostener diálogos directos con comunidades locales y recoger insumos para su propuesta de gobierno.
𝐸𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑓𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑉𝑒𝑙𝑎́𝑠𝑞𝑢𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢́𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟. 𝐸𝑛 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑜𝑦𝑎𝑐𝑎́, 𝑒𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 “𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙”, 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑐ℎ𝑜́ 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑜́ 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑠𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑟𝑎𝑖́𝑛 𝐶𝑒𝑝𝑒𝑑𝑎.
El diálogo con los asistentes giró en torno a temas como la seguridad, la corrupción, la falta de oportunidades para los jóvenes y la precariedad de la educación pública en las regiones. Varios participantes plantearon sus preocupaciones en intervenciones espontáneas, que Velásquez recogió para vincularlas a su proyecto de gobierno. “Una sociedad dividida no avanza. La verdad y la reconciliación deben ser la base de cualquier transformación”, afirmó.
En materia de seguridad, presentó la idea de una Guardia Nacional Rural, integrada por militares y policías con formación social y judicial, que tendría la tarea de proteger a los campesinos en territorios donde históricamente ha estado ausente el Estado. Explicó que este cuerpo no sería un duplicado de las fuerzas actuales, sino una estrategia específica para recuperar el control territorial y cerrar el paso a grupos armados y bandas criminales.
Sobre el discurso de paz en Colombia, Velásquez planteó un enfoque distinto: “La palabra paz se ha desgastado. Prefiero hablar de pacificación, de medidas pacificantes. Si los grupos ilegales deciden reincorporarse, el Estado debe estar listo para recibirlos bajo reglas claras, sin improvisación”.
La educación también ocupó un lugar central en el encuentro. Aunque aclaró que ya no ejerce la docencia universitaria, recordó que dedicó la mitad de su vida profesional a la enseñanza en aulas de educación superior y sostuvo que la formación académica es un factor pacificador y de movilidad social. Varios asistentes, entre ellos líderes juveniles, le plantearon inquietudes sobre la calidad educativa y la falta de acceso a programas de ciencia y tecnología, ante lo cual respondió que el país necesita invertir con visión de largo plazo en esos sectores.
El tono del encuentro fue participativo, con constantes intervenciones del público. Las expresiones de aprobación marcaron varios pasajes de la conversación, especialmente cuando Velásquez recordó episodios de su carrera militar: su papel como comandante del Bloque de Búsqueda contra el Cartel de Cali, su participación en la investigación que desembocó en el Proceso 8.000 y la denuncia que hizo contra el general Rito Alejo del Río por sus presuntos vínculos con paramilitares, decisión que significó su retiro de la institución.
El Proyecto de Ley de Financiamiento 2025, radicado en el Congreso de la República, propone una reforma tributaria que va más allá del recaudo tradicional: busca crear un sistema de impuestos diferenciados por impacto ambiental y salud público, con nuevos gravámenes a combustibles fósiles, bebidas alcohólicas, tabaco y productos con nicotina, cuyos ingresos adicionales estarían destinados al aseguramiento en salud. La iniciativa, recientemente radicada para discusión, podría cambiar la estructura fiscal del país en los próximos años.
En medio de un debate nacional sobre sostenibilidad fiscal y equidad, el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025 ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa: transformar parte del sistema tributario colombiano en una herramienta de política pública orientada a la salud y al medio ambiente. A diferencia de reformas anteriores centradas en ingresos generales, este texto introduce un esquema de impuestos específicos que gravan productos considerados dañinos, con el fin explícito de desincentivar su consumo y, al mismo tiempo, generar recursos para fortalecer el sistema de salud.
El documento, al que tuvo acceso este medio, contiene más de 80 artículos y modifica decenas de normas del Estatuto Tributario. Pero uno de sus ejes más significativos se concentra en lo que se conoce como "impuestos verdes" e "impuestos de salud": gravámenes que no solo recaudan, sino que buscan corregir comportamientos sociales y ambientales. Y aunque el texto hasta ahora empezará a ser debatido en el Legislativo, sus implicaciones ya generan reacciones en sectores productivos, académicos y sociales.
𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
Uno de los cambios más estructurales está en el Impuesto Nacional al Carbono, cuyo recaudo se ampliaría y se vincularía directamente al cumplimiento de metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI). El proyecto propone que las empresas que cumplan con estos objetivos podrán acceder a una reducción en la tarifa del impuesto, siempre que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible defina criterios técnicos claros para medir dichas reducciones.
Además, se establece que los municipios y departamentos que exploten hidrocarburos o refinen combustibles perderán un beneficio fiscal actual y pasarán a pagar la tarifa plena del impuesto. La medida parece diseñada para desincentivar la dependencia de fuentes fósiles y redistribuir los costos ambientales.
El impuesto también se extiende a otros combustibles: el proyecto adiciona una tarifa del 1% sobre la hulla y los aceites crudos de petróleo, gravámenes que hasta ahora no existían en ese nivel. Aunque modestos, estos cambios marcan una tendencia: el Estado quiere empezar a cobrar por la extracción de recursos no renovables, no solo por su comercialización.
𝗕𝗲𝗯𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗮𝗹𝗰𝗼𝗵𝗼́𝗹𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘀
El tratamiento a las bebidas alcohólicas es otro de los puntos más detallados del proyecto. Se propone reformar el impuesto al consumo de cervezas, vinos, licores y mezclas fermentadas, introduciendo un sistema híbrido: una parte específica (por grado de alcohol) y otra ad valorem (por valor del producto).
Para la cerveza, por ejemplo, la base gravable ya no sería solo el volumen del producto, sino el contenido de alcohol expresado en grados alcoholimétricos. Esto significa que una cerveza más fuerte pagará más impuesto, independientemente de su precio. La medida busca desincentivar el consumo de bebidas con alto contenido etílico, especialmente entre jóvenes.
En el caso de los licores, el hecho generador del impuesto ya no sería la venta, sino el consumo en jurisdicción departamental, lo que traslada la responsabilidad fiscal al momento y lugar del consumo, no de la producción o importación. Una novedad que podría generar tensiones entre entidades territoriales sobre la recaudación.
𝗧𝗮𝗯𝗮𝗰𝗼 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗶𝗰𝗼𝘁𝗶𝗻𝗮: 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗶𝗯𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹
El proyecto también aborda el tabaco con una mirada más amplia. No solo se mantiene el impuesto al consumo sobre cigarrillos, sino que se eleva el componente específico: $11.200 por cajetilla de 20 unidades, o proporcionalmente según el contenido. Además, se establece una tarifa de $891 por gramo de picadura, rapé o chimú.
Lo más novedoso es que el texto incluye por primera vez los productos con nicotina que generan aerosol, como los vapeadores y dispositivos electrónicos, dentro del alcance del impuesto al consumo del tabaco. Aunque se excluye temporalmente el "chicote de producción artesanal", los nuevos productos están claramente en la mira.
El mensaje del legislador es claro: no importa si el producto es tradicional o electrónico, si contiene nicotina y se consume como sustituto del tabaco, será gravado. Y no solo eso: el texto establece que los ingresos adicionales recaudados por el aumento de este impuesto serán destinados exclusivamente al aseguramiento en salud, una vinculación directa entre el daño individual y el costo colectivo.
¿𝗤𝘂𝗶𝗲́𝗻 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗺𝗮́𝘀? 𝗟𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗵𝗶́𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗿𝗮
El proyecto no se queda solo con los productos de consumo. También propone gravar vehículos de alto impacto ambiental. Entre los bienes que pagarán un impuesto de importación más alto están:
• Yates y embarcaciones de recreo
• Helicópteros, aviones y vehículos espaciales de uso privado
• Motocicletas con motor de más de 200 cc
Estos bienes, clasificados bajo partidas arancelarias específicas, enfrentarán una tarifa del 15% en su importación. La justificación, implícita, es que se trata de bienes de lujo, con alto consumo energético y baja accesibilidad, cuyo uso genera externalidades negativas que hasta ahora no estaban debidamente gravadas.
𝗘𝗹 𝗜𝗩𝗔 𝘆 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗴𝗼𝘀 𝘆 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
Más allá de los impuestos especiales, el proyecto también profundiza en la lucha contra la evasión. Una de las medidas más duras es la que obliga a todas las personas jurídicas y a las personas naturales que perciban rentas no laborales a canalizar pagos superiores a 50 UVT (unos $17 millones en 2025) a través de medios electrónicos. Si no se hace así, el gasto no será deducible ni reconocido fiscalmente.
La medida busca formalizar transacciones que hasta ahora se realizan en efectivo, especialmente en sectores como la construcción, servicios profesionales y arrendamientos. Y va acompañada de una exigencia de facturación electrónica más estricta: se endurecen las sanciones por facturar sin requisitos (hasta 950 UVT) y se obliga a reportar operaciones con activos digitales, como criptomonedas.
Además, se modifica el tratamiento del IVA en servicios de parqueadero y se excluyen de responsabilidad a las propiedades horizontales residenciales, una medida que alivia a miles de conjuntos cerrados que hasta ahora debían gestionar este impuesto sin obtener beneficios directos.
𝗗𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀
Uno de los aspectos más políticos del proyecto es la destinación específica de los ingresos adicionales. En varios artículos, como el 65 y el 75, se establece que los recursos generados por el aumento del impuesto al carbono, al tabaco y a otros productos nocivos serán destinados al aseguramiento en salud.
No es una transferencia directa, sino un mecanismo de compensación: el Estado recauda más por productos que dañan la salud, y ese dinero se invierte en atender las consecuencias. Es un enfoque que ya se aplica en otros países, pero que en Colombia aún no estaba tan claramente articulado.
Sin embargo, esta medida también genera dudas. ¿Cómo se medirá el "ingreso adicional"? ¿Quién verificará que el dinero realmente llegue al sistema de salud? El texto no lo especifica con detalle, dejando espacio para futuras discusiones sobre transparencia y fiscalización.
𝗥𝗲𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀
El proyecto hasta ahora empieza a discutirse en comisiones del Congreso. Hasta ahora, sectores del agro han mostrado preocupación por el impacto en insumos, mientras que las industrias de bebidas y tabaco analizan cómo ajustar sus precios. Las organizaciones ambientales lo han recibido con cautela, celebrando la intención, pero pidiendo más ambición en las metas de reducción de emisiones.
𝗨𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝗴𝗺𝗮
Lo que hace singular este proyecto de financiamiento es que no se limita a recaudar dinero para cubrir el déficit fiscal. Busca, con mayor o menor éxito, redefinir el papel del impuesto en la sociedad: ya no solo como un mecanismo de redistribución, sino como una herramienta de prevención, salud pública y transición energética.
Si prospera, Colombia daría un paso importante hacia un modelo fiscal más moderno, donde lo que se consume, se paga no solo en dinero, sino en responsabilidad social y ambiental. Pero también enfrentará el reto de implementarlo sin afectar a quienes menos pueden pagar, y de garantizar que el dinero recaudado no se pierda en burocracia, sino que llegue a quienes más lo necesitan: los pacientes del sistema de salud.
La discusión apenas comienza. Y en ella, más que números, están en juego decisiones sobre qué tipo de país quiere ser Colombia en los próximos años.
La senadora Aida Avella cuestionó la demora de la Corte Constitucional en definir el futuro de la reforma pensional y llamó directamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez a tomar una decisión frente al tema.
Durante su intervención, Avella se refirió al Auto 841 del 17 de junio, en el que la Corte fijó reglas sobre la revisión del trámite legislativo de la reforma. Para la congresista, el problema no está en los procedimientos sino en los efectos sociales de la iniciativa.
En su intervención en plenaria del Senado, Avella afirmó: “el punto central, señora presidenta, para mí no es la forma, es el fondo de lo que contiene una reforma pensional sin antecedentes en el país, donde tres millones y medio de colombianos, casi todos campesinos, irán a recibir no solamente el bono pensional de 223,000 pesos mensuales, que es muy poco para ellos. Algún día lograremos que esos campesinos tengan un salario mínimo de pensión. Pero eso no interesa a la Corte”.
La senadora criticó que mientras la Corte analiza los aspectos formales de la aprobación legislativa, millones de trabajadores rurales siguen sin recibir recursos. “Mientras tanto, una cantidad, millones precisamente de campesinos nuestros que trabajan de sol a sol, no reciben un peso porque la Corte Constitucional no destraba”, agregó.
Avella insistió en su llamado al magistrado Ibáñez: “Yo llamo al presidente, al doctor Ibáñez, que es boyacense, que sabe cómo trabajan nuestros campesinos, y decidan de una vez en la Corte Constitucional”. Según la senadora, la situación evidencia una desconexión entre las necesidades del campo y las discusiones jurídicas sobre la validez del trámite legislativo.
La reforma pensional, aprobada en el Congreso, se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corte para determinar si entrará en vigor o si deberá ser revisada nuevamente.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Cuítiva falló a favor del personero de ese municipio, Fabio Guillermo Araque Álvarez, en una acción de tutela interpuesta contra la Asamblea Departamental de Boyacá. La decisión ordena rehacer la sesión plenaria del 24 de julio de 2025, en la que, según el fallo, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación ciudadana.
La controversia surgió cuando, durante la citada sesión, que incluía en su orden del día un espacio para intervención ciudadana; la Mesa Directiva levantó la reunión tras culminar un debate con el gerente de la empresa Tierrasúa S.A.S., alegando pérdida de quórum. El personero, quien había solicitado intervenir para formular observaciones sobre el incumplimiento de fallos judiciales y obras contempladas en un convenio vial, denunció que la decisión le impidió ejercer sus funciones y representar a la comunidad.
El despacho judicial halló inconsistencias entre el orden del día aprobado inicialmente, que contemplaba la “Participación Ciudadana” como sexto punto, y el acta oficial, en la que dicho ítem fue reemplazado por la “Lectura de correspondencia”. Según el fallo, la modificación no fue discutida ni aprobada formalmente, y no existió justificación para omitir la intervención ciudadana prevista.
La sentencia subraya que la actuación de la Asamblea desconoció el reglamento interno y el principio democrático, al no garantizar un mecanismo efectivo para la participación. Además, advierte que el levantamiento de la sesión no cumplió con lo dispuesto en la Ley 2200 de 2022, que exige la continuidad de los debates de control político hasta su conclusión.
Como medida de reparación, el juez ordenó a la corporación departamental realizar nuevamente la sesión desde su inicio, garantizando la intervención del personero y el cumplimiento íntegro del orden del día aprobado. La decisión también exige corregir el acta 036 de 2025 para reflejar de forma fiel lo ocurrido.
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𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐮́𝐚
Una acción de tutela interpuesta por el personero de Cuítiva, Fabio Guillermo Araque Álvarez, fue admitida para estudio por el Juzgado Promiscuo Municipal de ese municipio. El recurso judicial busca determinar si la Asamblea Departamental de Boyacá incurrió en violaciones al debido proceso administrativo y otros derechos fundamentales al impedir su intervención durante una sesión pública celebrada el 24 de julio.
Según el accionante, la mesa directiva de la Asamblea, encabezada por su presidente John Alexander López, no le permitió participar en el espacio al que había sido convocada la empresa Tierrasúa S.A.S. mediante su representante legal John Ernesto Carrero Villamil. La sesión tenía en agenda temas relacionados con decisiones judiciales de acciones populares y un convenio suscrito el 10 de febrero de 2025 sobre obras ejecutadas en Cuítiva.
Araque, en su calidad de representante del Ministerio Público y vocero de la comunidad, esperaba formular preguntas y observaciones sobre estos temas. No obstante, denuncia que la sesión fue finalizada abruptamente por el presidente de la corporación sin dar lugar a su intervención, lo que constituiría una transgresión a los principios de participación y democracia.
El Personero sostiene que este proceder se apartó de los lineamientos establecidos en el reglamento interno de la Asamblea, por lo que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la participación.
La decisión del juzgado sobre este caso podría sentar un precedente sobre los límites de actuación de las corporaciones públicas en espacios de deliberación y control político.
