#MedioAmbiente #Boyacá #Nación
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢́𝐨 𝐒𝐮𝐚́𝐫𝐞𝐳 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
Una acción popular orientada a la protección de los derechos e intereses colectivos y que pretende la descontaminación del Río Suárez fue admitida formalmente para su estudio en primera instancia. El proceso, que vincula a múltiples administraciones municipales, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y a entidades del orden nacional, surge tras denuncias por vertimientos contaminantes y presuntas omisiones institucionales en la preservación del afluente hídrico.
La demanda, promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García, invoca la presunta vulneración del derecho al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.
De acuerdo con el sustento del accionante, las afectaciones sobre el Río Suárez provienen de vertimientos domésticos, industriales, agrícolas y residuales. El demandante señala de igual forma la presunta omisión de las entidades accionadas en la adopción de medidas, inversiones, controles y obras necesarias para la recuperación y protección del recurso hídrico. Como antecedente, el ciudadano aportó una constancia de radicación de petición previa fechada el 10 de junio de 2023, requisito de procedibilidad que la autoridad judicial consideró satisfecho.
El auto admisorio vincula formalmente a un extenso grupo de entes territoriales e instituciones. Entre los demandados se encuentran la Gobernación del Departamento de Boyacá, Corpoboyacá, el Departamento Nacional de Planeación y las alcaldías de los municipios de Cucaita, Samacá, Chiquinquirá, Arcabuco, Chíquiza, Chitaraque, Cómbita, Gachantivá, Moniquirá, Motavita (incluyendo su Concejo Municipal), Paipa, Ráquira, Saboyá, Sáchica, San José de Pare, Santa Sofía, San Miguel de Sema, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjacá, Togüí y Villa de Leyva.
#MedioAmbiente #Boyacá #Tunja
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝟏𝟓 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐬𝐝𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐛𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá dio inicio al proceso de licitación pública L.P 004 de 2026 para contratar la operación integral de un proyecto de conservación y restauración comunitaria en la cuenca alta del Río Chicamocha y la cuenca media y baja del Río Suárez. El procedimiento contractual cuenta con un presupuesto oficial estimado de 30.633.374.943 pesos, los cuales provienen del Sistema General de Regalías. Las actividades administrativas y de supervisión de este contrato se centralizarán en la sede principal de la entidad ambiental en Tunja, desde donde se coordinará la intervención en predios rurales de 15 municipios del departamento de Boyacá durante un plazo de 18 meses.
La apertura de la convocatoria pública se formalizó el pasado 2 de julio de 2026 con la publicación de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones en el sistema electrónico de contratación (Secop II). Según los documentos técnicos que sustentan el proceso, las localidades rurales priorizadas registran niveles críticos de cobertura boscosa inferiores al 10%. Los diagnósticos señalan que el deterioro actual de los suelos y la pérdida de biodiversidad en estas áreas obedecen a fenómenos históricos como la expansión de la frontera agropecuaria, el sobrepastoreo, prácticas productivas inadecuadas, la tala y las quemas recurrentes, situaciones que han alterado los ciclos hidrológicos regionales. Las acciones en campo se ejecutarán de forma directa en los municipios de Tunja, Chíquiza, Chivatá, Motavita, Nobsa, Sáchica, Samacá, San José de Paré, Santa Sofía, Santana, Siachoque, Sogamoso, Sora, Soracá y Toca.
La estrategia técnica contempla la intervención de una superficie total de 1.560 hectáreas distribuidas en los municipios mencionados, vinculando de forma directa a 780 familias campesinas beneficiarias. El modelo operativo generará un impacto de 2 hectáreas por cada núcleo familiar. De acuerdo con las especificaciones del proyecto, cada familia destinará obligatoriamente 1 hectárea para el establecimiento de un sistema de restauración ecológica, activa o pasiva, mediante la siembra de cultivos forestales con especies nativas que permitan recuperar la estructura vegetal, frenar la degradación del suelo y capturar carbono atmosférico. La segunda hectárea de cada predio participante se asignará a la implementación de sistemas agroforestales de producción sostenible. Este componente integrará la actividad agrícola tradicional con la protección forestal a través del uso de especies leñosas, cercas vivas y cultivos transitorios o permanentes, buscando diversificar los ingresos de los productores rurales, asegurar la seguridad alimentaria, reducir el uso de insumos de síntesis química y mitigar los impactos de la variabilidad climática.
La distribución financiera del presupuesto asignado detalla que el 90.2% de la inversión global se concentrará en las actividades operativas de campo. Específicamente, se fijaron 14.028.625.260 pesos al establecimiento de los sistemas agroforestales y 8.146.273.200 pesos a la conformación del sistema forestal nativo de restauración ecológica. Asimismo, las labores de mantenimiento posterior de la vegetación sembrada dispondrán de un rubro exclusivo de 5.460.549.120 pesos, destinado a financiar el seguimiento técnico de profesionales en campo y evaluar los indicadores de supervivencia de las plántulas durante los 18 meses de ejecución del contrato. Los recursos restantes se destinarán a componentes sociales y pedagógicos, distribuyéndose en 1.054.570.976 pesos para la formalización de acuerdos ambientales con comunidades y alcaldías, 435.783.104 pesos para el control social y monitoreo participativo, y tres partidas individuales de 119.236.456 pesos para capacitación en buenas prácticas, formación de jóvenes guardianes de la biodiversidad y gobernanza con enfoque a la mujer campesina. Además, se presupuestaron 48.419.552 pesos para el registro de datos y la georreferenciación satelital que ejecutará un profesional en sistemas de información geográfica.
Por la magnitud económica del proceso, los estudios previos exigen al operador externo habilitaciones institucionales específicas que superan la capacidad operativa interna de la entidad ambiental. Los proponentes individuales o plurales deberán acreditar habilitación vigente como Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario como comercializador de insumos agropecuarios, un convenio vigente con un vivero registrado ante el ICA que garantice el suministro de al menos el 50% de las especies de plántulas nativas requeridas y un convenio con una empresa avalada para el transporte de carga por el Ministerio de Transporte.
El proceso de selección evaluará las propuestas bajo una ponderación de 100 puntos, donde el factor técnico y de calidad otorgará un máximo de 58.5 puntos, la oferta económica 29 puntos, el apoyo a la industria nacional 10 puntos, y los márgenes restantes se asignarán en factores diferenciales para empresas con trabajadores en condición de discapacidad, micro, pequeñas y medianas empresas, y empresas de mujeres según las leyes vigentes de contratación pública en Colombia.
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