𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬, 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, oficializó el nombramiento de Gloria Esperanza Ortega Pinilla como la nueva Directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública de la capital boyacense. La designación se efectuó mediante el Decreto 0144 del 18 de junio de 2026, luego de que se configurara una vacancia definitiva en dicha dependencia de la administración municipal tras la renuncia de la anterior titular.
El cambio en el gabinete de la capital se produjo tras la renuncia irrevocable presentada el pasado 10 de junio por Claudia Patricia Velasco Sierra, quien venía desempeñándose en el cargo desde el 17 de octubre de 2025. La dimisión de la exfuncionaria fue aceptada el 16 de junio de 2026 a través de la Resolución 0869, dejando el puesto vacante a partir del 18 de junio. Conforme al análisis de la hoja de vida de Gloria Esperanza Ortega Pinilla, la alcaldesa encargada de Tunja determinó, mediante la certificación del 17 de junio de 2026, que la ciudadana cumple con los requisitos de estudio, experiencia y competencias exigidos en el manual de funciones de la entidad municipal.
A pesar de que el municipio se encuentra bajo las restricciones de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), la cual prohíbe modificar la nómina estatal dentro de los cuatro meses anteriores a los comicios, el acto administrativo señala que la provisión del empleo es procedente. Esto se debe a que la legislación nacional contempla excepciones específicas para cubrir cargos por faltas definitivas ordenadas por la renuncia irrevocable de los titulares debidamente aceptada.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐩𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐢𝐱𝐭𝐨
La Contraloría Municipal de Tunja formalizó la instalación de una auditoría de cumplimiento para inspeccionar la legalidad y ejecución de dos convenios contractuales que superan conjuntamente los 29.000 millones de pesos, suscritos durante la vigencia 2025 por la administración municipal. La primera de estas actuaciones fiscales recae sobre el contrato interadministrativo número 1767 de 2025, celebrado con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. por un monto superior a los 15.076 millones de pesos, mientras que la segunda acción del organismo de control se concentrará en el convenio interadministrativo número 972 de 2025, establecido con el Fondo Mixto por una cuantía que, tras sus adiciones, sobrepasa los 14.000 millones de pesos.
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una demanda de acción popular que busca ordenar la intervención urgente y el mantenimiento de la Avenida Norte y la Avenida Oriental, dos de las arterias viales más importantes para la movilidad de los habitantes de la capital boyacense. La decisión judicial, tramitada bajo el radicado 15001233300020250002900, pretende que las instituciones responsables ejecuten las obras necesarias para frenar el avanzado deterioro del pavimento y garantizar el tránsito seguro de los ciudadanos.
El recurso constitucional fue interpuesto por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien señala en la acción que la falta de conservación y rehabilitación de estas calzadas vulnera los derechos colectivos de los tunjanos relacionados con la seguridad vial, el goce del espacio público y la prevención de desastres. El proceso vincula formalmente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al municipio de Tunja. De acuerdo con el expediente, el demandante ya había agotado las reclamaciones previas ante estas tres entidades el 5 de enero de 2025 sin obtener soluciones de fondo, por lo que el tribunal otorgó un plazo de diez días a los demandados para que presenten sus respectivas defensas.
𝐄𝐱𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐅𝐮́𝐧𝐞𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚́ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐠𝐨𝐧𝐝
La Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja notificó de manera oficial la vinculación del exalcalde Luis Alejandro Fúneme González al Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal número 002-2025, en calidad de presunto responsable por un detrimento patrimonial provisional estimado en 822.767.442 pesos. La decisión del organismo de control fiscal, formalizada mediante una notificación por aviso web tras la imposibilidad de localizar al exmandatario en su dirección física registrada, se fundamenta en un incremento del 110,14 % en el valor del contrato destinado a la presentación del artista Silvestre Dangond durante la versión número 68 del Aguinaldo Boyacense, celebrada en diciembre de 2023.
De acuerdo con el expediente contractual analizado por la entidad fiscalizadora a partir del traslado de la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2023, la administración de Fúneme González suscribió el contrato número 2247 de 2023 por una cuantía total de 1.569.767.442 pesos a favor de la firma Eventos y Producciones Silra S.A.S. El ente de control constató que este valor duplicó los 747.000.000 pesos invertidos en la contratación del mismo artista para la festividad del año anterior, contraviniendo las directrices de la política nacional de austeridad del gasto público consagradas en el Decreto 444 de 2023. El despacho fiscal determinó que el municipio no realizó estudios de mercado idóneos ni sondeos previos en otras plazas que justificaran técnicamente la tarifa pactada, desbordando los principios de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos locales.
La vinculación del exalcalde se realiza de manera concurrente y solidaria junto a otros tres implicados que ya formaban parte de la investigación desde el auto de apertura emitido el 27 de marzo de 2025. Entre los investigados se encuentran Juan Carlos Cruz Martínez, en su condición de director de la Unidad Especial de Contratación Estatal y delegado de la facultad contractual; Olga Yaneth Beltrán Dorado, exsecretaria de Cultura y Patrimonio Territorial, quien firmó los estudios previos y ejerció la supervisión directa del contrato; y Natalia Zapata Galeano, representante legal de la empresa contratista Eventos y Producciones Silra S.A.S. La jefatura jurídica de la Contraloría argumentó que la delegación de funciones contractuales no exime a Fúneme González de su deber constitucional de dirección, control y ordenación principal del gasto público del municipio, especialmente ante las reiteradas advertencias y hallazgos que el órgano de control había emitido en auditorías de vigencias anteriores.
Debido a que el oficio de notificación física enviado el pasado 10 de junio de 2026 a la residencia del exalcalde en Tunja fue devuelto por la empresa de mensajería bajo la causal de dirección errada o no reside, la Contraloría surtió el trámite a través de su plataforma web institucional para salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa del implicado.
𝐃𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨
Ante la falta de planificación y de alternativas para la reubicación digna de los comerciantes de la Plaza de Mercado del Norte, el secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos de Tunja, Juan Carlos Pérez Mesa, dio a conocer que las labores de demolición ya no se realizarán el próximo 28 de junio, como se había anunciado inicialmente. Durante la más reciente sesión del Concejo Municipal, en la que participaron los comerciantes del centro de acopio, el funcionario aclaró que no se intervendrá la infraestructura actual hasta que se concierte, apruebe y ejecute un plan de traslado temporal que garantice las condiciones técnicas y sanitarias para los trabajadores.
Pérez Mesa precisó que la administración de la capital boyacense se encuentra en la denominada fase cero del proyecto, la cual contempla el trámite de la licencia de construcción ante la curaduría urbana y la estructuración logística del traslado de los comerciantes. De acuerdo con el cronograma expuesto por el secretario, estos procesos administrativos y legales tomarán entre 45 y 60 días a partir de la fecha. Una vez completadas estas etapas de concertación y formalización de los espacios provisionales, se procederá a dar inicio a las labores físicas de demolición, lo que aplaza de forma indefinida el arranque de las obras inicialmente previsto para finales de este mes.
La ejecución de la obra civil no estará bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Tunja ni de la Gobernación de Boyacá. El Ministerio de Agricultura determinó que la gerencia y el desarrollo del proyecto se canalizarán directamente a través del Fondo Colombia en Paz. Según la información suministrada en la corporación edilicia, los pliegos de condiciones se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) en el transcurso de esta semana, con la previsión técnica de adjudicar los contratos de obra e interventoría en la primera semana de agosto de 2026, fijando un tiempo de ejecución estimado de ocho meses.
Respecto a las alternativas de los sitios para el traslado transitorio de las actividades comerciales, la dependencia municipal no detalló ubicaciones específicas ni predios definidos durante la sesión, tras ser consultada por los cabildantes, lo que evidenció el silencio en torno a soluciones habitacionales inmediatas. El Secretario señaló que se están evaluando diferentes terrenos que cumplan con las características sanitarias y de servicios públicos para el funcionamiento de los sectores de cárnicos, restaurantes y abarrotes. Asimismo, informó que para el segundo semestre del año se incorporarán 350 millones de pesos provenientes del superávit municipal con el fin de financiar el costo de los arrendamientos y la adecuación de dichos espacios provisionales.
El sustento técnico para determinar la demolición total de la plaza actual se derivó de una consultoría contratada en el año 2022, cuyos resultados fueron liquidados el 29 de marzo. El diagnóstico arrojó que una remodelación parcial no es viable financieramente debido a fallas estructurales crónicas, insuficiencia en la capacidad de las redes hidrosanitarias, filtraciones de aguas de escorrentía que deterioran la malla vial perimetral y la presencia de tejas de asbesto, material prohibido por la normatividad nacional. La inversión estructural del nuevo complejo de agroinsumos y productos agrícolas será de 15.100 millones de pesos aportados por el Gobierno Nacional mayoritariamente, mientras que el municipio aportará el valor del lote, avaluado catastralmente en 11.000 millones de pesos. Por su parte, la Gobernación de Boyacá cofinanciará el cerramiento perimetral y la pavimentación de los parqueaderos por un valor aproximado de 1.839 millones de pesos.
En cuanto a las condiciones comerciales posteriores a la edificación de la nueva infraestructura, la administración municipal aseguró que las tarifas del canon de ocupación por metro cuadrado no se incrementarán a precios de centros comerciales privados, sino que seguirán reguladas por la resolución municipal vigente, con ajustes anuales limitados al Índice de Precios al Cumplimiento del Consumidor (IPC), calculados por esta Secretaría entre el 3% y el 5%. Durante el tiempo que dure la transición fuera de la plaza, los comerciantes censados estarán exentos del pago de tasas de aprovechamiento, costo que asumirá directamente el municipio. La entrega final de los 162 puestos validados estará a cargo del componente de trabajo social del Ministerio de Agricultura para garantizar la correspondencia con los derechos de los adjudicatarios originales.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐡𝐨𝐲 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚
Pasados cerca de 10 meses desde el último trabajo de intervención que se hizo a esta avenida(https://www.facebook.com/share/p/1BcGaD3Qgi/), este es el panorama de esta importante arteria vial del norte de la capital boyacense, que sigue a la espera de los reparos anunciados en una mesa de trabajo conjunta entre Gobernación e Boyacá y Alcaldía de Tunja en mayo de este año (https://www.facebook.com/share/p/1D3wvgfLrZ/).
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Una acción popular busca que el municipio de Tunja ponga en funcionamiento de manera inmediata las cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como fotomultas, instaladas en varios sectores de la ciudad. El recurso fue radicado por la Fundación Defensoría Nacional para la Seguridad Vial (Desevial) y ya comenzó su estudio formal en el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja.
El objetivo principal de esta petición legal es frenar el riesgo de accidentes y proteger la vida de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores que diariamente transitan por las calles de la capital boyacense, argumentando que la seguridad vial es un derecho que le pertenece a toda la comunidad.
De acuerdo con los argumentos de la fundación demandante, la Alcaldía de Tunja y la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial tienen apagados estos equipos tecnológicos a pesar de que ya cuentan con todos los permisos y autorizaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desde el año pasado. El documento advierte que suspender el funcionamiento de los dispositivos en puntos críticos de alta accidentalidad desprotege a las personas en las vías.
La organización señala además que no existen razones válidas para mantener los equipos fuera de servicio bajo el pretexto de realizar mesas técnicas o nuevas socializaciones, puesto que los estudios que justificaron su instalación los hizo la misma Alcaldía de Tunja en su momento. Del mismo modo, advierte sobre un posible riesgo para los recursos públicos de la ciudad, ya que el municipio podría afrontar reclamos económicos por el incumplimiento de los contratos de concesión e interventoría que se firmaron desde el año 2023 para la operación del sistema.
Entre las peticiones concretas de la acción popular se solicita obligar a las autoridades de tránsito a poner en marcha los sistemas de detección.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟕 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió una acción popular que busca la intervención urgente de la malla vial y el espacio público en el barrio Libertador. La decisión judicial da trámite al medio de control interpuesto por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del Municipio de Tunja , con el objetivo de que la administración local adelante los estudios técnicos, obras, adecuaciones, mantenimientos y rehabilitaciones de carácter preventivo y estructural en la calle 7, específicamente en el tramo comprendido entre las carreras 11 y 18.
La demanda argumenta la necesidad de proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes y transeúntes de este sector de la capital boyacense. Según los antecedentes expuestos en el expediente, el demandante presentó inicialmente una reclamación directa ante la Alcaldía de Tunja el pasado 18 de abril de 2026, obteniendo una respuesta negativa por parte de la entidad gubernamental el 11 de mayo del mismo año , situación que habilitó la intervención de la justicia administrativa al cumplirse los requisitos de procedibilidad.
El despacho judicial, bajo la conducción de la jueza Sandra Patricia Álvarez Salamanca, asumió el conocimiento del caso por competencia territorial y notificó la providencia correspondiente. Con esta determinación se ordenó correr traslado al Municipio de Tunja , que dispondrá de un término de diez días hábiles para contestar la demanda y solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias para su defensa. Una vez concluido este periodo de traslado, se notificó que la decisión final del asunto será proferida dentro de los 30 días siguientes.
𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐫𝐞𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
La incertidumbre se apoderó de los trabajadores de la Plaza de Mercado del Norte en Tunja ante el anuncio de demolición de la actual infraestructura por parte de la Gobernación de Boyacá. Luego de que este medio recorriera los puestos para hablar con ellos, los vendedores aclararon que no quieren la remodelación del mercado bajo los términos planteados y afirmaron que la orden de evacuar las instalaciones a finales de junio se tomó sin un plan real que les asegure un sitio digno para seguir laborando.
Los comerciantes explicaron que la situación quedó en evidencia con el cronograma presentado el pasado domingo 7 de junio por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas. Las autoridades les notificaron que el próximo 28 de junio deben desocupar la plaza por completo para iniciar las labores de demolición del techo y los pabellones, las cuales tardarán un mes, proyectando el inicio de las obras civiles de un nuevo complejo para el 28 de julio con un tiempo de ejecución estimado de ocho meses.
La principal preocupación de los trabajadores radica en que la administración departamental propuso como alternativa de traslado temporal un lote privado cercano al que el Gobernador se refirió como “el lote de don Guillermo”. Sin embargo, los vendedores que conocen ese terreno denunciaron que el sitio es un potrero en estado de abandono, con acumulación de escombros, maleza y presencia de roedores, el cual carece de pisos pavimentados, techados o redes operacionales de servicios públicos indispensables para mantener la salubridad en la comercialización de alimentos, por lo que consideran inviable que se les traslade a ese espacio abierto.
El proyecto se anunció públicamente como una inversión conjunta de casi 30 000 millones de pesos, pero los documentos financieros muestran una composición distinta sobre los recursos nuevos destinados a la obra civil. El presupuesto real en dinero que llegará para la construcción es de 15.100 millones de pesos por parte del Ministerio de Agricultura y cerca de 1.600 millones de la Gobernación de Boyacá, destinados a financiar la demolición de la estructura actual. Los 11.000 millones de pesos restantes para completar la cifra de la propaganda institucional corresponden al avalúo catastral del lote actual donde opera la Plaza de Mercado, un predio que ya pertenece al municipio de Tunja y que no representa una inyección de capital fresco.
Los trabajadores recordaron que la estructura del pabellón donde hoy atienden a los usuarios fue levantada en años anteriores por ellos mismos, mediante la compra de plásticos y jornadas de trabajo comunitario ante la falta de intervenciones de las administraciones de la época, razón por la cual consideran la orden de desalojo como una imposición que no tiene en cuenta su esfuerzo histórico en el sector.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐚𝐬
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad, tras comprobarse deterioros puntuales en la capa asfáltica de la Avenida Patriotas. La decisión judicial obliga a la administración municipal a intervenir el corredor vial mediante un cronograma estricto de gestiones y obras para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.
El fallo responde a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien solicitaba inicialmente la reconstrucción y el cambio total del pavimento flexible de la Avenida Patriotas, en el tramo comprendido entre la Avenida Oriental y la Avenida Circunvalar (BTS). El demandante argumentó que la estructura vial presenta fallas como grietas, fisuras y baches que elevan el riesgo de accidentes de tránsito en este sector de alto flujo vehicular.
La sentencia establece que el municipio de Tunja, a través de la Secretaría de Infraestructura Territorial, dispone de un término de un mes, contado a partir de la ejecutoria del fallo, para adelantar todas las gestiones administrativas, contractuales y presupuestales necesarias. Este proceso inicial debe asegurar la ejecución de intervenciones de mantenimiento requeridas en ambos sentidos del tramo afectado, tales como parcheo, bacheo, sellado de fisuras y actividades de conservación periódica orientadas a corregir los deterioros puntuales de la capa de rodadura.
Asimismo, la autoridad judicial determinó que, dentro de los diez días siguientes a la finalización del primer mes de gestiones, la administración municipal deberá allegar al despacho un informe detallado que describa las actividades de contratación y presupuestales adelantadas, acompañado del correspondiente material probatorio que así lo acredite.
En cuanto a la ejecución material de los trabajos, el fallo otorga al municipio de Tunja un término máximo de cuatro meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para ejecutar la totalidad de las obras de mantenimiento señaladas para la rehabilitación de la vía. Una vez finalizado este periodo de cuatro meses, la Alcaldía contará con un plazo adicional de diez días calendario para presentar al Juzgado Trece Administrativo un informe final que describa el cumplimiento pleno de las órdenes impartidas.
Para vigilar el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de los tiempos, se dispuso la creación de un comité de verificación integrado por el actor popular, el secretario de infraestructura y de contratación de Tunja, y un agente del Ministerio Público, quienes deberán rendir informes de avance cada dos meses.
La capital boyacense redujo su Coeficiente de Gini a 0,459 durante la vigencia 2025, según el más reciente informe de pobreza monetaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El dato ubica a la ciudad con una de las distribuciones de ingresos más equitativas del territorio nacional, manteniendo la tendencia a la baja registrada desde 2023.
La cifra representa una disminución de 0,022 puntos en comparación con el año 2024, cuando el indicador se situó en 0,481. En la medición de 2023, la capital de Boyacá había alcanzado los 0,493 puntos, lo que confirma un descenso sostenido en la disparidad de ingresos de sus habitantes durante los últimos tres años. La variación registrada entre los dos últimos periodos cuenta con significancia estadística, según los parámetros técnicos de la entidad oficial.
A nivel departamental y regional, el comportamiento de Tunja la posiciona como un referente de equidad en la distribución del ingreso dentro del territorio colombiano. Al comparar el panorama local con los datos de otras ciudades del país, el municipio se encuentra significativamente por debajo del promedio nacional y de los principales centros urbanos de Colombia en cuanto a los niveles de concentración de la riqueza.
En el contexto nacional, el Coeficiente de Gini de Colombia cerró 2025 en 0,531 puntos, mostrando una reducción frente al 0,551 registrado en 2024 y al 0,553 de 2023. Las cabeceras municipales del país promediaron un 0,507, mientras que las áreas de centros poblados y rural disperso se ubicaron en 0,476. Entre las 23 ciudades capitales evaluadas por el DANE, Quibdó se mantuvo como la urbe con la mayor brecha económica al registrar un incremento que llevó su indicador a 0,555 puntos en 2025. En contraste, Manizales se posicionó como la ciudad con el coeficiente más bajo del país con 0,436 puntos, seguida de Pereira con 0,440 y Armenia con 0,441.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó el informe de resultados de pobreza monetaria 2025, el cual muestra que el ingreso per cápita medio en Tunja bajó entre los años 2024 y 2025. Este comportamiento ubica a la capital boyacense en un escenario distinto al del promedio nacional y al de la mayoría de las ciudades capitales del país, donde este indicador económico registró un balance al alza.
En la práctica, los datos de la entidad indican que el promedio de dinero que le corresponde a cada integrante de un hogar en Tunja pasó de 1.509.279 pesos al mes en 2024, a 1.483.268 pesos mensuales en 2025. La diferencia representa una disminución de 26.011 pesos por persona, lo que equivale a una baja del 1,7% en este indicador. El ingreso per cápita es el resultado de sumar todo el dinero que entra a una casa y dividirlo por el número de personas que viven allí, incluidos los niños y quienes no trabajan, por lo que una reducción en esta cifra se refleja directamente en la cantidad de dinero que los hogares tienen disponible para sus gastos cotidianos.
El panorama local es diferente al promedio de Colombia, donde el ingreso por persona subió un 9,6% entre 2024 y 2025, llegando a los 1.281.590 pesos mensuales. El reporte detalla que mientras en gran parte del país los recursos en los hogares aumentaron, Tunja formó parte del grupo de cuatro ciudades capitales que registraron variaciones negativas en el último año, junto con Pasto, Villavicencio y Montería.
Con este resultado de 2025, la ciudad modifica la tendencia de crecimiento que traía desde el año 2023, periodo en el que el ingreso promedio por habitante se había fijado en 1.373.211 pesos, para luego subir en 2024 y descender en la medición más reciente.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐛𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐲 𝐩𝐨𝐛𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐢𝐥 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬
Tunja se ubicó como la capital colombiana con el menor impacto de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema por cada mil habitantes durante el año 2025. El informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revela que, en términos proporcionales según el volumen de su población, la capital de Boyacá mantiene las cifras más bajas en ambas mediciones entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas en el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales calculadas sobre la base demográfica, el volumen de personas en situación de pobreza monetaria en Tunja se situó en 48.000 individuos para el cierre de 2025. El indicador muestra una tendencia a la baja en el contexto local por cada mil habitantes, toda vez que en el año 2023 se registraban 55.000 ciudadanos en esta condición y en 2024 la cifra se había fijado en 51.000 personas. La reducción absoluta entre los dos últimos periodos analizados fue de 3.000 habitantes, lo que representa una variación relativa del -5,9%.
Al comparar el desempeño regional bajo este criterio proporcional con las principales capitales de la nación, la diferencia en la escala de afectación ubica a Tunja en el puesto más bajo del escalafón nacional. Mientras urbes como Bogotá reportan 1.439.000 personas bajo la línea de pobreza, y Cali y Medellín coinciden con 452.000 ciudadanos cada una, Tunja se devela como la capital con menor población afectada en relación con su número de habitantes, seguida por Manizales con 59.000 personas y Florencia con 60.000 damnificados económicos.
El panorama de la pobreza monetaria extrema por cada mil habitantes en la capital boyacense arroja un comportamiento correlativo, al registrar un total de 9.000 personas dentro de este rango de vulnerabilidad durante el último año. La serie histórica expone que en 2023 la población en extrema urgencia económica ascendía a 14.000 personas y en 2024 se fijó en 11.000. La variación entre 2024 y 2025 significó una disminución de 2.000 ciudadanos, equivalente a un descenso relativo del -18,2%, una reducción que el DANE destaca como estadísticamente significativa dentro del muestreo proporcional.
Con este resultado de 9.000 habitantes en pobreza extrema, Tunja se ratifica en la posición más baja de las 23 principales urbes evaluadas en cuanto a la tasa de afectados por cada mil habitantes, situándose por debajo de Manizales, que sumó 11.000 personas, y de Armenia, que registró 16.000 ciudadanos en dicha condición. A nivel general, el país consolidó un acumulado de 4.972.000 individuos sumidos en la pobreza extrema al culminar el periodo evaluado por la entidad gubernamental.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó el informe de pobreza monetaria correspondiente al año 2025, en el cual se establecen los ingresos mínimos mensuales que requiere un ciudadano para no ser considerado en condición de pobreza o pobreza extrema. De acuerdo con los datos oficiales, Tunja registra un costo de vida medido a través de estas líneas que supera de forma significativa el promedio nacional, posicionándose entre las tres capitales colombianas con los umbrales económicos más altos para salir de la vulnerabilidad socioeconómica.
Para el año 2025, el DANE fijó la línea de pobreza monetaria general a nivel nacional en 482.041 pesos mensuales por persona. Esto significa que, en el promedio del país, un ciudadano con ingresos inferiores a ese monto entra en la categoría de pobreza. Sin embargo, en la capital de Boyacá esa exigencia económica es considerablemente mayor, situándose en 620.017 pesos mensuales. La cifra representa una diferencia de 137.976 pesos por encima de la media de la nación y ubica a Tunja únicamente por detrás de Bucaramanga, cuya línea se tasó en 670.169 pesos, y de Bogotá, cuyo indicador es de 660.533 pesos.
En términos de evolución temporal, la línea de pobreza monetaria en Tunja pasó de 575.440 pesos en 2023 a 603.972 pesos en 2024, alcanzando los citados 620.017 pesos en 2025. Esto implicó una variación absoluta de 16.045 pesos entre los dos últimos años, lo que equivale a un incremento relativo del 2,7%, una de las variaciones anuales más bajas entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas por la entidad estadística, pese a mantener un valor nominal elevado.
El comportamiento de la pobreza monetaria extrema, indicador que mide la capacidad de una persona para adquirir una canasta básica de alimentos que cubra los requerimientos nutricionales mínimos, muestra una tendencia similar para el contexto tunjano. El promedio nacional para el año 2025 quedó establecido en 236.580 pesos mensuales, mientras que en Tunja se fijó en 290.224 pesos. Quienes perciban ingresos individuales inferiores a dicho monto mensual en la ciudad son catalogados técnicamente bajo esta condición de extrema vulnerabilidad.
Al revisar el panorama de la indigencia o pobreza extrema en el entorno urbano, Tunja también se sitúa en la parte alta de la tabla nacional, ocupando la cuarta posición global. Los umbrales más altos del país para este indicador específico se registraron en Bucaramanga con 314.068 pesos, Bogotá con 298.554 pesos y Popayán con 294.767 pesos. En el caso de la capital boyacense, el aumento respecto al año 2024 fue de 6.717 pesos en términos absolutos, registrando una variación relativa del 2,4%.
La pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema registraron una tendencia a la baja en Tunja durante el año 2025, de acuerdo con el más reciente informe oficial presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Según la metodología aplicada por la entidad estadística gubernamental, los límites monetarios que definen la condición social de un ciudadano se trazan a partir de montos fijos mensuales de ingresos por persona. Para la medición del año 2025, el DANE estableció que un habitante de la ciudad ingresa a la categoría de pobreza monetaria extrema si percibe ingresos individuales inferiores a 236.580 pesos mensuales, rubro fijado como el mínimo indispensable para suplir una canasta básica estrictamente alimentaria. Bajo este parámetro técnico del Estado, cualquier ciudadano que registre ingresos por encima de dicha cifra deja de ser contabilizado estadísticamente dentro de la indigencia.
En lo referente a la pobreza monetaria general, el DANE fijó el umbral en 482.041 pesos mensuales por persona, valor que añade a las necesidades nutricionales una estimación de costos en servicios básicos como vivienda, transporte, vestuario y educación. Conforme a las reglas de medición de la autoridad nacional, un individuo cuyo ingreso mensual per cápita supere este parámetro económico queda excluido de los registros de pobreza.
La aplicación de estas métricas individuales determina el estatus de vulnerabilidad de un núcleo familiar según el número de sus integrantes. El reporte técnico del DANE estipula que un hogar compuesto por cuatro personas en Tunja deja de ubicarse en el rango de pobreza monetaria si el conjunto de sus miembros percibe un ingreso mensual total acumulado de 1.928.164 pesos. Bajo esta misma lógica institucional, si ese hogar de cuatro personas logra sumar ingresos mensuales superiores a los 946.320 pesos, el organismo deja de clasificarlo formalmente en situación de pobreza monetaria extrema.
La reducción de los índices informada por la institución en los principales centros urbanos del país estuvo fuertemente asociada a las dinámicas de ocupación laboral dentro de los hogares. Las cifras recopiladas por el DANE muestran que en las cabeceras municipales la incidencia de las condiciones de vulnerabilidad económica disminuye de manera drástica en aquellos entornos familiares que logran consolidar dos o más miembros con empleo formal o informal.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐕𝐢́𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐞𝐥𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
Un fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja amparó los derechos colectivos de los ciudadanos y ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) la rehabilitación integral de la vía pública paralela a la Avenida Norte, en el tramo limítrofe con la sede central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). La decisión judicial es la respuesta a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del municipio de Tunja, proceso que posteriormente vinculó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ani), al Invías, al Consorcio Solarte Solarte y a la Concesión BTS Autovía.
El despacho judicial determinó que la responsabilidad directa sobre el mantenimiento y la reparación de este corredor vial recae sobre el Invías, tras constatar que el sector fue revertido a la nación una vez concluidos los contratos correspondientes de la red nacional. Los informes técnicos incorporados al expediente demostraron el avanzado estado de deterioro, fallas estructurales y agrietamiento de las placas de concreto, situaciones que generaban un riesgo previsible para la seguridad vial y la movilidad de los usuarios, estudiantes y transportadores que circulan a diario por esta vía paralela.
En la parte resolutiva del fallo se fijaron las obligaciones y tiempos perentorios para la entidad gubernamental encargada de la infraestructura vial. En el numeral cuarto de la providencia se ordenó al Invías que, dentro del término de tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, elabore y realice los estudios técnicos, diseños estructurales y la correspondiente proyección de tránsito a mediano y largo plazo, incluyendo ensayos de laboratorio y análisis de suelos para evaluar la capacidad de soporte de la fundación de la vía pública afectada frente a la sede central de la UPTC.
Una vez vencido el término anterior de los tres meses, la providencia judicial establece un segundo plazo de un mes. Dentro de este mes siguiente, el Invías deberá realizar todas las gestiones administrativas, actos precontractuales y contractuales, apropiaciones presupuestales y demás requerimientos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras determinadas y derivadas de los estudios de ingeniería previamente referidos.
Finalmente, el fallo judicial estipula que, dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de la etapa administrativa anterior, la entidad nacional deberá ejecutar la totalidad de las obras civiles resultantes de los análisis técnicos. Estas intervenciones físicas corresponden a las medidas necesarias para consolidar la rehabilitación o mejoramiento a lo largo de todo el tramo de la vía pública paralela a la Avenida Norte que colinda con la institución de educación superior.
El abogado Marco Antonio Palma Luna radicó una demanda de nulidad de inscripción de candidatura ante el Consejo Nacional Electoral contra la exconcejal Sandra Milena Estupiñán Orjuela, quien recientemente oficializó su aspiración para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja programadas para el 26 de julio de 2026. El demandante sostiene que la candidata incurre en causales de inhabilidad constitucional y legal debido a su reciente desempeño como concejala y presidenta del cabildo municipal.
De acuerdo con el documento de la demanda, Estupiñán Orjuela ejerció como concejal de la ciudad para el periodo 2024-2027 y ocupó la presidencia y ordenación del gasto de la corporación durante el año 2025. Posteriormente, la excabildante presentó su renuncia a la curul el 10 de junio de 2026 e inscribió su candidatura al cargo ejecutivo al día siguiente, 11 de junio, con el propósito de participar en la contienda que busca definir quién culminará el actual periodo institucional de la Alcaldía de Tunja.
El recurso judicial argumenta que la postulación vulnera las prohibiciones constitucionales y legales que impiden a un ciudadano ser elegido para dos cargos cuyos periodos coincidan en el tiempo, aún de forma parcial. Asimismo, el demandante señala que la normativa vigente establece la inhabilidad para ejercer el cargo a quienes hayan actuado como autoridad administrativa u ordenadores del gasto en el mismo municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección, condición que se configuraría al haber liderado el presupuesto del Concejo Municipal de Tunja hasta diciembre de 2025.
La demanda también invoca la Sentencia C-080 de 2026 de la Corte Constitucional, la cual declaró inexequible la denominada renuncia estratégica para eludir este tipo de restricciones, bajo la premisa de que los periodos de elección popular poseen un carácter institucional y no personal. Con este trámite ante la Sala de Competencia Electoral del Consejo Nacional Electoral, se pretende frenar el avance de la campaña de la exconcejal bajo el argumento de proteger los principios de igualdad y transparencia en los comicios.
𝐅𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐉𝐨𝐚𝐪𝐮𝐢́𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧𝐞𝐳 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥
Una decisión judicial dejó en firme que el terreno comprado en el barrio Ciudad Jardín debe usarse exclusivamente para el desarrollo de la sede del Colegio José Joaquín Castro Martínez, dejando sin efecto los planes de la Alcaldía de ubicar el Centro de Bienestar Animal en ese mismo espacio. La determinación frena el proyecto en ese punto de la ciudad tras acoger el reclamo de los vecinos, quienes aseguraron que la institución educativa y el Centro de Bienestar Animal no podían coexistir en el mismo predio.
La disputa por la tierra comenzó cuando el municipio intentó separar una franja de 3.998 metros cuadrados, dentro de un lote mayor que mide en total más de 24.000 metros cuadrados, para levantar allí el Centro de Bienestar Animal. Este predio principal había sido adquirido por el municipio en el año 1999 con la destinación específica de construir la sede del Colegio José Joaquín Castro Martínez. Sin embargo, en el año 2022 el Concejo Municipal aprobó un acuerdo para asignarle el uso de esa porción de tierra al proyecto de protección de fauna, mientras que la Alcaldía ya había firmado un contrato de obra por casi 2.000 millones de pesos para los estudios, diseños y construcción del Centro de Bienestar Animal.
Frente a esto, los ciudadanos Rubén Ardila Clavijo y Yesid Figueroa interpusieron una acción popular manifestando el inconformismo de la comunidad educativa. Los afectados explicaron que construir el Centro de Bienestar Animal al lado de las futuras aulas de clase traería problemas de ruidos, malos olores y riesgos sanitarios para los estudiantes. Además, recordaron que el sector suroriental de Tunja necesita con urgencia la infraestructura escolar, ya que la matrícula del Colegio José Joaquín Castro Martínez subió de 1.938 alumnos en el año 2019 a un total de 2.344 en 2024, obligando a los menores a compartir espacios en otra planta física.
Por su parte, los representantes de la Alcaldía y del Concejo defendieron el proyecto del Centro de Bienestar Animal argumentando que la ciudad tenía la obligación legal y órdenes de otros jueces para construir un sitio adecuado destinado a la fauna desprotegida. También señalaron que los papeles de compra de 1999 no eran suficientes para asegurar el uso educativo del lote si el Concejo no lo había ratificado mediante un acuerdo municipal posterior.
Al revisar las pruebas, la justicia le dio la razón a la comunidad al considerar que el derecho a la educación y la destinación original del bien están por encima de las decisiones posteriores de la administración. El fallo ordenó al municipio de Tunja asumir las costas del proceso legal y ordenó crear un comité de verificación, conformado por el alcalde de la ciudad, el ciudadano que demandó y la Procuraduría, para asegurar que ese lote se guarde únicamente para el Colegio José Joaquín Castro Martínez.
𝐋𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝟓𝟕,𝟏𝟒 % 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Las muertes violentas registradas en Tunja presentaron un incremento del 57,14 % durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior. De acuerdo con las bases de datos de Medicina Legal, la capital de Boyacá pasó de registrar 14 casos en los primeros cuatro meses de 2025 a contabilizar un total de 22 víctimas fatales bajo estas circunstancias en las mediciones correspondientes al presente año.
Los datos estadísticos detallan que los eventos de transporte se mantienen como la principal causa de decesos violentos en la ciudad, al pasar de 7 casos en 2025 a 10 en 2026. Asimismo, las muertes por homicidio se duplicaron al pasar de 2 a 4 casos, mientras que los decesos accidentales se elevaron de 3 a 5 registros. Por último, los casos de suicidio en el municipio pasaron de 2 a 3 eventos en la comparativa interanual de este primer cuatrimestre.
Edwar Parra Guerrero formalizó su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato a la Alcaldía de Tunja para las elecciones atípicas del próximo 26 de julio. El aspirante estuvo acompañado durante el acto público por el concejal Andrés Duarte González y el exconcejal Javier Araque Elaica, figuras políticas del municipio que se sumaron al respaldo de las bases comunales con el objetivo de consolidar la propuesta del líder comunitario de cara a la campaña para la dirección de la capital boyacense.
En la presentación de sus prioridades programáticas, Parra Guerrero expuso un enfoque centrado en la seguridad ciudadana cívica mediante la integración de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial con el trabajo de los líderes comunitarios. Asimismo, planteó la necesidad de revisar la situación del Plan de Ordenamiento Territorial y propuso la creación de un centro físico de escucha enfocado en atender los programas de salud mental del municipio.
Respecto a los cuestionamientos sobre la ejecución de los presupuestos participativos en la ciudad, el candidato aclaró que su labor previa estuvo vinculada estrictamente al diseño y actualización de la política pública con los sectores comunales, desmarcando su gestión de los procesos de contratación. El aspirante aseguró que de llegar al cargo implementará una estricta vigilancia sobre el desarrollo de las obras e inversiones comunitarias vigentes.
El candidato manifestó que su primera acción administrativa consistirá en realizar una transmisión pública en vivo de las jornadas de empalme con el gabinete saliente para garantizar la transparencia en la información ante la ciudadanía.
La arquitecta tunjana Maira Jimena González González fue designada como la nueva secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de la capital boyacense. La funcionaria, quien cuenta con una trayectoria académica y profesional desarrollada en la ciudad, llega al cargo con el objetivo de enfocar su gestión en la democratización cultural, la sostenibilidad turística y la protección del patrimonio local.
La nueva secretaria es graduada en Arquitectura por la Universidad Santo Tomás de Aquino, cuenta con una especialización en Contratación Estatal y una maestría en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial. Toda su formación y experiencia laboral se ha concentrado en la capital del departamento, lo que delimita su conocimiento técnico sobre el entorno urbano y regional.
A lo largo de su desempeño profesional, González González ha trabajado en la formulación, gestión y ejecución de proyectos institucionales que vinculan los sectores de cultura, turismo y patrimonio con los planes de desarrollo territorial en Boyacá. Su perfil técnico y administrativo se ha caracterizado por la coordinación de equipos de trabajo, el establecimiento de mesas de concertación y la articulación de iniciativas entre el sector público, el sector privado, comunidades locales y organismos de cooperación internacional.
Al asumir la dirección de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja, González González asume la responsabilidad de direccionar las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural del municipio, la promoción de un turismo sostenible y el manejo del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, concebido dentro de su plan de gestión como un activo estratégico para el desarrollo territorial.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨́ 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐥𝐠𝐚
𝑈𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠𝑖́ 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎́𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎́𝑛 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑣𝑒𝑟, 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑖𝑧𝑧𝑎 𝑁𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑎́ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 2027.
El panorama comercial y administrativo del Pozo de Donato, el histórico predio ubicado en el norte de Tunja y cuya propiedad legal le pertenece a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), registró un vuelco absoluto que se había manejado bajo estricta reserva institucional. A través de un documento oficial de adición contractual firmado el pasado 30 de marzo de 2026, el actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa Acevedo, autorizó de forma completa la cesión total de los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento del lote a favor del ciudadano belga Pierre Yvan Sylvain Lecomte.
Con la aparición de esta firma jurídica, el hasta ahora arrendatario del espacio, Julián Roberto Pinto Malaver, se apartó formalmente de la relación contractual, transfiriendo de manera absoluta sus compromisos financieros, sus derechos comerciales y el uso del suelo al inversionista extranjero. Este traspaso opera como la contraprestación definitiva detrás de las complejas negociaciones que adelantó la actual directiva gremial para subsanar los errores de la administración pasada, la cual, debido a una omisión legal, habría permitido que el arriendo se prorrogara de manera automática hasta el año 2031. Para aceptar el recorte de su tiempo de permanencia y asumir el millonario incremento del canon mensual a 17 millones de pesos exigido para equilibrar las finanzas que se transfieren a la universidad pública, el comerciante local condicionó su salida al aval irrestricto para entregarle el control del establecimiento al ciudadano europeo.
A pesar del cambio drástico de nombres en las planillas oficiales de contratación, el documento blinda la continuidad del tradicional restaurante Pizza Nostra, marca gastronómica que ha operado en este emblemático punto de esparcimiento desde enero de 1998. La cesión no contempla modificaciones en la actividad comercial ni el cierre de las puertas al público, sino un relevo en la cabeza financiera que asume la representación legal del negocio ante la entidad comercial. Con el nuevo esquema sobre la mesa, el ciudadano de nacionalidad belga figurará como el titular directo del espacio durante los próximos meses.
La vigencia de este acuerdo y la permanencia del inversionista extranjero en el predio público están sujetas a un plazo fijo e improrrogable. Las obligaciones comerciales vencerán definitivamente en agosto de 2027, fecha exacta en la cual caduca el convenio de comodato original entre las directivas gremiales y la UPTC. En ese momento de cierre, la Cámara de Comercio de Tunja estará obligada por ley a realizar la restitución total, material y jurídica de las instalaciones históricas a las autoridades de la universidad del Estado, poniendo fin a una cadena de contratos privados sobre el histórico lote de la capital boyacense.
Las enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias tumorales y las afecciones respiratorias y digestivas se mantienen como las principales causas de fallecimiento entre los habitantes de Tunja. Sin embargo, el balance epidemiológico presentado de forma escueta por la Secretaría de Salud municipal ante el Concejo omitió las cifras y los datos cuantitativos específicos de decesos en la capital boyacense durante el periodo de seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública (2015-2024).
Al detallar las variables del informe, sustentado en la categorización general del DANE y el sistema Sispro, la cartera sanitaria indicó de manera vaga que el primer lugar de mortalidad general en el municipio corresponde a los problemas circulatorios, mencionando únicamente la prevalencia de las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares (ACV), sin precisar el número de casos registrados en la ciudad.
En lo que respecta a las neoplasias, que ocupan el tercer renglón general de las causas de muerte expuestas, la presentación ante la corporación local se limitó a señalar que el cáncer de próstata cuenta con una tasa de incidencia alta dentro de la población masculina de Tunja, formulando recomendaciones preventivas a los hombres mayores de 40 años pero sin revelar el histórico de defunciones asociadas a esta patología.
El reporte institucional se completó con la denominación genérica de "las demás causas", donde la dependencia agrupó los fallecimientos provocados por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y del sistema digestivo. Pese a tratarse del cierre del indicador decenal de salud pública para el municipio, la socialización en el cabildo finalizó sin que se entregaran los datos estadísticos detallados a la comunidad.
Las agresiones físicas provocadas por animales registraron un incremento sostenido en Tunja, al punto de duplicar sus indicadores en los últimos cinco años. De acuerdo con las bases de datos oficiales del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro) expuestas ante el Concejo municipal, la capital boyacense pasó de contabilizar 605 incidentes en el año 2020 a un total de 1082 casos durante el último periodo anual consolidado, acumulando 4299 eventos en el quinquenio analizado.
El marcado ascenso de estos reportes, que abarcan mordeduras y lesiones físicas causadas por animales domésticos o callejeros, se consolidó como el primer hecho relevante en el balance de morbilidad del municipio. No obstante el volumen de la cifra oficial, las autoridades de salud locales advirtieron que existe un fenómeno de subregistro en los barrios, debido a la costumbre de los ciudadanos afectados de acudir a establecimientos farmacéuticos comerciales en lugar de tramitar el ingreso formal por los servicios de urgencias de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
El mismo reporte estadístico del Sispro permitió conocer el comportamiento de otras problemáticas y patologías atendidas en el sistema local durante la vigencia. En el renglón de convivencia y seguridad doméstica se documentaron 981 casos de violencia de género e intrafamiliar, mientras que las alertas asociadas a salud mental por intentos de suicidio alcanzaron los 334 registros. El balance general incluyó además 153 eventos de morbilidad materna extrema, 134 diagnósticos por cáncer de mama y cuello uterino, y 125 casos de varicela individual.
El documento presentado en la corporación municipal concluyó con el inventario de enfermedades huérfanas o raras, que sumaron 114 reportes, seguidas por 92 defectos congénitos y 81 registros de desnutrición aguda en menores de 5 años. Finalmente, en lo referente a las patologías crónicas de alto costo, las estadísticas cerraron con 118 pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica en fase 5, población que actualmente depende de terapias de reemplazo de la función renal o diálisis en la ciudad.
Durante una reciente sesión ante el Concejo Municipal, la secretaria de salud territorial de Tunja, Diana García Paipa, expuso las problemáticas y resultados en el marco de la socialización de los planes de intervenciones colectivas y la implementación de las zonas de orientación escolar en la ciudad. En esta comparecencia institucional, motivada por una invitación formal de los concejales, la funcionaria destapó el consolidado de atenciones del periodo comprendido entre los años 2015 y 2024, el cual revela un panorama crítico y con un marcado sesgo de género respecto a las afectaciones emocionales que padece la población de la capital boyacense.
De acuerdo con el informe oficial, el municipio sumó un acumulado histórico de 652.409 atenciones por motivos asociados a la salud mental. La asimetría entre géneros es evidente en el reporte, puesto que la población femenina concentró 381.418 de estas consultas médicas, mientras que los registros correspondientes al género masculino se fijaron en 270.991 asistencias, lo que se traduce en una diferencia superior a los 110.000 requerimientos médicos asumidos de forma mayoritaria por las mujeres.
Al realizar el desglose por patologías específicas analizadas para orientar las prioridades del gobierno territorial, la categoría general de trastornos mentales y del comportamiento se ubicó en el primer lugar de atención institucional al representar el 61 por ciento de la incidencia global, sumando 399.550 casos en total. De estos, 225.186 correspondieron a mujeres y 174.364 a hombres.
La ansiedad se consolidó como el segundo evento epidemiológico de mayor impacto y la segunda prioridad dentro de los ejes de acción de la Secretaría de Salud Territorial, registrando un incremento sustancial en las estadísticas locales con un acumulado de 129.160 personas afectadas. El contraste de datos en esta problemática arrojó que mientras 43.822 hombres presentaron este diagnóstico, la cifra en la población femenina escaló hasta los 85.338 casos reportados, estableciendo una proporción en la que por cada paciente masculino existen dos femeninos en el municipio.
Por su parte, los registros de pacientes diagnosticados con epilepsia alcanzaron los 55.073 casos en el lapso evaluado, fijándose como la tercera prioridad de intervención de la dependencia pública. En esta línea médica la brecha de género mostró un comportamiento más equilibrado, documentando 28.235 asistencias en el género femenino y 26.838 en el masculino.
En cuanto a la depresión, que ocupa el cuarto lugar en la escala de priorización de las políticas sanitarias de la ciudad con un global de 54.293 registros, se evidenció nuevamente una marcada prevalencia femenina que supera ampliamente los indicadores masculinos. Las planillas de la Secretaría de Salud Territorial anotaron 38.861 consultas solicitadas por mujeres frente a 15.432 atribuibles a los hombres, situando la diferencia por encima del doble de los registros varoniles.
El único indicador del balance epidemiológico que invirtió la tendencia de género y mostró una mayoría sustancial de pacientes masculinos fue el referente al consumo de sustancias psicoactivas. Esta problemática, que se posiciona en el quinto nivel de la priorización local con 14.333 personas atendidas y un peso porcentual del 2.20 por ciento frente al consolidado general de salud mental, reportó un comportamiento de 10.535 casos en hombres frente a 3.798 casos detectados en mujeres.
Frente a la corporación edilicia y la ciudadanía, la secretaria Diana García Paipa puntualizó que este análisis pormenorizado de las necesidades del municipio obligó a replantear el esquema de trabajo institucional para buscar nuevas estrategias que mitiguen las patologías con mayor crecimiento en el territorio local.
𝐀 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐲 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
Una inversión conjunta de casi 30 mil millones de pesos fue anunciada para la construcción de la nueva Plaza de Mercado del Norte en Tunja. El compromiso presupuestal se oficializó durante un recorrido por el departamento liderado por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, un hecho que coincide con la recta final de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El proyecto de infraestructura, que según las proyecciones gubernamentales tardará ocho meses en ejecutarse, impactará de forma directa a 162 comerciantes que actualmente laboran en el lugar. Para el desarrollo de los trabajos, las autoridades municipales deberán implementar un plan de reubicación temporal de los comerciantes en un lote privado cercano, de propiedad de un particular identificado por el Gobernador como “don Guillermo”, según las alternativas evaluadas por la administración de la plaza.
De acuerdo con el esquema financiero pactado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asignará una partida de 15.100 millones de pesos. Por su parte, el municipio de Tunja dispone del predio actual de la plaza, tasado en unos 11 mil millones de pesos, mientras que la Gobernación de Boyacá asumirá un costo aproximado de 1.600 millones de pesos destinados a las tareas de demolición de la estructura existente. El cronograma concertado establece que la Alcaldía entregará el terreno el próximo 28 de junio para dar inicio inmediato al mes de demolición, proyectando el arranque formal de las obras civiles para el 28 de julio.
Durante las declaraciones entregadas en la región, la ministra Carvajalino Villegas catalogó la gira institucional como un ejercicio de rendición de cuentas e intervenciones de la política agropecuaria sectorial en Boyacá. Sin embargo, la divulgación de estas millonarias asignaciones presupuestales y los compromisos de obras en periodo de campaña presidencial han despertado cuestionamientos de veedurías ciudadanas locales, las cuales señalan que la naturaleza de estos actos públicos a dos semanas de acudir a las urnas configuraría una presunta utilización de la gestión estatal con incidencia electoral.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, el cual está encabezado por Medellín, cuya variación del IPC fue de 0,73%, mientras que el registro de variación del IPC en Tunja fue de 0,10%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,47%, mientras que la ciudad con menor variación del IPC para este mes fue Riohacha con 0,06%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la octava ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,42%, mientras que el promedio nacional fue de 5,84%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Riohacha (3,28%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Pereira (6,69%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante mayo fue el de bienes y servicios, que representó una variación del 0,72%, seguido de recreación y cultura (0,71%), seguido de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,62%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante mayo fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,13%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,12%), y restaurantes y hoteles (-0,10%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 8,23%, seguido de información y comunicación con un 6,76%, y bebidas alcohólicas y tabaco, que tuvo una variación del 6,13%. Caso contrario es el de los rubros de recreación y cultura (4,11%), seguido de prendas de vestir y calzado (4,15%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,20%).
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, ordenó la suspensión temporal en la expedición de los recibos del impuesto predial en el municipio tras revelar graves fallas técnicas y administrativas en el proceso de actualización catastral urbana. La medida se adoptó luego de que la Unidad de Cobro Coactivo y la Unidad de Gestión de Rentas detectaran que los estados de cuenta históricos de cientos de contribuyentes no fueron migrados correctamente hacia el software tributario de la administración municipal. Esta inconsistencia provocó alteraciones severas en la liquidación de las obligaciones fiscales, la parálisis temporal del recaudo municipal y la pérdida del descuento por pronto pago para los ciudadanos que intentaban ponerse al día con sus obligaciones tributarias bajo las condiciones del Acuerdo 035 de 2026.
La contingencia institucional se originó a partir del proceso de renumeración catastral de los inmuebles, un procedimiento legal en el que el Departamento Administrativo de Hacienda y la Unidad de Gestión Catastral debían asegurar el traslado exacto de la cartera de cada predio hacia la plataforma de liquidación masiva denominada CS3. De acuerdo con los registros consolidados hasta el momento, existen al menos 586 predios urbanos plenamente identificados cuyos historiales financieros no se empalmaron de manera automatizada con el sistema tributario. Como consecuencia directa de esta omisión en el traslado de datos, el sistema reflejó saldos en cero para contribuyentes con deudas acumuladas de hasta diez años, interrumpiendo procesos de cobro coactivo vigentes y permitiendo la expedición irregular de certificados de paz y salvo, mientras que a otros ciudadanos se les registraron cobros con incrementos desproporcionados.
La ejecución del componente técnico de la actualización catastral, cuyo contrato global superó los 14.000 millones de pesos tras recibir una adición presupuestal de 4.500 millones de pesos sobre su valor inicial de 9.900 millones, se encuentra bajo revisión debido a los rezagos y las deficiencias metodológicas del operador Dicitec. El contrato, que debía finalizar originalmente el 30 de diciembre de 2025 y fue prorrogado hasta diciembre de 2026, redujo su alcance inicial al 70% de los predios del casco urbano y acumuló retrasos sustanciales en la entrega de las memorias y los avalúos indispensables para iniciar la facturación en el mes de enero. Asimismo, la administración municipal ha recibido múltiples reclamaciones de usuarios que evidencian errores en el cálculo de sus propiedades, donde predios de 100 metros cuadrados de construcción pasaron a registrar el doble o el triple del área real debido a que el contratista implementó el uso de ortofotos aéreas en lugar de realizar las inspecciones presenciales obligatorias predio a predio.
El congelamiento total en la entrega de recibos afecta de forma directa las finanzas del municipio al detener la captación de recursos corrientes en la temporada de mayor dinamismo fiscal, al tiempo que restringe el acceso de los contribuyentes a los incentivos tributarios. Quienes no lograron obtener su factura antes de la semana anterior perdieron la oportunidad de aplicar al descuento del 20% por pronto pago, quedando supeditados al beneficio del 10% correspondiente al mes de junio. Ante la imposibilidad técnica de emitir los documentos de cobro, las oficinas de impuestos municipales limitaron de forma provisional la expedición de certificados de paz y salvo exclusivamente para trámites notariales o bancarios de extrema urgencia, otorgando documentos de contingencia con una vigencia restringida de dos a tres días mientras se busca restablecer la base de datos general.
Jiménez Gómez precisó que fue notificada de la problemática por parte de la directora encargada del Departamento Administrativo de Bienes y Servicios, quien asumió temporalmente las funciones de la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda por vacaciones de su titular. Jiménez Gómez enfatizó que las deudas no trasladadas siguen existiendo jurídicamente bajo las anteriores cédulas catastrales, por lo cual descartó inicialmente que se trate de una eliminación premeditada de carteras, atribuyendo la contingencia a una falta de planeación y supervisión efectiva por parte de los directores de las dependencias encargadas de vigilar la ejecución del contrato.
La Alcaldía de Tunja inició un proceso de verificación manual de las inconsistencias junto al operador del software tributario CS3 para intentar aislar los predios afectados, reactivar la facturación normal del resto de la ciudad y estructurar las acciones jurídicas pertinentes ante los organismos de control en caso de establecerse detrimentos fiscales o conductas omisivas por parte de los funcionarios. Finalmente, el municipio mantiene en total parálisis y sin contratación la fase de actualización catastral del sector rural, una obligación legal que debió ejecutarse desde la vigencia del año anterior y cuyos recursos permanecen proyectados dentro del superávit presupuestal de la ciudad.
El Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja socializó ante el Concejo Municipal el estado de avance del proyecto para la consolidación del Área Metropolitana del Centro de Boyacá. Durante la sesión, que se llevó a cabo por invitación de la corporación, se revelaron los pormenores financieros y operativos de la iniciativa, destacando que la capital boyacense asumirá el 58.70% de los porcentajes de participación y aportes para el funcionamiento de la nueva entidad supramunicipal.
La presentación técnica estuvo a cargo de Luis Enrique Sánchez Romero, profesional universitario de la unidad de planeación estratégica de la dependencia, quien introdujo las bases legales y los alcances del modelo que pretende impactar a cerca de 380.000 habitantes de la región. Seguidamente, el ingeniero Jonathan David López, líder del proyecto dentro de la administración municipal, desglosó los componentes financieros, operativos y las etapas técnicas, explicando de forma detallada la distribución de cargas económicas entre las localidades que conformarán el esquema asociativo.
De acuerdo con los datos oficiales presentados en la sesión, el funcionamiento de las áreas metropolitanas en el país se sustenta legalmente en fuentes como el 2% de la sobretasa, aportes de los municipios, la sobretasa ambiental y, en los casos aplicables, tarifas y multas derivadas de la autoridad de transporte. Al estructurar los porcentajes de participación económica según el volumen de población y representatividad de cada territorio involucrado, Tunja se consolida como el municipio líder al concentrar de manera exacta el 58.70% de la carga total.
El escalafón completo por participación expuesto por la administración municipal distribuye el porcentaje restante entre las otras 18 poblaciones de la siguiente manera: Samacá se ubica en el segundo lugar con un 6.10%, seguido por Ventaquemada con el 5.31%, Cómbita con el 4.27%, Toca con el 2.85%, Tuta con el 2.65% y Sotaquirá con el 2.61%. Más abajo en la escala de aportes se encuentran Siachoque con el 2.19%, Arcabuco con el 1.99%, Soracá con el 1.96%, Motavita con el 1.72%, Boyacá con el 1.67%, Chíquiza con el 1.52%, Ciénaga con el 1.47%, Cucaita con el 1.21% y Sora con el 1.00%. Los tres municipios con menor peso presupuestal dentro del esquema son Oicatá con el 0.93%, Viracachá con el 0.92% y Chivatá con el 0.91%.
El funcionario expuso que estas entidades públicas tardan un promedio de tres años en estabilizar sus indicadores de gestión y alcanzar un proceso de autosostenimiento a corto plazo, citando el ejemplo de asociatividad de Manizales. Asimismo, argumentó que la clave de estos modelos radica en la gestión de proyectos de escala supramunicipal, detallando que estructuras consolidadas como la del Valle de Aburrá ejecutan anualmente mayores montos por la vía de la autogestión y cofinanciación de regalías y transferencias nacionales, que por los aportes básicos directos de sus entes territoriales.
El avance expuesto corresponde a la culminación de la segunda etapa del proceso, enfocada en la formulación del sistema y los modelos financieros, la cual ha recibido asistencia técnica internacional del área metropolitana de Barcelona a través del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Previamente, en la primera etapa, se consolidó el acuerdo de voluntades y un documento de diagnóstico regional del cual se desprendieron seis hechos metropolitanos específicos hacia donde se enfocarían las inversiones conjuntas, tales como la ubicación de una planta de reciclaje y un relleno sanitario regional controlado, la creación de un sistema de transporte metropolitano con cobertura nocturna para estudiantes universitarios, la extensión de infraestructura de servicios públicos de agua, la articulación de la oficina de catastro multipropósito, la actualización coordinada de los instrumentos de ordenamiento territorial y la centralización de datos demográficos y sociales verídicos de las zonas rurales.
Para dar continuidad a la iniciativa, la administración municipal prevé coordinar con la gobernación de Boyacá una radicación conjunta y simultánea de los documentos técnicos en las 19 corporaciones edilicias de cada uno de los municipios involucrados antes de finalizar el año, con el fin de debatir y votar las autorizaciones de creación. Los funcionarios explicaron que si un concejo municipal decide no tramitar o rechazar el proyecto, el municipio quedará excluido y el diseño geográfico deberá modificarse; sin embargo, aclararon que si el mecanismo es rechazado en el municipio núcleo, en este caso Tunja, el ejercicio completo queda remanente y se cae el proceso.
Una vez superada la fase de aprobaciones en las corporaciones, los mandatarios municipales deberán radicar la solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que contará con un plazo de hasta tres meses para convocar a una consulta popular en los 19 municipios de forma simultánea. Para que la ciudadanía valide la constitución de la entidad regional a través de las urnas, se requiere que la votación por el "Sí" alcance un umbral mínimo de participación correspondiente al 5% del censo electoral registrado en los últimos comicios de cada localidad. Posteriormente, el trámite pasará a la Comisión Quinta del Senado de la República para su revisión final y la asignación formal de los porcentajes de transferencias antes de dar inicio a la operación de la nueva estructura administrativa.
Un concepto jurídico advierte sobre una presunta inhabilidad que frenaría una eventual candidatura de la actual concejal de Tunja, Sandra Milena Estupiñán Orjuela, para las elecciones atípicas a la Alcaldía de la capital boyacense programadas para el próximo 26 de julio de 2026. El documento técnico, concebido como una consulta para un grupo de ciudadanos de la capital boyacense y remitido a la Dirección Nacional del Partido Cambio Radical, analiza los posibles impedimentos que enfrentaría la cabildante a la luz de la jurisprudencia constitucional.
La controversia gira en torno a la intención de la concejal, quien resultó electa para el periodo constitucional 2024-2027 bajo el aval de Cambio Radical y lideró la mesa directiva de la corporación edilicia hasta diciembre de 2025. Según el memorial procesal, Estupiñán Orjuela pretendería dimitir a su curul actual con el propósito de inscribirse como candidata a la Alcaldía de Tunja para terminar el mismo periodo institucional restante de gobierno.
El núcleo del presunto impedimento planteado se fundamenta en la Sentencia C-080 de 2026, emitida por la Corte Constitucional en abril de este año. Dicha providencia declaró inexequibles las disposiciones legales que permitían a los mandatarios y miembros de corporaciones públicas recurrir a la renuncia del cargo con el fin de sortear las inhabilidades por coincidencia de periodos. El alto tribunal determinó que los mandatos populares poseen una naturaleza institucional y no individual, fijando que la separación del cargo mediante dimisión no interrumpe ni altera la vigencia del periodo original para efectos de inhabilidades.
El análisis señala que, al existir una superposición parcial de los tiempos correspondientes a la dignidad de concejal y al cargo de alcalde para los años 2026 y 2027, se configuraría una presunta inelegibilidad simultánea de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 y las restricciones de la Ley 617 de 2000. El escrito describe los escenarios hipotéticos derivados de proceder con la postulación ante las autoridades electorales. Se menciona la probabilidad de que la Registraduría Nacional del Estado Civil o el Consejo Nacional Electoral rechacen la inscripción de la candidatura, o que, ante una eventual elección en las urnas, el Consejo de Estado declare la nulidad del acto de elección por violar el régimen de inhabilidades. Adicionalmente, el documento contempla la viabilidad de que la Procuraduría General de la Nación inicie indagaciones de tipo disciplinario.
Respecto a las implicaciones para el Partido Cambio Radical, colectividad que otorgaría el aval, el concepto argumenta que la validación de una aspiración bajo estas condiciones normativas generaría cuestionamientos sobre la transparencia institucional de la organización política frente a la ciudadanía de Tunja. El escrito concluye recomendando a las directivas nacionales abstenerse de emitir el aval para esta contienda atípica, evaluar perfiles alternos en la jurisdicción local o, en su defecto, sugerir a la concejal postularse para los comicios ordinarios del año 2027, momento en el cual finalizaría la coincidencia de los periodos institucionales.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐅𝐮́𝐧𝐞𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐨́𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐛𝐨𝐭𝐚𝐬
La Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja ordenó la vinculación formal del exalcalde Luis Alejandro Fúneme González dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal número 004-2024. La decisión se tomó al establecer la existencia de un presunto daño patrimonial de 182.378.409 pesos en las fases de planeación y ejecución del contrato de suministro número 1407 de 2022, cuyo objeto era la adquisición e instalación de módulos móviles y de lustrabotas para vendedores informales, así como buzones de sugerencias para las curadurías urbanas. El exmandatario fue notificado mediante el sistema de aviso en la página web institucional tras registrarse la devolución de la correspondencia física por dirección errada.
Las actuaciones administrativas e investigaciones técnicas del organismo de control fiscal, que tuvieron origen en un traslado de la Auditoría Fiscal a los contratos de la vigencia 2022, detallan deficiencias sustanciales desde la etapa precontractual. De acuerdo con el expediente, el proceso contractual careció de estudios previos y caracterizaciones técnicas que justificaran de manera detallada el diseño de las estructuras para los lustradores de calzado, la localización de la caseta de los vendedores ambulantes y la ubicación de los buzones, omitiendo las exigencias del decreto 1082 de 2015. La adquisición se había estructurado con el fin de cumplir con las metas del plan de desarrollo municipal y atender las obligaciones derivadas de la acción popular número 15000-23-31-000-2004-00063-00, interpuesta por la Cámara de Comercio de Tunja para la recuperación y organización del espacio público en el Centro Histórico.
El principal componente económico del presunto detrimento se concentra en el ítem número 2 del contrato, correspondiente al suministro de 15 módulos para los lustradores de calzado por un valor de 148.208.728 pesos. En las visitas de inspección física, el equipo auditor aplicó pruebas de magnetismo y constató fenómenos de imantación en las láminas que conforman las estructuras, lo que determinó que el material utilizado no corresponde al acero inoxidable grado 304 calibre 14 de dos milímetros que fue pactado y pagado por la administración. Asimismo, las mediciones con pie de rey evidenciaron que las láminas laterales del cajón de asiento y del pie de apoyo presentan espesores inferiores de 1.5 milímetros.
En cuanto a los demás elementos contratados, la Contraloría documentó que el módulo de ventas estacionario doble, que tuvo un costo de 32.507.088 pesos, se encuentra ubicado en el punto establecido pero no permite el uso para el cual fue diseñado, permaneciendo inactivo y sin cumplir su objeto. Por su parte, los dos buzones de sugerencias destinados a las curadurías urbanas, facturados en 1.662.593 pesos, no fueron instalados en dichas oficinas ni en la Oficina Asesora de Planeación, lo que invalidó su función inicial y derivó en su asignación posterior a dependencias como la Casa de Justicia y la Secretaría del Interior.
Junto al exalcalde Alejandro Fúneme González, el ente de control municipal vinculó en calidad de presuntos responsables a Sandra Milena Pimentel Gómez, exsecretaria de Contratación, Licitaciones y Suministros; a José Fernando Morales Acuña, exsecretario de Gobierno y supervisor del contrato; a César Orlando González González, contratista encargado del apoyo a la supervisión técnica; y a la firma Conincag S.A.S., representada por Carlos Andrés Guerra Quiñones. De manera simultánea, se ordenó el archivo parcial de las diligencias a favor del exsecretario de Gobierno Vicente Aníbal Ojeda, al probarse en el expediente que su intervención se limitó exclusivamente a la fase precontractual de los estudios previos bajo los parámetros de la Oficina de Planeación y el Ministerio de Cultura, cesando en sus funciones antes de la firma, ejecución y liquidación final del contrato llevada a cabo el 26 de diciembre de 2022. Al tratarse de un proceso de única instancia, contra este auto de vinculación no procede recurso alguno, por lo que el despacho citará a los implicados a rendir versión libre y espontánea.
El destituido exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, protagonizó ayer miércoles 3 de junio una serie de encuentros a puerta cerrada en la capital boyacense con algunos contratistas de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, de la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género, así como de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones de la administración municipal, y con el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez. Las reuniones a puerta cerrada se registraron en la víspera del inicio del calendario electoral para los comicios atípicos programados para el próximo 26 de julio, ordenados tras quedar en firme la vacancia definitiva de la Alcaldía de Tunja, y coinciden con las consultas digitales que el exmandatario realiza en sus redes sociales para medir la viabilidad de una eventual aspiración en dicha contienda.
La jornada de Krasnov comenzó en un establecimiento comercial del Pasaje de Vargas, en el Centro Histórico de Tunja. En una de las salas privadas de una cafetería del sector, que permite el aislamiento de sus ocupantes, permaneció por varias horas reunido en secreto con personal que ejerce funciones mediante contratos de prestación de servicios en las dependencias mencionadas anteriormente. Según los registros audiovisuales en poder de este medio, la salida de parte de los contratistas se produjo de forma escalonada minutos antes de que el propio exmandatario abandonara el local, en compañía de otro grupo de contratistas que le acompañaban. El encuentro a puerta cerrada ha despertado el interés de diversos veedores municipales, dado que Krasnov carece actualmente de vinculación legal, contractual o investidura pública con el municipio de Tunja.
Horas más tarde, el destituido exalcalde fue registrado fotográficamente al ingresar y salir de una reunión privada en la Casa del Gobernador, encuentro en el que también participó la actual jefe de gabinete de la Alcaldía de Tunja, Érika Soler Rocha. La presencia de Krasnov en la Casa del Gobernador contrasta con la constante retórica de confrontación que sostiene públicamente contra el Partido Alianza Verde y la figura del Gobernador, a quienes ha señalado de manera de manera persistente en sus discursos públicos de victimización.
Al final de la tarde, la jornada de encuentros se trasladó al norte de la ciudad. Varios contratistas de la Alcaldía fueron citados de forma obligatoria en un restaurante en cercanías a Centro Norte. Registros fotográficos, de video y comunicaciones internas de mensajería instantánea en poder de este medio confirman la asistencia de los trabajadores y la llegada al lugar del propio exalcalde Krasnov, quien arribó acompañado por uno de los contratistas con los que ya se había reunido en horas de la mañana en el centro de la ciudad, con el aparente fin de impartir instrucciones de cara a las elecciones atípicas del 26 de julio.
Ante el hermetismo de estos encuentros, queda abierta la incógnita en el panorama político local: ¿Se habrá finiquitado en estas mesas un acuerdo definitivo para otorgar el aval a Sandra Estupiñán como la candidata conjunta entre el destituido Krasnov y el Gobernador Carlos Amaya para las elecciones atípicas de Tunja?
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚𝐬 𝐍𝐢𝐞𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una acción popular que solicita la adecuación integral de un predio público ubicado en la Calle 24a con Carrera 6, en el barrio Las Nieves de la capital boyacense. El mecanismo constitucional, tramitado a favor de un menor de edad, pretende detener el estado de abandono del lote mediante el desarrollo de infraestructura recreativa y deportiva para la comunidad.
La decisión judicial se produjo luego de que la parte demandante subsanara los requisitos formales exigidos por el despacho. Dentro del estudio de admisibilidad, el juzgado constató que el actor popular realizó previamente la reclamación administrativa ante la Alcaldía de Tunja el pasado 3 de octubre de 2025. Dicha solicitud recibió respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura Territorial el 14 de octubre del mismo año, sin que se solucionara la problemática planteada.
De acuerdo con el documento procesal, el terreno en mención se encuentra en un estado de total abandono, lo que ha generado problemas de acumulación de basuras, falta de condiciones sanitarias básicas y focos de inseguridad en el sector. Ante este panorama, la demanda exige al municipio de Tunja la construcción de un parque estructurado que incorpore una cancha de microfútbol con demarcación reglamentaria y porterías, una zona infantil equipada con rodaderos y columpios seguros, y la adecuación de áreas verdes. Asimismo, se solicita la instalación de mobiliario urbano complementario como bancas, basureros, iluminación pública y un cerramiento perimetral que garantice la seguridad del espacio.
Los derechos colectivos invocados en el recurso judicial se fundamentan en el goce del espacio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios y la protección del derecho a la recreación y el deporte de la infancia.
Además de admitir la demanda contra la administración municipal, el juzgado ordenó vincular formalmente al proceso, en calidad de demandado, al Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja (Irdet), al considerar que dicha entidad sectorial comparte competencias frente a los hechos descritos. Las entidades accionadas disponen de un término de diez días para contestar la demanda y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, contados a partir de la notificación formal.
𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬: 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐢́ 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐨́ 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐜𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬
Documentos oficiales cargados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) evidencian que el municipio de Tunja giró más de 14.276 millones de pesos a la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías S.A.S. entre el 24 y el 27 de octubre de 2025. Esta trazabilidad documental desvirtúa las declaraciones entregadas ante el Concejo Municipal por la directora de la Unidad Especial de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, y los representantes de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS, quienes aseguraron de manera categórica que no se habían entregado los recursos del contrato interadministrativo 1767 y que la ejecución se realizaba exclusivamente con capital propio del contratista.
El debate sobre la ejecución de este contrato, cuyo valor supera los 15.076 millones de pesos y cuyo alcance va mucho más allá de los presupuestos participativos al abarcar la rehabilitación de la malla vial urbana, el diseño y mantenimiento de salones comunales, la construcción y adecuación de parques y espacio público, y el fortalecimiento de la infraestructura de instituciones educativas oficiales tanto en el sector urbano como rural (consulte el listado detallado de todas las obras contratadas aquí: https://www.facebook.com/share/p/17wSsKbSBH/), ha generado múltiples cuestionamientos en Tunja ante la deficiente calidad de las intervenciones y la falta de avance en los frentes de trabajo. Durante una reciente sesión del Concejo Municipal, la Directora de la Unidad Especial de Contratación aseguró a los concejales y a la ciudadanía que los dineros se encontraban resguardados en una cuenta bancaria produciendo rendimientos a favor del municipio. En ese mismo recinto, los voceros de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías S.A.S. respaldaron dicha versión, afirmando que las obras se adelantaban sin haber recibido pagos por parte de la administración Krasnov.
Los registros financieros de la Alcaldía Mayor de Tunja demuestran una realidad diametralmente opuesta a lo afirmado por los funcionarios y el contratista. El proceso para la salida del dinero inició formalmente el 6 de octubre de 2025, fecha en la que la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías S.A.S. radicó la cuenta de cobro número 178 exigiendo el pago de 14.041.506.737 pesos con 49 centavos. En este documento, el representante legal de la empresa, Nicolás Tavera Trujillo, solicitó que la consignación millonaria se realizara a la cuenta corriente número 250247194 del Banco de Bogotá, un producto financiero denominado "CI 1767 2025 MUNICIPIO DE TUNJA" que fue abierto oficialmente el 16 de octubre de 2025.
Los desembolsos efectivos desde las arcas del municipio hacia la empresa contratista comenzaron el 24 de octubre de 2025 mediante seis transferencias distintas emitidas desde dos entidades bancarias diferentes. Desde la cuenta número 8550-007021334 de Bancolombia, correspondiente a los fondos comunes del municipio, se ejecutaron tres giros directos. El comprobante de egreso EG.202510288 certificó la transferencia de 11.589.015.295 pesos con 15 centavos. De manera simultánea, el egreso EG.202510290 documentó la salida de 1.350.012.893 pesos con 80 centavos y el comprobante EG.202510289 respaldó un tercer pago por 22.605.725 pesos con 56 centavos.
Esa misma jornada del 24 de octubre, el Departamento Administrativo de Hacienda Pública Territorial ordenó otras tres transferencias desde la cuenta número 1760-0030413-7 del Banco Davivienda, también vinculada a fondos comunes municipales. El comprobante EG.202510292 avaló el giro de 193.051.493 pesos con 67 centavos, el comprobante EG.202510291 soportó un desembolso por 189.798.963 pesos con 30 centavos, y el comprobante EG.202510293 registró una transacción de 4.182.569 pesos con 25 centavos. Hasta este punto de la operación, el municipio ya se había desprendido de la mayor parte de los recursos exigidos por la entidad foránea.
El flujo del erario público hacia la empresa antioqueña continuó el lunes 27 de octubre de 2025 con cuatro transferencias adicionales. Desde la cuenta maestra número 390-85185-5 del Banco de Occidente salieron dos giros documentados en los egresos EG.202510295 y EG.202510294, por montos de 176.843.425 pesos con 47 centavos y 2.961.231 pesos con 96 centavos, respectivamente. Finalmente, desde la cuenta número 616664389 del Banco de Bogotá, destinada al manejo de recursos de desahorro del Fonpet para el sector educación, se materializaron los últimos dos pagos a través de los comprobantes EG.202510297 y EG.202510296, por valores de 735.836.159 pesos con 77 centavos y 12.321.230 pesos con 40 centavos.
La sumatoria exacta de estos diez comprobantes de egreso emitidos por el municipio de Tunja arroja un total de 14.276.628.988 pesos con 33 centavos que salieron de manera efectiva de las cuentas institucionales hacia la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías S.A.S. La precisión de los soportes financieros, las fechas comprobadas de las transacciones y la trazabilidad de las cuentas de origen y destino evidencian de forma irrefutable que los dineros del contrato 1767 no se encuentran bajo el resguardo de la administración municipal, exponiendo la falsedad de las explicaciones rendidas por la Directora de la Unidad Especial de Contratación y la empresa contratista ante las máximas autoridades políticas de la capital boyacense.
La capital boyacense registró la mayor tasa proporcional de ciudadanos que acudieron a votar en relación con el tamaño de su censo electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. De acuerdo con el balance oficial presentado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en este indicador que calcula la respuesta democrática por cada cien mil habitantes aptos dentro de cada municipio, Tunja se ubicó en el primer lugar nacional con un 72,80% de participación, superando el promedio conjunto de las 32 capitales colombianas que se fijó en el 61,94%.
El informe de preconteo al 100% de la Registraduría Nacional del Estado Civil detalla que este análisis evalúa estrictamente el nivel de concurrencia interna respecto a la población local inscrita para sufragar y no el volumen neto o absoluto de papeletas depositadas en las mesas. Con esta metodología que mide la afluencia por cada cien mil ciudadanos con capacidad legal de votar en su propia jurisdicción, la capital de Boyacá aventajó a Yopal, que se posicionó en la segunda casilla del territorio nacional con una asistencia proporcional del 69,94% de su censo, y a Popayán, que ocupó el tercer puesto con el 69,38% de su población apta.
En el consolidado global de la jornada electoral administrado para las ciudades capitales, se reportó un acumulado total de 11.309.787 votos sobre un censo de 18.258.657 personas habilitadas en dichas zonas urbanas. Debido a la naturaleza demográfica, las grandes metrópolis del país concentran masas de votantes numéricamente superiores en cifras absolutas; sin embargo, al promediar el comportamiento por cada cien mil habitantes inscritos, el rendimiento proporcional de Tunja superó los registros de ciudades con mayor población como Pasto con 68,45%, Bogotá D.C. con 67,96%, Manizales con 67,33% y Medellín con el 65,60% de asistencia en sus respectivos censos municipales.
Los datos oficiales indicaron además que catorce capitales se posicionaron por encima de la media del total nacional, la cual quedó establecida en el 57,88 % de votantes sobre el censo general de la República. En el extremo opuesto de la medición por cada cien mil habitantes legalmente aptos para sufragar, las ciudades capitales que reportaron la menor respuesta en proporción al tamaño de su censo asignado fueron Mitú con el 37,52%, San Andrés con el 34,52% e Inírida con el 34,51% de sus respectivas poblaciones locales registradas.
𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐌𝐗 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
En las últimas horas fue cargada a la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) la documentación oficial para el proceso de selección que definirá al consultor encargado de formular los estudios técnicos y diseños detallados de una pista de BMX en la capital boyacense. La convocatoria pública se fijó con un presupuesto oficial estimado de 179.995.830 pesos, valor que incluye el 19 por ciento del impuesto al valor agregado, y establece un término de ejecución de seis meses a partir de la firma del acta de inicio para la firma de ingeniería o consultoría que resulte favorecida con la adjudicación del contrato. Con este paso administrativo no se contempla el inicio de obras físicas ni movimientos de tierra en el terreno, sino la adquisición de la ingeniería de detalle, los análisis del suelo, el diseño de las redes de servicios públicos y la geometría de un escenario deportivo adaptado a los estándares internacionales vigentes.
El escenario se proyectará sobre un terreno específico de propiedad municipal ubicado en la zona urbana, exactamente en la parte alta del parque Centenario, entre los barrios San Antonio y Cooservicios, con frente sobre la Calle 8 y la Carrera 4B. Mesas técnicas previas con delegados deportivos y la revisión del geovisor catastral determinaron que el predio es viable por su conectividad con el transporte público, vías de acceso y cercanía a centros asistenciales o comerciales. No obstante, el lote en su estado actual no cumple con las dimensiones ni las normas de seguridad para competencias nacionales o internacionales, razón por la cual el consultor seleccionado tendrá que rediseñar por completo el circuito, reubicar el partidor y plantear un desarrollo por fases, subsanando fallas de planteamientos de años anteriores donde las zonas de circulación entre rectas eran obsoletas y no garantizaban la evacuación segura de los pilotos en caso de caídas.
Al revisar el presupuesto oficial detallado que acompaña el proceso, se evidencia que los recursos se encuentran divididos de forma separada. Una primera bolsa de 29.245.440 pesos se destinará a cubrir el componente de personal profesional mínimo exigido, el cual estará integrado por un director de consultoría, un coordinador y un ingeniero especialista en geotecnia vial. La segunda bolsa, que concentra la mayor parte de los recursos con 150.750.390 pesos con impuestos incluidos, financiará exclusivamente los productos técnicos y entregables de la ingeniería de detalle. Este rubro incluye dos millones de pesos para el diagnóstico inicial, seis millones para el levantamiento topográfico detallado amarrado al sistema geodésico oficial Magna-Sirgas, cinco millones para un programa de arqueología preventiva y siete millones para el estudio de suelos y geotecnia, el cual exigirá sondeos y perforaciones que superen las profundidades básicas de la norma NSR-10.
El resto del presupuesto de entregables se distribuye en los diseños específicos por metro cuadrado sobre un área de intervención proyectada de 9.500 metros cuadrados. El diseño arquitectónico, urbanístico, paisajístico y la geometría de la pista costará 21.850.000 pesos; el diseño estructural de la pista, el partidor, las graderías, los baños y las bodegas se tasó en 23.750.000 pesos; los planos hidrosanitarios y el sistema de manejo de aguas lluvias se fijó en 19.000.000 pesos, mientras que los diseños eléctricos de fuerza, la iluminación pública y los trámites de aprobación ante la empresa de energía costarán 20.881.000 pesos. El saldo restante del presupuesto oficial cubrirá las memorias de cantidades de obra por 8.200.000 pesos, los cuadros de rendimientos y programación en Project por 3.000.000 de pesos y las gestiones para la disponibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por otros 3.000.000 de pesos.
La adjudicación de este contrato se realizará bajo las reglas de un concurso de méritos abierto, un mecanismo legal donde los interesados no compiten bajando el precio, sino demostrando idoneidad y experiencia técnica. El sistema de calificación de las propuestas destinará un 67,50 por ciento de los puntos a la experiencia demostrada del proponente, un 10 por ciento a la formación académica adicional del personal clave, un 20 por ciento al apoyo a la industria nacional mediante la vinculación de profesionales colombianos, y el porcentaje restante a factores de sostenibilidad ambiental e inclusión laboral de personas con discapacidad y mipymes. Las empresas que presenten ofertas deberán acreditar que han ejecutado consultorías similares en escenarios deportivos y que cuentan con indicadores financieros de liquidez y endeudamiento dentro de los rangos establecidos en los pliegos tipo de infraestructura social.
En los documentos oficiales quedó establecido que el municipio no contratará una firma de interventoría externa para vigilar estos trabajos, sino que la supervisión técnica y legal de todo el proceso de diseño será asumida directamente por el personal de la planta global de la administración municipal.
"𝐌𝐮𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬", 𝐥𝐚 𝐚𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐩𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝
Durante el consejo ampliado de gobierno liderado por la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, se generó controversia tras las declaraciones del secretario del Interior y Seguridad Territorial, David Suárez Acevedo, quien afirmó que varios presidentes de juntas de acción comunal se encuentran satisfechos al recibir mobiliario plástico en lugar de las estructuras comunitarias inicialmente planificadas por presupuestos participativos.
La ejecución de los presupuestos participativos en Tunja evidenció un cambio en la entrega de los elementos solicitados por las comunidades para sus sectores. En el marco del consejo ampliado de gobierno, Suárez Acevedo explicó el proceso de contratación y los ajustes presupuestales que modificaron las proyecciones iniciales realizadas junto a los habitantes de la capital boyacense.
Según la intervención del Secretario, el Departamento Administrativo de Planeación Territorial coordinó los talleres comunitarios donde se consolidaron las necesidades de los sectores. En dichas jornadas se incorporó la opción de adquirir carpas tipo hangar, una solicitud que fue respaldada por los ciudadanos. Sin embargo, al momento de ejecutar el contrato mediante la plataforma estatal Colombia Compra Eficiente bajo la modalidad de tienda virtual, la administración evidenció que cada estructura tenía un valor de 32 millones de pesos.
Suárez Acevedo señaló que, debido a los topes financieros de los presupuestos participativos de las juntas de acción comunal, la mayoría de los sectores no contaba con los recursos suficientes para cubrir dicho monto. De las 35 juntas de acción comunal priorizadas, los fondos asignados solo permitieron la viabilidad técnica y financiera para la adquisición de carpas tipo hangar en seis de ellas.
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐥𝐢𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨
La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Antonio, Yolanda Córdoba Rincón, denunció públicamente la inclusión de información falsa en los reportes oficiales de rendición de cuentas de la Alcaldía de Tunja, donde se asegura que las obras del coliseo del barrio San Antonio ya fueron ejecutadas. La reclamación, presentada en medio del consejo ampliado de gobierno convocado por la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, ante el gabinete y los asistentes al recinto, expuso que el proyecto se encuentra paralizado debido a un error de planeación que obligó a suspender el contrato para tramitar una adición presupuestal.
El proyecto de infraestructura, que inicialmente se derivó de las mesas de presupuestos participativos, terminó unificado en la vigencia 2023 bajo la licitación pública AMT T022 de 2023 por un valor global de 1.622 millones de pesos. La inconformidad de los habitantes del sector radica en que, a pesar de que las respuestas a los derechos de petición confirman que los trabajos están suspendidos y que la estructura sigue sin poder utilizarse, la página web institucional de la administración municipal publicó un documento donde se reportaba la obra como finalizada.
Ante la acusación formulada en este espacio de control institucional, la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, advirtió que la publicación de datos falsos en documentos públicos configura presuntas faltas disciplinarias y conductas delictivas. Por este motivo, la mandataria ordenó recopilar los soportes del informe cuestionado para remitirlos a la Unidad de Control Interno Disciplinario, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a los funcionarios que suscribieron dichos datos.
Por su parte, los representantes de la Secretaría de Infraestructura Territorial explicaron en el mismo escenario que la parálisis contractual obedece a una incongruencia técnica heredada de la planeación original del año 2022. Según el informe de la sectorial, la anterior gestión contrató la instalación de un falso techo o cielo raso para el escenario deportivo, pero incluyó de forma tardía el diagnóstico de las redes eléctricas; al realizar la inspección, los técnicos determinaron que el sistema eléctrico estaba obsoleto y que colocar el techo nuevo antes de cambiar el cableado generaría un detrimento patrimonial, pues obligaría a romper la estructura recién instalada.
Para corregir el desfase administrativo, la dependencia técnica informó en el consejo de gobierno que se avanza en la revisión de una adición presupuestal que supera los 400 millones de pesos, destinada exclusivamente a la renovación del sistema eléctrico y al manejo de aguas lluvias del coliseo del barrio San Antonio. Aunque la disponibilidad de estos recursos está asignada desde el comienzo del año, el reinicio físico de las obras civiles permanece congelado a la espera de que la interventoría avale la regularidad técnica de los nuevos diseños y se supere la ocupación transitoria del espacio por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
𝐏𝐥𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐨 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐮𝐦𝐩𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Galo Christian Numpaque Acosta, exsubdirector general y académico del Colegio Boyacá de Tunja, por presuntamente recibir de manera simultánea dos asignaciones salariales provenientes del erario, una conducta que prohíbe de forma expresa la Constitución y la legislación colombiana para los servidores públicos.
La determinación fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja tras evaluar el material probatorio recaudado en la fase preliminar. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el exdirectivo habría desempeñado funciones de manera simultánea en dos de las instituciones educativas más tradicionales de la capital boyacense entre el primero de febrero y el 21 de mayo de 2025. Los hechos señalan que Numpaque Acosta figuraba en la nómina del Colegio Boyacá y, al mismo tiempo, cumplía labores en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en su sede central de Tunja.
El órgano de control disciplinario calificó de manera provisional la conducta del investigado como una falta grave a título de culpa gravísima. Para sustentar esta tipificación, la Procuraduría Provincial de Instrucción argumentó que el exsubdirector general y académico tenía pleno conocimiento de las funciones asignadas a su cargo y, fundamentalmente, de las restricciones y prohibiciones legales que regulan el ejercicio de la función pública en el Estado. El proceso continuará su curso institucional en las instancias correspondientes para que el implicado presente sus descargos y ejerza su derecho a la defensa.
𝐀 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐑𝐃𝐄𝐓 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Aproximadamente a las 2:00 p. m. del martes 26 de mayo, el destituido exalcalde Mikhail Krasnov fue fotografiado mientras transitaba por la calle 18 de Tunja en compañía de Ricardo Andrés Caro Guevara, gerente del Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET), y bajo la custodia de un escolta a pocos metros de distancia; una medida de protección que, según el Decreto 1066 de 2015, se mantiene de forma legal y transitoria por un periodo de transición de 30 a 90 días hábiles mientras las autoridades culminan el estudio técnico de su nivel de riesgo. La aparición conjunta del exmandatario y el director del IRDET expone una realidad política compleja para la ciudad: el gabinete nombrado por Krasnov continúa integrado en su totalidad bajo la actual administración encargada, por lo que el recorrido evidencia la vigencia de los nexos directos entre el exalcalde y los funcionarios que hoy ejecutan los recursos del municipio, alimentando el debate sobre la continuidad de su influencia en el gobierno municipal.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐩𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐞𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Procuraduría 67 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Tunja solicitó al Juzgado Sexto Administrativo iniciar un incidente de desacato contra la constructora Project Group S.A.S. ante el presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordenaba suspender la obra ubicada en inmediaciones del aeropuerto de la capital boyacense.
La solicitud de la agencia del Ministerio Público se radicó formalmente mediante el oficio número 063, dirigido a la jueza Paula Juliett Fuerte Vargas. El requerimiento se originó tras recibir una denuncia ciudadana el pasado 19 de mayo, en la cual se alertó que el proyecto urbanístico continuaba en desarrollo, ignorando la orden de suspensión que previamente había sido confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de abril de 2026.
El caso corresponde a un proceso de nulidad interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en contra de la Curaduría Urbana Número 2 de Tunja, entidad que expidió la licencia de urbanismo en diciembre de 2024. La constructora Project Group S.A.S. se encuentra vinculada al expediente como la firma encargada de la ejecución del proyecto.
En el memorial presentado, la procuradora judicial Paola Rocío Pérez Sánchez pidió que se ordene de manera inmediata a la Inspección Octava de Policía y Control Urbano de Tunja realizar una visita de verificación al predio. La inspección técnica busca constatar sobre el terreno el estado de la obra y aplicar las medidas coercitivas o sanciones legales pertinentes en caso de comprobarse de manera flagrante la reactivación de los trabajos.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐞𝐱𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana Carolina Espinosa Trujillo, exsecretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de la Alcaldía de Tunja, por el presunto suministro de información falsa e inexacta con el objetivo de lograr su nombramiento y posesión en el cargo. El organismo de control investiga la acreditación de estudios de posgrado que aparentemente no correspondían a la realidad o que se sustentaron en documentos apócrifos.
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, emitido desde su sede principal en Bogotá, la investigada habría registrado en su hoja de vida del Sistema de Apoyo para la Gestión del Empleo Público (SIGEP) la realización de cuatro semestres de posgrado en gestión psicosocial en contextos de trabajo. No obstante, el Ministerio Público señaló que Espinosa Trujillo no acreditó dicha especialización ni determinó la universidad o institución de educación superior en la cual habría cursado tales estudios.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación indicó que la exfuncionaria de la administración Krasnov habría intentado validar otro título de postgrado mediante la presentación de un diploma presuntamente falso. Las investigaciones preliminares advierten que este documento, junto con los demás anexos aportados, tuvieron una incidencia directa en su vinculación, posesión y permanencia en el despacho de la administración municipal, debido a que el manual de funciones para dicha secretaría exige de forma obligatoria el título de posgrado en la modalidad de especialización.
El órgano de control disciplinario calificó provisionalmente la conducta de la exsecretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de Tunja como una falta gravísima a título de culpa gravísima. El proceso continuará bajo las etapas legales correspondientes para determinar la responsabilidad definitiva de la exservidora pública en los hechos señalados.
𝐎𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐬𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, expuso en diálogo con Periódico El Tunjano las dificultades institucionales para acceder al estado real del contrato interadministrative suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS, al confirmar que la administración municipal no ha recibido los informes de interventoría correspondientes. El vacío en estos reportes oficiales por parte de los supervisores mantiene sin soporte documental el avance de los frentes de obra, los cuales se encuentran en una prórroga que vence en septiembre tras haber superado el plazo de ejecución inicial estipulado para diciembre del año pasado.
Esta falta de claridad técnica coincide con las posturas contrarias expuestas en el Concejo Municipal, corporación donde la dirección de la Unidad Especial de Contratación Estatal afirmó la incertidumbre en los anticipos financieros, mientras la mandataria local prioriza la inspección técnica directa debido a los retrasos visibles en la ciudad. Ante la ausencia de las entregas documentales por parte de la interventoría, Jiménez Gómez anunció la programación de visitas de fiscalización en campo para examinar los tramos de placa huellas y espacio público en sectores como el barrio Libertador, con el propósito de verificar los cronogramas sin depender de los datos retenidos por las dependencias encargadas del proyecto.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Juzgado Sexto Administrativo de Tunja ordenó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y al municipio de Tunja la rehabilitación del puente interno ubicado sobre el Río La Vega en la sede de la capital boyacense. La decisión judicial se tomó tras comprobarse la vulneración de los derechos e intereses colectivos en una acción popular de primera instancia interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa, lo que obliga a las instituciones demandadas a implementar un plan de intervención estructural con plazos perentorios para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
La providencia judicial, derivada de la demanda presentada por Figueroa, establece un cronograma detallado que inicia con una fase de regularización jurídica del puente, para la cual se otorgó un plazo improrrogable de un mes. Una vez vencido este término, la institución de educación superior contará con un periodo máximo de seis meses para adelantar la totalidad de los estudios técnicos, financieros y presupuestales que resulten necesarios para viabilizar las obras de mantenimiento de la estructura vial interna.
Las intervenciones técnicas en la infraestructura deberán ejecutarse obligatoriamente de acuerdo con los lineamientos consignados en el informe de la visita técnica del 29 de mayo de 2025. Dicho documento fue elaborado por el ingeniero civil especialista estructural David Soriano, quien se desempeña como profesional de apoyo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres. No obstante, el despacho judicial determinó que la universidad podrá realizar un diagnóstico complementario si lo estima conveniente para evaluar las afectaciones actuales y precisar el alcance de las reparaciones.
Dentro del mismo lapso de seis meses fijado para los análisis de presupuesto y viabilidad, la universidad deberá desarrollar la ejecución material de las obras de mantenimiento, reparación y adecuación requeridas en el paso peatonal y vehicular. El fallo de la magistratura administrativa, que dio la razón a los argumentos expuestos por el demandante en la acción popular, enfatiza que el objetivo final de estas disposiciones es mitigar los factores de riesgo y asegurar de forma permanente las condiciones de seguridad, estabilidad y el adecuado uso de esta infraestructura por parte de los estudiantes, docentes y personal administrativo que transitan diariamente por ese sector del campus.
𝐎𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐮́𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚
La secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja, Lina María Bautista Avellaneda, recibió una sanción económica equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes tras confirmarse el desacato a una orden judicial que le exigía transparentar la documentación de unas obras viales del municipio. La medida, impuesta por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento, penaliza la negativa de la entidad a entregar unos estudios técnicos de asfaltos y pavimentación.
El meollo del asunto radica en el acceso a la información pública sobre los convenios suscritos para la pavimentación de vías comunitarias, entre ellos algunos tramos que fueron dejados a cargo de la empresa Tierrasúa. De acuerdo con el afectado, Germán Darío Mora Pérez, la administración municipal completó año y medio sin ofrecer respuestas ni claridad sobre el estado, los recursos y la calidad técnica de dichos proyectos asfálticos.
El fallo judicial contempla de manera formal una orden de dos días de arresto contra la secretaria Lina María Bautista Avellaneda, además de la multa económica a favor del Consejo Seccional de la Judicatura, la cual constituye la consecuencia financiera directa de la omisión. La funcionaria deberá responder por este cobro debido al incumplimiento de sus obligaciones frente al despacho judicial.
La intervención del juez constitucional se dio luego de verificar que la sectorial ignoró el plazo perentorio de 48 horas dictado el pasado 10 de abril de 2026. La dependencia tampoco presentó argumentos ni informes de defensa durante la apertura del trámite incidental el 7 de mayo, lo que el juzgado calificó como una desatención voluntaria frente a la obligación de liberar los datos de contratación solicitados por la comunidad.
La decisión judicial se mantendrá en firme mientras la Secretaría de Infraestructura no haga entrega formal y detallada de la totalidad de los estudios de pavimentación, los soportes de los convenios comunitarios y los contratos relacionados con la empresa Tierrasúa, tal como se ordenó en la sentencia original.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚́ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬
La administración municipal recibió un requerimiento oficial para que aclare la situación actual de los desembolsos económicos y trámites de sus proveedores y contratistas. La medida se tomó luego de que la Contraloría Municipal de Tunja le remitiera una denuncia anónima en la que se reporta una presunta suspensión indefinida en estos pagos.
El organismo de control fiscal explicó que, por mandato constitucional, sus funciones le exigen revisar las cuentas de manera posterior, por lo que no tiene la facultad legal de resolver directamente los reclamos sobre la contratación del día a día. Debido a esto, el expediente fue enviado formalmente al despacho de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, para que sea la propia alcaldía la que adelante las investigaciones y entregue una respuesta definitiva sobre el caso.
La reclamación ciudadana llegó inicialmente a la Contraloría General de la República y fue reasignada a las autoridades locales. En el documento de traslado, el auditor fiscal Edgar Iván Bernal Caro le solicitó formalmente al gobierno de la capital boyacense el envío de una copia con los soportes de la respuesta que se le dé al peticionario, con el fin de verificar que se cumpla con los tiempos establecidos por la ley.
𝐒𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐚𝐭𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐧̃𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐏𝐢𝐫𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El trámite para la instalación de estructuras peatonales elevadas sobre la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso se mantiene bajo el análisis de las autoridades competentes, impulsado por una serie de recursos judiciales y peticiones radicadas por las comunidades locales. Las solicitudes cobraron urgencia en la agenda pública de la capital de Boyacá tras el reciente fallecimiento de un motociclista de 20 años en la zona, hecho que motivó una concentración de diversos sectores sociales e institucionales para exigir soluciones a la alta siniestralidad del corredor vial.
Los recursos legales, que incluyen derechos de petición, tutelas y acciones populares, fueron promovidos inicialmente por la comunidad religiosa y el personal del Amparo de Niños, debido al riesgo diario que enfrentan los estudiantes y los más de 30 funcionarios al intentar cruzar la calzada de alta velocidad para acceder al transporte público. De acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en las mesas de trabajo, este sector cuenta con una doble protección constitucional por albergar menores de edad vinculados a programas especiales del Estado, lo que obliga a una intervención institucional prioritaria por parte de la administración municipal, el Ministerio de Transporte y la empresa concesionaria de la vía, entidades que hasta el momento han mantenido un cruce de competencias sin resolver la ejecución de la obra civil.
A la par con la situación del entorno escolar, los habitantes de la vereda Pirgua, una de las divisiones rurales con mayor población en el municipio, avanzan en el desarrollo de una acción popular colectiva para exigir un paso elevado seguro que conecte su sector con la zona comercial de Green Hills. En los debates técnicos sobre la seguridad del corredor BTS se estableció que la construcción de los puentes peatonales debe complementarse con la puesta en funcionamiento de las cámaras de fotodetección ya avaladas y calibradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, debido a que la infraestructura física y los controles tecnológicos de velocidad operan como medidas conjuntas necesarias para mitigar la accidentalidad en los puntos críticos diagnosticados dentro del perímetro de la ciudad.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐢́𝐩𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Un conjunto de acciones jurídicas y peticiones ante organismos de control busca que se ordene formalmente al mandatario departamental la convocatoria a elecciones atípicas para proveer el cargo de alcalde en la capital boyacense. Las solicitudes, radicadas por el ciudadano y abogado Marco Antonio Palma Luna, señalan que existe una presunta omisión por parte de la Gobernación de Boyacá al no haber expedido el decreto reglamentario correspondiente tras la declaratoria de nulidad de la elección de Mikhail Krasnov.
La principal acción legal corresponde a una solicitud de celeridad procesal dirigida a la jueza Denyth Astrid Chíquiza Benavides, titular del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tunja, dentro del trámite de una acción de tutela que busca el cumplimiento de la sentencia judicial de nulidad. El recurso judicial fundamenta la urgencia en el principio de economía procesal ante lo que califica como una renuencia sistemática del mandatario seccional para acatar las normas constitucionales.
El origen de la controversia radica en el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 5 de marzo de 2026, el cual abrió la vacancia en la administración municipal al restar más de 18 meses para la conclusión del mandato constitucional. Según el marco normativo citado en los recursos, el artículo 314 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011 establecen que, ante este tipo de situaciones, el Gobernador de Boyacá debe convocar a comicios dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la ejecutoria.
Los documentos legales advierten que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se ha limitado a realizar declaraciones públicas sugiriendo los días 19 y 26 de julio de 2026 como fechas tentativas para las votaciones, sin que medie aún un acto administrativo formal que oficialice la convocatoria. El texto de las acciones argumenta que esta dilación impide que la Registraduría Nacional del Estado Civil inicie la organización logística del censo electoral, las inscripciones de candidatos y los escrutinios necesarios.
De manera simultánea a la actuación ante el juzgado, se radicaron solicitudes formales de intervención ante el personero municipal de Tunja, Nelson Andrés Villabona Rueda, y ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, junto al procurador provincial de Tunja, José Isaías Palacios Palacios. Estos requerimientos ante el Ministerio Público exigen activar las competencias de control, requerir la expedición inmediata del decreto y evaluar posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de la falta de convocatoria oportuna.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐚
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tunja falló en primera instancia una acción popular, presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García, que ordena al municipio de Tunja emprender acciones concretas para la rehabilitación de los andenes situados en la Avenida Olímpica, específicamente en el trayecto que conecta la Glorieta Norte con la Glorieta del Gobernador.
La decisión judicial establece un cronograma obligatorio para la administración municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la adecuada conservación del espacio público.
Según lo estipulado en la sentencia, el municipio cuenta con un plazo de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, para elaborar un estudio técnico integral. Este análisis debe detallar el estado real de la infraestructura, incluyendo la detección precisa de grietas, hundimientos y demás deterioros en los costados norte y sur de la vía.
Una vez finalizado y entregado dicho estudio técnico, la administración tendrá un plazo adicional de tres meses para gestionar la apropiación de los recursos presupuestales necesarios. Este paso es indispensable para financiar las obras de mantenimiento preventivo, correctivo y rutinario que resulten del diagnóstico técnico.
El juzgado determinó estas obligaciones tras constatar la inactividad en la conservación de este corredor estratégico, el cual presenta una alta afluencia peatonal debido a la presencia de instituciones educativas y escenarios deportivos. La falta de mantenimiento había sido señalada por generar riesgos de seguridad para los peatones, incluyendo la posibilidad de caídas o la necesidad de invadir la calzada vehicular.
𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐒𝐀𝐒 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟒𝟓% 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝟒𝟕% 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Los delegados de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS expusieron ante la comisión accidental del contrato número 1767 2025 del Concejo Municipal de Tunja los balances técnicos detallados y los porcentajes de avance físico del convenio interadministrativo 1767 de 2025, cuya inversión total asciende a los 15.076 millones de pesos. Durante la sesión, los voceros de la firma antioqueña precisaron que el periodo neto de intervención en territorio abarca cuatro meses, comprendidos entre febrero y mayo de 2026, tras surtirse las fases contractuales previas y los periodos de suspensiones decretados reglamentariamente. El informe detallado desglosó el estado de ejecución por componentes, reportando la culminación física de tres escuelas rurales, contrariando el reporte dado hace un par de semanas por el Rector de la Institución Educativa Rural del Sur en el mismo recinto del Concejo; y la intervención activa en más de una treintena de frentes de obra vial.
En el componente de mejoramiento vial, que contempla la intervención de estructuras completas desde la base hasta la capa de rodadura, la firma reportó un avance del 45% en los tramos establecidos al haber intervenido de manera efectiva 11 de los 24 sectores priorizados en la matriz contractual. Los sectores con obras de pavimento flexible finalizadas y en servicio para la comunidad corresponden a los barrios La Sierra, Cooservicios, Portal de Hunzahual, Villas del Norte y Trinidad, donde se aplicaron subbases granulares y carpetas asfálticas con la mezcla densa en caliente tipo MDC-19, disponiendo espesores variables de entre 8 y 10 centímetros instaladas técnicamente en dos capas diferenciadas de 4 centímetros cada una, según el reporte entregado por los delegados de la Empresa de Desarrollo territorial de Don Matías en el recinto del Concejo.
Dentro de este mismo capítulo de mejoramiento, el frente asignado al barrio José Antonio Galán registra una ejecución parcial con la entrega de uno de los dos puntos de intervención contemplados, situándose en un 50% de avance sectorial. En el barrio Santa Rita, los trabajos de infraestructura flexible se encuentran en fase de instalación de material granular tras completar un mes de labores y registrar retrasos debido a la actualización técnica de las redes de alcantarillado adelantada de forma conjunta con la empresa Veolia. Para los tramos de pavimento rígido en concreto hidráulico, la firma reportó que el sector del barrio Pinos de Oriente se encuentra en fase de suministro de material granular base para fundir posteriormente la mezcla de concreto hidráulico tipo MR 4.2 Mpa, mientras que se adelanta la estructuración técnica para los barrios Mesopotamia y Concepción.
El reporte de ejecución de placas huellas rurales, que abarca un total de 14 sectores bajo la normativa del Instituto Nacional de Vías (Invías) con secciones transversales de 5 metros de ancho, fijó un avance del 30% con cuatro frentes activos en territorio. La intervención en la vereda La Esperanza se reporta en fase final con una estimación de entrega programada en un lapso de 10 a 15 días, al igual que los tramos en las veredas La Hoya y La Lajita, los cuales surtieron las etapas preliminares y avanzan en el suministro de material de afirmado. En la vereda Runta, el informe técnico confirmó que se completó la fundición de la estructura de concreto e infraestructura superficial de aguas lluvias, incluyendo una cuneta perimetral con una longitud exacta de 150 metros lineales.
Por otra parte, el componente de rehabilitación vial urbana, enfocado en reparcheos técnicos mediante apertura mecánica, reposición de base y aplicación de asfalto en caliente, registra un índice global de ejecución del 47% con 21 sectores intervenidos sobre un universo de 44 tramos contractuales. Las vías finalizadas se localizan en los barrios Libertador, San Diego, Sol de Oriente, Portal de Otoño, Doña Eva, Bochica, Manatial del Norte, Portal de Canapro, San Francisco, La Florida, Las Américas, El Poblado y Filadelfia. En la urbanización La Florida, el informe arrojó un 50% de avance físico, sector donde se culminó el pavimento flexible y permanece activo el frente de pavimento articulado.
En lo referente a las obras de urbanismo, el fondo reportó la finalización de andenes peatonales en concreto y salpicaderos prefabricados en el barrio San Antonio. Los delegados técnicos aclararon que los baches y empalmes irregulares en las carpetas asfálticas obedecen a transiciones mecánicas necesarias para nivelar la rasante con la vía existente, costos que son asumidos por la firma sin modificar las áreas cobradas al municipio de Tunja. Asimismo, informaron el inicio de operaciones de localización, replanteo y corte de cajas en los barrios Fuente Higueras, Las Nieves y Santa Lucía, mientras que el frente del barrio Asís permanece paralizado a la espera de la entrega técnica de las redes de alcantarillado.
En la dimensión de infraestructura educativa, la empresa Don Matías SAS sustentó la entrega material de tres de las cuatro escuelas rurales adscritas al contrato, especificando que el alcance se limita estrictamente a labores de mantenimiento y mejoras locativas. Los trabajos concluyeron en la sede Trinidad de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar , donde se realizó el cambio total de la cubierta por teja termoacústica , aplicación de pañetes, pintura epóxica para muros, carpintería metálica, enchapes cerámicos, acabados en granito para las zonas de cocina y comedor, y el montaje de un tanque de almacenamiento de 1.000 litros. De igual manera, se reportó la finalización de las baterías sanitarias, andenes perimetrales y rejillas de manejo de aguas lluvias en las sedes Runta Arriba y Chorro Blanco de la Institución Educativa Rural del Sur. La cuarta sede, correspondiente a José Joaquín Castro Martínez, no ha iniciado su ejecución física debido a revisiones pendientes en la implementación arquitectónica y estructural por parte de la oficina de curaduría urbana del municipio.
Al cierre de la sesión ante la comisión accidental del contrato número 1767 2025 del Concejo Municipal de Tunja, los representantes financieros de la entidad detallaron la conformación jurídica de los proyectos internos, originados a través de las invitaciones públicas formalizadas por la firma estatal. Se ratificó que el contrato derivado de obra 061 de 2025 fue adjudicado a la firma ECOAC INGENIERÍA SAS para colegios, con la interventoría técnica a cargo del ingeniero Segundo Raimundo Medina. En el frente vial, la ejecución está a cargo de ECOAC INGENIERÍA SAS bajo el contrato derivado 070 de 2025, supervisado por la empresa GEO OBRAS INGENIERÍA SAS mediante el contrato de consultoría 067 de 2025.
En lo referente a entornos comunales, opera el contrato de obra derivado 063 de 2025 con ECOAC INGENIERÍA SAS y la interventoría técnica número 084 de 2025 adjudicada al ingeniero Ferney Geovanny Chaparro. Finalmente, la adecuación de parques corresponde al contrato derivado 062 de 2025 adjudicado a ECOAC INGENIERÍA SAS con la interventoría de Segundo Raimundo Medina, frente específico que registra un acta de suspensión firmada el 9 de enero de 2026 por trámites asociados a licencias de intervención de espacio público. Los delegados recordaron que el convenio opera bajo el régimen de administración delegada y que a la fecha la Alcaldía de Tunja no ha girado recursos públicos por concepto de actas de avance de obra, defendiendo el blindaje de las inversiones públicas mediante pólizas de cumplimiento indexadas al fondo de contratos derivados.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐬𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮́𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, confirmó que la administración municipal analiza la posibilidad jurídica de declarar el incumplimiento contractual del convenio interadministrativo suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS. La medida se estudia debido a los retrasos reiterados en los cronogramas establecidos y en el desarrollo de los frentes de obra que fueron previamente pactados, una situación que se ha agudizado durante los primeros cinco meses de este año. La mandataria encargada expuso la situación tras su intervención ante el Concejo Municipal, donde se abordaron las problemáticas técnicas y presupuestales que rodean la ejecución de este acuerdo.
Según lo manifestado por la Alcaldesa encargada, el alcance definitivo y las implicaciones de esta declaratoria jurídica se encuentran en proceso de evaluación técnica y legal, la cual está supeditada a la determinación del porcentaje real de incumplimiento por parte de la firma ejecutora. Jiménez Gómez explicó que, hasta la fecha, la Alcaldía de Tunja no ha recibido por parte del contratista informes que detallen el avance real de las obras físicas, sino únicamente reportes parciales, lo cual ha dificultado establecer con precisión exacta la magnitud del retraso en el territorio.
En cuanto al manejo de los recursos financieros, la funcionaria corroboró que a la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS se le efectuó una transferencia económica equivalente al 95% del valor total del contrato para el inicio de la ejecución del mismo, una cifra que asciende aproximadamente a los 13.000 millones de pesos por concepto de anticipo. La entrega de este porcentaje comprometería de manera directa los recursos destinados a la política pública de presupuestos participativos en la capital boyacense, lo que ha generado preocupación y reclamos por parte de los presidentes de las juntas de acción comunal y los habitantes de los barrios afectados, quienes han manifestado su incertidumbre ante la falta de obras visibles en sus comunidades.
Ante los cuestionamientos sobre la presunta responsabilidad de servidores públicos de la actual o de anteriores dependencias en las irregularidades contractuales, Jiménez Gómez señaló que se adelantarán las investigaciones internas pertinentes. Añadió que, en caso de hallar conductas que puedan constituirse formalmente en delitos, faltas disciplinarias o detrimento fiscal, se procederá a dar traslado inmediato con las pruebas recaudadas a los entes de control competentes, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. No obstante, la mandataria se abstuvo de revelar nombres de implicados o de especificar la entidad de control a la que pertenecería un funcionario presuntamente vinculado con procesos de tercerización, argumentando el deber de reserva que exigen los hallazgos preliminares.
Posterior a la intervención y retiro de la Alcaldesa encargada del recinto de la Corporación Edilicia, la sesión de la comisión accidental del Contrato 1767 de 2025 del Concejo Municipal continuó con la comparecencia de los funcionarios de la administración municipal, entre ellos la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán, fijó una postura técnica institucional que difiere de la evaluación de incumplimiento expuesta por Jiménez Gómez. La Directora de Contratación aseguró ante la Corporación que los recursos económicos del municipio destinados a este convenio, valorados globalmente en 15.076 millones de pesos, no se encuentran en riesgo de pérdida ni han sido desviados.
De acuerdo con el informe oficial presentado por Acevedo Galán, la Unidad Especial de Contratación Estatal no ha realizado el giro definitivo de los recursos hacia las cuentas del contratista externo, argumentando que los dineros permanecen resguardados en un fondo financiero específico de carácter municipal. La funcionaria detalló que los 15.076 millones de pesos se encuentran congelados en dicha cuenta bancaria institucional generando rendimientos e intereses financieros a favor de las arcas públicas de la capital boyacense, contrariando el reporte de la transferencia del 95% del anticipo mencionado hasta ahora por la opinión pública ante la falta de explicaciones de Acevedo Galán y de la empresa contratista
"𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬": 𝐋𝐮𝐳 𝐌𝐢𝐥𝐚 𝐀𝐜𝐞𝐯𝐞𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
Ante la comisión accidental del Contrato No.1767 de 2025 del Concejo Municipal de Tunja, creada para realizar el seguimiento al polémico convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, reapareció públicamente Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la capital boyacense, para entregar un balance técnico y financiero del estado de los recursos de dicho proceso contractual, enfatizando que los 15.076 millones de pesos destinados a las obras e inversiones se encuentran asegurados.
La funcionaria pública dio un parte de tranquilidad respecto al manejo de los recursos, desvirtuando los cuestionamientos ciudadanos sobre la posible pérdida del presupuesto asignado y confirmando de manera categórica que los fondos se encuentran intactos dentro del sistema financiero municipal, puesto que hasta el momento no se ha realizado ningún desembolso al ejecutor del proyecto.
La titular de la oficina de contratación estatal de Tunja argumentó que el dinero está en una cuenta especial que está generando rendimientos y que tiene toda la trazabilidad de cuidado para que ese dinero no tenga ninguna desviación ni ningún uso inadecuado, añadiendo que las pólizas de garantía correspondientes reposan debidamente en el expediente y están colgadas en la plataforma pública Secop II para blindar el capital público.
Durante su intervención frente a la corporación edilicia, los delegados de la administración municipal, los organismos de control y los presidentes de las juntas de acción comunal de la ciudad, Acevedo Galán defendió la legalidad y la pertinencia técnica del modelo de contratación utilizado en el proceso.
La funcionaria especificó de manera formal que este es un contrato de administración delegada que está regulado por la Ley 80 de 1993 en los artículos 13, 32 y 40, el cual es reconocido por la jurisprudencia, regulado por la ley y debidamente aplicable, citando como precedente técnico la existencia de aproximadamente 285 contratos de la misma índole a nivel nacional que se desarrollan bajo esta misma línea de ejecución.
En respuesta a las fuertes críticas manifestadas por los líderes comunitarios de los distintos barrios de Tunja en la sesión de hace unos días, las cuales giraban en torno a la escasa ejecución material y a las modificaciones unilaterales en los compromisos de los presupuestos participativos, la Directora de Contratación hizo una precisión conceptual sobre los alcances del acuerdo.
Acevedo Galán detalló que la política pública de presupuestos participativos se encuentra contenida en el Acuerdo Municipal 029 de 2023 y comprende las fases de planteamiento, priorización, viabilización, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, aclarando que, si bien el convenio tiene un componente que desarrolla actividades de este tipo, no es en su totalidad ni tiene por finalidad el desarrollo de dicha política ni la determinación de rubros o la concertación de proyectos, actividades que normativamente se surten de forma previa.
El reporte contractual leído por la directora fijó el presupuesto oficial exacto del convenio interadministrativo en la suma de 15.076.144.076 pesos, los cuales cuentan con el respectivo respaldo de disponibilidad presupuestal, una póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente y amparo total por el monto global del contrato.
Respecto al proceso de selección, la funcionaria expuso ante los cabildantes que el contrato se derivó de una modalidad de contratación directa gestionada en Secop II, pero aclaró que previamente se realizaron diez solicitudes de eventos de cotización públicas en la plataforma con el propósito de invitar a empresas 100% públicas del orden nacional que estuvieran interesadas en actuar como administradoras delegadas.
De acuerdo con el informe oficial suministrado, los eventos de cotización estuvieron vinculados de forma directa a cuatro frentes específicos de inversión pública para el municipio, consistentes en el proyecto de construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de Tunja; el proyecto de diseño, construcción y mantenimiento de salones comunales; el proyecto de construcción, adecuación y mantenimiento de parques y espacios públicos, y el fortalecimiento de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Frente a la idoneidad del contratista seleccionado, la directora certificó que se contrató con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS por ser una entidad enteramente pública con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, conforme a los preceptos del artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, verificando que cumplía con la experiencia y el personal calificado requerido para la gerencia de proyectos de desarrollo territorial.
La bitácora del Contrato 1767 detalla que el documento fue firmado originalmente en septiembre del año 2025, estableciendo como fecha formal de inicio el 29 de septiembre de 2025, bajo la supervisión técnica directa de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación Territorial de Tunja.
La funcionaria notificó formalmente a la comisión accidental que el pasado 30 de enero de 2026 se suscribió la prórroga número uno al contrato por un término de ocho meses, fijando de manera definitiva el plazo máximo de ejecución hasta el 30 de septiembre del año 2026.
Finalmente, Acevedo Galán precisó que la unidad de supervisión e interventoría de su dependencia viene midiendo de manera detallada el porcentaje de ejecución de obra y el avance del convenio a través de mesas de trabajo técnicas desarrolladas los días 25 de marzo, 15 de abril y 27 de abril, programando la próxima mesa de concertación con las veedurías y las juntas de acción comunal para el viernes 22 de mayo
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció a través de su cuenta de X un cambio en la programación de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja, fijando tentativamente la jornada para el 26 de julio de 2026. Según la publicación del mandatario departamental, la decisión se habría tomado en un acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, con el propósito de modificar la fecha contemplada inicialmente, el 19 de julio, debido a que coincidía con un puente festivo y con el partido final del Mundial de fútbol.
El ingeniero civil Diego Neira presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta agresión física y verbal ocurrida en el Centro Comercial Viva Tunja el pasado viernes 15 de mayo. El ciudadano señaló directamente al diputado de la Asamblea de Boyacá, John Alex López, como el principal involucrado en el altercado. Consultada por este medio, la contraparte manifestó no tener conocimiento sobre la situación descrita.
Los hechos se registraron en el segundo piso del centro comercial, en inmediaciones de las escaleras eléctricas y frente a los locales Goyurt y Offcorss, aproximadamente a las 9:30 de la noche. Según la declaración del afectado, la situación comenzó momentos antes en el restaurante Ramona, donde coincidió en una mesa con el diputado y un grupo de empresarios tras ser invitado a departir. Durante el encuentro, se generó un intercambio de opiniones con el diputado López respecto al panorama político de la capital boyacense de cara a las próximas elecciones de la ciudad.
En medio de la conversación surgieron discrepancias en torno a los liderazgos regionales y las candidaturas locales. El denunciante explicó que el desacuerdo escaló debido a comentarios sobre su aspiración política. Al respecto, Neira relató en su testimonio que se encuentra en un proceso de precandidatura: «yo estoy de precandidato para la Alcaldía de Tunja, ahorita en atípicas él empieza a criticarme».
De acuerdo con la versión entregada a este medio, una vez que Neira y sus acompañantes se retiraron del establecimiento y realizaron los pagos correspondientes, fueron abordados a las afueras del centro comercial por un grupo de cinco a seis personas. El ingeniero afirmó haber sido golpeado en repetidas ocasiones y que dos mujeres pertenecientes a su equipo de comunicaciones resultaron agredidas con puños al intentar intervenir como barrera humana para protegerlo. Asimismo, un socio del afectado, identificado como Jorge Alberto, fue empujado y derribado al suelo durante el incidente.
El ciudadano agredido manifestó que al día siguiente comenzó a presentar molestias físicas debido a los golpes recibidos. Por causa de un zumbido persistente en su oído derecho, asistió el domingo por la noche al servicio de urgencias de un centro de salud por recomendación médica. La situación le impidió participar en las actividades personales y recreativas que tenía programadas para el fin de semana en la ciudad, entre ellas la carrera de exalumnos del Colegio de Boyacá.
El equipo jurídico de Diego Neira asumió la representación del caso e interpuso la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones por lesiones personales. Los profesionales del derecho solicitaron formalmente a la administración del Centro Comercial Viva Tunja la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del segundo piso con el fin de identificar plenamente a la totalidad de las personas involucradas y aportar dicho material probatorio al proceso penal en curso.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐒𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚𝐦𝐚 𝐲 𝐒𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja admitió una demanda que busca obligar a la administración municipal a reparar las calles de los barrios Surinama y Siberia. La acción judicial fue presentada por el ciudadano Miguel Orlando García Pacheco, un habitante de la zona que reclama el derecho de la comunidad a contar con un espacio público digno y con vías de acceso seguras.
El recurso legal busca que la Alcaldía de Tunja ejecute de manera prioritaria obras de mantenimiento, interventoría y pavimentación en siete tramos viales específicos que hoy se encuentran en mal estado. De acuerdo con el documento aprobado por la justicia, el deterioro actual de estas calles afecta la movilidad y la seguridad de los residentes de ambos sectores, perjudicando especialmente a los niños, a los adultos mayores, a los conductores y a las personas que diariamente caminan por el lugar.
Las zonas exactas que la comunidad pide intervenir corresponden a varios puntos de las carreras 11B, 12 y 12B, ubicadas entre las calles 1A y 1D. Antes de acudir a los tribunales, el ciudadano ya había presentado un derecho de petición ante la Alcaldía el pasado 25 de enero de 2026 para exigir el arreglo de las vías. Sin embargo, ante la falta de soluciones efectivas por parte de la entidad, que respondió formalmente el 2 de febrero, se optó por la vía judicial a través de esta demanda de derechos colectivos.
Con la admisión del proceso, la magistrada a cargo le otorgó un plazo de diez días al municipio de Tunja para que responda a los requerimientos de la demanda. El caso también fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público para que vigilen el cumplimiento de los derechos de la comunidad.
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞
La Personería Municipal de Tunja, a través de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, formuló pliego de cargos en contra de Ricardo Andrés Caro Guevara, quien se desempeñaba como gerente del Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET). La decisión se tomó tras investigar presuntas irregularidades relacionadas con una inhabilidad sobreviniente para ejercer dicho cargo público.
De acuerdo con el documento emitido por el organismo de control, a Caro Guevara se le reprocha haber actuado en ejercicio de sus funciones entre el 16 y el 22 de junio de dos mil veinticuatro, a pesar de encontrarse presuntamente incurso en una causal de inhabilidad. Esta situación se habría derivado del vínculo de cónyuge o compañero permanente que sostiene con Luz Mila Acevedo Galán, quien para esa misma época asumió las funciones de alcaldesa encargada del municipio de Tunja.
La investigación formal comenzó tras una queja interpuesta el 20 de junio de dos mil veinticuatro por un ciudadano, en la cual también se solicitaba revisar si el funcionario cumplía con los requisitos de experiencia mínima exigidos por el manual de funciones de la entidad. Respecto a este último punto, la Personería aclaró en el plenario que tras evaluar los contratos previos del investigado, se constató que sí reunía los meses de experiencia requeridos en dirección administrativa, por lo que no se halló mérito disciplinario en ese aspecto.
No obstante, en lo concerniente a la presunta infracción al régimen de inhabilidades, la autoridad de instrucción determinó que el exgerente omitió el deber legal de informar oportunamente la situación a la autoridad nominadora y persistió en las funciones del cargo. Por tales hechos, la entidad calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima.
El proceso continuará en la etapa de juzgamiento ante las instancias competentes de la Personería, donde el investigado podrá ejercer sus derechos de contradicción y defensa.
I𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞n 𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚
Los entrenamientos deportivos de la escuela de fútbol Superación Deportiva Boyacá se reanudarán en el barrio Antonia Santos, luego de iniciarse los trabajos de adecuación y nivelación en el lote que la comunidad utiliza para la práctica del balompié. El terreno había quedado inutilizable debido al fango, hundimientos superficiales y la presencia de residuos orgánicos generados tras la reciente logística de un evento equino que contempló la instalación de pesebreras temporales.
Benjamín Cuevas, director de la escuela de fútbol que atiende de forma gratuita a niños de escasos recursos del sector, confirmó que las labores con la maquinaria pesada se gestionaron ante el almacenista del municipio de Tunja, Gustavo López, con el propósito de retirar los desechos y compactar el suelo afectado por el tránsito de los ejemplares. El líder deportivo señaló que este espacio resulta fundamental para las actividades recreativas de los menores de la zona, por lo que agradeció a la administración municipal por restaurar este importante espacio de ocio y formación deportiva.
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐉𝐨𝐚𝐪𝐮𝐢́𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧𝐞𝐳 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐮𝐫
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, la cual busca la ampliación de la sede José Joaquín Castro Martínez de la Institución Educativa Rural del Sur. La demanda, dirigida contra el municipio de Tunja y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tiene como objetivo principal garantizar la seguridad, la salubridad y el acceso a servicios educativos dignos para los estudiantes de la zona sur de la ciudad.
La comunidad de los barrios Pinos de Oriente y Ciudad Jardín sostiene que la planta física actual es insuficiente, ya que las instalaciones solo permiten el funcionamiento de la sección de primaria frente a una población estudiantil que crece constantemente. A pesar de que el predio está legalmente destinado a la expansión de la Institución Educativa Rural del Sur, la falta de obras ha limitado el espacio vital para los alumnos.
Un punto crítico de la demanda es la exigencia de que el ICBF adquiera un predio independiente para el Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Actualmente, este centro opera dentro de la misma sede de primaria, lo que reduce el área disponible para los niños y genera conflictos en la prestación de los servicios pedagógicos.
La providencia confirmó que la demanda cumplió con los requisitos legales al haber solicitado soluciones previas ante la Secretaría de Educación de Tunja y el ICBF desde agosto de 2023. Tras la admisión del recurso, las entidades demandadas tienen un plazo de diez días para presentar su defensa, mientras que el Tribunal verificará si existen otros procesos similares vinculados a la infraestructura de esta sede rural.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐚𝐭𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió para su trámite, en primera instancia, una demanda de acción popular que busca la construcción de un deprimido peatonal en la Avenida Norte, específicamente en el sector colindante con los concesionarios Renault y Nissan. La medida judicial se dirige contra el municipio de Tunja y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el propósito de garantizar un paso seguro en este punto de alta peligrosidad vial.
El auto, proferido por el despacho de la magistrada María del Tránsito Higuera Guío, admite el recurso interpuesto por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien solicita que se ordene a las autoridades responsables la ejecución de obras de infraestructura que permitan a los transeúntes cruzar la calzada sin riesgo, ante la falta de elementos de seguridad en la intersección con la Calle 53 y la entrada a la antigua vía hacia Paipa (Carrea 2 Este).
La pretensión principal de la demanda es la implementación de medidas de mitigación vial que incluyan, prioritariamente, un deprimido o paso subterráneo de uso exclusivo para peatones. Como alternativas, la acción popular también contempla la posibilidad de un puente peatonal o la instalación de semáforos peatonales, argumentando que la configuración actual de la zona vulnera los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente.
Antes de esta admisión, el accionante presentó las reclamaciones correspondientes ante la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de Tunja y la ANI, entidades que entregaron respuesta en enero de 2024. Tras este paso, el Tribunal encontró méritos suficientes para iniciar el proceso judicial, notificando a las partes demandadas para que ejerzan su derecho a la defensa y presenten las pruebas del caso en un término de diez días.
La corporación judicial también ordenó vincular al proceso a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐬𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, requirió formalmente a la secretaria de Hacienda, Denisse Julieth Jiménez Ramos, para que explique el incumplimiento en el reintegro de saldos sobrantes del presupuesto de 2025 y la falta de radicación de proyectos de modificación presupuestal ante el Concejo Municipal. El requerimiento advierte que estas omisiones afectan la legalidad del cierre fiscal anterior y ponen en riesgo la ejecución financiera de la ciudad durante la presente vigencia de 2026.
A través de un oficio radicado el 11 de mayo de 2026, el despacho de la alcaldesa encargada señaló que la Secretaría de Hacienda ha omitido el reintegro de recursos ordenado por el artículo 23 del Decreto 0557 de 2025. Según el documento, los organismos ejecutores debían devolver a la administración central los saldos sobrantes una vez constituidas las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, proceso que tenía como plazo máximo el 15 de febrero de este año. A la fecha, han transcurrido tres meses sin que se haya certificado dicho trámite ni se hayan publicado los documentos que soporten la devolución efectiva de los recursos.
La comunicación oficial detalla que, mediante decretos emitidos en enero de 2026, se constituyeron reservas presupuestales por un valor de 28.905,4 millones de pesos y cuentas por pagar por 13.595,2 millones de pesos. Sin embargo, la mandataria encargada sostiene que la falta de conciliación de los saldos sobrantes constituye una violación a los principios de unidad de caja y universalidad del gasto, lo que podría derivar en un presunto detrimento patrimonial al mantener recursos inmovilizados fuera del Tesoro Municipal.
Otro de los puntos centrales del reclamo es la no remisión de los Proyectos de Acuerdo de modificación presupuestal, los cuales fueron autorizados por el Decreto Municipal 094 del 4 de mayo de 2026. Estos proyectos son necesarios para ajustar la disponibilidad real de los recursos para el año en curso, pero según la Alcaldía, la Secretaría de Hacienda no ha entregado los anexos técnicos, soportes financieros ni las justificaciones jurídicas necesarias para que el trámite avance ante el Honorable Concejo Municipal.
Jiménez Gómez advirtió que estas demoras obstaculizan el ejercicio pleno de las competencias de la administración y distorsionan la planeación financiera del municipio. El documento recalca que el suministro de esta información no es discrecional, sino una obligación legal para garantizar la transparencia y la veracidad del presupuesto público.
Finalmente, el requerimiento solicita de manera urgente un informe detallado que incluya el listado de los organismos que no han efectuado los reintegros, los montos pendientes y las medidas correctivas que se adoptarán de inmediato. La alcaldesa encargada subrayó que el incumplimiento persistente de estas funciones puede acarrear responsabilidades disciplinarias, fiscales y administrativas de carácter individual para los servidores públicos involucrados, incluida la titular de la cartera de Hacienda
La administración municipal de la capital boyacense y los alcaldes de 18 municipios de las provincias de Centro, Márquez y Ricaurte buscarán tramitar ante sus respectivos concejos el aval para la creación del área metropolitana antes de que termine el 2026. El proceso se encuentra condicionado por la ausencia de un cronograma de socialización ciudadana y por una serie de requerimientos económicos y técnicos planteados por algunas de las administraciones municipales aledañas a Tunja, que dificultan el consenso necesario para hacer realidad esta propuesta.
Durante el desarrollo de las recientes mesas de socialización, la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, confirmó que tras culminar la fase de concertación política, la iniciativa debe ahora superar el filtro legal en los cabildos municipales para que el esquema asociativo adquiera vida jurídica.
En el marco de estos encuentros, han surgido posturas por parte de mandatarios de municipios vecinos que plantean condiciones de contraprestación a la capital, como ocurre con el municipio de Toca y sus requerimientos sobre el recurso hídrico, situación que contrasta con el hecho de que Tunja actualmente recibe los residuos sólidos de dicho municipio sin generar incrementos significativos en los costos de operación para sus habitantes.
En el aspecto financiero, la Alcaldía de Tunja manifestó su disposición para asumir el 55 por ciento de la carga económica de este proyecto, y ha puesto a disposición su equipo técnico de planeación para asesorar a los demás municipios en la futura redacción y trámite de los proyectos de acuerdo. La conformación de esta figura, que incluye a poblaciones de Márquez y Ricaurte para cumplir con los umbrales poblacionales exigidos por la ley, pretende mejorar la movilidad y la gestión de maquinaria amarilla en la región, aunque su viabilidad definitiva dependerá de que se logren armonizar las pretensiones de los alcaldes con la capacidad técnica y financiera de la ciudad núcleo.
𝐌𝐨́𝐝𝐮𝐥𝐨 𝟓 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐓𝐀𝐑 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝟑𝟖 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨
La construcción del módulo 5 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja tendrá un costo final superior a los 38.000 millones de pesos, según se confirmó tras una mesa técnica entre el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Boyacá y la administración municipal. Este valor actualizado responde a la necesidad de realizar un cierre financiero que permita destrabar la ejecución de la infraestructura, la cual ha enfrentado diversos obstáculos administrativos y técnicos que han impedido su puesta en marcha definitiva durante los últimos años.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que los recursos para cubrir este presupuesto están asegurados mediante un esquema de cofinanciación entre el Gobierno Nacional, el departamento y el municipio. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario regional, para completar el financiamiento de la obra se identificó un faltante de 9.000 millones de pesos, los cuales serán cubiertos de forma conjunta por las entidades territoriales. De ese monto, 4.800 millones de pesos serán aportados por la Gobernación de Boyacá en articulación con Corpoboyacá y las Empresas Públicas de Boyacá, mientras que los 4.200 millones de pesos restantes deben ser asumidos por la administración de la capital boyacense.
Para concretar la participación de Tunja en este proceso, la Alcaldía anunció que enviará al Concejo Municipal una solicitud de adición presupuestal por los 4.200 millones de pesos correspondientes. La aprobación por parte de los cabildantes es el requisito administrativo pendiente para que el municipio cumpla con su parte del compromiso económico y se proceda a la modificación del convenio que actualmente se gestiona a través de Findeter. La consolidación de este módulo se mantiene como una prioridad dentro del Plan de Desarrollo Territorial para garantizar la gobernabilidad hídrica en la ciudad.
La ministra de Vivienda encargada, Aydee Marsiglia, manifestó que el Gobierno Nacional mantiene la disponibilidad de los recursos asignados al proyecto y la voluntad para agilizar los trámites legales que permitan avanzar en la ejecución. La modificación del contrato busca actualizar los costos a la realidad económica actual y establecer mecanismos que eviten nuevos retrasos en una obra que se proyecta como la inversión más relevante para la protección de ecosistemas estratégicos y la mejora de la calidad del agua en la provincia Centro. La infraestructura, una vez finalizada, permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y reducir el impacto ambiental en las fuentes hídricas de la región.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, el cual está encabezado por Cúcuta, cuya variación del IPC fue de 1,22%, mientras que el registro de variación del IPC en Tunja fue de 0,88%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,78%, mientras que la ciudad con menor variación del IPC para este mes fue Riohacha con 0,45%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la decima ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,42%, mientras que el promedio nacional fue de 5,68%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Riohacha (3,46%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Pereira (6,76%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante abril fue el de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representó una variación del 1,68%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,70%), seguido de bienes y servicios diversos (0,69%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante abril fueron educación (-0,02%), información y comunicación (0,02%), y recreación y cultura (0,06%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 8,81%, seguido de información y comunicación con un 6,22%, y educación, que tuvo una variación del 5,81%. Caso contrario es el de los rubros de recreación y cultura (2,30%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,58%) y prendas de vestir y calzado (3,87%).
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Tunja admitió una acción popular que busca la protección de los derechos colectivos de los habitantes del barrio La Concepción ante el riesgo inminente de desastres naturales y problemas de salubridad pública. La demanda, dirigida contra la Alcaldía Mayor de Tunja, la Gobernación de Boyacá y Corpoboyacá, señala que la intervención de vías y la obstrucción de una cárcava natural han generado inundaciones recurrentes que afectan la seguridad y la salud de la comunidad, especialmente de niños y adultos mayores.
De acuerdo con el documento judicial, la problemática se originó tras intervenciones viales realizadas por la Secretaría de Infraestructura de Tunja en junio de 2022, donde se habría retirado una tubería esencial para el drenaje de aguas lluvias hacia el sistema de la empresa Veolia. A esto se suma la obstrucción del cauce natural de una cárcava ubicada entre la calle 18A y la carrera 21, lo que ha provocado el desbordamiento de aguas y la proliferación de insectos. La demandante también reportó que la situación se agrava por el descenso de aguas residuales provenientes de las veredas Porvenir y Tras del Alto, las cuales carecen de alcantarillado.
Dentro del análisis de los hechos, se menciona que la empresa Veolia ha realizado estudios técnicos sobre la situación de la cárcava. No obstante, el auto judicial indica que dicha entidad carece de la competencia legal para ejecutar las obras civiles requeridas para solucionar el problema de fondo, una responsabilidad que la demanda atribuye principalmente al municipio de Tunja. En ese sentido, la intervención técnica de la operadora se limita a la recepción de aguas a través de sus rejillas, pero no abarca la rehabilitación del cauce natural ni la reposición de la infraestructura retirada durante las obras viales.
La acción judicial pretende que se ordene a las entidades responsables la ejecución inmediata de obras de infraestructura, tales como la reapertura del curso natural de la cárcava, la reposición de la tubería extraída y la construcción de muros de contención y sistemas de drenaje. Asimismo, la accionante solicitó la implementación de un plan de manejo ambiental y la adopción de medidas cautelares urgentes para mitigar el riesgo durante la actual temporada de lluvias, argumentando que las mesas técnicas previas con la administración municipal no han derivado en soluciones definitivas.
En el auto admisorio se determinó vincular al proceso a la Personería Municipal de Tunja y se notificó a la Defensoría del Pueblo para el seguimiento del caso. El juzgado otorgó un término de diez días a los demandados para contestar la demanda y aportar las pruebas correspondientes.
𝐏𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐓𝐀𝐑 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐬𝐚 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨
La construcción del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja se convirtió en el objetivo central de la agenda de trabajo entre el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y la alcaldesa encargada de la capital. A través de un video publicado en sus redes sociales tras un desayuno de trabajo, el mandatario departamental aseguró que la prioridad es destrabar los nudos administrativos del proyecto para que la obra inicie formalmente durante el breve periodo en el que la funcionaria estará al frente de la administración municipal.
El proyecto de la PTAR enfrenta actualmente dificultades en su trámite ante el Ministerio de Vivienda y Findeter, por lo que Amaya señaló que esta misma semana se espera dar una solución definitiva a estos inconvenientes para lograr el cierre financiero. En esta gestión participarán la Gobernación, la Alcaldía, Corpoboyacá y las Empresas Públicas de Boyacá (EPB), con el fin de asegurar los recursos que hacen falta. El Gobernador enfatizó en la necesidad de que la Alcaldía disponga de los fondos pendientes, teniendo en cuenta que el aporte del departamento ha sido mayoritario, para cumplir con la meta de instalar la primera piedra en el corto plazo.
En cuanto a la infraestructura vial, el encuentro dejó como prioridad la intervención de la Avenida Universitaria. El plan de acción contempla la ejecución inmediata de obras de drenaje y la construcción de sumideros para mitigar el deterioro de la vía causado por la escorrentía, paso previo necesario para realizar mejoras en la capa asfáltica. Asimismo, se anunció que el convenio con el Invías por ocho mil millones de pesos para la rehabilitación de la salida hacia Moniquirá se encuentra próximo a ser adjudicado para dar inicio a los trabajos.
La planificación para el resto del año también incluyó una propuesta de alumbrado navideño para Tunja con el objetivo de captar el flujo turístico que transita por la región durante la temporada decembrina. La intención de las autoridades es generar incentivos para que los visitantes permanezcan en la capital y no pasen de largo hacia otros municipios, fortaleciendo la economía local mediante una agenda cultural conjunta. Para ello, se adelantarán gestiones ante el Gobierno Nacional para obtener recursos adicionales destinados a las festividades de fin de año, incluyendo la organización de la noche de la Gobernación en el marco del Aguinaldo Boyacense.
Finalmente, los mandatarios revisaron el avance de proyectos de salud como la unidad materno-infantil. Según el balance presentado por Amaya, la gestión de la Gobernación en diversos frentes de la ciudad alcanza una inversión cercana a los trescientos cincuenta mil millones de pesos.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
La Alcaldía de Tunja y la Unión Temporal Mi Ruta anunciaron la puesta en marcha de la ruta número 16 del servicio de transporte público colectivo, una medida que busca establecer conexión directa entre el Parque Industrial de Oriente y el resto de la capital boyacense. La nueva frecuencia de despacho tiene como objetivo principal facilitar el traslado de trabajadores, estudiantes y residentes de este sector periférico hacia el centro y el norte de la ciudad.
Juan Carlos García Vargas, secretario de Movilidad y Vida Territorial, señaló que la entrada en operación de este trayecto responde a las necesidades de desplazamiento detectadas en el complejo empresarial y sectores aledaños como el barrio Villa del Rosario y la Escuela de Policía de Seguridad Vial. De acuerdo con las cifras técnicas presentadas por la dependencia, la falta de cobertura formal en este punto del oriente de Tunja afectaba a cerca de 2.000 ciudadanos, quienes ahora disponen de una alternativa de movilidad vinculada a la red urbana.
El esquema operativo se concretó mediante una articulación con la Unión Temporal Mi Ruta, organización que representa a las empresas transportadoras que operan en el municipio. Según la planificación establecida, los vehículos iniciarán su recorrido desde el Parque Industrial de Oriente, garantizando que el personal que labora en las distintas empresas del complejo cuente con opciones de transporte al inicio y al final de sus jornadas, integrándose de manera regular al flujo de tránsito de las vías principales.
La implementación de la ruta 16 se sustenta en el crecimiento de la actividad económica y residencial que ha registrado el oriente de la ciudad en los últimos años.
𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚: 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨
El exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, no logró que el Consejo de Estado impusiera multas ni sanciones disciplinarias contra el abogado Marco Antonio Palma Luna y la sociedad Grupo de Asesorías y Representación Jurídico Legal de Colombia SAS. A través de un auto proferido el 5 de mayo de 2026, el alto tribunal rechazó las pretensiones de Krasnov, quien buscaba castigar económicamente al jurista que lideró los procesos en su contra.
La solicitud de Krasnov surgió como una petición de adición a un fallo de tutela del 18 de marzo de 2026. En dicha sentencia, la Sección Quinta ya había declarado improcedente el amparo solicitado por el grupo de abogados al considerar que incurrieron en una actuación temeraria. Ante esto, Krasnov pretendía que la justicia fuera más allá y ordenara al abogado Palma Luna el pago de multas de entre 10 y 50 salarios mínimos, además de pedir que fuera investigado disciplinariamente.
El Consejo de Estado, bajo la ponencia de la conjuez Diana Carolina Fuquen Avella, fue claro al señalar que no accedería a estas pretensiones. El tribunal explicó que la declaratoria de temeridad no obliga de manera automática a imponer sanciones económicas o condena en costas, sino que es una facultad que depende de las particularidades de cada caso. Según la Sala, al no haber impuesto dichas multas en la sentencia original, no se trató de un olvido que deba corregirse ahora, sino de una decisión que ya agotó el objeto de la litis.
Con esta decisión, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo cerró la puerta a los intentos de Krasnov por afectar el patrimonio y la carrera profesional de su contraparte jurídica. El auto enfatizó que contra esta negativa no procede recurso alguno, dejando en firme que el abogado Palma Luna no recibirá los castigos que el exmandatario local solicitó formalmente ante la justicia.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐬𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, ordenó la suspensión inmediata de todos los trámites y actuaciones relacionados con asuntos contractuales, presupuestales y tesorales en la administración municipal. La determinación fue comunicada formalmente en las últimas horas a través de una circular conjunta emitida por la Unidad Especial de Contratación Estatal y el Departamento Administrativo de Hacienda Pública, dirigida a todas las dependencias del nivel central.
La medida se fundamenta en el proceso de empalme administrativo que adelanta Jiménez Gómez, quien asumió el cargo recientemente tras su nombramiento mediante el Decreto 339 de 2026. Según el documento oficial, la suspensión busca permitir una revisión exhaustiva de los procesos y procedimientos internos en su calidad de nueva ordenadora del gasto. Esta disposición afecta directamente la expedición de documentos presupuestales, el trámite de cuentas, pagos, desembolsos y demás gestiones financieras de la entidad.
De acuerdo con la instrucción impartida por las directoras Luz Mila Acevedo Galán y Denisse Julieth Jiménez Ramos, la vigencia de estas restricciones se extenderá hasta que se surta el proceso de empalme y se emitan nuevas directrices administrativas. No obstante, el comunicado aclara que existen excepciones para obligaciones prioritarias, situaciones urgentes o compromisos legales inaplazables, los cuales requerirán de la autorización previa y expresa de la alcaldesa encargada para su ejecución.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐣𝐨́ 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐚 𝐥𝐢́𝐝𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢́𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La invitación extendida por el concejo de Tunja a la administración municipal para brindar claridades sobre el polémico contrato suscrito con la empresa de desarrollo territorial de Don Matías terminó en un desplante hacia la ciudadanía. Los secretarios de Infraestructura, Educación y la Unidad Especial de Contratación no acudieron al recinto, dejando a los presidentes de juntas de acción comunal sin respuestas sobre la ejecución de los presupuestos participativos de 2024, los cuales siguen pendientes dos años después.
El propósito del encuentro era que el ejecutivo explicara por qué, a pesar de haberse entregado un anticipo del 95% sobre un contrato global de 15.076 millones de pesos, las obras en los barrios no se han materializado. La mayor preocupación de los líderes radica en los más de 12.000 millones de pesos destinados específicamente a los presupuestos participativos, recursos que, según las denuncias, se han ejecutado de manera limitada o nula en los sectores populares.
Ante la ausencia de los titulares de las carteras municipales, los líderes sociales y comunales que colmaron el recinto tomaron la palabra para exponer la situación crítica de sus comunidades. Quien sí acudió a la cita fue el contralor municipal de Tunja, Félix Morales, quien estuvo presente para escuchar las denuncias y el malestar de los voceros ciudadanos, quienes señalaron que es inaceptable que proyectos acordados desde 2024 presenten retrasos tan prolongados, especialmente cuando el contratista antioqueño ya recibió la casi totalidad de los fondos.
Los concejales manifestaron su rechazo a la inasistencia de la administración, calificándola como una evasión a la responsabilidad de informar sobre el destino de los impuestos de los tunjanos. La molestia de los asistentes aumentó al considerar que el actual periodo de sesiones está por concluir, lo que deja a los representantes de los barrios sin una fecha clara para obtener las explicaciones técnicas y financieras que justifican la parálisis de las obras.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚𝐬
Javier Eduardo López Quiroga, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Libertador en Tunja, oficializó su renuncia irrevocable al cargo tras denunciar amenazas contra su vida y la de su familia. El líder comunal, con una trayectoria de más de 25 años al servicio de este sector, atribuyó su decisión a un entorno de estigmatización y falta de garantías para ejercer su labor en una comunidad que presenta altos niveles de polarización.
A través de un comunicado fechado el 5 de mayo de 2026, López Quiroga informó a la opinión pública que el documento de dimisión ya fue presentado formalmente ante la junta directiva de la organización. Según el texto, la determinación surge a raíz de situaciones críticas que incluyen maltrato verbal constante por parte de algunos residentes, dificultades económicas y, de manera primordial, amenazas directas que ponen en riesgo su integridad personal.
El saliente presidente describió la gestión comunal en el barrio El Libertador, el cual cuenta con una población aproximada de 6.200 habitantes, como una tarea de alta complejidad. En su pronunciamiento, señaló que intereses particulares de diversos sectores han obstaculizado el fomento del bienestar y el desarrollo integral de la zona, derivando en una división interna que involucra incluso a integrantes de la misma junta y a sectores productivos.
López Quiroga concluyó su mensaje agradeciendo a la comunidad por la confianza depositada durante sus dos décadas y media de servicio, periodo en el cual ocupó diversos cargos antes de asumir la presidencia de la junta en los últimos cuatro años. El cargo será entregado a un sucesor o sucesora que sea designado conforme a los reglamentos internos de la Junta de Acción Comunal del barrio El Libertador, organización que cuenta con personería jurídica desde 1967.
#Tunja #Economía #VidaDeHoy 𝐒𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐞𝐫𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐧𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬
El panorama empresarial de Tunja presenta contrastes agudos donde sectores con mínima presencia física superan en ingresos a actividades tradicionales profundamente arraigadas en los barrios. Según el estudio “Caracterización del tejido empresarial de Tunja 2026”, publicado por la Cámara de Comercio de Tunja con datos actualizados al 31 de marzo de este año, la eficiencia financiera de nichos industriales específicos y la explotación minera de hulla superan el músculo económico de sectores masivos como la panadería y la agricultura.
En el sector manufacturero, la elaboración de productos de panadería es la actividad con mayor número de establecimientos, sumando 233 unidades que generan 367 empleos. Sin embargo, este volumen de negocios reporta ingresos operacionales por 7.191 millones de pesos, una cifra que resulta menor a la alcanzada por apenas siete empresas dedicadas al aserrado, acepillado e impregnación de madera, las cuales facturan 9.399 millones de pesos.
Esta asimetría se repite en otras actividades industriales de la capital. Mientras que la confección de prendas de vestir, una de las labores más comunes con 129 unidades, reporta ingresos por 15.883 millones de pesos, el informe destaca que sectores con menos de la mitad de establecimientos logran cifras altamente competitivas, como la fabricación de productos metálicos para uso estructural, que con 62 empresas genera 9.607 millones de pesos.
El informe de la entidad gremial revela un fenómeno similar en el sector primario, donde la minería de carbón muestra una superioridad financiera frente a la vocación agraria de la región. La extracción de hulla, con solo 36 empresas registradas en la ciudad, genera ingresos por 22.782 millones de pesos. Esta cifra representa más de la mitad de lo producido por todo el sector agropecuario local, que con 146 unidades dedicadas a la agricultura y ganadería alcanza los 39.895 millones de pesos.
Dentro del mismo rubro extractivo, la minería de hulla también supera ampliamente a actividades más visibles en el área rural de Tunja, como el cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, que con 16 unidades apenas registra ingresos por 1.403 millones de pesos.
Finalmente, el documento destaca que la mayor concentración de riqueza por unidad de negocio se encuentra en el suministro de electricidad. Con solo 12 empresas registradas, este grupo concentra el 22,6% de los ingresos totales de la ciudad, alcanzando los 1,08 billones de pesos, lo que evidencia que la economía tunjana depende financieramente de un grupo reducido de sectores de alto impacto, por encima de la masificada red de comercio y servicios básicos.
La capital de Boyacá registra una marcada participación femenina en la dirección de sus unidades económicas urbanas, según revela la tercera entrega de los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El reporte sociodemográfico del municipio, que consolida datos de 9.754 unidades con información recolectada de sus propietarios, indica que el 55,9% de estas son encabezadas por mujeres, mientras que el 44,1% corresponde a hombres. Esta cifra integra tanto a los comerciantes que operan en locales fijos, quienes diligenciaron el cuestionario básico de establecimientos (CBE), como a las personas dedicadas a las ventas informales registradas mediante el cuestionario de vendedores de calle (CVC).
La radiografía estadística de la ciudad permite identificar que la mayor concentración de personas al frente de estos negocios y actividades de economía popular se encuentra en el rango de madurez laboral. El grupo de edad comprendido entre los 40 y los 49 años agrupa al 24,6% del total censado en el casco urbano de Tunja, con una distribución idéntica del 12,3% para el segmento de 40 a 44 años y el de 45 a 49 años. En contraste, la presencia de población joven de entre 15 y 19 años en la dirección de estas unidades productivas es la más baja del registro con apenas un 0,5% del total de las respuestas recolectadas por la entidad.
En cuanto a la formación académica de los propietarios y vendedores en la ciudad, el nivel educativo con mayor participación es la educación media académica con un 27,7%. Le siguen en orden de relevancia las personas con básica primaria completa con un 18,9% y los profesionales universitarios con un 18,1%. Los niveles de formación técnica profesional alcanzan el 7,4%, la media técnica el 5,7% y los tecnólogos el 4,9%. Por su parte, la presencia de personas con niveles de posgrado como especialización, maestría y doctorado se ubica en el 4,9%, 1,2% y 0,2% respectivamente. Solo un 1,3% de los encuestados manifestó no tener ningún nivel educativo formal.
Respecto al autorreconocimiento étnico-racial en el municipio, el 99% de las personas vinculadas a las unidades económicas manifestó no pertenecer a ningún grupo étnico. El informe del organismo de estadística también detalla que la identidad de género de los consultados en Tunja refleja que el 55,8% se identifica como mujer y el 44,2% como hombre, guardando una proporción similar a la distribución por sexo reportada en este avance del censo. El 44,9% de los encuestados dentro de las categorías de propietarios y vendedores prefirió no suministrar información sobre su autorreconocimiento étnico-racial específico durante las entrevistas.
Esta operación estadística nacional, que utiliza como periodo de referencia el año 2023, ha cubierto hasta el momento 1.122 áreas censadas en todo el país con el apoyo de más de 8.000 censistas en campo. Los datos recopilados en Tunja permiten caracterizar el perfil de quienes sostienen el tejido productivo de la ciudad, diferenciando entre la administración de negocios en establecimientos fijos y la población dedicada a las ventas de carácter informal en el entorno urbano. La entrega de estos datos preliminares constituye un insumo para el análisis de la realidad económica y social de la capital boyacense frente al panorama nacional.
𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐬 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬
La administración municipal de Tunja expidió el Decreto 0086 del 28 de abril de 2026, por medio del cual se actualiza, define y autoriza el sistema de rutas del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros. El documento oficial deroga de manera integral las normativas que regían la movilidad local desde los años 2015 y 2020, estableciendo un nuevo esquema compuesto por 26 trayectos que seguirán siendo operados por las cuatro empresas habilitadas en la ciudad bajo la figura de la unión temporal Mi Ruta. Aunque el acto administrativo justifica su implementación en la necesidad de garantizar una mayor cobertura, accesibilidad, eficiencia y seguridad para los usuarios, el análisis técnico de los recorridos confirma que el plan no contempla soluciones estructurales para las demandas de movilidad en los sectores más alejados de los corredores viales principales.
La normativa reconoce un ajuste específico en el trazado de la ruta 8, la cual conecta los barrios Santa Marta y Cooservicios con La Fuente, para incluir formalmente el paso por el barrio Hunza. Esta decisión fue tomada por la Alcaldía tras procesar las solicitudes ciudadanas recibidas durante la etapa de socialización del proyecto en el mes de abril, periodo en el que la comunidad advirtió sobre la afectación a los usuarios de este sector específico. No obstante, el texto no refleja modificaciones significativas para atender otros reclamos de la comunidad, como la creación de rutas transversales que eviten la congestión del Centro Histórico o el fortalecimiento de la oferta en barrios de expansión que hoy presentan dificultades de acceso.
Habitantes de diversos sectores han señalado que barrios como La Granja, Asís, Santa Rita y Villa Luz requieren conexiones hacia otros puntos de la ciudad que no impliquen esperas prolongadas, las cuales según reportes ciudadanos pueden superar los 30 minutos. Asimismo, persiste la solicitud de frecuencias más eficientes para el Mirador Escandinavo, La Florida y la Ciudadela Sol de Oriente, donde los usuarios manifiestan la necesidad de trayectos que faciliten la movilidad hacia sus lugares de trabajo y estudio.
El decreto también formaliza la operación de tres trayectos bajo la figura de rutas de influencia, que conectan a la capital boyacense con municipios vecinos. Se trata de las rutas R13 y R18, que prestan servicio hacia el sector de El Lago en Cómbita y el cementerio Jardines de la Asunción, y la ruta R19, que comunica con el Puente de Boyacá en jurisdicción de Ventaquemada. Adicionalmente, el documento confirma que las administraciones de Tunja y Soracá adelantan estudios técnicos para solicitar ante el Ministerio de Transporte la autorización de una nueva ruta de influencia mediante la prolongación de la ruta R7.
Respecto a las condiciones de los vehículos, el decreto establece una capacidad transportadora máxima de 532 vehículos y formaliza la transición hacia una tipología vehicular única denominada clase buseta. Bajo esta directriz, el documento prohíbe la operación de vehículos clase microbús, estableciendo lineamientos para la reposición del parque automotor y la migración obligatoria hacia busetas nuevas que cumplan con las especificaciones técnicas adoptadas por la administración municipal. Esta medida busca estandarizar la flota que circula por la ciudad, la cual debe estar integrada por vehículos debidamente homologados y registrados para el servicio público.
María Paula Jiménez Gómez, Carlos Andrés Rondón y Lilibeth Suárez Pacheco serían los candidatos propuestos por el partido La Fuerza de la Paz para asumir la Alcaldía de Tunja en calidad de encargo. La lista de aspirantes habría sido remitida al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, con el fin de definir quién administrará la capital boyacense tras la salida de Mikhail Krasnov y mientras se avanza hacia la convocatoria de elecciones atípicas.
A pesar de que los nombres han trascendido en diversos sectores, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la Gobernación de Boyacá que ratifique la conformación de esta terna. La designación de un alcalde o alcaldesa encargada es el paso esperado para la administración de la ciudad en este periodo de transición institucional.
Dentro de los perfiles que integrarían esta propuesta destaca María Paula Jiménez Gómez, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos, quien se ha desempeñado como gestora social de Paz de Río y fue candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. En el escenario político regional, Jiménez es señalada como la principal favorita para asumir el encargo debido a la cercanía política entre su entorno familiar y el gobernador Amaya.
Otro de los nombres incluidos sería el de Carlos Andrés Rondón, abogado de la Universidad Santo Tomás con estudios de posgrado en derecho administrativo. Rondón cuenta con experiencia previa como concejal de Tunja, trayectoria que lo posiciona como uno de los perfiles con conocimiento institucional y jurídico sobre la ciudad dentro de los posibles postulados.
La terna la completaría Lilibeth Suárez Pacheco, quien ha mantenido un perfil público discreto. Suárez es esposa del diputado Jairo Pacheco y ha sido relacionada con sectores del liberalismo regional. De confirmarse estos nombres, el mandatario departamental deberá definir quién liderará el gobierno municipal de forma temporal hasta que la ciudadanía regrese a las urnas para elegir un nuevo alcalde titular.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔
𝐿𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜́ 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑆𝐸𝐶𝑂𝑃 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎́ 𝑎 464 𝑗𝑜́𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 475 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑎́ 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑.
La Alcaldía de Tunja puso en marcha el proceso contractual formal para la implementación de estrategias de acceso y permanencia dirigidas a estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio. Con la publicación del proceso para este fin en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), se inició el trámite administrativo para garantizar el servicio educativo a la población joven y adulta que se encuentra fuera del sistema regular.
El objeto del contrato busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la puesta en marcha de un modelo educativo flexible a través de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) del I al VI, los cuales corresponden a la formación básica primaria, secundaria y media. Según lo establecido en el proceso, la convocatoria está dirigida a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) con capacidad para atender a poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad.
La inversión para la ejecución de este programa asciende a 475.930.832 pesos. Estos recursos están destinados a la financiación de 464 cupos estudiantiles durante la vigencia 2026, con el objetivo de reducir los índices de analfabetismo y cerrar las brechas de escolaridad en la capital boyacense.
El modelo educativo se desarrollará en las sedes de las instituciones educativas oficiales Julius Sieber, Gonzalo Suárez Rendón, Gran Colombiano, Silvino Rodríguez y la Institución Educativa Rural del Sur. El operador que resulte seleccionado deberá encargarse de la provisión de materiales pedagógicos, kits escolares para docentes y el reporte de la matrícula en el sistema SIMAT.
El proceso administrativo también contempla la participación de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales en psicología y trabajo social. Esta medida pretende asegurar la permanencia estudiantil y el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos que brinden herramientas de emprendimiento a los beneficiarios del programa.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐛𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬
𝐸𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎́𝑛𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟. 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒́𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎́𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛.
La Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja oficializó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. 001-2026, vinculando directamente al destituido alcalde Mikhail Krasnov. La investigación busca determinar la responsabilidad del exmandatario en el manejo de recursos públicos destinados al pago de arrendamientos de inmuebles para la administración municipal durante las vigencias 2024 y 2025.
De acuerdo con el auto de apertura, la auditoría detectó presuntas irregularidades en la fijación de los valores de los contratos No. 372 y No. 515 de 2025. Mientras que el incremento promedio de otros contratos de la alcaldía para ese periodo fue del 9,58%, los acuerdos señalados presentaron aumentos superiores sin que existieran mejoras en la infraestructura de los inmuebles ni bases legales que justificaran tales montos.
El presunto daño al patrimonio del municipio ha sido estimado inicialmente en seis millones trescientos sesenta mil seiscientos cincuenta pesos ($6.360.650). Esta cifra representa el excedente pagado por la administración por encima de los incrementos considerados legalmente procedentes, con corte al 31 de mayo de 2025.
Además del destituido Krasnov, el proceso vincula a otras dos integrantes de su equipo de gobierno. Entre ellas figura Ahiliz Rojas Rincón, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria del Interior y Seguridad Territorial, dependencia encargada de proyectar los estudios previos de los contratos; y quien actualmente ejerce como directora de la Unidad Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación (UMCITI) de Tunja. Así mismo, fue vinculada Luz Mila Acevedo Galán, quien fungía como directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal al momento de suscribirse los acuerdos.
La Contraloría procedió a realizar la notificación del proceso mediante aviso en su página web el pasado 28 de abril de 2026. Con esta decisión, el ente de control ordenó iniciar la etapa de recolección de pruebas y citar a los implicados a rendir versión libre y espontánea.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐞𝐱𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨-𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario general del Concejo Municipal de Tunja, Juan Pablo Neira Martínez, y la extesorera general de la corporación, Silia Inés Pulido Umaña, por la presunta omisión en el recaudo de los recursos de la estampilla pro-electrificación rural durante la vigencia 2022.
De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio Público, las irregularidades se habrían presentado en el manejo de este tributo, gravamen que establece un descuento del 1% sobre los contratos celebrados por la entidad para financiar la extensión del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del municipio y el departamento. La investigación señala que Neira Martínez, en su calidad de secretario general, habría permitido que no se realizara dicho descuento en los contratos suscritos entre el 4 de enero y el 23 de diciembre de 2022.
El material probatorio recaudado por el ente de control indica que durante el periodo señalado el Concejo de Tunja celebró contratos por un valor total de 1.199.775.332 pesos. Bajo el cumplimiento de la normativa tributaria, la corporación debió haber acreditado un recaudo de 11.997.753 pesos por concepto de la citada estampilla, rubro que, según la Procuraduría, no fue percibido por la administración.
Dentro del mismo proceso disciplinario, se investiga la conducta de Silia Inés Pulido Umaña, quien se desempeñaba como tesorera general del cabildo tunjano. La funcionaria habría omitido su obligación legal de efectuar los descuentos respectivos sobre los pagos realizados a los contratistas de la corporación durante el año 2022, lo que derivó en la falta de ingreso de los recursos a los fondos destinados a la inversión rural.
El organismo de control calificó estas conductas de manera provisional como falta grave cometida a título de culpa gravísima. Tras la notificación de los cargos, los implicados podrán presentar sus descargos y solicitar las pruebas que consideren necesarias para su defensa ante la delegada de la Procuraduría. El proceso busca determinar la responsabilidad de los exfuncionarios en el posible desvío de los fondos destinados al servicio de energía.
#Tunja #Economía #VidaDeHoy 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨́ 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝟒𝟎% 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐧̃𝐨
El número de personas vinculadas como empleados de gobierno en la capital boyacense registró un incremento del 42,6% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Mercado Laboral correspondiente al trimestre enero-marzo 2026 (DANE), Tunja pasó de tener 7.737 empleados públicos en marzo de 2025 a 11.039 en marzo de este año.
Este crecimiento de la nómina estatal ocurre a pesar de que el número total de personas ocupadas en la ciudad no aumentó, sino que presentó una leve disminución, al pasar de 77.678 a 77.274 trabajadores en el último año. El comportamiento de las cifras indica que, mientras el mercado laboral general se mantiene estancado, la dependencia de los puestos de trabajo financiados con recursos públicos ha ganado peso en la economía local.
El desglose de la ocupación en Tunja revela que, tras el empleo particular (37.267 personas), el trabajo por cuenta propia es la segunda fuente de ingresos con 25.173 ciudadanos, seguido ahora por los 11.039 empleados del Estado. Otras categorías como patrones o empleadores registraron 1.780 personas, mientras que el servicio doméstico alcanzó los 1.168 ocupados.
𝐋𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐣𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚: 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐜𝐢́𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
La reciente sesión de control en el Concejo de Tunja, que se extendió por más de siete horas hasta la madrugada del primero de mayo, dejó al descubierto las dos caras de la moneda del servicio de aseo en la ciudad. Por un lado, la empresa Urbaser S.A. E.S.P. exhibió una solvencia técnica y un cumplimiento normativo que mantienen a la capital boyacense con indicadores de limpieza superiores a la media regional. Por el otro, afloró un malestar ciudadano profundo que, aunque a menudo choca con las realidades de las fórmulas tarifarias nacionales, refleja una crisis de comunicación y de acompañamiento institucional por parte del municipio.
El despliegue técnico de Urbaser fue la respuesta directa a las dudas sobre el manejo ambiental en la vereda de Pirgua. La gerencia y su equipo de ingenieros demostraron que lo que la opinión pública califica a veces como un "relleno" es, en realidad, un Parque Ecológico y Tecnológico con inversiones que solo en 2025 superaron los 2.700 millones de pesos. Uno de los puntos más sólidos de la exposición fue el funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados por ósmosis inversa. Este sistema, de tecnología alemana y japonesa, logra filtrar los líquidos residuales de la basura hasta convertirlos en agua transparente, eliminando el 94% de la carga contaminante antes de su vertimiento al Río Jordán. A esto se suma la planta de captura de biogás, que hoy procesa 800 metros cúbicos por hora, evitando que toneladas de metano lleguen a la atmósfera, un esfuerzo técnico que ha posicionado a Tunja como un referente regional de innovación ambiental.
Sin embargo, esta solvencia tecnológica se enfrenta a un muro de incomprensión cuando llega al bolsillo del ciudadano. Urbaser fue enfática al explicar que no posee autonomía para fijar las tarifas. El costo del servicio es el resultado de una fórmula matemática rígida establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que indexa los precios al salario mínimo y a la inflación. En este sentido, el malestar ciudadano por el alto costo del recibo no es una disputa contra la eficiencia del operador, sino una confrontación con un marco regulatorio nacional que prioriza la sostenibilidad de la empresa para garantizar que la ciudad no se inunde de basura. La empresa aclaró que el servicio de aseo es un monopolio natural regulado, donde la libre competencia existe, pero donde la inversión en infraestructura, como los camiones Mercedes-Benz con norma Euro 5 y 6 que operan en Tunja; actúa como una barrera de entrada para competidores con menos músculo financiero.
Uno de los temas más álgidos y detallados de la noche fue el modelo de regionalización del Parque de Pirgua. La entrada de residuos de 125 municipios de Boyacá, lejos de ser un negocio de expansión caprichosa, es el soporte de la economía de escala que beneficia al usuario tunjano. Los expertos de Urbaser explicaron con cifras que, debido a la metodología tarifaria, a mayor volumen de residuos procesados, menor es el costo individual de disposición final. Si Tunja decidiera, por presión política, dejar de recibir la basura de sus vecinos, la carga operativa de la planta de Pirgua recaería exclusivamente sobre los habitantes de la ciudad, provocando un aumento inmediato y significativo en la tarifa de aseo. Es una verdad técnica contundente: el pasivo ambiental que asume Tunja por ser el centro regional de residuos es el mismo que evita que la factura del ciudadano sea el doble de lo que es hoy.
Esta regionalización, sin embargo, ha puesto a prueba los límites geográficos de la ciudad. El Secretario de Fomento, Juan Carlos Pérez, y el equipo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, advirtieron que la vida útil del parque se ha reducido de 10 a escasos 6.3 años debido a la carga de 580 toneladas diarias. El debate reveló una tensión constante con la Aeronáutica Civil por la cercanía del relleno al aeródromo Gustavo Rojas Pinilla (situado a 3.7 km frente a los 5.3 km exigidos), además del riesgo que supone para el acuífero de Tunja. Aunque Urbaser sostiene que la formación geológica arcillosa impide filtraciones, el municipio ha propuesto a la Procuraduría un cierre gradual a nuevos municipios para priorizar la basura local, denunciando que ciudades como Sogamoso y Duitama no han cumplido con su corresponsabilidad de habilitar sus propios nodos de disposición.
El debate también permitió diseccionar el papel de la administración municipal, que surgió como el socio que cobra pero no supervisa. Se reveló que el municipio, dueño del 30% de la empresa, ha recibido más de 2.400 millones de pesos en incentivos de regionalización desde 2020, dinero que por ley debe invertirse en saneamiento básico. La revelación de que la ciudad operó durante doce años sin constituir el Comité de Aseo, el órgano legal encargado de vigilar la prestación del servicio, dejó en evidencia una negligencia estatal histórica. Esta inacción explica por qué el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), responsabilidad de la Alcaldía, no se actualizaba seriamente desde 2017, permitiendo que nuevas zonas residenciales de Tunja crecieran sin rutas de barrido o recolección formalmente establecidas, un vacío que la empresa simplemente acató bajo los lineamientos que el mismo municipio le entregó.
En la esfera de la facturación, el conflicto de las "unidades habitacionales" fue abordado con rigor normativo. El cobro múltiple en viviendas con accesos independientes o comercios anexos no es una arbitrariedad de Urbaser, sino el cumplimiento del Decreto 1077 de 2015. La empresa defendió su necesidad de mantener un catastro de usuarios actualizado para que el costo del sistema sea distribuido equitativamente. No obstante, el dato de que existen 9.000 usuarios más en el servicio de aseo que en el de agua en Tunja, valida la percepción ciudadana de una "cacería" de suscriptores. La administración municipal, reconociendo el ruido social, prometió crear comités técnicos de acompañamiento para que el usuario no asuma solo la carga de la prueba frente a la empresa, aunque quedó claro que, mientras la norma nacional no cambie, el criterio del acceso independiente seguirá pesando en la factura.
La sesión también puso el foco en proyectos de innovación bloqueados por la burocracia institucional. El caso de la planta de autoclave para el tratamiento de residuos hospitalarios es emblemático: una tecnología que esteriliza desechos médicos mediante calor y presión, similar a una autoclave gigante, permanece sin funcionar en Tunja debido a disputas sobre el uso del suelo. Esta inversión de Urbaser, que evitaría el transporte de residuos peligrosos a largas distancias y generaría empleos locales, se encuentra en un limbo administrativo que perjudica la seguridad sanitaria de la región. De igual forma, el proyecto "Sorter", que promete extender la vida útil del relleno por doce años más mediante la separación mecánica de basura para crear combustible, depende de un cierre financiero atado al precio del carbón, demostrando que la sostenibilidad ambiental de la ciudad está sujeta a variables económicas que exceden el control del operador.
Al cierre de la sesión, en la madrugada, el balance técnico fue el de una empresa que cumple con creces sus compromisos contractuales y normativos, manteniendo a Tunja habitualmente limpia y a la vanguardia tecnológica. Sin embargo, la sesión dejó una herida abierta en la relación entre el Estado y el privado. Tunja se encuentra atrapada entre una ingeniería de alta precisión y un socio municipal que ha sido pasivo en la supervisión y lento en la planeación regional. El malestar ciudadano, aunque legítimo en su sentir económico, se enfrenta a una realidad técnica incontrastable: el servicio de aseo en Tunja funciona, está regulado y su costo es el precio de una sanidad que los municipios vecinos aún no han sido capaces de gestionar por cuenta propia. La tarea pendiente no es solo fiscalizar a la empresa, sino exigir que el municipio reinvierta las utilidades de la basura en el bienestar de la gente y asuma, por fin, el liderazgo de un socio que decide y no solo de uno que recauda.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐞 𝐲 𝐡𝐚𝐠𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de una sentencia de segunda instancia, ratificó la obligación de la administración departamental de intervenir de manera inmediata y permanente la infraestructura vial que comunica a los sectores de Barón Gallero, Chorro Blanco, La Lajita y La Germania. La decisión judicial no solo confirma las reparaciones ordenadas inicialmente para estos corredores del sur de la capital boyacense, sino que impone la ejecución de un plan de mantenimiento anual para asegurar que la recuperación de la transitabilidad sea definitiva y no se limite a acciones transitorias.
La Sala de Decisión 1, bajo la ponencia de la magistrada Laura Patricia Alba Calixto, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Gobernación contra el fallo proferido el 31 de julio de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja. El tribunal desestimó los argumentos de la entidad departamental, que solicitaba ampliar los plazos de ejecución y vincular a la Alcaldía de Tunja en la responsabilidad de las obras. La providencia dejó en claro que, según el Decreto departamental 1895 de 2008, la administración y conservación de estos tramos terciarios es competencia exclusiva del departamento.
El estado actual de las vías objeto del proceso evidencia un deterioro generalizado, con presencia de baches, boscamiento de la calzada y fallas en el sistema de drenaje que dificultan el transporte escolar, la movilidad de los habitantes y la salida de productos agropecuarios hacia los mercados locales. Entre los sectores que deberán recibir intervención prioritaria se encuentran los tramos Germania-Pijaos, Alto El Moral-Cazadero, Chorro Blanco-Barón Gallero y la ruta que conecta La Lajita con el sector del Puente de Boyacá.
Con el fin de mitigar estas deficiencias, la Gobernación dispone de un mes para concluir los estudios técnicos que determinen la necesidad de obras complementarias de mayor envergadura, tales como la construcción de puentes vehiculares, alcantarillas y cunetas de concreto. Una vez finalizado este diagnóstico, la entidad contará con un plazo de seis meses para agotar los trámites administrativos, presupuestales y contractuales requeridos para iniciar la ejecución física de dichas obras.
De forma paralela, el fallo ordena que en un término de cuatro meses se implemente un mantenimiento preventivo integral. Este debe incluir el perfilamiento de la calzada, la limpieza manual y mecánica de las cunetas actuales para garantizar su funcionamiento, así como el suministro y compactación de material de afirmado en las partes críticas de los trayectos rurales afectados por las temporadas de lluvias.
La sentencia también incluyó la creación de un comité de verificación para vigilar el cumplimiento estricto de los cronogramas y la calidad de los trabajos. Dicho comité estará integrado por los ciudadanos demandantes, el representante legal de la Gobernación de Boyacá, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, quienes deberán rendir informes periódicos al despacho judicial sobre los avances de la intervención en las veredas tunjanas mencionadas.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜́ 𝑢𝑛 𝑚𝑖́𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil enero-marzo, Tunja es la sexta ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 12,1%, es decir, 0,2 puntos porcentuales por encima de la registrada en el trimestre anterior. El promedio nacional fue del 8,8%. Este resultado también representa un estancamiento en comparativa con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró una tasa de desempleo del 12,2% en la capital boyacense para el mencionado trimestre móvil.
Tunja es la segunda ciudad con menor tasa de informalidad (34,9%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (35,7%), e igualmente disminuyendo en relación al registro de hace un año, cuando era del 42,1%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (34%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 145.278 personas en edad de trabajar, de estas, 10.681 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 2.946 personas.
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