𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨́ 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐡𝐞𝐠𝐞𝐦𝐨𝐧𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
La administración pública, la educación y la atención de la salud humana continuaron como los principales motores de ocupación en Tunja durante la primera mitad de 2026, al concentrar a 24.730 de los 77.864 trabajadores de la ciudad al cierre de junio, según los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El balance semestral refleja un mercado de trabajo con variaciones internas entre los sectores productivos y las formas de vinculación laboral. En el renglón de mayor peso, que incluye a la administración pública, la educación y la salud, la ocupación creció en más de 1.000 puestos frente al inicio del año, cuando registraba 23.714 personas, luego de haber alcanzado un techo de 24.982 vinculados entre febrero y abril.
En contraste, el comercio y la reparación de vehículos, que representa la segunda actividad en volumen de empleo en la capital boyacense, registró una pérdida de 825 plazas en los primeros seis meses del año. La rama pasó de emplear a 14.566 personas en el trimestre enero-marzo a contabilizar 13.741 ocupados en el período abril-junio.
Una tendencia similar a la baja se presentó en las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, sector en el que la ocupación descendió en 806 plazas, al pasar de 8.239 a 7.433 trabajadores en el semestre.
Por el contrario, el sector de transporte y almacenamiento reportó un incremento significativo al sumar 1.434 ocupados durante la primera mitad del año, subiendo de 5.056 personas en el primer trimestre a 6.490 en la medición de abril a junio. Asimismo, el renglón de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios aumentó en 926 plazas, alcanzando 5.331 ocupados al cierre del semestre frente a los 4.405 registrados a comienzos de año.
En el sector de la construcción se observó un comportamiento fluctuante. La actividad empezó el año con 5.780 trabajadores en el período enero-marzo, cayó a 5.033 en la medición de febrero a abril y cerró el primer semestre con una recuperación parcial de 238 puestos respecto a su punto más bajo, ubicando la cifra en 5.271 personas.
Las industrias manufactureras registraron una contracción al reducir su personal ocupado en 312 plazas, pasando de 3.906 a 3.594 personas, mientras que el sector agropecuario perdió 397 empleos al bajar de 1.156 a 759 ocupados. En contraste, la explotación de minas y canteras casi duplicó su participación en la ciudad al pasar de 265 a 492 trabajadores, lo que significó un aumento de 227 puestos, y el suministro de servicios públicos creció en 215 plazas, finalizando el semestre con 1.165 ocupados frente a los 950 de comienzos de año.
En las actividades con menores variaciones, el alojamiento y los servicios de comida mostraron una reducción de 142 puestos al pasar de 4.911 a 4.769 ocupados; la información y comunicaciones aumentó ligeramente en 35 plazas, subiendo de 1.835 a 1.870; el sector financiero y de seguros descendió en 155 trabajadores, bajando de 1.571 a 1.416, y las actividades inmobiliarias cayeron en 119 plazas, pasando de 914 a 795 vinculados entre el inicio del año y el corte de junio.
En cuanto a la clasificación por posición ocupacional, la categoría de obreros y empleados particulares creció en 2.751 personas entre enero y junio, al pasar de 37.267 a 40.018. Por su parte, la modalidad de trabajo por cuenta propia registró una caída sostenida de 1.884 plazas en el mismo período, al descender de 25.173 a 23.289 ocupados.
Finalmente, los obreros o empleados vinculados directamente al gobierno se redujeron en 441 personas, pasando de 11.039 en el trimestre enero-marzo a 10.598 en abril-junio. Dentro de los demás rubros analizados por la entidad estadística, la ocupación en el servicio doméstico ascendió en 412 personas hasta llegar a 1.580; los patrones o empleadores aumentaron en 67 plazas para situarse en 1.847; los trabajadores familiares sin remuneración cayeron en 183 para sumar 322, y los jornaleros o peones disminuyeron en 74 puestos, quedando en 208.
𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐦𝐚: 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐧𝐨 𝐥𝐨 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐲 𝐥𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐰𝐞𝐛
La Contraloría Municipal de Tunja tuvo que acudir a la publicación de dos avisos en su portal web institucional ante la imposibilidad de notificar personalmente en su domicilio registrado al exalcalde Mikhail Krasnov, con el fin de avanzar en dos procesos sancionatorios fiscales que se adelantan en su contra. Las comunicaciones físicas enviadas a su dirección oficial en el barrio La Fuente fueron devueltas por la empresa de correo con las novedades formales de cambio de domicilio en un caso y rehusado a recibir en el otro.
Los edictos digitales surten los efectos legales de la notificación de los autos de formulación de cargos dentro de los procesos 016-2025 y 017-2025, expedidos por la Oficina Jurídica del ente fiscalizador. Con estas publicaciones, el organismo de control dejó constancia del inicio del término de cinco días hábiles para que los implicados presenten sus descargos y aporten o soliciten las pruebas correspondientes en ejercicio de su derecho a la defensa.
El primer expediente, identificado con el número 016-2025 y derivado del auto del 5 de marzo de 2026, corresponde al presunto incumplimiento del plan de mejoramiento sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles para dependencias del municipio. Según la auditoría fiscal, la administración municipal reiteró en la vigencia 2025 las deficiencias detectadas en 2024 respecto a la falta de estudios previos de mercado y aumentos no justificados en los cánones de arrendamiento de sedes como la Comisaría Cuarta de Familia y la Secretaría del Interior, configurando un posible detrimento patrimonial de 6.360.650 pesos.
Por su parte, el segundo proceso sancionatorio, registrado bajo el número 017-2025 y correspondiente al auto del 18 de marzo de 2026, se fundamenta en el incumplimiento del plan de mejoramiento de la auditoría financiera y de gestión a la vigencia 2023, en el cual la Alcaldía de Tunja falló en acreditar el cumplimiento del 75 % de las acciones obligatorias en materia de contratación e infraestructura. En este expediente, que agrupa hallazgos administrativos con alcance disciplinario y fiscal como las irregularidades en el contrato 1009 de 2023 por 610.470.000 pesos, la baja calidad de obra en el contrato 1964 de 2023 por 74.878.017,05 pesos o los sobrecostos en el contrato 1022 de 2022 por 132.398.600 pesos.
Ante la devolución de las correspondencias físicas enviadas a la residencia en la capital boyacense, la notificación mediante la plataforma web institucional se convirtió en el procedimiento legal para evitar el estancamiento de las investigaciones fiscales. Frente a ambas providencias, calificadas provisionalmente a título de culpa grave, el ente de control precisó que no procede ningún recurso en la vía administrativa.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜́ 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜, 𝑎𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑢𝑣𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil abril-junio, Tunja es la sexta ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 11,6%, es decir, exactamente la misma registrada en el trimestre anterior (marzo-mayo). El promedio nacional fue del 8,3%.
Este resultado, refleja una tendencia de comportamiento sostenido frente al trimestre anterior, mientras que en la comparativa con el mismo periodo del año anterior se presentó un incremento, pues para dicho periodo pero de 2025 se registró una tasa de desempleo del 10,4% en la capital boyacense.
Tunja es la segunda ciudad con menor tasa de informalidad (35,1%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (35,6%), al que en relación al registro de hace un año, cuando era del 41,4%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (33,3%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 145.797 personas en edad de trabajar, de estas, 10.177 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.602 personas.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝟓𝟔 𝐲 𝟔𝟔
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó en segunda instancia la sentencia que declara la vulneración de los derechos colectivos al uso del espacio público y a la seguridad de los peatones que transitan por la Avenida Norte, entre calles 56 y 66, en ambos sentidos. La decisión judicial ratifica la responsabilidad del municipio en la planificación, recuperación y adecuación de esta infraestructura peatonal.
La providencia, proferida por la Sala de Decisión Tercera resolvió el recurso de apelación presentado por el municipio de Tunja contra el fallo del 12 de octubre de 2023, emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja. La administración municipal argumentaba que existían tramos de propiedad privada donde no podía invertir recursos públicos y solicitaba la vinculación de particulares al proceso. Sin embargo, el tribunal desestimó las pretensiones de la Alcaldía al no encontrarse probada la titularidad privada de los predios y al recordar que la protección del espacio público es una obligación constitucional del ente territorial.
El fallo establece un cronograma progresivo de cumplimiento para la administración municipal. En un plazo de seis meses, la Alcaldía deberá adelantar un estudio de titularidad de los predios entre las calles 56 y 66 para determinar las acciones administrativas o judiciales de adquisición o declaratoria de espacio público. Cumplida esta fase, dispondrá de seis meses adicionales para ejecutar dichos trámites legales.
Posteriormente, el municipio tendrá un año para apropiar los recursos presupuestales, contratar y elaborar los estudios y diseños técnicos requeridos para la intervención. Finalizada la etapa de diseño, la entidad contará con un año para surtir la contratación de las obras y un plazo máximo de dos años para culminar la construcción y adecuación física de los andenes, garantizando especificaciones técnicas de accesibilidad como rampas y losetas podotáctiles.
Para supervisar la ejecución de las órdenes, la providencia dispuso la conformación de un comité de verificación integrado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Tunja y el actor popular, Yesid Figueroa.
𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐳𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟏𝟏 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Recientemente fue cargado al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop II, un proceso de selección cuyo fin es contratar los estudios y diseños de Fase III para el reforzamiento estructural y la adecuación del inmueble ubicado en la Carrera 11 con Calle 17 en Tunja.
El proceso de contratación, adelantado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja bajo la modalidad de concurso de méritos abierto e identificado con el número DESAJTU-CM-001 de 2026, asigna una inversión de 1.366.975.335 millones de pesos para la elaboración completa de la ingeniería y la arquitectura detallada que requiere el edificio. La estructura, localizada específicamente en la Carrera 11 número 17-53, cuenta con una superficie de intervención de 6.025 metros cuadrados distribuidos en sus diferentes plantas, donde operarán nuevas sedes de juzgados para la ciudad.
El alcance técnico de la consultoría exige un diagnóstico integral del estado físico actual del inmueble para subsanar sus deficiencias de vulnerabilidad sísmica. El consultor seleccionado deberá realizar estudios de patología estructural, ensayos de materiales y un diseño de reforzamiento bajo la norma colombiana sismo resistente NSR-10, asegurando que la edificación quede adaptada a las exigencias de ocupación institucional de servicio público.
Además de la consolidación de la estructura, el proyecto incluye el diseño arquitectónico interior completo, el esquema bioclimático y la especificación de mobiliario para los despachos. En el componente técnico, los estudios abarcan el rediseño total de la red hidrosanitaria y de gas, la implementación de un sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado, la actualización del cableado estructurado para voz y datos, y la instalación de sistemas especiales de sonido e iluminación interior y exterior.
Un aspecto central dentro de la propuesta técnica es la seguridad de los usuarios y servidores públicos que acudirán a estas dependencias. Para ello, la consultoría contempla el diseño detallado de un sistema de seguridad humana y de una red contra incendios que combine mecanismos de extinción por agua y detección temprana de humo, en cumplimiento de los estándares vigentes de protección. De igual forma, el trabajo exige el modelado digital de la infraestructura bajo la metodología BIM y la integración de criterios de eficiencia energética con tecnología LED.
El cronograma oficial del proceso fija el 4 de agosto de 2026 como fecha límite para recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones. La publicación del pliego definitivo y la apertura formal del concurso se realizarán el 5 de agosto, mientras que la recepción de propuestas por parte de las firmas interesadas cerrará el 12 de agosto a las 9:00 a. m.
Tras la evaluación de las ofertas, la adjudicación del contrato está programada para el 24 de agosto de 2026. La firma consultora que obtenga el contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de la firma del acta de inicio. Dentro de ese periodo deberá entregar los diagnósticos, memorias de cálculo, planos récord, presupuestos finales y radicar el trámite de la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana, con fecha límite de finalización del contrato establecida para el 31 de diciembre de 2026.
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐄𝐥𝐢𝐞́𝐜𝐞𝐫 𝐆𝐚𝐢𝐭𝐚́𝐧 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de segunda instancia, confirmó la orden que obliga al municipio de Tunja y a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. a ejecutar intervenciones viales y de alcantarillado en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.
La decisión resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2022 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, la cual tuteló los derechos colectivos al goce del espacio público, la defensa del patrimonio público y el acceso a servicios públicos eficientes. La acción popular fue interpuesta por las ciudadanas Liz Valentina Auzaque Corredor, Laura Katherine Quevedo Bayona y Danna Nohelly Robayo Castro debido al deterioro de las vías y la falta de manejo de aguas lluvias en el sector.
El fallo ordena a la administración municipal realizar en un plazo de dos meses los trámites administrativos para la cesión obligatoria de las áreas de la Transversal 12 entre calles 31 y 31A, la Carrera 14 entre calles 30 y 31, la Calle 30 entre carreras 14 y 15, y la Calle 31B entre Carrera 13 y Transversal 11. Así mismo, el municipio deberá gestionar en un periodo de tres meses los recursos presupuestales para las obras de pavimentación e iniciar los procesos contractuales correspondientes dentro de los seis meses posteriores.
Respecto a Veolia Aguas de Tunja, el Tribunal desestimó los argumentos del recurso en el que la empresa solicitaba ser eximida, aclarando que, al no haberse efectuado la separación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad, el concesionario mantiene la responsabilidad de operar el sistema unitario según el contrato de concesión 132 de 1996. Sin embargo, la corporación judicial adicionó el fallo de primera instancia para precisar que la construcción específica de bermas, bordillos, cunetas y sumideros para el drenaje de la vía estará a cargo exclusivo del municipio.
El Tribunal negó la solicitud del municipio de Tunja de ampliar los plazos para las gestiones de cesión vial, señalando que la entidad contó con el tiempo del trámite procesal para adelantar las gestiones preliminares necesarias.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐒𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚𝐦𝐚 𝐲 𝐒𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐚
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja admitió una demanda de acción popular instaurada por el ciudadano Miguel Orlando García Pacheco contra la administración municipal de Tunja, en la que se solicita la intervención de diversos tramos viales deteriorados que comunican a los barrios Surinama y Siberia.
El recurso judicial busca la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como el acceso a servicios públicos eficientes y oportunos para la comunidad del sector. Según lo expuesto en el proceso, la solicitud beneficia a los residentes de ambos barrios colindantes, además de transeúntes, conductores, adultos mayores y niños que transitan por la zona.
Entre los sectores específicos requeridos para labores de mantenimiento, interventoría y pavimentación se encuentran la carrera 12B entre calles 1D y 1A, la carrera 11B con calle 1A, y diversos tramos ubicados sobre la carrera 12 y sus intersecciones. La decisión del juzgado se dio tras verificar el cumplimiento de la reclamación previa realizada mediante un derecho de petición elevado ante la administración municipal el 25 de enero de 2026, el cual fue respondido el 2 de febrero del mismo año.
Con la admisión del trámite, la jueza ordenó notificar al municipio de Tunja, otorgándole un plazo de diez días para responder a la demanda.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐚 𝐕𝐢́𝐚 𝐚 𝐓𝐨𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad vial y el desarrollo urbano ordenado, ordenando a la Alcaldía de Tunja la realización de estudios técnicos, gestiones presupuestales y la ejecución de obras de intervención en la Avenida Universitaria, en el tramo comprendido entre la Glorieta del Gobernador y la antigua vía a Toca (Calle 22). La decisión judicial respondió a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, en la cual se evidenció el deterioro en la capa de rodadura de este corredor vial de la zona oriental de la capital boyacense.
La sentencia fijó un esquema de plazos estrictos y progresivos que la administración municipal deberá cumplir a partir de la ejecutoria del fallo para garantizar la recuperación de la vía:
El municipio cuenta con un término inicial de tres meses para elaborar la totalidad de los estudios técnicos sobre el tramo vial. Estos análisis deberán determinar con precisión la severidad de las patologías del suelo y definir el tipo de intervenciones estructurales requeridas para asegurar la durabilidad y la transitabilidad en la zona.
Una vez vencido el plazo fijado para la entrega de los estudios, la administración municipal tendrá tres meses adicionales para adelantar los procesos precontractuales y contractuales pertinentes, así como la correspondiente asignación de los recursos presupuestales necesarios para financiar las obras.
Cumplida la fase de contratación y apropiación de recursos, la Alcaldía de Tunja dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutar las obras de intervención y mantenimiento de la vía, ajustándose rigurosamente a los diagnósticos obtenidos en la etapa de estudios.
Dentro de los diez días siguientes al vencimiento de cada una de las tres etapas establecidas, el ente territorial estará obligado a remitir un informe detallado al Juzgado Octavo Administrativo, adjuntando el material probatorio que acredite los avances en los estudios, la contratación pública y la ejecución física de las obras.
Adicionalmente, el despacho judicial impartió una orden de cumplimiento inmediato. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, la Alcaldía de Tunja deberá realizar labores de mantenimiento preventivo y señalización en los puntos con mayor riesgo de accidentalidad, tomando como referencia el informe pericial técnico rendido dentro del proceso por el ingeniero civil Steeven René Rojas Acero.
Durante el proceso, la Secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja sostuvo que el estado general de la vía era operativo e indicó que las fallas del pavimento corresponden a puntos aislados y no a un colapso estructural generalizado, mencionando límites de capacidad fiscal para ejecutar una reconstrucción total. Sin embargo, el dictamen pericial incorporado al expediente determinó que, si bien el corredor conserva condiciones aceptables en un porcentaje significativo, registra hundimientos severos (como el identificado en la calzada oriental frente al edificio InAltezza por fallas en la estructura interna del pavimento), así como fisuras, baches y ondulaciones.
El peritaje técnico concluyó además que la zona presenta deficiencias funcionales por la ausencia de andenes continuos a los costados de la vía, la falta de infraestructura y señalización para ciclistas, el desgaste en la demarcación horizontal y la carencia de señalización vertical en intersecciones, factores que elevan el riesgo para los peatones y conductores que transitan por este sector conexo al viaducto Juan Nepomuceno Niño.
Para vigilar el cumplimiento de las órdenes dictadas en la providencia, la jueza dispuso la conformación de un comité de verificación que se reunirá periódicamente. Dicho comité quedó integrado por el actor popular, el alcalde de Tunja, el secretario de Infraestructura Territorial, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Personero Municipal y la procuradora delegada ante el juzgado, quienes deberán presentar informes de seguimiento cada dos meses.
El candidato de la Alianza social Independiente resultó ganador de las elecciones atípicas realizadas este domingo 26 de julio en la capital boyacense. Con el 92,54% de las mesas escrutadas, Acevedo tiene en su haber 9.364 votos, sacando una diferencia irremontable a esta altura de la jornada para su más inmediato contendor, Yamir López, quien tiene a esta altura de la tarde 8.273 votos.
𝐏𝐨𝐥𝐞́𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐟𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞
La Alcaldía encargada de Tunja adjudicó el Convenio de Asociación número 1270 de 2026 para la organización, desarrollo y producción de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense a la Fundación Cultural Solsticio, una entidad sin ánimo de lucro radicada en Sogamoso. La entrega del proceso contractual se concretó luego de que la organización privada figurara como la única oferente dentro del trámite administrado por el municipio, un proceso que se cargó y resolvió en el tramo final de la administración interina y que quedó bajo la supervisión de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de la capital boyacense.
El trámite del convenio fue cargado en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) por la administración de la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, una semana antes de concluir su encargo. La adjudicación y firma formal del documento con el representante legal de la entidad privada, Edwin Yesid Barrera Izquierdo, se dio a dos días de finalizar dicha gestión interina, estableciendo una cuantía global de 14.285.714.286 pesos.
El esquema de financiamiento pactado en el contrato determina que la Alcaldía de Tunja aporta de manera directa 10.000.000.000 de pesos en recursos públicos del erario municipal, respaldados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20263147. El 81,3% de esta apropiación proviene del balance bajo la figura de superávit, distribuidos en una línea principal de 7.510.719.928 pesos y una complementaria de 624.497.597 pesos, sumados a rubros ordinarios de la sectorial de Cultura.
Los 4.285.714.286 pesos restantes para completar el valor total del convenio se fijaron como un aporte en especie a cargo de la Fundación Cultural Solsticio. Este monto corresponde a una estimación de recaudo derivada de la concesión exclusiva otorgada a la entidad privada para la comercialización del evento. Mediante este esquema, la fundación asume el derecho de explotación comercial sobre la venta de boletería, la gestión de patrocinios públicos y privados, así como la venta de alimentos, confitería y bebidas en los escenarios habilitados durante las festividades.
El plazo fijado para la ejecución de las obligaciones contractuales es de cinco meses a partir de la firma del acta de inicio, documento que el supervisor del convenio debe cargar en la plataforma SECOP II dentro de los tres días siguientes a su suscripción. Para la entrega de los 10.000.000.000 de pesos públicos, la administración municipal pactó un primer desembolso del 50% en calidad de pago anticipado, condicionado a la aprobación de garantías, registro presupuestal y la apertura de una cuenta bancaria exclusiva a nombre del convenio por parte del contratista, cuyos rendimientos financieros deberán ser devueltos al Departamento Administrativo de Hacienda municipal.
El segundo desembolso, equivalente al 40% de los fondos municipales, se ejecutará una vez la supervisión verifique que la fundación presentó formalmente diez contratos firmados con artistas, cinco contratos para el desfile de carrozas de nivel nacional y las certificaciones de pago al sistema de seguridad social del personal. El 10% restante se entregará como pago final tras la liquidación del convenio, previa entrega del informe técnico y financiero consolidado junto con los paz y salvos contables de proveedores.
En las especificaciones técnicas estipuladas en el documento contractual, la Fundación Cultural Solsticio debe proveer la infraestructura y producción para el escenario principal. El requerimiento contempla un techo tipo ground support de 17 por 12 metros a 12 metros de altura, tarima central de 15 por 12 metros, consolas de iluminación GrandMA3, pantallas led Pitch 3,9 mm con procesadores Novastar, sistemas de sonido L-Acoustics K1 y K2 con consolas Digico Quantum 338 y Avid S6L, circuito cerrado de televisión a cuatro cámaras Blackmagic y el backline musical detallado en los pliegos.
Para los desfiles de carrozas y comparsas del Aguinaldo Boyacense, el contratista tiene a su cargo la coordinación de catorce estructuras. Cinco de ellas deberán encargarse a artistas nacionales galardonados en festivales declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, mientras que las nueve restantes se asignarán a artesanos de Tunja mediante convocatoria pública. La fundación debe aportar la bodega para el ensamblaje, el transporte de las estructuras, catorce camionetas estacas con conductor, cinco grupos de danza y cuarenta operarios de logística.
El convenio obliga además a que la entidad seleccionada realice una convocatoria pública para contratar a 21 artistas musicales de la región, la selección de siete cuenteros para las novenas, la logística de la carrera de la familia y el pago total de las obligaciones por derechos de autor ante Sayco y Acinpro. El esquema de garantías exige un amparo del 100% para el pago anticipado, 20% por cumplimiento, 10% para salarios y prestaciones laborales, 20% para la calidad del servicio y una póliza de responsabilidad civil extracontractual fijada en 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
𝐏𝐚𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐠𝐫𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte (UCAD) ubicada en el sector de la sede norte del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (Irdet), continúa sin prestar servicios a la comunidad ni a los deportistas de la ciudad a pesar de que su construcción física fue concluida a finales de 2023. La falta de redes internas de gas natural, la imposibilidad legal de concretar el convenio de traspaso del inmueble debido a la Ley de Garantías, la ausencia de un registro de habilitación médica y la incertidumbre sobre la instalación y el mantenimiento de los equipos biomédicos adquiridos mantienen la edificación a puertas cerradas y sin una fecha definida de apertura.
El estado actual de esta infraestructura y el diagnóstico de la dotación técnica fueron expuestos detalladamente por el gerente del Irdet, Ricardo Caro Guevara, durante una intervención en la más reciente sesión del Concejo Municipal de Tunja. En su exposición ante los concejales, el funcionario hizo un desglose sobre los factores operativos, jurídicos y presupuestales que han impedido la puesta en marcha de la obra.
Entre los factores principales que frenan el funcionamiento de la UCAD destaca la falta de infraestructura para el suministro de gas natural en el interior del recinto. Aunque la controversia inicial por la ausencia de redes en el sector se solucionó tras la construcción de la nueva sede vecina de la Sijín, lo que permitió la llegada de la red pública, la edificación carece de las tuberías internas y de la acometida requerida para la conexión. Obras de adecuación que tienen un costo estimado entre 12 y 15 millones de pesos y sin las cuales varios de los equipos biomédicos no pueden operar.
A esta limitante física se suma un obstáculo de carácter legal y administrativo. El Irdet no puede disponer del bien ni intervenir la estructura debido a que el convenio interadministrativo con la Alcaldía de Tunja para la transferencia de la propiedad no pudo suscribirse por las restricciones normativas de la Ley de Garantías. Actualmente, el instituto únicamente custodia las llaves del recinto porque la dotación adquirida permanece almacenada en su interior, mientras que la posesión legal continúa formalmente bajo el Almacén Municipal y la Secretaría de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública tras la entrega realizada por la Secretaría de Infraestructura en febrero de 2026. Una vez superada la restricción legal, ambas entidades podrán firmar el convenio para transferir la propiedad.
Asimismo, la entrada en operación depende de la tramitación de licencias ante el sector salud. Debido a que la UCAD está concebida para la prestación de servicios médico-deportivos, las instalaciones requieren obligatoriamente un registro de habilitación médica otorgado por las autoridades competentes. Para dar cumplimiento a este requisito, la administración municipal debe evaluar si asume la operación directa, lo que exigiría la contratación de un equipo profesional con especialistas en deportología, psicología y morfología, o si entrega la infraestructura en concesión o alianza a entidades públicas de salud como la ESE Santiago de Tunja o el Hospital San Rafael, o a un operador privado que retribuya recursos económicos al Irdet y garantice la atención de los deportistas locales.
En cuanto al equipamiento especializado, se confirmó que la totalidad de los 14 equipos adquiridos para mediciones físico-deportivas, diseñados para evaluar parámetros como ritmo cardíaco y capacidad respiratoria, se encuentran resguardados dentro del inmueble tras las verificaciones e inventarios realizados durante el proceso de entrega. No obstante, los componentes de instalación, capacitación para el uso y mantenimiento correctivo no se ejecutaron debido al cierre prolongado de las instalaciones durante más de dos años. Caro Guevara señaló además tener conocimiento no oficial sobre litigios judiciales en curso entre el proveedor al que se adjudicó la dotación y la empresa importadora que suministró los elementos por presuntas deudas financieras pendientes, una situación que podría derivar en inconvenientes para la revisión experta, la actualización de software o el mantenimiento preventivo de los aparatos, aclarando que el Irdet no hace parte de dichas demandas ni registra deudas contractuales con el contratista.
Toda esta situación técnica y operativa se deriva del desarrollo de dos procesos contractuales independientes ejecutados durante la fase inicial del proyecto. La construcción física de la edificación de ladrillo y cemento estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Tunja mediante el contrato de obra 1002 de 2022, suscrito con la Unión Temporal UCA para estudios, diseños, licencias y edificación, con un plazo inicial de ejecución de siete meses y fecha de inicio registrada el 20 de mayo de 2022.
Ese contrato de obra civil se pactó inicialmente por un valor de 654.186.722 pesos, pero registró suspensiones, una primera adición presupuestal de 294.208.000 pesos con prórrogas acumuladas de tres meses y 15 días, y un segundo adicional por 332.645.078 pesos y un mes más de prórroga. Con estas modificaciones, el valor total de la construcción ascendió a 981.040.762 pesos, con un tiempo final de ejecución de 10 meses y 15 días, y una fecha formal de liquidación fijada para el 23 de septiembre de 2025. Aunque la obra física concluyó entre septiembre y diciembre de 2023 y contó con un acto de inauguración protocolario, no pudo entrar en servicio en ese momento por las objeciones en la recepción asociadas al servicio de gas, entregándose formalmente a Infraestructura en septiembre de 2025 y posteriormente al Almacén Municipal en febrero de 2026.
Por otro lado, la dotación técnica fue gestionada directamente por el Irdet a través del contrato NP 001 de 2023, suscrito el 6 de noviembre de 2023 con el Consorcio CAT, representado legalmente por Andrés Fernando Sarmiento Quivo. El objeto contractual estableció la entrega, instalación, capacitación para el funcionamiento y mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos. Este contrato tuvo un costo inicial de 1.049.579.607 pesos, sumó una adición de 11.588.000 pesos para un valor final de 1.061.167.607 pesos, y finalizó sus plazos en diciembre de 2023, figurando actualmente como formalmente liquidado y sin deudas pendientes por parte del instituto. A finales de ese mismo año, por disposición de la gerencia de la época, los equipos fueron trasladados desde la sede San Antonio hacia la UCAD en la sede norte, donde permanecieron custodiados bajo llave hasta la verificación final de su inventario.
El ciudadano y abogado Marco Antonio Palma Luna radicó un derecho de petición ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en el que exige conocer de manera detallada las razones jurídicas y fácticas que motivaron la decisión de negar la revocatoria de inscripción de la candidata a la Alcaldía de Tunja, Sandra Milena Estupiñán Orjuela. La solicitud se da a pocos días de las elecciones atípicas programadas en la capital boyacense.
De acuerdo con el documento presentado ante el organismo electoral, durante la audiencia pública del pasado 21 de julio no se dio lectura integral a la Resolución 3404 ni se expusieron las motivaciones individuales de los magistrados que votaron a favor de la ponencia presentada por el magistrado Alfonso Campo Martínez. El accionante señala que posterior a la diligencia tampoco recibió el texto oficial del fallo en su correo electrónico, sino la Resolución 2403, correspondiente a un trámite de recusaciones sin relación con la decisión de fondo.
En el recurso elevado ante la autoridad electoral se argumenta que la ausencia de fundamentación pública e individual vulnera el derecho al debido proceso, la transparencia y la garantía de contradicción. Palma Luna sostiene que la falta de notificación sobre los argumentos del fallo obligó a presentar el recurso de reposición bajo presunciones hipotéticas para evitar la caducidad del término legal, sin contar con la motivación formal sobre la cual la autoridad basó la continuidad de la candidatura.
Ante esta situación, la petición formal ante el Consejo Nacional Electoral solicita la entrega de la copia auténtica de la Resolución 3404, el desglose de los argumentos jurídicos de la ponencia y la copia de las intervenciones y votos de los magistrados participantes. De igual forma, el ciudadano insta al organismo a emitir una respuesta de fondo frente al recurso de reposición antes del 26 de julio de 2026, fecha en la cual los habitantes de Tunja acudirán a las urnas para elegir alcalde.
𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝘆𝗮𝗰𝗮́ 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂́𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝘁𝗶́𝗽𝗶𝗰𝗮
De forma paralela a las actuaciones ante la autoridad electoral, el accionante presentó un memorial de prueba sobreviniente e impulso procesal dentro de la acción de tutela que cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. Mediante este recurso se busca la revocatoria del fallo de primera instancia proferido el pasado 6 de julio por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, con el fin de obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales invocados y la adopción de medidas cautelares antes de los comicios atípicos.
El documento judicial expone que la aspirante incurre en causales de inhabilidad e incompatibilidad al haber sido electa y ejercido como concejala de Tunja para el periodo constitucional 2024-2027. Según el escrito, la renuncia al cargo presentada el 10 de junio de 2026 no exime la prohibición de coincidencia de periodos ni elimina las restricciones legales vigentes durante los seis meses posteriores a la dimisión, por lo que se solicitó al tribunal ordenar la revocatoria de la inscripción antes de la jornada electoral programada en la capital del departamento.
El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá (Indeportes Boyacá) aceptó la solicitud formal presentada para el uso del Estadio La Independencia de Tunja el próximo 6 de agosto de 2026, fecha en la que se realizará el concierto de la agrupación musical Grupo Firme, coincidiendo con la conmemoración de los 487 años de la capital boyacense, más allá de que no sea un acto oficial en el marco de dicha celebración. De acuerdo con el documento oficial firmado por el gerente de la entidad, Miguel Fernando López Sarmiento, la contraprestación fijada para autorizar el alquiler del escenario deportivo asciende a un valor de 44.500.000 pesos, cobro que se recibirá en especie mediante una combinación entre boletería y trabajos de mantenimiento para la gramilla del estadio.
La propuesta técnica para el espectáculo público fue radicada por Héctor Cristancho Acosta, representante legal de la Fundación de Formación y Apoyo Musical de Colombia (Famudcol). En el trámite ante el Indeportes Boyacá, la entidad organizadora solicitó el préstamo del recinto deportivo señalando un aforo proyectado de 15.000 asistentes. El cronograma dispuesto prevé la entrega del escenario a partir del 4 de agosto para adelantar las actividades de montaje y producción, y establece la finalización del desmonte y entrega definitiva para el 8 de agosto de 2026.
Para la aplicación de la tarifa de retribución, Indeportes Boyacá sustentó el cobro de los 44,5 millones de pesos en las atribuciones del artículo cuarto del Acuerdo No. 01 del 23 de enero de 2026, norma interna que reglamenta los costos y condiciones para el uso de la infraestructura del Estadio La Independencia.
Asimismo, la administración departamental fijó requisitos de obligatorio cumplimiento para la ejecución de la presentación, entre los que se contempla un límite en las pruebas de sonido y durante el concierto que no podrá superar los 50 decibeles. De igual manera, el organizador deberá acreditar la resolución de autorización expedida por la Alcaldía de Tunja a más tardar una semana antes del evento, junto con el plan para la protección de la gramilla mediante un sistema de estibas plásticas con respiradores y una cuadrilla de 100 personas para su retiro.
𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐚𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐚𝐣𝐞𝐝𝐫𝐞𝐳
El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió para su trámite en primera instancia una acción popular interpuesta por Julián Camilo Niño en contra del municipio de Tunja. El recurso judicial busca la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad de los peatones, el uso del espacio público y la prevención de riesgos en un tramo de la Avenida Oriental cercano al monumento al ajedrez.
A través del medio de control constitucional, el demandante solicita garantizar el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el desarrollo urbano ordenado para resguardar a los transeúntes y vecinos del sector.
La acción legal señala una presunta omisión por parte de la administración municipal al no acreditar una actuación integral, oportuna, coordinada y eficaz frente a la situación del espacio público, la vegetación y las condiciones de seguridad en la zona aledaña a los predios ubicados en la Avenida Oriental con nomenclatura números 29-66, 29-68 y 29-78, referidos en el expediente en relación con un muro, cerramiento y posible afectación peatonal.
Mediante la providencia con fecha del 14 de julio de 2026, la corporación judicial ordenó notificar personalmente al representante legal del municipio de Tunja y al agente del Ministerio Público. A partir de la notificación, las partes contarán con un término de diez días hábiles para contestar la demanda y solicitar la práctica de las pruebas que consideren necesarias.
El despacho judicial dispuso además el envío de oficios a los Juzgados Administrativos de Tunja, al Tribunal Administrativo de Boyacá y a la Defensoría del Pueblo para que certifiquen si en esas dependencias cursa o se ha fallado algún proceso similar relacionado con los mismos hechos y pretensiones colectivas en la zona descrita.
𝐅𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚 𝐬𝐞𝐢𝐬 𝐝𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚
La administración municipal encargada de Tunja concentró una significativa actividad en materia de contratación y movimientos de personal, registrando el cargue de 38 procesos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) y la expedición de cinco decretos de nombramiento en provisionalidad en menos de 96 horas.
El repunte de la actividad institucional, concentrado entre el miércoles 15 y la tarde del sábado 18 de julio de 2026, se ejecutó a una semana de las elecciones atípicas programadas para el 26 de julio que definirán el nuevo rumbo político de la capital boyacense, dejando comprometidos recursos públicos y privados para eventos del municipio presupuestados para ejecutarse durante el segundo semestre del año.
En la recta final del mandato provisional de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, la plataforma contractual del Estado evidenció el cargue de 36 órdenes de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, formalizadas en su gran mayoría durante las jornadas del viernes y el sábado.
Los objetos de estas contrataciones directas abarcan tareas de defensa jurídica, soporte informático para las nóminas de docentes, gestión de archivos y asesorías especializadas para el despacho en planeación, movilidad e infraestructura.
Es importante precisar que el valor total estipulado para estas prestaciones individuales oscila entre los 7.644.000 pesos y los 46.750.000 pesos. Estos montos corresponden a la cuantía global de la ejecución por la totalidad del tiempo pactado en cada contrato y no a honorarios de carácter mensual.
A este paquete de contratos civiles se sumó la firma de cinco decretos para proveer el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 09, en la planta central de la Alcaldía. Los actos administrativos fijaron asignaciones mensuales de 3.427.169 pesos por cada plaza, bajo los argumentos técnicos de mitigar contingencias operativas e insuficiencia de personal asistencial reportadas por la Unidad Especial de Contratación Estatal, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Fomento y Servicios Públicos.
El componente de mayor cuantía en este cierre de gestión se consolidó durante el fin de semana con la publicación de dos procesos bajo regímenes contractuales especiales de gran envergadura.
El primero de ellos, radicado bajo el número RE-AMT-0052026 el viernes 17 de julio de 2026 a las 7:39 p.m., corresponde a un convenio de asociación con entidades sin ánimo de lucro regido por el Decreto 092 de 2017 para la organización y ejecución de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense, cuya ingeniería financiera se estructuró en una suma exacta de 14.285.714.286 pesos.
De dicha cantidad, el municipio asume un aporte directo en dinero de 10.000.000.000 de pesos extraídos del erario. Los restantes 4.285.714.286 pesos se fijaron como un aporte en especie obligatorio que debe ejecutar el contratista seleccionado mediante el recaudo de boletería, comercialización de licores, zonas de alimentación y patrocinios durante las verbenas programadas entre el 16 y el 22 de diciembre de 2026 en el Estadio La Independencia.
El segundo proceso de magnitud, identificado como RE-AMT-0062026 y publicado el sábado 18 de julio de 2026 a las 4:10 p.m., cuenta con una asignación presupuestal estimada de 850.000.000 de pesos de fondos propios del municipio, amparados en los certificados de disponibilidad presupuestal números 20263144 y 20263146, destinados a la organización y desarrollo del Día del Campesino.
La festividad institucional, que habitualmente se realiza el primer domingo de junio, debió postergarse de manera excepcional por falta de recursos iniciales que requirieron posterior aprobación ante el Concejo Municipal. La Alcaldía argumentó que las restricciones por la Ley de Garantías Electorales no aplican al adelantarse bajo una modalidad competitiva con Entidades Sin Ánimo de Lucro y no mediante una asignación directa.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝟖𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝟐𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐢́𝐩𝐢𝐜𝐚𝐬
La Alcaldía de Tunja publicó en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública un proceso de régimen especial con ofertas por un valor estimado de 850.000.000 pesos para la organización y desarrollo de la conmemoración del Día del Campesino en el municipio. De acuerdo con el cronograma oficial de la contratación, el proceso fue abierto el pasado 18 de julio de 2026 y prevé la firma e inicio del contrato para el viernes 24 de julio. La ejecución de las actividades lúdicas y culturales está programada para el sábado 25 de julio, coincidiendo con las 24 horas previas a la jornada de elecciones atípicas que se llevará a cabo en la capital boyacense el domingo 26 de julio.
Los estudios previos del proceso RE-AMT-0062026, proyectados por la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos y la Secretaría de Cultura, justifican la realización del homenaje debido a que aproximadamente el 5% de la población tunjana habita en el sector rural, distribuida en las 10 veredas del municipio. La administración local argumentó en los documentos que la festividad institucional, que habitualmente se realiza el primer domingo de junio, debió postergarse de manera excepcional porque el municipio no contaba inicialmente con los recursos económicos, los cuales requirieron un trámite de aprobación presupuestal posterior ante el Concejo Municipal. Frente a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales por los comicios vigentes en la ciudad, la Alcaldía de Tunja consignó en los fundamentos jurídicos que las prohibiciones de contratación no aplican para este caso, argumentando que el proceso se adelanta bajo una modalidad competitiva con Entidades Sin Ánimo de Lucro y no mediante una asignación directa.
El desarrollo logístico y técnico del evento contempla la atención directa de 4.200 pequeños productores agropecuarios de la región. Dentro de los componentes económicos desglosados en el presupuesto oficial, el rubro de mayor cuantía corresponde a los incentivos productivos para la comunidad rural, consistentes en la adquisición de 4.200 palines y picas con agarre, por un valor total de 441.000.000 pesos. Asimismo, el contrato incluye el suministro de 4.200 almuerzos tradicionales basados en una picada boyacense de 500 gramos con carne de cerdo, longaniza, salchicha, rellena y papa criolla, acompañados de una bebida, por un costo fijado en 180.600.000 pesos.
La programación cultural estipula la contratación de dos agrupaciones musicales de trayectoria nacional especializadas en música carranguera, destinando para ello un presupuesto de 60.000.000 pesos, complementado con un esquema de apoyo logístico de 20 personas para eventos masivos tasado en 80.000.000 pesos. Adicionalmente, el contratista deberá encargarse del alquiler de sonido profesional con amplificadores de 2.000 vatios, la instalación de dos tarimas con carpas y pantallas, y el transporte de 100 mesas y 100 sillas hacia los puntos de encuentro urbano y rural.
La jornada integrará la organización de los denominados juegos chiroposos campesinos, los cuales abarcan competencias tradicionales como el rally campesino, la carrera de encostalados, el lanzamiento de manila, el mejor enlazador criollo y los concursos de peladores de papa. Para la premiación y coordinación de estas actividades deportivas, el presupuesto oficial asignó recursos para la entrega de herramientas de labor y electrodomésticos para el hogar, distribuidos en 100 machetes de acero de 60 centímetros, 100 baldes plásticos de 20 litros, 40 licuadoras con motores de 700 vatios, 20 sanducheras eléctricas, 50 calderos de aluminio, 5 estufas de gas de dos puestos, 20 vajillas de cerámica de 10 piezas, 20 juegos de vasos de vidrio y 10 bicicletas de paseo con cuadro de acero. Los recursos financieros que respaldan este procedimiento contractual provienen de fondos propios del municipio y se encuentran amparados bajo los certificados de disponibilidad presupuestal números 20263144 y 20263146
El Consejo Nacional Electoral confirmó que el próximo martes 21 de julio, a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de adopción y notificación de decisión respecto a la solicitud de revocatoria de inscripción de Sandra Milena Estupiñán Orjuela como candidata a la Alcaldía de Tunja. El procedimiento se realizará mediante sesión virtual, luego de que el organismo electoral suspendiera la diligencia que inicialmente estaba programada para el pasado jueves 16 de julio, sin que hasta el momento se conozcan los motivos que obligaron a dicho aplazamiento.
La Alcaldía de Tunja estructuró el presupuesto oficial definitivo para la organización y ejecución de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense en una suma exacta de 14.285.714.286 pesos. A través del proceso contractual de régimen especial número RE-AMT-0052026, amparado en el Decreto 092 de 2017 para convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, la administración municipal dividió la ingeniería financiera de la tradicional festividad en dos asignaciones específicas. El municipio de Tunja asume un aporte directo en dinero de 10.000.000.000 de pesos extraídos del erario, mientras que los restantes 4.285.714.286 pesos se fijaron como un aporte en especie obligatorio que debe ejecutar el contratista privado seleccionado. Dicho componente asociado se financiará enteramente mediante la entrega de derechos exclusivos para la comercialización de la boletería, la venta de licores, las zonas de alimentación y la captación de patrocinadores durante los siete días de verbenas programadas entre el 16 y el 22 de diciembre de 2026 en las instalaciones del Estadio La Independencia y demás espacios públicos determinados por la Alcaldía.
La bolsa de 10.000.000.000 de pesos en recursos públicos aportada por la administración municipal se destinará a cubrir los componentes globales de mayor envergadura logística, los cuales fueron calculados mediante un promedio de mercado sustentado en tres cotizaciones oficiales allegadas por las fundaciones eCommunity de Sogamoso, Dinastía Dreams de Sogamoso y Surpass International de Duitama. Para el ítem número uno, denominado carrera de la familia, el municipio fijó un costo de 231.650.000 pesos, recursos destinados al montaje de una tarima de 6 por 4 metros, la disposición de sistemas de sonido, puntos de hidratación y personal operativo para el circuito atlético en las calles de la capital. El segundo rubro corresponde a la coordinación de la estrategia integral de publicidad, promoción y difusión del Aguinaldo, la cual cuenta con un presupuesto de 656.000.000 de pesos para financiar el diseño de la identidad gráfica y un plan de medios de comunicación a nivel departamental y nacional. El tercer componente, tasado en 63.000.000 de pesos, financiará la logística y los planes de contingencia conjuntos con la Cruz Roja, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. El cuarto ítem público cubre el arriendo de infraestructura mobiliaria por un valor de 575.000.000 de pesos, dinero con el cual se pagará el alquiler de carpas, vallas de cerramiento, sillas, mesas, arcos y barras para los diferentes escenarios.
El quinto componente de la inversión municipal concentra la partida más alta de los recursos públicos, con un valor de 7.676.000.000 de pesos asignados exclusivamente al pago de honorarios, interpretación artística en vivo, puesta en tarima y cumplimiento de las exigencias técnicas individuales de 15 artistas de reconocimiento nacional e internacional. Dentro de los pliegos de condiciones se establece que los oferentes deben certificar de manera obligatoria precontratos y cartas de disponibilidad suscritas por los representantes comerciales de Pipe Bueno, The Mills, Sin Ánimo de Lucro, Paola Jara y Fruko y sus Tesos. Como sexto rubro a cargo de la Alcaldía se definió la logística general del Aguinaldo Boyacense por 760.000.000 de pesos, monto que costeará un equipo de apoyo integrado por 250 personas diarias durante los siete días del evento, desglosado en 150 operadores de campo, 50 coordinadores de área, 25 operarios de seguridad y 25 brigadistas de emergencias. El séptimo y último componente pagado por el erario es la organización del desfile de carros antiguos por 38.350.000 pesos, destinados al recibimiento de coleccionistas y clubes de vehículos clásicos. Los registros presupuestales demuestran que el 81,3 % de este dinero público total proviene de recursos del balance incorporados bajo la figura de superávit en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20263147, discriminados en una línea principal de 7.510.719.928 pesos con 63 centavos y una complementaria de 624.497.597 pesos con 37 centavos, mientras que los restantes 1.864.782.474 pesos se completaron con rubros ordinarios de la sectorial de Cultura.
El aporte en especie de 4.285.714.286 pesos que le corresponde ejecutar de forma obligatoria a la entidad sin ánimo de lucro seleccionada se encuentra condicionado al recaudo de la comercialización, donde el municipio proyectó que el 60% provendrá de los ingresos por venta de boletería (2.571.428.571 pesos), el 20% de la venta de licores y bebidas en el estadio (857.142.857 pesos), el 10% de las zonas de alimentación (428.571.429 pesos) y el 10% restante de patrocinios privados y públicos (428.571.429 pesos). Este bloque de dinero privado financiará los siete ítems restantes del presupuesto general del Aguinaldo, comenzando por el componente número ocho, que asigna 350.000.000 de pesos para los honorarios, prestaciones e interpretación de 21 artistas boyacenses de diferentes géneros musicales, quienes serán elegidos mediante una convocatoria pública. El noveno rubro equivale a 1.486.000.000 de pesos destinados exclusivamente a la producción escénica y el montaje artístico de la tarima principal de conciertos. Los estudios previos del proceso RE-AMT-0052026 obligan al contratista a proveer para este escenario central un techo en estructura ground support de 17 por 12 metros con doce metros de altura aforado al 70%, dos paredes de andamiaje layher de 8 por 12 metros para el audio volado, una tarima de 15 por 12 metros a una altura de 1,80 metros, dos zonas de trabajo de 6,10 por 6,10 metros, seis sobretarimas y una torre layher para los operarios de los seguidores de iluminación.
Las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos para este escenario principal determinan que el asociado privado debe suministrar en iluminación dos consolas GrandMA3 full size, una GrandMA3 Unit M, un rack splitters Chauvet, 54 robóticas Ayrton Cobra, 36 Robe Spiider, 20 Ayrton Rivale, 42 Chauvet Strike M, 32 barras Chauvet PXL y doce elation WW2. En el apartado de video, se exige una pantalla led central Pitch de 3,9 milímetros con dimensiones de 12 por 6 metros, dos pantallas led laterales de 5 por 7 metros, dos pantallas led adicionales de 1 por 7,5 metros, un procesador Novastar H5, un procesador Novastar VX1000 y un convertidor Novastar CVT4k. El sistema de sonido principal para el público requiere una consola Digico Quantum 338 con dos racks SD de 56 por 40 canales, dos racks adicionales Digico SD, un procesador L-Acoustics P1, seis bajos K1 SB, 24 parlantes K2 para el sistema colgado principal, 20 subbajos KS28, ocho parlantes K2 para refuerzo, diez parlantes Kara para frontfill, seis sistemas de sidefill, seis parlantes ARCS y dos subbajos SB28; mientras que para el monitoreo de los artistas en tarima se exige una consola Avid S6L de 24D con motor EL144 y dos racks de escenario de 56 por 32 canales. El circuito cerrado de televisión adjunto debe contar con tres cámaras Blackmagic URSA Broadcast G2, dos lentes Fujinon XA20sx8.5 con duplicador, un lente Fujinon HA 42 y dos cámaras Blackmagic Micro Studio 4K G2; en tanto que el backline musical debe incluir obligatoriamente un teclado Yamaha Montage 8, un Nord Stage 3, una guitarra Fender Telecaster, una guitarra electroacústica Taylor 412 ce, un amplificador de bajo Aguilar DB 751 y una batería Yamaha Maple Absolute Custom.
El décimo ítem del presupuesto global, financiado con el dinero de la comercialización privada, corresponde al diseño, creación, construcción y transporte de 14 carrozas alegóricas para los desfiles nocturnos por un valor de 1.152.714.286 de pesos. Los documentos contractuales especifican que cinco carrozas serán encargadas a artistas de trayectoria nacional que registren galardones en festivales declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, y las nueve restantes se asignarán a artesanos locales de Tunja mediante convocatoria pública, incluyendo la obligación para la ESAL de proveer una bodega de ensamblaje, 14 camionetas medianas tipo estacas con conductor para el arrastre, el pago de cinco grupos de danza acompañantes y 40 operarios de logística exclusivos para el desfile. El undécimo rubro fija 825.000.000 de pesos para la producción escénica, sonido, pantallas, luces y montaje del segundo escenario de programación complementaria. El duodécimo componente corresponde a la producción de campo general, tasada en 378.000.000 de pesos, que financia la dirección artística, la preproducción y el diseño de planos técnicos funcionales para la distribución de los flujos de público y áreas de servicio. Finalmente, los últimos dos rubros a cargo del recaudo comercial de la ESAL son la presentación de siete cuenteros de tradición oral boyacense para las novenas por un valor de 14.000.000 de pesos y el pago global de los derechos de autor y conexos ante Sayco y Acinpro por 80.000.000 de pesos.
La Secretaría de Cultura de Tunja recopiló formalmente tres propuestas económicas el 14 de julio de 2026 para estructurar las líneas de costos de los 14 ítems del proyecto. El proceso en la plataforma SECOP II recibirá ofertas virtuales hasta el 22 de julio de 2026 a las 9:00 de la mañana, previendo la adjudicación para el 23 de julio a las 5:00 de la tarde y el inicio de la ejecución el 24 de julio de 2026, con un plazo contractual improrrogable que se extenderá por cinco meses y diez días hasta el 30 de diciembre de 2026.
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐈𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨
La Contraloría Municipal de Tunja ordenó la apertura formal de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde Mikhail Krasnov y varios funcionarios de su administración por un presunto daño patrimonial que asciende a 752.193.389 pesos. La investigación del organismo de control busca establecer las causas por las cuales el municipio pagó esta millonaria suma en intereses bancarios derivados de un empréstito de 10.000 millones de pesos destinado a la construcción del frigorífico de la ciudad, un proyecto de infraestructura que se encuentra completamente paralizado y cuya ejecución material no ha comenzado debido a que los terrenos adquiridos presentan graves impedimentos legales y técnicos en su uso del suelo.
El proceso ordinario número 008-2026 vincula formalmente al exmandatario Mikhail Krasnov en su condición de jefe de la administración municipal y ordenador principal del gasto durante el periodo en que se configuró el hallazgo. Junto al exalcalde, la providencia del ente de control fiscal cobija bajo la figura de responsabilidad solidaria a la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública, Denisse Julieth Jiménez Ramos, de acuerdo con las respectivas notificaciones por aviso web surtidas por la Oficina Jurídica de la entidad. La decisión administrativa también incluye en el mismo expediente a la sociedad de economía mixta Centro Industrial Cárnico del Oriente S.A.S., conocida como Cicori S.A.S., y a la compañía de seguros La Previsora S.A. como tercero civilmente responsable.
Los hechos que motivaron el inicio de este juicio fiscal formal se remontan a la Auditoría de Cumplimiento a la Deuda Pública de la vigencia 2024. Si bien la autorización general para contratar las operaciones de crédito público por una cuantía global de 93.848.000.000 pesos fue aprobada por el Concejo Municipal a finales del año 2020 bajo el mandato de Alejandro Fúneme, los 10.000 millones de pesos asignados específicamente a la línea de la planta cárnica se hicieron efectivos mediante un desembolso único el 27 de octubre de 2023. Dado que dicho monto no era suficiente para financiar la totalidad de la obra, tasada inicialmente en más de 46.000 millones de pesos, se optó por conformar la empresa mixta Cicori S.A.S., donde el municipio posee una participación minoritaria. Con los recursos desembolsados, la alcaldía ejecutó dos erogaciones principales que consistieron en transferir 8.096.880.000 pesos el 3 de noviembre de 2023 como aporte de capital a la sociedad, y destinar 1.903.120.000 pesos el 28 de diciembre de 2023 para comprar el predio del proyecto.
El presunto detrimento investigado por la autoridad fiscalizadora corresponde de forma exacta a la suma acumulada de los intereses financieros pagados por el municipio de Tunja a favor del Banco de Occidente entre el 27 de agosto de 2024 y el 27 de agosto de 2025 en cumplimiento de las obligaciones de los pagarés número 9602383214 y 9602382976. El ente de control calificó de manera provisional esta situación como una gestión ineficaz, inoportuna y antieconómica de tracto sucesivo, debido a que la ciudad continuó asumiendo mensualmente los costos financieros de la deuda a pesar de que la construcción no pudo iniciar porque el lote comprado se encontraba impedido al carecer de la declaratoria de uso de suelo industrial indispensable para este tipo de actividades.
La vinculación de Krasnov y las funcionarias de Hacienda y Contratación responde a sus deberes legales de control, seguimiento y ordenación sobre los fondos públicos asignados tras consolidarse el desembolso bancario. Según constató el organismo fiscalizador en el expediente, la administración municipal llegó a remitir trece requerimientos formales por escrito a Cicori S.A.S. entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 para exigir informes contables, cronogramas físicos y el reembolso de los intereses pagados por el municipio, sin recibir ninguna respuesta de fondo por parte de la firma aliada. Ante la ausencia de obras, la falta de constitución de una fiducia mercantil que blindara el capital y la persistencia de los rezagos en los trámites ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Contraloría Municipal de Tunja confirmó que contra este auto no procede recurso alguno y ordenó iniciar el rastreo de bienes de las implicadas y el exalcalde para el decreto de las correspondientes medidas cautelares.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐨́ 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐟𝐢𝐜𝐨
La Contraloría Municipal de Tunja ordenó la apertura formal de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde Mikhail Krasnov y varios funcionarios de su administración por un presunto daño patrimonial que asciende a 752.193.389 pesos. La investigación del organismo de control busca establecer las causas por las cuales el municipio pagó esta millonaria suma en intereses bancarios derivados de un empréstito de 10.000 millones de pesos destinado a la construcción del frigorífico de la ciudad, un proyecto de infraestructura que se encuentra completamente paralizado y cuya ejecución material no ha comenzado debido a que los terrenos adquiridos presentan graves impedimentos legales y técnicos en su uso del suelo.
El proceso ordinario número 008-2026 vincula formalmente al exmandatario Mikhail Krasnov en su condición de jefe de la administración municipal y ordenador principal del gasto durante el periodo en que se configuró el hallazgo. Junto al exalcalde, la providencia del ente de control fiscal cobija bajo la figura de responsabilidad solidaria a la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública, Denisse Julieth Jiménez Ramos, de acuerdo con las respectivas notificaciones por aviso web surtidas por la Oficina Jurídica de la entidad. La decisión administrativa también incluye en el mismo expediente a la sociedad de economía mixta Centro Industrial Cárnico del Oriente S.A.S., conocida como Cicori S.A.S., y a la compañía de seguros La Previsora S.A. como tercero civilmente responsable.
Los hechos que motivaron el inicio de este juicio fiscal formal se remontan a la Auditoría de Cumplimiento a la Deuda Pública de la vigencia 2024. Si bien la autorización general para contratar las operaciones de crédito público por una cuantía global de 93.848.000.000 pesos fue aprobada por el Concejo Municipal a finales del año 2020 bajo el mandato de Alejandro Fúneme, los 10.000 millones de pesos asignados específicamente a la línea de la planta cárnica se hicieron efectivos mediante un desembolso único el 27 de octubre de 2023. Dado que dicho monto no era suficiente para financiar la totalidad de la obra, tasada inicialmente en más de 46.000 millones de pesos, se optó por conformar la empresa mixta Cicori S.A.S., donde el municipio posee una participación minoritaria. Con los recursos desembolsados, la alcaldía ejecutó dos erogaciones principales que consistieron en transferir 8.096.880.000 pesos el 3 de noviembre de 2023 como aporte de capital a la sociedad, y destinar 1.903.120.000 pesos el 28 de diciembre de 2023 para comprar el predio del proyecto.
El presunto detrimento investigado por la autoridad fiscalizadora corresponde de forma exacta a la suma acumulada de los intereses financieros pagados por el municipio de Tunja a favor del Banco de Occidente entre el 27 de agosto de 2024 y el 27 de agosto de 2025 en cumplimiento de las obligaciones de los pagarés número 9602383214 y 9602382976. El ente de control calificó de manera provisional esta situación como una gestión ineficaz, inoportuna y antieconómica de tracto sucesivo, debido a que la ciudad continuó asumiendo mensualmente los costos financieros de la deuda a pesar de que la construcción no pudo iniciar porque el lote comprado se encontraba impedido al carecer de la declaratoria de uso de suelo industrial indispensable para este tipo de actividades.
La vinculación de Krasnov y las funcionarias de Hacienda y Contratación responde a sus deberes legales de control, seguimiento y ordenación sobre los fondos públicos asignados tras consolidarse el desembolso bancario. Según constató el organismo fiscalizador en el expediente, la administración municipal llegó a remitir trece requerimientos formales por escrito a Cicori S.A.S. entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 para exigir informes contables, cronogramas físicos y el reembolso de los intereses pagados por el municipio, sin recibir ninguna respuesta de fondo por parte de la firma aliada. Ante la ausencia de obras, la falta de constitución de una fiducia mercantil que blindara el capital y la persistencia de los rezagos en los trámites ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Contraloría Municipal de Tunja confirmó que contra este auto no procede recurso alguno y ordenó iniciar el rastreo de bienes de las implicadas y el exalcalde para el decreto de las correspondientes medidas cautelares.
𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐚́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐮𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐝𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐢́𝐩𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán, notificó de urgencia a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y a la Procuraduría General de la Nación sobre una serie de modificaciones no autorizadas en la plataforma transaccional Secop II, las cuales coinciden con la apertura presupuestal del proceso para la organización y realización del Aguinaldo Boyacense 2026. La alerta oficial se genera a escasos nueve días de que se celebren las elecciones atípicas para la Alcaldía, programadas para el próximo domingo 26 de julio de 2026, fecha en la que concluirá el mandato de la actual administración temporal. Según el reporte técnico de la funcionaria, la huella digital del sistema informático revela movimientos ejecutados directamente desde la cuenta institucional de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, y por un usuario paralelo no registrado de manera formal en los inventarios del municipio.
El documento emitido por la jefatura de contratación detalla que los cambios en la plataforma electrónica se vienen registrando desde el pasado 6 de julio de 2026 sin el conocimiento ni el aval de los funcionarios de planta responsables de la administración de la herramienta digital. Estas alteraciones alteraron la configuración de los datos de la entidad pública, modificaron los flujos de aprobación y editaron los equipos encargados de la creación de procesos en la modalidad de contratación directa. Acevedo Galán sustentó ante el Ministerio Público que dichas actuaciones eluden de manera taxativa los procedimientos de orientación, revisión legal y formalización precontractual que el Decreto 001 de 2023 y el Decreto 0074 de 2025 le asignan exclusivamente a su dependencia como rectora de la gestión contractual en la capital boyacense.
En paralelo a la denuncia sobre la suplantación operativa en el sistema Secop II, el Departamento Administrativo de Hacienda Pública Territorial de Tunja expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20263147, fechado también el viernes 17 de julio de 2026. El instrumento financiero ampara un monto exacto de 10.000.000.000 de pesos asignados a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial bajo el proyecto de inversión CTP-159. Este millonario rubro tiene como objeto la unificación de esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de los contenidos culturales, actividades y programas de la versión número 71 del Aguinaldo Boyacense para la presente vigencia fiscal. La emisión de esta cuantía y el inicio de los trámites precontractuales desde el despacho ejecutivo sin la participación de la Unidad Especial de Contratación Estatal motivaron la solicitud de la funcionaria para que los entes de control asuman la verificación de la legalidad de las actuaciones y la eximan de responsabilidades civiles o disciplinarias.
La trazabilidad remitida a la Procuraduría Provincial de Tunja y a la Unidad Especial de Control Interno Disciplinario advierte que la exclusión de la oficina técnica también se ha extendido a las adquisiciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, las cuales pasaron a ser coordinadas de forma exclusiva por la mandataria encargada. La Directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal enfatizó que la falta de información y la alteración de los roles de administración impiden certificar o realizar el seguimiento de transparencia exigido por la ley a los dineros públicos, dejando constancia de que la sectorial no respaldará la veracidad ni la oportunidad de los contratos que se publiquen bajo estas condiciones en el cierre del periodo gubernamental atípico.
𝐌𝐚𝐢𝐫𝐚 𝐉𝐢𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐲 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Alcaldía Mayor de Tunja aceptó la renuncia de Maira Jimena González González al cargo de secretaria de despacho de la Secretaría de Cultura y Patrimonio Territorial, empleo de libre nombramiento y remoción que venía desempeñando desde el pasado mes de junio. La decisión quedó en firme a través de la resolución número 1.1.2-1.2 0992 expedida por la administración municipal, declarando la vacancia definitiva del cargo a partir del 16 de julio de 2026.
Maira Jimena González González había asumido las funciones de esta cartera mediante el decreto de nombramiento del 5 de junio de 2026. Sin embargo, el 15 de julio de 2026 radicó ante el despacho un escrito manifestando su renuncia irrevocable, solicitando que su desvinculación se hiciera efectiva de manera inmediata.
La resolución que oficializa la salida de la funcionaria fue suscrita por la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez. Cabe recordar que Jiménez Gómez ejerce como mandataria encargada de la capital boyacense desde el 6 de mayo de 2026, luego de ser designada por el gobernador de Boyacá, Crlos Amaya Rodríguez, mediante decreto departamental, a la espera de que se convoquen y realicen las elecciones correspondientes para culminar el periodo constitucional actual.
El acto administrativo dispone notificar formalmente de la decisión a González González, quien deberá presentar el acta de informe de gestión sobre los recursos y asuntos que estuvieron a su cargo durante su permanencia en el puesto, de conformidad con lo establecido en la ley de control público. Si bien no existe un documento oficial o pronunciamiento público acerca del reemplazante de González González en esta cartera, se rumora el nombre de Santiago Ebed Benavides Flórez.
𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐬𝐨 𝐲 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬
La fase de estudios y rediseños para la nueva sede de la Institución Educativa Rural del Sur presenta un avance físico del 43,6 por ciento, de acuerdo con el reporte del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. El proyecto, que acumula retrasos y prórrogas desde el año 2016, requerirá una inversión estimada de 20.000 millones de pesos para la ejecución de la obra civil en 2027. Ante las dudas sobre la continuidad del proyecto, la administración municipal anunció que tramitará una prórroga jurídica al convenio para asegurar que la construcción se ejecute.
Durante la socialización del proyecto, el secretario de Educación, Daniel Moreno Álvarez, detalló que para esta etapa de estudios técnicos y rediseños se transfirieron 356 millones de pesos. Aunque el funcionario reconoció un desfase frente a las expectativas de la administración, que esperaba un avance superior al 70 por ciento, señaló que la prioridad actual es que el contratista complete la entrega de la documentación en agosto para radicar la licencia de construcción actualizada ante la Curaduría Urbana en el mes de septiembre.
El Secretario explicó que la iniciativa estuvo cerca de ser despriorizada por el Ministerio de Educación Nacional, lo que hubiera impedido la construcción de la sede. Según Moreno Álvarez, la gestión municipal logró que el Gobierno Nacional mantuviera el respaldo al proyecto a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, entidad de orden nacional que se encarga de la contratación y la interventoría de la obra.
En el aspecto financiero, Moreno Álvarez indicó que la construcción de la planta física, calculada a precios de 2027, tiene un costo estimado de 20.000 millones de pesos, presupuesto que será cofinanciado mayoritariamente por el Gobierno Nacional. Actualmente, el municipio de Tunja y la Nación disponen de una bolsa común de cofinanciación con 6.500 millones de pesos, recursos que han permanecido guardados y han generado rendimientos financieros, según explicó Moreno Álvarez a los medios de comunicación que le consultaron tras su intervención en el recinto del Concejo. Con respecto al presupuesto faltante para completar la obra, el Secretario de Educación aclaró que "ya para la administración que siga, en lo consecutivo, pues tendrá la responsabilidad de apropiar recursos en conjunto con el Gobierno Nacional y darle el cumplimiento".
Frente a los cuestionamientos de los concejales sobre el futuro de la infraestructura con la llegada de un nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, el funcionario defendió las garantías legales del proceso. "Jurídicamente nosotros con el FFIE vamos a hacer la prórroga del convenio interadministrativo que tenemos con ellos para garantizar la continuidad del contrato que tenemos ahora y que, por lo menos, se inicie", sostuvo Moreno Álvarez, quien enfatizó que "en el momento en que se inicie ya la ejecución, es decir, la construcción, la primera piedra, que todo el mundo conoce, desde ahí sí o sí ya se tiene que ejecutar".
La demora en la consolidación de la sede única afecta de manera directa a 450 estudiantes del sector rural de Tunja. Moreno Álvarez detalló que los alumnos se encuentran actualmente distribuidos de manera provisional en diferentes secciones de la Institución Educativa Rural del Sur, específicamente "concentrados en Runta Abajo, que es la famosa Francisco de Paula Santander, en Runta Arriba", además de las sedes de Chorro Blanco y Barón Gallero. La Secretaría de Educación prevé que una vez se reciban los estudios técnicos en agosto, el área de Infraestructura Educativa definirá el cronograma para el inicio de las obras civiles de la sede unificada.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧̃𝐚𝐬 𝐨𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚́𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐠𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Una histórica y excepcional apertura de la zona de criptas y osarios del templo de San Francisco de Asís, realizada este lunes 13 de julio, permitió a decenas de tunjanos descender a un espacio subterráneo habitualmente restringido al público. La jornada, guiada por la profesional de turismo Gloria Albaniño, reveló la riqueza arquitectónica, artística y funeraria que resguarda el subsuelo de este complejo religioso construido entre 1570 y 1580, atrayendo masivamente a ciudadanos interesados en constatar los misterios históricos que envuelven al centro histórico de la capital boyacense.
El recorrido por los niveles inferiores expuso la realidad arqueológica de un recinto que confronta los mitos populares sobre supuestas redes de túneles interconectados bajo la ciudad, mostrando en su lugar el sistema real de enterramientos coloniales que operó antes de la creación de los cementerios civiles en 1828. Los asistentes pudieron observar las estructuras originales de la sección más antigua del claustro, edificadas con muros de piedra y barro, además de osarios y lápidas con inscripciones visibles que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como registros de 1888 y 1912.
Esta visita, que para la mayoría de los habitantes de Tunja representa el acceso a un patrimonio totalmente desconocido y tradicionalmente asociado a leyendas de tesoros ocultos, colmó la capacidad del lugar, obligando a la organización a ingresar a los feligreses y turistas en estrictos turnos controlados. Durante la experiencia, se recordó que la práctica de sepultar a los benefactores dentro de los muros y debajo de los templos es una constante en otras iglesias del sector, las cuales albergan relatos coloniales que forman parte del arraigo cultural y de los enigmas de la fe en la localidad.
Aunque esta jornada se ejecutó de manera extraordinaria y bajo estrictas medidas para salvaguardar la integridad de la infraestructura colonial, los encargados del templo señalaron que no se dispone aún de un calendario establecido para las próximas aperturas. No obstante, la administración de la comunidad religiosa confirmó su intención de implementar estas visitas guiadas de forma periódica y continua, con el objetivo de establecer un fondo económico que permita financiar las obras urgentes de mantenimiento estructural y reparación que requiere el antiguo convento franciscano.
Comunidad del barrio El Topo solicita la entrega urgente de su salón comunal
Habitantes y dignatarios de la Junta de Acción Comunal del barrio El Topo manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de utilizar el salón comunal del sector, el cual fue cerrado desde septiembre de 2025 para ser sometido a mejoras en el marco de la ejecución de presupuestos participativos a cargo de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías. De acuerdo con las representantes comunitarias, las obras físicas se encuentran aparentemente terminadas y el lugar permanece sin actividad de trabajadores, pero la entrega oficial no se ha realizado, lo que restringe el acceso de los vecinos a las instalaciones.
Las voceras explicaron que, tras consultar a la Secretaría de Infraestructura del municipio, la dependencia les indicó que debían solicitar formalmente la devolución del bien junto a la anterior presidenta, petición que radicaron mediante un derecho de petición hace diez días y de la cual esperan respuesta institucional.
La falta de disponibilidad del inmueble ha obligado a los líderes y residentes a desarrollar las asambleas de asuntos comunitarios en espacios alternativos como la Cinemateca local, al aire libre en la vía pública o en viviendas particulares con espacio reducido. Asimismo, la junta directiva advirtió sobre la falta de ingresos para el sostenimiento de la estructura, dado que el salón solía alquilarse para eventos específicos con el fin de financiar los costos fijos, por lo que solicitaron que los valores de los servicios públicos acumulados durante el periodo de ocupación sean asumidos por el contratista responsable.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝟏𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 “𝐒𝐮𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧”
Un proceso de subasta inversa electrónica determinará la compra de maquinaria, herramientas y materias primas destinadas a 116 unidades productivas urbanas y rurales de la capital boyacense, las cuales resultaron seleccionadas en un programa municipal de fortalecimiento económico. El proceso de contratación, formalizado bajo el número de radicado SA-SI-AMT-003-2026, cuenta con un presupuesto oficial asignado de 664.451.075,84 pesos.
La destinación de los recursos económicos responde a las obligaciones legales originadas de la convocatoria pública de incentivos efectuada en su edición 2025, cuyo banco de proyectos definitivos seleccionó las iniciativas de estos 116 beneficiarios en múltiples sectores comerciales de la ciudad. Entre las unidades económicas que recibirán los activos productivos se encuentran proyectos liderados por jóvenes, unidades del sector agropecuario, iniciativas de agroturismo, desarrollos de base tecnológica, tiendas de barrio y microempresas a cargo de población en condiciones de vulnerabilidad.
El presupuesto oficial de la licitación se dividió técnicamente en ocho lotes independientes para asegurar la especialidad de los proponentes y el cumplimiento estricto de las fichas de los bienes. El sector agropecuario y apícola registra la mayor inyección de capital en el pliego de condiciones, con una asignación específica de 282.468.269,73 COP dentro del Lote 5. El segundo componente con mayor peso presupuestal corresponde al Lote 1, enfocado en el procesamiento de alimentos y gastronomía, el cual dispone de una partida de 127.460.037,97 COP, seguido por el Lote 2, destinado a las líneas artesanales, industria textil y joyería, con un monto de 106.796.244,03 COP.
Los cinco lotes restantes del pliego contractual atienden demandas operativas de menor escala que fueron diagnosticadas previamente en el censo técnico de las unidades beneficiarias. De este modo, el Lote 7, correspondiente a mobiliario, educación y equipamiento, tiene asignados 55.194.014,00 COP; el Lote 6, para herramientas de construcción y ferretería, dispone de 47.273.032,06 COP; el Lote 3, enfocado en cosmética y productos de aseo, cuenta con 30.882.783,11 COP; el Lote 4, para estética y belleza profesional, suma 11.477.907,33 COP; y el Lote 8, para infraestructura, energía y seguridad, se fijó en 2.898.787,61 COP.
La justificación técnica de los pliegos determinó inviable la aplicación de los Acuerdos Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debido a que los costos vigentes en la plataforma estatal superaban los topes financieros asignados al programa. Según los informes oficiales del proceso, acudir a dicha herramienta centralizada habría obligado a reducir la cantidad de maquinaria y la cobertura real de los productores admitidos, razón por la cual se optó por el mecanismo de subasta inversa electrónica para propiciar la competencia de precios a la baja entre los oferentes y asegurar el abastecimiento completo de las listas técnicas de bienes.
El contratista que resulte seleccionado para la adjudicación de los respectivos lotes dispondrá de un plazo de ejecución de dos meses, contados a partir de la firma del acta de inicio formal de las obligaciones, prevista para realizarse el 29 de julio. Los pliegos definitivos exigen que la entrega de la totalidad de la maquinaria y las materias primas se realice en un solo bloque global dentro del perímetro urbano de Tunja, bajo la responsabilidad logística del proveedor en materia de transporte, carga y descarga.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐞𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja ordenó a la administración municipal de Tunja realizar estudios técnicos y asignar el presupuesto necesario para intervenir la señalización vertical y horizontal de la Avenida Paseo de la Gobernación, corredor vial que en la capital boyacense también es conocido de manera general como Paseo Nairo Quintana. El fallo judicial, emitido en primera instancia el pasado 2 de julio de 2026, responde a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa ante las falencias técnicas y el deterioro de los elementos de seguridad vial en el tramo comprendido entre la Glorieta del Gobernador y la Glorieta San Luis.
La decisión, adoptada por el juez Fabio Huérfano López, determinó que la administración municipal vulneró por omisión los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente. La vía objeto del litigio es una arteria vial de doble calzada con dos carriles por sentido que conecta con la Avenida Universitaria y sirve de acceso a la Terminal de Transportes Juana Velasco de Gallo, registrando un alto flujo de vehículos particulares y de servicio público.
Dentro de las pruebas documentales recopiladas en el proceso judicial, se incorporó un informe técnico de evaluación de seguridad vial elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial tras visitas de campo realizadas en diciembre de 2025. El estudio sectorial evidenció que los cruces peatonales a nivel tipo cebra se encuentran borrosos o carecen de visibilidad en el pavimento, situación que se agrava en horarios nocturnos o ante condiciones climáticas adversas. Asimismo, el organismo nacional documentó la presencia de estoperoles hundidos en la carpeta asfáltica, señales de tránsito verticales dañadas por el cumplimiento de su vida útil y otras obstruidas por la vegetación y el follaje de los árboles de la zona.
El reporte técnico también llamó la atención sobre factores geométricos de la infraestructura como la pendiente longitudinal del corredor, medida en un 5.4%, la cual afecta los sistemas de frenado vehicular e incrementa los riesgos de atropellamiento al reducir la distancia de visibilidad en las crestas de las curvas. La inspección oficial constató además que existen defensas metálicas impactadas, lo que a juicio de los profesionales indica que las velocidades de operación reales superan las de diseño, generando salidas de la vía.
Durante el debate procesal, la administración municipal de Tunja solicitó negar las pretensiones de la demanda argumentando que carecía de competencia legal sobre el tramo debido a que la vía no había sido formalmente entregada al municipio y que su ejecución, operación e intervenciones correspondían históricamente a la Gobernación de Boyacá. Por su parte, la Gobernación de Boyacá se opuso a los cargos señalando que mediante la Ordenanza 043 de 2024 y la posterior escritura pública de cesión a título gratuito número 1200 del 3 de junio de 2025, debidamente registrada, la titularidad, administración y mantenimiento de la malla vial urbana fue transferida definitivamente al ente municipal. El juzgado desestimó las excepciones de la Alcaldía al precisar que la legislación nacional asigna a los municipios la responsabilidad sobre las vías urbanas de su rango.
Con la declaración de la vulneración colectiva, el fallo otorgó un plazo perentorio de tres meses a la administración municipal de Tunja para que elabore las inspecciones detalladas y los estudios técnicos que fijen las intervenciones requeridas en la señalización del Paseo Nairo Quintana. Una vez concluidos dichos estudios, la Alcaldía dispondrá de un término subsiguiente de tres meses para incorporar los recursos presupuestales orientados a ejecutar las obras físicas de demarcación de cebras, restauración de tableros informativos y reubicación de las señales obstruidas. Para asegurar que las órdenes se cumplan de manera efectiva, la providencia judicial dispuso la conformación de un comité de verificación que sesionará trimestralmente y estará integrado por el ciudadano demandante, el Alcalde de Tunja, el Ministerio Público y un delegado de la Defensoría del Pueblo.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, el cual está encabezado por Neiva, cuya variación del IPC fue de 0,69%, mientras que el registro de variación del IPC en Tunja fue de 0,45%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,39%, mientras que la ciudad con menor variación del IPC para este mes fue Montería con 0,03%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la décimo primera con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,98%, mientras que el promedio nacional fue de 6,14%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Riohacha (3,35%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Bucaramanga (7,05%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante junio fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó una variación del 1,15%, seguido de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,94%), seguido de bebidas alcohólicas y tabaco (0,45%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante junio fueron recreación y cultura (-0,35%), transporte (-0,04%), e información y comunicación (-0,02%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 8,51%, seguido de información y comunicación con un 6,54%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una variación del 6,34%. Caso contrario es el de los rubros de prendas de vestir y calzado (3,29%), seguido de recreación y cultura (3,61%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,07%)
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟓𝟑 𝐲 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una demanda de acción popular para su trámite en primera instancia, interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, en la cual se pretende la protección de los derechos colectivos a la seguridad, la prevención de desastres previsibles técnicamente, la prevención de daños contingentes, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, así como la protección de los bienes de uso público. El recurso judicial está dirigido en contra del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la administración municipal de Tunja debido al deterioro y ausencia de infraestructura peatonal en un sector del norte de la capital boyacense.
En el sustento de la demanda, el accionante refiere una presunta omisión por parte de las entidades públicas demandadas en la adopción de medidas de mantenimiento, rehabilitación y construcción de la infraestructura peatonal, situación que motivó la solicitud de intervención judicial.
Dentro de los antecedentes del proceso, se constató que el accionante cumplió con el requisito de procedibilidad al aportar una constancia de radicación de una petición previa fechada el 19 de enero de 2024 ante Invías y la administración municipal de Tunja. Las respuestas otorgadas en su momento por las entidades requeridas no solucionaron la inconformidad del peticionario, habilitando de esta forma el inicio de la acción popular.
Con la admisión formal del recurso, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó notificar personalmente a los representantes legales de Invías y de la administración municipal de Tunja. Ambas instituciones dispondrán de un término de diez días hábiles para dar contestación a la demanda, allegar los documentos institucionales y solicitar las pruebas que consideren necesarias para su defensa. La providencia también fue comunicada al Agente del Ministerio Público delegado ante la corporación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐫 𝐲 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐠𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐚́𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una demanda de acción popular que busca la protección, conservación y restauración de la iglesia de Santa Bárbara de Tunja, ante el deterioro estructural, grietas y humedades que presenta la edificación. La medida vincula a la administración municipal, al Ministerio de Cultura y a la Arquidiócesis de Tunja como las entidades llamadas a responder por la preservación de este patrimonio histórico de la capital boyacense.
El proceso judicial, promovido por el ciudadano Yesid Figueroa García, señala la presunta vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de Tunja.
De acuerdo con el expediente, la demanda se fundamenta en las afectaciones físicas que registra el templo religioso, las cuales incluyen daños visibles en su fachada, filtraciones de humedad y aberturas en la estructura que comprometen su estabilidad. El demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad al demostrar que en marzo de 2019 radicó derechos de petición ante las tres entidades involucradas solicitando la intervención del inmueble, obteniendo respuesta por parte de la administración municipal en abril de ese mismo año.
El trámite de esta acción popular ha superado diversas fases procesales desde su reparto inicial en el año 2019. Durante el desarrollo del caso se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento al no registrarse acuerdos entre las partes, se tramitó un incidente por desacato relacionado con un dictamen pericial y se resolvieron impedimentos manifestados por otros magistrados de la corporación judicial, lo que derivó en la asignación final del expediente al despacho sexto del Tribunal.
Además de ordenar el traslado a los demandados, la providencia dispone la notificación del inicio del proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐦𝐢́𝐧, 𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐚𝐧𝐨 𝐲 𝐁𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚
El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente por parte del municipio de Tunja, debido al estado de un extenso grupo de vías urbanas y a la ausencia de infraestructura peatonal en varios barrios de la ciudad. El fallo judicial de primera instancia resolvió una acción popular acumulada, estableciendo una serie de órdenes administrativas con tiempos perentorios e ineludibles para la Alcaldía, mientras que desestimó los cargos formulados contra la empresa concesionaria Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. y negó la viabilidad técnica de un reductor de velocidad.
En la decisión judicial, el Juzgado determinó de manera específica las zonas afectadas donde la administración municipal debe intervenir. El texto del fallo señala la responsabilidad del ente territorial en relación al estado de las vías Carrera 11 entre calles 13, 12 y 11; Carrera 10 entre calles 13, 13 A, 12, 11, 11 A y 11 B; Carrera 9 entre calles 10 y 13 A; Carrera 9A entre calles 10 y 13 A; Carrera 8 entre calles 10 y 13; Avenida Colón entre calles 10 y 13; calles 13, 13 A, 12, 11, 11 A, 11B y 10 con Carrera 9; Calle 11 con Carrera 8; y la falta de andenes en la Calle 31B entre Transversal 11 y Carrera 13.
El juzgado impuso un cronograma con plazos estrictos que el municipio de Tunja está obligado a cumplir a partir de la ejecutoria de la sentencia. El primer mandato concede un término de tres meses para iniciar formalmente el trámite administrativo de cesión, ya sea voluntaria u obligatoria, del tramo de la Calle 31B entre Transversal 11 y Carrera 13, procedimiento sustentado legalmente en el artículo 4 del Decreto 0247 de 2020 para la posesión, el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Municipal 0313 de 2014, fijando un tope máximo de seis meses para culminar dicha actuación.
De forma complementaria, la autoridad judicial otorgó un plazo de nueve meses para que el municipio de Tunja, por medio de la Secretaría de Infraestructura Territorial, elabore los estudios técnicos y diseños definitivos orientados a la construcción de los andenes de la Calle 31B entre Transversal 11 y Carrera 13. Esa misma sectorial y dentro del mismo lapso de nueve meses deberá confeccionar los análisis técnicos y estructurales requeridos para la reparación de las vías Carrera 11 entre calles 13, 12 y 11; Carrera 10 entre calles 13, 13 A, 12, 11, 11 A y 11 B; Carrera 9 entre calles 10 y 13 A; Carrera 9A entre calles 10 y 13 A; Carrera 8 entre calles 10 y 13; Avenida Colón entre calles 10 y 13; calles 13, 13 A, 12, 11, 11 A, 11B y 10 con Carrera 9; y Calle 11 con Carrera 8.
La sentencia aclara que, una vez finalizados los correspondientes estudios y diseños, la Secretaría de Hacienda municipal tendrá que gestionar la respectiva apropiación de recursos económicos en la vigencia fiscal inmediatamente posterior. Con el presupuesto asignado, la administración municipal procederá a la contratación y ejecución material de las obras para la creación de andenes de la Calle 31B entre Transversal 11 y Carrera 13, al igual que la pavimentación y rehabilitación de las vías Carrera 11 entre calles 13, 12 y 11; Carrera 10 entre calles 13, 13 A, 12, 11, 11 A y 11 B; Carrera 9 entre calles 10 y 13 A; Carrera 9A entre calles 10 y 13 A; Carrera 8 entre calles 10 y 13; Avenida Colón entre calles 10 y 13; calles 13, 13 A, 12, 11, 11 A, 11B y 10 con Carrera 9; y Calle 11 con Carrera 8.
Los trabajos en terreno contarán con una fecha límite de inicio pactada a más tardar dentro del año fiscal siguiente a la correspondiente apropiación presupuestal y su culminación definitiva no podrá exceder un plazo máximo de dieciocho meses evaluados desde la firmeza del fallo judicial. Durante el transcurso de las obras, la Alcaldía presentará ante el despacho judicial un informe semestral detallando los avances del proyecto y, al concluir las intervenciones, radicará un informe definitivo de cumplimiento que certifique el estado óptimo de la malla vial, soportado con registros fotográficos y pruebas técnicas pertinentes.
Por otra parte, la providencia negó en su totalidad las pretensiones que el demandante, Yesid Figueroa García, formulaba en contra de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P., debido a que los peritajes e inspecciones incorporadas al proceso demostraron que las estructuras de alcantarillado y sumideros del sector bajo litigio operan de forma estable y reciben mantenimientos preventivos y limpiezas anuales por parte de la entidad privada.
Para garantizar que las órdenes dadas al ente territorial se ejecuten dentro de los periodos dictaminados, el Juzgado ordenó la creación de un comité de verificación en los términos de la Ley 472 de 1998. Dicho órgano fiscalizador quedó compuesto por el ciudadano demandante, los titulares de las secretarías de Infraestructura y de Contratación del municipio de Tunja, y el Procurador 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja en representación del Ministerio Público, quienes asumirán la obligación legal de remitir informes de avance al despacho judicial cada dos meses de forma ininterrumpida.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐚𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, expidió el Decreto Número 1.1.2-1.1 0159 del 2 de julio de 2026, con el cual retiró de manera definitiva la autonomía en materia contractual y presupuestal que mantenía la Unidad Especial de Contratación Estatal. Con esta determinación, la mandataria municipal dejó sin efectos el andamiaje administrativo previo y determinó que toda celebración de contratos, ordenación del gasto y manejo de los recursos públicos del municipio regrese de forma directa a su despacho, obligando a que cada proceso requiera de su firma personal.
La medida tumba en su totalidad el Decreto Número 0281 del 8 de mayo de 2024 y el Decreto Número 0084 del 24 de abril de 2026, disposiciones mediante las cuales la administración municipal había transferido de forma sucesiva sus funciones legales a la dirección de la Unidad Especial de Contratación Estatal. El rastro de los documentos oficiales evidencia que el esquema comenzó con el decreto firmado en mayo de 2024, mediante el cual se "delegó en el Director(a) de la Unidad Especial de Contratación Estatal el ejercicio de las funciones de celebrar contratos, adelantar procesos de contratación de mínima y menor cuantía, comprometer recursos, ordenar el gasto y el pago, y las demás facultades precontractuales, contractuales y post contractuales allí relacionadas".
Posteriormente, tras modificaciones intermedias que enviaron la ordenación del pago a la cartera de Hacienda, se emitió el Decreto Número 0084 del 24 de abril de 2026 por parte del alcalde encargado anterior, Carlos Gabriel Hernández Carrillo. Si bien dicha norma de abril pretendía retornar formalmente la ordenación del gasto al despacho principal, incluyó una cláusula específica que mantuvo el blindaje de la dependencia al "delegar al Director (a) de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía Municipal de Tunja el ejercicio de las funciones correspondientes a adelantar los procesos de contratación en todas sus modalidades y cuantías, para lo cual tendrá la facultad de suscribir los actos administrativos requeridos dentro de las etapas precontractual, contractual y post contractual".
La existencia de este último mico normativo garantizaba que, a pesar de los cambios en la titularidad de la Alcaldía, la Unidad Especial de Contratación Estatal retuviera de manera exclusiva el control absoluto sobre el montaje, trámite y estructuración de los contratos de la ciudad, eximiendo al mandatario de turno de la gestión directa de los expedientes. Al detectar que la oficina conservaba esta facultad preferente sobre el engranaje contractual del municipio, la actual Alcaldesa encargada optó por cortar de raíz el esquema mediante una revocatoria total de los dos decretos en lugar de aplicar modificaciones parciales. En el nuevo acto administrativo de julio, la mandataria justificó la centralización de los procesos señalando textualmente que "considera necesario reasumir de manera directa el ejercicio de las funciones que fueron delegadas en el Director(a) de la Unidad Especial de Contratación Estatal, con el fin de garantizar la debida articulación institucional durante el actual periodo de transición administrativa".
Con el fin de no generar traumatismos ni frenar el desarrollo de los proyectos que se adelantan en la capital boyacense, el artículo cuarto del nuevo decreto estableció una fórmula de seguridad jurídica que reza que "todas las actuaciones administrativas, contractuales, presupuestales y de ordenación del gasto y del pago adelantadas con fundamento en dichos actos administrativos conservan plena validez y eficacia, sin verse afectadas por la presente derogatoria". La Alcaldía precisó que la vigencia del documento empieza a regir a partir de su firma y comunicación, salvaguardando las obras y licitaciones iniciadas previamente bajo el principio de irretroactividad.
El candidato a la Alcaldía de Tunja por el Pacto Histórico, Nicolás Cortés Esteban, anunció este recientemente en rueda de prensa que la prioridad estructural de un eventual gobierno suyo será la persecución y el castigo de los responsables de hechos de corrupción en la administración municipal. El aspirante a la Alcaldía en las elecciones atípicas aseguró que su campaña no registra compromisos ni ataduras con sectores políticos tradicionales, lo que a su juicio le otorgará la autonomía necesaria para fiscalizar los recursos públicos y denunciar irregularidades de gestiones anteriores sin interferencias externas.
Durante su intervención, Cortés Esteban explicó que la convocatoria a los medios locales no constituyó un lanzamiento formal de campaña, sino un espacio para emitir claridades frente a las dinámicas políticas de las últimas cuatro semanas en la ciudad. El candidato señaló que existen sectores políticos independientes y tradicionales que han intentado utilizar la línea gráfica y el nombre de la coalición del Pacto Histórico para confundir al electorado tunjano. Al respecto, enfatizó que él es el único aspirante oficial avalado de manera unánime por los delegados de los seis movimientos que integran la coordinadora municipal (Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista, Partido Progresista y Alianza Juvenil Independiente), una decisión que, según expuso, cuenta con el respaldo de la coordinación departamental orientada por Gabriel Riaño.
El aspirante recordó el comportamiento electoral de Tunja en los comicios legislativos y presidenciales previos, detallando que la colectividad obtuvo 19.000 votos a la Cámara de Representantes y 21.000 al Senado en el municipio, además de los 57.743 votos alcanzados por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Basado en estos antecedentes históricos, Cortés Esteban descartó de forma categórica cualquier posibilidad de retirar su nombre de la contienda o de realizar alianzas programáticas con el Partido Alianza Verde, el Partido Conservador o cualquier otra vertiente, ratificando que la candidatura del Pacto Histórico se mantendrá en firme hasta el día de la votación.
Respecto a las acciones concretas contra la corrupción, Cortés Esteban planteó de manera simbólica la necesidad de abrir oficinas permanentes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación dentro de las instalaciones de la Alcaldía para vigilar la ejecución presupuestal. El candidato indicó que facilitará el acceso a la información pública para las veedurías ciudadanas y los medios de comunicación de la ciudad desde el primer día de su eventual mandato. Asimismo, manifestó que su proyecto no corresponde a un interés familiar ni a la prevalencia de un apellido sobre el colectivo, y defendió su juventud como una garantía de transparencia frente a los métodos de la política convencional.
Finalmente, el abogado egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) reconoció que el periodo de gobierno de las elecciones atípicas, correspondiente a un año y medio, es limitado para resolver la totalidad de las problemáticas sociales y los índices de pobreza que afectan a diversos sectores periféricos del municipio. Cortés Esteban afirmó que no asumirá una postura de falsas expectativas ante la ciudadanía y que centrará su gestión en detener el deterioro administrativo y financiero de Tunja. La campaña del Pacto Histórico programó el lanzamiento oficial de su programa de gobierno para el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde en un sector céntrico de la ciudad aún por confirmar.
𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐙𝐚𝐦𝐢𝐫 𝐂𝐚𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨́𝐬𝐢𝐭𝐨
La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, oficializó el nombramiento de Ronald Zamir Cadena Ávila como nuevo director del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito de la capital boyacense. La decisión quedó en firme mediante la expedición del decreto número 0158 del 2 de julio de 2026, luego de confirmarse la vacancia definitiva en dicha dependencia municipal.
El relevo en la dirección de esta oficina se originó tras la renuncia irrevocable presentada el pasado 23 de junio de 2026 por Oswaldo Jiménez Mesa, quien ejercía el cargo desde el 21 de abril de 2025. La administración municipal aceptó la dimisión a través de la resolución 0953 del 26 de junio, fijando el término de sus funciones para el 1 de julio de 2026, lo que facultó al despacho de la Alcaldesa encargada para proceder con la nueva designación de libre nombramiento y remoción.
De acuerdo con la certificación técnica de la hoja de vida emitida por la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública, el nuevo director cumple con los requisitos del manual de funciones vigente para el puesto. Cadena Ávila es Ingeniero Civil, Magíster en Ingeniería Civil y Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, acreditando además un tiempo de 32 meses de experiencia relacionada en las materias de su competencia, además de haberse desempeñado anteriormente como Director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja.
𝐅𝐢𝐣𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
El Juzgado Primero Penal con función de control de garantías de Tunja programó para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2026, a partir de las 9 de la mañana, la práctica presencial de las declaraciones del exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, y del abogado Juan Sebastián Ramírez García. La decisión judicial se adoptó este viernes 3 de julio de 2026 tras resolver un debate entre la Fiscalía Sexta Seccional, los representantes de las víctimas y las defensas técnicas de los procesados, quienes expusieron problemas de agenda que impidieron realizar las diligencias durante el presente mes de julio. Las fechas definitivas quedaron establecidas para garantizar que los testimonios se recauden bajo las reglas de juicio oral en la capital boyacense.
El señalamiento del cronograma final estuvo precedido por una discusión sobre la disponibilidad de los apoderados judiciales. Inicialmente, el Juzgado propuso adelantar la recepción de los testimonios de manera presencial los días 21 y 22 de julio de 2026. Sin embargo, el abogado Danilo González, defensor del exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y de Sara Catalina Pedraza Canaría, manifestó la imposibilidad material de comparecer en esas fechas debido a compromisos previos fijados para todo el mes de julio, detallando que tiene programada una práctica probatoria presencial de un día completo ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Moniquirá. Ante la petición de la defensa de trasladar las audiencias para el mes de agosto y tras evaluar opciones como el 11 y 12 de dicho mes, la judicatura y las partes acordaron las jornadas del 10 y 11 de agosto para evitar el aplazamiento de las diligencias.
La determinación de la jueza dejó en firme el decreto de la prueba anticipada solicitada por la Fiscalía, la cual se ampara en el parágrafo sexto del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 2477 de 2025. Esta normativa consagra un mandato de carácter imperativo para que el ente acusador practique de forma anticipada el testimonio de los ciudadanos formalmente beneficiados con un principio de oportunidad, con el propósito específico de salvaguardar la integridad de la evidencia frente a eventuales retractaciones o coacciones externas. Por tal motivo, el despacho judicial desestimó la oposición del representante de Ecovivienda, Manuel Silvestre Alarcón Laverde, quien argumentaba que la Fiscalía no había demostrado un peligro inminente de pérdida o desaparición de los testigos. La jueza aclaró que la existencia de los principios de oportunidad avalados en firme (el de Camargo Rodríguez con inmunidad total desde el 14 de julio de 2025 y el de Ramírez García con renuncia a la acción penal ratificado el 30 de abril de 2026) exime al organismo de control de dicha carga demostrativa.
En el plano documental, el Juzgado resolvió las solicitudes de incorporación probatoria con decisiones contrapuestas para las partes. Por un lado, admitió el ingreso del material asociado al abogado Juan Sebastián Ramírez García, que incluye la demanda de nulidad electoral inicial, la propuesta técnica de servicios, el memorial de retiro de la demanda presentado el 2 de febrero de 2024, un archivo de 19 folios con capturas de pantalla de comunicaciones por WhatsApp y el reporte del SECOP correspondiente al contrato 146 de 2024. Frente a este último registro digital, la operadora jurídica rechazó la objeción del defensor Camilo González, apoderado de Luzmila Acevedo Galán, determinando que los reportes de las plataformas oficiales estatales gozan de presunción de autenticidad y que el testigo posee conocimiento directo del trámite por haber intervenido en su ejecución antes de que el contrato fuera eliminado del sistema.
Por otro lado, los defensores de los investigados obtuvieron un pronunciamiento favorable respecto a las evidencias escritas relacionadas con Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez. El despacho judicial negó el decreto como pruebas documentales independientes de la denuncia penal por pérdida del teléfono celular del exgerente y de la declaración extraproceso rendida ante la Notaría Segunda de Tunja el 27 de marzo de 2025. La jueza respaldó la postura de las defensas técnicas al advertir que la introducción autónoma de estos textos configuraría una prueba de referencia inadmisible según los parámetros del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, la resolución dispuso de forma taxativa que dichos papeles únicamente podrán ser exhibidos por las partes durante las audiencias de agosto con el objetivo de refrescar la memoria de los declarantes o impugnar su credibilidad en el estrado.
El trámite judicial continuará su curso bajo la modalidad estrictamente presencial en la sede del juzgado en Tunja, descartando la opción de la comparecencia virtual. Esta disposición atiende a la necesidad de asegurar las condiciones técnicas idóneas para el ejercicio del contrainterrogatorio por parte de los abogados defensores, entre quienes se encuentran Danilo González, Camilo González y Javier García, este último apoderado de Miguel Ángel Ruiz Suárez. Con la fijación de las fechas de agosto concluye la etapa de solicitudes de prueba anticipada, quedando las partes e intervinientes legalmente citados para las dos jornadas de comparecencia obligatoria.
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja amparó el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, tras constatar el avanzado estado de deterioro del paso urbano de la ruta nacional 62. La decisión judicial ordena a la administración municipal realizar intervenciones de bacheo, parcheo y señalización en este corredor que conecta con la salida hacia Moniquirá, estableciendo plazos perentorios para su planificación y ejecución bajo la supervisión de un comité de verificación.
La acción popular fue interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja, fundamentada en las múltiples patologías que registra la capa de rodadura en este sector occidental de la ciudad. En la zona confluyen barrios como La María, La Fuente, Calleja, Trigales, Rosales y Cristales, además del ramal hacia Motavita. Según el análisis técnico incorporado al proceso, la vía presenta fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos tipo piel de cocodrilo, huecos y baches que obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas, incrementando el riesgo de siniestralidad vial.
Durante el debate procesal, el municipio de Tunja se opuso a las pretensiones señalando la escasez de recursos presupuestales y argumentando que la vía correspondía a un tramo de orden nacional, por lo cual pretendía la vinculación del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). No obstante, el despacho judicial desestimó dicha postura amparándose en el artículo 74 del Decreto 77 de 1987, el cual determina que el antiguo Fondo Vial Nacional —hoy INVÍAS— no puede construir ni conservar vías dentro del perímetro urbano de las ciudades capitales de departamento, quedando dicha infraestructura bajo la estricta responsabilidad de la entidad territorial local. Asimismo, los informes de la Secretaría de Infraestructura Territorial revelaron que entre los años 2019 y 2024 la administración municipal no ejecutó inspecciones técnicas ni labores de mantenimiento en la zona, configurando una conducta omisiva.
La defensa municipal también adujo que se encontraba en marcha el Convenio Interadministrativo No. 1760 de 2025, suscrito entre el INVÍAS, la Gobernación de Boyacá y el municipio de Tunja, con una asignación de 8.000.000.000 de pesos para la intervención de 4.8 kilómetros entre la Glorieta Norte y el límite urbano en el PR 64. Sin embargo, la judicatura constató que dicho convenio venció inicialmente el 31 de diciembre de 2025 y que, pese a las afirmaciones de la Secretaría de Infraestructura sobre una prórroga hasta el 31 de julio de 2026, no se allegaron al proceso las actas de soporte ni se demostró la existencia de una licitación pública activa en la plataforma SECOP, por lo que el mecanismo no ofrecía garantías plenas de ejecución.
Ante este panorama, el fallo judicial estructuró un cronograma de obligatorio cumplimiento para la administración municipal con tiempos específicos según la viabilidad de los recursos. En el primer escenario, de continuar vigente y ser técnicamente viable el Convenio Interadministrativo No. 1760 de 2025, el Municipio de Tunja deberá darle continuidad inmediata para asegurar que las obras civiles de fresado, rehabilitación y colocación de sobrecarpeta asfáltica se ejecuten en su totalidad en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.
En el segundo escenario, si el mencionado convenio no se llegara a materializar por el vencimiento de sus términos o el consecuente reintegro de los fondos, el municipio de Tunja dispondrá de un término improrrogable de dos meses para adelantar todas las gestiones administrativas, técnicas y de planeación presupuestal requeridas. Posteriormente, contará con un plazo de cuatro meses para surtir las fases precontractual y contractual orientadas a adjudicar las obras. Una vez formalizado el contrato, la administración municipal dispondrá de cuatro meses adicionales para ejecutar y finalizar a satisfacción las intervenciones físicas de bacheo, parcheo y señalización técnica en el pavimento flexible.
Adicionalmente, las obras deberán ajustarse a los lineamientos del Manual de mantenimiento de carreteras del Instituto Nacional de Vías, evaluando la pertinencia de un plan de mantenimiento rutinario de pavimentos asfálticos o justificando los periodos técnicos necesarios para su conservación futura, dado que la capa de rodadura actual se encuentra en un estado calificado como aceptable pero con fallas puntuales que ameritan corrección estructural.
Para asegurar la efectividad de los mandatos, el fallo ordenó la conformación inmediata de un comité de verificación que sesionará de forma semestral a partir de la firmeza de la providencia. Este comité estará integrado por el demandante Yesid Figueroa García, el representante legal del Municipio de Tunja o su delegado sectorial, el Personero Municipal de Tunja y el Defensor del Pueblo de Boyacá o su delegado. El grupo técnico y comunitario tendrá la obligación de rendir informes semestrales al despacho judicial detallando los avances físicos, presupuestales y contractuales de la obra.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚́𝐧 𝐫𝐞𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞
Un predio aledaño al Club del Comercio fue anunciado como el lugar donde serán reubicados temporalmente los trabajadores de la Plaza de Mercado del Norte de Tunja durante la demolición y construcción de la nueva infraestructura. La determinación fue comunicada por el secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos de la capital boyacense, Juan Carlos Pérez Mesa, durante una jornada de socialización realizada con los comerciantes en las propias instalaciones del centro de acopio en las últimas horas.
Esta nueva alternativa modifica el plan de contingencia original que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, presentaron públicamente el pasado 7 de junio en el contexto de la recta final de la campaña presidencial. En ese momento, las autoridades informaron que los vendedores serían trasladados a un terreno privado conocido localmente como "el lote de don Guillermo", una propuesta que generó el rechazo inmediato de los comerciantes, quienes denunciaron que dicho predio era un potrero en estado de abandono, con acumulación de escombros y presencia de roedores, lo que imposibilitaba garantizar la salubridad para la venta de alimentos.
Durante la reunión en la plaza, Pérez Mesa expuso que la decisión de demoler la actual edificación y construir una obra nueva se basa en los resultados de una consultoría técnica contratada en 2021 y liquidada en 2023. Los estudios determinaron que la infraestructura existente no cumple con las normas de sismo resistencia NSR-10. Asimismo, el funcionario argumentó que una remodelación parcial resultaría más costosa para la administración municipal debido a la necesidad de romper pasillos para sustituir las redes sanitarias internas que actualmente registran filtraciones y reflujo de aguas negras durante la temporada de lluvias, afectando las condiciones de salubridad en las zonas de cárnicos y restaurantes.
Respecto a las características del lote aledaño al Club del Comercio, la dependencia municipal indicó que ya se encuentra en proceso de asignación de recursos para el montaje de la infraestructura provisional. El compromiso de la Alcaldía de Tunja establece que el espacio contará con adecuaciones de muros, acometidas de gas natural, áreas de comedores para el sector de restaurantes y redes eléctricas independientes aptas para los sistemas de refrigeración de la zona de carnes, cumpliendo con las exigencias de la Ley 1500 de 2007. De igual forma, se garantizó que el terreno dispondrá de unidades sanitarias, servicios públicos básicos y vigilancia privada continua para proteger las mercancías, básculas y canastillas de los adjudicatarios.
El proyecto de infraestructura general contempla una inversión global compuesta por diferentes rubros técnicos. El lote actual donde opera la plaza de mercado tiene un avalúo catastral de 11.226 millones de pesos, las obras preliminares de demolición de los pabellones existentes se tasaron en 700 millones de pesos, la construcción del nuevo complejo civil requerirá una inversión de 14.300 millones de pesos y la interventoría técnica externa se fijó en 972 millones de pesos.
De acuerdo con los plazos explicados por el Secretario de Fomento Económico ante los comerciantes, el proceso de adjudicación de los contratos de obra está programado para el próximo mes de agosto. Una vez se firme el acta de inicio, se estipula un periodo de ejecución de siete meses para la entrega del nuevo complejo comercial, el cual proyecta un cerramiento perimetral, parqueaderos internos y zonas verdes, lo que traslada la culminación de los trabajos al primer trimestre del próximo año
El próximo 23 de agosto de 2026 se realizará en Tunja el Campeonato Departamental de Trail y Montaña Boyacá, una competencia deportiva que convocará a corredores locales y de diversos municipios de la región en un trazado técnico por los entornos montañosos de la capital boyacense.
El certamen deportivo se desarrollará en dos distancias oficiales de 10 y 20 kilómetros, estructuradas para las categorías Abierta y Máster. La organización del evento diseñó este trazado con el fin de medir la resistencia, la técnica y la preparación física tanto de atletas aficionados como de competidores con experiencia en la modalidad de carrera de montaña.
El proceso de inscripción formal ya se encuentra disponible para los interesados. Los organizadores establecieron una tarifa de 20.000 pesos para las personas que completen su registro antes del 31 de julio, mientras que para el periodo comprendido entre el 1 y el 16 de agosto el valor se fijará en 25.000 pesos.
La convocatoria está dirigida a deportistas de Tunja, del departamento de Boyacá y de otras regiones del país, con el objetivo de masificar la práctica del trail running, incentivar hábitos de vida saludable y dinamizar la actividad física en los escenarios naturales de la zona. Para acceder a información detallada sobre los puntos de partida y los requisitos de inscripción, la organización habilitó las líneas telefónicas 312 514 6442 y 315 386 5261.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜́ 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜, 𝑎𝑙 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil marzo-mayo, Tunja es la quinta ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 11,6%, es decir, 0,1 puntos porcentuales por encima de la registrada en el trimestre anterior. El promedio nacional fue del 8,5%. Este resultado, si refleja incremento de la desocupación tanto frente al trimestre anterior como en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró una tasa de desempleo del 11,4% en la capital boyacense para el mencionado trimestre móvil.
Tunja es la tercera ciudad con menor tasa de informalidad (35,6%), aumentando en comparativa con el trimestre anterior (34,8%), aunque disminuyendo en relación al registro de hace un año, cuando era del 41,7%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (33,2%), seguido de Manizales (35%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 145.621 personas en edad de trabajar, de estas, 10.276 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.437 personas.
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