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𝐋𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐫𝐭𝐢𝐨́ 𝐮𝐧 𝐜𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧
A los 14 años, una misma semana le arrebató a Gabriel Peñuela Torres a sus dos abuelos paternos, las personas que lo criaron en Tunja. Aquel luto no lo detuvo; al contrario, le templó el carácter antes de pisar por primera vez una lona de entrenamiento. Sin escuelas profesionales de artes marciales mixtas en la capital boyacense, abrió trocha a pura disciplina durante 15 años cruzando por el kung fu, la capoeira, el jiu-jitsu y el kickboxing hasta fundar su propia academia: G&P MMA.
Allí, donde enseña que la furia desmedida solo agota el aire en 30 segundos y que la técnica manda sobre la fuerza bruta, Gabriel ha dejado ver la esencia del deportista boyacense: una perseverancia silenciosa y constante que se cultiva en el trabajo diario. Cuando la familia de su joven alumno Juan Pablo debió mudarse, Gabriel no dudó en becarlo y abrirle un cuarto en su propia casa en el barrio Gaitán, convirtiéndose en su técnico, mánager y figura paterna hasta verlo coronarse campeón de jiu-jitsu a los 18 años.
A lo largo de los últimos 12 meses Tunja es la ciudad donde más se ha incrementado el desempleo en el país.
La capital boyacense sigue escalando posiciones en el top de ciudades con más personas desocupadas, pasando del cuarto lugar a finales de septiembre pasado para ahora situarse en la tercera casilla de las capitales departamentales con más desocupación.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre, Tunja es la tercera ciudad con más desempleo en Colombia. Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 13,2%, es decir, 0,7 puntos porcentuales por encima del trimestre anterior. El promedio nacional para este trimestre fue del 8,5%.
Este resultado, no solo refleja una tendencia alcista de la desocupación frente al trimestre anterior, sino también en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, pues para dicho trimestre pero de 2025 se registró una tasa de desempleo del 9,2% en la capital boyacense.
Tunja es la tercera ciudad con menor tasa de informalidad (34,7%), manteniéndose en un el 35,7% registrado en el anterior trimestre, y reduciéndose en relación al registro de hace un año, cuando era del 38,5%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (33,8%), seguido de Manizales (33,9%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 146.318 personas en edad de trabajar, de estas, 11.614 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.527 personas.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨́ 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨𝐬 𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 $𝟏.𝟔𝟒𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨
Un balance de cuatro hallazgos administrativos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor sumado de $1.645.825.257, dejó la Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría Municipal de Tunja sobre la gestión de cobro de comparendos de tránsito. Los resultados quedaron consolidados en el informe final de auditoría correspondiente al Contrato de Concesión 852 de 2023, suscrito entre la Alcaldía de Tunja y el Consorcio Transformación Digital Tránsito Tunja 2023.
La pérdida de estos recursos públicos se produjo porque la Alcaldía de Tunja dejó vencer, de forma acumulada entre 2022 y 2026, el plazo legal de tres años que otorga la legislación nacional para cobrar las sanciones. La norma establece que toda multa prescribe si en un lapso de tres años contados desde el día de la infracción no se notifica formalmente el mandamiento de pago al deudor. La Contraloría Municipal de Tunja aclaró que la responsabilidad por la caducidad de estos cobros recae sobre la administración municipal y no sobre el contratista privado, dado que la jurisdicción coactiva, la imposición de sanciones y la notificación de procesos son funciones públicas indelegables.
El informe de fiscalización detalló las cuatro determinaciones resultantes del proceso auditor:
El primer resultado se formalizó en un hallazgo de carácter administrativo por fallas en la organización, custodia y trazabilidad de los expedientes físicos y digitales. El equipo auditor constató que la falta de soportes completos impidió verificar el estado real de múltiples comparendos.
El segundo resultado correspondió a un hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, fijado en $11.711.214, derivado del seguimiento a denuncias sobre comparendos de la vigencia 2022 cuyo término de cobro venció en 2025 sin actuaciones efectivas ni pruebas de notificación.
El tercer resultado se configuró en un hallazgo de tipo administrativo tras detectar inconsistencias en la base de datos de la cartera de tránsito, la cual reporta un saldo de $23.387.591.780 para un total de 17.358 registros adeudados. El ente fiscalizador aclaró que esta suma no constituye un dinero extraviado ni un desfalco a las finanzas del municipio, sino un reflejo del desorden en los sistemas de información. La cifra acumulada incluye 275 comparendos duplicados, 490 resoluciones registradas con fechas erróneas y 427 casos donde los ciudadanos realizaron pagos parciales o acuerdos de pago que no han sido cruzados ni descontados formalmente en los libros contables.
El cuarto resultado se estableció en un hallazgo de índole fiscal y disciplinario por $1.634.114.043. La cuantía se determinó tras auditar una denuncia específica sobre 81 expedientes por infracciones cometidas entre 2019 y 2023, en su mayoría vinculadas a conducción en estado de embriaguez o por la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En 58 de esos casos operó la prescripción debido a que la Alcaldía de Tunja dejó transcurrir los tres años correspondientes a cada expediente (vencidos progresivamente entre 2022 y 2026) sin emitir el auto de mandamiento de pago, sin notificar la decisión o manteniendo paralizados los procesos hasta perder la facultad legal de cobro.
Frente a las denuncias de veedurías sobre la estructuración del Contrato de Concesión 852 de 2023, la Contraloría Municipal de Tunja no halló detrimento patrimonial en el plazo de ejecución a 25 años ni en la retribución del 75% a favor del concesionario. La revisión concluyó que la administración municipal no asignó recursos de su presupuesto ni expidió certificados de disponibilidad presupuestal, pues las inversiones tecnológicas, la infraestructura, el personal y los riesgos operativos fueron asumidos por el privado.
Sobre la presunta delegación indebida de funciones públicas, la revisión contractual confirmó que las cláusulas mantienen en la administración municipal la competencia exclusiva de sancionar, inspeccionar, valorar pruebas y tramitar el cobro coactivo. La labor del concesionario se limita al soporte técnico, atención de trámites, apoyo al recaudo y cobro persuasivo.
En cuanto a las cámaras de fotodetección, la Contraloría Municipal de Tunja confirmó que estos dispositivos no se encuentran en funcionamiento para la imposición de comparendos. Su operación fue suspendida por orden administrativa el 13 de febrero de 2026, a la espera de revisiones técnicas y de los lineamientos del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐀𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟕 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐝𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬
La Administración Municipal radicó ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo 029, mediante el cual se solicita la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales correspondientes al año 2027. El objetivo de la iniciativa es iniciar el proceso de contratación que garantice la entrega del complemento alimentario a los estudiantes del sistema educativo público desde el primer día del calendario escolar de 2027.
Durante la exposición preliminar ante la corporación, la profesional universitaria de la Secretaría de Educación Territorial, Ludy Rodríguez Triana, detalló que el costo planeado para la primera etapa del programa asciende a 11.310.201.473 pesos. Este monto inicial cubrirá un periodo de ejecución de 120 días escolares, de los 180 que componen el año lectivo, dirigidos a 16.592 estudiantes matriculados, cifra calculada con base en el reporte SIMAT del mes de abril de 2026.
La financiación de esta primera fase se estructuró combinando asignaciones del Gobierno Nacional y recursos del municipio. De la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), que asignó preliminarmente 9.663 millones de pesos para la vigencia 2027, se utilizarán 7.810 millones de pesos. Los 3.500 millones de pesos restantes provendrán de los recursos propios proyectados en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).
En el desglose del presupuesto contractual, Rodríguez Triana especificó que 7.257 millones de pesos se destinarán a la modalidad de ración preparada en sitio y 1.387 millones de pesos al complemento industrializado. Asimismo, el 23% del valor total del contrato, equivalente a 2.665 millones de pesos, se reservará de manera exclusiva para el pago de salarios del personal operativo y las manipuladoras de alimentos, asegurando su remuneración según la intensidad de la jornada laboral y ajustada con la proyección del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
𝐄𝐥 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐏𝐢𝐧𝐳𝐨́𝐧
El Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja ordenó la apertura de un trámite incidental de desacato en contra del alcalde, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, debido al incumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de una acción popular que exige proteger un bien inmueble patrimonial.
La decisión judicial se originó por la falta de gestión en las apropiaciones presupuestales y en la presentación del cronograma contractual requerido para iniciar las labores de restauración total o parcial de la edificación situada en la Carrera 8 número 24-07, conocida como la casa esquinera contigua al parque Próspero Pinzón y a la biblioteca del Banco de la República.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, el fallo inicial emitido en enero de 2018 y modificado posteriormente en septiembre de 2023 ordenó realizar un peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural del inmueble y ejecutar las acciones financieras y contractuales necesarias para su rescate arquitectónico. Sin embargo, los informes técnicos elaborados por profesionales especializados evidenciaron un grado avanzado de deterioro físico, presencia de fisuras longitudinales en muros de tapia y mampostería, daños severos en la cubierta por ataque xilófago y un riesgo inminente de colapso parcial.
El expediente detalla que, aunque en septiembre de 2017 se impuso una multa a la propietaria del bien por desatender las obligaciones legales de conservación, el municipio no ha acreditado las gestiones presupuestales necesarias ni ha aportado el cronograma para el proceso contractual que permita arrancar con las obras de restauración. Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes señaló que, si bien en 2018 se autorizó una intervención para el reforzamiento y la recuperación de la edificación con fines de vivienda y comercio, corresponde a la administración municipal requerir al responsable y adoptar las medidas de primeros auxilios y protección inmediata contempladas en la normativa patrimonial.
Tras constatar que las órdenes judiciales continúan sin cumplirse de manera voluntaria, el despacho judicial notificará personalmente al mandatario municipal conforme a las normas procesales vigentes.
Una jornada recreativa con actividades culturales, juegos tradicionales y muestras artísticas fue programada para el próximo 6 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. en la Plaza de Bolívar, con motivo de la celebración del Día del Niño. La organización del evento está a cargo de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social, en coordinación con las demás dependencias municipales y la Policía Nacional.
El espacio institucional contempla el cercado del perímetro de la plaza central mediante la instalación de carpas temáticas lideradas por cada sectorial de la administración municipal. La ambientación principal girará en torno a las artes circenses, complementada con estaciones de juegos tradicionales, actividades recreativas y talleres infantiles como pintucaritas.
Desde la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social se confirmó que la logística busca integrar a las familias mediante una oferta lúdica coordinada con las autoridades. "Estamos organizando con el apoyo y el liderazgo de la administración y el compromiso de todos los secretarios, porque es un día de celebración de nuestros niños y nuestras niñas. Tenemos una programación para el 6 de noviembre a partir de las 2:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar va a estar cercada por carpas. Cada carpa está liderada por un secretario y el tema es del circo, con unos juegos tradicionales", indicó la representación de dicha dependencia.
Durante el desarrollo de la actividad se implementarán esquemas de acompañamiento logístico y de seguridad con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar el orden público durante la jornada.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐫 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐚𝐧𝐨
El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja profirió sentencia de primera instancia en el marco de una acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García, la cual tiene por fin que se ejecuten trabajos de conservación, rehabilitación y mantenimiento en el Parque San Laureano.
Mediante esta providencia judicial, la jueza Paula Juliett Fuerte Vargas amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, ordenando a la administración del municipio de Tunja la atención integral del lugar. Este espacio público se encuentra ubicado en el Centro Histórico del municipio, entre las calles 13A y 14 y las carreras 9A y 9B, junto a la iglesia de San Laureano y en el costado nororiental del Parque El Bosque de la República. En el fallo se determinó que, si bien el bien de uso público no registra un riesgo de desastre o falla estructural inminente, la omisión en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte de la entidad territorial ha propiciado el deterioro de sus componentes. La inspección técnica y el dictamen pericial incorporados al expediente evidenciaron el levantamiento de adoquines por la presión de raíces de árboles, fisuras y desplazamientos en los sardineles de piedra, presencia de grafitis en el mobiliario urbano y falta de mantenimiento general en las zonas verdes.
La decisión impuso un esquema de obligaciones con plazos perentorios para la administración del municipio de Tunja. En un término de dos meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, la Alcaldía deberá realizar jornadas de limpieza sobre el mobiliario urbano, incluyendo bancas, canecas y el tótem informativo, para retirar grafitis y afectaciones estéticas, además de desarrollar campañas pedagógicas quincenales orientadas a la conservación del patrimonio.
Respecto a los accesos y caminos peatonales, la providencia otorgó un plazo de seis meses para que la administración municipal adelante las gestiones presupuestales y contractuales requeridas para ejecutar las obras que fueron autorizadas en 2019 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Dicha intervención contempla la sustitución del piso actual por losetas de mármol travertino cepillado, la reparación de las bases en tramos con fallas y la adecuación de nivelaciones para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, precisando que la estructura del monumento central del obelisco no será intervenida.
Adicionalmente, se fijó un periodo de cinco meses para que el municipio elabore una evaluación técnica sobre el estado de los sardineles de piedra, la vegetación y dos monolitos ornamentales, con el propósito de contener el impacto de las raíces sobre los senderos. Una vez vencido este plazo, la administración municipal dispondrá de un mes para presentar la propuesta de intervención ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entidad que contará con dos meses para emitir su concepto y deberá realizar visitas técnicas de seguimiento. Notificada la aprobación, la Alcaldía tendrá un plazo de cuatro meses para ejecutar las obras.
Para velar por el acatamiento de las medidas, el despacho judicial dispuso la creación de un comité de verificación integrado por las secretarías de Planeación y de Cultura del municipio de Tunja, delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el accionante.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟔 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝐬 𝟕 𝐲 𝟖
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió para su trámite en primera instancia una demanda de acción popular que pretende la intervención y recuperación integral de la calle 26, en el tramo comprendido entre las carreras 7 y 8. La decisión judicial busca que el municipio de Tunja ejecute las obras necesarias para corregir el deterioro de la malla vial en este sector.
El proceso cursa bajo el número de radicación 150013333011-2026-00214-00 y fue promovido por el actor popular Yesid Figueroa García. En la demanda, el ciudadano argumenta que el tramo vial presenta huecos, hundimientos y diversas fallas estructurales que afectan el tránsito y la calidad de vida de los habitantes, sin que se hayan ejecutado obras de mantenimiento correctivo por parte de la administración municipal.
A través de este medio de control para la protección de derechos e intereses colectivos, el demandante solicita que se ordene al municipio de Tunja realizar los estudios técnicos correspondientes, asignar la partida presupuestal requerida y adelantar las contrataciones para la reconstrucción, rehabilitación y conservación de la calzada.
En el auto emitido por la jueza Adriana Rocío Limas Suárez se ordenó notificar al municipio de Tunja para dar traslado a la demanda y vinculó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan en el desarrollo de la actuación procesal.
𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢́𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖 𝐲 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐚𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨
Con trabajos de topografía, replanteo y retiro de capa vegetal comenzó la intervención del tramo inicial de la calzada occidental de la Avenida del Río, una infraestructura vial orientada a conectar el sector del proyecto Ponderosa, la UNAD y barrios aledaños con la zona norte de la capital boyacense. La primera fase comprende una longitud aproximada de 500 metros, extendiéndose desde la Calle 18 hasta la Calle 22 en inmediaciones al Batallón de Infantería Simón Bolívar.
La ejecución de las labores preliminares proyecta un tiempo de desarrollo de dos a tres meses, sujeto a las condiciones climáticas de la zona. Las actividades comprenden el retiro de la capa vegetal en un grosor aproximado de 40 a 50 centímetros, el posterior cajeo y la conformación del terreno hasta alcanzar el nivel de subrasante, con el propósito de garantizar transitabilidad y conectividad entre dos puntos antes de la pavimentación definitiva.
Elmer Román Díaz Ruiz, secretario de Infraestructura del municipio, precisó que la intervención fue coordinada con la Gobernación de Boyacá para mantener los parámetros y perfiles del diseño geométrico final de la obra, la cual contempla a futuro la construcción de calzadas pavimentadas, ciclorruta y senderos. Igualmente, la dependencia municipal estableció articulación técnica con la empresa Veolia para el manejo de los pasos de tuberías en la zona.
En cuanto a la fase dos del proyecto, correspondiente al sector posterior al punto de inicio, la administración municipal avanza en la gestión y revisión de predios. Respecto a la movilidad futura en el corredor, la Secretaría de Tránsito y Transporte proyecta la reorganización de las rutas de transporte público. Adicionalmente, el gobierno municipal evalúa la viabilidad de desarrollar una alameda o sendero ecológico a lo largo de la ribera del río hasta conectar el sur con el sector de la Universidad de Boyacá.
𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐤𝐚𝐭𝐞𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Instituto de Recreación y Deporte de Tunja expuso ante el Concejo Municipal la propuesta presupuestal prevista para la vigencia fiscal de 2027, para dicha dependencia, en un plan de inversiones que contempla la elaboración de estudios y diseños para un espacio destinado a la práctica de skateboard, la puesta en marcha de la primera ciclorruta rural del país y la adecuación de escenarios deportivos comunitarios.
Dentro del paquete de infraestructura, la entidad destinará 200 millones de pesos a la estructuración técnica de dos iniciativas. La primera corresponde al diseño de una "pista para nuestros chicos que practican la tabla", según relató el gerente del Irdet, Simón Medina Moreno. El segundo proyecto busca resolver la entrada de agua lluvia en el polideportivo del barrio Libertador y en el Centro de Integración Ciudadana del barrio Asís mediante cerramientos laterales. Frente a la intervención en el barrio Libertador, el Gerente del instituto aclaró que la obra no consiste en la instalación de una estructura superior nueva, dado que el escenario ya cuenta con techo, sino en la proyección de cerramientos en los costados para bloquear las ráfagas de viento con lluvia.
Sobre la urgencia de estas obras, el funcionario advirtió ante el recinto que "cuando llueve, cuando llovizna, por los lados laterales el agua se ingresa, se mete a ese escenario y es un peligro para nuestros deportistas porque el piso se vuelve total jabón". Medina Moreno precisó que en el Centro de Integración Ciudadana del barrio Asís, utilizado para la práctica de patinaje, "donde tengamos una gota de agua en ese escenario los deportistas pueden correr un alto riesgo de un accidente, una fractura o un esguince".
En lo referente a la red de polideportivos, el presupuesto de infraestructura asciende a 1.373 millones de pesos. De esa partida, 700 millones de pesos se utilizarán en el mantenimiento y reparación de escenarios comunitarios para atender 120 intervenciones en parques infantiles y canchas, abarcando la sustitución de mallas de cerramiento, la restitución de tableros y la demarcación de superficies con "una pintura encauchetada especial para que cuando esté mojada no se torne un jabón".
Asimismo, la administración proyecta la asignación de 473 millones de pesos para la construcción y dotación de tres canchas multifuncionales en el predio contiguo a la pista de BMX. Sobre este frente, la entidad se encuentra "en espera de una aprobación por Corpoboyacá para poder ingresar con la maquinaria", con la previsión de iniciar labores sobre el terreno de manera inmediata tras la respuesta de la autoridad ambiental.
En el componente de programas sociales y fomento deportivo, la entidad proyecta la asignación de 2.551 millones de pesos, equivalentes al 65 por ciento del presupuesto global del instituto, fijado en 3.924 millones de pesos. Entre las metas expuestas se destaca la inauguración de la primera ciclorruta rural del país el próximo 21 de noviembre, la ampliación del programa de ciclovía y estilos de vida saludable para impactar a 8.000 personas, la contratación de 88 instructores deportivos por 1.356 millones de pesos y el incremento a 5.000 participantes en las escuelas de formación, incorporando líneas adaptadas para personas con discapacidad cognitiva y física.
Finalmente, el instituto destinará recursos de la tasa Prodeporte, por un monto de 415 millones de pesos, para la entrega de auxilios en transporte terrestre, transporte aéreo, refrigerios e inscripciones a torneos para 30 clubes deportivos que cuenten con su reconocimiento deportivo vigente expedido por la entidad.
𝐆𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐜𝐢𝐜𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐡𝐨𝐲 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧
Integrantes del sector de motociclistas fijaron como punto de encuentro la bahía del Centro Comercial la Sexta para manifestarse hoy a partir de las 5:00 p.m., en respuesta a la expedición del Decreto 0294 del 22 de octubre de 2026, mediante el cual la Administración Municipal adoptó medidas transitorias de seguridad con ocasión de la celebración de Halloween.
La disposición administrativa establece la restricción a la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en las vías del perímetro urbano de la capital boyacense. Esta prohibición comenzará a regir desde el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. y se extenderá de manera continua hasta el domingo 1 de noviembre a las 6:00 a.m..
El decreto firmado por el alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza contempla excepciones para el personal de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, autoridades de tránsito, servicios de emergencia y socorro, esquemas de vigilancia privada autorizados e instructores de escuelas de enseñanza automovilística en ejercicio de sus funciones. Para los conductores que incumplan la medida, la normativa contempla la imposición de una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización del vehículo.
Frente a la regulación, los sectores convocantes manifestaron que la prohibición del acompañante limita el derecho a la libre movilidad y afecta de manera directa el trabajo de quienes emplean este medio de transporte como herramienta de subsistencia. Por su parte, la Administración Municipal fundamentó la decisión en informes de la Policía Metropolitana que señalan la ocurrencia de incidentes de seguridad durante la Noche de Brujas en años anteriores, sumado al incremento en el flujo de familias, peatones y menores de edad durante la fecha.
De manera complementaria, el acto administrativo prohibió en el espacio público la venta y uso de rociadores o espumas, el manejo no autorizado de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales, la realización de fogatas o quemas abiertas en áreas urbanas y los actos de alteración o daños en la infraestructura de los cementerios del municipio.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó a la Alcaldía de Tunja la adopción e implementación de un plan integral de intervención para reconstruir, adecuar y garantizar la seguridad de la infraestructura peatonal en el costado occidental de la Avenida Norte, en el tramo comprendido entre la Calle 38 y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) hasta su zona limítrofe con el establecimiento comercial de Pizza Nostra.
La decisión de segunda instancia, contenida en la sentencia proferida por la Sala de Decisión Primera de la corporación judicial bajo la ponencia de la magistrada María del Tránsito Higuera Guío, revocó el fallo emitido el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. En esa primera resolución, la autoridad judicial previa había negado las peticiones de la demanda de acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García, tras considerar que existía una carencia actual de objeto por hecho superado debido a las obras ejecutadas por la administración municipal.
El análisis del expediente técnico por parte del tribunal determinó que, si bien el municipio ejecutó la reconstrucción de 123 metros lineales de andén con la instalación de losetas podotáctiles y adecuación de paraderos en la bahía adyacente a la UPTC mediante el contrato de obra 1397 de 2022, este arreglo únicamente resolvió la problemática de forma parcial. Los informes técnicos integrados al proceso constataron que en los demás sectores del trayecto demandado, con especial énfasis en las intersecciones con la Calle 38 y la Calle 39 y el tramo entre la portería de la Calle 37D de la universidad y la Calle 39, persisten levantamientos por raíces, fisuras en el concreto, falta de continuidad peatonal, desorganización en el amoblamiento urbano e invasión del espacio de tránsito por casetas comerciales.
Ante estos hallazgos, la magistratura declaró de manera explícita que la Alcaldía vulneró los derechos colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente por la omisión en el mantenimiento de la red peatonal, precisando que la figura del hecho superado solo aplica para la franja de 123 metros recuperada junto a la universidad.
En consecuencia, la providencia fijó obligaciones inmediatas para el municipio, empezando por la implementación de medidas provisionales de señalización y habilitación de pasos temporales en zonas de riesgo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo. Asimismo, la administración municipal tendrá un mes para entregar un informe de verificación técnica actualizada con el inventario detallado del estado del corredor, tres meses para completar los estudios y diseños que permitan presentar el plan definitivo de financiamiento y obra, y un plazo máximo de 12 meses para culminar la totalidad de los trabajos de adecuación de la infraestructura peatonal.
Por último, el fallo ordenó la conformación de un comité de verificación integrado por el juez de primera instancia, la Alcaldía, el actor popular, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para vigilar el cumplimiento del cronograma.
𝐄𝐧 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐚𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐦𝐛𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Para evitar sorpresas o dudas de última hora durante el próximo fin de semana de disfraces, la Alcaldía Mayor de Tunja decidió dejar por escrito en el Decreto 0294 del 22 de octubre de 2026 una regla que la ciudadanía daba por sentada desde siempre, la prohibición explícita de profanar tumbas y saquear cementerios en el municipio.
A pesar de que el Código Penal colombiano castiga el irrespeto a los cadáveres y la profanación de tumbas con penas que van desde los 16 hasta los 90 meses de prisión, la administración municipal consideró oportuno recordar en el artículo quinto del acto administrativo que los camposantos de la ciudad no son un escenario apto para vandalizar o alterar durante la noche de brujas.
La medida entrará en vigor desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del domingo 1 de noviembre de 2026. Más allá del recordatorio sobre el respeto a los difuntos, el documento fija restricciones operativas muy concretas para la movilidad y la vida nocturna de los ciudadanos que salgan a festejar.
Durante ese mismo lapso de tiempo no se podrá andar en motocicleta con parrillero o acompañante por las calles de la capital. Quienes decidan desobedecer la norma se exponen a que les inmovilicen la moto y a pagar una multa cercana a los quince salarios mínimos legales diarios vigentes. La restricción solo salvará a los miembros de la Fuerza Pública, organismos de socorro, escoltas o vigilantes privados y a las escuelas de conducción que se encuentren laborando.
El paquete de prohibiciones para el fin de semana festivo también deja por fuera del espacio público las peleas con espuma, la venta o uso de aspersores, harinas y sustancias irritantes o ácidas que puedan lastimar a la gente. Tampoco estará permitido quemar pólvora sin permiso previo ni hacer fogatas en parques, zonas verdes o vías públicas del municipio.
La vigilancia de que nadie termine profanando tumbas ni echando espuma en la calle estará a cargo de la Secretaría del Interior, la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana y los organismos de socorro.
𝐃𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨
El reinicio y la ejecución de las obras de reparación y mejoramiento del coliseo del barrio San Antonio en el municipio de Tunja continúan paralizados tras la suscripción de una segunda suspensión del contrato respectivo, según lo confirmó el secretario de Infraestructura del municipio, Elmer Román Díaz Ruiz, durante una reciente intervención ante el Concejo Municipal. El escenario deportivo permanece fuera de servicio para la comunidad desde hace varios años, luego de que sus instalaciones sufrieran severos deterioros tras haber sido habilitado como centro de reclusión transitorio durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
La decisión de extender la suspensión del contrato obedece a desacuerdos económicos manifestados por los contratistas y a la necesidad de evaluar cambios técnicos en la obra para evitar adiciones presupuestales con recursos del municipio. Díaz Ruiz explicó ante los cabildantes que en las mesas de trabajo iniciales con la firma contratista y la interventoría "no querían continuar con el contrato por algunas situaciones de costos, por actualización de precios", situación a la que se suma la revisión técnica sobre el tipo de piso que se debe instalar en el escenario deportivo.
El aspecto central del debate técnico radica en el maderamen original, un elemento cuyo costo se estima en cerca de 500 millones de pesos, pero cuya viabilidad es evaluada debido a problemas de humedad identificados en el lugar. Al respecto, el funcionario municipal precisó que "existe un sumidero dentro del escenario que en estos momentos está generando un tema de humedad", motivo por el cual se tramita ante el Ministerio del Deporte un concepto técnico para determinar "el cambio posible del maderamen por un caucho clorado", alternativa que permitiría convertir la cancha en un espacio polivalente sin alterar el presupuesto asignado.
Adicionalmente, las evaluaciones técnicas en el sitio evidenciaron la necesidad de atender afectaciones en el techo del coliseo por un valor cercano a los 100 millones de pesos debido a filtraciones de agua. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura del municipio, aunque los fondos destinados al proyecto se encuentran asegurados, la reanudación de las intervenciones físicas dependerá del pronunciamiento definitivo de la interventoría y de los conceptos del organismo nacional sobre la modificación del piso del escenario.
𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟕
La Secretaría de Infraestructura presentó ante el Concejo Municipal de Tunja la solicitud de asignación presupuestal para la vigencia 2027, la cual asciende a 13.524 millones de pesos. Durante el estudio preliminar del proyecto de presupuesto que adelanta la corporación municipal dependencia por dependencia, el titular de la cartera expuso que la intervención en la Avenida Universitaria constituye uno de los puntos centrales de la inversión proyectada.
Dentro del sector transporte, que concentra la mayor asignación con un monto de 9.000 millones de pesos, la administración municipal prevé ejecutar trabajos en la Avenida Universitaria mediante articulación con la Gobernación de Boyacá. Según la exposición del funcionario, se han adelantado mesas de trabajo para la rehabilitación de los tramos comprendidos entre la glorieta del Gobernador y la glorieta de Green Hills, proyecto estimado en cerca de 14.000 millones de pesos, además de intervenciones de marcado y atención prioritaria en los puntos críticos de dicho corredor vial.
En el marco de la planificación vial y peatonal expuesta ante los concejales, la dependencia contempla de igual forma la proyección de trabajos en andenes y la adecuación de una ciclorruta en el tramo comprendido entre la glorieta de Makro y el sector de Unicentro, con el fin de optimizar el flujo vehicular y la movilidad de peatones y ciclistas en la zona norte.
La solicitud presupuestal total de 13.524.590.214 pesos se compone de 2.500 millones de pesos provenientes de ingresos corrientes de libre destinación, 10.430 millones de pesos de libre inversión y 524 millones de pesos de ingresos corrientes de destinación específica. Además del rubro vial, la propuesta asigna 1.300 millones de pesos para espacio público, 500 millones de pesos para salones comunales y 2.724 millones de pesos para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En cuanto a la infraestructura comunitaria, la Secretaría de Infraestructura proyecta destinar 500 millones de pesos para la construcción de un salón comunal en el barrio 20 de Julio, avance sujeto a la revisión de la situación tributaria de la junta de acción comunal para determinar la viabilidad de un convenio solidario.
Finalmente, en el área de Gestión del Riesgo se contemplan recursos para la actualización del plan municipal de gestión del riesgo por 230 millones de pesos, dotación de la sala de crisis, fortalecimiento de organismos de socorro y la adquisición de un predio en el talud del barrio San Ignacio en atención a una acción popular.
𝐂𝐥𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟕
La Secretaría de Infraestructura expuso ante el Concejo Municipal la distribución de los recursos proyectados para su dependencia dentro del proyecto de presupuesto de Tunja para la vigencia 2027, los cuales ascienden a un total de 13.524 millones de pesos. Durante el desarrollo de las jornadas de estudio preliminar que adelanta la corporación con cada una de las carteras de la administración municipal, el titular de la dependencia, Elmer Román Díaz Ruiz, detalló que la atención de la Avenida Universitaria se fijó como una de las prioridades dentro de la inversión planificada para la red vial.
El sector transporte concentrará la mayor asignación de la dependencia con un monto de 9.000 millones de pesos destinados a la infraestructura y malla vial de la capital boyacense. En el marco de este rubro, la administración prevé orientar esfuerzos hacia la Avenida Universitaria mediante la ejecución de cuadrillas de mantenimiento, marcado y atenciones de emergencia en los puntos más críticos de la calzada, al tiempo que se adelantan coordinaciones institucionales con la Gobernación de Boyacá para intervenciones de mayor alcance.
Dentro de la planificación vial y peatonal presentada ante los concejales, la secretaría contempla además la proyección de trabajos en andenes y la adecuación de una ciclorruta en el tramo comprendido entre la Glorieta del Gobernador y el sector de Unicentro, con el propósito de mitigar la congestión vehicular y mejorar el tránsito de peatones y ciclistas en el norte de la ciudad.
Aparte de la inversión vial, la distribución del presupuesto de la secretaría proyecta 1.300 millones de pesos para obras de espacio público, 500 millones de pesos para la construcción de un salón comunal en el barrio 20 de Julio (sujeto a la situación tributaria de la junta de acción comunal para definir la viabilidad de un convenio solidario) y 2.724 millones de pesos para la Gestión del Riesgo de Desastres. En esta última área se sustentaron partidas para la actualización del plan municipal de gestión del riesgo por 230 millones de pesos, la dotación de la sala de crisis, el fortalecimiento de los organismos de socorro y la adquisición de un predio en el talud del barrio San Ignacio en atención a una acción popular.
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐯𝐞𝐝𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐏𝐢𝐫𝐠𝐮𝐚
La Sala de Decisión Número Tres del Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la medida cautelar que mantiene suspendidas las licencias de subdivisión y construcción del proyecto urbanístico Pontevedra, ubicado en la vereda Pirgua de Tunja. Mediante providencia proferida con ponencia de la magistrada María del Tránsito Higuera Guío, la corporación resolvió la apelación presentada por la Constructora Project Group S.A.S. y dejó firme la decisión emitida en primera instancia por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito el 29 de enero de 2026.
El fallo de segunda instancia ratificó la parálisis legal sobre las Resoluciones 15001-2-24-0398 y 15001-2-24-0393, mediante las cuales la Curaduría Urbana Número Dos autorizó el fraccionamiento de los predios, así como sobre las 38 licencias de construcción derivadas de dichos actos administrativos. La actuación judicial se tramita en el marco de una demanda de nulidad simple interpuesta por la administración del municipio de Tunja contra los permisos concedidos a la empresa constructora.
En la evaluación de los recursos, la magistratura constató que los terrenos constitutivos del proyecto corresponden a suelo de expansión urbana dentro del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. En aplicación de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, cualquier desarrollo urbanístico o edificatorio en esta categoría exige la adopción previa de un plan parcial, instrumento de planificación con el que no cuenta la obra. La providencia advirtió que la falta de este trámite limita el uso del terreno de forma exclusiva a actividades agrícolas o forestales.
Durante el trámite de la impugnación, la representación legal de la empresa sostuvo que el predio había sido reclasificado a suelo rural mediante una resolución expedida en 2023 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La corporación desestimó esa argumentación al precisar que las actuaciones del organismo nacional corresponden a trámites estrictamente catastrales, los cuales carecen de la competencia jurídica para alterar la clasificación del suelo aprobada por las autoridades del municipio de Tunja en el Plan de Ordenamiento Territorial.
En el estudio del expediente, el Tribunal introdujo un ajuste procedimental al retirar del análisis cautelar los reproches sobre la falta del concepto previo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por la cercanía con el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. La Sala explicó que la administración municipal incluyó ese aspecto en la demanda principal pero omitió señalarlo expresamente en la solicitud formal de medida cautelar, por lo que el principio de congruencia impedía valorarlo en esta fase preliminar.
A pesar de modificar el marco de evaluación, la magistratura determinó que la ausencia del plan parcial constituye una infracción suficiente para mantener la suspensión provisional. La providencia rechazó las peticiones de la constructora, que solicitó levantar la medida alegando inversiones superiores a 26.500 millones de pesos y un avance físico de obra ejecutado por encima del 80 por ciento.
Al respecto, la decisión judicial dejó constancia de que la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Tunja había advertido a las partes sobre la obligatoriedad del plan parcial antes de la expedición de los permisos. En aplicación del principio general del derecho que impide a las partes beneficiarse de su propia imprudencia o negligencia, el fallo concluyó que el avance en la ejecución de los trabajos no valida las actuaciones irregulares ni prevalece sobre el interés general en la preservación del ordenamiento territorial.
La determinación del Tribunal Administrativo de Boyacá agotó los recursos disponibles contra la medida cautelar, garantizando que las licencias permanezcan inoperantes mientras el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja adelanta el juicio de nulidad hasta proferir la sentencia definitiva de fondo.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐅𝐢𝐥𝐦𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐚 𝐦𝐢𝐥 𝐣𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨𝐯𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
La Unidad Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Umciti) presentó la propuesta para implementar la estrategia formativa y audiovisual SmartFilms Tunja, con el objetivo de capacitar a mil jóvenes mayores de 16 años en producción cinematográfica con dispositivos móviles, narrativa social y mercadeo digital enfocado en el comercio de barrio. La iniciativa forma parte del paquete de proyectos de inversión previstos por la administración para la vigencia fiscal del próximo año, cuyo presupuesto general se encuentra en estudio ante las autoridades correspondientes.
Durante la sustentación de la propuesta de inversión de la dependencia, cuyo presupuesto asignado para 2027 asciende a 1.014.866.024 pesos, la titular de la dependencia, Ahiliz Rojas Rincón, precisó que la ejecución del programa SmartFilms Tunja requiere una inversión total de 500 millones de pesos. Para cubrir este monto, la Unidad Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación apropiará inicialmente cerca de 200 millones de pesos de sus recursos propios y buscará gestionar los 300 millones de pesos restantes articulando con metas del programa Actíva-T, perteneciente a la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos, así como mediante alianzas estratégicas con actores externos entre los que figuran la Cámara de Comercio de Tunja, la caja de compensación familiar Comfaboy y el Parque Agroindustrial.
La iniciativa, cuya metodología pertenece a la empresa Valencia Producciones y cuenta con antecedentes de ejecución en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, está estructurada en cuatro fases. La primera etapa contempla la convocatoria e instrucción de mil participantes en técnicas de posproducción, habilidades blandas y realización audiovisual con teléfonos celulares. En la segunda fase, los inscritos conformarán equipos de cinco integrantes para crear cortometrajes orientados a visibilizar la actividad de pequeños comercios de barrio y promover temáticas de interés social o turístico del municipio.
Posteriormente, un proceso de curaduría seleccionará a cien participantes que accederán a un proceso de formación intensiva con realizadores y actores de la industria cinematográfica nacional. Esta fase culminará con una ceremonia de premiación en el Auditorio Bicentenario, donde se entregarán estímulos de diez millones de pesos al primer lugar, cinco millones al segundo y tres millones al tercer puesto, representados en capital semilla. En la última etapa, los diez mejores emprendedores recibirán 16 horas de capacitación personalizada en modelos de negocio, contratos comerciales, comercio electrónico y herramientas de inglés aplicadas al marketing digital, junto con un incentivo individual de un millón quinientos mil pesos.
En la misma presentación ante la corporación, la entidad detalló la distribución de los fondos de inversión previstos para el próximo año, dentro de los cuales se contemplan 280 millones de pesos para la dotación de aulas con tecnología STEM en instituciones educativas oficiales, 150 millones de pesos para proyectos de agricultura de precisión con tecnologías 4.0, 100 millones de pesos para la realización de la Feria de Robótica y 54,8 millones de pesos para el desarrollo de una aplicación móvil sobre rutas de transporte público orientada a la población con discapacidad, entre otras iniciativas de apropiación social del conocimiento y fortalecimiento de semilleros de investigación. La concreción del programa SmartFilms quedará supeditada a la aprobación de la partida presupuestal en el presupuesto municipal y a la consecución de las fuentes complementarias de cofinanciación.
𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐛𝐞𝐥𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐬𝐩𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚
La Alcaldía de Tunja participó en los encuentros organizados por el Departamento Nacional de Planeación para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales se llevan a cabo en las diferentes zonas del país. En esta ocasión, durante la jornada correspondiente al departamento de Boyacá desarrollada en la capital boyacense, la administración municipal expuso ante el gobierno nacional un extenso y detallado portafolio de proyectos estratégicos que buscan ser viabilizados e incluidos dentro de la hoja de ruta nacional para los próximos años.
La directora del Departamento Administrativo de Planeación Territorial, Nataly Callejas, entregó detalles sobre las propuestas estructuradas y presentadas por las diferentes dependencias del gobierno municipal. El paquete de propuestas abarca frentes fundamentales para el desarrollo de la capital boyacense, tales como la movilidad urbana, la infraestructura vial, el medio ambiente, los servicios públicos, la salud y la gestión institucional.
𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱
En el sector de infraestructura vial y movilidad, la administración municipal entregó estructurado en fase tres el proyecto de cofinanciación para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), una iniciativa clave valorada en aproximadamente 600.000 millones de pesos que busca consolidar la integración del transporte en el municipio. Asimismo, se destacó el visto bueno del gobierno nacional para la construcción de la Troncal de Occidente, tasada en 100.000 millones de pesos. Este proyecto en fase tres, pretende además extenderse hacia los municipios vecinos de Motavita y Cómbita. Adicionalmente, se radicó el proyecto para la construcción de la Calle 53 entre Avenida Universitaria y Avenida Norte, con una solicitud de 15.000 millones de pesos en fase tres, así como el programa de mejoramiento de la infraestructura vial urbana con conexión a ejes nacionales, estimado en 7.500 millones de pesos, también en fase.
𝗦𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝘆 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀
El componente ambiental comprende iniciativas radicadas en fase dos ante el Ministerio de Ambiente. Entre ellas se encuentra la intervención en el sendero de la Reserva Forestal de El Malmo, cuyo costo proyectado asciende a 3.000 millones de pesos, tras contar con una asignación inicial de 300 millones en recursos propios para estudios y diseños. También se postuló la construcción de una granja solar fotovoltaica en el barrio San Antonio, valorada en 2.700 millones de pesos, proyecto que está en fase dos, contando con prefactibilidad, y la actualización y recuperación ambiental de la ronda del Río Jordán, estructurada por 5.237 millones de pesos.
𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮
El sector de la salud contempla una apuesta articulada entre la Secretaría de Salud y la ESE Santiago de Tunja. Las iniciativas incluyen la adquisición de vehículos extramurales, dotación biomédica de extensión hospitalaria, que contempla la compra de un tomógrafo computarizado para el Hospital Metropolitano de Tunja y así ampliar la capacidad diagnóstica local y descongestionar el Hospital Universitario San Rafael,. A esto se suma la terminación de la mencionada torre, propuesta presentada en fase tres por un valor de 6.600 millones de pesos.
𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀 𝘆 𝗳𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗼
En cuanto a servicios públicos y fomento económico, la administración municipal postuló el módulo seis de la PTAR por 40.000 millones de pesos, continuación del parque agroalimentario por 9.000 millones, el sistema de alcantarillado sanitario por 10.000 millones y la perforación de un pozo profundo por 1.140 millones.
𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮 𝘆 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼
El portafolio presentado por la administración municipal incluye además el Centro PotencIA, la ventanilla única para el sector de la construcción estructurada en fase dos por 350 millones de pesos para agilizar los trámites urbanísticos, la actualización de la nomenclatura urbana y rural por 900 millones de pesos, y el seguimiento al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico, que contempla una inversión inicial con recursos propios de 1.700 millones de pesos y la búsqueda de cofinanciación con el Ministerio de las Culturas.
𝐈𝐧𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞
El Instituto Nacional de Vías y la Alcaldía de Tunja acordaron priorizar las gestiones para la entrega formal de los estudios y diseños de la Transversal de Occidente, un corredor vial de 18 kilómetros concebido para desviar el tráfico pesado del casco urbano de la capital boyacense y optimizar la movilidad en los accesos al municipio.
La concertación se oficializó durante una mesa de trabajo entre el director del Invías, Juan Camilo Ostos, y el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza. El acuerdo da continuidad a la propuesta técnica planteada por la administración municipal para estructurar este trazado como una vía de carácter nacional, elevando la proyección inicial de 16.5 kilómetros a una extensión superior a los 18 kilómetros para cumplir con especificaciones técnicas similares a las de la Perimetral de Oriente.
El trazado proyectado por el municipio comprende un recorrido que inicia en el sector de Chorroblanco hasta la zona de El Cangrejo en la salida hacia el municipio de Villa de Leyva, contemplando intersecciones estratégicas para enlazar con las vías que conducen a los municipios de Motavita y Cómbita. Con la intervención del Invías, se busca consolidar la viabilidad técnica y asegurar los respaldos de la Nación para la futura ejecución de la obra.
Dentro del paquete de compromisos fijados en el encuentro, la entidad nacional y el municipio establecieron la proyección de intervenciones en la red vial rural para el año 2027, con prioridad en las veredas Pirgua y Runta. Para este fin, se alista la firma de un convenio interadministrativo que facultará al municipio en la atención de dichos corredores veredales.
Finalmente, la reunión de trabajo permitió revisar el estado de los pasos urbanos pertenecientes a la Transversal de Boyacá y al corredor Briceño-Tunja-Sogamoso, así como evaluar el avance del convenio destinado a la adecuación del acceso vehicular en la vía que conecta a Tunja con el municipio de Barbosa, en Santander.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟏𝟏 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟕𝐀 𝐲 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐧𝐠𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
Los conductores, biciusuarios y peatones que a diario transitan por una de las vías más transitadas de la capital boyacense por fin verán una luz al final del túnel. Un juzgado de la ciudad ordenó a la administración municipal intervenir de manera integral el corredor vial de la Carrera 11 entre la Calle 27A y el sector de Los Hongos, una arteria vial que durante años ha presentado graves problemas de deterioro, huecos y desgaste en su capa asfáltica y andenes.
La decisión judicial llega tras una demanda presentada por el ciudadano Yesid Figueroa, que alertó sobre el peligro constante al que se exponen quienes se desplazan por esta arteria vial, obligados a hacer maniobras peligrosas para esquivar cráteres y tramos agrietados. Tras una inspección técnica que dejó en evidencia el abandono de la malla vial, la justicia determinó que el municipio vulneró los derechos colectivos al espacio público y a la seguridad de la comunidad.
El fallo establece un cronograma estricto que la Alcaldía deberá cumplir al pie de la letra. En un plazo máximo de seis meses, la administración municipal tendrá que realizar estudios técnicos detallados para diagnosticar a fondo el daño de la vía y de los andenes. Posteriormente, contará con tres meses para asignar los recursos financieros necesarios del municipio para las obras. Finalmente, una vez asegurado el dinero, se abrirá paso a la ejecución de los trabajos de pavimentación, bacheo y recuperación de andenes en un periodo no mayor a otros seis meses.
Para garantizar que la Alcaldía no se quede en promesas, la justicia ordenó la creación inmediata de un comité de verificación integrado por la veeduría ciudadana, autoridades de control y el propio demandante, quienes vigilarán paso a paso el cumplimiento de las obras que transformarán la movilidad de este sector tunjano.
El municipio de Tunja terminará de pagar sus créditos con la banca comercial en el año 2033, de acuerdo con las proyecciones financieras del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por la administración municipal ante el Concejo Municipal durante la exposición del proyecto de acuerdo por medio del cual se busca viabilizar el presupuesto de la vigencia 2027.
De acuerdo a la presentación realizada ante los cabildantes, bajo las condiciones de endeudamiento vigentes, la ciudad quedará libre de compromisos por concepto de servicio de la deuda a partir de la vigencia fiscal 2034, siempre y cuando el municipio no adquiera nuevos préstamos financieros durante los próximos años.
Para la vigencia fiscal 2027, el municipio destinará una partida total de 27.074.837.553 pesos para atender el pago de las deudas adquiridas con entidades bancarias comerciales. De esta suma, 17.649.028.558 pesos corresponderán al abono directo de capital, lo que representa el 66,04 por ciento del presupuesto destinado al servicio de la deuda, mientras que 9.075.808.995 pesos se utilizarán para cancelar los intereses contractuales. El presupuesto incluye además una reserva de 350.000.000 pesos orientada a cubrir los aportes exigidos por ley para el fondo municipal de contingencias.
El plan de amortización a diez años presentado por el Departamento Administrativo de Hacienda Pública refleja un descenso progresivo en el dinero que el municipio debe girar anualmente a los bancos. En los abonos al saldo de capital, los desembolsos pasarán de 17.649 millones de pesos en 2027 a 14.397 millones en 2028, 13.774 millones en 2029, 13.462 millones en 2030, 10.623 millones en 2031, 1.848 millones en 2032 y 1.497 millones en 2033, vigencia en la que se liquidará el saldo de los créditos en ejecución.
De manera simultánea, el costo por el pago de intereses registrará una reducción paulatina durante el mismo periodo. Los cobros por intereses disminuirán de los 9.076 millones de pesos calculados para 2027 a 6.808 millones en 2028, 4.850 millones en 2029, 2.974 millones en 2030, 1.116 millones en 2031, 279 millones en 2032 y 96 millones en 2033. Para las vigencias de 2034, 2035 y 2036, la programación oficial de la administración municipal no asigna partidas presupuestales para el pago de deuda bancaria.
Tunja contará con un presupuesto general de 612.139.916.371 pesos para la vigencia fiscal 2027, lo que representa un incremento del 14,52 por ciento en comparación con el monto de 534.537 millones de pesos aprobados para la vigencia de 2026. Dentro de la distribución de los recursos en el municipio, el sector de la educación recibirá la asignación más alta con un total de 182.993.094.266 pesos.
Del total de los recursos previstos para el municipio, la mayor proporción se destinará al tipo de gasto correspondiente a la inversión, seguido por el funcionamiento de la administración municipal y el pago del servicio de la deuda pública con entidades bancarias. De la masa presupuestal de la capital boyacense, el 69,58 por ciento se asignó a la bolsa de inversión, equivalente a 425.924.285.385 pesos. Por su parte, los gastos de funcionamiento del municipio sumarán 159.140.793.433 pesos, lo que corresponde al 26 por ciento de las apropiaciones anuales. Finalmente, el pago del servicio de la deuda contratada con entidades bancarias abarcará el 4,42 por ciento, destinando 27.074.837.553 pesos al cumplimiento de obligaciones financieras.
En la distribución institucional de los fondos, la Alcaldía de Tunja manejará de forma directa 589.456.185.797 pesos para la operación de sus dependencias. Los restantes 22.683.730.574 pesos corresponden a las entidades descentralizadas del municipio. En este grupo, el Colegio de Boyacá ejecutará 22.612.927.374 pesos para su funcionamiento, mientras que el Instituto de Recreación y Deporte de Tunja dispondrá de 70.803.200 pesos.
De manera independiente, las entidades encargadas del control municipal y del debate político operarán con sus propios presupuestos asignados, los cuales suman 10.175.778.943 pesos en conjunto. En esta distribución, el Concejo Municipal dispondrá de 4.601.225.040 pesos (repartidos en 2.423.658.201 pesos para gastos operativos y 2.177.566.839 pesos para los honorarios de los concejales), la Contraloría Municipal ejecutará 2.804.658.816 pesos y la Personería Municipal contará con 2.769.895.087 pesos.
En el detalle del funcionamiento interno de la Alcaldía, de los 126.281.283.916 pesos destinados a este rubro, el pago de salarios y prestaciones del personal de planta demandará 55.455.387.352 pesos. Las transferencias establecidas por ley requerirán 40.875.121.242 pesos, la compra de bienes y servicios generales costará 26.445.775.322 pesos, la disminución de pasivos pendientes absorberá 3.200.000.000 pesos y el pago de impuestos, tasas, multas y sanciones requerirá 305.000.000 pesos.
En el manejo de las obligaciones financieras contratadas con los bancos, la partida de 27.074.837.553 pesos se utilizará para abonar 17.649.028.558 pesos al saldo pendiente de capital y 9.075.808.995 pesos al pago de intereses contractuales. Los 350.000.000 pesos restantes irán como aporte al fondo municipal para contingencias.
Respecto a la procedencia del dinero, el 55,1 por ciento del presupuesto del municipio dependerá de giros del Gobierno Nacional. Mediante las transferencias del Sistema General de Participaciones ingresarán 247.266.543.745,55 pesos, cifra que sube un 17,5 por ciento frente a los 210.485 millones asignados en 2026. De esos giros nacionales, la educación recibirá 172.522.655.610 pesos, la salud obtendrá 54.824.333.481,55 pesos, el área de agua potable y saneamiento básico dispondrá de 5.376.569.297 pesos, los recursos de propósito general aportarán 14.129.089.478 pesos (divididos en 11.786.286.491 pesos para libre inversión, 1.349.069.072 pesos para deporte y 993.733.915 pesos para cultura) y el Programa de Alimentación Escolar sumará 413.895.879 pesos.
En los impuestos cobrados dentro del municipio, la alcaldía calcula un recaudo de 227.769.251.041 pesos. El tributo que más ingresos aportará será el Impuesto Predial Unificado con un recaudo estimado en 94.143.300.003 pesos. El Impuesto de Industria y Comercio proyecta 60.023.263.438 pesos, la Sobretasa a la Gasolina 13.619.701.802 pesos, las estampillas municipales 7.766.000.000 pesos, el impuesto al transporte por oleoductos y gasoductos 10.000.000 pesos y otros cobros tributarios 67.061.000.000 pesos.
Por ingresos no tributarios, como tasas y sanciones, se proyectan 202.034.802.719 pesos, mientras que los rendimientos por inversiones en cuentas bancarias dejarán 6.265.698.781 pesos. Las cuentas de fondos especiales administrarán 153.386.433.256 pesos, en donde el Fondo Local de Salud absorberá 133.819.104.662 pesos. El resto se distribuye entre el Fondo Territorial de Pensiones con 6.441.578.286 pesos, los fondos de seguridad municipal con 5.698.260.053 pesos, el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso con 5.322.528.339 pesos, el Fondo Educativo Municipal con 1.220.371.702 pesos, la gestión del riesgo de desastres con 524.590.214 pesos, el fondo para personas con discapacidad con 350.000.000 pesos y la protección animal con 10.000.000 pesos.
De los 425.924.285.385 pesos asignados a la bolsa de inversión municipal, los sectores de educación y salud concentrarán de forma conjunta el 74,58 por ciento de los fondos. La financiación de esta bolsa se respaldará con 247.266.543.746 pesos de transferencias de la Nación, 115.716.897.670 pesos de ingresos corrientes de destinación específica, 56.585.975.046 pesos de ingresos corrientes de libre destinación, 4.624.806.309 pesos de rendimientos financieros y 1.730.062.614 pesos de recursos de capital.
La asignación del presupuesto de inversión por sectores en el municipio para la vigencia 2027 es la siguiente:
• Sector Educación: 182.993.094.266 pesos.
• Sector Salud y Protección Social: 134.681.247.086 pesos.
• Sector Minas y Energía: 22.293.417.754 pesos.
• Sector Vivienda, Ciudad y Territorio: 16.912.562.870 pesos.
• Sector Gobierno Municipal: 16.658.655.647 pesos.
• Sector Transporte: 16.371.986.287 pesos.
• Sector Inclusión Social y Reconciliación: 8.277.351.511 pesos.
• Sector Justicia y del Derecho: 7.479.717.658 pesos.
• Sector Cultura: 4.678.093.909 pesos.
• Sector Deporte y Recreación: 3.924.678.828 pesos.
• Sector Trabajo: 3.015.933.862 pesos.
• Sector Información Estadística: 2.524.629.750 pesos.
• Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: 2.252.552.447 pesos.
• Sector Agricultura y Desarrollo Rural: 1.768.997.486 pesos.
• Sector Ciencia, Tecnología e Innovación: 1.014.866.024 pesos.
• Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): 735.000.000 pesos.
• Sector Comercio, Industria y Turismo: 309.000.000 pesos.
• Sector Organismos de Control: 32.500.000 pesos.
En la exposición de la administración municipal ante el Concejo se incluyeron los supuestos macroeconómicos del entorno nacional que sustentan las proyecciones financieras. Entre estos datos figuran un crecimiento de la economía colombiana del 2,6 por ciento registrado en 2025, una inflación del 5,35 por ciento calculada a agosto de 2026 (año corrido) y la tasa de intervención del Banco de la República fijada en 12,25 por ciento. Adicionalmente, las estimaciones a diez años proyectan que los ingresos del municipio aumentarán progresivamente hasta alcanzar 826.827 millones de pesos en 2036.
En los antecedentes de recaudo en Tunja, los ingresos totales registraron un aumento promedio en pesos corrientes del 12,96 por ciento anual entre 2022 y 2025. Al cierre de 2025, el dinero efectivamente ingresado sumó 676.743.625.696 pesos sobre una proyección de 634.553.588.172 pesos, alcanzando una ejecución del 106 por ciento. En la vigencia de 2026, con corte provisional al 30 de septiembre, el municipio ha recaudado 570.737.398.094,19 pesos frente a la meta anual de 666.111.976.983,21 pesos, representando un cumplimiento del 85,68 por ciento de lo previsto y compromisos de gasto ejecutados por 411.759.203.343,54 pesos.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟓𝟗 𝐲 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐓𝐒 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥
La Alcaldía de Tunja planea extender la trazabilidad de la Calle 59 para interconectar la Avenida Universitaria con la doble calzada Briceño-tunja-Sogamoso, a través de un mecanismo de concertación con los propietarios de los predios colindantes que descarta la compra directa de terrenos por parte del municipio.
La propuesta técnica busca dar continuidad a la infraestructura vial en el norte de la capital boyacense para evitar que los conductores deban desplazarse hasta el sector de Green Hills para realizar retornos hacia el municipio de Sogamoso. Frente a las restricciones de presupuesto y la necesidad de expansión vial, el calalde Rafael Acevedo Pedroza señaló que a "Tunja le hace falta abrir vías, pero es que al menos abrámoslas, tracemos línea, determinemos el crecimiento de la ciudad”.
Para la consolidación de este corredor no se destinarán recursos públicos destinados a la adquisición de inmuebles, sino que se recurrirá a esquemas de cesión y diálogo con los particulares dueños de los predios colindantes a la Calle 59. Al respecto, el gobierno municipal indicó que "no vamos a comprar predios, vamos a conciliar con la gente", bajo el argumento de que la apertura del paso vehicular genera valorización sobre los terrenos restantes.
𝐏𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐳𝐚𝐫𝐢́𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐫 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢́𝐨
La administración municipal de Tunja proyecta iniciar en un plazo de ocho días las labores de topografía y preparación del terreno para realizar la apertura en material afirmado del corredor proyectado para la Avenida del Río, en el tramo comprendido entre la Calle 18 y el Batallón Bolívar, mediante un convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá.
La intervención sobre esta franja de terreno se adelantará mediante la utilización de un kit de maquinaria pesada aportado por la administración departamental, el cual está integrado por seis equipos que incluyen una retroexcavadora, dos volquetas, un vibrocompactador y una motoniveladora. De acuerdo con lo manifestado por la administración municipal, el acuerdo no contempla transferencia directa de recursos económicos entre las partes. La inversión es “de cero pesos", precisó la administración municipal, al explicar que la responsabilidad del municipio se limita al suministro de combustible para las obras en vías municipales, mientras que la Gobernación de Boyacá asumirá el carburante cuando los trabajos correspondan a vías secundarias.
El inicio de las labores en este sector de Tunja se programó para la próxima semana, una vez concluyan las actividades de atención prioritaria derivadas de una acción popular en la vía antigua hacia La Libertad, en las inmediaciones del Puente Boyacá. Sobre el cronograma exacto de los trabajos, la administración municipal confirmó que "hoy se hace la topografía y el replanteo ahí en el lugar y de hoy en ocho, yo creo que ya estamos con la máquina".
La propuesta técnica contempla conformar un paso vehicular provisional en material afirmado de doble sentido que conecte la zona con el tramo ya existente de la Avenida Universitaria. Frente al estado del terreno y los costos proyectados, el gobierno municipal expuso que "la Avenida del Río tiene un valor superior a 30.000 millones los dos tramos que tienen estudios y diseños por parte de la Gobernación", pero aclaró que la actuación actual no pretende la construcción como tal de la Avenida, sino trazar su paso en terreno.
𝐅𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐝𝐨𝐫𝐚
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que ordenaba a la Personería Municipal el reintegro de Nury Stella Vargas Rodríguez. Al resolver la impugnación y negar la protección solicitada, el despacho judicial determinó que no se probó que la desvinculación laboral estuviera relacionada con su estado de lactancia, con lo cual quedó descartada cualquier medida de arresto o privación de la libertad contra el titular del organismo de control municipal, Nelson Andrés Villabona.
El proceso legal se originó tras la expedición de la Resolución 082 del 10 de agosto de 2026, mediante la cual el Personero Municipal declaró la insubsistencia del nombramiento de Vargas Rodríguez en el cargo de personera delegada para Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, medida que cobró efecto el 14 de agosto del mismo año. Ante la decisión administrativa, la exservidora interpuso una acción de tutela al considerar ampararse en el periodo de lactancia para alegar la afectación de sus derechos fundamentales y los de su hija menor de edad.
En el trámite inicial, un juzgado municipal amparó las pretensiones de la demandante y dispuso su reinstalación en el empleo junto con el pago de acreencias laborales. Sin embargo, la Personería Municipal de Tunja impugnó el fallo. Al analizar la segunda instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito concluyó que, si bien la entidad tenía conocimiento del periodo de lactancia de la exservidora, en el expediente no se acreditaron elementos de prueba que demostraran actos de hostigamiento, represalias o tratos discriminatorios ligados a la maternidad.
La providencia judicial precisó además que la presunción de despido discriminatorio por fuero de lactancia no opera de manera automática en las circunstancias evaluadas y recordó la naturaleza del empleo de personera delegada, el cual corresponde a un cargo de libre nombramiento y remoción dentro de la estructura administrativa del municipio. Con la resolución en segunda instancia que exime al personero de Tunja de medidas restrictivas de la libertad, las actuaciones fueron remitidas a la Corte Constitucional para el trámite ordinario de eventual selección y revisión.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐥𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟒𝟒% 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐲 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐄.𝐒.𝐄. 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El más reciente informe de auditoría financiera y de gestión elaborado por la Contraloría Municipal de Tunja sobre la E.S.E. Santiago de Tunja, correspondiente a la vigencia fiscal 2025, dejó al descubierto un panorama complejo para la entidad prestadora de servicios de salud del primer nivel en la capital boyacense. Aunque el organismo de control fiscal decidió fenecer la cuenta fiscal del periodo evaluado debido a la ejecución global del presupuesto, la evaluación técnica integral arrojó un concepto de Control Fiscal Interno «Deficiente» con una calificación de 1,8 sobre 3,0, además de una Opinión Financiera con Salvedades motivada por múltiples inconsistencias en los libros contables, la administración de inventarios, la contratación pública y la gestión del recaudo institucional.
El dato de mayor impacto económico dentro del documento oficial es el drástico deterioro de los excedentes o utilidades netas de la entidad al cierre del ejercicio. Durante el año 2025, la E.S.E. reportó ingresos totales por $43.744 millones, lo que significó un modesto incremento del 1,29% en comparación con el año anterior. Sin embargo, las utilidades netas sufrieron un desplome del 43,98%, al pasar de $7.970 millones en 2024 a $4.465 millones en 2025. Esta estrechez en los resultados responde a un encarecimiento directo de la operación: mientras los ingresos por la venta de servicios de salud aumentaron un 10,55%, los costos necesarios para prestar esa misma atención médica se dispararon un 17,95%. Esto se traduce en que a la institución le resulta cada vez más costoso mantener abiertos y operativos sus centros de salud, consumiendo más de $91 de cada $100 que le ingresan solo para cubrir el costo operativo directo de las consultas, procedimientos, personal e insumos.
A la drástica reducción de sus ganancias se suma una abultada e incierta cartera de cuentas por cobrar que asciende a $26.531 millones, cifra que representa nada menos que el 35,34% de todos los activos reportados por el hospital. Lo que revela el análisis del ente fiscalizador es que más de la mitad de ese dinero, exactamente $13.292 millones (el 51,13%), lleva retenido más de un año sin que se haya logrado su recaudo efectivo. Entidades promotoras de salud como la intervenida Nueva EPS adeudan $9.826 millones y Coosalud registra una mora de $3.509 millones, a lo que se adicionan más de $3.125 millones atascados en EPS liquidadas como Comparta y Medimás. La implicación directa es que más de una tercera parte del patrimonio con el que cuenta en papel la E.S.E. para trabajar no está disponible en sus cuentas bancarias, sino atado a deudas de EPS quebradas o morosas que difícilmente pagarán en el corto plazo.
En el marco de la gestión de cobro y facturación, la auditoría identificó que existen $5.676 millones en servicios de salud prestados que no fueron radicados a tiempo ante las EPS obligadas al pago. De esa suma, al momento de la revisión realizada por los auditores, $3.103 millones permanecían sin evidencia de haber sido legalizados o cobrados formalmente. Esto implica que, por fallas en el trámite, desorden administrativo o lentitud interna, el personal médico prestó la atención a los pacientes pero la administración omitió enviar las facturas a tiempo a las aseguradoras, poniendo en riesgo la recuperación real de esos recursos públicos.
En esa misma línea de inconsistencias en tesorería se destacan $2.784 millones registrados bajo el concepto de giros para abono de facturación sin identificar, un rubro que creció un 210,6% en comparación con el periodo previo. En la práctica, a las cuentas bancarias de la E.S.E. ingresó esa multimillonaria suma enviada por entidades promotoras de salud o la Adres, pero el equipo contable de la institución no ha logrado establecer a cuál factura, a cuál paciente ni a qué contrato específico corresponde cada giro. Como consecuencia directa, la plata permanece empozada en el banco sin poder aplicarse legalmente para saldar los libros contables de los deudores ni cruzar cuentas con las EPS.
El informe dedica un apartado detallado a las obligaciones tributarias con el fisco local. Se documentaron irregularidades en el recaudo y posterior giro de estampillas municipales como Pro-Deporte, Adulto Mayor, Electrificación Rural, Pro-Cultura y Justicia Familiar. La E.S.E. actúa legalmente como agente retenedor, lo que implica que cuando le paga a un proveedor o contratista, le descuenta un porcentaje que pertenece al Municipio de Tunja y tiene la obligación legal de girarlo intacto a la Tesorería municipal dentro de las fechas fijadas por la normativa. La Contraloría encontró que al cierre de la vigencia la entidad contaba con $1.068 millones recaudados por este concepto, pero en el mes de enero siguiente solo transfirió $139 millones, dejando un saldo retenido sin conciliar de $928 millones (el 86,95 % de lo retenido). Lo anterior muestra que la institución usó estos impuestos recolectados para otros fines de caja o demoró su entrega de manera sistemática, violando los plazos estipulados en el Estatuto de Rentas Municipal.
Las anomalías administrativas también alcanzaron el control interno de los inventarios de insumos médicos y la propiedad de la entidad. Se reveló una diferencia de $19,8 millones entre el conteo físico de medicamentos e insumos y lo registrado en los libros de contabilidad ($749,5 millones en físico frente a $729,6 millones en libros), así como registros informáticos con saldos negativos por -$45 millones en las bodegas de insumos hospitalarios y papelería. Esto ocurre por desincronizaciones del sistema informático, donde se despachan medicamentos de las estanterías pero no se efectúa el correspondiente reporte digital en el software, generando un caos en el control diario del stock.
Por su parte, se reportó un descuadre de $8.515 millones en el rubro de Propiedad, Planta y Equipo. La relación detallada de inventario de activos fijos de la E.S.E. contabilizaba compras históricas por $36.252 millones antes de calcular su depreciación o desgaste por uso, mientras que los libros de contabilidad general marcaban $44.768 millones. La realidad de este descuadre es que los edificios, ambulancias y equipos médicos existen físicamente, pero las carpetas de inventario real no coinciden con la contabilidad general, demostrando falta de conciliación periódica sobre el patrimonio público de la ciudad.
En materia de contratación pública y transparencia institucional, se evidenciaron inconsistencias procedimentales. En la Convocatoria Pública CP-005-2025, destinada al mantenimiento de infraestructura por $341 millones, el acto administrativo de adjudicación citaba la participación de dos proponentes, pero en la plataforma estatal SECOP II solo se publicó la evaluación de uno de ellos, omitiendo el acta de cierre o la explicación legal sobre la otra propuesta presentada. Asimismo, la Contraloría comprobó que la página web de la E.S.E. mantenía desactualizada la información sobre contratación, el Plan Anual de Adquisiciones y las ejecuciones presupuestales, contraviniendo las disposiciones de la Ley de Transparencia y del Sistema Informativo de Auditoría (SIA Observa).
El compendio de las 19 observaciones detectadas por el órgano fiscalizador traza una hoja de ruta obligatoria para la administración de la E.S.E. Santiago de Tunja, que deberá suscribir un Plan de Mejoramiento formal ante la Contraloría Municipal para subsanar los vacíos contables, depurar la cartera morosa y corregir los controles de contratación e inventarios.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐮𝐬𝐨́ 𝐯𝐞𝐡𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, el cual está encabezado por Villavicencio, cuya variación del IPC fue de 1,14%, mientras que el registro de variación del IPC en Tunja fue de 0,15%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,37%, mientras que la ciudad con menor variación del IPC para este mes fue Santa Marta con 0,03%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la décimo segunda con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,94%, mientras que el promedio nacional fue de 6,29%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Riohacha (4,53%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Medellín (7,04%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante septiembre fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó una variación del 1,09%, seguido de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,41%), seguido de prendas de vestir y calzado (0,40%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante septiembre fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,42%), salud (-0,09%), y recreación y cultura (-0,08%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 7,50%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 6,39%, y transporte que tuvo una variación del 5,88%. Caso contrario es el de los rubros de prendas de vestir y calzado (4,11%), seguido de salud (4,22%) y educación (5,15%).
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, el cual está encabezado por Villavicencio, cuya variación del IPC fue de 1,14%, mientras que el registro de variación del IPC en Tunja fue de 0,15%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,37%, mientras que la ciudad con menor variación del IPC para este mes fue Santa Marta con 0,03%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la décimo segunda con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,94%, mientras que el promedio nacional fue de 6,29%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Riohacha (4,53%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Medellín (7,04%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante septiembre fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó una variación del 1,09%, seguido de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,41%), seguido de prendas de vestir y calzado (0,40%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante septiembre fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,42%), salud (-0,09%), y recreación y cultura (-0,08%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 7,50%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 6,39%, y transporte que tuvo una variación del 5,88%. Caso contrario es el de los rubros de prendas de vestir y calzado (4,11%), seguido de salud (4,22%) y educación (5,15%).
𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐒.𝐀.𝐒. 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚
El informe final de auditoría de cumplimiento presentado por la Contraloría Municipal de Tunja detalló el desglose del presupuesto inicial y los montos ejecutados sin el aval de la supervisión dentro del contrato 1767 de 2025, suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. Los documentos oficiales del organismo de control fiscal evidencian que en múltiples tramos de pavimento flexible, pavimento rígido, placas huella y mejoramiento de andenes se adelantaron inversiones que no contaron con la aprobación previa de la supervisión municipal.
Dentro de las obras de pavimento flexible, el reporte técnico expone que en el tramo de La Esmeralda, de un presupuesto inicial de 98.607.434 pesos, se ejecutaron 76.384.878 pesos sin el aval correspondiente. Una situación similar se registró en Cooservicios, con 34.087.088 pesos de 215.507.003 pesos proyectados; en Santa Rita, con 21.431.116 pesos sobre 99.116.174 pesos; en Runta, con 44.788.205 pesos sobre 231.751.782 pesos; en La Sierra, con 16.084.027 pesos sobre 57.156.026 pesos, y en Villas del Norte, donde de 85.193.480 pesos de presupuesto inicial se ejecutaron 16.566.668 pesos sin aval.
En el frente de estructuras con pavimento flexible en sectores del municipio, el informe destaca casos como el tramo en el Libertador, donde de un presupuesto inicial de 285.365.774 pesos se ejecutaron 209.627.284 pesos sin la autorización de la supervisión. De igual forma, en el sector de Jordán se registraron 130.964.524 pesos sin aval de 226.821.220 pesos previstos; en Asís Boyacense, 109.548.163 pesos de 153.633.042 pesos; en Patriotas, 95.670.542 pesos de 110.493.539 pesos; en Santa Catalina, 69.934.822 pesos de 98.466.111 pesos; en Fuente Higueras, 67.145.333 pesos de 78.405.096 pesos; en La Calleja, 50.585.935 pesos de 66.842.587 pesos; en Santa Bárbara, 50.804.132 pesos de 110.889.943 pesos, y en La Hoya, donde se ejecutaron sin aval 90.567.194 pesos sobre un presupuesto inicial de 256.323.499 pesos.
En la zona rural y en las intervenciones de placa huella, la Contraloría verificó que en el tramo Vereda Tras del Alto - El Manzano, sobre un presupuesto proyectado de 4.090.362.016 pesos, se ejecutaron 207.414.207 pesos sin aval. Asimismo, en Vereda Chorro Blanco - El Moral se adelantaron 133.837.397 pesos de 409.321.090 pesos; en Vereda La Esperanza, 85.360.508 pesos de 239.565.790 pesos; en Vereda El Porvenir, 62.842.593 pesos de 200.271.928 pesos; en Vereda Barón Gallero, 55.779.024 pesos de 160.978.069 pesos; en Vereda Barón Germanía, 52.180.508 pesos de 150.879.785 pesos; en Vereda La Lajita, 49.822.712 pesos de 91.220.907 pesos, y en Vereda Pirgua Tourmalet, 48.226.809 pesos sobre un presupuesto inicial de 136.472.221 pesos.
Respecto a las obras de pavimento rígido y adecuación de andenes, el organismo de control fiscal detalló que en Pinos de Oriente se ejecutaron sin aval de supervisión 31.482.389 pesos sobre 94.781.278 pesos asignados; en El Carmen, 30.545.960 pesos de 172.241.970 pesos, y en la vereda Xativilla, dentro del rubro de rehabilitación de andenes, se ejecutaron 29.424.947 pesos sobre un presupuesto de 15.526.447 pesos. La consolidación de estos reportes de la Contraloría Municipal de Tunja sustenta los hallazgos sobre las fallas de control administrativo e inobservancia de las normas de supervisión en la ejecución de los recursos del municipio.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟗 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝟏𝟐 𝐲 𝟏𝟔
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, tras fallar en primera instancia una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja. La decisión judicial ordena a la administración municipal realizar los estudios e intervenciones necesarias para la recuperación vial de la Carrera 9 entre calles 12 y 16.
El fallo, firmado por el juez Gilberto Alarcón Fajardo determina que el deterioro progresivo de este tramo vial representa un riesgo para peatones, motociclistas, ciclistas y conductores. Durante el proceso, un dictamen pericial elaborado por la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá evidenció la presencia de baches, fisuras tipo piel de cocodrilo, desprendimiento de carpeta asfáltica y hundimientos que afectan la movilidad.
La sentencia señala que el municipio de Tunja conocía el mal estado del corredor desde mayo de 2025, cuando el demandante radicó una solicitud formal de intervención. En su momento, la Secretaría de Infraestructura Territorial del municipio respondió que no disponía de recursos presupuestales programados para esa vía en la vigencia correspondiente. No obstante, el juzgado estableció que la falta de apropiación presupuestal no exime a las autoridades locales de sus deberes constitucionales y legales de mantenimiento de los bienes de uso público.
De acuerdo con las órdenes impartidas en la providencia, la administración municipal dispone de un término de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para iniciar las gestiones técnicas, administrativas, contractuales y presupuestales requeridas. Asimismo, el fallo fijó un plazo máximo de seis meses para ejecutar la totalidad de las obras de rehabilitación, bacheo y arreglo de andenes recomendadas en los conceptos técnicos. Para garantizar el seguimiento de los trabajos, el despacho judicial dispuso la conformación de un comité de verificación integrado por el demandante, el alcalde de Tunja, las secretarías de Infraestructura, Contratación y Planeación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐢𝐬𝐜𝐚𝐬
La vía principal del barrio Los Muiscas de Tunja, conformada en su trazado continuo por la Diagonal 66 y la Diagonal 67, junto con la Diagonal 65C y la Transversal 1E, deberá ser objeto de estudios técnicos, apropiación de recursos y obras de rehabilitación para garantizar la seguridad vial y la movilidad en el sector.
La medida responde a una sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja dentro de una acción popular instaurada por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja. En la providencia, la autoridad judicial amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y el desarrollo urbano ordenado, tras comprobar el deterioro de la capa de rodadura, la presencia de grietas, baches y hundimientos en este corredor vial que conecta con la Avenida Norte, la Avenida Universitaria y la variante Briceño-Tunja-Sogamoso.
El fallo fijó un término de cuatro meses al municipio de Tunja para que realice los estudios técnicos integrales que definan el estado real de la malla vial y las intervenciones requeridas. Finalizado este plazo, la administración municipal contará con cuatro meses adicionales para adelantar los trámites presupuestales y financieros necesarios que aseguren los recursos públicos. Posteriormente, la entidad territorial dispondrá de un año para ejecutar los procesos precontractuales, contractuales y la realización de las obras de mantenimiento, rehabilitación y señalización.
La decisión judicial también dispuso la creación de un comité de verificación integrado por el juzgado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Alcaldía de Tunja, la Secretaría de Infraestructura Territorial y el demandante, el cual se reunirá cada seis meses para supervisar el avance de las órdenes. Finalmente, el despacho negó la vulneración al derecho colectivo de defensa del patrimonio público al no evidenciar detrimento en el erario municipal y condenó en costas al municipio de Tunja.
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𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐫𝐢́𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
El informe preliminar de auditoría de cumplimiento notificado por la Contraloría Municipal de Tunja sobre el Convenio Interadministrativo 972 de 2025 puso bajo la lupa el esquema de cobro y administración de los ingresos generados por la venta de entradas, zonas VIP y palcos en la Plaza de Bolívar durante el Aguinaldo Boyacense 2025. La evaluación del equipo auditor determinó que la totalidad del dinero pagado por la ciudadanía para ingresar a los espectáculos en el principal escenario público de la capital boyacense no ingresó a las cuentas de la Alcaldía, hecho que motivó la asignación de una presunta incidencia penal por el delito de peculado por apropiación, sumada a una responsabilidad fiscal y disciplinaria por 2.294.586.119 pesos.
El punto central de la investigación fiscal radica en las normas que rigen las finanzas del municipio de Tunja. Por tratarse de un evento realizado en un bien de uso público perteneciente a la ciudad, la legislación contable y presupuestal de Colombia establece que la totalidad de los recursos recaudados en taquilla constituye una renta municipal. Bajo el principio de unidad de caja, dichos dineros deben ingresar de forma obligatoria y directa al Tesoro Municipal antes de realizar cualquier pago de producción o logística. La ley prohíbe que una administración ceda o entregue la recaudación a particulares o entidades intermediarias para que estos dispongan del dinero o cancelen cuentas por su propia cuenta sin el debido registro en el presupuesto del municipio.
El expediente oficial detalla que la administración municipal entregó la organización general de las actividades al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, entidad que a su vez subcontrató la operación logística de los conciertos con terceros privados. Para justificar el manejo del dinero, las partes aplicaron la figura de "contraprestación en especie", mediante la cual los operadores retuvieron de forma directa 988,2 millones de pesos de las ventas para cubrir un excedente de pago para el artista Nicky Jam por 320 millones de pesos, coordinadores logísticos por 137,1 millones, cerramientos y muros de contención por 172,9 millones, pirotecnia por 55,8 millones, baños químicos por 62,4 millones y alimentación para camerinos por 32 millones de pesos. La Contraloría Municipal objetó legalmente este mecanismo al advertir que los ejecutores privados no podían administrar ni gastar rentas de la ciudad para financiar la operatividad interna del propio espectáculo sin que el dinero pasara por la contabilidad oficial de Tunja, omitiendo el control directo sobre 2.294 millones de pesos.
La gravedad del modelo queda expuesta al contrastar las verificaciones en campo del organismo de control con los reportes oficiales expedidos por la propia administración municipal. En respuesta a un derecho de petición presentado por Periódico El Tunjano, el entonces secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja, Juan Pablo Pérez Espitia, certificó mediante documento firmado en febrero de 2026 que el recaudo total por concepto de taquilla y palcos en el Aguinaldo Boyacense ascendió a 1.550.352.119 pesos, de los cuales solo 155 millones se reportaron como pago de contribuciones parafiscales e impuestos a espectáculos públicos. Sin embargo, la inspección contable realizada por los auditores determinó que el cobro real efectuado a los asistentes en la Plaza de Bolívar alcanzó los 2.294.586.119 pesos, dejando al descubierto un desfase de 744.234.000 pesos entre lo certificado por la dependencia municipal a este medio de comunicación y las cifras del expediente auditado.
La administración municipal dispone del término fijado por el órgano de control fiscal para presentar los descargos, soportes contables y aclaraciones jurídicas correspondientes. Una vez evaluadas las respuestas de la entidad auditada, la Contraloría Municipal de Tunja determinará si confirma, modifica o archiva las observaciones con presunta incidencia penal y fiscal en la consolidación de su informe final.
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𝐀𝐥𝐫𝐞𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 $𝟏𝟔𝟕 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐫𝐢́𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝟒𝟎𝟎 𝐦𝐨𝐫𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳 𝐲 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐧̃𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚
El informe preliminar de auditoría de cumplimiento notificado por la Contraloría Municipal de Tunja sobre el Convenio Interadministrativo 972 de 2025 advirtió sobre presuntas irregularidades fiscales y disciplinarias por 167,2 millones de pesos. De acuerdo con el examen del organismo fiscalizador, la administración municipal utilizó recursos públicos en la adquisición de obsequios de marcas de lujo para funcionarios de planta y en la financiación de celebraciones institucionales con agrupaciones musicales.
La evaluación técnica del equipo auditor se concentró en la ejecución logística de los eventos y actividades encomendadas al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, entidad que administró los 13.910 millones de pesos asignados a dicho convenio. Dentro de los soportes revisados, la fiscalización identificó erogaciones que contravendrían las normas sobre austeridad en el gasto público vigentes para las entidades estatales en Colombia.
La primera objeción quedó consignada en la observación 06, con una presunta incidencia fiscal de 121.400.000 pesos y alcance disciplinario. El expediente indica que, en el marco de la conmemoración del Día del Servidor Público en el Teatro Mayor Bicentenario, el municipio ejecutó un presupuesto total de 160 millones de pesos. De ese monto, el 76% se destinó a la compra de 400 morrales de la marca Mario Hernández, con un costo unitario de 303.500 pesos, los cuales fueron entregados a los empleados de planta de la administración municipal. El reporte de auditoría estableció que estos elementos no contaban con logotipos o identificaciones institucionales ni constituían herramientas necesarias para el desempeño de los cargos, configurando la entrega de incentivos no autorizados por la ley presupuestal.
La segunda objeción corresponde a la observación 07, por un valor de 45.800.000 pesos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. La revisión al evento denominado "Fiesta Fin de Año" (2025), realizado en el Coliseo del Irdet Norte con un costo total de 104.252.613 pesos, determinó que el 44% del presupuesto cubrió rubros prohibidos para las entidades públicas. Entre los desembolsos señalados por los auditores figuran 14,8 millones de pesos en premios y electrodomésticos, 6 millones de pesos en la logística de un bingo, 15,8 millones de pesos para la contratación de tres agrupaciones musicales durante ocho horas y 2 millones de pesos para servicios de hora loca y DJ.
El pronunciamiento del órgano de control sustentó las observaciones en el incumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda, norma que prohíbe de forma explícita la realización de recepciones, agasajos o festejos con cargo al presupuesto del municipio. El informe atribuyó estas anomalías a la omisión en las funciones de seguimiento por parte de la supervisión municipal al dar viabilidad a pagos que desbordaron el marco legal del bienestar social. La administración municipal cuenta con el término legal establecido por el organismo de control fiscal para presentar los descargos y soportes técnicos antes de la expedición del informe final de auditoría.
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𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝟖𝟑% 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐲 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
El informe preliminar de auditoría de cumplimiento notificado por la Contraloría Municipal de Tunja al Convenio Interadministrativo 972 de 2025 reveló que el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá subcontrató el 100% de las actividades operativas e institucionales del municipio mediante 62 órdenes derivadas. Cuatro operadores concentraron más de 11.494 millones de pesos de un presupuesto total que alcanzó los 13.910 millones de pesos tras cuatro adiciones presupuestales, registrando además vínculos directivos, comerciales y logísticos entre sí.
Una investigación adelantada por el órgano de control fiscal sobre la contratación ejecutada durante el año 2025 puso al descubierto un presunto esquema de tercerización y concentración contractual en la realización de la agenda cultural y los certámenes institucionales del municipio de Tunja, que incluyó la logística y producción del Aguinaldo Boyacense. Según el documento oficial, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá carecía de la capacidad técnica e instalada propia para ejecutar directamente las obligaciones asumidas, por lo que trasladó la totalidad de la ejecución a terceros privados.
El examen de los expedientes contractuales y de los certificados de la Cámara de Comercio permitió a los auditores constatar que el 82,6% de los recursos aportados por el municipio fue a parar a manos de un grupo reducido de cuatro contratistas relacionados entre sí. La firma Blue Eventos M&B S.A.S. recibió 7.066.406.237 pesos distribuidos en 5 contratos; E.A.G. Comercializadora S.A.S. obtuvo 2.178.310.848 pesos en 5 contratos; la Fundación para el Desarrollo Cultural y Social BLE ejecutó 1.284.288.092 pesos en 2 contratos; y la persona natural Jeimy Alejandra Bayona Espitia suscribió 14 contratos por un valor de 965.518.393 pesos.
El ente fiscalizador detectó que el representante legal de Blue Eventos M&B S.A.S., Jaime Orlando Mariño Guio, y Jeimy Alejandra Bayona Espitia integran de manera simultánea la junta directiva de la Fundación BLE. Asimismo, las empresas registran números telefónicos de contacto idénticos, comparten sedes operativas y presentan objetos sociales similares en sus registros mercantiles.
La Contraloría Municipal de Tunja evidenció también la práctica de subcontrataciones cruzadas entre las mismas entidades para la prestación de servicios específicos en eventos como la Noche de Museos, el Día del Servidor Público, el Día del Campesino y jornadas institucionales, donde los adjudicatarios principales contrataron a su vez el sonido, el juzgamiento o el transporte con los demás miembros del mismo grupo de empresas. El organismo de control señaló que esta modalidad desnaturalizó la figura del convenio de cooperación e incurrió en un presunto direccionamiento de la contratación derivada, advirtiendo que la supervisión del municipio no verificó la capacidad del Fondo Mixto ni exigió autorizaciones para la subcontratación total de los servicios.
𝐄𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐕𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐯𝐢́𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨
Un proyecto de grado elaborado por estudiantes del programa Técnico Profesional en Seguridad Vial de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional y presentado ante el Concejo Municipal de Tunja plantea una reestructuración integral de la ciclovía dominical. La propuesta contempla suspender temporalmente el tramo que opera en el sector norte de la avenida Universitaria entre la glorieta de Green Hills y Unicentro, para implementar en su lugar un trayecto continuo de 6,4 kilómetros que conecte la Glorieta del Gobernador con el Centro Histórico y el sector de Los Hongos.
El diagnóstico presentado por la institución policial señala que el esquema actual de la ciclovía en el municipio opera de forma fragmentada en dos sectores independientes: el tramo norte, con una extensión de 3,4 kilómetros, y el tramo sur, de 1,3 kilómetros. De acuerdo con el estudio, el trazado del norte genera conflictos de circulación vehicular y afectaciones a los residentes de los barrios aledaños por la falta de vías alternas, sumado a puntos críticos de congestión en las intersecciones del sector de Bomberos, el ingreso a centros comerciales como Viva, el sector de Las Quintas y la glorieta de Green Hills.
La alternativa técnica formulada proyecta unificar el servicio mediante un corredor que inicie con un circuito en la Glorieta del Gobernador, continúe por la estructura del viaducto de la Calle 24 hasta el Parque Pinzón, tome la Carrera Novena para atravesar la Plaza de Bolívar y avance por la Carrera Décima hacia el Bosque de la República. Posteriormente, el recorrido gira hacia la Carrera 11 para concluir en el sector de Los Hongos. La utilización del tramo peatonal de la carrera décima busca optimizar el uso de cerramientos y reducir la cantidad de material logístico en la vía.
Para la operatividad de este trazado de 6,4 kilómetros, el estudio calcula la necesidad de vincular a 60 reguladores logísticos durante la jornada dominical, en contraste con los 16 funcionarios con los que cuenta actualmente el Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (Irdet).
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𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La Contraloría Municipal de Tunja notificó a la administración municipal el informe preliminar de la auditoría de cumplimiento realizada al Contrato Interadministrativo 1767 y al Convenio Interadministrativo 972 de 2025. El documento señala una presunta incidencia fiscal superior a los 2.461 millones de pesos, además de posibles alcances disciplinarios y penales en la ejecución de los recursos públicos.
La Contraloría Municipal de Tunja consolidó un informe preliminar de auditoría de cumplimiento sobre la gestión contractual adelantada por la Alcaldía de Tunja en dos de sus proyectos de mayor cuantía presupuestal durante el año 2025. La evaluación del ente fiscalizador derivó en la formulación de nueve observaciones administrativas. La totalidad de las observaciones presenta presunta incidencia disciplinaria, tres de ellas contienen presunta incidencia fiscal por un valor conjunto de 2.461.786.119 pesos y una incluye presunta incidencia penal. El pronunciamiento se encuentra en fase de traslado a la administración municipal para el ejercicio del derecho de contradicción antes de la emisión del informe final.
El examen del ente de control se centró en dos negocios jurídicos de administración de recursos públicos del municipio. El primero corresponde al Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S. (EDTD S.A.S.) por un valor de 15.076.144.076 pesos, destinado a obras de infraestructura vial, salones comunales y centros educativos. El segundo es el Convenio Interadministrativo 972 de 2025, celebrado con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, cuyo valor inicial de 9.273.826.189 pesos ascendió a 13.910.269.262 pesos tras cuatro adiciones presupuestales.
Entre los hallazgos preliminares notificados al actual alcalde municipal, Rafael Acevedo Pedroza, sobre contratos suscritos durante el mandato del destituido mandatario Mikhail Krasnov, la Contraloría estructuró la auditoría en dos bloques sustanciales de fiscalización que detallan las nueve observaciones.
El primer bloque abarca cuatro observaciones técnicas y financieras sobre el contrato de infraestructura con la Empresa de Desarrollo territorial de Donmatías. La observación 01 expone deficiencias en la fase de planeación al no contar con estudios de detalle completos en frentes de obra ni licencias previas. La observación 02 alerta sobre inconsistencias entre el avance financiero y el avance físico real, dado que la administración municipal giró el 95% de los recursos (14.041.506.737 pesos), mientras que las inspecciones de la supervisión verificaron únicamente un 34% de ejecución física. Esta misma observación consigna que en mayo de 2026 el contratista reportó ante el Concejo Municipal un avance del 47,87 %, generando un desfase no justificado del 13,87 % frente al reporte oficial. La observación 03 señala la realización de pavimentaciones y reparcheos sin la autorización ni la firma previa de actas por parte de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura. La observación 04 detalla fallas de calidad en la ejecución de la obra pública municipal, documentando grietas en la placa huella de la vereda La Esperanza, intervención inadecuada de la malla vial en barrios como La Florida, San Francisco, Villa Luz, Bochica, Portal de Hunzahúa y Los Patriotas, así como deficiencias constructivas estructurales en las edificaciones comunitarias de los barrios El Rodeo, El Paraíso y El Topo.
El segundo bloque reúne cinco observaciones enfocadas en el Convenio 972 de 2025 para eventos institucionales y la agenda del Aguinaldo Boyacense. La observación 05 reprocha la falta de capacidad técnica operativa del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá al subcontratar el 100% de las actividades logísticas mediante 62 órdenes derivadas, identificando una presunta concentración contractual en un número reducido de operadores privados interconectados entre sí. La observación 06 tiene presunta incidencia fiscal por 121.400.000 pesos y alcance disciplinario, originada por la adquisición de incentivos institucionales de marcas de lujo entregados en el Teatro Mayor Bicentenario sin el debido sustento normativo. La observación 07 registra presunta incidencia fiscal por 45.800.000 pesos y alcance disciplinario por la financiación con recursos públicos de agasajos, premios en efectivo, agrupaciones musicales y DJs en festejos de fin de año en el Coliseo del Irdet Norte. La observación 08 comprende la presunta incidencia penal, fiscal por 2.294.586.119 pesos y disciplinaria, sustentada en presuntas irregularidades en el esquema de recaudo, comercialización e ingreso de boletería para los conciertos del Aguinaldo Boyacense en la Plaza de Bolívar. Finalmente, la observación 09 señala el uso de vehículos particulares no autorizados para el transporte de personal sin las coberturas ni los soportes de contratación requeridos por la ley.
La administración municipal dispone del término legal establecido por el órgano de control para presentar los descargos, soportes y aclaraciones técnicas o jurídicas que considere pertinentes. Una vez evaluadas las respuestas de la entidad auditada, la Contraloría Municipal de Tunja procederá a consolidar el informe final y a determinar las acciones fiscales, disciplinarias o penales a las que haya lugar.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐪𝐮𝐢𝐭𝐚
Un fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ordenó a la administración municipal adelantarse a definir si las antiguas instalaciones del Lavadero Municipal, también conocido como Fuente Chiquita, requieren la formulación e implementación de un Plan Especial de Manejo y Protección. La providencia se dio al amparo del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, tras una acción popular interpuesta contra el municipio.
La decisión de la jueza Naida Yibell López Molina le fijó a la Alcaldía un plazo de seis meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, para que adelante las actuaciones administrativas y técnicas que permitan determinar si el inmueble, catalogado como bien de interés cultural de ámbito municipal, debe ser objeto de dicho instrumento de manejo.
El proceso judicial se originó a partir de la demanda formulada por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien argumentó el deterioro y abandono del sitio ubicado sobre la vía a Toca. En las consideraciones de la sentencia se establece que, aunque la inspección ocular técnica determinó que la edificación cuenta con una estructura portante y cubierta en estado general aceptable sin riesgo de colapso, se identificaron afectaciones moderadas consistentes en humedades, desprendimiento de pañetes, presencia de grafitis y la pérdida de su función de abastecimiento hídrico por el secado de la fuente.
El fallo judicial establece dos rutas a seguir según los resultados que arrojen las evaluaciones de la administración. De determinarse que el monumento requiere la inclusión en un Plan Especial de Manejo y Protección, el municipio tendrá un plazo de tres meses para la apropiación de los recursos económicos necesarios y seis meses adicionales para la ejecución de las obras correspondientes. En caso de que se concluya que no es candidato a dicho instrumento, la Alcaldía deberá elaborar en tres meses los estudios técnicos y presupuestales que garanticen la realización de obras de mantenimiento periódico para mitigar el deterioro progresivo.
𝐓𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝟐𝟏 𝐲 𝟐𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ordenó a la administración municipal adelantar en un plazo de tres meses los estudios técnicos, administrativos y presupuestales necesarios para apropiar los recursos que permitan contratar la intervención, mantenimiento y pavimentación de las calles 21 y 22 entre carreras 7 y 8, en el Centro Histórico de la ciudad.
La decisión de primera instancia fue proferida por la jueza Naida Yibell López Molina al resolver una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja, en la que se vinculó al proceso a la empresa concesionaria Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P..
El fallo judicial determinó la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente. De acuerdo con la providencia, una vez vencido el periodo inicial de tres meses para los estudios y la apropiación presupuestal, la Alcaldía dispondrá de un término adicional de tres meses para adelantar los procesos contractuales e iniciar la ejecución de las obras en las condiciones y plazos que arrojen los análisis técnicos.
Adicionalmente, la administración municipal de Tunja deberá entregar en un plazo de un mes un cronograma detallado que delimite las actividades y responsabilidades de las dependencias encargadas de dar cumplimiento a lo dispuesto por el despacho.
Durante la etapa probatoria, los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Infraestructura Territorial del municipio evidenciaron que ambos tramos viales fueron construidos en concreto hidráulico con dilataciones en ladrillo con posterioridad a 1990, por lo que superan los 20 años de antigüedad. El documento técnico constató que entre los años 2010 y 2023 no existió evidencia de evaluaciones estructurales ni de mantenimientos preventivos o rutinarios en el sector.
Las inspecciones judiciales y las evaluaciones de la dependencia municipal determinaron la presencia de fallas generalizadas por fatiga del material, fisuras, alabeo en las esquinas y desprendimiento de losas de concreto. En el caso particular de la Calle 21 entre carreras 7 y 8, el deterioro del carril sur inhabilitó el paso vehicular en ese costado, obligando al tránsito a circular únicamente por la calzada norte.
Respecto a las características del terreno, los informes técnicos registraron que las calles 21 y 22 presentan una inclinación superior al 10%. Esta condición topográfica, sumada al flujo de vehículos que conecta la zona del viaducto y la Avenida Oriental con el Centro Histórico y al tránsito de peatones sobre la vía, fue valorada por el juzgado como un factor que compromete la seguridad y la estabilidad en la movilidad.
En el análisis de las responsabilidades, la sentencia declaró que la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. no incurrió en vulneración de derechos colectivos, tras verificar que el contrato de concesión No. 132 de 1996 limita sus obligaciones a los sistemas de acueducto y alcantarillado, sin abarcar el mantenimiento de la superficie vial. Pese a lo anterior, el juzgado la mantuvo vinculada al trámite procesal y la exhortó a prestar la colaboración que requiera el municipio en los estudios previos sobre manejo de redes.
Para garantizar el seguimiento de las órdenes emitidas, el fallo dispuso la conformación de un comité de verificación integrado por el actor popular, la jueza del caso, el Alcalde de Tunja, los secretarios municipales de Infraestructura, Planeación y Hacienda, y el procurador delegado ante el juzgado, quienes deberán rendir informes de avance cada dos meses.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
Las obras de construcción de la sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el predio del antiguo terminal de transportes de Tunja están suspendidas. La confirmación la dio el propio director general de la entidad, Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, durante su presencia en la Universidad Santo Tomás, donde la comunidad académica le rindió un homenaje por su trayectoria.
Al ser consultado por la prensa sobre la inquietud de los vecinos del barrio San Ignacio por el cese de actividades en el antiguo terminal, el director del Sena confirmó la suspensión en los trabajos. «Está en este momento en un “standby”, obviamente pues aquí hay que entender temas desde las licencias, en la disposición de recursos, pero creo que en este momento tenemos un escenario muy positivo para ese proyecto», afirmó el funcionario, quien admitió que no ha visitado el lote pero conoce la situación técnica y contractual del proyecto.
Por su parte, el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, atribuyó la interrupción de la obra a un problema logístico y ambiental relacionado con el manejo de los escombros, y aseguró que la administración municipal intervino ante la autoridad ambiental para destrabar el proceso. «No se ha podido disponer de un sitio para llevar los escombros. Pero yo me puse en la tarea y con Corpoboyacá ya habilitamos un terreno para que la otra semana se reanude y se pueda trabajar», sostuvo el mandatario municipal.
Frente a los señalamientos de la comunidad del barrio San Ignacio sobre supuestos retrasos en la entrega de estudios y diseños por parte del SENA, Acevedo Pedroza manifestó que esos documentos deben formar parte del contrato desde el inicio del proceso. «Para usted empezar una obra y contratarla lo mínimo que tiene que saber es qué va a hacer y eso está en parte integral del tema contractual. Tienen que entregarle los diseños, los estudios porque si no entonces qué va a hacer. No, eso no tiene ningún sentido, ellos lo tienen, simplemente hay que habilitar esta escombrera», puntualizó el Alcalde.
Respecto a los demás compromisos de la entidad en el municipio, tanto el Director General como el Alcalde coincidieron en la continuidad de los trabajos en la sede del sector Curubal, obra que registra un avance de ejecución física superior al 40 por ciento. Frente a ese proyecto, Torres Castro señaló que «tenemos que seguir adelante con el proyecto, tenemos que seguir impulsando, pero sobre todo entendiendo que ahí está el futuro del Sena para la ciudad».
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres al fallar en primera instancia una acción popular instaurada por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el Municipio de Tunja. La decisión judicial ordena la intervención técnica, pavimentación y adecuación peatonal en varios sectores del barrio Colinas del Norte.
La providencia determina que la administración del municipio de Tunja deberá adelantar los estudios técnicos, las obras de mantenimiento y la construcción de infraestructura en los tramos comprendidos por la Calle 50 entre carreras 16 Bis y 16B; la Carrera 15 entre calles 49 y 16 Bis; la Calle 51 entre carreras 16A y 16C; la Carrera 16B entre calles 50 y 51; y la Carrera 16C.
Dentro del trámite procesal, las inspecciones y los informes periciales evidenciaron que varios sectores evaluados carecen de capa de rodadura en pavimento, manteniéndose en estado de afirmado suelto. Esta condición ha generado pérdidas de material, formación de zanjas y problemas de drenaje pluvial. Adicionalmente, en los sectores pavimentados se identificó deterioro por fisuras, hundimientos y parches, así como un déficit acumulado de 232,3 metros lineales de andenes en el sector. Esta falta de infraestructura peatonal adecuada fuerza a los transeúntes a desplazarse por la calzada vehicular.
Para dar cumplimiento a la sentencia, el juzgado estableció un cronograma por etapas a cargo del municipio de Tunja:
En un plazo de seis meses contados a partir de la ejecutoria del fallo, el municipio de Tunja deberá apropiar los recursos económicos necesarios y adelantar los trámites administrativos para contratar y elaborar los estudios técnicos y diseños requeridos. Estos estudios deben contemplar la pavimentación de los tramos en afirmado, las intervenciones de parcheo y bacheo en zonas asfaltadas, y el diseño de andenes continuos con rampas de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.
Posteriormente, la administración del municipio de Tunja dispondrá de un término de un año para ejecutar las contrataciones administrativas y presupuestales derivadas de los resultados de dichos estudios.
Finalmente, las obras de infraestructura, adecuación de vías y construcción de andenes deben estar concluidas en un plazo no mayor a dos años desde la ejecutoria de la providencia.
Para el seguimiento de lo dictaminado, la sentencia dispuso la conformación de un comité de verificación integrado por el demandante Yesid Figueroa García, la Secretaría de Infraestructura del municipio de Tunja y el Agente del Ministerio Público delegado. Así mismo, el despacho judicial condenó en costas al municipio de Tunja y fijó como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente a favor del actor popular.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐨𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
Un total de 1.320 millones de pesos solicitó el Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (IRDET) ante el Concejo Municipal, en el marco de la socialización del proyecto de acuerdo 026 de 2026 sobre la adición presupuestal de la capital boyacense.
Durante la presentación realizada ante la corporación municipal, el gerente del Irdet, Simón Medina, explicó que la porción principal de esta solicitud presupuestal asciende a 1.000 millones de pesos. Estos recursos del presupuesto municipal se destinarán a la elaboración de los estudios y diseños de un complejo acuático proyectado en el Parque Recreacional del Norte, en el sector adyacente a las canchas de tenis y la salida hacia la Villa Olímpica.
El proyecto contempla la construcción de una piscina olímpica de 50 metros de largo por 25 metros de ancho, con carriles competitivos y dos carriles externos de calentamiento. Según lo expuesto por el funcionario ante los concejales, la estructuración de esta propuesta técnica es un requisito exigido por el Ministerio del Deporte para viabilizar la cofinanciación con el Gobierno Nacional de la obra, cuyo costo total estimado ronda los 25.000 millones de pesos.
Respecto a los 320 millones de pesos restantes solicitados por la cartera deportiva, la gerencia del instituto precisó que se dirigirán al fortalecimiento operativo de los programas de fomento y recreación. Entre las líneas de inversión se incluyen el apoyo a clubes y escuelas de formación, el mantenimiento preventivo de parques y la continuidad del programa de natación rural para niños y adolescentes de las veredas del municipio de Tunja.
La capital boyacense sigue escalando posiciones en el top de ciudades con más personas desocupadas, pasando del quinto lugar a finales de agosto pasado para ahora situarse en la cuarta casilla de las capitales departamentales con más desocupación.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil junio-agosto, Tunja es la cuarta ciudad con más desempleo en Colombia. Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 12,5%, es decir, 0,1 puntos porcentuales por encima del trimestre anterior. El promedio nacional para este trimestre fue del 9,4%.
Este resultado, no solo refleja una tendencia de alcista frente al trimestre anterior, sino también en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, pues para dicho trimestre pero de 2025 se registró una tasa de desempleo del 10,0% en la capital boyacense.
Tunja es la segunda ciudad con menor tasa de informalidad (34,7%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (35,7%), y reduciéndose en relación al registro de hace un año, cuando era del 39,9%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (34,1%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 146.144 personas en edad de trabajar, de estas, 11.086 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.767 personas.
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