𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐮𝐳 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El presidente de la Junta de Acción Comunal, Edgar Darío Soler Colmenares, explicó que la intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos del sector. “Los vecinos del sector, que somos 12 incluyendo la acción comunal, hicimos un aporte para pagar la mano de obra a los maestros y el municipio aportó todos los materiales, el concreto, los profesionales, la Secretaría de Infraestructura, el hierro, la base, la subbase y la maquinaria”, señaló.
Soler recordó que el barrio, con cerca de 45 años de fundación, solo contaba con una entrada principal, lo que complicaba la movilidad en casos de emergencia. La nueva vía, afirmó, “desembotella también el sector norte de la ciudad de Tunja”.
El líder comunal también planteó otras problemáticas pendientes en la zona. Entre ellas, la cercanía de una quebrada que separa a Villa Luz del barrio Santa Rita, espacio que según él corresponde al municipio y a la comunidad. “Ha sido invadida en un 60%, nosotros ya recuperamos bastante, pero estamos en ese proceso con la Secretaría del Interior”, aseguró, al tiempo que advirtió que el lugar ha sido reforestado con más de mil árboles.
De igual forma, mencionó que esperan recursos de los presupuestos participativos para la construcción de seis sumideros que ayuden a mitigar la acumulación de aguas lluvias que deterioran las vías, así como para avanzar en reparcheo de las calles del sector.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
que desde julio quedó listo para sentencia. Ahora, un nuevo escrito presentado ante el Consejo de Estado se adhiere a la tutela interpuesta por la ciudadana Andrea Jeraldine Grijalba y exige que el fallo de segunda instancia se profiera en un plazo máximo de 48 horas.
El expediente, radicado bajo un proceso de nulidad electoral, ingresó el 9 de julio al despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Desde entonces no ha avanzado.
El documento no solo respalda los argumentos de la tutela, sino que también señala con detalle cómo se ha generado el estancamiento. De acuerdo con la información aportada, el alcalde Krasnov, pese a tener abogado constituido, ha presentado directamente varios escritos, una actuación que la ley considera improcedente.
Entre los hechos relatados se destacan: un segundo incidente de recusación contra toda la Sección Quinta, rechazado el 31 de julio; un recurso de reposición igualmente improcedente, descartado el 29 de agosto con advertencia de sanción por dilación procesal; y un nuevo escrito presentado el 11 de septiembre cuyo contenido aparece como “clasificado” en el sistema, lo que impide a la contraparte conocerlo.
El problema, señalan quienes impulsan la tutela, no radica solo en las actuaciones del Alcalde, sino en la respuesta de los despachos judiciales. Aunque la Sección Primera ordenó devolver el expediente para que se dictara sentencia, esto aún no ha sucedido, lo que mantiene bloqueada la decisión sobre la validez del mandato de Krasnov.
El escrito enfatiza que, según las normas procesales, cuando una parte otorga poder a un abogado ya no puede actuar directamente. Además, advierte que la demora sobrepasa con creces los 40 días hábiles que la ley establece para resolver procesos de nulidad electoral en segunda instancia.
Por eso, la petición es clara: que el Consejo de Estado tutele los derechos fundamentales afectados por la demora, que se ordene a la magistrada ponente fallar en un plazo máximo de 48 horas y que se rechacen de plano nuevas intervenciones presentadas directamente por Krasnov.
Como señal de urgencia, el escrito incluso renuncia a todos los términos procesales que corresponden a la parte demandante, con el argumento de que cada día de retraso significa prolongar la incertidumbre sobre la legitimidad del gobierno en la capital boyacense.
𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐢𝐫 𝐚𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐡𝐢́𝐝𝐫𝐢𝐜𝐨
El alcalde Mikhail Krasnov citó a los concejales a sesiones fuera del calendario ordinario, con el fin de debatir dos proyectos clave para la administración municipal antes de que finalice septiembre.
La Alcaldía Mayor de Tunja emitió el Decreto N° 0466 de 2025, mediante el cual convoca al Concejo Municipal a un periodo de sesiones extraordinarias que se extenderá desde el próximo lunes 22 hasta el martes 30 de septiembre. La medida, firmada por el alcalde Mikhail Krasnov, busca agilizar la discusión y posible aprobación de dos iniciativas consideradas prioritarias por la administración local.
Los dos proyectos que estarán sobre la mesa son de carácter administrativo y ambiental. El primero propone una modificación al presupuesto general de rentas y gastos del municipio para la vigencia fiscal 2025. El segundo proyecto busca autorizar al alcalde a adquirir, mediante compraventa, un predio destinado específicamente a la protección, preservación y conservación de fuentes hídricas, una medida que apunta a fortalecer la gestión ambiental del territorio.
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐮́𝐧 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐳𝐚𝐝𝐨
La directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Umciti), Ahiliz Rojas Rincón, anunció que la Alcaldía de Tunja prepara para finales de octubre una “hackathon” con el propósito de impulsar desarrollos tecnológicos desde la academia. Aunque la ciudad proyecta aprovechar la inteligencia artificial en distintos frentes, la funcionaria reconoció que aún no existe una ruta clara para su implementación, especialmente en lo que refiere a la administración municipal.
La “hackathon”, explicó, busca reunir a estudiantes de universidades como la UPTC y la ESAP, junto con grupos de investigación, la Gobernación de Boyacá, la Secretaría TIC y Confaboy. El objetivo es promover soluciones innovadoras que puedan servir tanto al sector empresarial como a la ciudad.
En relación con la inteligencia artificial, Rojas destacó que el papel de la academia será clave en el diseño de ideas aplicables a sectores como la salud y la gestión institucional. “Precisamente son ellos en donde se deriva el conocimiento y los aportes para esta inteligencia artificial y sobre todo que, a través de la inteligencia artificial, podamos desarrollar equipos tecnológicos como para atender la salud, como para atender las instituciones mismas públicas, como para atender las entidades privadas”, indicó.
Pese a esas aspiraciones, la funcionaria admitió que en el municipio no hay un plan definido. “Sabemos que la inteligencia artificial hoy por hoy es un instrumento que necesitamos desde las entidades públicas y desde la alcaldía mayor, por supuesto, ahorrar procesos y en eso tenemos que apuntar y avanzar”, dijo, aunque sin precisar estrategias concretas en el corto plazo.
Consultada sobre la posibilidad de reemplazar parte de la burocracia con sistemas de IA, Rojas advirtió que la transición no será inmediata. “No podemos hoy también pensar en desplazar el talento humano o las personas profesionales por la tecnología de manera inmediata, eso demanda un proceso”, explicó.
La directora agregó que, mientras se avanza en este proceso, será necesario mantener al personal actual en tareas básicas de gestión e información. “Debemos mantener nuestro personal que alimenta ese excel o plataforma que tenemos hoy en día con este profesional. Entonces, ese trance pues demanda y es momento de también iniciar y avanzar en el tema del desarrollo de inteligencia artificial”, concluyó.
La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado admitió formalmente una acción de tutela interpuesta por Andrea Jeraldine Grijalba Alvarado, quien denuncia una demora injustificada en la resolución de un proceso de nulidad electoral que tramita la Sección Quinta del mismo alto tribunal.
El auto, firmado por el consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves, señala que la acción cumple con los requisitos legales y se fundamenta en la presunta vulneración de derechos fundamentales: el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la participación política. El caso en cuestión corresponde al expediente de nulidad electoral radicado bajo el número 15001-23-33-000-2023-00457-00, iniciado en 2023 y que hasta la fecha no ha recibido sentencia.
Con la admisión de la tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado queda formalmente notificada como accionada y deberá presentar un informe en defensa de su actuación en un plazo máximo de tres días hábiles. Además, se comisionó a su Secretaría para que notifique a las demás partes involucradas en el proceso electoral original, entre ellas el Grupo Jurídico Legal de Colombia SAS, y para que remita al despacho del consejero Mesa Nieves una copia digital completa del expediente.
Del 18 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Tunja, la vigésima quinta versión de la Parada de Teatro Callejero organizada por el Teatro Experimental de Boyacá. En esta versión los espectadores encontrarán 38 actividades en 11 días de programación descentralizadas a 17 espacios. Serán 15 agrupaciones teatrales con 136 artistas en escena y 21 hombres y mujeres del Teatro Teb en la organización y logística.
La agenda estará marcada por actividades como teatro calle, teatro sala, danza contemporánea, pasacalles, teatro de títeres, animación de objetos, espectáculos de clown y circo, concierto de música, encuentros virtuales de sabedores, exposición de tejidos y el encuentro nacional de zanqueros con 60 participantes.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́ 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔
𝐿𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑑𝑖́𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑜́ 𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑁𝑜. 0464 𝑑𝑒𝑙 15 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 2025, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖́𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 2026. 𝐿𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑠𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠.
El municipio de Tunja conservará su estatus de Primera Categoría durante el año 2026, según lo establecido en el Decreto No. 0464, firmado por el alcalde Mikhail Krasnov. Esta clasificación, que define el marco administrativo y financiero del municipio, se sustenta en dos criterios legales: el número de habitantes y el volumen de ingresos corrientes de libre destinación recaudados en la vigencia anterior.
De acuerdo con la certificación emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 31 de julio de 2025, la población proyectada de Tunja al 30 de junio de 2024 fue de 187.286 habitantes. Este dato supera ampliamente el umbral mínimo de 100.001 habitantes exigido por la Ley 136 de 1994 para pertenecer a esta categoría.
El segundo requisito, de carácter fiscal, fue verificado por la Contraloría General de la República. En su certificación del 2 de julio de 2025, la entidad confirmó que los ingresos corrientes de libre destinación recaudados por Tunja en 2024 ascendieron a $165.201.065.000. Al comparar esta cifra con el salario mínimo legal mensual vigente en 2024 ($1.300.000), el municipio reportó un equivalente a 127.078 salarios mínimos, ubicándose así dentro del rango exigido por la ley: entre 100.000 y 400.000 salarios mínimos anuales.
Adicionalmente, la Contraloría precisó que los gastos de funcionamiento del municipio en 2024 representaron el 36,09% de sus ingresos corrientes, un indicador que, aunque no determina la categoría, refleja la estructura de gasto de la administración local.
La categorización de los municipios tiene implicaciones directas en la estructura administrativa, los topes salariales de los funcionarios, la capacidad de contratación y la asignación de recursos. Mantenerse en la Primera Categoría permite a Tunja conservar su actual nivel de autonomía y operación, sin requerir ajustes estructurales derivados de un eventual descenso de categoría.
El decreto entra en vigor desde su fecha de expedición: 15 de septiembre de 2025, aunque sus efectos fiscales se aplicarán a partir del 1° de enero de 2026, en concordancia con el inicio del año calendario y la planeación presupuestal municipal.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐚́ $𝟓𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐫 𝐯𝐢𝐝𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬
La Alcaldía de Tunja inició un proceso de contratación para reemplazar y mantener vidrios en varios inmuebles municipales. La inversión, estimada en más de 56 millones de pesos, tiene por fin reducir riesgos de seguridad y mejorar el estado de lugares como el edificio municipal y el Teatro Mayor Bicentenario.
El procedimiento se tramita bajo la modalidad de mínima cuantía y se encuentra en fase de presentación de ofertas. El contrato está identificado con el número SMC-AMT-026-2025 y corresponde al proyecto denominado GBS-12 “suministro, instalación y mantenimiento de vidrios para garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones, incluyendo materiales y servicios especializados según las necesidades institucionales”.
Según los estudios previos, los espacios más críticos son la entrada principal del edificio municipal, donde los vidrios, aparentemente, presentan fisuras que comprometen su integridad; la plazoleta de banderas, en la Plaza de Bolívar, cuyos vidrios en el piso registran grietas que representan peligro para los peatones; y el Teatro Bicentenario, donde la decoloración de los materiales afecta tanto la iluminación como la estética del auditorio.
El valor estimado del contrato es de $56.065.012, cifra que incluye impuestos y costos asociados. La ejecución tendrá un plazo máximo de tres meses y deberá finalizar a más tardar el 15 de diciembre de 2025. En total, se intervendrán unos 90 metros cuadrados de superficie con diferentes tipos de vidrio: bronce de 5 mm, “Mini Boreal” de 4 mm, transparente de 4 mm y multilaminado de 5 mm para pisos.
El análisis de mercado que fijó el presupuesto oficial se basó en tres cotizaciones. La adjudicación se realizará a la propuesta de menor valor que cumpla los requisitos técnicos y legales, sin posibilidad de modificar precios después de adjudicado el contrato.
El cronograma establece que las ofertas se recibirán hasta el 19 de septiembre y el informe de evaluación se publicará el 22 del mismo mes. La aceptación de la propuesta seleccionada está prevista para el 24 de septiembre, con entrega y aprobación de garantías el 25.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐚́ 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 $𝟑𝟎𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
En los próximos meses la capital boyacense pondrá en marcha un plan de intervención en 17 escenarios deportivos y parques barriales, financiado a través de los Presupuestos Participativos de la vigencia 2025. La inversión asciende a $304.223.302 y beneficiará a cerca de 17.000 familias en al menos 16 sectores de la ciudad.
El proyecto, liderado por el Instituto de la Juventud, el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar (IRDET), contempla trabajos de construcción, mantenimiento y adecuación en canchas, parques infantiles y espacios de esparcimiento. Barrios como Las Quintas, Santa Inés, Nazareth, San Francisco, El Triunfo, Bochica, Ciudad Jardín, Fuente Higueras y Antonia Santos hacen parte de los sectores priorizados.
Las obras incluyen la instalación de cerramientos para evitar el uso indebido de las canchas, la adecuación de nuevos espacios para microfútbol, voleibol y baloncesto, así como la reposición de juegos infantiles dañados. En el Parque Centenario se habilitarán zonas de encuentro familiar, mientras que en Xativilla se recuperará un parque biosaludable.
De acuerdo con los estudios técnicos, varios de los escenarios presentan deterioro estructural, falta de accesibilidad y carencia de mantenimiento, lo que ha limitado su uso comunitario. El plan busca no solo modernizar la infraestructura, sino también fortalecer la convivencia y la apropiación ciudadana en los barrios.
El proceso contractual avanza actualmente en la etapa de manifestación de interés dentro de la plataforma SECOP II. Bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, se proyecta que la ejecución de las obras tenga una duración de 75 días, con fecha de culminación estimada para el 20 de noviembre de 2025.
𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚
𝐿𝑎 𝐶𝑎́𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠, 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑦 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦𝑎 ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑.
La Cámara de Comercio de Tunja - CCT, junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, advierten a empresarios y comerciantes frente a la circulación de Certificados de Seguridad Humana falsos.
Este documento es obligatorio en todos los establecimientos de comercio y únicamente puede ser emitido por Bomberos Tunja, entidad autorizada para realizar las inspecciones correspondientes; así como la Policía Nacional que también tiene la facultad de solicitar este requisito en cualquier negocio, y en caso de no contar con él, puede proceder al sellamiento del establecimiento.
De acuerdo con el Departamento de Prevención y Seguridad de Bomberos, algunas personas inescrupulosas estarían ofreciendo estos certificados de manera fraudulenta; por esta razón, Bomberos Tunja señala que no trabaja con intermediarios ni tramitadores.
Por su parte, la CCT invita a empresarios y comerciante a no caer en engaños y a realizar sus trámites directamente en las entidades o a través de sus canales oficiales.
“Al parecer varios comerciantes ingenuamente han sido víctimas de este fraude materializado por personas inescrupulosas que expiden este y otros documentos, incluso el de uso de suelos falsos. Por favor, no olviden que las certificaciones, los pagos y otros trámites siempre se deben hacer directamente en las entidades competentes”, puntualizó John Jairo Martínez, presidente ejecutivo de la CCT.
Con información de: Jefatura de Prensa y Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Tunja
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨… 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐲𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐛𝐚
La Alcaldía de Tunja expidió y publicó el Decreto 0459, mediante el cual se designaba como alcalde encargado a César Eduardo Carreño Morales para los días 10 y 11 de septiembre. El detalle curioso es que la designación se conoció el 11, justo cuando estaba a punto de expirar el mismo encargo que pretendía cubrir la ausencia del mandatario Mikhail Krasnov, incapacitado por razones médicas, según dice el tardío decreto.
El documento, fechado el 10 pero divulgado al día siguiente a las 8:15 A.M., nombra al director de Control Interno Disciplinario como responsable temporal de la administración local, aunque el periodo de encargo se limitaba a 48 horas. Es decir, la oficialización del reemplazo llegó cuando el tiempo ya estaba prácticamente consumido, dejando en el aire la incógnita de qué tanto alcance tiene esta publicación tardía de actos oficiales en aras de dar cumplimiento a principios del funcionamiento estatal como el de la publicidad.
“𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧”: 𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐥𝐨𝐣𝐨
En el puente del barrio Santa Inés apareció en las últimas horas una pancarta con la frase “Tunja conecta con la discriminación”. El mensaje hace referencia al desalojo de Carmenza, una habitante de calle que vivía en ese sector y a quien la administración municipal impidió regresar, instalando rejas en el lugar donde permanecía.
La acción, que buscaba impedir su retorno, ha sido vista por algunos ciudadanos como una medida de exclusión que contradice los discursos oficiales sobre inclusión y bienestar. La pancarta, además, retoma irónicamente el lema del actual mandatario de la ciudad, “Tunja conecta con el mundo”, dejando en evidencia la distancia entre la propaganda institucional y la realidad de los más vulnerables.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Este 12 de septiembre, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja suscribirán un convenio interadministrativo para formular, antes de fin de año, el primer Plan de Manejo Arqueológico (PMA) de la ciudad. La iniciativa, valorada en 60 millones de pesos, busca convertirse en un instrumento legal obligatorio para proteger los vestigios históricos frente a la expansión urbana y las construcciones sin estudios previos.
La firma de este convenio implica la movilización inmediata de 60 millones de pesos, de los cuales 40 millones provienen del Impuesto Nacional al Consumo de telefonía móvil, administrados por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, y 20 millones son aportados directamente por la Alcaldía de Tunja.
El objetivo es crear un instrumento técnico y normativo que guíe la preservación, conservación y gestión del patrimonio arqueológico tunjano. Para lograrlo, el convenio contempla tres fases fundamentales: primero, realizar una caracterización arqueológica e histórica exhaustiva, que compilará investigaciones desde 1937 hasta la actualidad; segundo, generar una zonificación del territorio municipal que identifique áreas con potencial arqueológico alto, medio y bajo; y tercero, formular el plan de manejo propiamente dicho, el cual deberá ser aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para su posterior incorporación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La necesidad de este plan surge de una problemática documentada: pese a décadas de estudios, la ciudad carece de un marco regulatorio unificado que proteja sus sitios arqueológicos. La expansión urbana, las construcciones sin estudios previos, la explotación de canteras y el desconocimiento administrativo y social han contribuido a la pérdida progresiva de este patrimonio. El PMA busca frenar esta tendencia mediante lineamientos claros para constructores, autoridades y la comunidad.
𝐕𝐞𝐜𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐞𝐬
La comunidad del barrio Libertador expresó su inconformidad por el funcionamiento de bares y establecimientos de ocio que, según denuncian, exceden los niveles de ruido permitidos, afectando la tranquilidad y el descanso de los residentes.
Los habitantes aseguran que han elevado reiteradas solicitudes a la Alcaldía de Tunja para que se tomen medidas frente a esta situación, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta concreta. De acuerdo con la documentación facilitada a este medio de comunicación, los oficios y derechos de petición han sido trasladados de una dependencia a otra sin que se adopten acciones efectivas.
En un primer momento, la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial remitió la queja a la Inspección Segunda de Policía, desde allí fue trasladada a la Secretaría de Planeación Territorial y posteriormente a la Secretaría de Salud Territorial. En todos los casos, la respuesta oficial ha sido únicamente la notificación del traslado, sin que los vecinos perciban resultados en terreno.
En las cartas enviadas por la comunidad se advierte que los establecimientos funcionan hasta altas horas de la madrugada, incluso hasta el amanecer, con altos decibeles de sonido y la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas. Uno de los bares más señalados es ‘La Chavela’, ubicado en la carrera 14, desde donde, aseguran, el ruido se extiende a varias cuadras a la redonda.
Los vecinos afirman que, pese a los llamados a la Policía y a las solicitudes radicadas, la problemática persiste y se agudiza, afectando especialmente a adultos mayores y trabajadores que requieren descanso nocturno.
Este medio contactó vía WhatsApp al secretario del Interior y Seguridad Territorial, David Suárez Acevedo, con el propósito de obtener una versión oficial, pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta de su parte.
La comunidad insiste en que la situación, que lleva años sin solución, requiere una intervención pronta y coordinada de las autoridades, para evitar que continúe el deterioro de la calidad de vida en el sector.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝
Un sondeo realizado en las calles de Tunja reveló que la preocupación más reiterada de los ciudadanos es el deterioro de la malla vial. Los consultados también señalaron al desempleo, la inseguridad y la corrupción como problemáticas que afectan de manera directa la calidad de vida en la capital boyacense.
De acuerdo con las respuestas recogidas, el estado de las vías fue mencionado en 41 ocasiones, lo que lo convierte en el principal malestar expresado por los tunjanos. Calles llenas de huecos, movilidad caótica y falta de intervención en sectores del sur de la ciudad fueron las quejas más frecuentes.
En segundo lugar, el desempleo y la falta de oportunidades laborales ocuparon un lugar destacado, al ser mencionados en 11 intervenciones. Varios ciudadanos recalcaron que la economía local es débil y que “todo el mundo está sin trabajo”.
La inseguridad fue señalada en 7 respuestas, especialmente asociada con robos, problemas de convivencia y presencia de habitantes de calle.
Asimismo, la corrupción y la politiquería fueron denunciadas en 6 oportunidades, reflejando un malestar ciudadano frente al manejo administrativo y a lo que califican como “roscas” políticas que frenan el desarrollo de la ciudad.
Otros temas mencionados en menor proporción fueron:
• Movilidad y congestión vehicular: 6 menciones.
• Cultura y falta de espacios culturales permanentes: 3 menciones.
• Ruido en la ciudad: 3 menciones.
• Gobierno local: 2 menciones.
• Precio de la papa: 2 menciones.
• Frío: 1 mención.
• Competencias de ciclismo: 1 mención.
• Espacio público y dificultades para trabajar en la calle: 1 mención.
• Pobreza: 1 mención.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐨́ 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐠𝐨𝐭𝐚́
El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se convirtió nuevamente en foco de debate público tras conocerse la compra de un apartamento en uno de los sectores más costosos de la capital del país.
De acuerdo con documentos de la Notaría 25 de Bogotá, el 2 de marzo de 2025 Krasnov adquirió el apartamento 703 del edificio Solar del Virrey, ubicado en la carrera 16 con calle 85. El inmueble cuenta con 68,89 metros cuadrados de área privada y un garaje de 11,85 metros cuadrados. La compraventa, realizada con el ciudadano Luis Fidel Chacín Sucre, se cerró en 585 millones de pesos.
Ese mismo día, el mandatario firmó una hipoteca abierta con el Banco Itaú Colombia S.A. por 398 millones de pesos, lo que deja en evidencia que la mayor parte del valor del inmueble fue financiada mediante crédito bancario.
La adquisición no ha pasado desapercibida en Tunja, donde sectores de opinión cuestionan la capacidad adquisitiva del alcalde para asumir un gasto de esta magnitud, teniendo en cuenta las limitaciones salariales de un cargo público (https://www.facebook.com/share/p/1B3JXSYNf7/). Para algunos críticos, la operación despierta dudas sobre la coherencia de su situación patrimonial con los ingresos que percibe como funcionario.
El caso resulta aún más controvertido si se recuerdan las palabras de Krasnov en tiempos de campaña, cuando aseguraba que buscaba el poder para servir al público y no para beneficio particular. Aquellas afirmaciones atrajeron a seguidores que lo respaldaron como una figura distinta en la política local.
El tema salió a la luz gracias a la columna de opinión (https://www.facebook.com/share/p/16v3G9gd2J/) de una persona que lo acompañó durante la campaña y luego trabajó en su administración, confiando en aquellas promesas. Sin embargo, según relató en su escrito, terminó decepcionado al observar un proceder que considera alejado de los principios que defendía, en tiempos de campaña, el ahora mandatario.
Hallan sin vida a Yudi Alexandra Castellanos
Organismos de socorro reportaron el hallazgo del cadáver de la arquitecta tunjana Yudi Alexandra Castellanos Solano, desaparecida en Caño Canoas mientras compartía un paseo con su familia el pasado fin de semana.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝟏𝟏 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝
La administración municipal cargó a la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) los detalles del proceso de contratación para la construcción e implementación integral de once nuevos paraderos de transporte público en distintos sectores de la ciudad. El proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Movilidad Sostenible y Segura, busca transformar la experiencia del usuario, mejorar la seguridad vial y ordenar el flujo vehicular en corredores de alto tránsito.
El contrato, identificado como MVT 88 y cuyo valor estimado es de $375.215.391, se adjudicará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, un procedimiento simplificado para obras de este valor. La ejecución de las obras tiene un plazo máximo de dos meses, con una fecha tentativa de finalización a finales de noviembre de 2025.
Según los documentos publicados en el Secop, los paraderos no serán simples estructuras, sino puntos de encuentro equipados con mobiliario urbano tipo M10, que incluye techo en policarbonato para proteger a los usuarios de la lluvia y el sol, y un panel publicitario Muppi en ambas caras. Además, contarán con alimentación eléctrica mediante paneles solares, lo que los convierte en infraestructuras sostenibles.
La intervención incluirá no solo la instalación del paradero, sino también la adecuación integral del espacio público circundante. Esto comprende la demolición de andenes y sardineles existentes, la excavación, la construcción de nuevos andenes en concreto, la instalación de loseta podotáctil (tanto guía como de alerta) para garantizar la accesibilidad universal, y la señalización horizontal y vertical correspondiente, incluyendo marcas viales y pictogramas.
Los once puntos seleccionados para la construcción de estos paraderos responden a un diagnóstico previo que identificó zonas con alta demanda de transporte, cruces peatonales críticos y áreas residenciales que requieren una mejor organización del servicio. A continuación, se detalla la ubicación exacta de cada uno de los paraderos a construir:
1. Sector Oikos: En la intersección de la Carrera 11 con las Calles 1A Sur y 2.
2. Sector Sol de Oriente: En la Diagonal 3A, entre las Carreras 4C y 4D.
3. Sector Multiparque Centenario: Sobre la Carrera 4, entre las Calles 6A y 8.
4. Sector Santa Inés: En la Avenida Norte, entre las Calles 41 y 42.
5. Sector Bavaria: En la Avenida Norte, entre las Calles 54 y 55A.
6. Sector Santo Tomás: En la Avenida Universitaria, entre las Calles 42A y 46.
7. Sector Cancerológica (Mantenimiento): En la Avenida Universitaria, entre las Calles 46 y 47.
8. Sector Hayuelos: En la Avenida Universitaria, entre las Calles 49 y 58.
9. Sector Bolívar: En la Carrera 15, entre las Calles 1C y 2A.
10. Sector Pinos de Oriente: En la Calle 10A Sur, entre las Carreras 2A Este y 3A Este.
11. Sector Green Hills: En la Avenida Universitaria, entre la Calle 66A y la Avenida Green Hills.
Este proyecto también responde a compromisos adquiridos por la administración municipal, como el derivado de la acción popular 15001333300320180006100, y forma parte de la política de presupuestos participativos.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja admitió, para su trámite en primera instancia, una demanda de acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa en contra del municipio de Tunja, debido al deterioro que presenta la Avenida Colón, en el tramo comprendido entre la Plazoleta de Las Nieves y la Carrera 16.
La demanda señala que, pese a las intervenciones realizadas en el pasado, la vía continúa registrando fallas estructurales, patologías y deterioros que afectan la movilidad y ponen en riesgo a la comunidad. Por ello, el accionante solicita que la administración municipal adelante estudios técnicos, evaluaciones y diagnósticos que permitan definir las obras de intervención necesarias, ya sean preventivas, correctivas, rutinarias o estructurales.
Según el recurso judicial, estarían siendo vulnerados derechos colectivos como el goce del espacio público y su defensa, el derecho a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de construcciones y desarrollos urbanos de manera ordenada y conforme a las disposiciones jurídicas, la prevalencia de la calidad de vida de los habitantes, el uso y disfrute de los bienes de uso público y la protección del patrimonio público.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, el cual está encabezado por Cúcuta, cuya variación del IPC fue de 0,47 %. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,19%, mientras que la variación del IPC en Tunja fue del 0,29%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la décima ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 4,71%, mientras que el promedio nacional fue de 5,10%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Santa Marta (2,11%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Pereira (5,97%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante agosto fue el de educación, que representó una variación del 1,29%, seguido de bebidas alcohólicas y tabaco (0,80%), seguido de salud (0,74%).
Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante julio fueron información y comunicación (-0,17%), transporte (-0,13%), y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,01%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 6,70%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 6,42%, y salud, que tuvo una variación del 6,02%. Caso contrario es el de los rubros de recreación y cultura (-0,49%), información y comunicación (-0,27%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,49%).
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐚́ 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐧̃𝐨𝐬
En la inauguración del Ecoparque del Oriente, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, reconoció que la ciudad no cuenta con las condiciones financieras para cumplir su promesa de campaña de saldar la deuda municipal en un periodo de tres años.
El mandatario explicó que este año el municipio debe pagar 27.000 millones de pesos en servicio de deuda, de los cuales 10.000 corresponden únicamente a intereses. “Eso es algo que la ciudad nunca vio. Ni en inversión ni en elefantes blancos. (…) Imagínese que yo cada año hubiera podido entregar 270 tramos en concreto de 120 metros. En cuatro años pongo en concreto toda la ciudad. Eso es lo malo del endeudamiento municipal”, señaló.
Al ser cuestionado por los periodistas sobre si había descartado su promesa de campaña, Krasnov respondió: “No, no está descartado. Lo que pasa es que en este momento nosotros tenemos 210 millones en cobro coactivo. (…) En estas condiciones es posible pagar la deuda, pero otra cosa es que, si la pago, no habrá parques”.
El alcalde insistió en que la ciudad debe mejorar su cultura tributaria, pues la tasa de pago del predial apenas alcanza el 55%, frente al 85% de Bogotá o el 90% de Medellín, pese a que en Tunja se ofrecen descuentos de hasta el 20% por pronto pago. “Por favor, paguen. Esa plata no es para mí. Esa plata es para los parques, lastimosamente también para la deuda”, dijo.
Krasnov afirmó que su intención de pagar sigue vigente, pero admitió que el esquema actual de endeudamiento y los compromisos heredados de anteriores administraciones hacen prácticamente inviable cumplir la meta en los tiempos propuestos. A eso agregó que no es una tarea que tenga mucho sentido pues pude que luego de que él la pague, el siguiente Alcalde vuelva a endeudar al municipio.
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢́𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 203 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢́𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎.
De acuerdo con Julián Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, la inversión contempla 119 millones de pesos para la intervención de vías y 85 millones para la adecuación de salones comunales en Patriotas y Portal de Oriente. “Estamos esperando desde hace un tiempo que estos recursos se materialicen, pues son necesidades priorizadas por la misma comunidad”, señaló.
Entre las demandas históricas del barrio también figura la construcción de una cancha de microfútbol. Aunque no se cuenta con un predio del municipio que cumpla con las condiciones requeridas, los habitantes insisten en que la Gobernación de Boyacá podría ceder alguno de los lotes que permanecen sin uso en la zona. Según Quintero, estos terrenos en abandono, además de representar una oportunidad para dotar al sector de infraestructura deportiva, se han convertido en focos de inseguridad y consumo de estupefacientes.
La necesidad de una estación de Policía en el área es otro de los temas que ha estado sobre la mesa. El proyecto fue socializado nuevamente hace tres meses, con ubicación prevista en la zona de El Rodeo, pero luego se conoció que no podría realizarse en aquel lugar.
Mientras tanto, la comunidad insiste en que la materialización de los presupuestos participativos y la destinación de un predio para infraestructura deportiva serían pasos claves para mejorar las condiciones de vida los habitantes de este barrio. Cabe recordar que los recursos de presupuestos participativos en el caso de los barrio Patriotas y Portal de Oriente se destinarán para vías y salones comunales.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐨́ 𝐄𝐜𝐨𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
La administración municipal inauguró el Ecoparque del Oriente, un nuevo espacio público que busca ampliar las zonas verdes y recreativas de Tunja. El proyecto tuvo una inversión de 407 millones de pesos y se ejecutó en un periodo de cuatro meses.
El ecoparque cuenta con 1.300 metros cuadrados, de los cuales 800 corresponden a áreas verdes con prados y árboles, y 500 a senderos y zonas firmes. También se habilitaron áreas de juegos infantiles, mesas de ajedrez y ping-pong, así como máquinas de ejercicio al aire libre.
Según el alcalde Mikhail Krasnov, la obra se ajustó a la normativa de seguridad, especialmente en los espacios destinados a los niños. “La zona de juegos no está en afirmado, sino en el pasto. Todo está con la normativa para que la zona no se vuelva en un lugar de accidentes de menores”, explicó.
Durante el acto de entrega, el mandatario destacó el cumplimiento del contratista en tiempos y calidad de la construcción, y pidió a la ciudadanía cuidar las zonas verdes recién sembradas: “No podemos permitir que los árboles pequeños sean dañados. La idea es dejarlos crecer para que en un año o dos el parque esté en mejores condiciones”.
El alcalde agregó que la administración proyecta nuevos parques en otros sectores de la ciudad, como parte de una estrategia de descentralización de la inversión pública hacia barrios que históricamente han tenido poca infraestructura comunitaria.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐮𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐮 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
Un nuevo decreto municipal ha reactivado el debate sobre cómo se regula el uso del espacio público en Tunja, un territorio donde la economía informal no solo es visible, sino que para miles de personas representa la única fuente de ingresos. El Decreto 0328 del 31 de julio de 2025, firmado por el alcalde Mikhail Krasnov, y publicado en el sitio web del municipio el pasado 3 de septiembre; introduce un mecanismo técnico que podría cambiar la forma en que se autorizan actividades comerciales en calles, andenes, parques y zonas peatonales. Pero más allá de su redacción jurídica, lo que ha generado inquietud es su posible alcance real en una ciudad con altos niveles de informalidad y donde prácticas como la venta ambulante de lotería o comidas rápidas forman parte del tejido urbano.
La norma no prohíbe directamente nuevas actividades, sino que refuerza prohibiciones ya existentes en el Decreto 0124 de 2019: venta de alimentos y bebidas, exhibición de vehículos, juegos de azar, autopartes, animales y pirotecnia, entre otros. Lo novedoso está en un párrafo adicionado que abre una excepción: estas actividades podrían permitirse si son autorizadas por un nuevo ente, el Comité Técnico de Aprovechamiento Económico del Espacio Público. Este comité, aún sin estructura definida en el decreto, tendría la última palabra sobre quién puede ocupar el espacio público con fines económicos, bajo ciertos “requerimientos técnicos”.
Las actividades expresamente prohibidas en el espacio público de Tunja, según el artículo 4 del Decreto 0124 de 2019, tal como fue modificado por el Decreto 0328 de 2025, son las siguientes:
• La venta de alimentos y bebidas que puedan comercializarse en establecimientos de comercio abiertos al público, salvo los casos expresamente autorizados.
• La venta y consumo de bebidas alcohólicas, con excepción de aquellos casos que estén expresamente autorizados.
• Las actividades industriales, y particularmente las relacionadas con mecánica automotriz y/o reparación de cualquier tipo de vehículo.
• El servicio de estacionamiento de vehículos con fines de explotación o aprovechamiento económico, sin autorización previa de la Administración Municipal.
• La venta y exhibición de vehículos automotores, motocicletas, nuevos o usados, o partes de estos.
• La venta de especies animales.
• La venta de artículos de contrabando, copias de obras sin el consentimiento del titular de los derechos de autor, objetos producto de la comisión de un delito, sustancias psicoactivas, armas de todo tipo y juguetes bélicos.
• Los juegos de suerte y azar.
• La pólvora y productos pirotécnicos, así como sustancias consideradas peligrosas, conforme lo señalen los reglamentos de policía.
El decreto aclara que estas prohibiciones se aplican "sin perjuicio de lo establecido por las normas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, de movilidad", y mantiene un párrafo adicional que reitera: estas actividades podrán ser permitidas siempre que sean autorizadas por el comité técnico, de conformidad con los requerimientos técnicos para cada caso.
Durante una rueda de prensa, el alcalde Krasnov fue consultado sobre el decreto. Su respuesta fue reveladora: no tenía claridad sobre su contenido específico. “Eh, no, bueno, el decreto, es que el borrador o la página todavía salió… déjame que yo reviso esto, sí, porque… la prohibición total de la venta de la lotería no puede haber, sí”, dijo, evidenciando desconocimiento o al menos dudas sobre el alcance de una norma que lleva su firma. Aunque afirmó que el objetivo es “ordenar el espacio público” y hacer cumplir normas ya existentes, también reconoció que “todos tienen derecho al trabajo”, pero que ese derecho debe equilibrarse con el del peatón, del conductor, del transeúnte.
Hasta ahora, no hay información sobre cómo se conformará el comité, cuántos miembros tendrá, qué profesionales lo integrarán ni cómo se presentarán las solicitudes. Tampoco se ha anunciado un plan de acompañamiento para los afectados. Mientras tanto, el decreto ya rige, pues ya cuenta con firma del Alcalde y ha sido publicado en sitio oficial.
El ingreso por persona en Tunja fue de $1.509.279 en 2024, una cifra que si buen supera apenas el millón y medio, se ubica entre las más altas del país. La capital boyacense está por encima de Pereira ($1.445.864) y de Cali, pero por debajo de Manizales, Bucaramanga, Medellín y Bogotá.
En términos de dinámica, Tunja registró un aumento anual de $136.068 frente a 2023, equivalente a 9,9 %. Aunque el porcentaje de variación no estuvo entre los más altos del listado, el monto absoluto mantiene a la ciudad en el grupo de capitales con mayor ingreso promedio por habitante.
En el contexto nacional, el ingreso per cápita promedio se ubicó en $1.169.770. Las cabeceras municipales promediaron alrededor de $1,36 millones, mientras que en centros poblados y rural disperso fue cercano a $503.000, lo que evidencia brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales.
Bogotá lideró el ranking con más de $2,19 millones por persona. En el extremo inferior, varias capitales del litoral Caribe y del Pacífico se mantienen con promedios por debajo del millón de pesos.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐞́𝐬
El Juzgado Tercero Administrativo del circuito Judicial de Tunja falló a favor una acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien demandó al municipio por el mal estado de los andenes del acceso occidental al barrio Santa Inés. Según la decisión judicial, el municipio vulneró derechos colectivos como la seguridad y el goce del espacio público de los habitantes del sector.
La controversia se centra específicamente en los andenes de la calle 41, entre la carrera 6 (Avenida Norte) y la carrera 5, donde los peatones enfrentan riesgos por el deterioro de la infraestructura. La jueza concluyó que la administración municipal ha incumplido con su deber de garantizar condiciones adecuadas para la movilidad peatonal y la protección de los transeúntes.
La sentencia impuso un cronograma de cumplimiento que inicia con la elaboración de un estudio técnico en un plazo máximo de tres meses. Dicho informe deberá establecer la necesidad y factibilidad de las intervenciones.
Posteriormente, la Alcaldía tendrá tres meses adicionales para adelantar los trámites jurídicos, técnicos y presupuestales que permitan viabilizar el proyecto. Finalmente, en un tercer periodo de tres meses, el municipio deberá ejecutar las obras de reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento o adecuación de los andenes.
𝐋𝐚 𝐅𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐚́𝐳𝐚𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚 𝐬𝐮 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐨𝐫𝐚𝐥, 𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐚𝐠𝐫𝐨𝐬𝐨
Las comunidades del sector occidental de la ciudad ultiman detalles para recibir una nueva versión de la Fiesta de San Lázaro, una tradición centenaria que cada año reúne a devotos, vecinos y visitantes en torno a la ermita de Nuestra Señora de Chiquinquirá, conocida popularmente como la ermita de San Lázaro. La celebración, que tendrá lugar este primer fin de semana de septiembre, mantiene su carácter de romería y se ha convertido en una de las más antiguas y representativas de la capital boyacense.
Durante décadas, uno de los elementos más llamativos de la fiesta fue la venta del barro milagroso, considerado por los peregrinos como sanador. Extraído de un pozo ubicado al interior de la ermita, este barro era adquirido en pequeños recipientes por los asistentes, quienes lo utilizaban para aliviar dolencias o como protección contra enfermedades. La práctica se sustentaba en la imagen de San Lázaro, a quien la tradición describe acompañado de perros que lamían sus llagas, símbolo de curación y alivio.
Con el paso de los años, la costumbre desapareció. Habitantes del sector recuerdan que la extracción constante de barro debilitó la estructura de la ermita, provocando un boquete de tamaño significativo, lo que llevó a suspender la práctica. Así se extinguió uno de los símbolos más distintivos de la romería, pero su recuerdo persiste en la memoria colectiva y en los relatos que circulan entre los vecinos de los barrios El Carmen, Kennedy, Altamira, San Lázaro y comunidades aledañas.
Hoy la fiesta conserva toda su vitalidad gracias a la tradición oral, que mantiene vivo el recuerdo del barro sanador como parte de la historia de San Lázaro. Aunque esa costumbre ya no forma parte de la celebración, los testimonios de los habitantes siguen transmitiendo de generación en generación el valor espiritual que tuvo para los peregrinos.
La edición de este año contará con la misa solemne, la venta de comidas típicas, puestos de dulces, chicha y el festival de cometas que en las últimas décadas ha acompañado la celebración. Más allá de los cambios en sus costumbres, la Fiesta de San Lázaro continúa siendo un espacio de encuentro comunitario y devoción, donde lo que se mantiene inquebrantable es la voz de quienes narran su historia y con ella prolongan la vida de una tradición centenaria.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐮́𝐧𝐞𝐦𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Contraloría Municipal de Tunja abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el Consorcio Vías Tunja 2022 por presuntamente ejecutar estudios y diseños para obras viales que nunca se construirán, a pesar de haber sido financiadas con recursos del empréstito de más de 93 mil millones de pesos aprobado durante la administración del exalcalde Alejandro Fúneme (2020-2023). De los 72 tramos viales inicialmente planeados, solo 43 fueron intervenidos. Los otros 29, aunque nunca salieron del papel, ya fueron objeto de estudios técnicos pagados con dinero público, lo que ha generado un presunto detrimento de más de 132 millones de pesos.
En el segundo semestre de 2025, mientras los habitantes de Tunja transitan por vías aún en mal estado, la Contraloría Municipal avanza en una investigación que desnuda una de las fallas más críticas de la gestión vial del último gobierno municipal: se pagaron millones por diseñar calles que no se arreglaron ni mejoraron.
El pasado 2 de septiembre, fue publicado en sitio oficial de la Contraloría Municipal de Tunja, el auto que el jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal, Fabián Ricardo Murillo Bautista, firmó para dar apertura al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 003-2025, que pone en la mira al Consorcio Vías Tunja 2022, contratista encargado de uno de los proyectos bandera del gobierno de Alejandro Fúneme: el mejoramiento de la malla vial urbana, financiado con recursos del empréstito de 93.600 millones de pesos aprobado en 2020. De ese paquete, cerca de 15 mil millones estaban destinados específicamente a intervenciones viales.
El contrato, identificado como No. 1022 de 2022, tenía como objeto “realizar estudios, diseños y construcción o mejoramiento de la malla vial e intervención del espacio público en el área urbana del municipio”. Sin embargo, según la auditoría fiscal que dio origen al proceso, hubo un desfase fundamental desde la planeación: se contrataron estudios detallados para 69 tramos viales (los tres restantes ya contaban con estudios y diseños), aunque desde un principio no existía presupuesto para construirlos todos.
La realidad terminó por imponerse: solo 43 de esos tramos fueron ejecutados. Los otros 29 quedaron en el limbo. Pero eso no evitó que se pagaran los estudios técnicos: topografía, ingeniería, tránsito, presupuestos, por un valor de $116.490.752, dinero que, según la Contraloría, “no causa ningún beneficio a la ciudad” y constituye un daño directo al patrimonio público.
Este hallazgo fue clave en la determinación del presunto detrimento patrimonial total de $132.398.388,27, cifra que incluye no solo los costos de los diseños inviables, sino también fallas en la ejecución técnica de las obras realizadas, como demarcaciones viales incorrectas o señalización inadecuada en zonas escolares.
El proceso no solo involucra al contratista, sino también a la interventoría, a cargo del Consorcio Interboyacá 2022. La Contraloría señala que esta figura, encargada de vigilar el cumplimiento del contrato, omitió su deber de alertar sobre la incongruencia entre lo planeado y lo presupuestado. “No se puede validar el pago de diseños técnicos cuando es evidente que las obras no se podrán construir”, señala el auto, citando el principio de economía del gasto público.
El contrato fue firmado en junio de 2022, durante la alcaldía anterior, pero su ejecución se extendió hasta diciembre de 2023, y su liquidación se cerró en enero de 2024, justo al inicio de la administración de Mikhail Krasnov.
Además, el consorcio protagonista sufrió un cambio societario significativo apenas dos meses después de la firma del contrato. El 11 de agosto de 2022, su representante legal, Julio César Velilla Fonseca, solicitó ceder el 70% de la participación del consorcio, antes en manos de Promotora El Campín S.A, a Orbeing S.A.S., una operación autorizada por el municipio mediante Resolución 091 del 1° de septiembre de 2022. Este tipo de cambios, aunque legales, generan dudas sobre la continuidad técnica y la capacidad real de ejecución del contratista.
El auto de apertura fue notificado el 26 de agosto de 2025 a Velilla Fonseca, en su calidad de representante legal del consorcio, y a Restrepo Atuesta, como cabeza de la interventoría. Ambos ahora tienen derecho a rendir versión libre, presentar descargos y aportar pruebas. La Contraloría también decidió vincular a la compañía aseguradora del contrato como tercero civilmente responsable, en caso de que se confirme el daño y se requiera resarcimiento.
Lo que queda claro en el documento es que no se investiga una mala construcción, sino una planeación irreal. “Se diseñó como si se fuera a hacer todo, sin importar si se podía”, resume un aparte del análisis jurídico.
𝐂𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐯𝐞𝐡𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
En Tunja, cinco vehículos fueron sancionados durante una jornada de verificación de emisiones contaminantes realizada por las secretarías de Medio Ambiente y Movilidad y Vida Territorial. La actividad tuvo como objetivo revisar que los automotores cumplieran con los límites de emisión establecidos en la Resolución 762 de 2022 y contribuir a la protección del aire y la salud de los habitantes.
La revisión se efectuó a 20 vehículos, incluyendo transporte público colectivo, taxis y automóviles particulares, en puntos estratégicos de la ciudad, como el sector del centro comercial Viva Tunja y la glorieta de Green Hills. Durante el operativo se detectó que cinco vehículos no cumplían con las condiciones ambientales necesarias para circular, lo que derivó en la inmovilización de dos buses, un taxi y dos automóviles particulares.
De los cinco vehículos sancionados, cuatro presentaban niveles de emisiones por encima de lo permitido, mientras que uno de los automóviles particulares fue inmovilizado por no contar con la revisión técnico-mecánica vigente.
Juan Carlos Leguizamón, secretario de Movilidad y Vida Territorial, explicó que “estas jornadas no son solo un ejercicio de control, son parte de nuestro compromiso con el bienestar de los tunjanos. Queremos que cada uno tome conciencia de mantener en buen estado su vehículo; esta también es una forma de cuidar la vida y de aportar a una movilidad sostenible”.
Las autoridades indicaron que se planean cuatro jornadas adicionales antes de finalizar el año, las cuales incluirán mediciones de todo tipo de vehículos en distintos puntos de la ciudad, siguiendo el contrato de calidad del aire que prevé cinco jornadas con 20 mediciones cada una, priorizando inicialmente el transporte público.
𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐢́𝐜𝐢𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, 𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐚 𝐫𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐢𝐝𝐨́𝐧𝐞𝐚𝐬
Un sondeo callejero realizado en Tunja reveló que la mayoría de los ciudadanos percibe como “difícil” iniciar un negocio en la capital boyacense. Altos costos de arriendo, falta de apoyo institucional, economía local limitada y exceso de trámites fueron las principales razones expuestas. Los testimonios contrastan con la más reciente edición del Índice Subnacional de Emprendimiento, que situó a Tunja como la tercera ciudad más idónea del país para emprender, aunque su medición se realizó con base en las respuestas de apenas 17 personas.
Del 8 al 12 de septiembre de 2025 se llevará a cabo en Tunja el Encuentro Anual de Teatro y Títeres Ciudad de Tunja, evento que llega a su edición número 13 con presentaciones y talleres en la Sala Teatral Casa Arte Taller y en instituciones educativas de la ciudad.
La programación se extenderá durante cinco días con funciones de teatro, presentaciones de títeres, actividades de magia y talleres dirigidos a niños y jóvenes. El evento tendrá como sede principal la Casa Arte Taller, ubicada en el barrio Jordán, aunque algunas actividades se realizarán en instituciones educativas.
La agenda se abre el lunes 8 de septiembre a las 10:00 de la mañana con la presentación de Delirio Payaso, a cargo de Jovito Clown. El martes 9 continuará con el taller Cuentos para recortar y pintar cajas mágicas en la Institución Educativa del Sur y, en la tarde, con la obra El viajero y la mariposa de la compañía El País de la Amistad.
El miércoles 10 se repetirá el taller en la misma institución educativa en horario de 8 a 10 de la mañana. Ese mismo día, el mago Don Kam presentará dos funciones de Magia de salón, una a las 10:00 a.m. y otra a las 7:00 p.m. en la Casa Arte Taller.
El jueves 11 y el viernes 12 estarán dedicados a la agrupación La Cuadra, proveniente de Floridablanca (Santander), que ofrecerá varias funciones de la obra Palabras mágicas. Las presentaciones están programadas para las 10:00 de la mañana ambos días y una adicional a las 7:00 de la noche el jueves.
El encuentro, organizado por colectivos teatrales locales con el apoyo de entidades culturales, busca mantener un espacio de circulación artística en la capital boyacense y fortalecer la oferta cultural dirigida a públicos de todas las edades.
El 5 de septiembre, la Plaza de Bolívar de Tunja será sede del cuarto Día Departamental de la Papa, un evento que reúne a productores, instituciones y comunidades para promover la cadena productiva de este cultivo estratégico en el departamento.
El Gobierno de Boyacá, en conjunto con la Alcaldía de Tunja, la Federación Agraria de Productores de Papa (FAPP) y otras entidades del sector agrícola, organiza el cuarto Día Departamental de la Papa, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense. El evento busca fortalecer la visibilidad del cultivo de papa como motor económico y cultural de la región, así como reconocer el trabajo de los productores y promover la innovación en la cadena productiva.
La jornada comenzará a las 8:00 a.m. con el registro de participantes en los diferentes concursos programados, seguido a las 9:00 a.m. por una presentación artística y la apertura oficial de la feria de productos y servicios relacionados con la producción de papa. A las 9:30 a.m., se realizará un panel técnico con expertos e instituciones aliadas, en el escenario alterno del Teatro Mayor Bicentenario, donde se abordarán temas de interés para el sector, como certificaciones, sostenibilidad y acceso a mercados.
A las 10:30 a.m. tendrá lugar el acto protocolario, momento en el que autoridades regionales y nacionales darán inicio formal al evento. A las 11:30 a.m., se inaugura el Gran papatón, una actividad simbólica que invita a la comunidad a compartir un almuerzo colectivo con platos elaborados a base de papa, acompañado de la feria permanente de productos y servicios.
A las 11:45 a.m., el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) entregará certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y reconocerá predios exportadores, un reconocimiento clave para los productores que cumplen con estándares internacionales de calidad y seguridad alimentaria.
Durante la tarde, se desarrollarán dos concursos destacados: a las 1:00 p.m., el Concurso Turma running, que combina deporte y cultura campesina; y a las 2:30 p.m., el tradicional concurso de ‘La Papa más grande’, donde se pesarán ejemplares de papa cultivados por productores locales, siendo este uno de los momentos más esperados por el público.
La jornada continuará con una nueva presentación artística a las 3:00 p.m., seguida de la premiación de todos los concursos a las 4:30 p.m., y finalizará con el cierre del evento a las 5:30 p.m.
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐲𝐨-𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓
En total, según el DANE, la ciudad registró 78.893 personas trabajando durante el trimestre mayo-julio. Los sectores de la administración pública, educación y salud; el comercio; y la construcción, siguen son los tres que más puestos laborales generan.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈.𝐄. 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐳𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎, 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑟 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎. 𝐴𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑣𝑖́𝑎 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑙𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑖́𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 2026, 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒́𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.
El plan está respaldado por el Convenio Interadministrativo 0911 de 2016 y cuenta con un presupuesto de 8.748 millones de pesos, recursos aportados entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Tunja. Actualmente, el proyecto está en etapa precontractual, bajo responsabilidad del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), encargado de adjudicar la contratación y de actualizar la licencia de construcción.
La Secretaría de Educación Territorial explicó que la primera fase del proyecto correspondería a la nivelación de terrenos, intervención que permitiría preparar el espacio para las edificaciones. Según las proyecciones oficiales, la sede beneficiará a más de 450 estudiantes matriculados en esta institución, de acuerdo con cifras del Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT).
De manera paralela, la Alcaldía destinó 960 millones de pesos de recursos propios para realizar mejoras en las sedes actuales de la institución, mientras se concreta la construcción de la nueva planta. Entre las intervenciones destacan:
• En Runta Arriba, trabajos de mantenimiento de la infraestructura física, adecuación de zonas de circulación y mejoras en la red de acueducto.
• En Chorro Blanco Bajo, adecuación de baterías sanitarias diferenciadas para niños y niñas, además de reparaciones generales.
• En la sede José Joaquín Castro Martínez, construcción de un aula adicional, baterías sanitarias y cerramiento. También se ejecutaron obras de mitigación contra inundaciones, con apoyo de la empresa Veolia, que realizó limpieza en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial.
Aunque los recursos ya están asegurados y las sedes complementarias han recibido mejoras, la nueva sede central de la Rural del Sur continúa en espera de que se formalicen los trámites administrativos y técnicos. Su construcción, prevista tentativamente para 2026, sigue siendo una expectativa para la comunidad educativa del sector rural de Tunja.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-
Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil mayo-julio, Tunja es la quinta ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 11%, es decir, 0,6 puntos porcentuales por encima de la registrada en el trimestre anterior. El promedio nacional fue del 8,8%.
Este resultado es idéntico al del mismo periodo del año anterior, cuando también se registró una tasa de desempleo del 11% para el mencionado trimestre móvil.
Tunja es la cuarta ciudad con menor tasa de informalidad (40,2%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (41,4%), pero aumentando en relación al registro de hace un año, cuando era del 38,7%. Los primeros lugares para este indicador los ocuparon Bogotá (35,5%), Medellín (37,8%) y Manizales (38,5%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 143.868 personas en edad de trabajar, de estas, 9.707 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 4.064 personas.
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐮𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜IA 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Aunque ya se definió el predio y se suscribió un convenio tripartito para la construcción del Centro Potencia en Tunja, aún no hay certeza sobre cómo se garantizará su funcionamiento ni sobre los costos que demandará su operación una vez entre en servicio.
El director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja, Carlos Gabriel Hernández Carrillo, reconoció en entrevista con Periódico El Tunjano que algunas de las inquietudes planteadas en el Concejo Municipal se mantienen vigentes. Recordó que en su momento “algunos concejales expusieron algunas preocupaciones alrededor, primero, de la destinación del predio. Segundo, del tema hasta accesos vehiculares, recuerdo yo. Unos temas también relacionados con el parque que estaba ahí. Bueno. Y el tema era el tema de cómo se iba a mantener este Centro Potencia para que posteriormente no se generara un elefante blanco, pese a que se hubiese construido y eso estuviese en desuso”.
Frente a ese panorama, explicó que el proyecto se soportaría en un esquema de administración conjunta: “En el marco de la formulación del proyecto, que es un proyecto del Ministerio de las TICs, se generó un convenio tripartito en el cual está el municipio de Tunja y está la Gobernación de Boyacá. (…) Esa gestión tripartita permitiría brindar un mayor alcance y una mayor gestión administrativa para soportar todas las cargas que se puedan generar brindando un servicio”.
Entre las alternativas de sostenibilidad mencionó la posibilidad de generar ingresos propios: “Se ha comentado la posibilidad de generar valor o mantenimiento mediante la autofinanciación. (…) En el Centro PotencIA se va a construir una pantalla gigante que puede servir como publicidad para que ciertas empresas puedan disponer de eso y eso genera un valor”.
Sobre la inversión, Hernández aclaró que el contrato publicado en la plataforma Secop corresponde a un paquete nacional: “Son aproximadamente unos 150 mil millones de pesos, esto ya está en Secop. (…) Así es, son varias partes del país”. En el caso de Tunja, detalló que “es el más grande, del tipo A, que es el que más disposición tecnológica tiene, aproximadamente 15 mil millones”, aunque en el evento oficial realizado con presencia del Gobernador de Boyacá y el Ministro TIC se habló de una cifra distinta: 6.600 millones de pesos.
Respecto a los plazos, indicó que “dentro del cronograma que se tiene, se tiene un año y 15 días. Que dentro de ese año y 15 días están esos dos meses para el tema de licenciamiento”.
En cuanto a los servicios que prestaría el centro, señaló que “habrá servicio de coworking, (…) habrá temas de aprendizaje de inteligencia artificial, unos temas también de desarrollo de software, de desarrollo de estrategias de comunicación, páginas web, todo el tema de enseñanza o didáctica de las comunicaciones también va a haber. Va a haber espacios también sociales, o sea, escenarios donde la gente podrá compartir de alguna u otra forma un resultado cultural o tecnológico”.
No obstante, el funcionario admitió que hoy no hay certeza sobre cuánto costaría operar esta infraestructura: “Que yo conozca no, todavía no se tiene claro ese tema. Hasta ahora se va a hacer el protocolo del acta de inicio”.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟐 𝐄𝐬𝐭𝐞
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑙𝑖́𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑙𝑎́𝑠𝑒𝑟 𝑦 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒 79.
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja admitió, para su trámite en primera instancia, una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa contra el municipio, con el propósito de que se intervengan los andenes de la carrera 2 Este, en el tramo comprendido entre la Clínica Mediláser y la Calle 79.
La demanda señala que estos espacios peatonales presentan deterioro evidente, grietas y desniveles que dificultan el tránsito. Además, no cumplen con los parámetros de accesibilidad universal, lo que representa un riesgo constante para peatones, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y población infantil.
El accionante argumenta que la falta de mantenimiento y adecuación de estas aceras estaría vulnerando derechos colectivos como el goce del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente, así como el acceso a una infraestructura urbana adecuada.
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐯𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó en segunda instancia la sentencia que obliga al municipio de Tunja a intervenir la intersección de la carrera 9 con calle 28, en el barrio Maldonado, debido al deterioro que presenta la vía. La decisión se da en el marco de una acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa.
El proceso judicial se originó tras evidenciarse el descascaramiento de la capa asfáltica y el fisuramiento transversal y longitudinal en el sector, afectaciones que representan un riesgo tanto para la movilidad como para la seguridad de quienes transitan por la zona.
En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja ya había fallado a favor del demandante, al considerar que el estado de la vía compromete derechos colectivos como el goce del espacio público y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. En consecuencia, ordenó al municipio realizar las obras de mantenimiento, recuperación y rehabilitación en un plazo de cuatro meses.
Aunque la administración municipal apeló la decisión, el Tribunal resolvió de manera desfavorable para el municipio y confirmó íntegramente el fallo inicial. De este modo, se mantiene la obligación de ejecutar las obras necesarias en la vía, que constituye uno de los accesos al barrio Maldonado.
Tunja se ubicó en el tercer puesto del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM) 2025, solo detrás de Bogotá y Medellín, con un puntaje de 4,94 sobre 10. La ciudad mantuvo la misma posición que en la versión anterior del estudio, elaborado y presentado por el Consejo Privado de Competitividad, la Fundación Bolívar Davivienda y la Universidad del Rosario.
“Tunja ocupa el tercer lugar en el ranking y conserva su posición frente a la versión actualizada de 2024, aunque su puntaje desciende levemente de 4,98 a 4,94 en 2025. La ciudad lidera el pilar de capital humano, habilidades y competencias, con una calificación de 7,78. También se ubica en el cuarto lugar en el pilar de ecosistema innovador y generación de conocimiento, con 4,35. En los pilares de financiamiento y desempeño emprendedor, alcanza la sexta posición con valores de 3,34 y 5,05, respectivamente”, reseña el informe
El resultado es llamativo, pero plantea dudas sobre su representatividad. La calificación de Tunja se construyó a partir de una muestra de apenas 17 emprendedores, frente a un tejido empresarial mucho más amplio. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Tunja, en la ciudad existen 7.780 empresas registradas, de las cuales más del 96% son microempresas, concentradas principalmente en comercio y servicios. La disparidad entre el tamaño de la muestra y la realidad empresarial cuestiona qué tanto refleja el índice la verdadera dinámica productiva de la capital boyacense.
En el detalle por componentes, Tunja lidera a nivel nacional el pilar de capital humano, habilidades y competencias, con un puntaje de 7,78, gracias a su sólida base universitaria y al alto nivel de formación de su población. También se ubica cuarta en ecosistema innovador y generación de conocimiento, con 4,35 puntos, mostrando cierto avance en investigación y propiedad intelectual.
Sin embargo, el panorama se ensombrece en otros aspectos. En el pilar de capital social, que mide percepciones sobre confianza, redes de apoyo y cultura emprendedora, Tunja cayó hasta el puesto 20 (entre 23) del ranking. La baja calificación refleja un entorno empresarial débil en términos de cooperación y confianza entre emprendedores, lo cual limita el aprovechamiento de oportunidades conjuntas y el fortalecimiento de redes locales.
Otro hallazgo relevante está en el pilar de entorno para los negocios, donde la ciudad se ubicó en el octavo lugar. El resultado sorprende, pues Tunja carece de infraestructuras esenciales para la competitividad regional, como un aeropuerto que facilite el comercio internacional o una amplia oferta hotelera que acompañe procesos de expansión empresarial. Aun así, el índice le otorga una valoración destacada en este frente, lo que sugiere un desfase entre las percepciones medidas y las condiciones objetivas de la ciudad.
En financiamiento, Tunja ocupó la sexta posición con un puntaje de apenas 3,34, lo que evidencia las dificultades persistentes de los emprendedores para acceder a capital de riesgo o créditos que respalden sus iniciativas. Y en el pilar de infraestructura, obtuvo 6,06 puntos, ocupando el puesto 13. En este caso, la ausencia de aeropuerto no se traduce en un puntaje de cero: la metodología simplemente omite esa variable en el ponderado, lo que suaviza el impacto real de esta carencia estructural.
En conjunto, los resultados del ISEM muestran un perfil contrastante. Por un lado, Tunja sobresale en formación de talento y mantiene posiciones destacadas en innovación; pero por otro, arrastra limitaciones en capital social, acceso a financiamiento y carencias estructurales en infraestructura. El tercer lugar alcanzado en el ranking puede interpretarse como un reconocimiento al potencial educativo de la ciudad, aunque los vacíos en la muestra y las debilidades estructurales invitan a cuestionar si esta posición refleja con precisión la realidad empresarial del territorio.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐱𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Tunja declaró la nulidad de oficio en el proceso disciplinario que se adelantaba contra Diana Carolina Espinosa Trujillo, exsecretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social del municipio. La decisión se tomó tras detectar fallas en el pliego de cargos que, según el ente de control, comprometían las garantías del debido proceso.
El caso se había originado por una queja anónima que señalaba a la entonces funcionaria de presentar documentación académica irregular para acreditar los requisitos exigidos en el cargo, que contemplaba la posesión de un título de posgrado en especialización. Con base en esta denuncia, la Personería de Tunja formuló cargos en su contra, señalándola de una falta gravísima bajo la modalidad de dolo.
Sin embargo, la Procuraduría de Juzgamiento determinó que el pliego presentado contenía una “tipificación confusa e interminable”, pues incluía de manera extensa normas de carácter constitucional, penal y disciplinario sin conexión directa con los hechos investigados. De acuerdo con el análisis del despacho, esta formulación obligaba a la disciplinada a una defensa desproporcionada y contraria al principio de tipicidad.
Aunque la defensa de Espinosa Trujillo había solicitado la nulidad alegando irregularidades en la obtención de pruebas, esta petición fue rechazada. No obstante, la Procuraduría decidió anular el proceso por iniciativa propia, al constatar que el pliego de cargos carecía de la claridad y precisión requeridas.
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐲 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó en su totalidad la sentencia proferida en octubre de 2021 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Tunja, en una acción popular promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García. La resolución reconoce que el municipio de Tunja ha vulnerado derechos colectivos de los habitantes del barrio La Fuente, especialmente en lo relacionado con el acceso a un espacio público seguro, la utilización adecuada de bienes de uso común y el derecho a la prevención de desastres previsibles.
La demanda se sustentó en la falta de ejecución de obras de infraestructura básica en zonas críticas del barrio, donde las condiciones viales han generado riesgos para la movilidad peatonal y vehicular. Según la sentencia, la inacción administrativa ha afectado directamente el goce de espacios públicos dignos y seguros, violando así derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de 1991.
Entre las órdenes judiciales que ahora deben cumplirse se encuentra la culminación del Contrato No. 731 de 2021, que contemplaba la construcción, reparación y reconstrucción de andenes en la calle 32 con carrera 16. Además, el municipio debe adelantar el proceso precontractual y contractual para la rehabilitación de la malla vial en la calle 32, entre las carreras 17 y 18, y nuevamente entre las 17 y 16. También se le ordena realizar estudios administrativos, técnicos, financieros y presupuestales para asegurar la apropiación de recursos necesarios para estas intervenciones.
Otra medida clave es la entrega de informes periódicos sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales, cada dos meses, desde la ejecutoria de la sentencia. Asimismo, se dispuso la conformación de un comité de verificación para supervisar el avance de las obras, y se instruyó remitir copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨́ 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela presentada por el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y el Ministerio de Educación Nacional. El alto tribunal consideró que el accionante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios disponibles y, por lo tanto, no se cumplió con el requisito de subsidiariedad que exige la Constitución.
Krasnov había solicitado el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, al acceso a cargos públicos, al mínimo vital y a la vida digna. Alegó que la UPTC utilizó de manera “sistemática e inadecuada” contratos de prestación de servicios para formalizar su relación laboral, lo que derivó en una inhabilidad electoral que finalmente llevó a la nulidad de su elección como alcalde de Tunja, declarada en febrero de 2025 en primera instancia.
Según la tutela, el contrato 2302 de 2022, suscrito con la universidad para labores académicas de investigación y docencia, fue interpretado como una vinculación contractual que generó una incompatibilidad con su aspiración política. Krasnov sostuvo que esta consecuencia no podía atribuírsele, pues nunca ejerció funciones administrativas ni de dirección y su labor se limitó a actividades académicas.
El Consejo de Estado, sin embargo, concluyó que las controversias sobre la existencia de un “contrato realidad” y la supuesta inhabilidad electoral deben resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa, y no a través de la acción de tutela. La corporación resaltó que el actor había intentado una demanda de controversias contractuales, pero no cumplió los requisitos procesales mínimos, lo que impidió su estudio de fondo.
En la sentencia también se negó la pretensión de ordenar a la UPTC modificar el contrato 2302 mediante un otrosí o certificar su naturaleza laboral, al considerar que estas solicitudes desbordan las facultades del juez constitucional. Del mismo modo, descartó la posibilidad de suspender el proceso de nulidad electoral que ya cursa en la Sección Quinta de esa misma corporación.
𝐎𝐭𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞́𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐟𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐟𝐢𝐜𝐨: 𝐉𝐮𝐞𝐳 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧
El proyecto del frigorífico en Tunja quedó en entredicho luego de que el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja anulara el Acuerdo Municipal 006 de 2023, que declaraba de utilidad pública los predios destinados a su construcción, al considerar que no contaban con el uso de suelo adecuado para una actividad industrial de esa naturaleza.
El fallo judicial señala que el acuerdo, que declaraba de utilidad pública los predios para el proyecto del frigorífico, fue anulado debido a que los terrenos elegidos no son aptos para una actividad de esta naturaleza. La decisión judicial detalla que un frigorífico, al ser una planta de sacrificio y procesamiento de carne, se clasifica como una actividad industrial con un impacto potencial en olores, aguas residuales, ruido y residuos, para lo cual los predios seleccionados no contaban con el uso de suelos adecuado.
La declaratoria de nulidad tendrá efectos retroactivos sobre todas las decisiones y acciones que se derivaron del acuerdo. A pesar de la falta de permisos para el uso de suelo, el Concejo de Tunja había dado su visto bueno a la adquisición de los terrenos. De hecho, la administración municipal ya había avanzado en el proyecto, declarando la existencia de "condiciones de urgencia" para la adquisición de los predios y pagando una indemnización de $1.903.120.000 al propietario original, José Moisés González Vargas.
Aun después de la sentencia, el municipio de Tunja presentó una solicitud de nulidad del trámite, argumentando que la decisión judicial afectaba a terceros, como la empresa CICORI S.A.S. y al mismo propietario de los predios, quienes debieron ser parte del proceso. Sin embargo, la solicitud fue rechazada de plano por el juez, quien sostuvo que el municipio no puede alegar su propia negligencia para anular la sentencia, ya que tuvo la oportunidad de plantear estos argumentos antes y no lo hizo.
Con el Acuerdo Municipal anulado y la sentencia en firme, el futuro del proyecto del frigorífico enfrenta más dudas que certezas, y obliga al municipio a reiniciar la búsqueda de un predio que cumpla con todos los requisitos necesarios para la construcción de la planta.
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja, en la que se reclama la construcción de un centro de salud e integración social en el barrio Colinas del Norte.
La demanda sostiene que la omisión de la administración municipal para adelantar este proyecto estaría poniendo en riesgo varios derechos colectivos, entre ellos el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, la prestación eficiente de los servicios públicos, la prevención de daños previsibles técnicamente, el respeto a las normas urbanísticas en las construcciones y los derechos de los consumidores y usuarios.
El accionante argumenta que, pese a las solicitudes hechas a las autoridades municipales y departamentales, el barrio carece de un centro de salud adecuado, lo que limita el acceso oportuno a servicios básicos y afecta la calidad de vida de los habitantes. En su petición, Figueroa solicita que el municipio adelante la adquisición de un predio, los estudios técnicos, el diseño, la asignación de recursos y la ejecución de las obras, hasta la dotación y puesta en funcionamiento del centro de salud proyectado.
𝐄𝐧 𝐫𝐮𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚: 𝐥𝐚 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐮𝐫
En medio de techos con goteras, árboles que amenazan con caer sobre los salones y vehículos que transitan por zonas destinadas a recreación, los estudiantes de la Institución Educativa Rural del Sur en Tunja asisten día a día a clases en una infraestructura declarada insegura y abandonada. Hace más de diez años que se prometió una nueva sede. Hasta hoy, solo han llegado palabras.
Las paredes desconchadas, los techos que filtran agua con cada lluvia y el constante temor a que algo colapse son parte de la rutina de los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Rural del Sur, el único colegio de bachillerato rural en jurisdicción de Tunja. A más de una década de que se anunciara la construcción de una nueva sede, la comunidad educativa sigue atrapada en una promesa incumplida que, lejos de cumplirse, ha derivado en un deterioro progresivo del actual edificio.
“Nos prometieron una sede nueva hace más de diez años. Hoy nuestros hijos estudian en un lugar abandonado, inseguro, de alto riesgo”, denunció una madre de familia, en nombre de otros padres y estudiantes. “No es justo que año tras año vengan, digan ‘ya casi’ y luego todo quede olvidado. Y ahora estamos peor que antes”.
La institución, ubicada en una zona apartada del municipio, fue originalmente construida con infraestructura precaria y desde entonces ha sufrido el desinterés de las autoridades locales y departamentales. A lo largo de los años, distintos alcaldes, gobernadores y secretarios de Educación han anunciado proyectos de construcción, reformas y mejoras, pero ninguno ha llegado a concretarse. Mientras tanto, el mantenimiento del edificio existente ha sido sistemáticamente postergado, bajo el supuesto de que una nueva sede estaba en camino.
“Nos dijeron que no se invertiría más en este lugar porque ya se venía la nueva infraestructura”, explicó un docente que prefirió no ser identificado. “Pero mientras esperamos, el techo se cae, los baños no funcionan bien, y hasta los árboles de la ladera cercana se desprenden con las lluvias. Hace meses, una torre de alumbrado público colapsó sobre el techo de uno de los salones. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?”.
En octubre de 2024, tras un plantón pacífico frente a la Alcaldía de Tunja, las autoridades locales se comprometieron a iniciar las obras. Sin embargo, a casi un año de esa promesa, no hay rastro de excavaciones, licitaciones ni cronogramas oficiales. Las peticiones elevadas por la comunidad educativa, incluyendo el personero estudiantil, han sido respondidas con nuevas promesas, pero sin acciones concretas.
“Seguimos soñando con salones sin goteras, con un auditorio, con una biblioteca”, dijo el estudiante que también fungió como vocero del grupo. “Pero no queremos seguir soñando. Queremos que la educación digna deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho, especialmente en el campo”.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐲𝐨́ 𝐞 𝐢𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐨́ 𝐩𝐨𝐫 𝟏𝟒 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟕)
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al alcalde de Tunja, Boyacá, Mikhail Krasnov, por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular estando inhabilitado.
El ente disciplinario verificó que el administrador municipal suscribió con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia un contrato de prestación servicios, con el objeto de prestar servicios profesionales de magister en economía para la capacitación en revisión en documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán dirigido a estudiantes del semillero del grupo de investigación SOECOM, grupo de investigación adscrito al centro de investigación y extensión CENES de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la ciudad, con un plazo de ejecución del 06 al 30 de diciembre de 2022 y por valor de $8.129.040.
El Ministerio Público corroboró que el disciplinado inscribió su candidatura para aspirar como alcalde de la capital Boyacense, a pesar de que aproximadamente 10 meses antes de llevarse a cabo las elecciones el 29 de octubre de 2023, era contratista; lo que implica la vulneración del régimen de inhabilidades.
El organismo de control calificó la falta del primer mandatario como gravísima, a título de dolo, contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
Con información de: Procuraduría General de la Nación
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja admitió una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del municipio de Tunja, en la que se busca la protección de varios derechos colectivos presuntamente vulnerados por el deterioro de la infraestructura peatonal en un tramo de la ciudad.
La acción popular señala que las condiciones críticas de los andenes en la Carrera 12, entre la entrada sur de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Diagonal 38, ponen en riesgo la seguridad de los peatones y afectan el adecuado uso del espacio público.
En el escrito, el demandante invoca como derechos vulnerados los consagrados en la Ley 472 de 1998: el goce del espacio público y la utilización, disfrute y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Figueroa García solicita que el municipio adelante estudios técnicos para identificar daños y falencias de los andenes, así como la destinación de recursos para ejecutar obras de mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevos tramos peatonales que garanticen condiciones seguras y funcionales. Además, pide la conformación de un comité de verificación para vigilar el cumplimiento de las medidas que se lleguen a ordenar.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐚 𝐯𝐢́𝐚 𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐩𝐚
El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja admitió una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa contra el municipio de Tunja, con el propósito de que se adelanten obras de rehabilitación en la Carrera 2 Este, en el tramo comprendido entre la Clínica Mediláser y la Calle 79.
La demanda señala que la capa de rodadura en este sector presenta un avanzado deterioro, lo que no solo afecta la movilidad, sino que también constituye una omisión de las autoridades locales en el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento de la infraestructura vial.
El actor popular argumenta que en las actuales condiciones se estaría vulnerando el derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente previsibles, al no garantizar una vía en condiciones seguras para el tránsito.
𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨
El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Libertador, Javier Eduardo López Quiroga, envió una carta a la Alcaldía de Tunja en la que, en nombre de la comunidad, exige la entrega inmediata y puesta en funcionamiento del polideportivo de la zona. En el documento, dirigido al alcalde Mikhail Krasnov y a varios funcionarios de su administración, el líder comunal denuncia retrasos en la entrega oficial de la obra y rechaza las versiones que lo señalan de obstaculizar el proceso.
Según el escrito, pese a que la Secretaría de Infraestructura ha manifestado que el consorcio constructor entregó la obra hace más de dos meses, las llaves del escenario deportivo aún permanecen en poder del contratista, lo que impide el uso del espacio. La comunidad reclama que el polideportivo sea administrado directamente por la Junta de Acción Comunal y no por el Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (IRDET), como lo ha insinuado el alcalde.
A continuación, se reproduce en su totalidad la carta enviada por el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertador:
Tunja, agosto de 2025
Señor
Mikhail Krasnov
Alcalde de Tunja
Atento saludo,
Yo, Javier Eduardo López Quiroga, en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio El Libertador de Tunja y en nombre de la comunidad en general, exijo al señor alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la ingeniera Lina Bautista, secretaria de Infraestructura Territorial; al doctor David Suárez, secretario del Interior y Seguridad Territorial; y al doctor Ricardo Caro, gerente del IRDET, que se entregue de manera inmediata el polideportivo del barrio El Libertador y que, asimismo, se ponga en funcionamiento.
Lo anterior obedece a que el pasado miércoles 20 de agosto del presente año, el alcalde de Tunja y otros funcionarios llevaron a cabo un consejo de gobierno en el cual se trató, entre otros temas, la situación del polideportivo (información de la cual tuve conocimiento gracias a una funcionaria de la Alcaldía). En dicha reunión, se manifestó que yo me estaría oponiendo y obstaculizando la entrega oficial del escenario deportivo, lo cual no corresponde a la verdad. Además, algunos secretarios me han tildado de arrogante, soberbio y “cucho”, expresiones a las que no daré mayor trascendencia.
El señor alcalde ha insinuado la posibilidad de entregar la administración del polideportivo al IRDET, situación que la comunidad no permitirá, pues corresponde a la Junta de Acción Comunal del barrio asumir dicha responsabilidad, en beneficio de la ciudadanía tunjana y, en especial, de los habitantes del barrio El Libertador.
Resulta contradictorio entender la postura de la Secretaría de Infraestructura Municipal, que asegura que el consorcio encargado ya entregó la obra hace más de dos meses, cuando en realidad dicho consorcio aún conserva las llaves de acceso al polideportivo. Por ello, hago también un llamado al contratista para que realice la entrega formal de los camerinos, los cuales fueron facilitados temporalmente para el almacenamiento de materiales y herramientas, pero que a la fecha no han sido restituidos correctamente.
Señor alcalde, recuerde que este proyecto corresponde a un contrato de obra pública suscrito en el año 2022. Le solicitamos no seguir perjudicando a la comunidad: los niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores del barrio no tienen otro espacio adecuado para desarrollar sus actividades deportivas, recreativas y culturales.
Atentamente,
Javier Eduardo López Quiroga
Presidente
Junta de Acción Comunal
Barrio El Libertador – Tunja
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟑𝟐
El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió una acción popular interpuesta por Yesid Figueroa contra el municipio de Tunja, en la que solicita la rehabilitación de los andenes de la calle 32, en el tramo comprendido entre la diagonal 38, la vía hacia Moniquirá y la transversal 11.
Según la demanda, el mal estado de la infraestructura peatonal representa un riesgo constante para los transeúntes. En algunos sectores, los andenes presentan deterioro considerable, mientras que en uno de los costados de la vía ni siquiera existe un espacio destinado para los peatones, obligándolos a compartir la calzada con los vehículos.
La acción busca que el municipio adelante las obras necesarias para garantizar condiciones seguras y adecuadas de movilidad a quienes se desplazan a pie por esta zona de la ciudad. El proceso judicial ahora queda en manos del despacho, que deberá estudiar los argumentos y definir las medidas a tomar.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚 𝟐𝟏 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́: 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥
La Contraloría Municipal de Tunja presentó los resultados de la auditoría financiera de la vigencia 2024 al Establecimiento Público Colegio de Boyacá, un examen que dejó sobre la mesa 21 hallazgos en total, de los cuales siete presentan presunta incidencia fiscal por una suma consolidada de $344.686.695. El informe retrata deficiencias administrativas, fallas en la gestión contractual, debilidades en el control de recursos públicos y omisiones en el manejo de bienes e ingresos.
Uno de los hallazgos más significativos corresponde a un contrato de suministro e instalación de software para gestión documental, identificado con el número 085 de 2024, por $85.757.600. Según el ente de control, el objetivo principal de implementar una ventanilla única electrónica para mejorar la atención al ciudadano nunca se cumplió, lo que configura incumplimientos en la planeación contractual.
En materia de contratación también se cuestiona la firma de tres contratos de prestación de servicios que, según la Contraloría, no eran necesarios ni cumplieron el fin para el que fueron suscritos. Dicho hallazgo asciende a $27.000.000.
El manejo de las incapacidades médicas se convirtió en otro foco de reparos. Por un lado, se detectó que el Colegio de Boyacá dejó vencer los plazos para reclamar cobros de incapacidades no reconocidas por las EPS, lo que derivó en una presunta pérdida de $90.015.656. A ello se suma una deficiente gestión de cobro a las EPS en las vigencias 2023 y 2024, que compromete $65.843.867.
El control sobre los inventarios también resultó cuestionado: el empalme realizado en varias sedes del colegio evidenció la desaparición de 128 bienes, situación que representa un presunto detrimento de 58.043.506.
En lo relacionado con las becas estudiantiles, el informe advirtió que algunas de ellas se otorgaron sin cumplir con los criterios de asignación, generando un presunto hallazgo fiscal por $4.706.000.
Finalmente, la auditoría señaló que no se realizaron las gestiones necesarias para recuperar la cartera de costos educativos, lo que representa un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por 14.713.000.
𝐎𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨𝐬 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬:
Además de los hallazgos con presunta incidencia fiscal, el informe detalla otras irregularidades administrativas que, aunque no tienen implicaciones fiscales directas, revelan falencias en el control interno y la gestión de la entidad:
• Manejo de la caja menor: Se identificaron falencias en el manejo de la caja menor, como la falta de aprobación de los montos, la ausencia de un fondo fijo y la no rendición de cuentas oportuna.
• Debilidades en la gestión de ingresos: Se hallaron falencias en la gestión de los ingresos de la entidad, como la falta de conciliación de las cuentas de cartera y la ausencia de un seguimiento adecuado a los cobros.
• Deficiencias en el control interno: El informe destaca que el control interno del Establecimiento Público Colegio de Boyacá presenta debilidades en varios procesos, lo que ha permitido la ocurrencia de los hallazgos descritos.
• Cuentas bancarias no registradas o con saldos diferentes: La auditoría encontró inconsistencias en la conciliación de cuentas bancarias. Se hallaron cuentas que no están debidamente registradas en los libros contables o que presentan saldos que no concuerdan con los reportados en la contabilidad.
• Inconsistencias en los registros contables: La auditoría detectó que los registros contables de la entidad presentan inconsistencias, lo que afecta la fiabilidad de la información financiera.
• Falta de provisión de cobro: Se identificó que la entidad no ha realizado la provisión de cobro para las cuentas de cartera de difícil cobro, lo que no se ajusta al Marco Normativo Contable.
• Incumplimiento de la normativa sobre cajas menores: El informe señala que el Colegio de Boyacá no ha cumplido con el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012, ni con la Resolución 065 del 06 de febrero de 2024 del Ministerio de Hacienda, que regulan la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.
• Falta de gestión del riesgo: Se encontró que la entidad no ha implementado una adecuada gestión del riesgo, lo que ha contribuido a la ocurrencia de los hallazgos detectados.
• Debilidades en el proceso de rendición de cuentas: El informe subraya que el proceso de rendición de cuentas de la entidad presenta debilidades, lo que afecta la transparencia en la gestión.
• Inconsistencias en la liquidación de contratos: Se hallaron inconsistencias en la liquidación de contratos, lo que podría generar perjuicios para la entidad.
• Inconsistencias en la conciliación bancaria: Se encontraron inconsistencias en la conciliación bancaria, lo que refleja una debilidad en el control interno.
𝐕𝐢́𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐚
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja admitió una acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra del municipio de Tunja, en la que se cuestiona el estado de la Avenida Olímpica, en el tramo comprendido entre la Glorieta Norte y la Glorieta del Gobernador.
La demanda busca la protección de varios derechos colectivos, entre ellos el uso adecuado del espacio público, la seguridad en la movilidad y la prevención de riesgos asociados a desastres previsibles. El accionante solicita que la administración municipal adelante estudios técnicos, destine recursos y ejecute obras de mantenimiento, rehabilitación y conservación de la vía, así como la construcción de nuevos pavimentos y la instalación de señalización.
Previo a la demanda, el ciudadano radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de Tunja solicitando intervención en el corredor vial. La administración respondió que ya se habían realizado trabajos de mantenimiento rutinario y que la avenida se encontraba en condiciones estructurales aceptables, además de señalar que existían recursos asignados en convenios de 2024 y 2025.
El juez determinó que la acción cumplía con los requisitos legales y, en consecuencia, ordenó la admisión de la demanda. Ahora, el municipio de Tunja deberá contestar en un plazo de diez días y aportar las pruebas necesarias para sustentar su defensa.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬
La Alcaldía de Tunja ha formalizado la contratación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para llevar a cabo un censo y caracterización integral de los vendedores informales y ambulantes del municipio. El contrato, por un valor de $74.000.000, tiene como objetivo implementar estrategias que promuevan la formalización laboral, el emprendimiento y el fortalecimiento de la economía popular en la ciudad.
Esta iniciativa responde a la Sentencia T-211 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó a la administración municipal realizar este censo en un plazo de treinta días para abarcar a todos los comerciantes del espacio público. Según los estudios previos, la administración municipal había reconocido la ausencia de una política pública eficaz para atender a esta población, y que sus acciones se habían limitado a esfuerzos de reubicación aislados. La Corte determinó que los operativos de desalojo no habían tenido en cuenta que los vendedores informales son sujetos de especial protección constitucional debido a su vulnerabilidad socioeconómica, de salud o por edad.
El proceso contractual, identificado bajo el número CD-AMT015292025, se ejecutará a través de un convenio interadministrativo con el Instituto de Gestión, Innovación y Aceleración de Negocios (GINNOA) de la UPTC. Con una duración de 4 meses, la contratación directa con GINNOA se justificó en los estudios previos, que señalan a esta institución como la única capaz de llevar a cabo la caracterización y diagnóstico de las empresas de la economía popular en la ciudad.
El censo permitirá identificar y clasificar las unidades de la economía popular por su actividad económica y otras características, con el fin de diagnosticar sus necesidades y oportunidades. La meta es utilizar los hallazgos para generar programas de apoyo y formular políticas públicas que beneficien a este segmento empresarial.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió una acción popular interpuesta contra el municipio por las deficiencias en la infraestructura peatonal y vial del barrio La Concepción. La demanda fue presentada por el ciudadano Yesid Figueroa, quien actuó en representación de la comunidad del sector.
La acción judicial reclama la intervención del municipio en tres frentes principales: la construcción de andenes en los tramos donde no existen, la adecuación de los que están en mal estado o no cumplen con estándares de accesibilidad, y la ejecución de un plan integral de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial.
Los habitantes del barrio argumentan que la falta histórica de andenes y el progresivo deterioro de las calles ponen en riesgo la movilidad y seguridad de peatones y conductores. Además, señalan que la inversión pública en esta zona de la ciudad ha sido insuficiente, lo que ha prolongado la problemática durante varios años.
El juzgado consideró que las pretensiones de la comunidad tienen relación directa con la protección de derechos colectivos como la seguridad, la movilidad y el uso adecuado del espacio público, por lo que dio inicio al trámite judicial.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐚𝐥 𝐬𝐞 𝐚𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐲𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟖 𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐮𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
El concejal Giovanny García García publicó recientemente un video en sus redes sociales (https://acortar.link/JdsMUS
) en el que señala que el arreglo de la Calle 28, entre las carreras 13 y 14, se debe a gestiones de su autoría. Sin embargo, la intervención que actualmente se adelanta en la vía hace parte de una orden emitida por la justicia administrativa en el marco de una acción popular.
La sentencia, proferida inicialmente por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y posteriormente modificada y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, obliga al municipio a ejecutar los trabajos de reparación en la Calle 28, en el tramo comprendido entre la Avenida Colón y la Carrera 16.
De acuerdo con el fallo, el municipio de Tunja incurrió en omisiones que vulneraron los derechos colectivos relacionados con la seguridad, la prevención de desastres y el uso adecuado de los bienes públicos. En consecuencia, se ordenó la realización de estudios técnicos y obras de intervención estructural, pavimentación y asfaltado de la vía, bajo supervisión de un comité de verificación.
El proceso judicial se originó en una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa, quien solicitó la intervención de la vía debido a su deterioro y al riesgo que representaba para la comunidad.
Aunque el concejal García se atribuyó públicamente la gestión de la obra, los documentos oficiales demuestran que los trabajos son producto de una orden judicial de obligatorio cumplimiento para la administración municipal.
𝐍𝐢𝐞𝐠𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐚𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja negó la impugnación presentada por la Alcaldía Mayor y confirmó la tutela que protege a un vendedor ambulante desalojado en un operativo de recuperación del espacio público en el sector del parque El Bosque.
El caso se originó tras la acción de tutela interpuesta por el vendedor, quien afirmó haber trabajado durante más de 17 años como vendedor en esa zona. El pasado 9 de junio, en un procedimiento adelantado por la administración municipal con acompañamiento de la Policía Metropolitana, fue retirado de su lugar de trabajo, lo que derivó en la reclamación judicial por vulneración de sus derechos fundamentales.
En primera instancia, el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple concedió la tutela el 7 de julio, al considerar que el desalojo afectaba directamente los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo en condiciones dignas y a la igualdad. Según el fallo, la medida adoptada por la administración no tuvo en cuenta la dependencia económica del accionante ni la necesidad de ofrecer alternativas reales que garantizaran su subsistencia y la de su familia.
Aunque la Alcaldía ofreció una reubicación en inmediaciones de la Universidad Juan de Castellanos, el juez concluyó que la propuesta no equivalía a una solución efectiva ni garantizaba condiciones de dignidad para el ejercicio de su oficio.
La administración municipal impugnó el fallo, argumentando que el operativo hacía parte de la política de recuperación del espacio público y que sí existieron ofrecimientos de traslado. Sin embargo, el juez de segunda instancia ratificó la decisión inicial y subrayó que el municipio no puede desconocer los derechos fundamentales del ciudadano mientras avanza en sus programas de ordenamiento.
“El municipio debe abstenerse de ejecutar nuevos desalojos hasta que se adopten medidas que permitan al tutelante cambiar de actividad económica o ser objeto de una reubicación en condiciones dignas”, se lee en la sentencia.
La decisión será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, mientras el afectado podrá continuar con su actividad sin la amenaza de nuevos operativos en su contra hasta que se cumplan las garantías ordenadas.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 $𝟕𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚
La Contraloría Municipal de Tunja ha revelado hallazgos significativos en su auditoría financiera, de gestión y resultados a la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (Ecovivienda) correspondiente a la vigencia 2024. El informe final de la auditoría estableció un total de quince hallazgos administrativos, de los cuales uno presenta una presunta incidencia fiscal por un valor de $76.266.667.
El informe detalla las irregularidades encontradas en la gestión de Ecovivienda. Además del hallazgo fiscal, la auditoría identificó una presunta incidencia de carácter disciplinario. El ente de control fiscal señaló que el análisis a las respuestas de la entidad auditada confirmó los hallazgos.
Entre los "hechos relevantes" identificados por el equipo auditor, se destacan deficiencias en los soportes de caja menor, muchos de los cuales no cumplen con los requisitos para su validación. También se evidenció una inadecuada planeación presupuestal y una baja ejecución de gastos, alcanzando solo el 35% del valor recaudado al 31 de diciembre de 2024.
El reporte también menciona la creación de nuevos contratos al finalizar la vigencia 2024 para comprometer recursos, lo que llevó a la creación de reservas por falta de tiempo para su ejecución. En los contratos analizados, se encontró que no se realizan adecuadamente los descuentos de ley, como las retenciones en la fuente y las estampillas, en las cuentas de pago. Se detectaron deficiencias en los informes de supervisión de contratos, al repetir la misma actividad en diferentes meses sin la documentación que demuestre que se llevó a cabo. Además, se observó que no se tienen en cuenta las tablas de honorarios para fijar el pago a los contratistas.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría de Tunja ha instado a Ecovivienda a presentar un Plan de Mejoramiento en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción del informe final. El plazo de ejecución de las acciones propuestas no debe superar los seis meses.
𝐋𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬
La Alcaldía de Tunja inició un concurso académico en el que estudiantes de arquitectura de tres universidades de la ciudad presentarán propuestas para el diseño de un Centro de Eventos Empresarial, Comercial y/o Residencial, con el objetivo de proyectar un desarrollo urbano que atraiga inversión y diversifique el uso de un lote de 14 hectáreas seleccionado para tal fin, ubicado en la Avenida Circunvalar #5-226 S.
La convocatoria, organizada por la Secretaría de Fomento Económico y de Servicios Públicos, está dirigida a alumnos de las facultades de arquitectura de la Universidad de Boyacá, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Cada institución definirá, según su malla curricular, el semestre a partir del cual los estudiantes podrán participar. El planteamiento no se limita a un centro de eventos: las propuestas podrán incluir áreas residenciales, comerciales, hoteleras o de otro tipo, siempre que respondan a criterios de funcionalidad, sostenibilidad, viabilidad técnica, inclusión y accesibilidad.
De acuerdo con el secretario de Fomento Económico, Juan Carlos Pérez, las propuestas se presentarán “a ciegas”, sin que el jurado conozca de qué universidad proviene cada trabajo. El concurso contempla tres ganadores, uno por cada facultad, además de un premio principal para el “ganador de ganadores”, que se elegirá sin importar su institución de origen.
El proceso se desarrollará durante el semestre académico en curso. A comienzos de diciembre, una vez finalizado el periodo universitario, se reunirán arquitectos y especialistas de diversos sectores para evaluar y puntuar las propuestas. El jurado estará conformado por miembros de la academia y expertos en áreas relacionadas con el urbanismo.
La administración municipal ya socializó el proyecto con las universidades y llevó a los grupos de trabajo al terreno donde se plantea la construcción. Las ideas seleccionadas recibirán reconocimiento oficial y bonificaciones para los estudiantes, en un ejercicio que busca vincular la formación académica con las necesidades de planificación urbana y la proyección económica de la ciudad.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 $𝟒𝟒𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒
La Contraloría Municipal de Tunja reveló presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de obra pública de la Alcaldía correspondientes a las vigencias 2021 a 2024, con ejecución en 2024. El ente de control identificó dos hallazgos administrativos con posible incidencia fiscal que, en conjunto, alcanzarían los $444.570.426.
El informe final de auditoría de cumplimiento emitió un “concepto con reserva” sobre la gestión contractual de la administración municipal, advirtiendo que el manejo de los recursos no se ajustó plenamente a la normativa vigente.
Uno de los casos observados corresponde al contrato 1571 de 2023, destinado a la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial en la Calle 48 del barrio Las Quintas. La investigación determinó deficiencias en la planeación y ejecución, como incoherencias en los diseños y retrasos derivados de la falta de entrega oportuna del Registro Único Tributario por parte del contratista. Estos factores, sumados a inconsistencias en los ítems de obra, derivaron en un presunto sobrecosto estimado en $10.758.755.
El segundo hallazgo, con un valor calculado en $433.811.671, involucra el contrato 2190 de 2023 para el mantenimiento de la Plaza de Bolívar, la Plazoleta San Ignacio y la Pila del Mono. Según el ente de control, las intervenciones no cumplieron con los estándares de calidad exigidos, lo que habría comprometido su funcionalidad. La auditoría señala que la administración no aportó pruebas de haber exigido correcciones al contratista ni evidencia de supervisión efectiva.
El documento también califica como “Inefectivo” el Plan de Mejoramiento de la Alcaldía vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, que incluye un total de 12 hallazgos. La administración tendrá cinco días hábiles, contados desde la recepción del informe, para presentar un nuevo plan con medidas correctivas o preventivas.
𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒́𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑦 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑟𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑎𝑛.
La magíster en Patrimonio Cultural, Linda Carolina Pardo Parada, proponente de la declaratoria del Bosque de la República como bien de interés cultural del ámbito departamental, planteó la necesidad de abordar su recuperación más allá de lo físico, resaltando la importancia de su valor simbólico, ambiental y social. La propuesta se encuentra en etapa de socialización y busca que el parque sea reconocido oficialmente en septiembre.
Pardo explicó que la declaratoria sigue lineamientos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, e implica valorar el lugar no solo por su materialidad, sino también por sus usos, actores y el papel que desempeña como escenario de interacción social. En su criterio, la accesibilidad y la conservación ambiental son aspectos prioritarios, especialmente por tratarse de uno de los pocos espacios con un considerable componente ambiental ubicados en el Centro Histórico de Tunja.
En cuanto a la percepción ciudadana, la proponente señaló que las narrativas negativas han contribuido a su estigmatización. Para contrarrestar esta situación, propone activar el parque con eventos culturales y artísticos que fomenten su uso continuo y la apropiación social. A su juicio, la concurrencia frecuente es clave para disminuir malas prácticas y reforzar su valor patrimonial.
Pardo cuestionó además el papel que le asigna el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que lo ubica principalmente como lugar de paso y punto de partida para caravanas y desfiles. Considera que esta visión lo reduce a un “no lugar” y plantea que, con la declaratoria, se pueda replantear su función para convertirlo en un espacio activo y significativo dentro del Centro Histórico.
Entre sus propuestas figura el diseño de una estrategia articulada basada en urbanismo táctico, con intervenciones pensadas desde y para la comunidad, priorizando el derecho ciudadano a la cultura y el arte. Asimismo, advirtió que las políticas recientes de “recuperación del espacio público”, enfocadas en el retiro de vendedores ambulantes, pueden ser contraproducentes para la apropiación social del parque. Sostuvo que estos comerciantes cumplen un papel de vigilancia y dinamismo en el lugar, y que integrarlos a las estrategias de recuperación podría ser más beneficioso que excluirlos.
La discusión sobre el Bosque de la República, según Pardo, no se limita a su restauración física, sin querer desconocer la importancia de realizarla, pero advierte que igual o más importante es redefinir su función, rescatar sus valores y asegurar que sea un espacio accesible, seguro y culturalmente vivo para la ciudadanía.
𝐃𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞́𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐳𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
En dicho mes se dará inicio al proceso para declarar el Bosque de la República como Bien de Interés Cultural del ámbito departamental. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá indicó que se desarrollará un plan para definir las intervenciones y el uso de recursos, que también abarcará otros proyectos patrimoniales en la capital boyacense.
La secretaria de Cultura y Patrimonio, Sandra Mireya Becerra, confirmó que, tras la socialización y el aval del Consejo Departamental de Patrimonio, en septiembre comenzará la formalización de la declaratoria del Bosque de la República como Bien de Interés Cultural. La funcionaria explicó que se elaborará un plan de trabajo para priorizar acciones, que podrían incluir restauración estructural, actividades de divulgación y programas educativos.
Becerra aclaró que cualquier intervención física en el lugar requerirá estudios y diseños previos, así como un trabajo coordinado con la Alcaldía de Tunja, propietaria del predio. La financiación podría provenir de la Estampilla Pro-Cultura, regalías y recursos propios.
En el mismo contexto, la secretaria señaló que la Gobernación destinará 1.500 millones de pesos para la restauración del Cinema Boyacá, incluido en el Plan de Manejo Especial de Patrimonio, y que gestiona recursos por 13.000 millones para el auditorio José Mosser, proyecto que ya fue presentado ante la iniciativa CoCrea con el fin de vincular empresas privadas.
𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐮𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐫𝐠𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
La Sala Francisco Cristancho, en el Palacio de Servicios Culturales de Boyacá, acogerá este miércoles 13 de agosto, a las 10:00 A.M. la socialización sobre la declaratoria del Bosque de la República como Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito departamental.
La actividad busca exponer los fundamentos de la declaratoria, sus implicaciones para la conservación y manejo de este espacio histórico, y las acciones previstas para garantizar su preservación bajo la protección legal que otorga el estatus de BIC.
La presentación estará a cargo de Linda Pardo, magíster en Patrimonio Cultural y promotora de la propuesta, quien abordará aspectos como el valor histórico, cultural y ambiental del Bosque de la República, así como los beneficios y compromisos que conlleva la declaratoria.
Organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, el evento será abierto al público y pretende incentivar la participación ciudadana en la protección de este lugar emblemático de la capital boyacense.
𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐳𝐜𝐚 𝐚 𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐲 𝐬𝐞 𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
Una acción de tutela radicada recientemente solicita que el juez que adelanta el proceso penal contra Mikhail Krasnov reconozca como víctimas a los ciudadanos Yesid Figueroa y María Clemencia Torres, y que, en consecuencia, sean citados a todas las audiencias del caso. El proceso se adelanta por los delitos de amenazas a testigos e interés indebido en la celebración de contratos.
En el documento, los peticionarios argumentan que, pese a haber solicitado formalmente su vinculación, hasta el momento no han sido reconocidos como víctimas dentro de la actuación judicial. Sostienen que esta exclusión vulnera sus derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, ya que les impide participar de manera directa en las diligencias, presentar pruebas y formular observaciones sobre el desarrollo del juicio.
La tutela también reclama que el juez del caso fije y realice la audiencia de imputación de cargos sin más aplazamientos, alegando que se han presentado dilaciones que afectan el normal avance del proceso y prolongan la indefinición jurídica. Los accionantes advierten que el retardo en esta etapa clave podría favorecer la impunidad y debilitar la protección a las víctimas y testigos.
La acción de tutela será analizada por el juez competente, quien deberá determinar si ordena el reconocimiento de Figueroa y Torres como víctimas y si imparte instrucciones para que la audiencia de imputación se lleve a cabo de manera inmediata.
𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐠𝐚 𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥 𝟑𝟖 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja declaró fallida la etapa de pacto de cumplimiento dentro de una acción popular que busca la reparación de un tramo de la Diagonal 38, entre la Glorieta Norte (Aquiminzaque) y el sector San Ricardo, vía que colinda con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
La demanda, interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa, pretende que el municipio realice trabajos de rehabilitación preventiva, correctiva, rutinaria y estructural, así como la construcción de sistemas de drenaje superficial para evitar daños por escorrentías y el deterioro progresivo del pavimento.
De acuerdo con el expediente, esta vía presenta afectaciones visibles en su capa de rodadura y fallas estructurales que, según el demandante, comprometen la movilidad y seguridad de una zona clave de la ciudad. Sin embargo, la administración municipal se abstuvo de suscribir el pacto de cumplimiento alegando que la carretera se encuentra en buen estado y que su mantenimiento es responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Ante esta posición, el juzgado declaró fracasada la fase de conciliación prevista en el proceso, lo que abre paso a que continúe el trámite judicial para definir si el ente territorial deberá asumir o no las intervenciones solicitadas.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, el cual está encabezado por Neiva, cuya variación del IPC fue de 0,65%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,28%, mientras que la variación del IPC en Tunja fue del -0,50%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la quinta ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 3,79%, mientras que el promedio nacional fue de 4,90%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Santa Marta (1,92%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Pereira (5,98%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante julio fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó una variación del 1,86%, seguido de restaurantes y hoteles (0,50%), seguido de recreación y cultura (0,40%).
Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante julio fueron transporte (-0,36%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,10%), y educación (0,00%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 6,68%, seguido de salud con un 5,17%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una variación del 4,74%. Caso contrario es el de los rubros de educación (-2,91%), recreación y cultura (-0,70%) e información y comunicación (-0,35%).
𝐋𝐢́𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫
𝐋𝐢́𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫
El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertador, Javier López, hizo un llamado a la solidaridad de las comunidades y líderes barriales para presionar a la administración municipal y lograr la reapertura del polideportivo del sector, cerrado de forma indefinida y considerado un espacio clave para la recreación y el deporte en esta zona de la ciudad.
En un mensaje dirigido al presidente de Asojuntas, Edwar Parra Guerrero, López expresó su frustración por la falta de soluciones concretas, pese a que el abandono del escenario ya ha sido denunciado en diferentes instancias. Según señaló, el cierre no solo afecta a los habitantes del Libertador, sino también a residentes de varios sectores vecinos que utilizaban las instalaciones.
El dirigente comunal pidió que se evalúen alternativas de acción conjunta para exigir que el escenario vuelva a abrir sus puertas. La reapertura, sostuvo, no solo permitiría recuperar un punto de encuentro para el deporte y la integración comunitaria, sino que también enviaría una señal de compromiso hacia un sector que, de acuerdo con sus palabras, se siente “rezagado, sin esperanza y sin futuro” por la falta de inversión y atención institucional.
Esta es la carta enviada por el líder comunal del barrio Libertador al presidente de Asojuntas:
𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮, 𝟳 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱
𝗦𝗲𝗻̃𝗼𝗿
𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝗿𝗮 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗔𝘀𝗼𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮
Cordial saludo:
Hoy, 7 de agosto de 2025, más que nunca me embargan la tristeza y la preocupación al ver que, después de más de tres años de ejercer como representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio El Libertador, y a menos de un año de terminar nuestro correspondiente cuatrienio, los proyectos soñados en pro del bienestar de la comunidad se van a quedar, lamentablemente, solo en eso: en sueños.
Es triste y preocupante tener, todos los días como común denominador, un barrio rezagado, sin esperanza y sin futuro; pero, sobre todo, sentir que es un barrio manoseado por todos aquellos que —sin ir más lejos— tienen nombre propio: concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y otros, quienes siempre nos ilusionan con pequeños, medianos y grandes proyectos que supuestamente se harían realidad a corto, mediano o largo plazo; pero ni lo uno ni lo otro.
Son proyectos que mejorarían nuestra infraestructura, en especial la malla vial (por cierto, muy deteriorada), las zonas deportivas, el mejoramiento de vivienda y parques, entre otros. También iniciativas en beneficio de los adultos mayores, jóvenes, adolescentes y niños; y proyectos en favor del medio ambiente, la salud mental, la educación y muchos más. Pero nada de eso será realidad y, tristemente, siendo realistas, nosotros, los líderes comunales, no dejaremos de ser más que unos idiotas útiles.
Como lo dije al principio:
Nuestros sueños en pro de una comunidad digna se van a quedar en eso: solo en sueños.
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒,
𝐽𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 𝐿𝑜́𝑝𝑒𝑧
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝐸𝑙 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 – 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚́𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sanción impuesta al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y al secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos Leguizamón González, por incumplir órdenes judiciales relacionadas con la adecuación de señalización vial en la ciudad.
La decisión ratifica la multa de un salario mínimo legal mensual vigente para cada uno, que deberá ser consignada con recursos propios al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. La sanción se originó tras constatar que el municipio no ha cumplido en su totalidad con lo dispuesto en una sentencia de 2019, que ordenaba intervenir pasos peatonales, cebras, líneas de pare, zonas escolares y flechas direccionales en 41 sectores de Tunja, de acuerdo con los manuales de seguridad y señalización vial.
Aunque el fallo reconoce que la administración ha realizado algunas intervenciones, el Tribunal concluyó que persisten puntos críticos sin atender y que las gestiones reportadas no han sido suficientes para garantizar la seguridad vial ordenada judicialmente. Entre los sectores incumplidos se encuentran intersecciones en la Avenida Oriental, el terminal de transportes y tramos de la carrera 11, algunos de los cuales, según la Alcaldía, están bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura y concesionarios viales.
El alto tribunal descartó ese argumento, recordando que la responsabilidad sobre dichos puntos ya había sido establecida en decisiones anteriores y que, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo, el municipio no ha ejecutado las acciones necesarias.
En la misma providencia, el Tribunal revocó la sanción que había sido impuesta al exsecretario de Infraestructura, William Fernando Rincón, por no desempeñar actualmente el cargo, lo que le impediría cumplir con la orden judicial.
𝐿𝑎 𝑗𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖́𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑖𝑜́ 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑘ℎ𝑎𝑖𝑙 𝐾𝑟𝑎𝑠𝑛𝑜𝑣 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑏𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑜́ 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜.
La audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, realizada el 6 de agosto fue reprogramada tras una solicitud de aplazamiento por parte del propio mandatario, quien argumentó no contar con un abogado de confianza ni con acceso completo a los documentos de su caso. La diligencia judicial, programada para las 2:00 p.m. de manera virtual, se cumplió en cuanto a su convocatoria, pero no se avanzó con la formulación de cargos.
El proceso judicial que involucra a Krasnov tiene origen en una denuncia presentada por los ciudadanos David Ávila, Clemencia Torres y Yesid Figueroa ante la Fiscalía General de la Nación. En dicha denuncia, se cuestiona la contratación del abogado Juan Sebastián Ramírez García por parte de Ecovivienda, entidad del municipio, pocos días después de que este desistiera de una demanda de nulidad electoral que había interpuesto contra la elección del actual alcalde.
Los cargos que la Fiscalía busca imputar a Krasnov son interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigo. En este mismo caso, ya han sido imputados el abogado Ramírez y el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo. También está pendiente la audiencia de imputación para la exgestora social del municipio, Sara Pedraza, quien solicitó previamente su aplazamiento.
Durante la audiencia del miércoles, el alcalde se conectó con anticipación a través de medios digitales y tomó la palabra para solicitar el aplazamiento. Argumentó que su anterior abogado renunció sin entregarle las piezas procesales de su defensa y que, ante sus limitaciones económicas, no ha podido contratar a un nuevo representante legal. También pidió que se le asignara un traductor oficial de ruso, su idioma nativo, señalando que, aunque domina el español, no comprende del todo la terminología jurídica del proceso.
El defensor público designado para la audiencia, Nelson Eduardo Santos Estepa, manifestó que había recibido el caso apenas el día anterior y que no había logrado establecer contacto previo con Krasnov, razón por la cual solicitó un receso de 10 minutos para hablar con su defendido. Sin embargo, dicho receso no se concedió.
La Fiscalía se opuso al aplazamiento. El delegado señaló que desde el 9 de junio el alcalde había sido notificado de los cargos y que, por tanto, había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa. Respecto a la solicitud del traductor, consideró que no era procedente, dado que el abogado debía cumplir ese rol de mediación en los términos jurídicos.
En contraste, el representante del Ministerio Público sí respaldó la solicitud del alcalde. Afirmó que no se debía presumir mala fe en una etapa tan inicial del proceso, y enfatizó que se debía garantizar el derecho a la defensa con un abogado de confianza. Además, pidió que se compulsaran copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para investigar al exapoderado de Krasnov, en vista de la posible obstrucción al no devolverle elementos claves para su defensa.
La jueza primera de garantías de Tunja acogió el argumento del Ministerio Público y concedió el aplazamiento. Indicó que no observaba una maniobra dilatoria por parte del Alcalde, y que, por el contrario, debía privilegiarse su derecho a contar con una defensa técnica idónea. No obstante, aclaró que la nueva audiencia, programada para el 9 de septiembre a las 3:00 p.m., no se volverá a aplazar por la misma causa. En caso de que el mandatario no comparezca con abogado propio, se procederá con un defensor público.
Finalmente, la jueza negó la solicitud de traducción ruso-español durante el proceso, argumentando que el rol del abogado es precisamente el de facilitar la comprensión de los términos jurídicos y que el juzgado está dispuesto a hacer las aclaraciones necesarias durante las audiencias.
Con este nuevo aplazamiento, el caso contra el alcalde de Tunja entra en una fase de espera. Se prevé que el 9 de septiembre se dé finalmente la imputación formal de cargos, momento clave en el avance del proceso penal en su contra.
𝐃𝐮𝐯𝐚́𝐧 𝐌𝐞𝐬𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
𝐸𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐶𝑟𝑢𝑧 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑟𝑜, 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑗𝑜́ 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 5 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜.
Nelson Duván Mesa Tobos fue nombrado como nuevo gerente de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja, Ecovivienda, según quedó establecido en el Decreto No. 0335 del 5 de agosto de 2025, emitido por la Alcaldía de Tunja. La designación se da luego de la renuncia presentada por Carlos Fernando Cruz Forero, quien se desempeñó en el cargo desde el 27 de marzo de este año.
𝐒𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝟒𝟖𝟔 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
𝐿𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛𝑖 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑.
A diferencia de años anteriores, la conmemoración del cumpleaños 486 de la fundación hispánica de Tunja transcurrió sin anuncios de obras, proyectos nuevos o reportes de avances en iniciativas previamente prometidas, próximas a ser entregadas. Durante los actos oficiales del 6 de agosto no se mencionaron compromisos de inversión, ni se hizo referencia al estado de ejecución de proyectos clave para la ciudad.
Entre los proyectos que siguen sin avances concretos se encuentra el convenio por 25 mil millones de pesos para el mejoramiento de la malla vial urbana, así como la terminación de la Calle 59, una vía proyectada como solución de movilidad en el norte de la ciudad.
Hace exactamente un año, en el marco del aniversario 485, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, anunció cinco convenios para la realización de estudios y diseños de infraestructura en Tunja. Uno de ellos consistía en la actualización de los estudios para el deprimido de la Glorieta Norte (Aquiminzaque), con el fin de retomar un proyecto formulado en su primera administración. Otros convenios contemplaban el diseño de la Avenida del Río, la actualización de estudios y diseños de la Calle 53 como conector entre la Avenida Universitaria y la Avenida Norte, la solución de movilidad para las inmediaciones de la Terminal de Transporte, y el mejoramiento de la Diagonal 38 hacia Moniquirá. A la fecha, no se han conocido avances sustanciales en ninguno de estos frentes.
En esa misma celebración de 2024, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, anunció la firma del convenio para la construcción del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), una obra largamente esperada. Sin embargo, un año después, el proyecto no ha iniciado su ejecución, y se ha advertido que podría requerir un reajuste presupuestal debido a variaciones en los costos.
Históricamente, esta efeméride de la ciudad ha servido como escenario para entregar obras o anunciar nuevas inversiones. La ausencia de anuncios en esta ocasión ha generado inquietudes sobre el ritmo de ejecución de los compromisos adquiridos por las administraciones, tanto municipal como departamental.
𝐒𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝟒𝟖𝟔 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Como resultado de las denuncias presentadas por contralores estudiantiles ante el Concejo Municipal sobre irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y luego de la reunión del pasado 25 de julio, la Secretaría de Educación anunció que implementará reuniones de seguimiento al finalizar cada periodo académico.
La decisión se tomó durante la mencionada reunión, la cual tuvo lugar en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, a la que asistieron representantes estudiantiles, personeros, enlaces PAE, veedores de padres de familia, directivos docentes, el operador del programa y delegados de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA).
Durante la jornada, se dio prioridad a las intervenciones de los estudiantes, quienes expusieron las condiciones del servicio en sus instituciones. La Secretaría indicó que, si bien algunas de las situaciones reportadas coincidieron con lo denunciado, en otros casos no se encontraron irregularidades. A pesar de ello, se descartó desestimar las voces de los menores, a quienes se reconoce como los principales veedores del programa.
Según lo expresado por el secretario de Educación, Daniel Moreno Álvarez, el objetivo de estos encuentros será verificar si los problemas reportados persisten, entender sus causas, establecer responsabilidades y proponer soluciones. La medida busca mantener un canal directo con la comunidad educativa y mejorar la calidad del servicio ofrecido por el PAE en la ciudad.
𝐀𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨́𝐝𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Como resultado de las denuncias presentadas por contralores estudiantiles ante el Concejo Municipal sobre irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y luego de la reunión del pasado 25 de julio, la Secretaría de Educación anunció que implementará reuniones de seguimiento al finalizar cada periodo académico.
La decisión se tomó durante la mencionada reunión, la cual tuvo lugar en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, a la que asistieron representantes estudiantiles, personeros, enlaces PAE, veedores de padres de familia, directivos docentes, el operador del programa y delegados de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA).
Durante la jornada, se dio prioridad a las intervenciones de los estudiantes, quienes expusieron las condiciones del servicio en sus instituciones. La Secretaría indicó que, si bien algunas de las situaciones reportadas coincidieron con lo denunciado, en otros casos no se encontraron irregularidades. A pesar de ello, se descartó desestimar las voces de los menores, a quienes se reconoce como los principales veedores del programa.
Según lo expresado por el secretario de Educación, Daniel Moreno Álvarez, el objetivo de estos encuentros será verificar si los problemas reportados persisten, entender sus causas, establecer responsabilidades y proponer soluciones. La medida busca mantener un canal directo con la comunidad educativa y mejorar la calidad del servicio ofrecido por el PAE en la ciudad.
𝐁𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚...
Durante el acto protocolario de conmemoración del aniversario 486 de la fundación hispánica de Tunja, fue izada una bandera que no corresponde al diseño oficial del departamento de Boyacá.
La bandera desplegada presentaba tres franjas horizontales en los colores verde, blanco y rojo. Sin embargo, la bandera oficial de Boyacá se compone de cinco franjas en el siguiente orden: verde, blanca, roja, blanca y verde, más el símbolo de la hoja de un roble que se sitúa en la franja roja.
Este es el segundo incidente, en los últimos tiempos, relacionado con el uso de banderas en actos oficiales de la ciudad. En una ceremonia anterior se había utilizado una bandera de Tunja en mal estado, visiblemente trozada, lo que también generó cuestionamientos sobre el cuidado en la presentación de los símbolos institucionales.
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐢𝐬𝐜𝐚𝐬
𝑈𝑛 𝑗𝑢𝑧𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎́ 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑠𝑒𝑛̃𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑.
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió para su trámite, en priemra instancia, una acción popular interpuesta contra el municipio por el deterioro de varias vías en el barrio Los Muiscas. La demanda, presentada por Yesid Figueroa, señala que las condiciones actuales de las calles Transversal 1E, Diagonal 66 y Diagonal 67 afectan gravemente los derechos colectivos a la seguridad, la movilidad y el uso del espacio público en condiciones dignas.
Según el documento admitido, los tramos presentan múltiples patologías estructurales y funcionales que comprometen tanto la capa de rodadura como el pavimento rígido, lo que genera riesgos para peatones, ciclistas y conductores. El estado de las vías, según el demandante, refleja una omisión del municipio en su deber de conservación y mantenimiento de la infraestructura vial.
Ante esta situación, la acción popular solicita que el juzgado ordene al ente territorial la rehabilitación estructural, correctiva y preventiva de los tramos señalados, así como la formulación de un plan de mantenimiento vial periódico. También se pide una intervención técnica especializada que permita superar las fallas detectadas en la estructura superficial y subyacente de las vías.
𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨́𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐡𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝐿𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖́𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑟𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐸𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜́ 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑜́ 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙.
El secretario de Educación de Tunja, Daniel Moreno Álvarez, se pronunció sobre las quejas de docentes y padres de familia por la falta de personal en varias instituciones educativas de la ciudad. En entrevista con Periódico El Tunjano, el funcionario explicó los motivos detrás de las demoras en la asignación de docentes y detalló los procesos que se han seguido para atender la situación.
De acuerdo con el secretario, actualmente hay un déficit de docentes en al menos siete instituciones: la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, la Normal Leonor Álvarez Pinzón, la Institución Educativa Julius Sieber, el Silvino Rodríguez, el Gimnasio Gran Colombiano, el Gonzalo Suárez Rendón y el INEM. Las áreas más afectadas son inglés, informática, artes y educación física, donde no existen listas vigentes de elegibles.
La falta de personal ha sido atribuida a varios factores. Por un lado, la Secretaría agotó las listas de elegibles disponibles. Por otro, el crecimiento inesperado de la matrícula escolar en el primer trimestre del año desbordó la planeación inicial, lo que llevó a que se reportaran 49 necesidades de servicio que no estaban contempladas en un inicio.
Para cubrir las vacantes definitivas, actualmente 17, y las temporales, unas tres, correspondientes a licencias de maternidad o médicas, la Secretaría ha recurrido al mecanismo del retén social, que permite vincular a docentes en condición de vulnerabilidad que hayan laborado anteriormente con el municipio. Sin embargo, solo se han podido ubicar tres personas mediante esta figura. El resto de vacantes están siendo reportadas al Sistema Maestro, que entrega ternas a partir de las cuales se hacen los nuevos nombramientos.
El funcionario también respondió a los señalamientos de que durante casi un año no se habrían publicado vacantes en el Sistema Maestro, a diferencia de municipios con menor población y menos cantidad de instituciones educativas, como Duitama.
Según explicó, al asumir el cargo en noviembre de 2024, se encontró con un proceso de cierre escolar que no contemplaba las necesidades reales de planta. La Secretaría comenzó a actuar a partir de febrero, cuando los rectores reportaron las primeras alertas por aumento de matrícula. A partir de marzo, se declaró la urgencia de proveer docentes y se realizó una convocatoria pública excepcional para cubrir temporalmente algunas plazas hasta junio.
En cuanto a las quejas sobre la posible asignación discrecional de vacantes por retén social, el secretario aseguró que este procedimiento se rige por lineamientos nacionales claros. Solo pueden ingresar docentes que cumplan condiciones específicas como ser cabeza de familia, tener una enfermedad crónica, estar en edad pre-pensional o pertenecer a un sindicato. Además, deben haber trabajado previamente con la Secretaría de Educación. La lista, dijo, se está verificando con el Ministerio de Educación y será publicada una vez se reciba la aprobación oficial.
También se refirió a las vacantes en formación técnica, particularmente en el INEM y en los ciclos complementarios de las escuelas normales. En estos casos, se está revisando si los docentes actualmente vinculados cumplen con el perfil exigido. De no ser así, y si no hay disponibles en lista de elegibles, se prevé una convocatoria pública como última instancia, previa autorización del Ministerio.
Finalmente, el secretario anunció que en las próximas horas se publicarán en el Sistema Maestro nuevas vacantes definitivas para docentes en las áreas de inglés, informática, artes y una plaza para psico-orientación. Estas serán divulgadas en los medios oficiales de la Alcaldía para garantizar un proceso abierto y basado en el mérito.
#Tunja
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟓𝟔𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨
𝐴𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙, 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎 ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎́𝑠 𝑑𝑒 565 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 2025 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠.
Durante el primer mes de 2025, la Alcaldía Mayor de Tunja celebró tres contratos de arrendamiento que en conjunto suman 565.862.895,97 pesos. Los procesos, registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), corresponden al alquiler de espacios destinados al funcionamiento de varias secretarías y unidades administrativas.
Uno de los contratos, suscrito por 149.490.000 pesos, está destinado al almacenamiento de archivos y documentos de distintas áreas de la administración. Otro, por 107.494.762,67 pesos, contempla el uso de un inmueble para la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, así como un punto de atención ciudadana. El tercero, con un valor de 293.578.133,3 pesos, incluye oficinas para la Secretaría de Salud, la Secretaría de Fomento Económico, Servicios Públicos, y la gestión del Sisbén, además de un punto de atención al sur de la ciudad.
Sobre este último han existido una serie de reparos por dificultades de acceso debido a la distancia respecto al centro de la ciudad, así como por problemas de infraestructura en las nuevas instalaciones, incluyendo goteras y acumulación de polvo. Estas condiciones han generado afectaciones a la salud y la productividad del personal que allí labora.
Posteriormente se celebraron otros dos contratos para el arriendo de un espacio para la operación de un equipo repetidor para transmisiones en frecuencias del espectro electromagnetico (vhf) que permita la comunicación, regulación y atención a emergencias, el primero por 8.100.000 pesos, y el segundo por 7.200.000.
Lo llamativo es que, pese a estas inversiones en inmuebles externos, el propio municipio figura como arrendador de espacios dentro del edificio de la Alcaldía. Tal es el caso del local ubicado en la Calle 19 con Carrera 9-87, por el cual se percibe algo más de 63 millones de pesos, y otro en la Calle 19 con Carrera 9-57, arrendado por un poco más de 33 millones. Ambos lugares gozan de ventajas logísticas al estar en la misma sede del gobierno municipal, aunque terminaron siendo destinados al alquiler a particulares que destinaron estos espacios a cafeterías y venta de objetos de recuerdo.
#Tunja #Educación
𝐄𝐥 𝟖 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐧𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐢 𝐡𝐚𝐛𝐫𝐚́ 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨𝐬 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝
𝐿𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑟𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑟 𝑦 𝐿𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑛𝑔𝑜𝑠, 𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠.
A pesar de que la falta de andenes entre la Plaza de Mercado del Sur y el sector conocido como Los Hongos, sobre la Avenida Oriental de Tunja, representa un riesgo constante para cientos de peatones, el municipio ha dejado clara su negativa a ejecutar obras en ese tramo.
Así lo sostuvo, su apoderado jurídico, en el marco de una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, admitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja a inicios de marzo de este año.
El proceso judicial advierte una posible vulneración de varios derechos colectivos: la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, así como la protección del patrimonio público.
No obstante, el municipio ha respondido que no le corresponde intervenir en ese corredor vial, señalando como responsables a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (Invías), por tratarse, según su argumento, de una vía nacional.
Tanto ANI como Invías han rechazado esa postura, indicando que, al encontrarse el tramo dentro del perímetro urbano, es el municipio quien debe asumir la adecuación del espacio peatonal.
#Tunja
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐬𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐠𝐚 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝
𝐿𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑟𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑟 𝑦 𝐿𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑛𝑔𝑜𝑠, 𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠.
A pesar de que la falta de andenes entre la Plaza de Mercado del Sur y el sector conocido como Los Hongos, sobre la Avenida Oriental de Tunja, representa un riesgo constante para cientos de peatones, el municipio ha dejado clara su negativa a ejecutar obras en ese tramo.
Así lo sostuvo, su apoderado jurídico, en el marco de una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, admitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja a inicios de marzo de este año.
El proceso judicial advierte una posible vulneración de varios derechos colectivos: la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, así como la protección del patrimonio público.
No obstante, el municipio ha respondido que no le corresponde intervenir en ese corredor vial, señalando como responsables a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (Invías), por tratarse, según su argumento, de una vía nacional.
Tanto ANI como Invías han rechazado esa postura, indicando que, al encontrarse el tramo dentro del perímetro urbano, es el municipio quien debe asumir la adecuación del espacio peatonal.
#Tunja
𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨
𝐸𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜́ 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎.
La Sección Primera del Consejo de Estado decidió rechazar la recusación presentada por la apoderada del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, en contra de los magistrados de la Sección Quinta, quienes actualmente adelantan el proceso por nulidad electoral contra el mandatario.
La decisión se conoce mientras sigue en curso la demanda que cuestiona la legalidad de la elección de Krasnov. La recusación había sido presentada con el argumento de una supuesta falta de imparcialidad de los togados, pero fue desestimada por la Sección Primera, que consideró infundados los motivos expuestos.
#Tunja
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥
𝐿𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜́ 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖́𝑎 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙.
La Alcaldía de Tunja notificó oficialmente la finalización del contrato de comodato que le permitía a la Personería municipal ocupar dos oficinas dentro del edificio administrativo de la ciudad. La comunicación fue emitida el pasado 31 de julio de 2025 y establece como fecha de entrega el 12 de noviembre de este mismo año.
Las oficinas en cuestión, identificadas como 313 y 314, han sido utilizadas por la Personería para el desarrollo de sus labores de vigilancia y control, así como para la atención al público. Según el documento remitido por la Alcaldía, el comodato no será renovado, por lo que se espera que las dependencias sean desocupadas en la fecha señalada.
La decisión genera interrogantes sobre el futuro de la sede de la Personería, dado que hasta el momento no se ha anunciado públicamente si existe una alternativa de reubicación por parte del ente de control o si se han iniciado gestiones ante otras entidades.
Este movimiento se produce en medio de un escenario político marcado por la tensión entre la administración local y varios organismos de control. La Personería no se ha pronunciado oficialmente sobre la notificación ni ha informado si planea tomar acciones jurídicas o administrativas frente a la decisión.
#Tunja
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐚𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥
𝐿𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑜́ 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠.
El Consejo de Estado, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, inadmitió una acción de tutela promovida por Mikhail Krasnov, actual alcalde de Tunja, dentro del proceso judicial que cuestiona la legalidad de su elección para el periodo 2024-2027. En auto fechado el 29 de julio de 2025, el alto tribunal determinó que el escrito presentado por el demandante no expone con claridad las actuaciones que considera violatorias de sus derechos fundamentales ni las pretensiones concretas que busca mediante el mecanismo constitucional.
La providencia le otorga a Krasnov un plazo de tres días para corregir la solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley 2591 de 1991, bajo la advertencia de que la demanda podría ser rechazada si no se subsanan las falencias identificadas.
Uno de los principales reparos del despacho es que, aunque el actor menciona a la Sección Quinta del mismo Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Boyacá como autoridades presuntamente responsables de la vulneración de sus derechos, no precisa qué actuaciones o providencias específicas de estos despachos fundamentan su reclamación.
La acción de tutela inadmitida hace parte de las estrategias jurídicas adoptadas por Krasnov en medio del proceso de nulidad electoral que avanza en su contra, identificado con el radicado 2023-00457-04. En ese expediente se debate si existió una inhabilidad derivada de un contrato suscrito por el hoy alcalde con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) antes de su inscripción como candidato.
Cabe aclarar que, de manera paralela, el propio Krasnov interpuso otra acción de tutela, diferente a la inadmitida en esta oportunidad, que sí fue admitida para trámite el pasado 21 de julio. En ese caso, la tutela fue dirigida contra la UPTC, el Ministerio de Educación y la Sección Quinta del Consejo de Estado. Allí, el demandante alega que la forma contractual utilizada por la universidad le generó una inhabilidad sobreviniente que considera injusta, lo cual, a su juicio, ha vulnerado sus derechos al trabajo, a la igualdad y al acceso a cargos públicos.
En dicha tutela admitida, Krasnov solicitó una medida cautelar para suspender el proceso de nulidad mientras se aclara la naturaleza de las funciones desarrolladas bajo el contrato en cuestión. No obstante, el tribunal rechazó la solicitud al considerar que no se presentaron elementos suficientes que justificaran una intervención provisional.
Con estas dos acciones, Krasnov busca frenar el proceso de nulidad que amenaza con sacarlo del cargo de alcalde, aunque hasta ahora los resultados han sido mixtos: mientras una tutela avanza, la otra está en riesgo de ser rechazada si no se ajusta a los requisitos formales.
#Tunja
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞 𝐯𝐢́𝐚𝐬, 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐝𝐫𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚
El Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa, en la que se reclaman mejoras urgentes en la infraestructura del barrio La Colorada. La demanda, que busca la protección de los derechos colectivos de los residentes, va dirigida contra el municipio de Tunja y pone sobre la mesa fallas que, según los habitantes, han sido ignoradas por las autoridades locales.
La acción judicial exige tres medidas principales: la construcción de andenes o senderos peatonales en tramos donde actualmente no existen, la pavimentación completa de las vías internas del barrio, y la instalación de sistemas de drenaje que gestionen adecuadamente las aguas lluvias. Según el texto presentado, la ausencia de estos elementos no solo afecta la movilidad, sino que también compromete la seguridad y la calidad de vida de quienes habitan la zona.
Como parte del proceso, el juzgado vinculó a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. y a la Junta de Acción Comunal del barrio, con el fin de asegurar un tratamiento integral al problema. La decisión de incluir a estos actores responde a la necesidad de coordinar esfuerzos entre entidades públicas, prestadores de servicios y representantes comunitarios.
La comunidad de La Colorada ha elevado en múltiples ocasiones solicitudes formales para que se intervenga la zona. Sin embargo, ante la falta de respuesta efectiva, optaron por acudir a mecanismos judiciales para hacer valer sus derechos colectivos, particularmente el de gozar de un entorno urbano adecuado.
#Tunja
𝐋𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐚𝐲𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫𝐬𝐞
𝐴 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑛̃𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 485 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎, 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑎 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑛𝑖 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠.
El pasado 6 de agosto de 2024, durante la conmemoración del cumpleaños de Tunja, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció públicamente cinco proyectos clave para la capital del departamento. Sin embargo, a pocos días de cumplirse un año desde aquel evento, ninguno de esos compromisos ha sido cumplido, y en algunos casos ni siquiera hay claridad sobre si las iniciativas siguen en pie.
Uno de los anuncios más sonoros fue el del Cuarto módulo (Módulo V) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Desde entonces, al proyecto le vienen dando largas y el único anuncio conocido es que se requiere de una actualización presupuestal, pues los 31 mil millones de pesos anunciados ya no alcanzan. No se ha informado si se están gestionando los recursos faltantes ni si el proyecto fue ajustado técnicamente.
Otra de las promesas fue la actualización de estudios y diseños del paso subterráneo en la Glorieta Norte. El compromiso había sido asignado a la UPTC, pero en un pronunciamiento del 21 de marzo de 2025 (https://n9.cl/ua8r6
) el Gobernador señaló que la universidad no había entregado avances. Anunció en esa ocasión que, de no cumplirse el encargo, contrataría un concurso de méritos para ejecutar los estudios. Desde ese anuncio, no ha vuelto a referirse públicamente al tema.
También se prometieron los estudios y diseños para la Avenida del Río, rebautizada luego como “eje ambiental del río”. En marzo de este año, Amaya afirmó que se planeaba contratar los estudios con Tierrasúa. La vía proyectada abarcaría 3,6 kilómetros, entre la Calle 22 y la Avenida Patriotas, incluyendo un posible complejo judicial en terrenos cedidos por el Ejército. Hasta la fecha no hay constancia de que se haya firmado contrato alguno ni que el proyecto haya sido puesto en marcha.
Sobre la actualización de estudios y diseños de la Calle 53, mencionada igualmente en el discurso del cumpleaños de Tunja, no se ha vuelto a tener noticia desde entonces. El tema ha desaparecido del discurso público y no se conocen documentos o pronunciamientos que confirmen alguna acción posterior.
Por último, los estudios prometidos para mejorar la movilidad en las vías aledañas a la Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo también quedaron en el olvido. Al igual que otros anuncios, la propuesta no volvió a ser mencionada desde el acto oficial del 6 de agosto del año pasado.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 disminuyó levemente 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil abril-junio, Tunja es la séptima ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 10,4%, es decir, 1 punto porcentual por encima de la registrada en el trimestre anterior. El promedio nacional fue del 8,6%.
Este resultado es igualmente positivo si se compara con el dato registrado en el mismo trimestre, pero un año atrás, cuando la tasa de desocupación en Tunja era del 10,7%, representando así una reducción del 0,3%.
Tunja es la quinta ciudad con menor tasa de informalidad (41,4%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (41,7%). Los primeros lugares para este indicador los ocuparon Bogotá (35,6%), Medellín (36,9%), Manizales (38,1%) y Pereira (40,6%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 143.694 personas en edad de trabajar, de estas, 9.157 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 4.415 personas.
#Tunja #Boyacá
𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐁𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞́𝐬 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐚́𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥
La Sala Francisco Cristancho, en el Palacio de Servicios Culturales de Boyacá, acogerá este miércoles 13 de agosto, a las 10:00 A.M. la socialización sobre la declaratoria del Bosque de la República como Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito departamental.
La actividad busca exponer los fundamentos de la declaratoria, sus implicaciones para la conservación y manejo de este espacio histórico, y las acciones previstas para garantizar su preservación bajo la protección legal que otorga el estatus de BIC.
La presentación estará a cargo de Linda Pardo, magíster en Patrimonio Cultural y promotora de la propuesta, quien abordará aspectos como el valor histórico, cultural y ambiental del Bosque de la República, así como los beneficios y compromisos que conlleva la declaratoria.
Organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, el evento será abierto al público y pretende incentivar la participación ciudadana en la protección de este lugar emblemático de la capital boyacense.