𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐢𝐧̃𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚𝐝𝐚
La Alcaldía Mayor de Tunja expidió el Decreto 0248 del 11 de septiembre de 2026, mediante el cual se modifican los horarios de funcionamiento comercial e imponen restricciones a la venta de bebidas alcohólicas durante las madrugadas en la capital boyacense. La medida entra en vigencia a las 00:00 horas del 16 de septiembre y se extenderá hasta las 00:00 horas del 15 de diciembre de 2026, como respuesta a las cifras de riñas e inseguridad reportadas en la franja nocturna.
El ajuste normativo obedece a un informe técnico presentado por la Policía Metropolitana de Tunja mediante el oficio GS-2026-077216 METUN ASEPO 20.1. El diagnóstico oficial identificó el periodo entre las 00:00 y las 04:00 horas como el tramo crítico de la jornada, concentrando una alta ocurrencia de lesiones personales, agresiones físicas, alteración de la tranquilidad e irrespeto a las autoridades. Según las estadísticas policiales, entre enero y julio de 2026 se registraron 208 denuncias por lesiones personales ocurridas principalmente de jueves a domingo, además de un incremento en la violencia intrafamiliar durante las madrugadas.
A pesar de los recortes en el sector del entretenimiento nocturno, el decreto no elimina la operatividad continua para la totalidad de la economía local. Los establecimientos dedicados a la industria, la manufactura, las farmacias, los hoteles, los moteles, las entidades financieras, las salas de cine y los gimnasios mantendrán la habilitación para prestar servicio las 24 horas del día, condicionados a garantizar las normas de convivencia fijadas en la Ley 1801 de 2016.
Las plazas de mercado de la ciudad y el Parque Agroalimentario PAAT tampoco verán interrumpida su autorización de funcionamiento continuo de 24 horas, aunque el documento especifica que dicho horario podrá ajustarse a las limitaciones del reglamento interno de cada centro de acopio.
Las restricciones principales recaen sobre la venta y consumo de bebidas embriagantes. Pubs, licoreras, discotecas, café bares, bares, casinos y casas de apuesta deberán suspender la atención al público a las 00:00 horas los días lunes, martes y miércoles. Los jueves podrán operar hasta las 2:00 a.m. del día siguiente, mientras que los viernes, sábados y días prefestivos que no caigan domingo se autorizó el funcionamiento hasta las 3:00 a.m. del día siguiente. Los domingos el horario de cierre quedó fijado a las 11:00 p.m.
En los restaurantes y gastrobares se autorizó la venta de alimentos durante las 24 horas, pero la venta y consumo de licor quedó sujeta a las franjas de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 00:00 horas; viernes, sábados y prefestivos que no sean domingo de 10:00 a.m. a 3:00 a.m. del día siguiente; y domingos de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. Las cafeterías con servicio de 24 horas solo podrán vender trago entre las 8:00 a.m. y las 00:00 horas.
Las tiendas de barrio funcionarán de 5:00 a.m. a 00:00 a.m. para el expendio de abarrotes, fijando la comercialización de bebidas alcohólicas de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., exclusivamente para llevar, con prohibición de consumo en andenes o mostradores. Las canchas sintéticas, billares, tejo, boliranas y centros gallísticos operarán de 6:00 a.m. a 00:00 a.m. Las obras de construcción privadas tendrán permiso de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Las autoridades de policía quedan facultadas para aplicar la suspensión temporal de la actividad comercial a los establecimientos que violen los horarios estipulados. La norma ratifica la obligatoriedad de insonorización para locales con música, la prohibición de ingreso o venta de licor a menores de edad y la exigencia de tramitar permisos previos ante la Secretaría del Interior para eventos de aglomeración de público en Tunja.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚
El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja admitió, para su trámite en primera instancia, una demanda de acción popular interpuesta contra el municipio, la cual busca obligar a la administración municipal a ejecutar estudios, asignar recursos y adelantar obras que solucionen los recurrentes problemas de movilidad y seguridad vial en la intersección semafórica cercana a los centros médicos de Colsubsidio y Sanitas.
La acción judicial tiene como propósito amparar los derechos e intereses colectivos relacionados con la prevención de daños previsibles técnicamente, la realización de construcciones de manera ordenada, la protección de los bienes de uso público y la defensa del patrimonio público en la capital boyacense.
El daño colectivo señalado por la parte actora radica en las condiciones actuales de la intersección semafórica ubicada en el sector colindante con el centro médico Colsubsidio y la EPS Sanitas, una vía calificada como estratégica y de alto flujo vehicular. Según la demanda, en este punto se presentan desde hace varios años fuertes trancones, traumatismos en la movilidad, entrecruzamientos y represamientos, especialmente durante las horas pico. Esta situación generaría riesgos e inseguridad vial para los distintos actores que transitan por la zona, sin que hasta el momento se conozcan las causas técnicas de la problemática ni la entidad demandada haya adoptado medidas idóneas para superarla.
Para resolver la situación, la demanda plantea tres pretensiones principales dirigidas al representante legal del municipio de Tunja. En primer lugar, solicita que se le ordene llevar a cabo, en un término perentorio, las evaluaciones, inspecciones y estudios técnicos especializados que permitan determinar tanto las causas de los embotellamientos como las medidas para su superación. En segundo lugar, exige la asignación formal de los recursos públicos necesarios para financiar dichos estudios. Finalmente, pide que se ordene la contratación y ejecución de las obras y acciones que emanen de las evaluaciones técnicas para solucionar definitivamente los traumatismos vehiculares en este cruce.
El auto admisorio, fechado el 10 de septiembre de 2026, detalla que el accionante cumplió con el requisito de procedibilidad al presentar una reclamación directa ante la Alcaldía de Tunja el pasado 7 de agosto. Como respuesta, mediante un oficio emitido el 31 de agosto, la entidad territorial indicó que actualmente se encuentra en la fase de planificación y estructuración de estudios previos para contratar una consultoría orientada a establecer el plan de modernización de la red semafórica de toda la ciudad, dentro del cual se encuentra el sector objeto del litigio. La Alcaldía expuso que las acciones correspondientes se realizarán una vez se cuente con los resultados de dicha consultoría, respuesta que motivó la radicación del mecanismo de participación ciudadana.
Al encontrar que la demanda reúne todos los requisitos de ley, la jueza Bibiana del Pilar Carvajal Téllez admitió el medio de control bajo el radicado 15001 3333012 2026 00180 00 y ordenó notificar personalmente la decisión al representante legal del municipio, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se le ordenó a la administración municipal realizar la publicación de un aviso sobre la admisión de la demanda en un lugar público de su dependencia y en su página web oficial. Una vez se surta el proceso de notificación, el municipio de Tunja contará con un término de diez días para contestar la demanda y solicitar pruebas, periodo tras el cual el despacho judicial contará con treinta días para proferir una decisión de fondo.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐨́ 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐥𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, cuestionó la exclusión y las afectaciones institucionales que sufren las personerías en distintas regiones del país y citó el caso ocurrido en la capital de Boyacá durante la administración del exalcalde Mikhail Krasnov, periodo en el que la Personería Municipal debió abandonar la sede física que ocupaba en las instalaciones de la Alcaldía.
Durante su intervención en la Asamblea General Derecho a la Ciudad, celebrada en Barranquilla, el jefe del órgano de control enfatizó la necesidad de proteger la independencia y la dignidad de las agencias del Ministerio Público frente a las administraciones locales. El Procurador General de la Nación sostuvo que los personeros no deben quedar supeditados al poder de los alcaldes ni convertirse en víctimas de determinaciones arbitrarias o sectarismos derivados de diferencias políticas e investigaciones disciplinarias.
El Procurador señaló además que las presiones contra los personeros no se limitan al despojo del espacio físico, sino que abarcan dimensiones institucionales y presupuestales que condicionan el ejercicio de sus funciones en los municipios.
El hecho evocado por el Procurador hace referencia al desalojo ordenado a finales del año pasado por la administración saliente de Tunja. En aquella ocasión, la medida obligó a la Personería a prestar atención a la intemperie y a suspender sus servicios presenciales por más de un mes, interrumpiendo la permanencia de la entidad en el edificio de la Plaza de Bolívar, lugar donde venía funcionando históricamente desde 1917 y de forma continua tras la remodelación de la estructura en 1957.
El episodio mencionado en el encuentro nacional tuvo un reciente desarrollo en la capital boyacense, donde la administración del alcalde Rafael Acevedo y el personero municipal Nelson Andrés Villabona suscribieron un nuevo contrato de comodato por diez años. La firma de este acuerdo formalizó la continuidad de la agencia del Ministerio Público en el inmueble municipal hasta el año 2036, restableciendo la atención presencial de las solicitudes y denuncias de la ciudadanía en la sede tradicional.
𝐅𝐚𝐥𝐥𝐨́ 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 $𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La audiencia de concertación y seguimiento al Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, adelantada entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S. (EDT), finalizó sin acuerdos y fue declarada fallida por la administración municipal. La diligencia, realizada este martes 8 de septiembre con la participación de las secretarías de Infraestructura y Educación junto a la Unidad Especial de Contratación Estatal (UEC), evidenció el incumplimiento reiterado de las obligaciones fijadas al contratista para la entrega de las obras de presupuestos participativos en la capital boyacense.
Durante la sesión, la supervisión del municipio constató que el representante legal de la entidad antioqueña, Nicolás Tavera Trujillo, y su apoderado no entregaron el cronograma ajustado de trabajo con fecha límite de finalización al próximo 30 de septiembre de 2026, requisito indispensable pactado en la reunión previa del pasado 26 de agosto. Asimismo, la administración local reportó que el contratista no realizó el acompañamiento técnico obligatorio durante las visitas de inspección y medición física adelantadas por el personal de la Secretaría de Infraestructura en los frentes de trabajo de la ciudad.
El balance presentado por el secretario de Infraestructura Territorial de Tunja, Élmer Román Díaz Ruiz, reveló que las mediciones consolidadas en campo certifican un avance real ejecutado del 34 % en el contrato. La cifra contrasta con el nivel de ejecución programado para esta etapa, el cual debería situarse entre el 90 % y el 95 % de avance físico y presupuestal a tan solo 22 días del vencimiento del plazo de ejecución contractual.
La declaración de audiencia fallida se suma al expediente administrativo que afronta la EDT de Donmatías, luego de que el pasado 17 de junio la supervisión municipal radicara ante la UEC la solicitud formal para dar apertura al procedimiento sancionatorio de declaratoria de incumplimiento. A esta medida se añade el informe oficial con corte a julio de 2026, en el que se documentó que de los $15.076 millones asignados al proyecto, la administración de Tunja desembolsó en diciembre de 2025 un pago anticipado del 95 %, equivalente a $14.337 millones, sin que a la fecha exista ningún tramo vial o equipamiento comunitario recibido a satisfacción ni respaldado con certificados de calidad de la interventoría.
Ante el resultado negativo de la mesa técnica, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación alistan la radicación de un informe técnico actualizado bajo los formatos requeridos por la UEC, trámite previsto para este jueves o viernes. Este documento consolidado servirá como insumo legal definitivo para que la Unidad Especial de Contratación de Tunja cite formalmente a una nueva audiencia pública donde se evaluará la declaratoria sancionatoria por incumplimiento contractual contra la empresa pública del municipio antioqueño.
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢𝐧̃𝐚́𝐧 𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨, 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚
El Concejo Municipal de Tunja comprometió más de 42 millones de pesos mediante tres órdenes de compra firmadas el 30 de diciembre de 2025, a un día de finalizar el periodo de la Mesa Directiva encabezada por la entonces concejala Sandra Milena Estupiñán Orjuela. El informe final de la auditoría financiera, de gestión y resultados elaborada por la Contraloría Municipal de Tunja reveló que los compromisos, destinados al suministro de papelería, la adquisición de equipos de cómputo y sistemas de transmisión, no alcanzaron a ejecutarse dentro de esa anualidad fiscal, lo que obligó a la constitución extemporánea de reservas presupuestales para el año siguiente.
A la firma de estos compromisos de última hora se sumó la identificación de una sobreestimación de las cuentas del pasivo por un valor de 17.206.805 pesos al cierre de esa misma vigencia. La revisión del organismo fiscalizador determinó que este saldo correspondió a registros figurantes a favor de terceros por concepto de contratos no ejecutados, pagos omitidos en la trazabilidad financiera y valores causados en los libros de la entidad que no contaban con soporte documental idóneo.
El examen a la contratación del cabildo evidenció además que el 97,1 por ciento de los recursos asignados a la contratación pública durante 2025 se ejecutó mediante la modalidad de vinculación directa. En total, 1.184 millones de pesos de un presupuesto contratado de 1.248 millones de pesos se destinaron a la celebración de 135 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. La corporación recurrió a este esquema para cubrir labores de carácter permanente en la entidad, fundamentada en la existencia de solo tres cargos dentro de su planta de personal.
En materia de transparencia y publicidad de la información pública, la evaluación del ente de control arrojó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria por la omisión en el cargue en la plataforma SECOP II de las actas y comprobantes de egreso que acreditan el pago del contrato suscrito para asesorar la selección de la Contralora Municipal y del Secretario General de la corporación. Asimismo, la auditoría constató la falta de publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página web del Concejo y en la plataforma SIA Observa.
La revisión técnica incluyó observaciones administrativas sobre la ausencia de un procedimiento interno estandarizado que fije perfiles académicos, experiencia y criterios objetivos de selección para la contratación de las Unidades de Apoyo Normativo asignadas a los cabildantes. Tras la notificación del informe final que consolidó un total de siete hallazgos administrativos, la corporación deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento para subsanar las irregularidades identificadas en la administración del presupuesto y la gestión contractual de ese periodo
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, el cual está encabezado por Riohacha, cuya variación del IPC fue de 0,71%, mientras que el registro de variación del IPC en Tunja fue de 0,54%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,39%, mientras que la ciudad con menor variación del IPC para este mes fue Manizales con 0,20%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la décimo primera con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,97%, mientras que el promedio nacional fue de 6,24%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Riohacha (4,37%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Medellín (7,07%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante agosto fue el de recreación y cultura, que representó una variación del 2,17%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,48%), seguido de información y comunicación (0,92%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante agosto fueron restaurantes y hoteles (-0,07%), transporte (-0,01%), y bebidas alcohólicas y tabaco (0,04%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 7,58%, seguido de información y comunicación con un 7,36%, y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que tuvo una variación del 6,46%. Caso contrario es el de los rubros de prendas de vestir y calzado (3,78%), seguido de salud (4,91%) y recreación y cultura (5,10%).
𝐄𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐮𝐬𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥
El inmueble del antiguo motel Mansión Real, ubicado a las afueras de Tunja, no se utilizará como un centro de detención transitorio para personas involucradas en casos de violencia intrafamiliar, como había sido anunciado hace unas semanas. La administración municipal modificó la orientación de la solicitud ante las autoridades nacionales con el propósito de destinar el predio a la atención de programas de carácter social en la capital boyacense.
El planteamiento de usar este bien para albergar temporalmente a agresores intrafamiliares fue descartado tras una evaluación realizada entre el gobierno municipal y la Sociedad de Activos Especiales. De acuerdo con la revisión de las instalaciones, la infraestructura del lugar no cumple con las especificaciones requeridas para el funcionamiento de un establecimiento de reclusión, motivo por el cual la Alcaldía solicitó que la entrega del predio se concrete para la atención de sectores vulnerables, entre ellos la población de adultos mayores.
El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, confirmó la decisión sobre el cambio en el uso del predio y precisó los motivos por los cuales no se adelantará allí un proyecto de carácter penitenciario. "A ver mire, eso lo analizamos ahí en la SAE y pues realmente esta circunstancia no obedecería para un tema carcelario, obedece para un tema social y vamos a que verdaderamente se le entregue al municipio pero para temas sociales. Hay tema de ancianos, hay temas de diferentes circunstancias especiales más que una cárcel. Para esto hemos estructurado el otro proyecto. Yo sé que hay que dar dignidad a todos, pero hay cosas también que son fundamentales y son importantes que se deben hacer en pro de la población más desprotegida", afirmó el mandatario.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐥𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚
La administración municipal de Tunja planea el traslado de las personas privadas de la libertad que permanecen en la estación de policía del sector Las Hinojosas hacia un predio propiedad del municipio ubicado detrás de la Casa de Justicia. Con esta iniciativa se busca mitigar el hacinamiento y atender las deficiencias de infraestructura en el lugar actual mediante el alquiler e instalación de contenedores acondicionados técnicamente para albergar a esta población.
El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, confirmó que el convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se encuentra firmado, pero enfatizó en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para las personas retenidas. "Más que firmar el convenio con el INPEC es dar dignidad a estas personas que están allá por un rato, por un tiempo y que son responsabilidad del municipio. Entonces estamos mirando cómo en este sector es difícil poderlos mantener. Vamos a estar proyectando una circunstancia especial de unos temas de carceletas que llaman, para que sean funcionales en otro lado. Allá detrás de la Casa de Justicia tenemos un buen lote donde vamos a alquilar estas carceletas y vamos a hacer un centro digno para esta gente", explicó el mandatario.
Respecto a la ejecución del traslado, el mandatario indicó que se estructurará un plan para implementar la infraestructura temporal en el nuevo terreno. "Vamos a estructurar un proyecto rápido de emergencia para poder trasladar estas personas y alquilar. Ahora hay un tema muy práctico de arrendamiento que se puede hacer para que unos containers técnicamente dotados con las especificaciones de dignidad que deben tener, se puedan organizar rápidamente y llevar a estas personas allá para que sea también seguro para el municipio y para ellos también", sostuvo Acevedo Pedroza.
𝐉𝐮𝐳𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐭𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐯𝐞𝐝𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐏𝐢𝐫𝐠𝐮𝐚
El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja determinó que la sociedad Constructora Project Group S.A.S. se mantiene como la única empresa titular y demandada dentro del proceso de nulidad interpuesto por el municipio de Tunja contra las licencias del proyecto urbanístico Pontevedra, ubicado en la vereda Pirgua. Mediante auto proferido el 3 de septiembre de 2026, el despacho judicial dejó sin efectos las órdenes que buscaban ubicar a supuestos compradores en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tras confirmar que la constructora no ha traspasado el dominio de los inmuebles y conserva la titularidad de las resoluciones expedidas por la Curaduría Urbana Número Dos de Tunja.
La decisión judicial reactivó el seguimiento sobre las licencias de subdivisión y construcción otorgadas para ese predio rural, las cuales se encuentran suspendidas de manera provisional en el marco del expediente radicado bajo el número 15001333301420250017100. Dentro del trámite de este medio de control promovido por la administración municipal, la jueza Yolima Andrea López Daza desestimó las peticiones de la empresa constructora que pretendían ajustar o delimitar la orden de paralización de las obras, dejando firme la obligación de abstenerse de adelantar trabajos constructivos en la zona mientras el Tribunal Administrativo de Boyacá resuelve los recursos de apelación concedidos en efecto devolutivo.
El expediente administrativo reveló que la Alcaldía de Tunja solicitó la adopción de medidas debido a denuncias por el presunto incumplimiento de la orden de suspensión dictada a comienzos de año. Aunque la representación legal de la Constructora Project Group S.A.S. argumentó que la presencia de trabajadores en el sitio obedecía a labores menores de acabado en viviendas que se encontraban en fase final, el Juzgado realizó un cotejo de las inspecciones técnicas y los registros fotográficos aportados por las partes. En dicha verificación se constató que al menos cinco inmuebles registraron avances en sus estructuras y mampostería, pasando de etapas iniciales de cimentación a levantar paredes y placas en fechas en las que la orden de frenar la obra ya estaba vigente.
Frente a las quejas de la empresa constructora sobre los cierres y sellamientos instalados por el municipio de Tunja en los accesos al predio de mayor extensión, la providencia aclaró que las actuaciones de control urbano adelantadas por las dependencias municipales corresponden al cumplimiento directo del mandato judicial. El despacho precisó que el efecto devolutivo con el que se tramita la impugnación de la medida cautelar impone la obligación de acatar la paralización de las licencias, por lo que la administración municipal mantiene sus competencias para fiscalizar el lote y aplicar las sanciones administrativas a las que haya lugar.
A las actuaciones del caso se sumó un informe de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P., en el cual el operador de servicios públicos reportó el hallazgo de una presunta conexión no autorizada a la red de alcantarillado e intervenciones sobre un pozo que forma parte del sistema de drenaje pluvial en el sector de Pirgua. Tras las inspecciones en terreno realizadas junto a la Policía Ambiental y cuadrillas técnicas, la empresa procedió a suspender las obras de infraestructura hidráulica y dio traslado del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El Juzgado resolvió abstenerse por el momento de compulsar copias penales ante la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la Alcaldía de Tunja debe agotar primero los procedimientos sancionatorios de su competencia. Para garantizar la efectividad del fallo, el Juzgado Catorce Administrativo ordenó a la administración municipal rendir informes mensuales obligatorios y sin necesidad de requerimiento, en los cuales debe presentar las pruebas fotográficas y técnicas que certifiquen los operativos de vigilancia realizados en la vereda Pirgua para evitar la continuidad de los trabajos. De igual manera, la secretaría del despacho procedió a solicitar copia del proceso N° 150013333005020250012900 que cursa en el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Tunja, con el fin de resolver una excepción procesal de pleito pendiente
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió en primera instancia la demanda de acción popular que busca la instalación de medidas de señalización y reductores de velocidad en la Avenida Olímpica, a la altura del ingreso y salida del Gimnasio Villa Fontana. El recurso judicial, radicado con el número 150013333 008 202600181 00, fue presentado por los ciudadanos Doris Patricia Hernández Cristancho, Sandra Carolina Dueñas y Daniel Camilo Rivera Echenique en contra del municipio de Tunja.
La pretensión principal de los demandantes es que la administración municipal instale bandas reductoras o reductores de tipo policía acostado en ambos sentidos de la vía, exactamente en la diagonal 33 N.° 1B-07 y carrera B-32 del barrio Sauces de la Pradera. Los promotores invocan la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente.
De acuerdo con el expediente, los ciudadanos elevaron una reclamación previa ante la Alcaldía de Tunja el 26 de agosto de 2025. Sin embargo, la entidad municipal emitió una respuesta negativa mediante el oficio ATU2025EE047723 del 30 de septiembre de 2025, lo que motivó el inicio del proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El Juzgado ordenó notificar de la decisión al representante legal del municipio de Tunja, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público. La administración municipal dispone de un plazo de diez días hábiles para responder a la demanda y solicitar las pruebas que considere necesarias para su defensa.
𝐕𝐢́𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Una acción popular interpuesta ante los juzgados administrativos del circuito de Tunja solicita la suspensión inmediata de la ejecución del Convenio de Asociación No. 1270 de 2026, celebrado entre la Alcaldía de Tunja y la Fundación Cultural Solsticio para la organización del Aguinaldo Boyacense. La demanda constitucional fue radicada por los ciudadanos Juvenal Santisteban Rodríguez y Zuly Paola González Quintero, quienes pretenden la protección colectiva de los recursos públicos municipales y la moralidad administrativa frente al proceso contractual.
La solicitud central del recurso legal pide al juez decretar una medida cautelar de urgencia encaminada a ordenar la congelación, retención y prohibición de efectuar desembolsos o giros de dinero del erario que aún no se hayan ejecutado. Los demandantes argumentan presuntas afectaciones a los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la libre competencia económica en el desarrollo del Proceso de Selección RE-AMT-0052026. La cuantía total del convenio asciende a 14.285.714.286 pesos, de los cuales el municipio de Tunja aporta 10.000.000.000 de pesos respaldados mediante registro presupuestal, mientras que la suma restante de 4.285.714.286 pesos figura como contrapartida a cargo de la entidad privada contratista.
El escrito fundamenta la intervención del juez administrativo bajo los parámetros del artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma que faculta al juez popular para adoptar medidas de protección sin que esto implique la declaración de nulidad del contrato. En el texto se advierte que la medida resulta urgente debido al riesgo inminente de un primer desembolso equivalente al 50 por ciento del valor del negocio, correspondiente a 7.142.857.143 pesos, el cual fue pactado bajo la figura de pago anticipado respaldado mediante póliza de garantía.
En el análisis técnico expuesto en la demanda, los accionantes sostienen que la inclusión de anticipos o pagos anticipados no corresponde a la naturaleza de los convenios de asociación regulados por el Decreto 092 de 2017. De igual manera, el documento cuestiona la falta de verificación sobre la disponibilidad real de los recursos propios de la fundación para cubrir la contrapartida exigida. En cuanto a la libre competencia, la acción legal señala presuntas restricciones derivadas de un cronograma de cinco días calendario para presentar propuestas y la exigencia de cartas de compromiso de artistas determinados como Pipe Bueno, Paola Jara, Fruko y sus Tesos, The Mills y Sin Ánimo de Lucro, factores que habrían derivado en la habilitación de un único oferente.
La acción popular incorpora además de forma complementaria las disposiciones de la Ley 2615 del 29 de julio de 2026, referida al fomento de la música y la protección de los agentes culturales. Los ciudadanos hacen referencia al presupuesto contemplado en el proceso, el cual destina 7.676.000.000 de pesos para 15 agrupaciones de alcance nacional e internacional y 350.000.000 de pesos para 21 artistas locales, por lo cual solicitan al despacho verificar la aplicación de la cuota mínima del 40 por ciento de participación de mujeres creadoras e intérpretes exigida en la legislación vigente.
El trámite procesal se encuentra a la espera del auto de reparto que asigne el expediente a uno de los Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Tunja. El despacho designado deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda y resolver la procedencia de la medida cautelar que busca congelar la ejecución presupuestal del convenio mientras se adelanta el estudio de fondo sobre los hechos expuestos por los demandantes.
"𝐋𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐨 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧", 𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐛𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, y el personero municipal, Nelson Andrés Villabona, encabezaron un acto protocolario en el edificio de la administración municipal con el fin de ratificar el respaldo institucional a la agencia del Ministerio Público, tras la expulsión de la que fue objeto la entidad durante la gestión del exalcalde Mikhail Krasnov. El encuentro sirvió como marco para la firma de un nuevo contrato de comodato con la Alcaldía de Tunja, acuerdo que garantiza la permanencia formal de la agencia del Ministerio Público en el edificio municipal, ubicado en la Plaza de Bolívar, durante un periodo de 10 años.
Aunque la Personería Municipal reanudó la atención al público en sus oficinas habituales desde comienzos de este año, la jornada de hoy funcionó como un reconocimiento público a la afectación sufrida por la entidad a finales del año pasado, cuando debió prestar sus servicios a la intemperie y posteriormente suspender labores de manera presencial por más de un mes debido al desalojo ordenado por la anterior administración.
Durante la reunión, el alcalde Acevedo afirmó que la pérdida de la sede por diferencias políticas nunca debió ocurrir y anunció que su equipo jurídico y la Oficina de Bienes y Servicios adelantaron los trámites correspondientes para cesar las acciones o procesos sancionatorios iniciados en la administración saliente, dando paso a la firma del nuevo contrato de comodato que brinda estabilidad al organismo de control hasta 2036.
Por su parte, el personero Nelson Andrés Villabona sostuvo que la jornada representa un acto de justicia con su equipo de trabajo y con la ciudadanía. En su intervención, el jefe del organismo de control recordó que la presión sobre la entidad respondió a las investigaciones que adelantaban sobre la gestión de Krasnov, señalando que la historia dio la razón a la Personería y que cuando las cosas se hacen mal, terminan mal.
Villabona subrayó además el valor histórico de la sede, al recordar que la entidad funciona en ese lugar desde hace décadas y que, tras la remodelación del edificio municipal en 1957, continuó operando en la edificación cuya presencia institucional se remonta a 1917. El personero destacó que con la suscripción del comodato se cierra el capítulo de incertidumbre sobre la ubicación física de la entidad para atender quejas, denuncias y solicitudes de la población, aunque precisó que continuará adelantando gestiones para conseguir en el futuro una sede propia.
Finalmente, el Personero informó que la entidad ha recibido más de 20.000 solicitudes ciudadanas en lo corrido del año 2026, a pesar de las dificultades presupuestales enfrentadas en los últimos años. Respecto al relacionamiento con el actual gobierno municipal, Villabona enfatizó que la entidad continuará ejerciendo su labor de vigilancia de manera independiente a la administración de turno, trabajando de la mano con veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal y la comunidad en general.
Tunja alcanzó una tasa de desocupación del 18,1% en la población entre 15 y 28 años durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026. De acuerdo con los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la capital de Boyacá se ubicó como la séptima ciudad con el indicador más alto entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas en el país.
El reporte oficial muestra que la cifra de desocupación juvenil registrada en Tunja representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año 2025, periodo en el que este indicador se situó en 17,3%.
Con el 18,1% de desempleo juvenil, la capital boyacense superó el promedio nacional de esta categoría para el trimestre mayo-julio de 2026, fijado en 14,1%, así como las mediciones consolidadas para las 23 ciudades y áreas metropolitanas (15,2%) y para las 13 ciudades principales (15,1%).
En la clasificación nacional específica de desempleo en la población de 15 a 28 años, Quibdó registró la tasa más elevada con un 33,6%, seguida por Sincelejo (25,8%), Cartagena (25,4%), Montería (22,3%), Ibagué (20,9%) y Barranquilla Área Metropolitana (18,9%). Inmediatamente después de la capital del Atlántico se ubicó Tunja, con una tasa superior a la de otras capitales del país como Cali Área Metropolitana (17,6%), Cúcuta Área Metropolitana (17,3%), Pasto (16,6%) y Manizales Área Metropolitana (16,0%).
Por el contrario, los indicadores de desocupación juvenil más bajos del país durante el trimestre mayo-julio de 2026 correspondieron a Pereira Área Metropolitana (12,1%), Medellín Área Metropolitana (12,5%), Florencia (12,5%), Popayán (13,1%), Bucaramanga Área Metropolitana (13,3%) y Bogotá D.C. (13,6%).
Este panorama específico en la población joven se enmarca en el comportamiento del mercado laboral general de la ciudad para el mismo periodo de análisis. En el trimestre mayo-julio de 2026, Tunja registró una tasa de desempleo global del 12,4%, cifra que ubicó a la capital boyacense como la quinta ciudad con mayor desempleo general en Colombia y que se posicionó 4,3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, el cual se fijó en 8,1%. Este resultado global también evidenció un aumento frente al 11,0 % reportado en el mismo periodo de 2025 y ante el 11,6 % del trimestre inmediatamente anterior.
De acuerdo con las estimaciones generales sobre el mercado laboral en Tunja, en la ciudad hay cerca de 145.969 personas en edad de trabajar, de las cuales 11.048 figuran desocupadas y 3.893 se encuentran en condición de subocupación. En contraste con los índices de desocupación, la capital boyacense se posicionó como la tercera ciudad del país con menor tasa de informalidad laboral con un 35,7 %, registro superado únicamente por Bogotá (32,6 %) y Manizales (35,6 %).
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜́ 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜, 𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil mayo-julio, Tunja es la quinta ciudad con más desempleo en Colombia. Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 12,4%, es decir, 0,8 puntos porcentuales por encima del trimestre anterior. El promedio nacional para este trimestre fue del 8,1%.
Este resultado, no solo refleja una tendencia de alcista frente al trimestre anterior, sino también en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, pues para dicho periodo pero de 2025 se registró una tasa de desempleo del 11,0% en la capital boyacense.
Tunja es la tercera ciudad con menor tasa de informalidad (35,7%), aumentando en comparativa con el trimestre anterior (35,1%), y disminuyendo en relación al registro de hace un año, cuando era del 40,2%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (32,6%), seguido de Manizales (35,6%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 145.969 personas en edad de trabajar, de estas, 11.048 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.893 personas.
El Instituto Nacional de Vías adelanta gestiones para transferir la administración y la responsabilidad operativa de la Avenida Oriental a la capital boyacense. La propuesta busca que la administración municipal asuma directamente la regulación del tránsito, el ordenamiento de la infraestructura y el control de la movilidad sobre este corredor, que en los últimos años ha transformado su dinámica de vía nacional a un eje de circulación urbana caracterizado por un alto flujo vehicular y reiterados índices de siniestralidad.
La eventual entrega del corredor vial iría acompañada de una asignación presupuestal aproximada de 7.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. Según lo expuesto por la administración municipal tras reuniones con la dirección general de la entidad nacional, estos recursos se destinarían a la ejecución de obras de mantenimiento en los tramos en mal estado, así como a la estructuración de intervenciones urbanas entre las que se contemplan glorietas y pasos peatonales para conectar los sectores oriente y occidente de la ciudad.
El argumento técnico para este traspaso se fundamenta en la necesidad de intervenir directamente la calzada, la cual presenta un deterioro progresivo en la capa asfáltica con deformaciones y huecos que generan riesgo para los conductores. Al asumir la jurisdicción de la vía, el municipio sostiene que podrá implementar medidas inmediatas de señalización, gestión del tráfico y prevención de accidentes que actualmente dependen de la oferta y programación de la nación.
La Avenida Oriental ha servido históricamente como paso nacional en la conexión del transporte intermunicipal e interdepartamental a su paso por Tunja, más allá de la existencia de la doble calzada BTS.
𝐒𝐞 𝐜𝐚𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
La justicia administrativa en Tunja rechazó de forma definitiva dos demandas populares presentadas contra la organización de la versión 2026 del Aguinaldo Boyacense. Las decisiones se tomaron en juzgados distintos luego de que los demandantes no corrigieran las fallas procesales señaladas en los primeros cobros de revisión y dejaran vencer los plazos que fijaba la ley.
Ambos recursos buscaban suspender o modificar las reglas de la Convocatoria Pública de Régimen Especial RE-AMT-0052026, mediante la cual el Municipio de Tunja contrata los componentes del evento. Sin embargo, ninguna de las dos acciones superó la fase inicial en los estrados locales por errores en la presentación de los documentos y la elección incorrecta de las vías legales.
El primer caso involucró al gestor cultural Luis Emilio Díaz Salamanca, quien acudió a los tribunales pidiendo garantías presupuestales para artistas locales y la inclusión de la música electrónica y el movimiento DJ. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Tunja inadmitió el recurso porque el demandante envió su petición a la Alcaldía solo una hora antes de acudir a los juzgados.
Las normas contemplan que la ciudadanía debe dar un plazo de 15 días a la administración pública para responder a los reclamos antes de interponer una acción popular. Al no esperar la respuesta formal ni probar la existencia de un perjuicio inminente, el despacho concedió tres días para ajustar la demanda. Ante el silencio del ciudadano, el juzgado ordenó el rechazo y archivo del expediente.
El segundo expediente fue promovido por la empresa Constructora Díaz Fenix S.A.S. ante el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja. La firma cuestionó los requisitos de contratación exigidos a las entidades sin ánimo de lucro y pidió frenar la convocatoria de forma inmediata.
El juez a cargo frenó el trámite al señalar que las acciones populares no están diseñadas por ley para anular o suspender licitaciones o trámites precontractuales. La providencia indicó que los reclamos sobre los pliegos de contratación debían tramitarse mediante una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, previa conciliación. Dado que la empresa tampoco modificó su solicitud en el tiempo fijado, el juzgado emitió el rechazo definitivo.
𝐄𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
A un mes del vencimiento del plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, fijado para el 30 de septiembre de 2026, la comunidad del barrio La Fuente IV Etapa reporta modificaciones técnicas, reorientación de proyectos e incertidumbre por la reducción en los presupuestos asignados para sus obras a cargo de la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías.
Según lo dio a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, Andrés Fonseca, los trabajos contemplados para esta zona de Tunja corresponden a la intervención del salón comunal y la construcción de andenes y vías peatonales. En el caso del salón comunal, las visitas técnicas entre la comunidad, la Secretaría de Infraestructura Territorial y la firma contratista permitieron replantear los diseños iniciales. "Se pudo mostrar que no eran necesarios los cielorrasos, sino como tal unas cubiertas, porque dijimos nosotros de que nos sirve un cielorraso cuando las cubiertas están en mal estado y en cualquier momento puede entrar el agua y nos va a dañar el poco trabajo que se adelantó", explicó el líder comunitario.
Frente al componente de espacio público y andenes, las obras no han iniciado por impedimentos normativos y topográficos. Fonseca detalló que "los andenes primero no cumplen normativamente con el ancho, tendríamos que meternos a unas zonas verdes o meternos en la vía, porque los andenes están apenas de 90 centímetros". Adicionalmente, el dirigente comunal sostuvo que la estructura actual no ofrece garantías de estabilidad: "estructuralmente no están cumpliendo porque hace falta unos taludes que puedan sostener esos andenes para que no con el tiempo tengan que caerse hacia una ladera que hay ahí".
Ante la imposibilidad técnica de ejecutar los andenes en los puntos trazados originalmente, la junta de acción comunal radicó un derecho de petición con seis opciones de tramos o sectores del barrio para reorientar el proyecto peatonal y evitar la pérdida de la inversión. "Nos pidieron el favor que puntualmente dijéramos qué proyectos o qué vías podríamos priorizar a cambio de esos andenes que no se pudieron ejecutar", señaló el presidente de la junta, precisando que están a la espera de que la Secretaría de Infraestructura Territorial y la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías realicen las visitas técnicas para evaluar cuáles tramos peatonales son viables.
La junta de acción comunal reportó además ajustes a la baja en los montos destinados para el sector sin una explicación oficial por parte de la firma contratista. Según las cifras expuestas por Fonseca, la inversión para el salón comunal pasó de un presupuesto inicial de $72 millones a $66 millones, mientras que los recursos asignados para los andenes descendieron de aproximadamente $200 millones a $185 millones. "No lo sabemos realmente, no nos han querido confirmar por qué se deben esos cambios de valores", manifestó. La parálisis parcial de los trabajos mantiene inhabilitado el primer piso del salón comunal de la cuarta etapa de La Fuente, afectando el alquiler del espacio e impidiendo el ingreso de recursos para la gestión comunitaria.
𝟖 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐝𝐢́𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
El martes 8 de septiembre de 2026, a las 9:00 a. m., la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías retomarán la audiencia de concertación contractual. En esta diligencia, la administración municipal evaluará el plan de contingencia e informe técnico que presente la firma contratista para determinar si acoge su plan de choque o si formaliza el inicio de un incidente de incumplimiento sobre el Contrato Interadministrativo 1767 de 2025. El convenio, que cuenta con una asignación de $15.076 millones de pesos para obras de infraestructura vial, salones comunales, parques y sedes educativas, mantiene un vencimiento fijado para el 30 de septiembre de 2026.
La decisión de fijar dicha fecha surgió tras la reunión previa del procedimiento administrativo realizada en la mañana del 27 de agosto de 2026 entre la Unidad Especial de Contratación (UEC), la Secretaría de Infraestructura Territorial y el representante legal de esta empresa pública del municipio antioqueño. Durante el encuentro, se estableció que la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías deberá entregar un plan de contingencia ajustado estrictamente al plazo contractual restante. Asimismo, según lo explicó el secretario de Infraestructura Territorial, Elmer Román Díaz Ruiz, "a solicitud del mismo Donmatías pidió que hiciéramos unas mesas de trabajo, unos acercamientos en donde vamos a presentar esos planes de contingencia, o él va a presentar mejor los planes de contingencia a la supervisión". El funcionario precisó que estas jornadas de evaluación y visitas técnicas se llevarán a cabo entre el miércoles 2 y el viernes 4 de septiembre de 2026 para consolidar y unificar el porcentaje oficial de avance físico acumulado a corte del 27 de agosto.
El informe presentado ante la Comisión Accidental del Concejo Municipal por el Secretario de Infraestructura Territorial da cuenta de un avance físico avalado del 32,89% con corte oficial al 31 de mayo de 2026, frente a un avance programado que debería rondar el 90%. Por pilares de inversión, la malla vial registra una ejecución del 35,34%, los salones comunales un 31%, la infraestructura educativa un 15% y el componente de espacio público un 0%. Sobre este último pilar, el funcionario señaló la paralización de trabajos en sectores como el barrio Los Muiscas, donde se levantó el material sin ejecutar intervenciones posteriores. A la fecha, la supervisión técnica no ha recibido ni entregado a la comunidad ningún metro cuadrado de construcción.
Por su parte, el director encargado de la Unidad Especial de Contratación, Daniel Ricardo Piña, precisó la trayectoria jurídica y administrativa del proceso sancionatorio regulado por la Ley 1474 de 2011. El 17 de julio de 2026, la Secretaría de Infraestructura radicó el informe formal de presunto incumplimiento. Posterior a esta solicitud, las competencias sancionatorias y de ordenación del gasto fueron reasumidas de forma directa por el Despacho de la Alcaldía mediante el Decreto 159 de 2026, periodo en el que el contratista elevó solicitudes de aplazamiento y presentó una recusación contra la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez. Tras la expedición del Decreto 0199 del 29 de julio de 2026, las facultades fueron devueltas a la Unidad Especial de Contratación, dependencia que resolvió la recusación el 21 de agosto mediante el oficio 1083 y convocó la audiencia efectuada este 27 de agosto.
En el plano financiero y de fiscalización, el contrato registra un egreso de $14.337 millones de pesos por concepto de pago anticipado desembolsado el 24 de diciembre de 2025. Frente a la gestión de los entes de control, la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección y retiro de copias digitales del expediente entre el 21 y el 23 de junio de 2026, mientras que la Contraloría Municipal mantiene en custodia las carpetas físicas originales desde el 22 de julio del presente año, en el marco de una auditoría de cumplimiento en desarrollo.
𝐇𝐨𝐲 𝐝𝐚𝐫𝐚́ 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La Alcaldía de Tunja dará inicio este jueves a la audiencia del proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento contractual contra la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías. La diligencia responde al marcado retraso en el cronograma de ejecución de las obras viales y comunitarias en la capital boyacense, así como a las continuas inconformidades reportadas por los habitantes de los sectores intervenidos.
La determinación fue ratificada por el secretario de Infraestructura de Tunja, Elmer Román Díaz, en declaraciones entregadas a Última Hora Noticias. El funcionario señaló que el procedimiento busca aplicar la figura sancionatoria contemplada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, luego de que el trámite permaneciera suspendido semanas atrás por una recusación interpuesta por la entidad contratista contra la administración encargada anterior.
De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Infraestructura, el Convenio 1767, suscrito por más de 15.076 millones de pesos y proyectado inicialmente para un plazo de tres meses, registra un rezago frente a los compromisos establecidos. La administración municipal cuenta únicamente con un informe oficial radicado con corte a mayo de este año, en el que se reporta un avance físico del 34,3 %, correspondiente a 4.410 millones de pesos ejecutados. Según el cronograma oficial, cuya prórroga vence el próximo 30 de septiembre, la ejecución técnica debería superar el 90 %, equivalente a 12.000 millones de pesos en intervenciones concluidas.
En la entrevista, el secretario de Infraestructura explicó que la Secretaría de Hacienda certificó la transferencia de 14.337.117.405 pesos a la cuenta corriente de la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías, mediante diez giros realizados entre el 24 y el 27 de octubre de 2023. El funcionario desmintió que estos fondos generen rendimientos financieros para el municipio, exhibiendo un certificado expedido por la entidad bancaria y firmado por el representante legal de Don Matías, Nicolás Tavera, donde se hace constar que la cuenta registra cero pesos por este concepto.
El seguimiento de la supervisión reveló además que la firma contratista suscribió contratos de obra e interventoría con la empresa Ecoaq sin el aval ni la autorización escrita de la Secretaría de Infraestructura, acuerdo que no es reconocido por la actual administración. Pese a que Don Matías cobró 295 millones de pesos por concepto de administración de los recursos, la entidad no cuenta con una oficina de atención ni representación física en Tunja para atender las solicitudes de la ciudadanía.
La Alcaldía de Tunja confirmó que no ha recibido de manera parcial ni definitiva ningún metro cuadrado de las obras proyectadas. El convenio se encuentra bajo proceso de auditoría por parte de la Contraloría Municipal y es objeto de indagaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad que retiró más de 600 folios de documentación institucional para las investigaciones correspondientes. La acción legal se destrabó tras la decisión del alcalde Rafael Acevedo Pedroza de delegar las competencias correspondientes, lo que permitió a la Secretaría de Infraestructura solicitar formalmente la apertura del proceso ante la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, dependencia encargada de citar al representante legal de la empresa contratista.
𝐁𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
La administración municipal de Tunja busca reactivar la gestión financiera para la construcción de un planetario en la ciudad, una iniciativa contemplada en el programa de gobierno municipal y cuya inversión inicial se proyectó en 31.000 millones de pesos. Ahiliz Rojas Rincón, directora de la Unidad Especial de Ciencia, Innovación y Tecnología del municipio (Umiciti), confirmó que la propuesta ya se encuentra formulada en fase tres con estudios terminados de prefactibilidad y factibilidad, por lo que el plan actual se centra en actualizar los costos a precios de 2026 para presentar la solicitud formal de recursos ante el Gobierno Nacional.
Sobre la ubicación del complejo de divulgación científica, la funcionaria aclaró que los análisis técnicos y los diseños determinan que la infraestructura se construirá en el sector del Parque Recreacional del Norte, descartando otros puntos que se evaluaron previamente en la capital boyacense. "El proyecto está formulado, está en fase tres. Eso tiene estudios de prefactibilidad y factibilidad, y está para el Parque Recreacional. Se tienen los diseños, se tienen ya todos los estudios y por eso es que se va a presentar el proyecto", afirmó Rojas Rincón respecto a la ruta técnica trazada para tramitar la asignación presupuestal ante el nivel central.
Con esta gestión se pretende desengavetar una iniciativa que registraba sus últimos antecedentes públicos a finales de 2024, cuando desde la misma dependencia municipal se informó que la construcción requeriría un presupuesto superior a los 37.000 millones de pesos y que el proyecto formaba parte del banco de iniciativas en fase tres evaluadas junto a la Gobernación de Boyacá para el Pacto Bicentenario. La actualización financiera a costos de 2026 buscará ajustar la brecha presupuestal frente a las proyecciones iniciales para asegurar la viabilidad del complejo astronómico en el predio seleccionado.
𝐔𝐦𝐜𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐨 $𝟒𝟖 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐜𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐨
La Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Umciti) pagó la totalidad de un convenio para un diplomado en ciencia de datos en el que más del 61% de los participantes registrados sacaron calificación de cero, según lo reveló la Contraloría Municipal de Tunja en su auditoría a la vigencia fiscal 2025. El organismo de control notificó siete hallazgos administrativos, cuatro de ellos con presunta incidencia disciplinaria, en los que expuso deficiencias en la efectividad del gasto público, ejecución de recursos para compras a través de convenios de cooperación e irregularidades en la contratación directa.
El examen fiscal puso la lupa sobre el convenio de cooperación No. CV-UMCITI-002-2025, suscrito con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) por un valor de $48 millones de pesos para dictar el Diplomado en Ciencia de Datos para la Investigación y la Toma de Decisiones. Pese a que el informe final de ejecución presentado por el contratista manifestó un cumplimiento del 100% en el desarrollo de los contenidos, los registros oficiales de notas incorporados al expediente mostraron que de 76 personas inscritas, 47 participantes obtuvieron calificación de cero en la totalidad de los módulos y solo 12 lograron aprobar el programa. La Contraloría cuestionó que la entidad hubiera expedido el recibo a satisfacción y desembolsado los recursos sin realizar un análisis sobre el impacto real del gasto en la formación del talento humano de la ciudad. En el mismo proceso se constató que la contrapartida en especie prometida por la universidad, valorada en $9 millones de pesos para el soporte técnico y uso de plataformas, no fue objeto de verificación, valoración ni liquidación en el balance de terminación.
En la revisión de la contratación directa, el organismo fiscalizador identificó irregularidades en el convenio interadministrativo No. CV-UMCITI-001-2025 celebrado con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y de las Artes de Boyacá por un monto de $133,3 millones de pesos. La Umciti aportó $120,9 millones en dinero y el cooperante una contrapartida de $12,3 millones. Los recursos aportados por el municipio se destinaron a la compra de kits de robótica, tabletas, discos duros, relojes inteligentes, memorias USB, refrigerios y alquiler de equipos de sonido, situación por la cual la comisión auditora concluyó que se utilizó la figura del convenio de cooperación para tramitar el suministro de bienes que debió someterse a un proceso de selección competitiva. Adicionalmente, el expediente careció de documentos que acreditaran la idoneidad y experiencia específica del Fondo Mixto en materia de ciencia, tecnología o robótica educativa, al verificar que la trayectoria del cooperante corresponde al sector artístico y cultural.
Durante la ejecución de las actividades de robótica enmarcadas en el convenio con el Fondo Mixto, la auditoría evidenció la atención de estudiantes pertenecientes a instituciones educativas privadas de Tunja, entre ellas los colegios Bilingüe San Viator, Galileo Galilei, Nueva Granada, Moderno La Florida y Cooservicios. Esta actuación contravino lo establecido en los estudios previos y en la justificación de la conveniencia del gasto, documentos que restringieron la población beneficiaria a los docentes y alumnos de los colegios oficiales del municipio, sin que se acreditara una modificación contractual o la fuente de financiación empleada para cubrir la atención de los establecimientos privados.
El informe de auditoría detalló fallas en la gestión documental y en el ejercicio de la supervisión contractual. En el proceso contratado con el Fondo Mixto, la Contraloría estableció que el informe final de supervisión no reposaba en el expediente durante la ejecución ni en la visita de auditoría, sino que fue elaborado e incorporado al sistema SIA Observa en una fecha posterior a la notificación formal de las observaciones. Igualmente se reportaron inconsistencias técnicas en la elaboración de actos administrativos, tales como la mención a la Universidad Santo Tomás como contraparte en estudios previos y la expedición de una resolución de justificación de contratación directa que citó en sus considerandos al municipio de Duitama.
En el balance financiero de la vigencia 2025, la Umciti dispuso de un presupuesto definitivo de $1.253,1 millones de pesos, de los cuales ejecutó $1.026,2 millones, dejando un saldo sin ejecutar de $226,8 millones, que incluyó $141,3 millones no ejecutados en el rubro de inversión. Con base en la evaluación integral de los estados contables y la contratación, la Contraloría Municipal de Tunja feneció la cuenta fiscal de la anualidad 2025 con opinión financiera limpia y concepto presupuestal favorable, fijando un plazo de cinco días hábiles para que la entidad presente el plan de mejoramiento orientado a subsanar los siete hallazgos notificados.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐨́ 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 $𝟐𝟗𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐨𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 $𝟖𝟖𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
Inconsistencias en la constitución de reservas presupuestales por $296 millones de pesos y una cartera morosa por costos educativos que supera los $886 millones marcan los principales hallazgos de la auditoría efectuada por la Contraloría Municipal de Tunja al Colegio de Boyacá sobre la vigencia fiscal 2025. El organismo de control evaluó la gestión financiera y contractual de la institución educativa pública, determinando un total de 16 observaciones administrativas, entre las cuales cinco presentan presunta incidencia disciplinaria, además de calificar el control fiscal interno de la entidad como ineficiente.
La Contraloría Municipal de Tunja culminó el proceso de auditoría financiera, de gestión y resultados al Colegio de Boyacá correspondiente a la vigencia 2025, mediante la emisión del informe final en el que se feneció la cuenta fiscal pero se identificaron falencias en la administración de los recursos públicos. El informe expone que mediante la Resolución 002 del 6 de enero de 2026 la directiva del establecimiento público constituyó reservas presupuestales por un valor de $296.080.439 para el cierre de la anualidad 2025. No obstante, tras el análisis técnico de los expedientes, la comisión auditora estableció que solo procedía la constitución de $93.174.618 bajo esa figura. La investigación fiscal evidenció que en los contratos 53, 59, 116 y 117 los contratistas ya habían radicado sus facturas e informes antes de finalizar el año 2025, por lo que los compromisos debieron registrarse como cuentas por pagar y no como reservas presupuestales. La entidad fiscalizadora determinó que esta situación derivó de actuaciones administrativas previsibles y falta de planeación, configurando un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario.
En materia contable, el informe detalló deficiencias en la gestión de cobro de la cartera por concepto de costos educativos, la cual asciende a $886.953.279 con saldos vencidos que datan desde la vigencia 2018 hasta la 2025. Durante la anualidad 2025 la institución educativa únicamente logró recaudar $63.900.634 por deudas de años anteriores, equivalentes al 22,12% de lo gestionable. De 311 procesos de cobro coactivo aperturados entre 2020 y 2025 por un monto de $343.805.386, solo cinco trámites fueron concluidos. La Contraloría advirtió sobre un riesgo alto de prescripción de la acción de cobro en los saldos con morosidad superior a cinco años, lo que impacta la financiación de los gastos de funcionamiento del plantel y genera sobreestimación en los estados financieros. En el mismo componente financiero se hallaron giros duplicados en la cuenta de otros deudores por concepto de mayor valor pagado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por $11.998.108, pagos dobles de nómina a diez funcionarios por $32.915.872 y desembolsos duplicados por estampillas municipales, valores que aunque fueron reintegrados posteriormente, evidencian fallas en los controles previos y en la veracidad de los registros contables.
La auditoría evaluó una muestra de 29 contratos de un universo total de 99 suscritos durante 2025 y halló anomalías en la planeación y en la ejecución contractual. Entre las observaciones sobresale la posible duplicidad funcional en los contratos 021, 060, 007 y 055 de 2025, cuyos objetos comprenden servicios de comunicación institucional, manejo de redes sociales, actualización de la página web y producción audiovisual. La revisión documental determinó superposición de obligaciones entre los contratistas sin una delimitación clara en los estudios previos. De igual forma se identificaron fallas de planeación en los contratos 005 y 102 de 2025 para apoyo jurídico; el primer contrato por $27.000.000 finalizó por terminación anticipada el 16 de octubre de 2025 a solicitud del contratista, y al día siguiente, 17 de octubre, la administración le otorgó un nuevo contrato con idéntico objeto. En cuanto a la contratación de obra pública, el contrato 054 de 2025, destinado a adecuaciones locativas en la sección Santos Gutiérrez por $167.955.390, fue suspendido durante tres meses por imprecisiones en los diseños de elementos en vidrio y falta de cotizaciones, lo que fue tipificado como un hallazgo administrativo con alcance disciplinario.
El informe fiscal reveló el incumplimiento de la normatividad tributaria territorial al omitirse la liquidación, retención y recaudo de la Estampilla para la Justicia Familiar en las cuentas de pago de la contratación auditada, tributo estipulado en el Acuerdo Municipal 049 de 2023 del Concejo de Tunja, constituyendo otra observación con presunta incidencia disciplinaria. En el ámbito de la transparencia y la publicidad, el organismo de control constató que el Colegio de Boyacá celebró 117 contratos durante 2025, pero solo publicó 66 en el portal web institucional, dejando un 43,59% de la contratación sin acceso para la ciudadanía. Asimismo, el enlace dispuesto para la descarga del Informe de Austeridad del Gasto arrojó error de página no encontrada, incumpliendo las exigencias de la Ley 1712 de 2014, hallazgo catalogado con presunto alcance disciplinario. Adicionalmente, el plantel no expidió un acto administrativo para formalizar las políticas de austeridad del gasto en la vigencia examinada.
En el seguimiento de la supervisión contractual, el equipo auditor estableció que el 75,86% de los expedientes examinados carecen de informes de supervisión independientes elaborados por los funcionarios designados, reposando únicamente los informes de actividades de los contratistas. En materia de gestión documental y archivo, la auditoría identificó inconsistencias en la plataforma SIA Observa y SECOP II por falta de cargue oportuno de actas de inicio, pólizas, aprobaciones e informes de seguimiento en 29 procesos contractuales. En los reportes presupuestales de la cuenta anual consolidada se registraron diferencias por $12.327.603.866 entre lo ejecutado en ingresos y lo reportado en la plataforma SIA de la Contraloría, así como una discrepancia de $1.003.510.878 en el presupuesto definitivo de gastos.
Respecto a la administración de personal y control interno, el organismo fiscalizador detectó la cancelación de $8.595.474 por concepto de liquidación definitiva a un exfuncionario de libre nombramiento y remoción que se desempeñó como Asesor de Control Interno, sin que constara en el expediente el formato de paz y salvo ni la verificación formal de la entrega de bienes. Igualmente, el funcionario saliente se desvinculó de la institución en diciembre de 2025 sin realizar el proceso formal de empalme ni presentar el informe de gestión de entrega del cargo exigido por la Ley 951 de 2005, hecho constitutivo de hallazgo disciplinario por la pérdida de memoria institucional sobre el Plan Anual de Auditorías y el seguimiento a planes de mejoramiento. La Oficina de Control Interno del colegio solo ejecutó tres de las auditorías programadas en su cronograma anual de 2025 y no elaboró el Plan de Mejoramiento Interno.
El informe concluyó calificando la calidad y eficiencia del control fiscal interno de la institución como ineficiente, con un puntaje de 2,1 sobre 3,0. La gestión contractual obtuvo un concepto con observaciones, respaldado en calificaciones del 86,7% en eficacia, 65,6% en eficiencia y 46,3% en economía. Por su parte, la rendición de la cuenta anual recibió un concepto favorable con 80,5 puntos. El Colegio de Boyacá dispone de cinco días hábiles a partir de la notificación del documento final para suscribir el Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas dirigidas a subsanar los 16 hallazgos señalados.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟒𝟏𝟏 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥
La Contraloría Municipal de Tunja determinó un hallazgo con presunta incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal por valor de 411.948.090 pesos en la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (Ecovivienda), tras evidenciar que el ente descentralizado ejecutó recursos en la construcción de un parque de espacio público en el barrio Los Patriotas, obra que según el marco normativo municipal correspondía a la Secretaría de Infraestructura Territorial de la Alcaldía de Tunja y no al objeto misional de la entidad promotora de vivienda.
El pronunciamiento quedó registrado en el informe final de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados aplicada a la vigencia fiscal 2025 y entregado en agosto de 2026 por el organismo de control fiscal al gerente de la entidad, Nelson Duván Mesa Tobos. Aunque el informe consolidado determinó el fenecimiento de la cuenta fiscal de Ecovivienda con una opinión contable limpia y un concepto presupuestal razonable, el proceso auditor consolidó un total de seis hallazgos administrativos, dos de los cuales cursan con presunta incidencia disciplinaria y uno con alcance fiscal por la destinación indebida de los recursos en el mencionado espacio recreativo.
De acuerdo con las verificaciones desarrolladas en el contrato de selección abreviada ECO-SAMC-040-2025, Ecovivienda destinó un monto inicial de 379.209.076 pesos y una adición de 32.739.076 pesos para la edificación del parque en el barrio Los Patriotas. Al analizar la estructura legal de la entidad descentralizada, establecida en el Acuerdo Municipal 034 de 2009 y modificada por el Acuerdo 002 de 2025, el equipo auditor constató que sus funciones están orientadas al desarrollo, consolidación y ejecución de políticas de vivienda de interés social y prioritario. Por el contrario, las competencias sobre el diseño, construcción, mantenimiento y equipamiento del espacio público municipal recaen de manera expresa en la Secretaría de Infraestructura Territorial de la Administración Central, según lo estipulado en el Decreto Municipal 0001 de 2023.
Durante la etapa de réplica y análisis de contradicción, la gerencia de Ecovivienda argumentó que la reforma efectuada mediante el Acuerdo Municipal 002 de 2025 amplió sus facultades para intervenir sectores conexos al hábitat y espacios públicos. Sin embargo, la Contraloría Municipal de Tunja desestimó la defensa de la entidad y ratificó el hallazgo fiscal, señalando que la gerencia no presentó evidencias de que en el sector de la obra se estuviera desarrollando en paralelo un proyecto de vivienda urbana de la entidad y concluyendo que la falta de motivación jurídica en los estudios previos derivó en una extralimitación de funciones e inversión de recursos por fuera de su misionalidad.
Sumado a la presunta irregularidad fiscal, el informe final de auditoría dejó al descubierto fallas en la planeación contractual y en la ejecución financiera de las inversiones de la entidad durante la vigencia 2025. Entre las observaciones notificadas se destaca el Hallazgo No. 04, de alcance administrativo y disciplinario, correspondiente al contrato ECO-CD-025-2025 por 64.000.000 de pesos, en el cual se vinculó a un profesional en economía para labores de seguimiento técnico de obras y asesorías cuyo perfil no correspondía al núcleo básico de conocimiento ni a las especificaciones técnicas requeridas para la evaluación técnica de proyectos de ingeniería y construcción.
De igual forma, la Contraloría advirtió sobre la baja conversión de compromisos en obligaciones y pagos reales durante el año 2025, configurada en el Hallazgo No. 03. De una apropiación definitiva para proyectos de inversión que ascendió a 12.245.710.982 pesos, Ecovivienda firmó compromisos por 10.644.098.865 pesos pero únicamente materializó pagos por 4.263.602.454 pesos, equivalentes al 34,82 por ciento de la inversión proyectada. La situación fue especialmente notoria en el proyecto denominado ‘Renovación de Espacios Revitalizando Comunidades’, el cual registró compromisos contractuales por 6.608.836.969 pesos pero solo ejecutó pagos efectivos por 239.900.558 pesos al cierre del periodo auditado. Tras la notificación oficial del informe, la representación legal de Ecovivienda deberá estructurar y remitir un plan de mejoramiento en un plazo de cinco días hábiles ante la Contraloría Municipal de Tunja para subsanar las falencias detectadas.
Un total de 28 muertes violentas registradas en las bases de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ubican a Tunja como el municipio de Boyacá con la cifra más alta por este tipo de decesos durante el primer semestre de 2026. La mitad de los fallecimientos ocurridos en la capital boyacense correspondió a eventos de transporte, seguidos por muertes accidentales, suicidios y homicidios.
El desglose de la información recopilada por el organismo forense entre enero y junio en Tunja detalla que 14 casos obedecieron a siniestros viales, seis a muertes accidentales, cuatro a suicidios y cuatro a homicidios. La tendencia registrada en la ciudad refleja el comportamiento de la mortalidad por causas externas en la entidad territorial, donde los hechos vinculados a la movilidad representaron la principal causa de incremento en los registros generales.
A nivel departamental, los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dan cuenta de 297 muertes violentas en Boyacá en el primer semestre de 2026. Esta cifra representa un incremento de 14 casos frente a los 283 contabilizados en el mismo periodo de 2025.
El indicador que registró la mayor variación en la geografía boyacense fue el de eventos de transporte, al pasar de 104 personas fallecidas en los primeros seis meses de 2025 a 136 en el mismo lapso de 2026, lo que equivale a un aumento del 33 por ciento. En el 52 por ciento de los siniestros viales con desenlace fatal reportados en el departamento, las víctimas se desplazan en motocicleta. Las cifras oficiales indican además que la accidentalidad vial con víctimas mortales se distribuye en distintos municipios boyacenses y no se concentra de manera exclusiva en la capital.
Respecto a otras modalidades de muerte violenta en el departamento, los registros de Medicina Legal muestran dinámicas opuestas entre los homicidios y los suicidios. Los asesinatos descendieron al pasar de 45 casos en el primer semestre de 2025 a 40 en los primeros seis meses de 2026. En contraste, las muertes por suicidio en Boyacá pasaron de 34 casos entre enero y junio de 2025 a 37 en el primer semestre del año en curso.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐲 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐞𝐱𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥
La Contraloría Municipal de Tunja oficializó la notificación por aviso en su portal web del auto que formula cargos dentro del proceso administrativo sancionatorio 016-2025. El organismo de control investiga al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a cuatro exfuncionarios de la administración municipal por el presunto incumplimiento e inefectividad de los planes de mejoramiento vinculados a los contratos de arrendamiento de inmuebles durante las vigencias 2024 y 2025.
La notificación se concretó mediante aviso publicado el 18 de agosto tras no lograr la ubicación física de la exdirectora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, en su residencia registrada en Sogamoso. Este paso procesal permite la continuidad del caso contra el exmandatario Krasnov; el jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, José Ignacio Montero Cruz; la mencionada Acevedo Galán; la exsecretaria del Interior y Seguridad Territorial, Ahiliz Rojas Rincón; y el entonces secretario de la misma dependencia, Yaceth David Suárez Acevedo.
La investigación fiscal territorial se deriva de los resultados de una Actuación Especial de Fiscalización. Según el ente de control, las acciones correctivas implementadas por la administración municipal no erradicaron las causas de las deficiencias detectadas inicialmente en 2024, las cuales se mantuvieron durante 2025, obteniendo una calificación de 60 puntos sobre 100, la cual se traduce como un incumplimiento.
El expediente señala que existen incrementos en los cánones de arrendamiento que carecen de justificación técnica y legal. Los auditores reportaron que el contrato 372 de 2025 presentó un aumento del 23,20 % respecto al contrato 290 de 2024, mientras que el contrato 515 de 2025 subió un 15,72 % en comparación con el contrato 378 de 2024. El organismo calculó un presunto detrimento patrimonial provisional superior a los seis millones de pesos, tomando como referencia un incremento promedio moderado del 9,58 % observado en otros contratos similares.
El auto del ente fiscal también describe falencias en la planeación contractual, específicamente en contratos como el 1633 de 2024, donde se incluyeron cotizaciones de inmuebles que se encontraban en proceso de construcción y se omitieron consultas de mercado en inmobiliarias locales o centros comerciales. Asimismo, el documento detalla condiciones logísticas inapropiadas en oficinas trasladadas, incluyendo filtraciones de agua, alta exposición solar, problemas de ventilación y una inadecuada disposición del archivo documental de la Secretaría de Salud.
La Contraloría tipificó la conducta de los cinco investigados a título de culpa grave, argumentando negligencia en la vigilancia de los compromisos adquiridos con el ente de control y fallas en la gestión técnica de las dependencias encargadas. Los implicados disponen ahora de un término de cinco días hábiles para presentar sus descargos y aportar las pruebas necesarias para su defensa, proceso contra el cual no procede recurso alguno según la normativa vigente.
𝐉𝐮𝐳𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐧𝐨 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐄𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨
El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja emitió un requerimiento formal al alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza y a los secretarios de Infraestructura y Fomento Económico para que entreguen reportes actualizados y soportes sobre las obras de alcantarillado pluvial y pavimentación pendientes en la parte alta del barrio El Triunfo, marco en el cual el despacho enfatizó que la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de la sentencia recae sobre la administración municipal y no sobre la empresa concesionaria.
La decisión judicial, dada a conocer mediante providencia del 11 de agosto de 2026, efectúa un seguimiento al cumplimiento del fallo de acción popular dictado desde noviembre de 2013. En dicho dictamen, la justicia administrativa ordenó a la administración municipal realizar la canalización de aguas, la adecuación de la red de alcantarillado pluvial y la posterior pavimentación del sector comprendido entre las calles 2 a 4 sur y las carreras 17 a 21.
Dentro de las determinaciones del despacho, la jueza Rosa Milena Robles Espinosa fijó un plazo de diez días para que la administración allegue el informe sobre el diseño geométrico del sector y el detalle de las gestiones contractuales adelantadas para los estudios técnicos. La juzgadora advirtió que el municipio no podrá justificar posibles retrasos bajo el argumento de las limitaciones técnicas ni de la competencia legal de Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P., señalando que el municipio es el único ente obligado a garantizar la protección de los derechos colectivos vulnerados.
En la misma providencia, el juzgado desestimó eventuales justificaciones vinculadas a la falta de apropiación o disponibilidad presupuestal para el periodo fiscal 2026. La decisión argumenta que los compromisos financieros debieron preverse oportunamente dentro de la planeación municipal, teniendo en cuenta que el cronograma de intervención vial y de saneamiento fue presentado por la misma entidad territorial desde el año 2025.
Adicionalmente, el Juzgado Noveno Administrativo dispuso la terminación del incidente de desacato que se tramitaba contra la exsecretaria de Infraestructura, Lina María Bautista Avellaneda, y el exsecretario de Fomento Económico, Juan Carlos Pérez Mesa. El despacho justificó la medida tras constatar que los exfuncionarios cesaron en el ejercicio de sus cargos debido al cambio de administración municipal, situación que impide continuar con el proceso sancionatorio en su contra.
Las mujeres gestantes de Tunja que reciben atención médica en la red pública de salud contarán con salas de parto totalmente equipadas en el Hospital Metropolitano, lo que evitará que deban ser trasladadas a otras instituciones para dar a luz. La medida se pondrá en marcha tras la apertura del proceso de contratación por subasta inversa electrónica SA-SI-GB-012-2026, mediante el cual se invertirán 684.090.353,17 pesos para la compra e instalación de equipamiento biomédico y mobiliario especializado en la ESE Santiago de Tunja.
Actualmente, la ESE Santiago de Tunja realiza el seguimiento de control prenatal a un promedio de 300 mujeres al mes, pertenecientes a entidades como Nueva EPS, Sanitas, Coosalud, Cajacopi y Salud Total, principalmente del régimen subsidiado. Sin embargo, al no disponer del equipamiento exigido por la norma, la institución se ve obligada a remitir los partos a otros centros asistenciales. Esta situación ha generado que la atención pública de partos de bajo riesgo en la ciudad recaiga casi de manera exclusiva en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, infraestructura que afronta sobreocupación permanente.
La adquisición incluye 25 categorías de tecnología médica destinada a habilitar la sala de atención de partos y a fortalecer la capacidad del área de cirugía. Entre los equipos que se instalarán en la sede del Hospital Metropolitano figuran un monitor fetal, una lámpara cielítica, una lámpara de calor radiante, una incubadora pediátrica portátil, una mesa y dos camas hospitalarias para parto, una máquina de anestesia, un ecógrafo, un reanimador pulmonar neonatal, desfibrilador, electrobisturís y bombas de infusión. Todos los bienes deberán ser entregados nuevos, instalados, con mantenimiento preventivo y con una garantía mínima de dos años.
De acuerdo con el cronograma oficial del procedimiento publicado en la plataforma SECOP II, el plazo para presentar observaciones y solicitar la limitación del proceso a Mipymes estará abierto hasta el 24 de agosto de 2026 a las 6:00 p.m. Posteriormente, el 27 de agosto se publicará el pliego definitivo y se dará apertura formal a la selección. La recepción de ofertas económicas por parte de los proveedores interesados se cerrará el 3 de septiembre a las 8:30 a.m., mientras que la adjudicación del contrato está prevista para el 21 de septiembre de 2026.
El contrato tendrá una duración de dos meses contados a partir de la firma del acta de inicio. Los términos del proceso establecen un único desembolso económico al contratista seleccionado, el cual se desembolsará una vez entregados, probados y recibidos a satisfacción la totalidad de los equipos biomédicos en la sede hospitalaria de la capital boyacense.
𝐄𝐥 𝐛𝐮𝐬 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐚 𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐀𝐍𝐄 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
Moverse en bus por las calles de Tunja volvió a ganar terreno durante la primera mitad de este año. Aunque para muchos la rutina diaria se reduce a esperar en la esquina, pagar el pasaje y buscar un puesto libre, las cuentas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que entre abril y junio de 2026 los autobuses colectivos de la ciudad llevaron a bordo a bastantes más pasajeros que en el mismo periodo del año pasado.
En total fueron 3.322.623 los viajes registrados en el segundo trimestre de 2026 en las distintas rutas urbanas. La cifra marca una diferencia clara frente a los 2.945.166 pasajeros que se subieron al bus entre abril y junio de 2025, lo que significa que en apenas un año el sistema sumó 377.457 usuarios adicionales, alcanzando un aumento del 12,82 por ciento.
El impulso no se dio de la noche a la mañana, sino que vino creciendo desde el comienzo del año. Si se compara el primer trimestre de 2026, cuando se contabilizaron 3.070.461 personas transportadas, con el segundo trimestre, el flujo de pasajeros aumentó un 8,21 por ciento, lo que representa 252.162 viajes más en las busetas de la capital boyacense.
Al mirar el panorama completo de los primeros seis meses del año, la tendencia se mantiene firme hacia arriba. Entre enero y junio de 2026 se acumularon 6.393.084 pasajeros movilizados en el transporte urbano de la ciudad, superando los 6.238.736 usuarios que usaron el servicio en el mismo tramo de 2025, para un crecimiento del 2,47 por ciento en el año corrido.
Ese incremento de gente en los paraderos también se reflejó en la cantidad de busetas que salieron a trabajar a diario. Las empresas de transporte de la ciudad mantienen una flota registrada de 530 vehículos afiliados en promedio al mes, un número prácticamente idéntico al del año pasado, cuando había 531. Sin embargo, la cantidad de buses que efectivamente salieron a rodar por las calles sí subió.
Durante el segundo trimestre de 2026 hubo en promedio 396 autobuses prestando servicio cada mes en Tunja, mientras que en el mismo periodo de 2025 la flota en calle promediaba 386 unidades. Eso significa un aumento del 2,68 por ciento en los vehículos activos respecto al año anterior. La diferencia es todavía más marcada si se compara con el primer trimestre de este año, cuando rodaban en promedio 362 buses, lo que representa un salto del 9,48 por ciento en la presencia de busetas prestando el servicio en los barrios.
La desigualdad en la distribución del ingreso en la capital de Boyacá registró un descenso durante el año 2025 al alcanzar un coeficiente de Gini de 0,459. La cifra forma parte del informe oficial de Pobreza Monetaria y Desigualdad de Ingresos elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicado con fecha de edición de junio de 2026 para consolidar los resultados del periodo 2025. En comparación con la medición del año anterior, cuando el municipio obtuvo un valor de 0,481, el reporte oficial reflejó una disminución de 0,022 puntos en la concentración del ingreso local.
El coeficiente de Gini es la métrica utilizada en los estudios económicos para medir el grado de concentración de los ingresos en una población dentro de un rango comprendido entre cero y uno. En este sistema de medición, el cero representa una distribución equitativa de los recursos económicos entre todos los ciudadanos, mientras que el valor uno señala la máxima concentración posible de la riqueza en un solo punto.
Con el resultado de 0,459 en el periodo evaluado por la entidad estadística, Tunja se ubicó por debajo del indicador calculado para el total nacional, el cual se fijó en 0,531, y del promedio de las cabeceras urbanas de Colombia, que alcanzó un 0,507. En ambos ámbitos territoriales, el informe del DANE contabilizó reducciones en la concentración del ingreso de 0,020 y 0,022 puntos respectivamente frente a las cifras de 2024.
Al revisar la distribución de la riqueza entre las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas que comprende el estudio oficial presentados a mitad de 2026, Manizales registró el coeficiente de Gini más bajo del país con 0,436, seguida por Pereira con 0,440, Armenia con 0,441, Cúcuta con 0,444, Neiva con 0,446 y Santa Marta con 0,455. Con estos valores, la capital boyacense se posicionó en la séptima casilla entre los centros urbanos con menor nivel de desigualdad en el territorio colombiano.
Por el contrario, las capitales que mostraron los niveles más altos de concentración del ingreso durante el periodo analizado por el DANE fueron Quibdó, con un coeficiente de 0,555; Riohacha, con 0,542; Sincelejo, con 0,514; Florencia, con 0,506, y Bogotá, que registró un 0,501.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer los resultados oficiales del informe de Pobreza Monetaria y Desigualdad de Ingresos correspondientes al periodo 2025. En la capital de Boyacá, la entidad fijó la línea de pobreza monetaria extrema per cápita en 290.224 pesos mensuales por persona, cifra que marca el umbral económico mínimo que requiere un habitante de la ciudad para adquirir una canasta básica de alimentos que garantice un requerimiento de 2.100 calorías diarias.
De acuerdo con las mediciones oficiales, los ciudadanos que percibieron ingresos individuales inferiores a los 290.224 pesos al mes fueron contabilizados dentro del indicador de pobreza extrema, el cual registró a 9.000 pobladores en Tunja durante 2025. La cifra representa al 5,3 por ciento del total de los residentes del municipio.
Al comparar el volumen de la población en esta condición con el reporte del año 2024, cuando se contabilizaron 11.000 personas bajo este mismo indicador, equivalente al 6,1 por ciento, el informe reflejó una disminución de 2.000 ciudadanos que salieron de esta categoría en la capital boyacense. La variación significó un descenso de 0,8 puntos porcentuales en la tasa de incidencia municipal de un año a otro.
El parámetro fijado para el municipio superó el costo registrado en el promedio de las cabeceras urbanas de Colombia, en donde la línea de pobreza extrema media se situó en 252.052 pesos al mes por habitante, así como el promedio nacional general, fijado en 236.580 pesos. En el grupo de 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas evaluadas, Tunja registró la cuarta línea de pobreza extrema más alta del país, ubicándose únicamente por detrás de Bucaramanga, con 314.068 pesos; Bogotá, con 298.554 pesos, y Popayán, con 294.767 pesos.
Frente al comportamiento de la tasa de incidencia porcentual en el contexto urbano nacional, el 5,3 por ciento alcanzado por Tunja en 2025 ubica a la ciudad por debajo de la media de las cabeceras urbanas del país, que se situó en el 6,9 por ciento, y del promedio nacional total, que se fijó en el 9,6 por ciento. En la comparación entre las 23 capitales analizadas, la menor tasa de pobreza extrema en porcentaje la registró Manizales, con un 2,5 por ciento, seguida de Medellín, con el 3,1 por ciento, y Bogotá, con el 3,6 por ciento, mientras que Quibdó reportó el indicador más elevado de la medición, al alcanzar un 32,5 por ciento.
En el consolidado de personas en situación de extrema vulnerabilidad dentro del grupo de las 23 ciudades medidas por la entidad estadística, Tunja registró la cifra absoluta de habitantes más baja del reporte con sus 9.000 pobladores, seguida de Manizales con 11.000 personas, y Armenia y Pereira con 16.000 y 19.000 habitantes respectivamente. Por el contrario, los centros urbanos con mayor número de ciudadanos en esta condición fueron Bogotá, con 293.000 personas; Cali, con 138.000, y Barranquilla y Cartagena, ambas con 89.000 pobladores.
El ingreso per cápita promedio de los habitantes de la capital de Boyacá se situó en 1.483.268 pesos mensuales por persona durante el año 2025. La cifra se desprende de los resultados oficiales del informe de Pobreza Monetaria y Desigualdad de Ingresos presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicado con fecha de edición de junio de 2026 para consolidar las mediciones del periodo 2025.
De acuerdo con el documento de la entidad técnica, el monto disponible por habitante en la ciudad registró una disminución de 26.011 pesos al mes al compararse con el informe del año anterior, correspondiente al periodo 2024, cuando la media municipal se había ubicado en 1.509.279 pesos per cápita.
El parámetro de ingreso per cápita de la unidad de gasto constituye la metodología utilizada por el DANE para medir la disponibilidad real de recursos en la población. Este indicador se calcula al sumar todos los ingresos monetarios que ingresan a un hogar (entre los que se incluyen salarios, ganancias de trabajadores independientes o por cuenta propia, arriendos y transferencias de programas sociales) y dividir ese acumulado total entre el número de integrantes que conforman la vivienda.
La variación registrada en Tunja se produjo en un escenario donde el promedio de las cabeceras urbanas de Colombia mostró una tendencia al alza. En el contexto urbano nacional, el ingreso per cápita medio tuvo un incremento del 9,1 por ciento durante 2025 al pasar de 1.367.737 pesos a 1.492.582 pesos mensuales por persona.
A pesar de la reducción de 26.011 pesos en el promedio local frente a la medición previa, Tunja se posicionó en la séptima casilla entre las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas con mayor ingreso per cápita de la nación. El escalafón nacional para el periodo evaluado por el DANE lo lideró Bogotá con un promedio de 2.297.080 pesos mensuales por habitante, seguida por Medellín con 1.929.483 pesos y Manizales con 1.708.281 pesos.
Por el contrario, los centros urbanos que reportaron los promedios de ingresos más bajos por persona durante 2025 dentro del informe estadístico fueron Quibdó con 792.081 pesos al mes, Riohacha con 807.642 pesos y Valledupar con 909.336 pesos mensuales per cápita.
𝐄𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Tras meses de cuestionamientos, debates en el escenario político local y la constante indignación de la ciudadanía en la capital boyacense por el retraso en las obras de presupuestos participativos, la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S. (EDT) entregó un informe oficial sobre el estado del contrato interadministrativo 1767 de 2025 suscrito con el Municipio de Tunja por un valor de 15.076.144.076,04 pesos. La respuesta de la entidad antioqueña se produjo tras un derecho de petición presentado por la concejal de ese municipio, Yudy Marcela Peña Correa, en el que se indagó por el estado técnico de los frentes de trabajo, las empresas contratistas de obra e interventoría y la postura institucional ante los señalamientos por el presunto incumplimiento en la ejecución de los recursos públicos.
En el oficio firmado por el gerente general de la empresa del municipio antioqueño, Nicolás Tavera Trujillo, se entrega una serie de porcentajes de avance físico que contrastan sustancialmente con la radiografía oficial que ha presentado la Secretaría de Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja ante los entes de control y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Mientras la firma de Donmatías sostiene que el proyecto de infraestructura vial registra un 62% de avance, el reporte técnico de la supervisión municipal con corte a julio de 2026 evidencia que la ejecución en las vías alcanza tan solo el 38,36% (https://www.facebook.com/share/p/1MnC5aQT9G/).
La misma discrepancia se refleja en el componente de salones comunales, donde la administración de Donmatías reporta un progreso del 48%, frente a un 36,96 % registrado por la supervisión de Tunja. Respecto al fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales, la EDT atribuye un avance del 28%. El único punto de coincidencia entre ambas partes se ubica en el programa de construcción, adecuación y mantenimiento de parques y espacio público, el cual presenta un 0 % de avance físico debido a que el contrato derivado se encuentra suspendido por deficiencias e incertidumbres en los estudios y diseños técnicos iniciales.
Con respecto a estas variaciones en las cifras de ejecución, es necesario señalar que el informe expedido por la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías tiene fecha de radicación del 10 de agosto de 2026, mientras que los reportes de la Secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja alojados en el SECOP corresponden a cortes y evaluaciones técnicas realizadas a principios del mes de julio del mismo año. Esta diferencia temporal de aproximadamente un mes entre ambos documentos podría explicar algunas de las divergencias en los porcentajes de avance físico reportados por cada entidad.
A nivel consolidado, mientras la empresa antioqueña no ofreció una cifra global de ejecución en su respuesta formal, los informes remitidos por la Alcaldía de Tunja a la Personería Municipal y a la Secretaría de Planeación certifican que el avance físico general del contrato interadministrativo es de apenas el 37,38 %. Esta cifra se produce a pesar de que el plazo contractual ya ha consumido el 74,33 % del tiempo total estipulado y de que en diciembre de 2025 la administración municipal le giró al administrador delegado un desembolso inicial del 95% del valor total, equivalente a más de 14.337 millones de pesos.
En el detalle de las obras viales reportadas como concluidas, la supervisión de la Secretaría de Infraestructura de Tunja dejó constancia de que, aunque 30 tramos figuran con trabajos terminados en campo, ninguno cuenta a la fecha con acta de recibo a satisfacción ni con certificado de calidad por parte de la interventoría, debido a que la EDT de Donmatías no ha presentado las actas de mayores y menores cantidades ni los balances de obra requeridos. Asimismo, la dependencia municipal reportó que 17 tramos continúan en ejecución parcial y 34 sectores proyectados en la ciudad no han iniciado ningún tipo de intervención física.
Respecto a la contratación derivada para la ejecución de los proyectos en Tunja, el informe emitido por Nicolás Tavera Trujillo confirma que la totalidad de los frentes de obra fue adjudicada a la firma Ecoac Ingeniería S.A.S. En cuanto al control técnico, las labores de interventoría se distribuyeron entre Raimundo Segundo Medina Auzaque para las sedes educativas y los parques; Ferney Geeovanny Chaparro Andrade para la supervisión de los salones comunales; y la empresa Geo Obras Ingeniería S.A.S. para los frentes viales.
Otro de los puntos de choque entre ambas versiones radica en las acciones legales y administrativas. En el escrito remitido a la concejal de Donmatías, la gerencia de la EDT afirmó que a la fecha no ha recibido notificación oficial por parte de la Alcaldía de Tunja ni de organismos de control en relación con un eventual incumplimiento del contrato. No obstante, los documentos oficiales de la administración municipal confirman que el pasado 17 de junio de 2026 la supervisión radicó una solicitud formal ante la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja para dar apertura al procedimiento administrativo sancionatorio de declaratoria de incumplimiento contra la entidad de Donmatías, argumentando retrasos en el cronograma que superan los 100 días, inconsistencias en los informes e inatención a los requerimientos técnicos (https://www.facebook.com/share/p/1BnYcsxbD1/).
Frente a los cuestionamientos por el manejo de los fondos y la falta de soportes contables expresada por la supervisión local, la respuesta de la empresa del municipio antioqueño se limitó a señalar que su postura es asumir la responsabilidad en la gestión de los proyectos y en la administración de los recursos. En el documento, la EDT precisó que se encuentra constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada regida por la Ley 1258 de 2008, con una participación accionaria dividida en partes iguales entre la Empresa de Servicios Públicos Servidonmatías S.A.S. (50%) y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Donmatías (50%), entes que poseen 30 acciones valoradas en 30 millones de pesos cada uno.
Finalmente, la gerencia de la EDT incluyó un balance general de sus cifras globales desde el inicio de sus operaciones el 23 de julio de 2024, acumulando una contratación total de 150.601.158.671 pesos. De dicho monto, 7.332.965.029 pesos corresponden a la vigencia 2024, 117.029.075.260 pesos a la vigencia 2025 y 26.239.118.382 pesos a la vigencia 2026 con corte al 1 de julio. Ante la solicitud de adjuntar el desglose de los contratos ejecutados, sus valores y porcentajes de ejecución individual, la empresa remitió a la cabildante a consultar directamente la plataforma pública SECOP II, asegurando que allí se encuentra cargada la totalidad de la información requerida.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer los resultados oficiales del informe de Pobreza Monetaria y Desigualdad de Ingresos correspondientes al periodo 2025. En la capital de Boyacá, la entidad fijó la línea de pobreza monetaria per cápita en 620.017 pesos mensuales por persona, monto que determina el umbral económico mínimo que requiere un habitante de la ciudad para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios esenciales.
De acuerdo con las mediciones de la entidad estadística, los ciudadanos cuyos ingresos individuales mensuales se ubicaron por encima de los 620.017 pesos no quedaron clasificados dentro de la población en situación de pobreza monetaria. Por el contrario, quienes registraron ingresos inferiores a dicho parámetro fueron contabilizados dentro de este indicador, el cual cobijó a un total de 48.000 personas en Tunja durante el año 2025, cifra que equivale al 26,9 por ciento del total de los residentes del municipio.
El parámetro económico determinado para la capital boyacense superó el promedio registrado en las cabeceras urbanas del país, en donde la línea de pobreza media nacional se situó en 532.906 pesos al mes por habitante. Con este resultado, Tunja figuró como la tercera ciudad con la línea de pobreza per cápita más elevada entre los 23 centros urbanos y áreas metropolitanas medidos en el estudio, ubicándose únicamente por detrás de Bucaramanga, que registró 670.169 pesos, y Bogotá, con 660.533 pesos.
Al comparar el volumen de población afectada con el reporte del año 2024, cuando se contabilizaron 51.000 personas en pobreza monetaria en el municipio, equivalente al 28,7 por ciento de los habitantes, el informe señaló una reducción de 3.000 ciudadanos que salieron de esta condición en la ciudad. La variación representó un descenso de 1,8 puntos porcentuales en la tasa de incidencia local de un año a otro
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨, 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐲 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
El Consejo Departamental de Educación Superior, integrado por los siete rectores de las universidades con presencia en Boyacá, sostuvo una sesión de trabajo con el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, con el fin de avanzar en la estructuración de una ciudad universitaria y articular esfuerzos orientados a fortalecer el acceso a la educación superior, potenciar la investigación y dinamizar el desarrollo económico y cultural del municipio.
Durante el encuentro, los representantes de las instituciones de educación superior y la administración municipal evaluaron las oportunidades y necesidades del sector educativo en el territorio. Como resultado de la jornada, se acordó la conformación de una comisión encargada de definir y estructurar las acciones operativas para afianzar la cooperación entre el Gobierno Municipal y la academia.
La iniciativa busca transformar a la capital boyacense en un centro de atracción para estudiantes de diversas regiones del país. Según lo expuesto en la reunión, el proyecto responde a una aspiración de más de 30 años que plantea la integración de las instituciones para consolidar un distrito histórico, cultural y universitario.
El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y presidente del Consejo Departamental de Educación Superior, Enrique Vera López, señaló que la oferta académica local cuenta con estándares de alta calidad y costos de matrícula inferiores a los de la capital del país, lo que representa una ventaja competitiva para el desarrollo de la ciudad. Asimismo, enfatizó el impacto que ejercen los centros educativos en la economía, la producción científica y el ecosistema cultural del municipio.
Por su parte, el alcalde Rafael Acevedo Pedroza sostuvo que la propuesta se alinea con los instrumentos de planeación urbana y territorial que actualmente se proyectan para la capital de Boyacá. Entre estos instrumentos figuran el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Estratégico Urbano y el marco de ordenamiento a nivel nacional, escenarios en los cuales se buscará incluir formalmente la visión de Tunja como ciudad educadora y universitaria.
La alianza estratégica del Consejo Departamental de Educación Superior reúne a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Boyacá, la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad Antonio Nariño, entidades que continuarán participando en las mesas de trabajo para dar viabilidad técnica y urbana al proyecto.
𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢́𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
El seguimiento de la Secretaría de Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja al Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S. (EDTD S.A.S.) por un valor total de $15.076.144.076,04, detalla el estado crítico en la ejecución de las obras priorizadas por la comunidad mediante la Política Pública de Presupuestos Participativos de la vigencia 2025. A pesar de que el plazo contractual ya ha consumido el 74,33% de su tiempo total y de que en diciembre de 2025 el Municipio giró un desembolso del 95% de los recursos al administrador delegado, el avance físico consolidado alcanza apenas un 37,48%.
El informe técnico, remitido al Departamento Administrativo de Planeación Territorial en respuesta a la Circular 1.14.-5-6-028 del 3 de julio de 2026, evidencia un fuerte desfase en los tres programas de inversión evaluados. Mientras la infraestructura vial registra un avance general del 38,36% y los salones comunales un 36,96%, la adecuación de parques y espacio público se encuentra paralizada en un 0%. Ante el incumplimiento reiterado de los cronogramas, con retrasos que superan los 100 días, y la falta de informes técnicos aprobados, la supervisión municipal radicó el pasado 17 de junio una solicitud formal ante la Unidad Especial de Contratación Estatal para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio de declaratoria de incumplimiento contra la empresa contratista.
𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐥: 𝟑𝟒 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐲 𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧
En el frente de mejoramiento, rehabilitación y construcción vial, la supervisión de la Secretaría de Infraestructura detalla la situación de 81 tramos proyectados en sectores urbanos y rurales. Aunque 30 frentes figuran con actividades terminadas, la dependencia aclaró que ninguno cuenta con acta de recibo a satisfacción ni con certificado de calidad emitido por la interventoría, debido a que el administrador delegado no ha presentado los balances de cantidades ni las actas de mayores y menores cantidades.
𝐋𝐨𝐬 𝟑𝟎 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐧:
• Libertador (Carrera 15 #4, Carrera 16 entre calles A y 5, Calle 6 entre carreras 15 y 16, Carrera 14 #6, Calle 7 con carrera 12 y Calle 7A con carrera 12): 100%.
• Surinama (Carrera 12 y Carrera 12A): 100%.
• Portal de Otoño (reparcheo en la Calle 5C): 100%.
• Barrio La Florida (intersección Avenida Oriental y salida del barrio en la Calle 2 #10): 100%.
• Sol de Oriente (reparcheo en la Calle 6): 100%.
• Bochica (Carrera 4C entre calles 7 y 8): 100%.
• Doña Eva (Carrera 4C entre calles 5 y 5B): 100%.
• Jordán (Licorera y sobrecarpeta en la Carrera 5): 100%.
• San Antonio (andenes en la Carrera 3A, Carrera 3 y Carrera 4): 100%.
• Xativilla (andén en el salón comunal): 100%.
• Los Lanceros (reparcheo en la Calle 24): 100%.
• Los Patriotas (reparcheo en la Carrera 2 entre calles 15 y 17): 100%.
• El Bosque (Carrera 11 con Calle 4, entrada principal): 100%.
• San Ignacio (Calle 21A con Carrera 6, Calle 18A entre carreras 6 y 7, Calle 21 y Carrera 6 entre calles 18 y 19): 100%.
• Suárez Rendón (Carrera 8A con Calle 8 y Calle 9A entre carreras 8 y 12): 100%.
• Portal de Canapro (intersecciones de la Calle 76A con carreras 3 y 4): 100%.
• Poblado de Filadelfia (Carrera 11 con Calle 60): 100%.
• Manantial del Norte (Calle 76 entre carreras 11 y 12): 100%.
• Villa Luz (Calle 60 y vías internas): 100%.
• Las Américas (Calle 10 entre carreras 13 y 14): 100%.
• La Sierra (Carrera 17 entre calles 12 y 15): 100%.
• La Trinidad (Calle 2 Sur): 100%.
• Cooservicios (Carrera 3C entre calles 4B y 4C, Calle 4D entre carreras 3 y 3C, y Calle 4B con Carrera 3A): 100%.
• Curubal (Carrera 2 Este entre calles 18 y 18A): 100%.
• Altamira (Carrera 21 entre calles 30 y 31): 100%.
• José Antonio Galán (Calle 55B entre carreras 10 y 11, y Calle 55B entre carreras 11 y 12): 100%.
• Portal de Hunzahua (Calle 78 entre carreras 10A y 11): 100%.
• Villa del Norte (Diagonal 65 entre carreras 10 y 11): 100%.
• Vereda La Esperanza (placa huella en vías terciarias): 100%.
• Fuente Higueras (Carrera 3 con Calle 23): 100%.
𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧 𝟏𝟕 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥:
• Pinos de Oriente (Carrera 8A Sur, manzana 18): 90%.
• El Carmen (Calle 25 entre carreras 15 y 16): 90%.
• Urbanización La Florida (bloque P, bloque K y vía Florida Parque): 85%.
• La Calleja (Calle 36A con carrera 18): 80%.
• Vereda Runta Parte Alta (placa huella en vías terciarias): 80,4%.
• Santa Bárbara (Calle 14 #12B, Calle 15A con Carrera 12A, Carrera 12A con 15A y Carrera 12): 75%.
• Santa Lucía (Calle 24 entre carreras 11 y 12): 60%.
• Mesopotamia (Calle 38A entre carreras 4 y 5): 60%.
• Mirador Escandinavo (Calle 7B entre carreras 19 y 19B, Calle 7C entre carreras 19 y 19B, y Calle 7D entre carreras 19 y 19B): 50%.
• Santa Rita (Calle 56 entre carreras 9 y 10): 50%.
• Milagro (Calle 22 entre carreras 18 y 22): 40%.
• Asís Boyacá (Calle 64 entre carreras 7 y 8, y Carrera 7 entre calles 60 y 61): 30%.
• Vereda Chorro Blanco La Primavera (placa huella en sector Alto del Moral): 26,2%.
• Vereda Runta (placa huella en sectores El Cerezo y Colegio): 26%.
• Vereda Porvenir (placa huella en sector Tierra Caliente): 22,5%.
• Vereda La Lajita (placa huella en vía que comunica con Boyacá): 17,2%.
• Vereda La Hoya (placa huella en sector y esquinas La Cuchilla - Santa Isabel): 14,8%.
𝐔𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟑𝟒 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐢́𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐧𝐚:
• Ricaurte (Diagonal 16): 0%.
• Prados de San Luis (Diagonal 27): 0%.
• San Francisco (parcheos en Carrera 6, Calle 8 e intersección con Carrera 6, y Carrera 5): 0%.
• Las Nieves: 0%.
• Maldonado: 0%.
• Jorge Eliécer Gaitán (Calle 30 entre carreras 11 y 16): 0%.
• Santiago de Tunja (Carrera 5-7A): 0%.
• San Diego (Carrera 16-4): 0%.
• Trigales (Carrera 16 entre calles 35 y 36): 0%.
• Colinas del Norte (Carrera 15 desde la Calle 49 y Calle 50 entre 16 Bis y 16B): 0%.
• Villa Universitaria (Carrera 7 con Calle 39): 0%.
• Pozo de Donato (Carrera 6 desde el puente hasta la Clínica Garper): 0%.
• San Rafael (Calle 48 entre Carreras 16 y 17, y Calle 47 entre carreras 15 y 16): 0%.
• Quince de Mayo (carrera 43 entre 1G y K3): 0%.
• Capitolio (carreras 2A, 2B y 2C con Calle 71): 0%.
• Suamox (transversal 1A #70-06): 0%.
• Santa Catalina (Calle 68 entre carreras 7 y 9): 0%.
• Peñitas (mejoramiento en subbase de la calle 13 entre Carrera 3A y Avenida Patriotas): 0%.
• San Laureano (andén en la Calle 12A entre carreras 9A y 10): 0%.
• La Fuente (andenes en Calle 33B, calles 34, 34A, 34B y Calle 35): 0%.
• Altos de San Diego (Carrera 16 entre calles 51 y 53): 0%.
• Cristales (Carrera 45 entre calles 8 y 8A): 0%.
• La Esmeralda (Calle 39 entre carreras 1A Este y 2 Este): 0%.
• Altos de Suamox (entrada al barrio entre calles 71 y 73): 0%.
• Buenavista (mejoramiento en afirmado de la Calle 61A con Calle 64B, Avenida Juan José Rondón): 0%.
• Colinas de San Fernando (andén en la Calle 17B y separador vial): 0%.
• La Concepción (Calle 17A, vía cerrada): 0%.
• Vereda Barón Gallero (placa huella en sector El Volador): 0%.
• Vereda Barón Germania (placa huella en sector La Floristería): 0%.
• La Cabaña - Runta (mantenimiento y materiales en la entrada a la vía Cazadero): 0%.
• Tras del Alto (mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y peatonal): 0%.
• Pirgua (rehabilitación de la malla vial): 0%.
• La Cascada (placa huella en sector El Mortiño): 0%.
• Portales (mejoramiento de la malla vial peatonal en la Carrera 11 entre calles 77 y 78, y calles 78 y 77 entre carreras 10A y 11): 0%.
𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬: 𝟏𝟏 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥
El programa de diseño, construcción y mantenimiento de salones comunales contempla intervenciones en 19 equipamientos comunitarios, registrando un avance promedio del 36,96%. De estos, cuatro figuran con obras físicas concluidas pero al igual que en las vías, carecen de actas de recibo definitivo y certificaciones de calidad:
• Centenario (100%): instalación de carpintería metálica, placa de contrapiso, alistado y piso cerámico con guardaescobas, pintura interior, sanitarios, lavamanos y cubierta de fibrocemento.
• Paraíso (100%): instalaciones eléctricas y sanitarias, cielorraso, enchape cerámico, canaletas impermeabilizadas, cocineta y pintura interior y exterior.
• Rodeo (100%): excavaciones, demoliciones, muros de contención, columnas de soporte, andenes en concreto con malla electrosoldada y cubierta lateral de acceso.
• Santa Ana (100%): pisos, pañetes, pintura interior, cocineta con mesón y poceta, sanitarios, tanque elevado con válvula flotador, marcos de puertas, cielorraso y luminarias led.
𝐂𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮́𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐬:
• Portal del Oriente: 95%.
• El Topo: 100% reportado en ejecución física de obra.
• Simón Bolívar: 75%.
• Ciudadela Sol de Oriente: 70%.
Por su parte, 11 salones comunales no registran inicio de actividades: Hunza, Manzanares, Patriotas, Consuelo, Kennedy, Urbanización La Fuente, Estancia del Roble, José Joaquín Camacho, La Granja, La María y Balcones de Terranova. La supervisión indicó que respecto a los equipamientos de Patriotas, Consuelo, Kennedy, La Fuente, José Joaquín Camacho, La María y Balcones de Terranova, el contratista ha manifestado condicionamientos técnicos y sociales para dar apertura a los frentes.
𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨: 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐨𝐬
El componente denominado "Construcción, adecuación y mantenimiento de parques y espacio público de Tunja", que abarca intervenciones en la plazoleta de Los Muiscas, las escaleras y rampas de La Calleja y el muro de contención en Maldonado, registra un avance físico y financiero del 0%.
Según precisa el informe, el Contrato Derivado 062 de 2025 y su respectiva interventoría se encuentran suspendidos debido a deficiencias e incertidumbres en los estudios y diseños técnicos originales necesarios para definir el alcance real de las obras. Pese a reiterados requerimientos de la Secretaría de Infraestructura, el administrador delegado EDTD S.A.S. no ha presentado un pronunciamiento oficial sobre la resolución de las causas que motivaron la suspensión ni la fecha de reinicio de las actividades
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝟑𝟕%
El reporte oficial más reciente radicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) sobre el contrato interadministrativo número 1767 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S. (EDTD S.A.S.), revela un retraso crítico en la ejecución de las obras de infraestructura vial, salones comunales y espacio público destinadas a la capital boyacense. Con corte al 7 de julio de 2026, fecha de emisión de la respuesta entregada a la Personería Municipal de Tunja, el avance físico consolidado del proyecto alcanza tan solo un 37,38%, a pesar de que el plazo contractual ya ha consumido el 74,33% de su tiempo total.
El documento, firmado por la entonces secretaria de Infraestructura Territorial del Municipio, Claudia Fernanda del Pilar Rubiano López, da respuesta a un requerimiento de información realizado por el personero delegado para Presupuesto, Contratación y Participación Comunitaria, Carlos Felipe Prieto Rodríguez. En el informe se consigna que el contrato, que cuenta con una cuantía de $15.076.144.076,04 y un plazo fijado hasta el 30 de septiembre de 2026, presentó una transferencia inicial del 95% de los recursos en diciembre de 2025 hacia el administrador delegado, equivalente a más de $14.337 millones. No obstante, la supervisión técnica detalla que la ejecución física muestra cifras desfavorables en sus distintas áreas de intervención.
En el componente de mejoramiento y rehabilitación vial, el porcentaje de avance reportado por la supervisión es del 38,36%. De los 81 tramos proyectados en el municipio, 30 figuran como finalizados pero ninguno cuenta aún con acta de recibo a satisfacción por falta de certificados de calidad de la interventoría y soportes técnicos; 17 tramos continúan en ejecución y 34 no han iniciado ninguna clase de intervención. Por su parte, el componente de salones comunales registra un avance del 36,96%, con solo cuatro salones terminados de los 19 contemplados, cuatro en proceso de ejecución y 11 completamente sin iniciar. El rubro correspondiente a la construcción, adecuación y mantenimiento de parques y espacio público presenta un avance del 0%, encontrándose el contrato derivado suspendido por deficiencias en los estudios y diseños técnicos requeridos.
La supervisión del contrato también dejó constancia de que el 17 de junio de 2026 solicitó formalmente a la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja el inicio de un procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contra la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S. Entre las razones expuestas en el reporte oficial figuran el retraso reiterado en los cronogramas —con desfases que en algunos frentes superan los 100 días—, la falta de aprobación de los informes de interventoría por inconsistencias técnicas, la inatención a los requerimientos de la administración municipal y el descontento de las comunidades por obras abandonadas o inconclusas que afectan la movilidad. Hasta la fecha de emisión del informe, la empresa administradora no había presentado actas parciales de pago, cuentas de cobro ni el balance financiero discriminado.
Entre enero y julio de 2026, la compra de productos para la mesa de los hogares registró un incremento de 6,91 %, imponiéndose como el rubro con la mayor alza de precios en la capital de Boyacá, según el reporte oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El informe de la entidad estadística refleja que el alza en la división técnica de alimentos y bebidas no alcohólicas supera el promedio general de la inflación acumulada en la ciudad, la cual se ubicó en 5,39% para el período de siete meses evaluado.
Dentro del desglose del IPC para Tunja, el comportamiento de las doce divisiones de gasto muestra que el gasto en alimentación encabeza la tabla de incrementos, seguida por la categoría de restaurantes y hoteles con una variación de 6,38 %, el grupo de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 5,42 %, y el rubro de transporte con 5,25%.
En el contexto nacional, el incremento de 6,91% reportado en la canasta básica alimentaria para Tunja se ubica por encima del promedio reportado para el total del país en este mismo segmento, el cual fue de 6,41 %. Asimismo, supera el indicador registrado por Bogotá, donde la variación acumulada para este renglón se fijó en 6,30%.
Por el contrario, entre los componentes del gasto que registraron los menores incrementos de precios en la capital boyacense durante los primeros siete meses del año se encuentran recreación y cultura con un 2,54%, prendas de vestir y calzado con 3,15%, y salud con 3,25%.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐯𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Alcaldía de Tunja unificará las ciclovías de los sectores norte y sur en un solo trazado continuo que atravesará la zona céntrica de la ciudad y el viaducto, sumado a la habilitación de este último espacio para la práctica deportiva en horarios de la madrugada durante dos días a la semana.
El proyecto busca integrar los recorridos recreativos del fin de semana mediante una ruta que pasará por la Plaza de Bolívar y utilizará la infraestructura del viaducto, con lo cual se conformará un circuito superior a los ocho kilómetros de extensión. Según lo expresado por la administración municipal, la medida tiene como objetivo articular la oferta recreativa de la capital boyacense y conectar la movilidad de los habitantes de ambos sectores en un solo espacio.
Adicionalmente, el plan operativo desarrollado junto con el Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (Irdet) contempla la implementación de rutas recreativas en la zona rural del municipio. Asimismo, se dispondrá la apertura del viaducto para la práctica deportiva los días martes y jueves, en el horario de 4:30 a. m. a 6:00 a. m., bajo el acompañamiento de esquemas de seguridad y control de tránsito para los deportistas
𝐄𝐱𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟒𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐲 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐡𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚
El exalcalde de Tunja Arturo José Montejo arrastra un proceso de cobro coactivo con la Contraloría Municipal por una suma que supera los 446 millones de pesos, correspondiente a decisiones en firme dictadas por investigaciones administrativas sancionatorias y de responsabilidad fiscal. Las obligaciones, que datan de los años 2013, 2016 y 2017, no han podido ser recaudadas por el organismo de control debido a que el exmandatario y otros implicados en los expedientes no registran propiedades ni activos a su nombre.
La jefe jurídica de la entidad fiscalizadora, Carolina Rodríguez, reveló ante el Concejo Municipal que las deudas vigentes comprometen un saldo exacto de 446.221.056 pesos. La funcionaria explicó que, a pesar de que las fases de investigación y juzgamiento administrativo finalizaron de manera definitiva, la ejecución del cobro se mantiene paralizada porque las indagaciones sobre el patrimonio de los sancionados han arrojado resultados negativos durante más de una década.
Las labores de rastreo patrimonial adelantadas por la Contraloría incluyen revisiones periódicas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Secretaría de Tránsito y el Registro Único Empresarial y Social con el propósito de ubicar bienes inmuebles, vehículos o cuentas bancarias que permitan decretar embargos. Si bien los términos de prescripción de las acciones legales transcurrieron, la entidad fiscalizadora mantiene los procesos abiertos e insiste en las búsquedas patrimoniales por recomendación de la Auditoría General de la República, dada la cuantía de los recursos públicos afectados.
Por su parte, el contralor municipal de Tunja, Félix Ramírez, confirmó que la condición de insolvencia declarada por los procesados ha impedido la recuperación efectiva del dinero para el erario. El titular del organismo fiscalizador indicó que la vía administrativa se encuentra agotada, por lo que el saldo continuará figurando en las cuentas de cobro de la entidad hasta tanto se identifiquen bienes susceptibles de medidas cautelares.
La proposición de moción de censura que un sector del Concejo Municipal pretendía promover contra el secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio de Tunja, Santiago Ebed Benavides Flórez, no logró concretarse al no reunir el número mínimo de respaldos exigidos por la normatividad vigente. La iniciativa, motivada por cuestionamientos a la planeación contractual del Aguinaldo Boyacense 2026, quedó sepultada tras la falta de firmas entre los corporados y la desintegración del quórum en la plenaria.
De acuerdo con el reglamento interno de la corporación y la legislación colombiana, el trámite exigía la firma de al menos nueve concejales para su radicación formal y el voto favorable de doce cabildantes para su posterior aprobación. Sin embargo, las negociaciones políticas internas y posturas encontradas entre las bancadas impidieron consolidar los respaldos necesarios para llevar al funcionario a juicio político.
El borrador del pliego, estructurado a partir del debate de control político adelantado el pasado 4 de agosto de 2026, señalaba presuntas falencias en la estructuración técnica, financiera y presupuestal del contrato para la realización del Aguinaldo Boyacense 2026. Entre los reparos expuestos por los cabildantes promotores figuraba la destinación de rubros correspondientes a programas de fortalecimiento cultural para el evento, la escasa representación presupuestal asignada a los artistas locales y dudas sobre la idoneidad y capacidad operativa del contratista seleccionado.
Pese a los sealamientos, la propuesta perdió fuerza política en el recinto edilicio. Entre los argumentos expuestos por cabildantes para no firmar el pliego se adujo el poco tiempo de ejecución del secretario en la cartera municipal. A esta situación se sumó la falta de quórum durante el cierre de la jornada de rendición de cuentas del órgano de control político, momento en que varios concejales se retiraron del recinto antes de que pudiera someterse a consideración alguna iniciativa relacionada con el funcionario.
Tras un recorrido realizado por concejales de la ciudad, directivos de la entidad y funcionarios de la administración municipal por las instalaciones de la nueva torre hospitalaria de la ESE Santiago de Tunja, se constató que su fecha de puesta en servicio continúa sin definirse. Aunque la infraestructura física de los pisos segundo y tercero se encuentra totalmente terminada y técnicamente apta para operar de manera parcial, el inicio de sus actividades está frenado a la espera de la habilitación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de la aprobación de recursos para su dotación biomédica.
La estrategia institucional contempla poner en funcionamiento de forma progresiva estos dos niveles ya concluidos, los cuales permitirán habilitar 42 camas destinadas al servicio de hospitalización de pacientes crónicos sin requerimiento de ventilación. Esta capacidad estará distribuida por cada nivel en diez habitaciones dobles y una habitación individual diseñada para aislamiento con sistemas de filtración de aire.
Para poner en operación esta área operativa ya construida, la ESE Santiago de Tunja tramita ante la cartera nacional de Salud un proyecto de dotación de mobiliario y equipos biomédicos por un monto de 2.500 millones de pesos. La solicitud abarca la adquisición de camas, camillas, sillas para acompañantes, carros de paro, desfibriladores, monitores de signos vitales, tensiómetros, equipos de órganos y básculas.
Paralelamente, la obra física general de todo el complejo registra un avance global del 73,37%. La culminación del 26,63% restante de la estructura requiere una adición presupuestal de 6.500 millones de pesos, dinero con el cual se proyecta terminar el auditorio y los baños del primer piso, adecuar las oficinas administrativas del cuarto piso, instalar dos ascensores para usuarios y ejecutar las obras de urbanismo exterior que incluyen parqueaderos, vías de acceso y la portería.
Hasta el momento, la inversión contratada en la infraestructura alcanza los 12.943 millones de pesos. Sumando los recursos adicionales requeridos para la finalización total de las obras físicas y el presupuesto destinado a la dotación, el costo total del proyecto se aproximará a los 20.000 millones de pesos.
Respecto a los plazos administrativos para la apertura parcial de los pisos segundo y tercero, voceros técnicos explicaron que las solicitudes radicadas ante el Gobierno Nacional ya superaron la etapa de observaciones y se encuentran a la espera del concepto de viabilidad. Una vez expedida la resolución de asignación de fondos por parte del Ministerio, el proceso de selección contractual para la compra de los equipos tomará cerca de 45 días amparado en la Resolución 1440 de 2024, a los que se sumará un periodo estimado de tres meses para la entrega e instalación en la sede hospitalaria.
En el marco del proyecto general de la sede, también se contempla la habilitación de una sala para tomógrafo, cuyo pliego para la adecuación de la infraestructura física ya fue emitido a la espera de la asignación del equipo por parte del Gobierno Nacional. Por su parte, la dotación para la sala de partos en la estructura conexa será entregada directamente por la Gobernación de Boyacá dentro de los planes de fortalecimiento de la red pública de salud.
El electo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, realizaría una visita oficial a Tunja durante la última semana de agosto, según lo expuso el alcalde Rafael Acevedo Pedroza. La presencia del nuevo mandatario en la capital boyacense buscaría coordinar la agenda de infraestructura estratégica para la ciudad y evaluar propuestas de cofinanciación que requieren el respaldo del Gobierno Nacional.
Durante el encuentro, la administración municipal prevé presentar la estructuración de la Transversal de Occidente como uno de los proyectos prioritarios para el desarrollo vial de la capital. La iniciativa contempla un trazado de 16.5 kilómetros concebido como vía nacional para interconectar a Tunja con municipios vecinos como Motavita y Cómbita, por lo que el municipio buscará asegurar la asignación de recursos nacionales que permitan concretar la obra
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨
Las obras proyectadas para la Glorieta Norte (Aquiminzaque) requerirán de nuevos análisis técnicos antes de tomar una decisión sobre su ejecución definitiva, un proceso que podría derivar en la cancelación de la propuesta original de un deprimido vial. Durante la rueda de prensa realizada en el marco de los actos protocolarios del aniversario de la capital boyacense, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez confirmó que actualmente se evalúa la alternativa de construir un puente en el sector, luego del encuentro bilateral sostenido con la administración municipal.
El mandatario departamental indicó que existe una postura técnica que plantea la opción del puente y que la definición final no es competencia exclusiva del Gobierno Departamental. Aunque señaló su preferencia por la solución en deprimido sobre la base de los estudios y diseños estructurados en 2018 por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), precisó que es indispensable ejecutar estudios complementarios sobre factores como cota, inundabilidad y la gestión predial para las compras que se requerirían en la zona.
𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝟒𝟖𝟕 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐲 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧 𝟏𝟐𝟎 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬
En la víspera de la conmemoración de los 487 años de la fundación de Tunja, el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, y el Alcalde de la capital boyacense, Rafael Acevedo Pedroza, sostuvieron su primer consejo de gobierno bilateral en una jornada de trabajo que se extendió por más de tres horas. Durante este encuentro institucional, los mandatarios evaluaron y revisaron el estado de 120 proyectos para la ciudad que integran un paquete de recursos por más de 385 mil millones de pesos, según dio a conocer el mandatario departamental a través de una publicación en su cuenta oficial de X. De la bolsa total de inversión, 373 mil millones de pesos corresponden a recursos aportados por la Gobernación de Boyacá en articulación con el Gobierno nacional, mientras que 12 mil millones de pesos son financiados por la administración municipal.
En el frente de infraestructura vial urbana y rural, el Gobernador de Boyacá reportó una ejecución de 7.283 millones de pesos canalizados a través del programa Plan Mi Ciudad, estrategia que registra un avance físico del 76 por ciento. Dentro de los frentes de obra reseñados en el informe del mandatario se incluyó la pavimentación del tramo que el Gobernador describió textualmente en su publicación como la vía entre la Glorieta de la Gobernación y la salida hacia Villa de Leyva. En ese mismo paquete vial se reportó la intervención de la carrera 2 Este entre calles 59 y 59A en el sector de la Universidad de Boyacá, el mejoramiento de la carrera 9 Este entre calles 48 y 49C, la recuperación de la calle 48 como vía alternativa hacia la Avenida Norte y las obras sobre la calle 49 entre la Avenida Norte y la calle 48.
El reporte técnico de la red vial incluyó además la rehabilitación de la carrera 14 con sustitución de rejillas y recuperación de la calzada de rodadura, las intervenciones en la carrera 11 en inmediaciones del Hospital San Rafael, el mejoramiento del corredor hacia la antigua salida a Paipa y los trabajos sobre el tramo entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y el sector Antenas, el cual presenta un 60 por ciento de avance. En cuanto a las iniciativas proyectadas a futuro, se confirmó la concreción de la permuta del lote del Batallón, predio que pasa a ser propiedad del departamento para habilitar la posterior fase de contratación de los estudios y diseños de la Avenida del Río. Asimismo, se anunció el inicio de obras en el corredor Glorieta Norte – salida a Moniquirá por 8.000 millones de pesos cofinanciados con el Invías, a la espera de la firma del acta de inicio.
De acuerdo con lo expuesto por el Gobernador de Boyacá en su publicación, el paquete de gestiones viales para la ciudad contempla negociaciones ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario vial para financiar lo que el mandatario denominó textualmente como la solución vial de la Glorieta Norte mediante el recaudo de peajes, sin precisar el tipo de obra o diseño específico a ejecutar. En ese mismo listado de anuncios, Amaya señaló que se evaluará la rehabilitación integral de la Avenida Universitaria con reemplazo de carpeta asfáltica y obras de drenaje, al tiempo que se gestionará con la empresa Veolia la construcción de nuevos sumideros en ese corredor. El reporte del Gobernador concluye con el avance en trámites prediales para la doble calzada entre la Glorieta Baracaldo y la Terminal de Transportes, intervenciones en la vía a Soracá con el Invías, el posterior inicio del tramo Pinos de Oriente – Soracá tras autorización técnica, el apoyo con maquinaria amarilla para vías rurales y la prioridad dada por el mandatario a la pavimentación del acceso a San Antonio para evitar empozamientos en la zona deportiva.
En el sector de la salud pública, la mesa de trabajo bilateral destacó el inicio de la construcción de la Unidad Materno Infantil del Hospital San Rafael, obra que cuenta con acta de inicio del 1 de julio y registra un 9 por ciento de avance, mientras avanza la adquisición de mobiliario y la gestión del giro de recursos por parte del Ministerio de Salud. Adicionalmente, se reportó un 98 por ciento de avance en la nueva Torre de Urgencias del Hospital San Rafael, un 60 por ciento de ejecución en el tercer piso de hospitalización y la garantía de 114.000 millones de pesos para la Torre de Alta Complejidad, proyecto que ya inició su etapa contractual. El informe de la cartera de salud abarcó la adjudicación de una unidad móvil especializada para la atención de personas con consumo de sustancias psicoactivas, la modernización de la sede El Carmen de la ESE Santiago de Tunja, la entrega de nuevas ambulancias, la asignación de 13 mil millones de pesos para la modernización del CRIB, la futura entrega de la Unidad Materno Infantil dotada con servicios de pediatría, UCI neonatal, UCI pediátrica, ginecología y obstetricia, y la adjudicación de la dotación para la Sala de Partos de la ESE Santiago de Tunja con una inversión de 684 millones de pesos.
Respecto a la agenda de agua potable y saneamiento básico, los mandatarios evaluaron las gestiones realizadas para el cierre financiero de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja, proyecto que reúne recursos del Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja, Corpoboyacá, EPB y la empresa Veolia. En este punto, el departamento aportó recursos adicionales para completar el financiamiento e impulsar el inicio del proceso contractual una vez Findeter emita la correspondiente viabilidad técnica.
En materia de seguridad ciudadana y orden público, las autoridades hicieron seguimiento a la ejecución de un proyecto de 2.625 millones de pesos destinado a la instalación de cámaras de reconocimiento de placas y la modernización del centro de monitoreo, cuya entrega está prevista para el mes de diciembre. De igual manera, se confirmó la entrega de cuatro motocicletas y una necromóvil para fortalecer la capacidad operativa de la Policía, el avance en el proceso para dotar al Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) con vehículos y motocicletas por 1.434 millones de pesos, la ejecución del mejoramiento del comedor del Batallón Bolívar por 474 millones de pesos, la reactivación del proyecto para construir la nueva Estación de Policía de Tunja, la realización de operativos conjuntos con drones de la Policía y el Ejército Nacional, y la estructuración de un proyecto para dotar a la capital de un sistema propio de drones de vigilancia.
Finalmente, en el área de infraestructura deportiva, se anunció la aprobación del proyecto de estudios y diseños para la remodelación del estadio La Independencia y la continuación en la estructuración de iniciativas para el mejoramiento de la red deportiva local, incluyendo la Villa Olímpica y el propio escenario futbolístico. Como compromiso de cierre del consejo bilateral, la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá acordaron revisar conjuntamente la situación jurídica vinculada al cobro del impuesto predial sobre los escenarios deportivos departamentales ubicados en la ciudad.
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐛𝐨𝐫𝐞𝐭𝐨
El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió para su trámite en primera instancia una demanda de acción popular que busca la protección de los derechos colectivos al ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo racional de los recursos naturales, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de construcciones respetando las disposiciones ambientales de los habitantes del Conjunto Residencial Arboreto.
La providencia judicial da curso a la pretensión promovida por los ciudadanos Miguel Ángel Flórez Nieto y Karol Sofía Flórez en contra del Municipio de Tunja y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. La medida judicial responde a los vertimientos de aguas residuales que afectan a la comunidad residente en dicha urbanización.
De acuerdo con lo expuesto en el escrito de la demanda, las descargas de aguas servidas han provocado olores ofensivos y la proliferación de insectos y roedores, situaciones que generan riesgos para la salud de los residentes de los apartamentos del sector.
En el análisis de procedibilidad, el despacho judicial constató que la parte actora acreditó el agotamiento del requisito previo al haber radicado, el 19 de septiembre de 2025, peticiones ante la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos de Tunja y ante Corpoboyacá para requerir la adopción de medidas inmediatas de mitigación. Ante la persistencia de las afectaciones y el alegato de un inminente peligro de perjuicio irremediable, la demanda fue acogida para su estudio formal.
Con la admisión del medio de control, el juzgado ordenó la notificación personal al municipio de Tunja y a Corpoboyacá para que, en un término legal de diez días, contesten la demanda y soliciten la práctica de las pruebas que estimen convenientes. Así mismo, se dispuso que la administración municipal informe a la comunidad sobre la existencia del proceso a través de un medio masivo de comunicación, mientras que el trámite y las actuaciones del expediente continuarán a través del sistema de gestión judicial Samai de la Rama Judicial.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐞𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐏𝐓𝐂
El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió para trámite, para trámite en primera instancia, una demanda de acción popular promovida contra el municipio de Tunja y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), buscando que dichas entidades adopten e implementen las acciones técnicas, administrativas y presupuestales de conservación, mantenimiento, recuperación y restauración necesarias para detener el deterioro del inmueble del antiguo Hospital San Rafael de Tunja, estructura física en la que funcionan dependencias de la Escuela de Medicina de la UPTC y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El recurso fue presentado por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien adujo la presunta vulneración del derecho e interés colectivo relacionado con la defensa del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la Nación. En el texto de la demanda se precisa que la edificación presenta afectaciones en su estado de conservación sin que las entidades accionadas hayan ejecutado obras o medidas eficaces para evitar su deterioro progresivo.
Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos legales y el agotamiento de la reclamación previa exigida por la ley, el juzgado dispuso la notificación personal al municipio de Tunja, a la UPTC y al Ministerio Público, otorgando un plazo de diez días para la contestación del recurso y la solicitud de pruebas.
Asimismo, la decisión fue informada a la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá y a la Personería Municipal de Tunja, e incluyó la orden de publicar el inicio de la acción para conocimiento de la comunidad.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨́ 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐡𝐞𝐠𝐞𝐦𝐨𝐧𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
La administración pública, la educación y la atención de la salud humana continuaron como los principales motores de ocupación en Tunja durante la primera mitad de 2026, al concentrar a 24.730 de los 77.864 trabajadores de la ciudad al cierre de junio, según los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El balance semestral refleja un mercado de trabajo con variaciones internas entre los sectores productivos y las formas de vinculación laboral. En el renglón de mayor peso, que incluye a la administración pública, la educación y la salud, la ocupación creció en más de 1.000 puestos frente al inicio del año, cuando registraba 23.714 personas, luego de haber alcanzado un techo de 24.982 vinculados entre febrero y abril.
En contraste, el comercio y la reparación de vehículos, que representa la segunda actividad en volumen de empleo en la capital boyacense, registró una pérdida de 825 plazas en los primeros seis meses del año. La rama pasó de emplear a 14.566 personas en el trimestre enero-marzo a contabilizar 13.741 ocupados en el período abril-junio.
Una tendencia similar a la baja se presentó en las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, sector en el que la ocupación descendió en 806 plazas, al pasar de 8.239 a 7.433 trabajadores en el semestre.
Por el contrario, el sector de transporte y almacenamiento reportó un incremento significativo al sumar 1.434 ocupados durante la primera mitad del año, subiendo de 5.056 personas en el primer trimestre a 6.490 en la medición de abril a junio. Asimismo, el renglón de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios aumentó en 926 plazas, alcanzando 5.331 ocupados al cierre del semestre frente a los 4.405 registrados a comienzos de año.
En el sector de la construcción se observó un comportamiento fluctuante. La actividad empezó el año con 5.780 trabajadores en el período enero-marzo, cayó a 5.033 en la medición de febrero a abril y cerró el primer semestre con una recuperación parcial de 238 puestos respecto a su punto más bajo, ubicando la cifra en 5.271 personas.
Las industrias manufactureras registraron una contracción al reducir su personal ocupado en 312 plazas, pasando de 3.906 a 3.594 personas, mientras que el sector agropecuario perdió 397 empleos al bajar de 1.156 a 759 ocupados. En contraste, la explotación de minas y canteras casi duplicó su participación en la ciudad al pasar de 265 a 492 trabajadores, lo que significó un aumento de 227 puestos, y el suministro de servicios públicos creció en 215 plazas, finalizando el semestre con 1.165 ocupados frente a los 950 de comienzos de año.
En las actividades con menores variaciones, el alojamiento y los servicios de comida mostraron una reducción de 142 puestos al pasar de 4.911 a 4.769 ocupados; la información y comunicaciones aumentó ligeramente en 35 plazas, subiendo de 1.835 a 1.870; el sector financiero y de seguros descendió en 155 trabajadores, bajando de 1.571 a 1.416, y las actividades inmobiliarias cayeron en 119 plazas, pasando de 914 a 795 vinculados entre el inicio del año y el corte de junio.
En cuanto a la clasificación por posición ocupacional, la categoría de obreros y empleados particulares creció en 2.751 personas entre enero y junio, al pasar de 37.267 a 40.018. Por su parte, la modalidad de trabajo por cuenta propia registró una caída sostenida de 1.884 plazas en el mismo período, al descender de 25.173 a 23.289 ocupados.
Finalmente, los obreros o empleados vinculados directamente al gobierno se redujeron en 441 personas, pasando de 11.039 en el trimestre enero-marzo a 10.598 en abril-junio. Dentro de los demás rubros analizados por la entidad estadística, la ocupación en el servicio doméstico ascendió en 412 personas hasta llegar a 1.580; los patrones o empleadores aumentaron en 67 plazas para situarse en 1.847; los trabajadores familiares sin remuneración cayeron en 183 para sumar 322, y los jornaleros o peones disminuyeron en 74 puestos, quedando en 208.
𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐦𝐚: 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐧𝐨 𝐥𝐨 𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐲 𝐥𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐰𝐞𝐛
La Contraloría Municipal de Tunja tuvo que acudir a la publicación de dos avisos en su portal web institucional ante la imposibilidad de notificar personalmente en su domicilio registrado al exalcalde Mikhail Krasnov, con el fin de avanzar en dos procesos sancionatorios fiscales que se adelantan en su contra. Las comunicaciones físicas enviadas a su dirección oficial en el barrio La Fuente fueron devueltas por la empresa de correo con las novedades formales de cambio de domicilio en un caso y rehusado a recibir en el otro.
Los edictos digitales surten los efectos legales de la notificación de los autos de formulación de cargos dentro de los procesos 016-2025 y 017-2025, expedidos por la Oficina Jurídica del ente fiscalizador. Con estas publicaciones, el organismo de control dejó constancia del inicio del término de cinco días hábiles para que los implicados presenten sus descargos y aporten o soliciten las pruebas correspondientes en ejercicio de su derecho a la defensa.
El primer expediente, identificado con el número 016-2025 y derivado del auto del 5 de marzo de 2026, corresponde al presunto incumplimiento del plan de mejoramiento sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles para dependencias del municipio. Según la auditoría fiscal, la administración municipal reiteró en la vigencia 2025 las deficiencias detectadas en 2024 respecto a la falta de estudios previos de mercado y aumentos no justificados en los cánones de arrendamiento de sedes como la Comisaría Cuarta de Familia y la Secretaría del Interior, configurando un posible detrimento patrimonial de 6.360.650 pesos.
Por su parte, el segundo proceso sancionatorio, registrado bajo el número 017-2025 y correspondiente al auto del 18 de marzo de 2026, se fundamenta en el incumplimiento del plan de mejoramiento de la auditoría financiera y de gestión a la vigencia 2023, en el cual la Alcaldía de Tunja falló en acreditar el cumplimiento del 75 % de las acciones obligatorias en materia de contratación e infraestructura. En este expediente, que agrupa hallazgos administrativos con alcance disciplinario y fiscal como las irregularidades en el contrato 1009 de 2023 por 610.470.000 pesos, la baja calidad de obra en el contrato 1964 de 2023 por 74.878.017,05 pesos o los sobrecostos en el contrato 1022 de 2022 por 132.398.600 pesos.
Ante la devolución de las correspondencias físicas enviadas a la residencia en la capital boyacense, la notificación mediante la plataforma web institucional se convirtió en el procedimiento legal para evitar el estancamiento de las investigaciones fiscales. Frente a ambas providencias, calificadas provisionalmente a título de culpa grave, el ente de control precisó que no procede ningún recurso en la vía administrativa.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜́ 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜, 𝑎𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑢𝑣𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil abril-junio, Tunja es la sexta ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 11,6%, es decir, exactamente la misma registrada en el trimestre anterior (marzo-mayo). El promedio nacional fue del 8,3%.
Este resultado, refleja una tendencia de comportamiento sostenido frente al trimestre anterior, mientras que en la comparativa con el mismo periodo del año anterior se presentó un incremento, pues para dicho periodo pero de 2025 se registró una tasa de desempleo del 10,4% en la capital boyacense.
Tunja es la segunda ciudad con menor tasa de informalidad (35,1%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (35,6%), al que en relación al registro de hace un año, cuando era del 41,4%. El primer lugar para este indicador lo ocupó Bogotá (33,3%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 145.797 personas en edad de trabajar, de estas, 10.177 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.602 personas.
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