La Gobernación de Boyacá y la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja suscribirán un convenio interadministrativo por $7.110.608.947 para actualizar las redes eléctricas, de datos y contra incendios en la sede María Josefa Canelones. El plazo de ejecución es de 110 días, con fecha límite de finalización el 31 de diciembre de 2025.
Las obras comprenden tres componentes fundamentales: la red eléctrica, la red de voz y datos, y la red contra incendios. Estas intervenciones son consideradas urgentes debido al estado obsoleto o inexistente de las instalaciones actuales, lo cual impide la puesta en marcha plena de los servicios de salud en esa sede.
En el caso de la red eléctrica, se contempla la instalación de sistemas esenciales y no esenciales según la norma NTC 2050, con énfasis en áreas críticas como quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Se proyecta la instalación de dos transformadores y dos plantas de respaldo para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallos. También se incluyen tableros de aislamiento y un sistema de puesta a tierra redundante para minimizar riesgos de electrocución en pacientes conectados a equipos biomédicos.
La modernización de la red de voz y datos apunta a establecer una infraestructura tecnológica robusta, con cableado categoría 6A, libre de halógenos, y switches de alta capacidad (hasta 10 Gbps) que permitan la operación de sistemas vitales como cámaras de seguridad (CCTV), alarmas, luces de emergencia y la centralización segura de la información clínica.
Paralelamente, se construirá desde cero la red contra incendios, inexistente hasta ahora, a pesar de que la normativa clasifica la edificación como de alto riesgo. El proyecto incluye tuberías, rociadores automáticos, gabinetes, sensores de flujo, válvulas especializadas y soportes antisísmicos, todo bajo los estándares de la NFPA y la NSR-10 colombiana. Actualmente, el edificio solo cuenta con un gabinete clase II, insuficiente para garantizar la seguridad de pacientes y personal.
El convenio establece que la Gobernación de Boyacá aportará la totalidad de los recursos financieros, mientras que el hospital será el ejecutor directo de las obras. La ESE se encargará de contratar la obra y la interventoría, abrir una cuenta bancaria exclusiva para manejar los fondos, y presentar informes mensuales de avance. El 90% de los recursos será desembolsado al inicio del convenio, y el 10% restante, tras la firma de los contratos derivados y la verificación de su correcto inicio.
Un niño de siete años permanece internado en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja a la espera de ser remitido a un centro de cuarto nivel donde pueda recibir la atención quirúrgica que requiere, mientras su madre denuncia demoras en el trámite de la EPS.
Se trata de Jhon David Rojas Fuentes, quien ingresó por urgencias el 12 de agosto al hospital de Chita, con diagnóstico de dacriocistitis izquierda crónica agudizada. Tras permanecer dos días en el Hospital de Soatá, donde le realizaron exámenes médicos, el menor fue remitido a Tunja, donde especialistas en pediatría concluyeron que necesitaba un procedimiento quirúrgico que solo puede practicarse en un hospital de cuarto nivel.
La madre del menor asegura que, aunque el equipo médico ha estado atento a su estado de salud, la falta de respuesta administrativa ha prolongado la espera. “Desde entonces estoy a la espera de la remisión, que ya completa 13 días sin respuesta. He acudido en varias ocasiones a preguntar, pero no obtengo solución”, relató.
La mujer manifestó su preocupación por el riesgo que enfrenta su hijo mientras no recibe el procedimiento requerido. “Estoy muy desesperada, porque lo que padece el niño es un asunto delicado: la infección podría extenderse hacia la cabeza o causar pérdida de la visión, lo que traería complicaciones mayores”, advirtió.
Según su testimonio, la solicitud de remisión fue presentada a la EPS Cajacopi Chita desde el 16 de agosto. No obstante, hasta ahora no ha recibido una solución concreta. “He llamado de manera respetuosa a la oficina solicitando colaboración, pero la respuesta que recibo es que las funcionarias ‘solo son empleadas’ y que no tienen la facultad de autorizar el trámite”, aseguró.
Ante la falta de avances, la madre acudió a la Personería Municipal, donde el 22 de agosto se interpuso una acción de tutela en defensa de los derechos del niño. Sin embargo, señaló que tampoco ha habido una respuesta efectiva. “Hasta la fecha solo me dicen que el proceso ‘está en espera’. Ya no sé a dónde acudir para que atiendan con urgencia el caso del niño”, expresó.
