Durante la audiencia de consolidación de aportes a la verdad desarrollada por la Jurisdicción Especial para la Paz en el municipio de Paipa, se reconstruyeron los detalles de la ejecución extrajudicial del taxista tunjano John Fredy Arcos González y de Blanca Fabiola Medina Suárez, cuyos hechos fueron planificados en la capital boyacense en abril de 2005.
Sosteniendo una fotografía de su hermano enmarcada en un portarretratos, Yuber Milton Arcos González se puso de pie en medio de la sala de audiencias para encarar a los hombres que integraron el Gaula Militar Boyacá. Con la voz quebrada por el dolor de dos décadas de impunidad, el ciudadano encaró directamente al sargento Álvaro Serna Bejarano y a los exsoldados William Parada Durán y Álvaro Ortiz González, cuestionando la frialdad con la que la tropa arrebató la vida del conductor de 31 años de edad en inmediaciones de la carretera hacia Toca.
"Quiero que se fijen nuevamente, lo voy a hacer en estos momentos, que por favor ojalá estén pendientes para que refresquen su memoria, porque ustedes cuando le quitaron la vida fue a unas personas, no se la quitaron a un animal para supuestamente, como dicen ustedes en un momento, que no se acuerdan. A mí no me vengan con ese cuento, ustedes saben lo que hicieron en un principio", expresó Yuber Milton Arcos en el recinto judicial al inicio de su intervención ante la magistratura.
La reconstrucción de los hechos expuesta en la diligencia confirmó que la fase preparatoria del crimen se gestó en las calles de Tunja. Bajo la presión de cumplir una cuota de 12 bajas exigida a la unidad militar desde la brigada, los uniformados coordinaron la consecución de armamento de encubrimiento. Una semana antes de los homicidios, por orden de la comandancia del Gaula, el compareciente Juan Daniel Martínez se desplazó a las instalaciones del Distrito Militar de Tunja para retirar y entregarle al sargento Serna una pistola calibre 9 milímetros no reglamentaria. De forma paralela, en la unidad se redactaron anexos de inteligencia falsos para catalogar a las víctimas como integrantes de redes de contrabando de armas y apoyos logísticos del Ejército de Liberación Nacional.
El 5 de abril de 2005, la operación se trasladó al perímetro urbano de la capital boyacense. John Fredy Arcos González conducía su vehículo de servicio público cerca del antiguo terminal de transportes de Tunja cuando fue abordado junto a Medina Suárez. El sargento Serna le indicó al taxista que los siguiera a bordo de una camioneta Toyota roja de la institución militar hacia la zona rural. El recorrido terminó en la vereda Pirgua, en el sector de Puente Hamaca, sobre la carretera que conduce al municipio de Toca, donde los dos civiles fueron apartados de los vehículos. En el lugar no se produjo ningún enfrentamiento ni intercambio de fuego.
En la audiencia, ante la insistencia del hermano de la víctima por conocer los instantes finales de la vida del conductor, el compareciente William Parada Durán reveló la confesión sobre el momento exacto en que apretó el disparador en la vereda Pirgua.
"Me dijo que no lo matara, señor Yuber. Esa fue (sic) las últimas palabras que su hermano me dijo: no me mate, no me mate. Fue las últimas palabras que me dijo", declaró el exsoldado Parada Durán a través de la conexión telemática de la diligencia.
Tras la ejecución, los uniformados procedieron a montar una falsa escena de combate ante el CTI de la Fiscalía General de la Nación y los medios de comunicación. Para sostener el reporte oficial, dispararon armas al aire y colocaron en el automóvil un fusil FAL con insignias del Ejército Bolivariano de Venezuela. Además, los comparecientes reconocieron que despojaron a las víctimas de sus objetos personales para evitar su identificación inmediata. La billetera, el teléfono celular y el bolso con dinero del taxista fueron arrojados desde un vehículo en marcha a un río sobre la vía entre Tunja y Tuta, antes de trasladar los cadáveres a las instalaciones del batallón.
En su declaración ante el tribunal, Yuber Milton Arcos expuso la devastación emocional que el homicidio causó en el núcleo familiar residente en Tunja, recordando el impacto que la pérdida dejó en su madre tras la desaparición del hijo consentido que trabajaba honestamente al volante del vehículo.
"Ustedes le dieron, a mi mamá le quitaron media vida. Ella está el día de hoy, anoche se lo digo, me vine a despedir porque yo viajé hasta las 11 de la noche, y ella se pone a llorar siempre, que se le llevaron media vida. Y es la verdad, porque era el consentido", manifestó el familiar del taxista durante la diligencia.
Ante las recriminaciones por la conducta de la tropa, el compareciente Álvaro Ortiz González admitió el proceso de degradación ética al que llegaron los integrantes de la unidad militar al convertir las operaciones oficiales en un mecanismo para obtener beneficios administrativos y días de descanso.
"En ese transcurso de ahí al sitio de los hechos ninguno caímos en cuenta de decir: el taxista o el señor taxista, ¿qué tiene que ver en esto? Nada. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos convertido en una máquina de dar resultados. Dar resultados ilegales para hacerlos pasar como si fueran legales, dañándole la vida no solo matando a una persona, sino dañándole la vida también a una familia. Nos convertimos en un grupo criminal que cogimos las armas para defender a los buenos y terminamos fue asesinándolos", contestó Ortiz González ante la mesa de la magistratura.
Pese a denunciar las contradicciones manifestadas por el sargento Serna Bejarano respecto al grado de planeación en Tunja, la intervención del allegado concluyó con una declaración de perdón hacia los exsoldados que dispararon contra su hermano. Tras pedir a los presentes unirse en oración por la salud de un sobrino afectado por una enfermedad terminal, Yuber Milton Arcos se levantó de su silla, caminó hacia la ubicación de los comparecientes en el recinto y se abrazó con el exsoldado Ortiz entre los aplausos de los asistentes en Paipa.
"En un principio yo a ustedes les dije que no los perdonaba, pero me di cuenta que no soy quién para no perdonarlos, los perdono de todo corazón. Tenía mucha rabia, pero no soy quién yo que nos va a juzgar, sino espero y dejo en las manos de la JEP que se haga justicia. Solo mi papito Dios es quien perdona", concluyó el familiar antes de que la magistratura decretara el receso de la jornada judicial.
𝐄𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐧𝐣𝐚𝐧𝐨 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐄𝐫𝐧𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐑𝐨𝐚 𝐑𝐨𝐚 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐃𝐢𝐚́𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬
El abogado constitucionalista tunjano Jorge Ernesto Roa Roa asumió el cargo de Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos en el Ministerio del Interior de Colombia. La posesión fue efectuada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, en el marco de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Desde esta posición, el jurista boyacense liderará las iniciativas nacionales relativas a la consulta previa, la articulación con sectores sociales y la garantía de los derechos fundamentales.
Nacido en Tunja el 15 de junio de 1987, Roa Roa cursó sus estudios de educación secundaria en el Colegio de Boyacá. Posteriormente se graduó como abogado en la Universidad Externado de Colombia en 2010 y continuó su formación de posgrado en Europa. Obtuvo títulos de máster en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, institución donde también alcanzó el título de doctor en Derecho con distinción summa cum laude en el año 2017. Su trayectoria académica incluye además una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos.
En el sector público y el ejercicio profesional, Roa Roa se desempeñó como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia entre los años 2020 y 2024. De igual manera, ha desarrollado una carrera en la docencia universitaria en la Universidad Externado de Colombia, se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad de Trento en Italia y fue investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Alemania. En 2012 le fue otorgado el premio del bicentenario de la Constitución de Cádiz en España por sus trabajos de investigación en materia jurídica.
𝐁𝐨𝐦𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐛𝐮𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝟒𝟖 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚
Una comisión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja rescató sin lesiones graves a un hombre de 95 años y a su esposa en Pereira, quienes permanecieron atrapados durante cerca de 48 horas en un cuarto piso luego del derrumbe total de la edificación en la que habitaban. La operación técnica se ejecutó en el marco de la asistencia interinstitucional desplegada desde la capital boyacense para atender las emergencias causadas por el reciente terremoto registrado en el occidente del país.
El operativo fue coordinado en el sitio por el cabo Yeffer Rubio, quien explicó que el grupo de socorristas evaluó inicialmente un descenso mediante maniobras de cuerda. Tras verificar que las escaleras colapsadas conservaban firmeza suficiente para soportar el peso de los afectados y de los miembros del rescate, el personal modificó la estrategia e ingresó de forma directa. Los dos adultos mayores y sus dos cuidadores se encontraban en el nivel superior, espacio que sufrió menor afectación en relación con la base del inmueble.
Tras el descenso controlado hacia la primera planta, los rescatistas trasladaron a la pareja a un centro asistencial para su valoración médica. De acuerdo con los reportes operativos, los rescatados presentaban únicamente un estado de alteración emocional derivado del confinamiento prolongado, sin afectaciones físicas de consideración.
El contingente desplazado desde Tunja está integrado por 12 unidades, bajo la dirección del sargento Giovanny Pérez y los cabos Duván Niño y Yeffer Rubio. El grupo incluye a los bomberos Daniel Cipamocha, Alcides Mayorga, Luis López, Brayan Guzmán y Daniel Lucero, además de dos binomios caninos conformados por la bombera Alejandra Suárez con la canina Nala, y el bombero Andrés Melo con Hancock. Como apoyo complementario en la zona, la institución envió una unidad de Atención Prehospitalaria a cargo del cabo Leonardo Galindo y del conductor operador Jaime Lizarazo.
𝐀𝐜𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐳𝐝𝐞𝐥𝐑𝐢́𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐥𝐞𝐬
La siderúrgica Acerías PazdelRío, con operaciones en Boyacá, y su accionista mayoritario, el Grupo Trinity, anunciaron la donación del 100% del acero requerido para la reparación de la catedral de Manizales, además del suministro de insumos de asistencia y protección para la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto registrado el pasado lunes.
La ayuda técnica e industrial contempla la entrega de kits y elementos de protección personal (EPP), destinados a fortalecer los trabajos de búsqueda, rescate y atención en las zonas afectadas. Estas labores de distribución y apoyo operativo se adelantarán en coordinación directa con la Cruz Roja Colombiana.
En materia de infraestructura, la compañía boyacense asumirá la totalidad del material de acero destinado a la restauración de la catedral de Manizales, con el fin de aportar a la recuperación del inmueble representativo de la capital caldense.
A la par de estos aportes, el Grupo Trinity confirmó la vinculación de sus distintas unidades de negocio a la iniciativa 'Colombia, un solo corazón', liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, en el marco de la contingencia nacional.
𝐋𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐞𝐳 𝐭𝐞𝐦𝐛𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚
A propósito del reciente sismo percibido en distintas regiones del país y con epicentro en el municipio de San José del Palmar en el Chocó, la historia sísmica del territorio nacional demuestra que la severidad de un movimiento telúrico en la superficie no depende únicamente de la energía liberada en el foco, sino de la profundidad del evento, la cercanía a centros urbanos y las condiciones de las construcciones. Mientras sismos de alta magnitud ocurridos a gran profundidad no generaron consecuencias graves en la infraestructura ni pérdidas humanas, eventos de menor magnitud pero muy superficiales y cercanos a zonas pobladas han provocado las mayores tragedias en el país.
De acuerdo con las evaluaciones de las autoridades de gestión del riesgo y entidades geológicas, la lista de los fenómenos telúricos con mayor saldo de víctimas mortales y daños materiales en la historia colombiana se encuentra encabezada por sismos de origen superficial y localización contigua a áreas urbanas:
1. Cúcuta, Norte de Santander (18 de mayo de 1875): Víctimas estimadas entre 1.000 y 5.000 fallecidos. El evento destruyó la ciudad de Cúcuta y poblaciones fronterizas vecinas.
2. Costa Pacífica de Tumaco, Nariño (31 de enero de 1906): Víctimas estimadas entre 600 y 2.500 fallecidos. Corresponde al evento de mayor magnitud en los registros del país con una cifra de 8,8 y produjo un tsunami que devastó varias poblaciones costeras del Pacífico.
3. Armenia y Eje Cafetero (25 de enero de 1999): Víctimas estimadas en 1.185 fallecidos. Con una magnitud de 6,2 y apenas 17 kilómetros de profundidad, colapsó viviendas en el Quindío y departamentos aledaños.
4. Río Páez, Cauca y Huila (6 de junio de 1994): Víctimas estimadas en 1.100 fallecidos. El sismo de magnitud 6,4 desencadenó avalanchas y deslizamientos masivos que sepultaron comunidades en la cuenca del Río Páez.
5. Túquerres, Nariño (17 de julio de 1936): Víctimas estimadas en 800 fallecidos. Evento de origen superficial que destruyó la cabecera municipal de Túquerres y sectores adyacentes del departamento nariñense.
6. Tumaco, Nariño (12 de diciembre de 1979): Víctimas estimadas en 450 fallecidos. Un temblor de magnitud 7,9 generó una ola marina que impactó las poblaciones litorales de Nariño y Cauca.
7. Popayán, Cauca (31 de marzo de 1983): Víctimas estimadas en 300 fallecidos. El evento ocurrió a baja profundidad y derribó templos históricos y viviendas de la zona urbana.
8. Suroccidente de Colombia (16 de noviembre de 1827): Víctimas estimadas en 250 fallecidos. Sismo registrado en el suroccidente del país y sentido en el centro del territorio nacional que afectó diversas poblaciones.
9. Túquerres, Nariño (9 de enero de 1936): Víctimas estimadas en 200 fallecidos. Movimiento telúrico de origen superficial que afectó la zona sur del departamento de Nariño a comienzos de ese año.
10. San José del Palmar, Chocó (10 de agosto de 2026) Víctimas estimadas en 132 fallecidos según los reportes preliminares. El movimiento telúrico de magnitud 7,4 y 96 kilómetros de profundidad fue percibido en gran parte del territorio nacional, ingresando a la lista histórica de eventos con afectación mortal en el país.
El servicio de aseo en Tunja entró en una nueva etapa tras la expedición de la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026 por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta norma nacional actualiza las reglas que aplicaban para los grandes prestadores del país desde 2015, buscando que las ciudades dependan cada vez menos de enterrar basura y se muevan hacia el reciclaje, la separación en la fuente y el tratamiento de residuos. Sin embargo, para entender cómo opera esta actualización en los hogares de la capital boyacense, es necesario revisar los criterios técnicos del cálculo y el funcionamiento del sistema en la ciudad.
En Colombia las tarifas de los servicios públicos no las decide un alcalde, no se cambian por un acuerdo del Concejo ni las modifica una empresa a su antojo. El modelo funciona bajo el régimen de libertad regulada de la Ley 142 de 1994. Esta norma exige que la tarifa garantice la suficiencia financiera del servicio, lo que significa que lo cobrado al usuario debe alcanzar obligatoriamente para cubrir los costos de recoger, transportar, tratar y disponer la basura de forma segura. Si ese equilibrio se rompe, la empresa no puede operar y la ciudad se expone a una crisis de salubridad.
La factura que llega cada mes a las viviendas de Tunja se divide en dos grandes bloques. El primero es un costo fijo que pagan todos los inmuebles por tener la disponibilidad del servicio. Este dinero financia el trabajo de las personas y maquinaria que barren las calles y avenidas, el corte del césped en parques públicos, la poda de árboles, el lavado de zonas comunes, la instalación y mantenimiento de canecas urbanas, y la gestión administrativa que abarca atención al cliente, facturación y reporte de datos a las autoridades del Estado. Este componente se liquida independientemente de si un predio genera o no residuos durante el mes.
El segundo bloque de la factura es el costo variable, el cual se ajusta según el volumen total de desperdicios que produce la ciudad. Aquí se remunera el recorrido de los camiones compactadores que recogen las bolsas y el proceso de ingeniería ambiental para su disposición final. Depositar la basura no consiste en verter desechos en un terreno y cubrirlos con tierra; requiere compactar toneladas de residuos diariamente, instalar coberturas especiales, capturar gases para evitar contaminación atmosférica y operar continuamente una Planta de Tratamiento de Lixiviados para limpiar los líquidos tóxicos antes de que lleguen a las fuentes hídricas.
En Tunja, los residuos son gestionados en el Parque Ecológico y Tecnológico Pirgua, operado por la empresa Urbaser. A este complejo llegan los desechos de la capital y también los de cerca de 130 municipios de Boyacá y departamentos vecinos que no cuentan con un sitio propio autorizado. Aunque el ingreso de residuos regionales suele percibirse como un factor que reduce la vida útil del predio, en términos tarifarios genera un efecto de escala sobre el costo del servicio.
Si Tunja sostuviera de manera aislada una infraestructura ambiental de esta magnitud exclusivamente para sus 180.000 habitantes, los elevados costos de operar la planta de lixiviados, los controles ambientales y el mantenimiento del parque se dividirían entre un grupo reducido de personas, lo que incrementaría la tarifa fija de cada suscriptor. Al recibir los volúmenes de más de un centenar de municipios, la base de distribución de esos gastos fijos es mayor, lo que permite que el costo asignado a cada hogar en Tunja se mantenga ponderado dentro de los márgenes regulados.
A nivel nacional, Urbaser presta servicio a cerca de tres millones de personas en más de diez ciudades y 389 municipios, barriendo más de 232.000 kilómetros de vías y manteniendo millones de metros cuadrados de zonas verdes. En sus Parques Tecnológicos como Pirgua opera bajo certificaciones internacionales e infraestructura para el tratamiento de gases, agua y residuos especiales, además de contar con plataformas para la compra y clasificación de materiales reciclables y programas de educación ambiental. Esta infraestructura evidencia que la transformación en la gestión de basuras demanda inversiones operativas sostenidas en el tiempo.
La trampa conceptual en la que suelen caer los análisis apresurados es asumir que la Resolución CRA 1040 de 2026 decreta un descuento automático en los recibos de los usuarios. La norma lo que hace en realidad es modificar la fórmula tarifaria para integrar y remunerar de manera explícita las actividades de tratamiento, valorización energética, economía circular y recolección selectiva, alineando el marco regulatorio con los postulados del programa nacional Basura Cero. La resolución define cómo se deben calcular los costos si una ciudad o un prestador implementan tecnologías para procesar orgánicos o transformar residuos en insumos industriales, y establece reglas para incentivar que el material reciclable no termine enterrado. Sin embargo, integrar nuevas etapas tecnológicas de tratamiento en la cadena de aseo implica inversiones operativas y de infraestructura que deben sostenerse financieramente dentro de la tarifa, por lo que la expedición del acto administrativo no significa, bajo ninguna circunstancia, una orden legal de rebaja de precios por el solo hecho de su publicación.
Frente a las especulaciones e interpretaciones que sugieren que la entrada en vigor de esta regulación abaratará el servicio de forma inmediata, la norma ratifica que la única variable técnica que puede reducir el cobro variable en la factura es la conducta del propio usuario. La Resolución CRA 1040 mantiene el principio de que se paga por el volumen y el peso efectivamente recolectado y llevado a disposición final. Esto significa que si los habitantes de un municipio no reducen la producción de desperdicios desde sus hogares y si la comunidad no se disciplina en la separación en la fuente para entregar el material reciclable a organizaciones de recicladores de oficio, las toneladas que entran a la báscula seguirán siendo las mismas y el valor facturado no registrará variación a la baja. La tarifa futura no depende de promesas ni de decretos, sino estrictamente de cuántos kilos de basura deje de generar cada ciudadano y cada barrio.
La nueva Resolución CRA 1040 de 2026 establece los lineamientos para remunerar el tratamiento de residuos y promover el aprovechamiento, pero la aplicación del cobro variable sigue atada a los volúmenes pesados en báscula. La vía técnica establecida en la regulación para modificar el costo variable en la factura es la reducción efectiva en el peso de los residuos que se entregan al camión. Mientras la empresa operadora tiene la obligación de recoger los desperdicios dispuestos en la vía pública, la tarea de reducir residuos y separar en la fuente responde a la pauta de consumo de los hogares y a las estrategias de educación ambiental definidas en los planes de gestión municipal.
Cuando los usuarios separan el plástico, el cartón y el vidrio en sus viviendas y lo entregan a las organizaciones de recicladores de oficio registradas, esos materiales no ingresan al camión compactador ni a la báscula de Pirgua. Solo en la medida en que el tonelaje total destinado al parque tecnológico disminuya en las mediciones oficiales, el cobro por recolección y disposición final mostrará una reducción proporcional en los recibos. Mientras el volumen de basura generado en los predios se mantenga constante, la fórmula matemática de la ley nacional continuará aplicándose bajo los mismos parámetros.
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