#Editorial
¿𝐔𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳?
En una ciudad acostumbrada a debates estériles y a una institucionalidad que rara vez trasciende el escándalo para pasar a la acción, lo ocurrido recientemente en el Concejo Municipal de Tunja marca un punto de inflexión. Por primera vez en este periodo (2024-2027), un ejercicio de control político no solo generó un sismo dentro de la administración municipal, sino que podría tener consecuencias reales. El epicentro de esta sacudida tiene nombre propio: Juan Pablo Pérez Espitia, gerente estratégico de comunicaciones y protocolo.
Durante el debate, se presentó y puso en evidencia un panorama preocupante. Las acusaciones contra Pérez Espitia no son menores. En primer lugar, su posesión se habría dado sin cumplir los requisitos legales del cargo. Esto, de por sí, ya plantea una seria falla del aparato administrativo encargado de verificar los antecedentes y competencias de los funcionarios públicos. Pero el asunto no termina ahí. El informe ventilado en el Concejo detalla una red de contrataciones irregulares que involucra a personas sin formación idónea para prestar servicios en comunicación institucional, lo cual sugiere que se habría hecho uso de la contratación como mecanismo para pagar favores o cumplir compromisos personales. Alguno de los contratistas, paradójicamente, habría sido quien emitió certificados laborales para respaldar la experiencia del propio Pérez Espitia.
A esto se suma algo aún más alarmante: la posible falsificación de documentos públicos y el direccionamiento sistemático de la pauta oficial a medios afines al gobierno de Mikhail Krasnov. Quienes no comulgan con la administración, según lo denunciado en el recinto del Concejo, han sido marginados o incluso acosados. Este tipo de prácticas no solo erosiona la democracia local, sino que representa un atentado contra la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información plural e independiente.
Pero si algo terminó de dinamitar la ya escasa credibilidad del gerente, fue su decisión de presentar un documento de respuestas diferente al entregado con antelación al Concejo. Un acto que rayó en el engaño y que encendió las alarmas sobre su transparencia y confiabilidad. De hecho, lo más significativo del debate no fue tanto la dureza de los señalamientos, sino el hecho de que ninguno de los concejales, ni siquiera los más cercanos al oficialismo, salieran en su defensa. La soledad política en la que quedó Pérez Espitia fue un veredicto en sí mismo.
La concejal citante, Laura Silva Roldán, con toda razón, propuso una moción de censura. Y aunque este mecanismo exige la presentación de un informe firmado por al menos seis concejales y una votación mayoritaria en plenaria, lo cierto es que las condiciones están dadas para que esta vez el control político no quede en simples declaraciones. De aprobarse, sería la primera vez en el actual Concejo que un control político conduce a algo. Y eso no es poca cosa.
La inacción sistemática del cabildo tunjano ha llevado a buena parte de la ciudadanía a desconfiar de sus representantes. Se percibe al Concejo como una entidad tibia, incapaz de ejercer su función fiscalizadora de manera efectiva. Por eso, el caso Pérez Espitia representa más que un ajuste de cuentas con un funcionario cuestionado: es la oportunidad de reivindicar la legitimidad de la Corporación Edilicia. Es una prueba de carácter institucional.
Claro, habrá quienes intenten minimizar lo sucedido o quienes, desde la trinchera del clientelismo, presionen para diluir la moción de censura. Ya vimos cómo durante el debate varios concejales, particularmente de la coalición de gobierno, optaron por ausentarse. Pero su ausencia no los exime de responsabilidad. Tendrán que decidir, cuando llegue el momento de votar, si quieren seguir siendo cómplices del desgaste institucional o si están dispuestos a trazar una línea y actuar conforme al interés público.
El problema de fondo no es solo un gerente mal elegido, ni unos contratos mal hechos. El problema es un modelo de gestión donde la meritocracia ha sido reemplazada por la lealtad política; donde la comunicación institucional no se concibe como un puente con la ciudadanía, sino como un instrumento de propaganda para castigar disidentes y premiar adeptos. Eso es lo que debe corregirse.
Tunja necesita instituciones serias, funcionarios capaces y un Concejo que haga respetar la legalidad y la ética pública. La moción de censura contra Juan Pablo Pérez Espitia puede ser un primer paso. No para destruir, sino para reconstruir la confianza.
Si los concejales entienden el momento histórico que enfrentan, votarán pensando en la ciudad y no en intereses particulares. Tunja lo merece. Y lo exige.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El pasado 9 de junio Tunja amaneció un día más con una escena que, si no fuera trágica, sería caricaturesca: funcionarios municipales encapuchados, ocultando su rostro como si se tratara de un operativo contra el crimen organizado, acompañados por policías antimotines, se presentaron a las 5:30 A. M. para retirar una caseta de venta informal en el Bosque de la República. A esa hora, cuando aún nadie transita, cuando aún no hay testigos, se desmontó no solo una estructura, sino la poca credibilidad que le quedaba a la narrativa de "recuperación del espacio público".
El mensaje no pudo ser más claro: en Tunja, la informalidad se combate con fuerza desmedida, pero solo cuando es conveniente, cuando la víctima no pertenece a ninguna red de favores, cuando no molesta a nadie poderoso. Porque mientras la dueña de esta caseta, sin antecedentes penales, sin vínculos con ilegalidad alguna, era atacada en su ausencia y luego maltratada en medio de una crisis de salud, otros comerciantes informales y formales siguen reinando impunes en el Centro Histórico, en la Carrera 11 al sur, en la Avenida Olímpica, en la Norte o en la Universitaria, o incluso sobre la misma calzada de la Carrera 11, siempre y cuando digan estar "autorizados" por alguna cooperativa amiga del poder local.
Lo peor es la farsa de la justificación. Se pretende vincular a esta comerciante con riñas a machete ocurridas días antes o con el consumo de drogas en el bosque, como si por el simple hecho de vender empanadas en un parque ella fuera responsable de todos los males sociales. Es la misma lógica perversa de siempre: culpar al más débil de un problema estructural, porque es más fácil estigmatizar, reprimir y criminalizar, que resolver.
No es un tema menor que los funcionarios hayan actuado encapuchados. Eso no es institucionalidad. Eso es intimidación, es teatro barato con estética de película de mafiosos. ¿Desde cuándo los empleados públicos deben ocultarse para cumplir una orden? ¿Qué tanto temor les da mostrar sus caras cuando actúan en nombre de la ley?
Y que no se diga que esto es por el bien de la ciudad. Porque si Tunja realmente estuviera interesada en recuperar el espacio público, empezaría por intervenir las aceras maltrechas existentes en toda la ciudad, a la vez que construiría donde no existen, despejaría los sectores invadidos por los carros mal parqueados, y arreglaría los baches que convierten cualquier cuadra en un campo minado. Pero no. Se empieza, curiosamente, con la caseta más indefensa, en una zona verde que no obstruía el paso ni a peatones ni a vehículos, mientras que el resto del parque se cae a pedazos, ¿No era acaso más prudente, sensato y humano empezar por arreglar el parque por lo verdaderamente urgente mientras se brinda tiempo y alternativas de reubicación o de reconversión de su negocio?
¿Y cuál es la "solución"? Reubicar a la vendedora en el “Hoyo de la Papa” o en la antigua terminal, desiertos comerciales donde no pasa ni el viento. Una condena al hambre disfrazada de reubicación. ¿De verdad esa es la política pública? ¿Ese es el famoso plan para formalizar la informalidad? ¿Sacarlos de donde tienen ingresos precarios para enviarlos a lugares donde no tendrán ninguno?
La administración municipal debería recordar que en su momento otorgó exenciones para grandes empresas, para que se instalen con todas las garantías y beneficios. ¿Por qué no hacer lo mismo, en condiciones proporcionales, para quienes sobreviven del rebusque? ¿Dónde están los subsidios, los microcréditos, la formación técnica, las facilidades tributarias para los pequeños comerciantes?
Pero no. Se prefiere la vía del espectáculo, la fuerza sin diálogo, la represión sin estrategia. Se prefiere hacer como que se está recuperando la ciudad, cuando en realidad se está humillando a los más frágiles para tomarse una foto de “autoridad”.
Este no fue un operativo de recuperación del espacio público. Fue una vendetta, una puesta en escena para mostrar “mano dura” donde no hacía falta, mientras se sigue tolerando, por omisión o por conveniencia, a quienes verdaderamente obstaculizan, invaden y afectan el espacio de todos, o a quienes intimidan barrios enteros, como ocurre en El Consuelo; o a quienes tienen cooptados los negocios de la clandestinidad disfrazados de "limpia gamuzas", que operan en las narices de la Alcaldía, y que se esconden en lo más profundo del Bosque de la República, a donde no suelen entrar los funcionarios de espacio público, con o sin capucha.
No se puede combatir la informalidad ocultándola. Ni mucho menos criminalizándola. A menos, claro, que lo que se busque no sea una ciudad más ordenada, sino una ciudad más controlada políticamente, una ciudad donde lo estético se imponga sobre lo social, y donde el espacio público solo sea público si no incomoda a los de arriba.
#Editorial
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨: 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚
En medio del acostumbrado discurso triunfalista de la administración municipal, encabezada por el alcalde Mikhail Krasnov, se ha instalado la idea de que Tunja es hoy más segura que nunca. No faltan quienes afirman, con evidente sesgo propagandístico, que los resultados en materia de seguridad son un logro exclusivo del actual gobierno. Pero la verdad, como siempre, es mucho más matizada: la seguridad en Tunja no ha mejorado ni ha empeorado significativamente. Simplemente se mantiene en los índices propios de una ciudad históricamente tranquila. Y eso, más que mérito político, es una constante social que Tunja ha sabido conservar a pesar, y no gracias, a muchos de sus gobernantes.
Sin embargo, esta relativa calma se ve amenazada por fenómenos que, si no se atienden con la seriedad y urgencia que ameritan, podrían fracturar el delicado equilibrio de paz de la ciudad. Uno de estos casos es el que ocurre hoy en el barrio El Consuelo, donde un ciudadano llamado Pedro Sepúlveda ha instaurado una especie de justicia paralela, sembrando el terror entre los habitantes del sector. La comunidad lo ha denunciado insistentemente por suplantar funciones policiales y por hacer uso de elementos privativos de la fuerza pública, sin que hasta ahora las autoridades hayan actuado con contundencia.
Lo más grave no es solo el actuar de este personaje, que ya de por sí es alarmante. Lo realmente preocupante es la pasividad, cuando no complicidad, de las autoridades. La respuesta institucional ha sido lamentable: instar a la comunidad a denunciar, como si el Estado no tuviera herramientas para actuar de oficio en casos donde se pone en riesgo la convivencia ciudadana. ¿Desde cuándo las autoridades requieren una denuncia formal para frenar a un civil que se hace pasar por policía y presume autoridad sin tenerla? La respuesta es simple: cuando no quieren incomodar a alguien que, al parecer, goza del favor o la protección de ciertos sectores de poder. Bien podría el Alcalde como primera autoridad de Policía del municipio, o la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial, o el propio Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja instaurar la denuncia que se convierte en el pretexto ideal para la impunidad.
Resulta escandaloso que en una ciudad como Tunja, cualquier ciudadano que portara un uniforme o un arma sin autorización sería judicializado de inmediato. Pero en el caso de Pedro Sepúlveda no ocurre nada. Su escudo parece ser un entramado de influencias, amiguismos y silencios cómplices. Incluso hay denuncias que señalan que algunos de sus contactos llegan hasta la Fiscalía, lo que explicaría por qué los procesos en su contra no prosperan. Mientras tanto, las víctimas prefieren el silencio, por miedo, por frustración, o porque simplemente ya no creen en las instituciones.
La única funcionaria pública que ha tenido el valor y la ética de confrontar esta situación, por lo menos parcialmente, es Ahiliz Rojas Rincón, quien ha advertido en varias ocasiones que el actuar de Sepúlveda es ilegal. Su voz, sin embargo, ha sido aislada, y en medio de un Concejo Municipal complaciente y de una alcaldía indolente, no ha encontrado eco suficiente.
Es urgente entender que no estamos frente a un asunto menor. Permitir que Pedro Sepúlveda siga ejerciendo funciones que no le corresponden no solo representa una violación al orden legal, sino que abre la puerta a una espiral de imitaciones que podrían convertirse en una verdadera amenaza para la ciudad. Porque cuando se normaliza la justicia por mano propia, se allana el camino a fenómenos de violencia que el país conoce muy bien: paramilitarismo, milicias urbanas, pandillas de “limpieza social”. ¿De verdad vamos a permitir que Tunja, ejemplo nacional de tranquilidad, caiga en esa trampa?
La respuesta institucional ha sido tibia y desconcertante. Tratar de excusar el comportamiento de Pedro Sepúlveda diciendo que padece un trastorno mental sin que exista diagnóstico alguno no es solo irresponsable, sino profundamente ofensivo para quienes verdaderamente padecen problemas de salud mental. Y si en efecto se comprobara tal condición, entonces correspondería a su familia, y a las autoridades competentes, garantizar que reciba el tratamiento adecuado, y sobre todo, que no represente una amenaza para la comunidad.
Es imprescindible que el alcalde Krasnov, como primera autoridad de policía del municipio, asuma su responsabilidad. El desconocimiento que ha mostrado sobre este caso no lo exime de actuar. Tampoco lo exime la actitud del Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, Coronel Javier Lemus Pinto, quien ha minimizado la situación de forma preocupante. La seguridad no se puede reducir a cifras positivas de homicidios o hurtos. También se mide por la garantía del Estado de derecho y el respeto a las instituciones. Y hoy, en el barrio El Consuelo, esos principios están siendo pisoteados.
Los resultados de la Policía Metropolitana de Tunja son, en general, destacables. Pero este caso es un lunar, y uno con potencial cancerígeno si no se atiende a tiempo. No se puede permitir que el mensaje que reciba la ciudadanía sea que, si uno tiene buenos contactos, puede patrullar barrios, intimidar vecinos y hacer de policía sin consecuencias.
Tunja no puede jugar con fuego. No puede normalizar lo que, en otras regiones del país, ha significado muerte, desplazamiento y horror. La seguridad, ese bien tan preciado por los tunjanos, no puede ponerse en riesgo por la cobardía de los concejales, la apatía del alcalde o el silencio de los comandantes. Esta ciudad merece más. Merece autoridades que actúen con legalidad, firmeza y, sobre todo, valentía.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Por estos días, en los rincones más ruidosos de las redes sociales, se repite con insistencia una narrativa que pretende blindar al alcalde Mikhail Krasnov de cualquier cuestionamiento: la de la “persecución”. Según sus seguidores, algunos de ellos beneficiarios directos de contratos públicos, y otros voceros disfrazados de “medios de comunicación”; cualquier proceso disciplinario, fiscal, penal o administrativo que se inicie contra el mandatario no es más que una cacería política. Pero en honor a la verdad, esta afirmación no solo es falaz, sino peligrosa para la salud democrática de la ciudad.
No hay persecución. Lo que hay es legalidad. Los procesos en contra de Krasnov, como el reciente pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación, se fundamentan en normas constitucionales y códigos legales establecidos por la legislación colombiana. Pretender que las instituciones del Estado actúan por capricho o venganza política es una manera torpe de desacreditar a quienes cumplen con su deber de control y vigilancia. Más aún cuando el propio Krasnov, en este caso puntual, no ha salido a victimizarse ni a tildar la actuación como persecución. Quienes lo hacen por él son, en muchos casos, personas contratadas con recursos públicos.
Ese es el verdadero escándalo: la instrumentalización del aparato de gobierno, no solo para consolidar el poder político, sino también para construir una narrativa de mártir en torno a un alcalde que prometió honestidad y terminó replicando, y perfeccionando, las mañas de la vieja política. Su supuesto carácter independiente, su falta de pasado político, no lo hacen menos proclive a la corrupción. Por el contrario, han sido el camuflaje perfecto para deslizar prácticas cuestionables con la complicidad de un séquito que ha hecho del clientelismo y la propaganda su campo de acción preferido.
Tomemos un ejemplo concreto: el caso del contratista sin tarjeta profesional que motivó el reciente pliego de cargos. Este no es un hecho aislado, pues cabe recordar que una exsecretaria se le destituyó por una conducta similar. Pero eso es solo la punta del iceberg. Por ejemplo, en la Gerencia Estratégica de Comunicaciones, por mencionar una dependencia de varias que han de estar corroídas por el mismo germen clientelista, pululan los contratistas con títulos irrelevantes para las funciones que desempeñan. Negociadores internacionales, arquitectos, abogados, mientras que los comunicadores escasean, y para colmo de males, alguno de estos ejerce con un título comprado. En esa misma dependencia solo existe un contratista con formación posgradual, que irónicamente no es comunicador social ni periodista, dando a entender el escasísimo interés de esa administración por profesionalizar y elevar los estándares de la prestación de servicios que se da a la ciudadanía. ¿Cómo se explica esta aberración si no es bajo una lógica de contratación clientelista y poco transparente?
En este contexto, carece de todo sentido que se justifique a Krasnov amparándose en los errores del pasado. Es cierto que el exalcalde Alejandro Fúneme debe enfrentar múltiples procesos judiciales por actos de corrupción evidentes, a la vez que es cierto que los órganos de control han tardado en dar trámite a tan contundentes y evidentes muestras de malversación del erario. Pero que él no haya sido condenado aún no convierte a Krasnov en inocente por defecto. No se combate la podredumbre permitiendo que otros también se hundan en ella. Quien llegó a la administración vendiéndose como incorruptible, hoy está rodeado de sombras. Y muchas.
Peor aún es la actitud de aquellos ciudadanos que, desde la indignación selectiva, justifican las actuaciones irregulares de la actual administración solo porque las anteriores también fueron corruptas. Es una lógica perversa que debilita toda posibilidad de control social y convierte a los ciudadanos en cómplices silenciosos. ¿Qué clase de moral permite aplaudir al ladrón solo porque el anterior robaba más?
Si hay una persecución en Tunja, es la que han vivido funcionarios que no se han plegado al estilo autoritario del alcalde Krasnov. Muchos de ellos han sido víctimas de acoso, maltrato y abusos laborales que, por miedo, aún no han salido a la luz pública. Ese es el verdadero silencio impuesto, la verdadera mordaza. ¿Quién habla por ellos? ¿Dónde están los defensores de la “libertad de trabajo” cuando estos casos se ocultan bajo la alfombra del poder?
Y, por último, no. No es que a Krasnov “no lo dejen trabajar”. Su falta de resultados es producto de su ineficiencia, no de conspiraciones. Los delirios de persecución que aquejan a sus seguidores no pueden ocultar una gestión deslucida, plagada de errores y adornada con propaganda. Gobernar no es solo ganar likes en redes sociales o pagar medios para que maquillen la realidad. Gobernar es entregar resultados, y hasta ahora, los de esta administración son más escándalos que logros.
Tunja no necesita mártires de papel ni cruzadas ficticias. Necesita transparencia, capacidad y liderazgo. Y sobre todo, necesita una ciudadanía que no se trague cuentos, que cuestione a sus gobernantes y que no se deje intimidar por ejércitos de trolls ni por medios vendidos. Porque si algo está claro, es que no hay persecución más peligrosa que la que se hace desde el poder para silenciar a quienes exigen verdad.
#Editorial
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐥𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐨: 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬
En Tunja, sobre el Alto de San Lázaro, se alza desde hace poco un letrero gigante con el nombre de la ciudad. Más que una simple estructura de letras, este aviso marca un nuevo punto de inflexión en la forma en que se proyecta el territorio y se piensa la ciudad: como un espacio con potencial turístico, con una identidad que puede ser contada y recorrida desde sus barrios, y no únicamente desde su Centro Histórico.
El letrero se convierte en el punto final de 'La Ruta del Zaque', un ecomuseo que ha venido construyéndose durante los últimos cinco años gracias al trabajo colectivo de comunidades de nueve barrios y tres veredas del occidente de Tunja. Este recorrido ya cuenta con hitos visibles y visitables: murales, estatuillas y ornamentos sobre la historia Muisca, la Fuente de Aguayo, el Monumento al Trigo, mosaicos dedicados a Jorge Velosa y a la mujer Muisca, así como los Cojines del Zaque y sus vestigios del antiguo observatorio astronómico de la región. Todos estos puntos, en su conjunto, narran una historia más amplia que la de una ciudad colonial: la de un territorio vivo, con memoria, iniciativa y apropiación.
La instalación del letrero ha sido recibida de forma positiva por buena parte de la ciudadanía. En redes sociales abundan las publicaciones y reacciones que celebran el nuevo símbolo urbano. Esa respuesta no debe subestimarse. Las ciudades también se construyen a partir de símbolos que activan el sentido de pertenencia, y esta intervención, sencilla en apariencia, ha logrado precisamente eso: poner en el mapa un sector de Tunja que por años ha sido periférico en las agendas institucionales.
No es la primera vez que una intervención de bajo costo logra un alto impacto. Las escaleras eléctricas de la Comuna 13 en Medellín son un ejemplo claro de cómo un cambio menor en infraestructura puede tener efectos significativos en el turismo, el comercio local y la percepción del territorio. El letrero de 𝐼 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑁𝑌, que ha sido replicado en decenas de ciudades del mundo, también es un recordatorio de que muchas veces lo simple es lo más efectivo. Lo relevante no es solo el objeto, sino lo que logra activar en torno suyo.
En ese sentido, el aviso de Tunja tiene un potencial evidente: se trata de una estructura visible, ubicada en un punto desde el cual se aprecia una panorámica inmejorable de la ciudad. El viento, el paisaje, la historia contenida en el recorrido previo de la Ruta del Zaque, son elementos que ya están ahí y que deben ser aprovechados. Sin embargo, el acceso al lugar presenta desafíos que no deben ignorarse. Aunque se puede llegar a pie, en taxi o en carro particular, el transporte público colectivo solo llega hasta el barrio Altamira, lo cual implica caminar varias cuadras hasta el sitio del atractivo. Si bien la distancia no es excesiva, puede desincentivar a quienes dependen exclusivamente del transporte público y esperan bajarse o subirse en el mismo punto del atractivo. Esta limitación debe ser tenida en cuenta si se quiere fomentar un flujo constante de visitantes. La falta de inversión en la vía que lleva hasta el letrero, por ejemplo, representa una omisión básica que puede resolverse con recursos limitados pero bien orientados.
En términos económicos, esta intervención representa una oportunidad concreta. A diferencia de otras propuestas que han sido difundidas en la opinión pública y que implican inversiones de cientos de miles de millones de pesos, este proyecto ha demostrado que con montos mucho más bajos es posible activar procesos comunitarios, atraer visitantes y generar nuevas dinámicas en zonas históricamente marginadas. Además, no requiere inventarse nada: el recorrido ya existe, la comunidad lo respalda y los atractivos son genuinos.
No obstante, el trabajo está a medio camino. Si la administración municipal desea que esta iniciativa trascienda la foto inicial, debe asumir responsabilidades claras: garantizar seguridad, asegurar mantenimiento del lugar y, sobre todo, generar condiciones reales para que los habitantes del sector puedan emprender, vender, ofrecer servicios y beneficiarse directamente de la llegada de visitantes. Así como en su momento se promovieron exenciones tributarias para atraer grandes empresas, ahora habría que pensar en incentivos o programas que faciliten la creación de negocios locales: tiendas, cafés, puntos de información, experiencias culturales guiadas, restaurantes, etcétera.
El letrero no va a dinamizar la economía por sí solo. Lo hará si se integra a una política que priorice la participación de las comunidades locales y que entienda el turismo como una herramienta de inclusión y no solo de ornamento. La ciudad tiene la oportunidad de aprender de otras experiencias sin repetir errores. Convertir este lugar en un punto de encuentro, en un motor económico y en una ventana para contar lo que Tunja es más allá de su plaza principal, sus iglesias o su pozo milenario, dependerá de lo que se haga, o se deje de hacer, en los próximos meses.
Por ahora, hay un nuevo punto de referencia. Que se convierta en destino, y no en anécdota, es una tarea pendiente.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Como ocurre con frecuencia en Tunja, las obras públicas parecen responder más a la presión del calendario ceremonial, cultural o deportivo, que a una planificación rigurosa de ciudad. Esta semana comenzaron los arreglos sobre la Calle 17 entre carreras 12 y 15, justo a pocos días del tradicional desfile en honor a la Virgen del Milagro, programado para el 1 de junio. El inicio de los trabajos el 29 de mayo, a solo tres días del evento, es un claro ejemplo de improvisación administrativa, especialmente si se considera que este desfile religioso es una actividad fija y ampliamente conocida dentro del cronograma cultural de la capital boyacense.
La intervención, aunque necesaria, deja entrever un patrón repetido: remiendos de último minuto para “salvar el evento”, más que soluciones integrales que mejoren verdaderamente la infraestructura urbana. La Calle 17, una de las más transitadas del Centro Histórico de la ciudad, ya había sido objeto de trabajos de parcheo en el tramo entre carreras 11 y 12. Sin embargo, esos arreglos no solo resultaron poco duraderos, sino también mal ejecutados. A la vista están las ondulaciones en el pavimento que dificultan la circulación y exponen a los transeúntes y conductores a situaciones riesgosas.
La situación resulta aún más preocupante al considerar que el desfile del 1 de junio recorrerá la Calle 17 desde la Carrera 15 hasta la Carrera 9, pero las intervenciones viales se están ejecutando únicamente entre las carreras 12 y 15. Esto implica que más de la mitad del recorrido no contará con adecuaciones previas al evento. La decisión de limitar las obras a un tramo específico del trayecto sugiere una intervención parcial con fines más estéticos que funcionales, dejando de lado una mejora integral de la vía y evidenciando nuevamente una falta de planificación sostenida por parte de la administración.
La improvisación no solo se evidencia en el momento de iniciar las obras, sino también en su calidad y alcance. Arreglos apurados que no responden a estándares técnicos, ni contemplan soluciones estructurales, son apenas paliativos que inevitablemente volverán a fallar. Tunja necesita intervenciones pensadas a largo plazo, con diagnósticos técnicos sólidos y una priorización basada en las necesidades reales de sus habitantes, no en las exigencias del protocolo.
Es inevitable preguntarse: ¿por qué se actúa siempre sobre la marcha, incluso con eventos que se repiten año tras año? ¿Por qué no se planifica con anticipación un mantenimiento vial coherente que contemple no solo la zona céntrica en días festivos, sino también los barrios y sectores donde los daños persisten de forma crónica? La respuesta, desafortunadamente, parece estar en una gestión pública más preocupada por la forma que por el fondo, por las fotos y la apariencia que por la funcionalidad.
La Calle 17 es hoy solo otro ejemplo del modo en que Tunja transita entre bache y bache, entre obras que no duran y reparaciones que llegan demasiado tarde. Una ciudad capital no puede seguir dependiendo del afán de la víspera para resolver sus problemas estructurales. Si la administración actual aspira a dejar una huella positiva, deberá empezar por cambiar el enfoque: planear más, improvisar menos y, sobre todo, ejecutar con la calidad que la ciudadanía exige y merece.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Hace unos días, el Gobierno Departamental celebraba —entre discursos triunfalistas y anuncios populistas— supuestas victorias en la reducción de la pobreza y el desempleo. Pero en las calles, en los campos, en las casas de las madres cabeza de hogar, la realidad es otra: Boyacá tiene hambre. Y no es una metáfora. Las cifras hablan con crudeza, aunque desde el Palacio de la Torre parezcan habitar una dimensión que prefiere ignorarlas.
Mientras desde el escritorio oficial se habla de progreso, miles de familias boyacenses luchan a diario para garantizar un plato de comida. El uso simbólico de la ruana para "conectar" con el campesinado se ha quedado en la fachada proselitista. La cercanía real no existe ni ha existido en la década del mismo Gobierno. Lo confirman los datos recientes del DANE que reflejan que no se ha trabajado de forma integral para garantizar la seguridad alimentaria en el departamento.
𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗶𝗳𝗿𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿
Según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria del DANE, el 18,6% de los hogares boyacenses tuvo dificultades para acceder a alimentos durante el último año. En 2023, esa cifra era del 16,7%. Es decir, hoy hay más hogares que no logran garantizar una alimentación digna. Como bien lo explicó el profesor Jacinto Pineda en Caracol Radio: “Estamos hablando de miles de familias que no están comiendo como deberían”.
Mientras el promedio nacional mostró una leve mejoría (del 26,1% al 25,5%), Boyacá empeoró. Aún más alarmante es el aumento de los casos graves: hogares que no solo comieron mal, sino que pasaron hambre real por falta de recursos. En Boyacá, esa condición crítica pasó del 1,5% en 2023 al 2,3% en 2024. Estamos hablando de personas que no tuvieron ni comida ni dinero para conseguirla.
Se estima que el 19,9% de la población boyacense —unas 252.000 personas— sufrió inseguridad alimentaria durante el último año. De ellas, el 2,1% vivió días enteros sin nada para comer. 8.588 hogares pasaron de inseguridad alimentaria moderada o grave, y 3.640 ingresaron a condiciones graves. En términos humanos: miles de familias pasaron hambre.
Estas cifras son profundamente significativas, aunque los comunicados de la Gobernación digan lo contrario.
𝗚𝗼𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿 𝘀𝗶𝗻 𝗽𝗶𝘀𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶́𝗮
Frente a esta realidad, el Gobierno Departamental ha respondido con soberbia e indiferencia. En lugar de escuchar a los académicos o acoger los datos del DANE, desestima las cifras y emite declaraciones arrogantes que desnudan su desconexión con el territorio.
Es inadmisible que, ante un diagnóstico tan doloroso, se recurra a discursos grandilocuentes para maquillar la realidad. Una vez más se confirma que el llanto fue fingido y la humildad se evaporó entre los placeres del poder.
Y no se trata solo de este informe, Boyacá lo padece en muchas formas. Tenemos un “gobernador de helicóptero” que prefiere sobrevuelos simbólicos —celebrados por medios aliados— en lugar de caminar por los municipios azotados por la ola invernal. Que opta por giras políticas fuera del departamento mientras aquí crecen el hambre, las necesidades y la desesperanza. Que elige las promesas vacías, las obras inconclusas y una narrativa oficial plagada de logros inflados.
𝗠𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗴𝗼, 𝗺𝗮́𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻
Estamos en un momento crítico que exige humildad, presencia real y compromiso. Se necesita voluntad política, decisiones firmes y un liderazgo enfocado en las verdaderas urgencias del territorio, no en la autopromoción.
Es hora de dejar atrás el populismo de redes sociales, los discursos fabricados para medios nacionales y las lágrimas impostadas en videos de campaña. Gobernar no es posar. Gobernar es garantizar que ningún niño, ninguna madre, ningún abuelo se acueste sin comer.
Porque mientras en los informes oficiales todo parece mejorar, en las cocinas boyacenses el hambre sigue sentándose a la mesa.
#Editorial
𝐄𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La propuesta de construir un Centro PotencIA en Tunja, financiado por el Gobierno Nacional con una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, ha abierto un debate necesario sobre las prioridades reales del municipio. Aunque el proyecto apunta a impulsar la formación ciudadana en tecnologías de la información, inteligencia artificial y productividad, el contexto local obliga a preguntarse si este es el tipo de infraestructura que realmente necesita la ciudad en este momento.
El municipio no aportará recursos financieros directos a la obra, más allá de facilitar el lote para su ejecución. Sin embargo, ni la Alcaldía ni el Gobierno Nacional han proyectado cuánto costará mantener y operar este centro una vez construido. La ausencia de este dato ha generado preocupación, especialmente al considerar antecedentes de otras infraestructuras en Tunja que, tras ser inauguradas, han quedado en el abandono por falta de planificación. Tal es el caso de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, cuya construcción se completó hace años pero que continúa cerrada al público.
Las dudas no se limitan a lo económico. En el Concejo Municipal, por ejemplo, se ha cuestionado el sentido de urgencia con el que se impulsa este proyecto, en una ciudad con carencias estructurales evidentes. Tunja enfrenta fallas en la infraestructura de varias de sus instituciones educativas; comunidades rurales siguen sin acceso a servicios públicos esenciales como agua potable y energía; y algunos sectores urbanos carecen de cobertura en salud.
La malla vial deteriorada, los proyectos turísticos truncados por falta de inversión y las decenas de familias afectadas por estafas inmobiliarias que aún esperan una solución habitacional, completan el panorama de necesidades urgentes que contrastan con el entusiasmo gubernamental por levantar una estructura cuya sostenibilidad está en entredicho.
Este tipo de decisiones dan cuenta de una desconexión entre el nivel central del Estado y las realidades locales. El Centro PotencIA, concebido como parte de un paquete replicado en varios territorios del país, parece más una fórmula homogénea que una respuesta adaptada a las características y carencias particulares de Tunja. Si el objetivo es cerrar brechas en acceso y formación digital, la ciudad ya cuenta con infraestructura subutilizada como los Puntos Vive Digital, creados años atrás con el mismo propósito, pero ignorados por la mayoría de los ciudadanos y abandonados en términos de mantenimiento y promoción.
En lugar de embarcar a la ciudad en el desafío de operar una nueva edificación sin recursos garantizados, sería más sensato fortalecer los espacios ya existentes y promocionar adecuadamente los programas de formación que ofrece el Ministerio TIC. Tunja necesita soluciones que respondan a su contexto, no imposiciones que suenan modernas pero que poco aportan si no se sustentan con proyecciones responsables.
El llamado es a que el Gobierno Nacional revise con seriedad sus prioridades en los territorios y consulte a fondo las necesidades reales de municipios como Tunja, que siguen esperando inversiones en servicios básicos, infraestructura funcional y soluciones a problemas sociales postergados. El progreso no siempre se construye con concreto ni con imposiciones, a veces comienza por escuchar y concertar.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La inclusión no se construye con gestos simbólicos ni con eventos esporádicos. Aunque pueden partir de buenas intenciones, resultan ineficaces si no se acompañan de políticas estructurales, acciones sostenidas y transformaciones reales en la infraestructura y la cultura institucional. Tunja, capital de un departamento que se precia de su vocación social, aún tiene un largo camino por recorrer en materia de accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: el pasado 21 de mayo, la Alcaldía organizó un paseo a Ráquira para niños y adolescentes con discapacidad, junto con sus cuidadores. La actividad, pensada como un espacio de esparcimiento y reconocimiento, generó entusiasmo en algunos sectores, pero también trajo a flote una realidad incómoda: las políticas de inclusión del municipio siguen ancladas en acciones puntuales, más asociadas a la visibilidad mediática que a un compromiso profundo con los derechos de esta población.
Mientras se celebran estos gestos, en las calles de Tunja persisten barreras cotidianas que dificultan, y muchas veces impiden, la vida digna de quienes tienen movilidad reducida. El mobiliario urbano, en su mayoría, no cuenta con adaptaciones para el uso equitativo de espacios públicos: andenes altos y sin rampas, parques sin accesos funcionales, y señalización inexistente o poco comprensible. No se trata solo de una falla técnica, sino de una omisión política que niega el principio de equidad.
Incluso donde se ha avanzado, como en la flota de transporte público —que ya cuenta con 42 buses adaptados para personas con movilidad reducida—, la falta de coherencia en el diseño del sistema urbano impide que estas adecuaciones se traduzcan en beneficios reales. No existen paraderos compatibles con los sistemas de ascenso y descenso de estos vehículos, lo que convierte a la accesibilidad en una promesa vacía. Peor aún, los conductores, sometidos a tiempos estrictos por parte de las empresas operadoras, no tienen la posibilidad práctica de ofrecer la asistencia que muchas personas requieren para ingresar o salir del bus. Así, el derecho a la movilidad se transforma en una carrera de obstáculos.
Las dificultades no se limitan al entorno físico. La falta de instituciones educativas especializadas y de profesionales capacitados para atender a estudiantes con discapacidad representa una de las brechas más graves. Sin una educación inclusiva, que reconozca las particularidades de cada estudiante y adapte los recursos pedagógicos a sus necesidades, es imposible hablar de equidad. Y si los docentes y directivos no están preparados, o simplemente no están dispuestos, para acoger a esta población, no hay paseo ni evento cultural que compense el rezago estructural.
El compromiso con la inclusión debe ir más allá de las cámaras y las redes sociales. Debe traducirse en políticas públicas integrales, presupuestos adecuados, formación continua, contratación de profesionales idóneos y participación activa de las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan. Las familias no necesitan agradecimientos efusivos por cuidar de sus hijos o familiares: necesitan respaldo del Estado en forma de accesos, apoyos, educación, salud y movilidad.
Tunja tiene la oportunidad de convertirse en una ciudad verdaderamente incluyente, pero para lograrlo debe dejar de pensar en la discapacidad como un tema menor, gestionado desde lo anecdótico, y abordarlo como una prioridad de justicia social. La inclusión no es un paseo, es un derecho. Y está muy lejos de cumplirse.
𝑃𝑜𝑟: 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐴. 𝑉𝑒𝑙𝑎́𝑠𝑞𝑢𝑒𝑧-𝐶𝑟(𝑟) 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒́𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
En el lenguaje empleado por el presidente Petro en sus extensos y cada vez más insustanciales discursos, los términos que más aparecen y están detrás de sus acciones, son “derechos” y “pueblo”, utilizados ambos de manera imprecisa como cuando con “pueblo” se refiere implícita y exclusivamente a quienes lo vitorean en la plaza de Bolívar, a los campesinos y/o a quienes lo eligieron. ¿Quiénes eligieron a los congresistas de partidos de oposición o independientes y a los alcaldes y gobernadores no petristas no hacen parte del “pueblo”? Ahora bien, los términos que nunca o casi nunca utiliza ni están detrás de sus decisiones son “deberes” y “nación”. Es el caso, por ejemplo, de aprovechar el viaje a China para, unilateral y sorpresivamente firmar el documento de intención para ingresar oficialmente a la Iniciativa de la “Franja y la Ruta de la Seda”. ¿Cumplió Petro con el deber de hacer un suficiente análisis de las implicaciones no solo comerciales para la nación, sino también estratégicas para la Seguridad Nacional? ¿pidió opinión al respecto siquiera a alguno de los miembros del comité de relaciones exteriores?
Lo anterior expresa la ideología que mantiene al presidente Petro esclavo de sí mismo, la cual ha permanecido subyacente en sus posturas y decisiones durante su ejercicio del gobierno. Esta ideología, que bien puede denominarse como de egoísmo anárquico, conlleva una “ética” implícita: la tendencia a ver en la ley y las normas obstáculos que se oponen a su “voluntad propia” y al mismo tiempo mostrar falta de empatía o solidaridad, que puede incluso justificar el abuso de poder o la corrupción si favorece al “yo”, todo lo cual irradia fragmentación y desunión no solo en su gabinete sino también en la nación.
Es la misma ideología que ha impedido a las principales reformas sociales (educación, salud, y laboral) ver la luz de aprobación en el Congreso. Varios congresistas, y no solo de la oposición, han dicho en diferentes formas que, más que los artículos de los proyectos de ley, lo que en últimas se ha convertido en el obstáculo insalvable, ha sido la incapacidad del gobierno para concertar y arribar a consensos. Los ministros del interior o los otros delegados gubernamentales “oyen” pero no “escuchan” los puntos de vista diferentes y ni siquiera los que podrían ser complementarios, declaró en Red+Noticias el presidente del Congreso Efraín Cepeda, lo cual se traduce en que toman nota de aquellos, pero no los incluyen en los textos de los proyectos.
Entonces surge el interrogante de si los ministros de la política que ha tenido este gobierno - Prada (hundimiento de la reforma política), Velasco (archivo de la reforma laboral en la comisión séptima), Cristo (no aprobación del Presupuesto General y la ley de financiamiento) y Benedetti (negación de la consulta popular) - han seguido instrucciones del Presidente de no “escuchar” y seguir adelante buscando imponer la voluntad de su jefe o han sido incompetentes para concertar en el Congreso, lo cual es poco probable dada la experiencia política de todos ellos y el ampliamente comentado vacío en la comunicación entre el presidente y los ministros.
Dicho lo anterior, es lógico colegir que lo que ha ocurrido es que gran parte del órgano legislativo se ha sentido con frecuencia insultado con los discursos de Petro frente a su “pueblo”. No es sino recordar el del pasado 1º de mayo cuando en un paroxismo rayano en el ridículo y con espada de Bolívar y bandera bolivariana de la “guerra a muerte” incluidas, amenazó a los congresistas que se opusieran a la consulta diciendo “que serían expulsados del congreso por el pueblo”. Así las cosas ¿es de extrañar que haya sido negada la consulta popular, concebida no para el bien común nacional, sino para oxigenar los potenciales votos a favor del “Pacto Histórico” en vísperas de las elecciones del 2026 y de paso darle contentillo al “yo” de Petro?
Finalmente, todo lo descrito atinente a la ideología que “adorna” el estilo de gobierno del Presidente, se corrobora con la intempestiva renuncia de Angela María Buitrago al Ministerio de Justicia y la reacción de Petro desde la China quien no tuvo ni lealtad ni respeto por la funcionaria que venía cumpliendo una labor concentrada en los principales problemas de su sector, alejada del clima de crispación política que promueve y rodea al gobierno. Si se tiene en mente que además de las decenas de relevos ministeriales de los años anteriores, en lo que va corrido de este año ya son 15 los cambios en el gabinete, se puede afirmar que la grave lesión a la gobernabilidad, a la estabilidad institucional y a la deficiente gestión oficial son otros de los efectos colaterales producidos por un gobierno presidido por un ególatra anárquico.
#Editorial
¿𝐕𝐢𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝?
Los rumores de tinteaderos y mentideros políticos sobre el venidero fallo de nulidad electoral contrario a las pretensiones de Mikhail Krasnov, encuentran todavía más sustento con actuaciones como las de firmar un convenio multimillonario, vía contratación directa, para empaquetar la organización de cuanto evento se haga en la ciudad por lo que resta de 2025.
Ese empaquetamiento de eventos de diversa índole, principalmente culturales, nunca antes visto en la contratación de la ciudad, da cuenta de las intenciones de sacar tajada, lo más pronto posible, ante un eventual fallo que confirme la nulidad de la elección de Krasnov.
Más allá del lavado de cara que han pretendido hacer los medios de comunicación de bolsillo de Krasnov, engañando a la opinión pública con supuestos pulsos ganados y ocultando el rechazo a la solicitud de decretar pruebas por parte del abogado de Krasnov, lo cierto es que en los círculos cercanos a la justicia no se habla más que de la confirmación de lo ya determinado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, razón misma que está llevando a Krasnov no solo a firmar multimillonarios contratos en medio de prisas, sino a realizar una serie de actuaciones que confirmarían el recelo que tiene el mandatario ruso-colombiano por la venidera sentencia.
Al ya mencionado multimillonario contrato de empaquetamiento de eventos, se suma la solicitud de vacaciones de Krasnov, justo en los días en que se rumora saldrá la sentencia. Hay quienes dicen que este movimiento obedece a la intención de alegar imposibilidad de ser notificado de la sentencia, así como otras versiones dan cuenta de que estas vacaciones serían solo un intento de huida de la justicia, pues una vez destituido, Krasnov, ya sin las mieles del poder, tendrá que afrontar varias causas penales que cursan en su contra.
A todo esto, habría que añadir los intentos que se vienen haciendo, por debajo de la mesa, para adjudicar la labor de actualización catastral, también por un valor cercano a los 10 mil millones de pesos; de la que se dice que, para hacerle el quite al rastro y al control que suele hacerse a este tipo de procesos, se manejará vía convenio y no a través de un proceso de contratación convencional con su correspondiente posibilidad de seguimiento en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
El inicio de rendiciones de cuentas, así como las publicitadas publicaciones de intervenciones viales, por más mínimas e insignificantes que resulten; el anuncio de saneamiento de las finanzas de la ESE Santiago de Tunja, que contrasta con el silencio sobre la multimillonaria deuda que se mantiene con el contratista del Aguinaldo Boyacense 2024; y los rentables y populacheros ataques a las empresas de servicios públicos, dan cuenta igualmente de un Krasnov en medio del desespero por tratar de influir y torcer el camino de una sentencia en la que, al parecer, las cartas ya están jugadas.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El viejo y desgastado eslogan de campaña “la plata alcanza cuando no se la roban”, cada vez queda más enterrado en el olvido, no solo por los múltiples escándalos y malos manejos de los que se acusa a la administración Krasnov, sino por su inminente necesidad de malgastar los recursos provenientes de los bolsillos de los tunjanos en causas foráneas y de escasa relevancia.
Los ejemplos cunden por montones, especialmente en estos últimos tiempos de Congreso Iberoamericano de Desarrollo Estratégico (CIDEU), ‘Rebaño Fest’, conciertos de dúos rusos, entre otras tantas muestras de esta Tunja que conecta con el desgobierno y con el despilfarro.
Sobre el ‘Rebaño Fest’ resulta necesario anotar que la asistencia fue más que pobre, por más que la administración Krasnov pretenda inflar unos resultados que a simple vista, para quienes asistieron, fueron fantasmales. Quien se haya tomado el trabajo y la molestia de darse un paseo por el coliseo del Irdet en la feria empresarial, o por la UPTC en la conferencia de apertura del evento, o incluso en la carrera de enruanados, que fue de interés solo de los medios de bolsillo del alcalde; podrán dar fe de la escasísima participación y asistencia que tuvo la ciudadanía, que fue similar a la que suele tener un partido de Boyacá Chico o Patriotas, con la salvedad de que organizar estos partidos no cuesta los cerca de 200 millones que se pagaron por el ‘Rebaño Fest’.
Al CIDEU habrá que darle la oportunidad de que se desarrolle, pero en su antesala ha de advertirse que hay varios de sus condimentos que huelen a podrido. Empezando por aquella incoherente y poco creíble justificación de que congresos como este son trascendentales para la planificación de la ciudad, pues habría que preguntarse entonces qué tanto le importa la planificación a un Gobierno Municipal que cuando ha tenido oportunidad de conocer los planteamientos que hace el Consejo Territorial de Planeación (CTP) respecto al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los han ignorado casi que por completo.
También resulta necesario desmentir ese anuncio embustero y engañoso que hizo el alcalde Mikhail Krasnov en enero de este año diciendo que Tunja había sido escogida para acoger y organizar este congreso, siendo que este lo organizan rotativamente las ciudades que están afiliadas a esta red de urbes, con el agregado de que el organizador asume los costos de la realización del evento.
Krasnov no solo omitió contar en su demagógico y propagandístico anuncio que sería la ciudad quién tendría que pagar por tan magno evento, sino que decidió aceptar la acogida de este congreso en uno de los momentos financieros más delicados en la historia de la ciudad, a pesar de que no existe ni siquiera una proyección del impacto y la rentabilidad económica que este evento pueda tener para Tunja. Seguramente el discurso una vez terminado el congreso será el mismo que se tuvo sobre el Aguinaldo, la Semana Santa, o la reciente edición del Día Sin Carro, de los que se entregaron unos balances “exitosos”, bajo el soporte de unas fantasiosas cifras de las que hoy ya ni siquiera el mismísimo Krasnov se debe acordar, como suele ocurrir con cualquier relato basado en la mentira.
A todo esto cabe sumar que como parte del congreso se le financiarán los tiquetes aéreos a alcaldes de ciudades a las que Krasnov ha ido anteriormente, bajo el supuesto de que no ha significado gasto alguno para el municipio, seguramente porque en su momento fueron esas ciudades las que le pagaron el viaje al mandatario ruso-colombiano bajo la condición de que en un futuro fuese Tunja la encargada de asumir los costos de esos viajes, todo incluido, para los mandatarios de las ciudades que en su momento recibieron a Krasnov. Así las cosas a Tunja le restaría aún financiar los viajes de mandatarios de las otras ciudades a donde Krasnov ha ido de turismo utilizando su condición de alcalde de Tunja, viajes de los que hasta ahora se le contabilizan cero resultados o beneficios para la ciudad.
Del concierto del dúo ruso ‘D’Vianchi’ cabe decir que, a pesar de los excesivos esfuerzos propagandísticos, la acogida entre el público local, regional y nacional fue prácticamente nula, pues en el Teatro Mayor Bicentenario, que se le niega habitualmente a los artistas de la ciudad, se vieron mayoritaria, y casi que exclusivamente, a funcionarios de la Administración Municipal. Es decir, fue un fiasco absoluto a un costo hasta ahora desconocido.
Y mientras el presupuesto municipal, proveniente mayoritariamente del pago de impuestos de los tunjanos, se va en financiar viajes de alcaldes ecuatorianos, en conciertos de dúos rusos, en la organización de festivales de escasísima acogida, poco y nada representativos de las actividades comerciales de la ciudad; a los artistas deportistas y habitantes en general de la capital boyacense, se les niega hasta el más ínfimo de los recursos solicitados.
Basta recordar los inevitables cierres a los que tuvieron que someterse el Teatro Tablosky o la Academia de Baile Prisma por falta de recursos o apoyo que se le llegó a solicitar al Gobierno Municipal; la negativa de uso de escenarios municipales, como el Teatro Mayor Bicentenario, que se le dio a la obra que ya tenía preparada la Fundación Fiat Mujer, el no pagó a los participantes del concurso de pesebre realizado en el marco del Aguinaldo Boyacense 2024, y la falta de reconocimiento al concurso de villancicos en el marco de esa misma eventualidad. En ambos casos quienes participaron siguen a la espera del pago del premio que ganaron a punta de trabajo, mérito y en franca lid.
También se han negado recursos a artistas o grupos ciudadanos que pretenden realizar o terminar murales como el que está en el ingreso al barrio Kennedy en el occidente de la ciudad, incluso cuando las mismas comunidades se ofrecen a poner la mano de obra. Eso aplica también para el mejoramiento de la malla vial, para la que grupos ciudadanos han ofrecido tanto mano de obra como aporte de material o de recursos económicos, más allá de que ya los han aportado a través del pago de sus impuestos; y la respuesta habitual de la administración municipal suele ser una negación.
¿Y qué decir de las negativas de apoyo al deporte? A la humilde escuela de fútbol del barrio Antonia Santos liderada a honorem por el profesor Benjamín Cuevas, le han dicho en reiteradas ocasiones que no a su solicitud de un bus que pueda transportar a los niños a una cancha de propiedad del municipio y de vuelta a su barrio, puesto que el terreno en el que entrenan no tiene las más mínimas condiciones para la práctica deportiva. A esto se suma por ejemplo lo ocurrido con el deportista tunjano Esteban Cruz Forero, máximo anotador de la más reciente de edición del Campeonato Mundial de Ultimate Fresbee. Este joven logró representar al país y dejar el nombre de la ciudad en alto gracias al apoyo de sus padres y al intempestivo aporte que consiguió de parte de Indeportes Boyacá a última hora.
Valdría la pena preguntarse si el populista eslogan de conectar a Tunja con el mundo se sustenta más en un fenómeno de importaciones de amigos del pasajero alcalde y sus funcionarios, en vez de pretender la exportación y visibilización del talento, la sabiduría y las capacidades de los tunjanos más preparados y más ejemplares, que hasta ahora siguen sin conectarse con el mundo y sometidos al yugo de un foráneo que hasta el momento el único legado que le deja a la ciudad es un nutrido repertorio de buenos videos para redes sociales y un extenso listado de corruptelas y jugaditas que aún no ha podido desmentir.
#Opinión
𝐋𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐠𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚: 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐩𝐚𝐩𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫𝐬𝐞
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
La elección de León XIV como nuevo líder de la Iglesia Católica ha dividido en dos las expectativas del papado. Por un lado, están quienes celebran la posibilidad de continuidad del legado social de Francisco. Por otro, quienes, con razón, vuelven a abrir el cofre donde la Iglesia guarda, entre incienso y símbolos dorados, los pecados que aún no ha confesado ni redimido.
Esta realidad se da tras el pontificado de Francisco que se distinguió por una cercanía pocas veces vista. Desde la humildad de su sotana blanca sin ornamentos que acercó el trono simbólico a las periferias, habló con migrantes, escuchó a las mujeres, bendijo a los excluidos y pidió perdón por abusos que todavía resuenan.
Ahora, con León XIV, la liturgia parece haber retomado ciertas formas que su antecesor evitó. Su primera aparición pública —con muceta, estola y cruz dorada— contrasta con el estilo austero que caracterizó a Francisco. Pero más allá de los símbolos, el peso de este nuevo papado recaerá en los silencios que decida romper o mantener; pues a pocos días de su elección, la organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes) lo ha señalado por presuntamente haber encubierto denuncias de abuso sexual durante su tiempo como provincial de los agustinos en Perú y, posteriormente, como obispo de Chiclayo. Según la denuncia, no actuó con firmeza e incluso permitió que un sacerdote acusado residiera cerca de una escuela en Chicago.
Las víctimas exigen lo que es justo, pero que la Iglesia ha postergado por décadas: tolerancia cero, sin adornos. Justicia, sin procesiones. Reparación, sin misas de olvido. Entre sus propuestas están la creación de una Comisión Global de la Verdad con participación activa del Vaticano, un fondo internacional de reparación financiado con bienes eclesiásticos, y acuerdos legales con gobiernos para garantizar acceso a archivos y rendición de cuentas.
Algunos defienden que las acusaciones contra León XIV son infundadas o fuera de contexto. Pero lo cierto es que los pecados de la Iglesia no son rumores, son deudas históricas. Y esas deudas solo pueden saldarse escuchando a las miles de víctimas que aún esperan justicia.
Este nuevo papado se juega mucho más que la legitimidad de su líder. Se juega el alma de una institución que, si desea seguir siendo guía espiritual, deberá abrir de una vez por todas las cortinas cerradas sobre sus peores crímenes. Francisco abrió caminos. León XIV deberá decidir si los recorre o si vuelve a levantar los mismos muros de siempre.
La Iglesia solo podrá salvarse si empieza a limpiar su historia con verdad y con hechos. León XIV no es responsable de todos los pecados heredados, pero desde ahora debe elegir: ser el Papa que los perpetúe, o el que finalmente se atreva a abrir todas las puertas, incluso las más incómodas.
Y mientras él lo decide, quienes creemos en la espiritualidad pero no en la impunidad seguiremos insistiendo en que no hay fe sin justicia, ni Iglesia sin verdad.
#Editorial
𝐄𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐌𝐢́ 𝐑𝐮𝐭𝐚
Hace 10 años nació la Unión Temporal Mi Ruta con miras a solucionar problemáticas como la guerra del centavo, la ausencia de una tarifa diferencial para estudiantes y adultos mayores, proporcionar una mayor cobertura de rutas, la implementación de un sistema de pago electrónico que reemplace el insalubre, ineficiente y obsoleto intercambio de billetes y monedas que cada vez menos ciudades utilizan como método de pago para el transporte público, entre otras.
Nada de eso se cumplió, por el contrario, lo que hemos visto a lo largo de los 10 años de existencia de la Unión Temporal Mi Ruta ha sido un rotundo fracaso en cada uno de estos propósitos, que se aplazan y se diluyen entre promesas siempre postergables.
La guerra del centavo, por ejemplo, sigue vigente y tan viva como una década atrás. Nada más hace falta ver el episodio ocurrido el pasado jueves en horas de la mañana, cuando un imprudente, desatado y casi que lunático conductor del bus con placas UQY226, provocó que una niña terminara estampada contra el duro espaldar del asiento de adelante, causándole afectaciones en su boca.
Episodios como este han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo a diario, pues la Unión Temporal se creó más con fines de aparentar soluciones a la desleal guerra del centavo, que hoy tiene como víctimas a los usuarios y a los propios conductores de las empresas que la propician. La Unión Temporal no unificó empresas, simplemente creó una fachada para aparentar unificación entre cuatro empresas que tiene cada una sus buses, sus conductores, y sus intereses propios. Es más, para lo único que hay coordinación por parte de estas cuatro empresas es para la defensa de los intereses económicos de sus dueños, pues a la hora de manifestarse o bloquear la ciudad exigiendo alzas en las tarifas de pasajes, ahí sí son una sola.
Sobre el establecimiento de una tarifa diferencial para estudiantes y adultos mayores, que existe en municipios con menos población y menor capacidad administrativa que la que tiene Tunja, dijo Juan Carlos Leguizamón González, secretario de Movilidad y Vida Territorial, y gran escudero de los intereses de las empresas del transporte público, que es una responsabilidad que recae exclusivamente en las empresas que prestan el servicio de transporte público colectivo, omitiendo que desde la administración municipal no se ha instado o realizado acción alguna que comprometa y conlleve a que se haga realidad esta vieja promesa, tan básica de cumplir. Valga agregar que Leguizamón González omitió cualquier referencia a lo proyectado anteriormente para la primera fase del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la que se decía tenía como punto de partida la implementación de esta tarifa al igual que del sistema de pago electrónico.
Ahora resulta que la fase 1 de la estructuración jurídica técnica y financiera del SETP tiene por fin priorizar los intereses de las empresas del transporte público colectivo con la creación o disposición de carriles de su uso exclusivo, cosa que jamás se dijo por parte de la anterior administración municipal o por parte del Ministerio de transporte en los tiempos en que nació y se expuso el proyecto del SETP.
El establecimiento de la tarifa diferencial. como ya se dijo. venía de la mano de la implementación de un sistema de pago electrónico que igualmente si tenía previsto para la primera fase del SETP. Estos sistemas de pago que ya han sido establecidos en buena parte de las grandes, medianas y pequeñas ciudades en el mundo; en Tunja sigue siendo toda una utopía, que constata el altísimo grado de conexión con el atraso con las formas de pago de principios de siglo XXI, abolidas y reemplazadas en buena parte del mundo.
Quizás el único aspecto en el que se han visto algunos avances es en el de la ampliación de la cobertura de las rutas de transporte, que no es que sea total ni que esté cerca de serlo, pero sí cabe advertir que se han aumentado o corregido los trazados de algunas rutas logrando así un mayor alcance en ciertas zonas de la ciudad. Algunas otras siguen desprovistas del servicio de transporte público colectivo bajo múltiples excusas que suelen conducir a la motivación real la falta de cierre financiero para las empresas del transporte público colectivo.
Es más, es necesario advertir que dentro de los diagnósticos hechos en diversos estudios a lo largo de estos últimos 10 años, se ha constatado una sobreoferta de vehículos de transporte público colectivo, es decir hay más buses circulando de los que se necesitan, pero las soluciones planteadas desde la administración municipal siempre han tendido a aumentar la cantidad de usuarios que usan transporte público, más allá de que las tendencias sobre métodos de transporte vayan hacia otro lado.
La complicidad de Leguizamón González con las empresas que conforman la Unión Temporal Mí Ruta se hace evidente no solo con cada una de sus lánguidas intervenciones en la que las escuda, los resguarda y justifica, mientras que cada uno de los compromisos pactados con esta unión temporal se convierten en motivo de mofa a la ciudadanía, que ni siquiera explicaciones puede recibir, puesto que ni siquiera asisten ni son invitados a rendir cuentas en el único espacio provisto para ello, el Concejo de Tunja.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La primera de las sesiones del segundo periodo de extraordinarias de 2025 en la Asamblea de Boyacá pasará a la historia por el lamentable intento de limitación y cercenamiento a la ya restringida participación ciudadana.
Esa denominación de “recinto de la democracia” hoy le queda especialmente grande a la Asamblea de Boyacá, que dedicó buena parte de la mencionada sesión a discutir si se debían poner límites o restricciones a la participación ciudadana en esa Corporación, a raíz de la publicación de un video en redes sociales, por parte de un ciudadano que días atrás había intervenido como parte del control político realizado al gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Pertuz.
El motivo de la indignación del diputado que planteó el tema, Nelson Roa Rubio, es que, en el susodicho video, el ciudadano Yesid Figueroa García, se habría referido a los diputados con el calificativo de “bastardos”, cosa que, primero que todo, jamás ocurrió, ni en su publicación, ni en el recinto de la Asamblea, en donde su intervención se dio en términos de respeto.
Varios diputados siguieron la cuerda y se alinearon con Roa Rubio, pues en sus mentes no cabe la posibilidad de que se les cuestione, mucho menos que se ponga en duda su honorabilidad o la, autoproclamada, dignidad que aparentemente implica el cargo que ocupan, y entonces se dedicaron a atacar un video que ni siquiera habían visto, y del que seguramente no harán referencias después de leer esta columna, pues se encontrarán con la inconveniente realidad de que jamás se les llamó “bastardos”.
Cuando mucho se les dijo “áulicos”, calificativo que se queda corto para el comité de aplausos que hoy representa esa corporación, en la que se han dedicado a alabar al Gobierno Departamental, a negar o torpedear debates o controles propuestos por la oposición, a sacar en hombros a cada funcionario al que se le ha hecho control político, a cercenar las posibilidades de participación y expresión ciudadana, tan esenciales y características en una democracia participativa.
Es que eso de pretender poner límites o restricciones a la participación ciudadana, además de ser un propósito fascistoide y dictatorial, carece de sustento en una corporación en la que ya existe un altísimo grado de restricción a las posibilidades de intervención de los ciudadanos.
Mientras que diputados, directores de entes descentralizados, gerentes, secretarios y demás funcionarios del Gobierno Amaya tiene micrófono abierto y tiempo libre para decir lo que quieran, con sus respectivos derechos a réplica; los ciudadanos que pretenden participar de las sesiones solo cuentan con un limitado tiempo de cinco minutos, además con el condicionante de haber tenido que hacer una inscripción con por lo menos dos horas de anticipo al inicio de la sesión en la que se pretende participar. Valga aclarar que eso de la inscripción previa aplica a conveniencia, pues cabe recordar que para la sesión en que se aprobó en primer debate la política pública de periodismo de Boyacá, la primera persona en participar fue quien hoy escribe estas líneas, añadiendo a esto que la inscripción que realicé ese día, no contó ni siquiera con dos horas de anticipo. Y de ahí para adelante se le permitió la participación a todo el mundo, incluyendo aquellos que realizaron la inscripción con más de dos horas de iniciada la sesión, claro está, porque varios de ellos son cercanos o tienen relación con algunos de los miembros de la Asamblea de Boyacá.
Caso contrario a lo ocurrido el pasado 24 de abril, día del control político a Pertuz González. Por absurdo que parezca el reglamento interno de esa corporación estipula que la participación ciudadana como parte de un control político debe darse después de finalizado el mismo, y eso fue lo que exactamente ocurrió luego de que la coalición oficialista aplaudiera y sacase en hombros a Pertuz González, ahí sí se permitió la participación de dos ciudadanos inscritos. Ya sin Pertuz González y sin la mayoría de los diputados en el recinto, y con el control político resuelto a favor del Gerente del Hospital, se abrieron los micrófonos. Al primero de los inscritos le enrostraron a todo momento que solo tenía cinco minutos para hablar, y una vez se cumplieron le hicieron sonar chicharra y le interrumpieron su discurso que, valga reiterar, se dio en términos de respeto. A la segunda persona no la dejaron participar, apegándose ahora sí a los estipulado en el reglamento interno. Los que permanecimos hasta el final de la sesión nos preguntamos qué sentido tenía dar el uso de la palabra a la ciudadanía cuando ya se había votado el control político y cuando el sujeto del mismo ya no estaba ni siquiera en el lugar. Esto, además de antidemocrático, es una total muestra de majadería y falta de respeto hacia lo que representa la democracia participativa.
Dijo uno de los diputados, en la sesión de instalación de extraordinarias, que no se podía permitir que cualquier loco se subiese ahí a decir lo que quisiera, olvidándose que un mes atrás él dijo la demencial bobada de que la Academia Boyacense de Historia no servía más que para hacer libros que nadie lee.
Entre los argumentos cercenadores de la expresión popular, apareció otro entregado por el diputado Roa Rubio, arguyendo que los controles políticos son un asunto de exclusividad entre diputados y funcionarios. Habría que preguntarle entonces por qué es más valiosa la postura atrevida e ignorante de López Mendoza hacia la Academia Boyacense de Historia, que el argumento o las pruebas que una persona del común pueda llevar a un recinto en el que suele imponerse la narrativa que pretenden imponer los compadres y parceros del “Gober”.
Otro de los diputados insinuó que había que conocer de antemano lo que el ciudadano inscrito pretenda comentar ante la Corporación, seguramente para denegar o torpedear cualquier intervención que pueda resultar incómoda o inconveniente para los propósitos de quienes ostentan el poder en el departamento.
Es verdad que el reglamento interno debe modificarse para reglamentar las participaciones ciudadanas, pero ha de hacerse en contravía a las pretensiones planteadas por buena parte de los diputados en la sesión mencionada. Tendría que establecerse la regla de la absoluta libertad y la ampliación de tiempos para cada una de las intervenciones ciudadanas, que, en ocasiones, pueden resultar más valiosas y sustanciosas que cualquiera de las interlocuciones de los diputados, que mayoritaria y habitualmente tienden a las alcahuetería y complicidad. Las intervenciones tienen que ser auténticamente libres, y si eso implica que los diputados tengan que permanecer durante más tiempo en el recinto, que lo hagan; si tiene que dedicarse más de una sesión al mismo tema, que así sea, pues en una corporación como las Asamblea lo que debe primar es la representación de los intereses del pueblo, que no necesariamente están representados en los cerca de 20 mil o 30 mil votos que obtiene cada uno de los diputados para llegar allí, en su gran mayoría más como producto de la organización de las maquinarias políticas, que de una verdadero sentir popular.
Un verdadero recinto de la democracia no pone restricciones, ni limita ni condiciona los aportes, valiosos o no, de la participación ciudadana. Y en ese orden de ideas, cabe resaltar las posturas de los diputados Maryory Ortiz y Jairo Pacheco, que fueron los únicos que salieron en defensa de la libertad de expresión y la democracia participativa, más allá de coincidir con las opiniones o planteamientos de quienes participan.
Ahora, si se va a discutir la modificación del reglamento interno de la Corporación, que se haga en una sesión informal, sin cobrar, pues más grosero todavía es que el pueblo tenga que financiar sesiones en las que se discuten asuntos que no son de interés del pueblo, como el hecho de pretender modificar el reglamento interno de una Corporación, que además lo aplica a conveniencia.
#Editorial
𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 “𝐒𝐮𝐚”…
Tras los repetitivos y publicitados anuncios de inversiones en mejoras de la malla vial, por alrededor de 25 mil millones de pesos, se pidió, desde varios sectores de la opinión pública, que se socializaran los tramos a intervenir, así como los detalles del tipo de obras al que se sometería a cada uno de estos.
Tras la banal y escasamente detallada sesión del Concejo Municipal en la que la Secretaría de Infraestructura dio a conocer, en ese entonces, la intención de añadir al presupuesto los recursos para garantizar la intervención, se dijo, por parte de la presidenta de la Corporación, Sandra Estupiñán Orjuela, que ya se tenía proyectada la invitación al ingeniero John Carrero Villamil, gerente de Tierrasua, para que explicara los pormenores de las intervenciones que se pretenden.
Eso ocurrió el pasado 22 de marzo, día en que se solicitó también, en esa misma Corporación, que se cree una comisión de seguimiento al convenio con Tierrasua. La comisión nunca sesionó, es más, ni siquiera se creó. Mucho menos pudo hacerse seguimiento a un convenio del que apenas se conoce el valor por el que se suscribió, y no mucho más que eso.
La prometida sesión en la que el Gerente de Tierrasua daría detalles sobre los tramos priorizados, el tipo de trabajo a realizar, y los montos asignados y requeridos para la tan vociferada “más grande inversión en vías que se haya visto en la ciudad”, quedó en eso, en promesa, pues hoy, más de un mes después, cuando agoniza el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, se proyecta que habrá una sesión en la que se aborde el tema de malla vial, la cual se dará en el próximo periodo de sesiones ordinarias, en la que se supone tendría que estar invitado Carrero Villamil, que aparentemente es la persona más ocupada de la ciudad, pues desde hace mes y medio se le busca para que exponga el famoso convenio, sin que hasta ahora se haya podido concertar un día para ello.
Así las cosas, no pudo aclararse, de forma oportuna y transparente a la ciudadanía, las vías que se intervendrán, ni el material que se usará, ni el tipo de trabajo a realizar, ni los tiempos proyectados para el inicio y terminación de obras en cada una de las vías priorizadas, ni mucho menos se pudieron despejar los rumores que han rondado sobre imposibilidades que han existido para la suscripción del convenio.
En sí, lo único visible hasta hoy sobre el tan mentado convenio, son las fotos que publicaron desde Gobernación, Alcaldía y Tierrasua, para publicitar la “más grande inversión en vías”, que hasta ahora no pasa de ser promesa y fantasía, acompañada de reportes de intervención de más de 4.000 metros de vías, de los cuales nada puede constatarse, y de los que se sospecha se siguen contabilizando cientos de metros a cambio de un par de huecos, y así las cosas, el reporte pronto será de cientos de kilómetros intervenidos, más allá de que los huecos sigan pululando por todas partes.
¿A qué se deberá el aplazamiento e imposibilidad de llevar a Carrero Villamil a la Corporación para que le explique a los tunjanos los detalles del famoso convenio? Sea cual sea la causa, lo que hoy se puede advertir es que Carrero Villamil, que por una u otra razón no quiso ir al Concejo a explicar los pormenores de las intervenciones viales, se está saliendo con la suya. Ojalá y no sea porque la planeación sobre las vías a reparar y mantener no existe, como aparentemente intuye más de uno, y como suele ser tradición en la ciudad y en el departamento.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La revelación hecha hace unos días por el periodista Yohir Akerman, en su columna 'El algoritmo ruso', en la que da cuenta de bases de datos de perfilamientos que hace la administración Krasnov sobre sus propios contratistas, no es solo prueba fehaciente de la coerción y chantaje a la que están sometidos los funcionarios de la administración municipal. Práctica que no solo es criminal e ilegal por donde se le vea, sino que a su vez ha puesto de manifiesto la doble moral y el altísimo grado de descomposición y podredumbre social por el que atraviesa la ciudad, pues al “perfilador” no le faltaron voces de aliento, obviando la ilegalidad de la vil práctica orquestada desde su Despacho.
Ante la grave revelación no tardaron en aparecer las justificaciones, el apoyo a ojo cerrado, y las uchas de respaldo incondicional, por parte de sus más dogmáticos seguidores, que trataron de justificarle bajo el supuesto de que “eso siempre se ha hecho”, en un claro guiño al todo vale.
Puede que sea así, que sea una práctica recurrente y habitual entre las administraciones públicas, que en aras de aceitar sus maquinarias y conservar el poder, estén dispuestas a perfilar y coaccionar a la ciudadanía necesitada de una oportunidad laboral. Pero, por más habitual que sea, eso no le quita lo indebido o lo ilegal.
“En tiempos de Fúneme también ocurría y nadie dijo nada”, fue quizá la frase más repetida entre áulicos, bodegueros y contratistas perfilados para tratar de justificar la sucia estrategia de coerción ejecutada por "el perfilador". Habría entonces que preguntarse si está bien simplemente porque el exalcalde Alejandro Fúneme González, y sus predecesores también lo hacían, supuestamente. Igualmente, habría que cuestionarse en qué momento o a qué altura del camino esa vil práctica pasó de ser mala y condenable, a buena e incontrovertible, ¿Es cuestión de que caiga bien el corrupto que la comete?
Quienes con sensatez y sin intereses particulares por satisfacer hemos observado toda esta situación, nos preguntamos cuál es la diferencia, ¿Por qué es válido cohibir y chantajear a los funcionarios de la administración cuando lo hace Krasnov, y por qué es malo cuando lo hace Fúneme, Amaya o cualquier otro de los supuestos rivales de la pobrísima retórica krasnovista?
¿No era que esta iba a ser la administración de conectar con el mérito? ¿En qué quedó eso? ¿En un lejano recuerdo de los baños de popularidad y retahíla barata a manos del profe? ¿Cuál es el mérito? ¿Adularlo? ¿Defenderlo? ¿Así sea en la ilegalidad? ¿Qué dicen los más de 20 mil estafados con ese "cuento ruso" de conectemosconelmerito@gmail.com?
Ahora, eso de que siempre se haya hecho puede ser cierto, pero mientras no haya una prueba contundente, como sí la hay en estos tiempos sobre Krasnov, no deja de ser un rumor barato y populachero de las narrativas del todo vale, hoy enquistadas en la militancia krasnovista, que ha resultado tan podrida e infecta como la de cualquier otro de los politiqueritos de antaño y de siempre.
En mi caso particular, invito y reto a todo aquel que sostiene que Alejandro Fúneme González hacía esto mismo, o que Carlos Amaya lo hace, o que cualquier otro mandatario lo ha hecho o lo hace, para que me facilite tales bases de datos, las cuales estoy dispuesto y me comprometo a publicar con todo el gusto del caso.
Pero mientras no sea así, simplemente se convierte en una falaz pataleta de quienes se han apoderado del discurso anticorrupción, no porque les indignen las prácticas corruptas, sino porque, como estamos viendo, lo que les molestaba era no estar incluidos en estas, no disfrutar del pastel, de la tajada y las mieles del chanchullo, del acomodo y del parasitismo, esas mismas en las que hoy se regodea el ilegítimo mandatario, que no contento con llegar al poder de forma indebida, ahora va perfilando y condicionando a los ciudadanos con el burdo chantaje de imposibilitarles el subsistir si se niegan a saciar su narcisismo y sus complejos de imagen pública.