𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Al mismo tiempo en que se está evidenciando el naufragio de la “paz total”, se cumplieron nueve años de haberse firmado el Acuerdo del Colón que marcó el final que se le quiso dar al conflicto político violento con las Farc. Y esto, por supuesto, ha dado pie para que vuelvan a aflorar distintas elaboraciones buscando responder al porqué no se ha alcanzado la anhelada paz en el país. Algunas de ellas las escuché en un evento que organizó la fundación “Acordemos” en las que hubo un común denominador: las falencias y vacíos en el control territorial de las áreas más rurales del país, observación esta que se viene haciendo de tiempo atrás.
Lo cierto es que la “paz total” naufragó principalmente porque se quiso sustituir el ejercicio del control territorial del Estado para que impere la ley y el orden, por la ilusión de que las mesas de negociación podían resolver lo que en el fondo es un problema de ausencia institucional frente al avance del crimen organizado y los consecuentes vejámenes sobre las poblaciones y sus economías legales e ilegales. Espurio control que además facilita el reclutamiento de menores fruto del aburrimiento en que viven en los territorios muchos adolescentes que no encuentran actividades familiares, educativas, deportivas o culturales con las cuales distraerse, lo cual abre el espacio a la atracción que ejercen sobre ellos las ofertas de dádivas y dinero que les hacen los grupos criminales. Por esto, ha venido aumentando la muerte de niños en bombardeos de la Fuerza Pública, muertes estas que no se hubieran dado si hubiese existido la suficiente inteligencia humana que se deriva de un adecuado control territorial por parte del Estado.
De cualquier manera, la inseguridad que viven varias poblaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional está determinada por las dinámicas de los grupos armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno.
Ahora bien, el Ejército, está viviendo una crisis de identidad con la consecuente desmotivación, por la imprecisa redefinición de las amenazas a combatir y sus “modus operandi”, lo cual se traduce en un aumento de la inseguridad. Además, la necesidad de mantenerse como una fuerza móvil para evitar rutinas que les haga vulnerables a ataques de las ex guerrillas, les impide la permanencia en cercanías a los cascos urbanos para lograr la confianza de la gente y así ganar la batalla local de la inteligencia. Todo lo cual sumado a la insuficiencia numérica de la policía y la movilidad de los escuadrones de carabineros completan el cuadro de la inseguridad en los territorios más rurales.
Dicho lo anterior hay que dar un viraje en la estructura de la Fuerza Pública para mejorar ostensiblemente la seguridad desdoblando buena parte del Ejército y en menor grado la Policía para crear una tercera fuerza: una Guardia Rural dedicada exclusivamente a las regiones apartadas más afectadas por la inseguridad. De esta manera se facilitará concentrar la Policía en las ciudades y municipios más poblados para incrementar la seguridad ciudadana y también se podrá reorganizar y reentrenar al Ejército como fuerza exclusivamente militar para atender solo las amenazas que ameriten ser combatidas con la movilidad y letalidad características de la institución castrense.
Una Guardia Rural es pues el tipo de respuesta institucional faltante para el control territorial. Su doble naturaleza civil y militar con características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas hacen de esta, el tipo de Fuerza Pública más eficiente frente a los principales retos a la seguridad pública rural. Retos que no han sido adecuadamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso (ej: bombardeos). Aún más, una Guardia Rural está en capacidad de ejercer suficientes medidas preventivas que salvaguarden los derechos de la población civil, yendo más allá del freno temporal a la amenaza como lo trata de hacer el Ejército. Y digo “trata” porque este no ejerce control territorial permanente. En cambio, como una Guardia Rural es una especie de policía con estatuto militar, puede dedicarse permanentemente a la territorialidad asignada interactuando con las comunidades y autoridades civiles en la provisión de un ambiente seguro bajo el imperio de la ley y el orden.
Lo cierto es que si se crea una Guardia Rural se facilita reorganizar al Ejército como fuerza exclusivamente militar, incrementando su capacidad operacional frente a verdaderas amenazas a la seguridad nacional. Aún más, esta propuesta incluida en el proyecto político que le estoy ofreciendo a los colombianos es implementable sin erogaciones presupuestales extraordinarias mediante el desdoblamiento de buena parte del Ejercito y de la Policía más militarizada, no solo en personal sino también en armamento y aspectos logísticos incluyendo cuarteles.
𝑷𝒐𝒓: 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒓𝒂𝒏𝒐-𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐
Camino a través del parque Pinzón para ver si logro encontrar un oso de anteojos.
La idea era escribir sobre el Aguinaldo Boyacense. Pero ya escribí sobre eso, digo a mis zapatos mientras esquivo una caca de perro. Considero hablar sobre la restauración del Claustro San Agustín: Hombres uniformados con casco y overol azul, trepados en los tejados del gran rey amarillo. Aguantan el sol radioactivo de Tunja. El calor viscoso de la ciudad en esta época del año. Sin embargo, el aire está inquieto.
¿Por qué un oso de anteojos es la imagen oficial del Aguinaldo? No he visto ninguno. Se esconden en el bosque del aeropuerto, o, huyeron a Motavita junto con los corruptos políticos tunjanos.
¿Lo ven? Resulto escribiendo sobre la fiesta más despampanante, bulliciosa y costosa de la capital boyacense, cuando nuestra Plaza de Bolívar se convierte en la más grande cantina de Boyacá. Al lector católico lo decepcionaré de nuevo: No son las fiestas del Señor de la Columna.
Como cualquier temporada navideña, los coloridos adornos asaltan el parque Próspero Pinzón [olvidado militar conservador, de espeso bigote, condecorado por matar liberales; dice Google que murió por malaria en 1900. Ciento veinticinco años después, nadie apuesta por cambiar el nombre al parque].
Este año, los krasnovistas optaron por instalar adornos de fauna africana. Jirafa, cebra, león, avestruz, elefante, una tortuga marina y algo que parece una cierva blanca tipo Disney, como el patronus de Severus Snape. Olvidaron un oso de anteojos. Pero ese animal es de páramo, no combina para el safari.
El eslogan para el Aguinaldo es algo fácil y obvio. Algún creativo de la Secretaría de Cultura ordenó a la IA «la frase más llamativa y el animal más bonito para Tunja», y la IA, segura de sus unos y ceros, respondió: ‘Tunja, la ciudad del frío’. El Secretario de Cultura optó por no complicarse a la hora de defender el proyecto; porque en Tunja hace frío.
Nadie lo notó nunca.
“El azul, el blanco y los destellos de nieve evocan a Tunja, ciudad del frío y la magia de nuestras madrugadas decembrinas”, explicó el gobierno local.
Con la administración del ruso Alcalde todo es mágico: el amor por las sopas, los procesos judiciales en su contra, los vendedores ambulantes que ya no se quejan, la campaña de populismo barrial.
Magia también la que hacen con las cifras en Ecovivienda. Magia la que hace mi amigo Zorro: abogado, mago y, después de un par de cervezas, rabioso crítico de Hölderlin.
Los días de noviembre son sofocantes. Lluvia. Sol. Humo de bus. Bombas. Esta ciudad es un hervidero, dijo un acobardado político verde [disculpen el pleonasmo] oculto en un café del Pasaje de Vargas, después del atentado atontado de los elenos contra el Batallón.
El sol es insoportable. El cielo despejado, azul brillante, como cerámica de baño recién lustrada. No hay aviso de nieve. El parque está minado de cacas de perro y bolsas plásticas que guardan más cacas. No hay huellas de oso.
#Editorial
𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐫𝐥𝐚
En Tunja, los episodios de indignación institucional suelen aparecer justo en los lugares donde menos coherencia existe. Y el más reciente ejemplo ocurrió cuando la presidenta del Concejo, Sandra Estupiñán, acusó al secretario de Cultura de una supuesta falta de respeto. La escena, lejos de mostrar rectitud, terminó exponiendo el contraste habitual que caracteriza a esta administración y a sus contrapesos. De un lado, una mesa directiva acostumbrada a maniobrar para aplazar discusiones incómodas y a reacomodar la agenda cuando no le conviene un debate. Del otro, un funcionario que, aunque rodeado de la estética moderna del discurso de la transparencia, es incapaz de ofrecer claridad sobre los asuntos bajo su cargo y entrega informes que se vuelven un laberinto más que una herramienta de control.
La molestia de Estupiñán Orjuela apareció justo cuando el secretario intentaba responder a las inquietudes planteadas sobre el presupuesto del Aguinaldo Boyacense, pero su contundencia artificial ignoró el origen real de la confusión: su propia mesa directiva había postergado durante semanas la discusión, moviendo fechas, retrasando respuestas, cerrando espacios y alegando cualquier tipo de pretextos mientras el tema del presupuesto del Aguinaldo se espichaba entre los órdenes del día sin que nadie supiera por qué. Esa conducta no corresponde a un descuido aislado, sino a la forma recurrente como la mesa directiva ha venido administrando la discusión pública, manejando el Concejo como si fuera un filtro y no un recinto deliberativo. Por eso, cuando Estupiñán elevó la voz para exigir respeto, terminó revelando más de lo que quería ocultar, porque su reclamo no surgía de la defensa institucional sino por una causa externa que la mayoría de los ciudadanos aún no logran comprender. Algo que habría dado contundencia a ese pedido de respeto es que se hubiera incluido cuestionamientos a Pérez Espitia, por parte de la presidenta del Concejo, sobre la reunión sostenida a mediados de octubre, en la Gobernación de Boyacá, para acordar decisiones para la organización del Aguinaldo, en la que participaron los gabinetes del gobierno departamental y del municipal (https://www.facebook.com/share/p/17RMzRpBHh/), con presencia de la expareja sentimental de la Presidenta del Concejo (https://www.facebook.com/photo?fbid=1358533572303539&set=pcb.1358533695636860), de quien resulta necesario aclarar no ocupa cargo alguno en la administración municipal, ¿Qué hacía en esa reunión? ¿Por qué Sandra Estupiñán no preguntó por esta reunión en la que estaba su expareja, pero en la que no estaba el Secretario de Cultura? ¿Por qué la falta de claridad sobre ese aspecto no le parece una “falta de respeto”?
En ese contexto apareció el secretario Juan Pablo Pérez Espitia con una intervención que no despejó ninguna duda. Su informe, leído de principio a fin sin apartarse del papel, ofrecía cifras sin desagregar, decisiones sin explicación, contratos sin contexto y una estructura tan incompleta que parecía diseñada para no responder nada. Y cuando los concejales pidieron precisiones, Pérez Espitia repitió exactamente las mismas líneas, los mismos párrafos, los mismos rodeos, como si estuviera atrapado en una grabación automática. Ese libreto circular convirtió la sesión en un ejercicio agotador donde cada pregunta recibía la misma lectura como respuesta y donde cualquier intento de profundizar era respondido con un regreso mecánico al informe inicial. El resultado fue una exposición que dejó la sensación de que la contratación y el presupuesto del Aguinaldo se manejan con piezas sueltas, huecos informativos y una insistencia constante en estirar el tiempo antes que en rendir cuentas.
Ese desempeño ayuda a entender la tensión del momento, pero no explica por qué la presidenta del Concejo decidió convertir sus propios silencios en una exigencia moral. Su llamado al respeto se volvió incoherente al contrastarse con la evidencia, pues fue la mesa directiva que ella encabeza la que evitó durante días que el tema llegara al recinto, y solo permitió la sesión cuando ya se había hecho incluso el lanzamiento del Aguinaldo. Esa contradicción desmonta cualquiera de los gestos de sorpresa que intentó proyectar, porque el problema nunca estuvo en el tono del secretario, por errático que fuera, sino en la manera como la mesa directiva intentó controlar el ritmo de la discusión para llegar a un punto donde pudiera reclamar sin asumir sus propias responsabilidades.
Pero si Estupiñán Orjuela carecía de suelo para reclamar respeto, el Secretario tampoco tenía el terreno moral para presentarse como un funcionario incomprendido. Su intervención reforzó la percepción de que el manejo del Aguinaldo Boyacense se ha convertido en una zona gris donde las cifras parecen fragmentos sueltos que no completan ninguna imagen. Esa opacidad no es nueva. Existen antecedentes de respuestas incompletas del mismo Secretario, como el caso del Plan de Medios de 2024, en tiempos en que Pérez Espitia se desempeñaba como Gerente de Comunicaciones; plan sobre el que este medio de comunicación pudo conocer, a través de un derecho de petición, que la elección de más de 60 medios de comunicación se hacía sin contar con ningún criterio o insumo técnico; medios en los que llegó a incluir revistas que son desconocidas por la totalidad de los boyacenses y cuyo tiraje no supera los cinco ejemplares que suelen imprimir para entregar en las entidades a las que le venden publicidades sin alcance alguno. Ese manejo con el que mermó los recursos de esa cartera en detrimento de solventar las necesidades de comunicar informaciones de interés público demuestra un patrón que ahora reaparece, en la Secretaría de Cultura, justo cuando más claridad debería existir. Si en el tema de los planes de medios la falta de completitud ya era evidente, en la sesión del Aguinaldo ese patrón se amplificó hasta volverse inocultable.
Basta observar la ligereza con la que se intentó justificar la multimillonaria asignación presupuestal de 8.063 millones de pesos. El secretario lanzó números al aire como quien reparte migajas: 4.700 millones para el pago de artistas nacionales e internacionales, 2.200 millones para producción técnica y logística, 390 millones para Sayco y Acinpro, 260 millones para el ‘Aguinaldo al parque’, 160 millones para el plan de contingencia, y partidas menores que incluyen 90 millones para carrozas, 88 millones para ‘Aguinaldo a tu barrio’, 80 millones para el ‘Aguinaldito’, 50 millones para ‘Aguinaldo a tu vereda’, 10 millones para carros clásicos y otros 10 para las novenas. Sin embargo, el detalle de cada rubro fue inexistente. Nadie pudo entender por qué, por ejemplo, el desfile de motos Harley Davidson costará 25 millones de pesos, cuando habitualmente los motociclistas participan por voluntad propia. La explicación de que el dinero es para gasolina y refrigerios resultó ser una burla a la inteligencia de los asistentes: no se dijo para cuántas motos, ni cuántos refrigerios, ni bajo qué criterios técnicos se calculó esa cifra, sembrando la duda legítima sobre el destino real de esos recursos. Y eso se repitió para cada uno de los eventos a realizar en el marco del Aguinaldo Boyacense.
La improvisación fue tal que, ante preguntas básicas de logística y seguridad, Pérez Espitia recurrió a la treta de la ignorancia temporal. Al ser cuestionado sobre el cerramiento de la Plaza de Bolívar o las condiciones para los vendedores informales durante los conciertos, respondió que no lo sabía porque tenía reuniones programadas “esa misma tarde” con la Policía o con la Cámara de Comercio. Es absurdo e inaceptable que se haga un lanzamiento oficial y se anuncien eventos sin tener claridad sobre las condiciones básicas de su realización. Esta actitud no refleja simplemente falta de preparación, sino un ocultamiento de información premeditado, similar al silencio que guardó sobre cuánto se le pagará específicamente a cada artista de los conciertos de gran formato, escudándose en la cifra global para no rendir cuentas sobre los beneficiarios individuales de esos contratos multimillonarios.
Lo verdaderamente alarmante es que estos más de 8.000 millones de pesos estén bajo la responsabilidad de un funcionario que, en su paso por la Gerencia de Comunicaciones, demostró un manejo turbio de los recursos públicos. No se puede olvidar que bajo su gestión se repartió dinero para contratar personas sin los títulos idóneos y se financiaron lo que desde este medio hemos identificado como guerrillas digitales (bodegas de perfiles falsos cuyo único fin es acallar conciencias y atacar a críticos, en lugar de informar). Un ejemplo palpable es la adición presupuestal de 400 millones para el plan de medios de 2025, aprobada en marzo en medio de la discusión del superávit bajo el supuesto de una “grandísima urgencia” para visibilizar la gestión municipal, pero que terminó contratándose apenas ahora, a finales de año, por una cifra de 299 millones de pesos. El resultado de esa gestión comunicativa ha sido nulo; dependencias como la Dirección TIC vino a ser visible solo en las últimas semanas, y otras como la Unidad de Gestión del Riesgo han tenido personal contratado que jamás publicó nada a tiempo, torpedeando el funcionamiento de la propia administración y dejando a la ciudadanía desinformada sobre programas de los que podrían beneficiarse. Peor el caso de otras dependencias cuya producción e información e interés general es todavía mayor, como la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Fomento Económico o la de Medio Ambiente, cuyo manejo de las informaciones de interés público es pobre por no decir que nulo.
Al final del día, Pérez Espitia fue incapaz de responder cuál es el retorno de inversión proyectado para el municipio tras este gasto exorbitante, ni pudo presentar un balance real de ingresos y egresos de versiones anteriores, para así poder constatar que se trata de una inversión que vale la pena y que puede respaldarse con evidencia técnica; limitándose al final más bien a palabrería barata de que el evento "es un éxito". Y aquí es donde la indignación de la presidenta Sandra Estupiñán pierde toda validez, pues ella ha sido una de las principales escuderas de estas conductas. El respeto se gana, y esta corporación, bajo su liderazgo, lo ha perdido al convertirse en cómplice de las “jugaditas” y amaños de la administración. Pérez Espitia lo sabe; tiene claro que puede ir al Concejo a leer diapositivas vacías, a tomarle el pelo a los cabildantes y a reírse en su cara, porque sabe que no hay castigo, no hay ley y que tienen comprado el derecho a hacer lo que se les dé la absoluta gana con el dinero de los tunjanos.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Cuando Mikhail Krasnov llegó a la Alcaldía de Tunja, prometió un cambio radical, un giro hacia la transparencia con su famosa frase: "La plata alcanza cuando nadie se la roba". Pero la realidad que ha enfrentado la ciudad es muy diferente a esa promesa de honestidad. En lugar de eficiencia y una gestión justa, lo que hemos visto es un incremento desmedido de la burocracia, el crecimiento de una red clientelista que se alimenta de los recursos públicos y un abuso fiscal que recaerá sobre los hombros de los ciudadanos. En lugar de cambiar el rumbo de la ciudad, lo que ha hecho Krasnov es profundizar las prácticas que dijo rechazar, mientras los tunjanos siguen pagando las consecuencias.
Uno de los compromisos más claros de su campaña fue la reducción de la burocracia. En su discurso de posesión, criticó abiertamente a la administración saliente por las contrataciones en provisionalidad que le dejaban a último momento, señalándolas como una forma de clientelismo que desviaba recursos valiosos para la ciudad. Sin embargo, al asumir el cargo, Krasnov no solo ha mantenido estas prácticas, sino que las ha incorporado e incrementado. Las contrataciones en provisionalidad se han disparado en los últimos días de forma alarmante, llenando los puestos clave con personas leales a su administración, no por su capacidad, sino por su vínculo político.
Hoy en día, la burocracia en Tunja ha crecido desmesuradamente, y con ella, los gastos innecesarios. En lugar de hacer más efectiva la administración, esta se ha desbordado en un sinfín de contratos de prestación de servicios, que no tienen impacto real en los problemas de los ciudadanos. El municipio destina cerca de 10 mil millones de pesos al año en estos contratos, mientras que las necesidades más básicas de los tunjanos siguen desatendidas. Y lo peor de todo: muchos de estos contratos no tienen ninguna función real, más allá de garantizar lealtad política, o incluso acoso digital en contra de quienes resulten incómodos o inconvenientes a los intereses proselitistas de “el profe”. No hay un proyecto claro ni una visión de desarrollo que justifique semejante gasto.
Pero la burocracia no es el único monstruo que ha crecido bajo el mandato de Krasnov. En este mismo espacio se está gestando otro problema grave: el abuso fiscal. En 2025, el municipio está llevando a cabo un proceso de actualización catastral que, bajo el discurso oficial, busca hacer “más justo el cobro de impuestos”. Sin embargo, esta actualización no es más que un pretexto para incrementar los valores catastrales de las propiedades y, con ello, aumentar el cobro del impuesto predial. Un aumento que afectará de forma desmesurada a los ciudadanos, especialmente a aquellos que ya se encuentran en situaciones económicas difíciles.
El impacto de esta actualización catastral no es un asunto lejano, ya que se reflejará en el cobro de impuestos a partir de 2026. El presupuesto municipal pasará de 470 mil millones de pesos en 2025 a 534 mil millones en 2026, pero no producto de alguna gestión, sino simplemente del abuso del contribuyente. Un aumento de más 64 mil millones de pesos que no se justifica con ningún proyecto importante que beneficie a la comunidad. Este incremento se basa principalmente en lo que representará el incremento del impuesto predial, que afectará a los sectores más vulnerables de la ciudad, aquellos que no tienen la capacidad de absorber este tipo de subidas que realmente conectan con la injusticia social.
Lo más grave de todo es que, a pesar de la gran subida en los impuestos que se avecina, no hay claridad sobre cómo se va a utilizar ese dinero. El presupuesto crece, pero las grandes obras no se concretan, y la ciudad sigue sumida en problemas de infraestructura, desempleo, entre otros. ¿Cómo se puede justificar que los tunjanos tengan que pagar más impuestos si los recursos no se están utilizando para mejorar la calidad de vida? ¿Acaso la promesa de un gobierno más eficiente y justo no incluía también un uso transparente y racional de los recursos?
El aumento en la recaudación es tan solo una cara de la moneda. La otra es la falta de socialización de este proceso. Los ciudadanos no tienen ni idea de cómo se está calculando el nuevo valor de sus propiedades, ni se les ha dado ninguna oportunidad de participar en el proceso. A la mayoría de ellos se les impone este aumento fiscal sin darles ninguna explicación clara, como si sus opiniones no importaran, tal y como pasó en Pirgua en el proceso de reestratificación, lo que le representó a los habitantes de este sector pasar, mayoritariamente, del estrato 1 al 5.
El uso de los recursos tampoco se detiene en los impuestos. Mientras se recaudan más y más recursos, el Aguinaldo Boyacense, el evento cultural más importante de la ciudad, se ha convertido en un claro ejemplo de cómo se manejan los fondos de manera irresponsable. Aunque el Aguinaldo es un evento de gran valor cultural y social, lo que se ha hecho en los últimos años es desvirtuar su propósito original.
De los más de ocho mil millones de pesos destinados a la organización de este evento, solo una pequeña fracción, que ronda los mil millones, se destina a actividades representativas de la cultura local, mientras que el resto se va en grandes conciertos, que no tienen relación con la identidad de la ciudad. Estos eventos sirven para llenar los bolsillos de empresarios externos que se benefician de los recursos públicos, sin que los tunjanos vean ningún retorno real, empezando porque la misma administración ni siquiera tiene proyectado un retorno de la inversión.
Lo peor es que, en la mayoría de los casos, los resultados de estos eventos están inflados. Aunque se prometen grandes cifras de asistencia y beneficios para la ciudad, los datos reales muestran otra historia. En la temporada de fin de año de 2024, por ejemplo, según los informes de la Gobernación, el número de turistas que visitó la ciudad disminuyó en un 27% en comparación con la misma temporada pero de 2023, lo que demuestra que los conciertos y espectáculos no están cumpliendo su supuesto propósito de atraer visitantes y generar ingresos para la ciudad. En lugar de invertir en proyectos que realmente beneficien a los tunjanos, Krasnov ha optado por seguir alimentando un sistema clientelista que no deja nada a cambio.
Y mientras todo esto ocurre, la burocracia sigue creciendo, y el dinero de los impuestos sigue desapareciendo en gastos innecesarios. El presupuesto de la ciudad sigue inflándose con el paso del tiempo, pero los grandes proyectos siguen siendo una promesa vacía. El gasto público sigue subiendo, mientras los tunjanos tienen que cargar con una carga fiscal que les es imposible de soportar. Los proyectos sociales y de infraestructura siguen siendo solo palabras vacías que no se traducen en acción concreta.
En resumen, el cambio que prometió Krasnov no ha llegado. En su lugar, hemos tenido un aumento de la burocracia, el clientelismo y un abuso fiscal que implicará nefastas consecuencias para los tunjanos. El incremento de impuestos y la falta de proyectos concretos son solo la punta del iceberg de una administración que ha preferido alimentar a un sistema corrupto y obsoleto en lugar de cumplir con la promesa de un gobierno justo, transparente y eficiente.
#Editorial
𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La administración de Mikhail Krasnov en Tunja se ha caracterizado por una retórica populista llena de promesas grandilocuentes que, a medida que el tiempo avanza, se van demostrando vacías y desbordadas por la realidad. Con eslóganes como “Conectemos a Tunja con el mundo” y “La plata alcanza cuando nadie se la roba”, el alcalde ha intentado construir una imagen de progreso y eficiencia. Sin embargo, estas frases no son más que artificios de un discurso vacío que contrasta profundamente con las prácticas administrativas y el manejo de los recursos públicos, que están lejos de ser transparentes y eficaces.
La frase “Conectemos a Tunja con el mundo” podría sonar como una propuesta esperanzadora si no fuera por el hecho de que, en la práctica, esta “conexión” se ha limitado a la llegada de un grupo de ciudadanos rusos, cercanos al alcalde, para ocupar cargos dentro de la administración municipal, dar conciertos y dictar clases. Esta “conexión internacional” ha quedado reducida a un clientelismo trasnacional, donde se favorece a personas de fuera mientras los ciudadanos de Tunja se quedan sin las oportunidades que verdaderamente podrían abrir puertas al mundo. No solo se ha traído gente de afuera, sino que no hay evidencia alguna de que se hayan abierto oportunidades para los tunjanos en el ámbito internacional. No hay registros, no hay resultados, ni se han tomado acciones que promuevan que los ciudadanos de Tunja logren realmente conectarse con otras partes del mundo. Esta promesa de globalización no ha pasado de ser una retórica vacía y un acto de manipulación para dar una apariencia de progreso que no ha llegado.
Lo que realmente está ocurriendo es una “conexión con la mentira” y el engaño. La administración ha recurrido a las guerrillas digitales, una red de perfiles falsos que intentan imponer una narrativa de progreso donde no existe más que opacidad y manipulación. En lugar de enfocar sus esfuerzos en generar políticas públicas que favorezcan la conexión internacional de los tunjanos, el gobierno se ha dedicado a construir una realidad paralela mediante el uso de los recursos públicos y el apoyo de figuras a sueldo, cuyas únicas funciones parecen ser generar ruido y distracción en redes sociales, así como odio y estigmatización contra los críticos de Krasnov.
Por otro lado, el eslogan “La plata alcanza cuando nadie se la roba” se presenta como una declaración de buena fe y eficiencia en la administración pública. No obstante, la realidad demuestra lo contrario: los recursos no alcanzan para cumplir con las verdaderas necesidades de la ciudad, pero sí parece haber dinero para contratos de prestación de servicios que responden a favores políticos y para el nombramiento de funcionarios sin la experiencia necesaria para sus cargos. También ha crecido de forma alarmante la contratación de personal por provisionalidad, lo que implica un gasto innecesario que ha debilitado las finanzas municipales, sin que este incremento en el personal se traduzca en mejoras reales para los tunjanos.
La promesa de combatir la burocracia y el clientelismo, que en su momento pareció ser un compromiso de la administración, ha quedado reducida a un discurso hueco. Lejos de reducir los gastos de contratación, el Alcalde ha aumentado la burocracia y ha favorecido a aquellos a los que les debe favores políticos. Esta situación está poniendo en peligro las arcas municipales, que, en lugar de ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de los tunjanos, se destinan a pagar favores y mantener el sistema clientelista que tanto se criticó en administraciones anteriores.
Uno de los casos más emblemáticos de este desajuste entre la retórica y la realidad es el contrato firmado con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías por más de 15,000 millones de pesos. Este contrato, destinado a una serie de obras de infraestructura en la ciudad, incluye mejoras en salones comunales, instituciones educativas, y un extenso listado de vías que requieren intervención. Este largo catálogo de obras promete un sinfín de mejoras en la infraestructura urbana de Tunja, pero a tan solo un mes de la fecha límite para la ejecución del contrato, no se ha visto ni siquiera el inicio de las obras. La falta de avances es una evidencia clara de que el plazo de ejecución es completamente irrealista. Con semejante cantidad de proyectos a realizar y un presupuesto limitado, es improbable que se logre cumplir con los compromisos adquiridos. Este contrato, como muchos otros en la administración Krasnov, parece diseñado para que el seguimiento sea imposible y la rendición de cuentas se vuelva una quimera. Los recursos que deberían haber sido utilizados para cumplir con estos compromisos se están diluyendo en un mar de promesas incumplidas.
Y mientras el contrato más grande de la administración no deja ni una sola obra en pie, el aparato propagandístico del Alcalde intenta vender como “grandes logros” una serie de intervenciones mínimas que no resisten ningún análisis serio. Son, cuando mucho, unos reparcheos improvisados, trabajos hechos a la carrera que no duran más de seis meses, que quedan con ondulaciones y que incluso cometen exabruptos básicos, como dejar asfalto cubriendo alcantarillas. Estas obras son celebradas por su séquito de aduladores como si se tratara de hitos de desarrollo urbano. Pero arreglar un pedazo de vía no es una “obra” en una ciudad. En un pueblo, tal vez se celebraría; en una ciudad, esto no pasa de ser una intervención menor, sobredimensionada por un aparato propagandístico que necesita vender logros donde no existen.
Lo más grave de todo es que no se ofrecen explicaciones claras sobre este gran contrato asignado a dedo. La directora de contratación, Luz Mila Acevedo Galán, no solo está de licencia, sino también suspendida (aunque aún no le hayan notificado su suspensión), situación que deja sin responsable directo un proceso que compromete más de 15.000 millones de pesos. Su reemplazo, David Suárez Acevedo, evita dar cualquier explicación sobre el estado real del contrato, no solo porque desconoce el cargo y el proceso, sino porque ese silencio también le resulta conveniente a la administración. La Alcaldía no quiere hablar de un contrato rodeado de vacíos, inconsistencias y posibles irregularidades, y ese mutismo ha dejado un vacío evidente ante la ciudadanía, que tiene derecho a saber qué ocurre con un proyecto que contempla cientos de intervenciones en la ciudad, con la inversión de miles de millones, y del cual no existe rastro o inicio de una sola obra.
En cuanto a los recursos destinados a obras y programas sociales, la administración de Krasnov ha demostrado ser incapaz de asignarlos de manera eficiente. Mientras la plata no alcanza para cubrir las necesidades básicas de dependencias clave como Infraestructura, Educación, Cultura, Gestión de Riesgos, Comunicaciones, entre otras, sí parece haber recursos suficientes para seguir pagando favores políticos y mantener un aparato burocrático que, en lugar de beneficiar a la ciudad, sirve para perpetuar el sistema corrupto tan aborrecido por los tunjanos.
La narrativa de que esta administración es “impoluta” solo porque la anterior es la “más corrupta de la historia” responde a una estrategia argumentativa basada en la falacia tu quoque o apelación a la hipocresía. Esta consiste en desviar la atención señalando los errores o corrupciones del pasado para evitar responder por los actos propios en el presente. Bajo esta lógica falaz, se pretende instalar la idea de que el gobierno actual es honesto simplemente porque el anterior fue muy corrupto. Pero esa comparación no prueba nada: la grandísima corrupción del pasado no valida la “transparencia” del presente. En los hechos, las prácticas clientelistas, las contrataciones opacas y el uso político de los recursos siguen presentes, solo que con nuevos nombres y operadores. Insistir en que “antes eran peores” no convierte a la administración actual en un modelo de virtud; solo confirma la intención de esquivar el escrutinio y manipular la percepción pública.
A ese panorama se suma la existencia de medios de comunicación de bolsillo que afianzan y reproducen la narrativa oficial. Son los mismos soportes mediáticos que, en su momento, maquillaron y defendieron al anterior mandatario, los que se deleitaron de su mermelada, y que hoy repiten los mismos papeles al servicio del actual gobierno, bajo el mismo modelo prepagado de marketing político disfrazado de “periodismo”. A estos se suman las guerrillas digitales que atacan a los medios independientes que investigan y publican pruebas, echando mano de acusaciones tendenciosas, como vincular a periodistas críticos con el cuestionado exalcalde, que como ya se dijo era defendido por los mismos que hoy defienden a Krasnov.
Es paradójico… mientras la Alcaldía promete un “libro blanco”, la presentación de denuncias contra exmandatarios corruptos y la recuperación de recursos que nunca llega, en la práctica se sostiene un ecosistema de opacidad donde las mismas viejas prácticas se reciclan bajo una nueva retórica. La diferencia de métodos no transforma la esencia del problema: la falta de resultados reales, la persistencia del clientelismo y la manipulación informativa. Tunja merece, por tanto, más que consignas; merece transparencia, explicación y acción concreta. Hasta que eso no ocurra, la distancia entre la retórica oficial y la malversación de recursos seguirá siendo la mejor síntesis de esta gestión.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
En Tunja se volvió costumbre ver cómo la Alcaldía critica la planeación de los demás mientras tropieza con la propia. El episodio más reciente, relacionado con los señalamientos a la Personería por su supuesto mal manejo del presupuesto, dejó al descubierto algo que muchos ya intuían: la administración de Mikhail Krasnov exige una capacidad de previsión que ni siquiera ella demuestra. Mientras cuestionan a otros por no proyectar bien sus necesidades, sus propias decisiones exhiben una improvisación constante, una falta de ruta clara y una incapacidad para anticipar las consecuencias de sus actos.
Y no es que falten ejemplos. El intento de privatizar la Carrera 11 fue quizás una de las muestras más descaradas de cómo se toman decisiones sin un sustento mínimo. Quisieron convertir una arteria vial esencial en un carril exclusivo para el transporte público sin estudios, sin análisis de impacto y sin explicar cómo pretendían mejorar las condiciones de acceso de los ciudadanos al Centro Histórico, simplemente por hacer prosperar un negocio, que afortunadamente nunca se dio. La idea se cayó porque era insostenible, pero aun así la impulsaron como si nada. Ese tipo de ocurrencias revelan exactamente lo que esta administración intenta esconder cuando señala a otros: que aquí el problema nunca ha sido la planeación ajena, sino la propia.
El Aguinaldo Boyacense es otro ejemplo de esa misma improvisación convertida en modus operandi. Un evento que ocurre todos los años en diciembre, que es la carta de presentación cultural de la ciudad, y aun así la Alcaldía andaba pidiendo recursos adicionales a pocas semanas de su lanzamiento, sin explicar con claridad para qué y por qué. ¿Cómo es posible que un evento de semejante magnitud no esté definido con meses de anticipación? ¿Cómo se puede exigir planeación a otros cuando la Administración ni siquiera logra anticipar un cronograma anual básico?
Lo mismo ocurrió con el traslado improvisado de dependencias al centro comercial Florida Shopping Center. La Secretaría de Salud, la atención del Sisbén y otras oficinas fueron movidas sin estudios, sin proyecciones, sin medir impacto alguno. La idea, que según ellos “acercaba los servicios”, terminó evidenciando todo lo contrario, alejaron trámites esenciales del centro administrativo natural de la ciudad, incomodaron a la ciudadanía y expusieron a funcionarios a un ambiente con polvo y material particulado por el parqueadero de tractomulas frente al centro comercial. A un año de la decisión, tuvieron que recular, aceptar que no funcionó y devolver buena parte de las oficinas al edificio municipal. Una vuelta en círculos que costó tiempo, recursos y credibilidad.
Y si de planeación fallida se habla, nada supera lo ocurrido con el Plan de Ordenamiento Territorial. La administración anterior dejó un documento formulado, con estudios técnicos, con aval del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La actual administración municipal decidió desecharlo casi en su totalidad, sin soportes sólidos, argumentando deficiencias ambientales que hasta ahora no han sido demostradas. El resultado: Tunja está prácticamente comenzando de cero un proceso que ya había costado miles de millones de pesos. El año pasado hablaban de radicarlo en el Concejo en el primer semestre de 2025. Hoy dicen exactamente lo mismo, pero del primer semestre de 2026. Y nadie puede verificar ese supuesto avance del 45% que repiten como mantra.
Lo del Día Nacional del Simulacro coincidiendo con el Día Sin Carro es otra joya que no necesita mayor explicación. Eso no fue mala suerte ni un error inocente. Fue falta absoluta de proyección. ¿Cómo puede una administración que no revisa sus propios calendarios salir a señalar a otros por falta de planeación?
A ello se suma el enorme subejercicio presupuestal de 2024. Más de 111 mil millones de pesos sin ejecutar. Esa cifra, por sí sola, desarma cualquier relato oficial sobre buena gestión. No hay una sola justificación razonable para que a la ciudadanía se le cobren impuestos que terminan congelados en las cuentas del municipio. Eso no es eficiencia. Eso es incapacidad de ejecutar.
Y mientras tanto, la obra de la Calle 59, una vía de apenas de 500 metros, cumple retraso tras retraso. No es solo que la administración pasada la dejó mal planeada; es que esta tampoco ha logrado enderezar el rumbo. Una vía que cabe en tres cuadras ha logrado convertirse en símbolo de improvisación por partida doble.
Todo esto ocurre mientras los activistas del Alcalde, que operan como una guerrilla digital, dedican sus energías a acosar y a intentar imponer la narrativa de que otros planean mal. Es un espectáculo grotesco. Quienes tienen los ejemplos más evidentes de improvisación son los mismos que señalan, hostigan y repiten un libreto que no resiste un análisis elemental.
Incluso vale recordar las fantasías de campaña: el tranvía y el megaparque de diversiones de talla internacional. Proyectos que jamás tuvieron sustento, estudio, línea de diseño o posibilidad presupuestal real. En retrospectiva, menos mal quedaron en discursos, porque la administración que no puede completar medio kilómetro de vía no está en condiciones de emprender obras faraónicas.
La situación de los arriendos es quizá otra de las contradicciones más difíciles de ocultar. La Alcaldía intenta instalar la idea de que la Personería no planificó un arriendo, mientras guarda silencio frente al hecho de que hoy el municipio paga cerca de 1.100 millones en arriendos y solo recibe alrededor de 600 millones por el mismo concepto. Una ecuación que desde el empalme conocían, pero que no han sido capaces de corregir. ¿Cómo exigir lo que no se practica?
La reubicación fallida en el Hoyo de la Papa completa el cuadro. Se prometió que en un mes estaría listo el traslado de vendedores informales. Pasó más de un año, se invirtieron recursos, se adecuó el espacio, y al final hubo que devolver el lote porque el plan nunca tuvo sentido. No había soporte técnico, no había ruta real y no había forma de que funcionara. Otro ejemplo del sello de esta administración: empezar sin saber cómo terminar.
Por eso resulta tan inverosímil el relato oficial que busca culpar a otros por falta de planeación. La evidencia es contundente y está a la vista de cualquier ciudadano. Quien más señala es quien menos planea. Y es esa contradicción, esa hipocresía administrativa, la que hoy debería preocuparnos más que cualquier disputa puntual. No porque la Personería necesite defensores, sino porque Tunja necesita gobernantes capaces de proyectar, anticipar y ejecutar. Y mientras la Alcaldía siga en la tarea de culpar a otros para ocultar sus propias falencias, la ciudad seguirá pagando el precio de una planeación que nunca llega.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
La reciente muerte de un joven estudiante universitario ha conmovido al país. Más allá de lo judicial, el suceso revela una fractura moral y emocional en nuestra sociedad, cuya salud se sigue deteriorando sin que reaccionemos suficientemente yendo a las raíces del problema. ¿Qué está ocurriendo con nuestra juventud? ¿Qué tipo de humanidad estamos ayudando a construir desde las escuelas, las universidades, las familias y los medios? No se trata de juzgar, sino de comprender.
Los hechos violentos que involucran a jóvenes no surgen de la nada: son el reflejo de un ambiente que ha perdido el norte en la educación del carácter y en el cultivo de la interioridad lo cual conduce al autodominio. Durante ya varias décadas hemos priorizado la competencia sobre la compasión, el rendimiento sobre la empatía, la visibilidad sobre el sentido. La escuela, el colegio y la universidad han concentrado sus esfuerzos en la excelencia técnica, pero con frecuencia han dejado en segundo plano la formación ética y emocional. Saber mucho no basta si no se aprende a cuidar del otro, a amar al prójimo.
Los amores más firmes y fecundos son los que dan origen a la familia que funciona como tal, es decir como una comunidad de amores mutuos: entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos y nietos, tíos y sobrinos… Por eso, el estado y situación de las familias es la clave para entender una sociedad y averiguar si está pertrechada para afrontar las dificultades (y las felicidades) de la vida o, por el contrario, está inerme.
Buena parte de lo que está ocurriendo con una alta proporción de la juventud se origina en familias disfuncionales. No es un secreto que diversas ideologías están en contra de la familia funcional y consideran “familia” cualquier tipo de unión, incluso la cómica extravagancia de “casarse con mi mascota”. A esto, con frecuencia se une la apología del divorcio, cuando no del adulterio. Se dejan de lado los múltiples estudios que demuestran que la sociedad se sostiene como un ámbito de convivencia gracias a la fuerza de los lazos afectivos que se irradian desde las familias funcionales en las que permanece el amor mutuo.
La defensa de la sociedad ante lo tóxico de las ideologías que causan división y odio, depende del número de familias funcionales y, a la vez, de la fe cristiana entendida no como algo de otros tiempos, sino como una realidad de personas que se aman. Alguien podrá mirar despectivamente lo anterior diciendo que es una “actitud conservadora”. Pero, en sintonía con el mejor ecologismo, es una actitud “conservacionista”. Así como se han de poner todos los medios para conservar lo natural, evitando su contaminación, algo semejante vale para el mantenimiento del amor de familia. De ahí nace esa convicción de muchos padres y madres de que a los hijos e hijas se les quiere en cualquier situación. En cambio, si no funciona el amor de base entre marido y mujer, es más probable que los hijos no se críen en un entorno que favorezca su desarrollo y madurez, aunque se den excepciones puntuales.
Ahora bien, también contribuye al deterioro de la familia, el que ésta viva tensionada entre el trabajo, la prisa y el cansancio. En ese torbellino se diluyen los espacios de diálogo, los límites, las correcciones a tiempo. Y sin raíces afectivas sólidas el joven busca en la aceptación del grupo o en la euforia de la noche lo que no encuentra en la intimidad del hogar.
Y, por si fuera poco, en la sociedad hemos normalizado la agresividad en el discurso público, la humillación como espectáculo, la indiferencia como defensa. Las redes sociales, convertidas en vitrinas del ego, amplifican la ira y anestesian la compasión. ¿Qué le enseñamos a un adolescente cuando la fama pesa más que la verdad, o cuando el poder se impone sobre la razón?
Ninguna muerte se justifica. Todas duelen, todas exigen una respuesta. Pero la respuesta no puede limitarse al castigo o al lamento. Necesitamos una renovación cultural que recupere el valor de la vida, del respeto y del autocontrol. Educar no solo es transmitir conocimientos, es formar conciencia, sensibilidad y propósito; es formar personas. Lo que está en juego no es solo la seguridad de las calles o los campus, sino el alma misma de nuestra convivencia.
Por todo lo dicho y otras razones, en el proyecto político que le ofrezco a los colombianos, el Ministerio de la Igualdad se convertirá en el Ministerio de la Familia absorbiendo al ICBF para propender no solo por el bienestar familiar sino también por el bien-ser de la familia.
#Editorial
𝐀𝐬𝐢́ 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞
En Tunja, la defensa de los derechos terminó metida en una carpa blanca, levantada a las carreras en plena Plaza de Bolívar, atendiendo a la intemperie como si fuera un servicio menor. Duró apenas unas horas. Ese 13 de noviembre no solo fue la primera jornada de atención improvisada de la Personería sin sede fija. También fue la última. Desde entonces ningún ciudadano ha podido ser atendido de forma presencial. La oficina que debería recibir quejas, tramitar procesos disciplinarios y orientar a quien llega desesperado buscando defensa y cumplimiento de derechos, quedó reducida a una conexión virtual que excluye justo a quienes más necesitan ser escuchados, los ciudadanos.
Lo absurdo del episodio no está en la carpa, sino en lo que la provocó. Tres meses antes, la Alcaldía avisó que daría por terminado el comodato del tercer piso del edificio municipal, pero nunca explicó para qué necesitaba el espacio ni cuál era la urgencia real. Y la coincidencia, tan repetitiva que ya no parece coincidencia, es que cada advertencia sobre el fin del comodato surgía justo cuando la Personería abría procesos disciplinarios o hacía control frente a funcionarios del gobierno de Mikhail Krasnov. Podría parecer mala suerte… si no fuera porque siempre ocurre en la misma dirección.
Mientras tanto, la ciudadanía observa un patrón que ya no sorprende: cada vez que un órgano de control incomoda, algo pasa. No hubo fuerza pública, por eso algunos alegan que no fue un desalojo, pero la presión fue suficiente para que la Personería se retirara por su propia cuenta, evitando un choque innecesario. Aun así, la administración municipal nunca precisó por qué necesitaba de manera tan urgente ese despacho. Tampoco lo hace hoy. Y cuando los periodistas buscamos respuestas en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública, lo que recibimos no fueron puertas cerradas, sino una seguidilla interminable de evasivas: “que ya sale”, “que está en reunión”, “que esperen un momento”. seis horas después nadie daba la cara, ni siquiera por Whatsapp. Ninguna respuesta, ninguna explicación, ninguna razón.
Ese ambiente de opacidad no es nuevo en esta administración. Es coherente con un Alcalde que, cada vez que enfrenta control, responde con recusaciones en cadena: contra los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, contra toda la Sección Quinta del Consejo de Estado, o incluso contra el fiscal que adelanta la causa penal en su contra. También es coherente con quien lanza videos repletos de falacias para atacar a los concejales que no cumplen sus expectativas políticas, o con quien dice no entender el español en medio de controversias, pese a haber trabajado antes traduciendo documentos en un país hispanohablante. No es solo contradicción, es manipulación sistemática de cada situación para acomodarla a su conveniencia.
La Alcaldía ha intentado además instalar un relato según el cual la Personería, con un presupuesto de más de 2.200 millones de pesos, “puede arrendar en cualquier parte”. Ese argumento desconoce, o finge desconocer, cómo funciona el presupuesto público. Los gastos de una vigencia se proyectan con un año de anticipación, y la Personería no tenía dentro de sus proyecciones ningún arriendo de oficinas. Pretender que una entidad destine de un momento a otro cerca de 200 millones para un arriendo no planeado, lo que equivale aproximadamente al 9% de todo su presupuesto anual; es tan absurdo como pedirle que adivine decisiones caprichosas del ejecutivo municipal. Esa caricatura presupuestal es la misma que alimentan ciertos “perfiles” de redes sociales que integran la guerrilla digital del Alcalde, quienes repiten que “sobra plata” en la Personería, una afirmación irresponsable en un país cargado de violencia y estigmatización.
Peor aún: quienes se autoproclaman asesores personales del Alcalde, algunos pagados por debajo de la mesa con recursos públicos, han intensificado discursos de odio contra el Personero, asegurando que debería pagar la oficina “de su propio sueldo”, como si ganarse quince millones fuera una razón para renunciar a los derechos laborales y a las garantías institucionales. Ese ambiente hostil, alimentado desde los pasillos del poder, pone en riesgo a funcionarios que simplemente cumplen con sus obligaciones constitucionales.
Tampoco es cierto que tres meses de aviso sean suficientes para planear un traslado de sede. La administración pública no funciona a punta de improvisaciones. Y menos aún es válida la interpretación de que la renovación del comodato por un año, en 2024, equivalía a una advertencia tácita de finalización. En derecho no existen advertencias tácitas. Esa narrativa es apenas un intento de justificar una decisión política.
Por otro lado, mientras la administración repite que necesita urgentemente ese tercer piso, no explica por qué no solicita, en cambio, el amplísimo espacio del Concejo Municipal, cuyo comodato fue renovado por cuatro años gracias a la venia de concejales fieles al gobierno, especialmente los de la mesa directiva; espacio que además, por sus dimensiones y ubicación podría significar un ingreso mayor, si de solucionar una “mala situación financiera”, como lo ha querido hacer creer el gobierno Krasnov. Resulta llamativo que la urgencia recaiga justo sobre la dependencia encargada de vigilar disciplinariamente a la misma administración, y no sobre la que se presta para los manejos turbios y arbitrarios del mandatario.
Aunque en algo tienen razón los defensores del Alcalde cuando afirman que es sano que la Personería ya no funcione dentro del edificio municipal. La desconfianza que ha generado la administración Krasnov en el manejo de información y de procesos disciplinarios es demasiado profunda como para ignorarla. Ahí está, para empezar, la pérdida de una carpeta con documentos clave de un proceso contra una funcionaria del gabinete, un hecho que, en su momento, dejó en evidencia fallas graves en la custodia de expedientes sensibles. Y a eso se suma la conducta igualmente preocupante frente a los videos de seguridad: la Alcaldía se niega a entregarlos cuando estos comprometen a integrantes de la guerrilla digital, incluso ante derechos de petición totalmente soportados, mientras que los facilita sin trámite alguno a esos mismos activistas cercanos al mandatario para alimentar campañas de acoso, quienes los consiguen sin siquiera haber presentado un derecho de petición para ello. Con estos antecedentes, es imposible no reconocer que alejar a la Personería de ese entorno resulta, por lo menos, una decisión saludable para la integridad institucional.
Pero tampoco hay que caer en la ilusión de que la independencia física por sí sola resuelve algo. Ahí está la Contraloría Municipal como prueba viviente. Funciona en un edificio propio desde 2013 y, aun así, no ha logrado fallos de fondo en los casos más sensibles para la ciudad. No hubo decisiones contundentes en los procesos relacionados con los manejos del Parque Biblioteca que no tiene biblioteca, ni frente al cambio de piso en la Plaza de Bolívar que costó más del doble de lo proyectado, ni frente al empréstito por 93 mil millones que dejó ninguna obra visible y real para la ciudad, ni frente a las múltiples irregularidades denunciadas durante años. Mucho menos logró la recuperación de esos recursos. La distancia no garantiza rigor disciplinario; lo garantizan las instituciones que funcionan, no las paredes que las rodean.
La administración municipal habla de una “mala situación financiera” para justificar decisiones, pero basta revisar los datos de su propio gobierno. Hace pocos meses la Alcaldía celebraba récords de recaudo, así como “adiciones presupuestales” por más de 111 mil millones debido a su incapacidad para ejecutar el presupuesto. Mientras tanto, uno de los defensores más ruidosos del alcalde, un exfuncionario que recibió un salario público sin cumplir requisitos legales para ocupar el cargo, intenta sembrar odio diciendo que el personero “se gana demasiado”, como si eso lo obligara a suplir fallas presupuestales ajenas.
En medio de esta polarización inédita para la ciudad, quien pierde es la ciudadanía. La Personería no podrá prestar atención presencial durante lo que resta del año, y en 2026 lo hará en condiciones precarias, con menos personal, con más procesos acumulados, y con más ciudadanos frustrados. La función disciplinaria se resiente. La confianza pública también.
Sería saludable que la Personería publique pronto y con detalle su ejecución presupuestal: salarios, cargas legales, servicios, herramientas, software, vacantes sin llenar y todo lo que explique por qué no puede asumir un arriendo sin planificación previa. Y sería igualmente indispensable que la Alcaldía aclare de una vez por todas qué uso le dará al espacio del que expulsó a la Personería. ¿Lo necesita realmente? ¿Para qué? ¿Es una dependencia? ¿Un proyecto? ¿Una oficina? ¿Un favorecimiento? La administración debe explicar qué instalará allí y por qué la urgencia fue tan grande como para afectar los derechos de miles de tunjanos.
Tunja no merece un órgano disciplinario convertido en desplazado institucional. No merece que la defensa de los derechos termine en una carpa improvisada, ni que un gobierno que prometió combatir la corrupción termine saboteando a quien debe vigilarlo.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El pasado 8 de noviembre, Tunja, la ciudad más segura entre las capitales de Colombia, despertó abruptamente en medio del estruendo de un atentado terrorista del ELN que, por fortuna, no dejó víctimas mortales ni heridos de gravedad. Aun así, dejó algo que pesa y permanece: la sensación de que, incluso aquí, donde no estamos habituados a la guerra, el conflicto armado del país puede tocar a la puerta sin previo aviso.
La historia, ya conocida por muchos, comenzó con una volqueta comprada en Duitama, cargada con arena en Sogamoso y llevada luego a una bodega en Tunja, donde fue acondicionada como lanzador de veinticuatro lanzamisiles de fabricación artesanal. Esa volqueta llegó poco después de las cinco de la mañana al barrio Prados de Alcalá, vecino del Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla, popularmente conocido como el Batallón Simón Bolívar, que alberga tres batallones en su interior. Desde allí, horas más tarde, se activaría el artefacto.
Que un hecho así ocurriera justo aquí, en una ciudad donde este es apenas el segundo atentado terrorista en toda su historia, explica el nivel de conmoción que produjo, no solo en Boyacá sino en todo el país. Tunja no es una ciudad acostumbrada a estos sobresaltos. Su seguridad ha sido un rasgo diferencial, casi un sello, y por eso el ataque tomó por sorpresa tanto a sus habitantes como a sus autoridades militares y policiales.
Como era de esperarse, parte de la opinión pública reaccionó con dureza hacia las autoridades, criticando el manejo inicial de la situación. Y es cierto que se cometieron errores, empezando por la narrativa oficial divulgada en las primeras horas, cuando se aseguró que la explosión registrada hacia las 8:30 de la mañana en las instalaciones del cantón militar había sido una detonación controlada. Más tarde se supo que esto era falso: veintidós de los veinticuatro “tatucos” se accionaron mediante temporizador y solo dos fueron detonados de manera controlada por expertos horas más tarde. Sin embargo, también es cierto que a esa hora la zona ya estaba mayoritariamente evacuada, lo que explica que no hubiera muertos ni heridos de gravedad. Al finalizar la jornada, según información oficial, quienes resultaron heridos habían sido dados de alta y se encontraban en sus casas.
Un punto que no puede pasarse por alto es que esta reacción oportuna no fue producto de trabajos de inteligencia militar, sino del aviso de la ciudadanía. Fue la comunidad la que actuó de manera vigilante y oportuna, dando la alerta que permitió activar los protocolos necesarios antes de que ocurriera una tragedia. Este dato, que debería valorarse como una muestra del compromiso cívico de los tunjanos, también evidencia un vacío en la labor de inteligencia y en la capacidad del Estado para anticipar este tipo de amenazas.
Desde un punto de vista objetivo, aunque incómodo, el ataque fue exitoso como acto terrorista porque generó angustia y pánico, pero fue un fracaso como atentado, en tanto que su propósito de arrebatar vidas no se cumplió. De ahí que algunos sectores de la opinión pública hayan preferido llamarlo “intento de atentado”, una denominación que refleja con mayor precisión lo que realmente ocurrió. No es un dato menor que, según las autoridades, el ELN habría invertido cerca de mil millones de pesos en la compra de la volqueta, la arena, el alquiler de la bodega donde la adecuaron, el arriendo de un inmueble cercano al batallón y otros insumos logísticos. Para una guerrilla que históricamente solo destina semejantes recursos cuando busca causar muertes, el resultado es, en términos de su propio cálculo criminal, una derrota.
En medio de todo esto, es necesario cuestionar el papel de ciertos medios de comunicación que, lejos de informar con rigor, optaron por alimentar el miedo. El caso más evidente es el de El Colombiano, cuya publicación sobre el atentado no solo exageró al afirmar que Tunja y Boyacá estaban “a merced del ELN”, sino que ni siquiera tuvo el mínimo cuidado de verificar el nombre del barrio donde ocurrieron los hechos, al que llamaron equivocadamente “Alcalá”. Un error tan elemental revela un periodismo descuidado, politizado y carente de principios, que en lugar de aportar claridad contribuye a sembrar más terror, como si esa fuera su intención. Decir que el ELN está extendiendo sus tentáculos en Boyacá desconoce que esta guerrilla ha tenido presencia en el departamento desde hace décadas; no es un fenómeno nuevo, ni un despliegue expansivo como se quiso narrar.
Ahora bien, si hay un punto donde sí se debe exigir una respuesta contundente del Estado es en el funcionamiento del sistema de monitoreo y vigilancia de la ciudad. Resulta difícil entender cómo una volqueta pudo circular a las cinco de la mañana por zonas residenciales sin ser detectada, más aún cuando se desplazó desde la antigua terminal de transporte hasta el sector del batallón en un horario en el que este tipo de vehículos no suele transitar. Es comprensible que no se detectara la llegada de la volqueta a la ciudad ni su estadía en una bodega, pues ninguna ciudad del mundo tiene la capacidad de rastrear cada vehículo o cada movimiento de todos sus habitantes. Pero un sistema de vigilancia incapaz de advertir un vehículo de estas características en esas circunstancias sí evidencia una falla seria, sea por falta de operatividad, de personal o por simple exceso de confianza.
Algunos sectores han querido sobredimensionar el hecho de que este atentado haya ocurrido en Tunja, argumentando que evidencia una supuesta toma del país por parte de la guerrilla. Pero basta recordar que en enero de 2019, en plena capital de la República, se cometió un atentado terrorista al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, dejando muertos y heridos. Y en ese entonces, pese a lo grave del ataque, nadie afirmó que Bogotá estaba bajo las garras del ELN. Comparar ese episodio con lo ocurrido en Tunja permite poner las cosas en perspectiva.
Este atentado, más que una demostración de poder territorial del ELN, parece tener un mensaje político directo: una respuesta al gobierno Petro, que meses atrás había señalado que Tunja era la ciudad más segura del país y que sus indicadores superaban incluso los de ciudades europeas o estadounidenses. No se trata de un intento de convertir a Tunja en un epicentro del conflicto, como irresponsablemente insinuó El Colombiano, sino de un ataque puntual en una ciudad que, como tantas otras en la historia del país, ha sido ocasionalmente golpeada por la violencia, y que por más indicadores de seguridad que tenga, no puede escapar a un conflicto que inmiscuye a toda Colombia.
La reflexión más necesaria ahora es que, aunque las autoridades reaccionaron con eficacia una vez conocida la amenaza, sí hubo un descuido o un exceso de confianza que fue aprovechado por los terroristas. El campanazo está dado: es urgente que las fuerzas militares y policiales revisen sus protocolos de inteligencia y vigilancia. Pero esto no significa que Tunja sea una ciudad insegura. Aquí la gente puede caminar de noche sin miedo a que la maten, la roben o la violen. Aquí la mayoría de personas no recuerda la última vez que las atracaron, porque ocurrió hace demasiado tiempo o porque simplemente nunca les ha sucedido. Aquí, a diferencia de la mayoría de capitales del país, la ciudadanía puede caminar con el celular en la mano, usar el transporte público sin estar expuesta a asaltos recurrentes y vivir sin la amenaza constante del fleteo. Los casos que ocurren son ocasionales, extraordinarios, tanto que, cuando ocurren, generan gran revuelo precisamente porque no son parte del día a día.
La idea de que Tunja se convirtió en un sitio peligroso como consecuencia del atentado es exagerada y malintencionada. Más aún cuando se sabe que Tunja no es un corredor estratégico para el narcotráfico, condición que sí comparten municipios como Tibú, El Tarra, Convención, Sardinata, Caucasia, Ituango, Segovia, Tumaco, Timbiquí, Apartadó y tantos otros donde confluyen rutas de coca y presencia permanente de grupos criminales.
Además, estas narrativas no son inocuas. Pueden afectar la moral de las Fuerzas Armadas y, aún más, pueden dañar la imagen de la ciudad como un lugar estable y atractivo para invertir. A nadie le conviene que, por irresponsabilidad mediática o por oportunismo político, se construya una percepción de inseguridad que no se corresponde con la realidad.
Por supuesto que deben mejorarse los sistemas de inteligencia y fortalecer la capacidad de reacción. Es obvio que nuestras fuerzas militares no pueden confiarse ni dormirse. Pero exigir que no ocurra absolutamente nada y condenar duramente a las autoridades por no detectar cada movimiento es desconocer la naturaleza misma del terrorismo y pretender un nivel de control que ninguna ciudad del país ni del mundo puede garantizar. Cualquiera que conozca la rutina en los alrededores de Unicentro podría preguntarse: ¿Quién garantiza que un día, entre tanto carro que dejan estacionado en los alrededores, no existe uno que tenga una bomba? La respuesta es nadie. Y ese es precisamente el reto que plantea el terrorismo: la imposibilidad de controlarlo todo.
Finalmente, conviene recordar que las guerrillas no son fuerzas omnipotentes. Lo ocurrido en Tunja no demuestra dominio territorial ni capacidad de sometimiento. Atacar con una volqueta cargada de “tatucos” no es señal de poder absoluto ni de expansión militar; es apenas un acto terrorista puntual, como otros tantos, del mismo estilo, que se han presentado en diferentes ciudades del país a lo largo de los años. Sembrar miedo no es conquistar, y eso es algo que debe quedar claro para evitar caer en narrativas que exageran el alcance real de estos grupos.
Tunja sigue siendo Tunja. Una ciudad tranquila, segura, ordenada, donde la gente vive sin los niveles de violencia que afectan a la mayoría de capitales colombianas. Lo ocurrido el 8 de noviembre debe servir para corregir, fortalecer y ajustar las deficiencias en inteligencia y vigilancia, pero no para desdibujar la realidad de una ciudad que ha demostrado, incluso en circunstancias extremas, que su institucionalidad responde y que su ciudadanía coopera. Tunja no cayó ni está cayendo ante ninguna garra, cuando mucho habrá caído en las garras de las malintencionadas y terroristas narrativas de El Colombiano, pero no mucho más que eso. Tunja resistió un intento de atentado y lo superó. Y en un país como Colombia, eso ya dice muchísimo.
#Editorial
¿𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬?
Las rendiciones de cuentas son, sin duda, un ejercicio fundamental en toda administración pública. No sólo porque la ley lo exige, sino porque constituyen una de las herramientas más importantes para garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión de los gobernantes. Son, o deberían ser, un espacio auténtico de diálogo con las comunidades, una oportunidad para evaluar avances, reconocer errores y trazar caminos conjuntos hacia soluciones reales.
Sin embargo, lo que en teoría debería ser un ejercicio de apertura y participación, en la práctica ha terminado convertido, una vez más, en un espectáculo predecible, acartonado y profundamente distante de la ciudadanía. Lo que vimos en la más reciente rendición de cuentas de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Tunja fue prácticamente lo mismo que ya se había visto en anteriores administraciones: un show orquestado en el que se presentan cifras infladas, imposibles de contrastar por el público, acompañadas de aplausos enlatados y comentarios complacientes.
El formato es idéntico. Un informe larguísimo leído por el mandatario o alguno de sus funcionarios, mientras el público apenas escucha pasivamente, sin oportunidad real de cuestionar o pedir aclaraciones. Las preguntas, lejos de ser espontáneas o libres, se deben entregar por escrito al equipo de prensa mientras el Alcalde habla. Al final, se seleccionan unas cuantas para ser leídas, supuestamente al azar.
Y aunque confiamos en la buena fe de la oficina de prensa de la Alcaldía, también tenemos el derecho, y el deber, de dudar sobre los filtros que puedan imponerse a esas preguntas. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que se leen todas las inquietudes? ¿Qué pasa con las preguntas incómodas o con las que tocan temas espinosos como los contratos, las obras inconclusas o la mala calidad de las intervenciones viales?
No sorprende entonces que estos ejercicios institucionales tengan tan poca acogida entre los ciudadanos, ni que despierten tan poca credibilidad. La gente los percibe, con razón, como montajes comunicacionales para mostrar una gestión supuestamente impecable. Pero en el fondo, todos sabemos que no hay tal. El ciudadano promedio, y con frecuencia también concejales y periodistas, no cuenta con la información ni con los medios para contrastar esas cifras que se lanzan con tanto triunfalismo.
Lo más preocupante es que detrás de esa aparente “participación”, se intenta consolidar una narrativa de éxito que se apoya en comentarios de perfiles falsos o de dudosa credibilidad en redes sociales, mezclados con otros reales, pero que provienen de militantes o contratistas del propio gobierno local. Opiniones sesgadas, más movidas por el activismo, el fanatismo o la necesidad de que se renueve un contrato de prestación de servicios, que por el interés en una evaluación objetiva de la realidad.
Veamos un ejemplo concreto: en la rendición de cuentas se habló de la inversión en salones comunales. Pero habría que preguntarse por qué la Alcaldía destina recursos a estudios técnicos de varios salones que ya cuentan con licencia de construcción otorgada por la Curaduría. ¿No es eso duplicar gastos? ¿No es gastar, literalmente, la plata de los ciudadanos en “estudios de estudios”?
Y no se trata de negar que se hacen cosas. Claro que hay parcheos en las vías y algunas reparaciones menores, y eso la gente lo nota y lo agradece. Pero también es cierto que esos arreglos se hacen igual que en tiempos de Fúneme o de Cepeda: sin rigurosidad ni control de calidad. Por eso duran tan poco. Ahí está la Avenida Universitaria, por ejemplo, que fue intervenida y al poco tiempo volvió a mostrar los mismos daños.
Sería interesante saber si alguien preguntó por esas deficiencias durante la rendición de cuentas. Si alguien cuestionó, por ejemplo, por qué las obras de la Carrera Séptima dejaron alcantarillas taponadas, parcialmente, con restos de asfalto, o por qué se demolieron graderías enteras en el polideportivo del barrio San Francisco para levantar una cubierta que, si bien quedó bien construida, ahora carece de espacios para el público y para el encuentro comunal.
En el barrio Libertador pasa algo similar. Se hizo una cubierta nueva, pero se sacrificaron zonas de baños y camerinos. Obras “a medias” que se presentan como logros, cuando en realidad son soluciones incompletas y problemas a futuro.
Lo más lamentable, sin embargo, no es sólo la mala ejecución, sino la actitud de algunos seguidores del alcalde Mikhaíl Krasnov. Esa “fanaticada bravucona” que en lugar de exigirle a la administración que cumpla, se dedica a insultar, amenazar o presionar a los presidentes de Juntas de Acción Comunal para que sean ellos quienes terminen de construir las obras que, por ley, le corresponden al municipio. Una actitud inaceptable que raya en el abuso y en el punto más álgido del ridículo que propician los insanos fanatismos.
También preocupa que muchas comunidades se vean forzadas a reasignar los recursos de los presupuestos participativos para corregir errores o rehacer trabajos mal hechos por la administración. Eso, además de injusto, es absurdo.
Y mientras tanto, el alcalde se escuda en su aparente desconocimiento del español para argumentar que no se puede hablar de “subsanas errores”, porque según él, no es la palabra correcta. Más allá de los tecnicismos lingüísticos, lo que hay son daños concretos y visibles como parte de las obras que se realizan durante su administración: graderías demolidas, alcantarillas obstruidas, zonas deportivas inutilizables. Pero claro, siempre será más fácil culpar a la comunidad o al contratista que asumir la responsabilidad institucional.
A esto se suma la falta de claridad sobre la interventoría en varias obras, como la del polideportivo del Libertador, cuya cubierta, paradójicamente, no cubre del todo. ¿Para qué se hacen diseños si luego se permiten errores tan graves? ¿Quién responde por eso?
Todo esto nos lleva a una conclusión: las rendiciones de cuentas, tal y como se están haciendo, no sirven. No son ejercicios de transparencia ni de evaluación ciudadana. Son, más bien, rituales de autoelogio.
La solución no es abolirlas, sino transformarlas. En vez de estos aburridores monólogos cargados de cifras, la administración debería promover verdaderos cabildos abiertos, en los que el informe de gestión se entregue con al menos quince días de anticipación a los concejales, para que lo estudien, contrasten y preparen preguntas. Luego, abrir el diálogo a los ciudadanos, especialmente a aquellos que han intentado comunicarse con la Alcaldía sin recibir respuesta, como ocurre con los líderes comunales que piden saber cuándo inicia la ejecución de los recursos de presupuestos participativos, o de ciudadanos que buscan saber los avances y los frentes de obra activos dentro del contrato por más de 15 mil millones con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, o en temas tan serios como la seguridad y el ruido ambiental, que siguen sin atención del Secretario del Interior.
Porque las rendiciones de cuentas no son espacios para satisfacer el ego del Alcalde o de sus funcionarios, sino escenarios para escuchar, rendir cuentas de verdad y corregir el rumbo cuando sea necesario.
Y más allá de todo eso, hay una molestia legítima que no se puede ignorar: la de los ciudadanos que ven cómo sus impuestos se invierten en obras mal hechas, hechas a medias o hechas dos veces. Obras que deberían durar años, pero apenas sobreviven meses. Y mientras tanto, el municipio cierra el año con cientos o miles de millones sin ejecutar. Eso no es eficiencia, ni ahorro. Eso es, simple y llanamente, mala administración.
El deber de una alcaldía no es mostrar números bonitos, sino resultados tangibles y duraderos. Y el deber de una ciudadanía consciente es no tragarse el cuento.
En la administración pública de Tunja, en los últimos tiempos, pocas veces el nombramiento de un gerente despierta opiniones favorables entre los concejales, la ciudadanía y las veedurías. Sin embargo, la gestión de Duván Mesa Tobos al frente de Ecovivienda, a pesar del corto tiempo que lleva en el cargo, está generando una percepción positiva desde distintos sectores, especialmente tras la más reciente socialización ante el Concejo de Tunja. Allí, Mesa Tobos presentó los diagnósticos, planes, metas y resultados ejecutados por la empresa durante el año, logrando dejar buenas impresiones.
Esta situación merece ser resaltada, más cuando la dinámica del gabinete del alcalde Mikhaíl Krasnov ha estado marcada por cuestionamientos sobre el perfil de quienes ocupan cargos clave. En esta ocasión, el desempeño de Mesa Tobos rompe la rutina de críticas y demuestra pertinencia en las acciones y respuestas realizadas frente a los complejos desafíos que enfrenta Ecovivienda.
Su experiencia previa en Urbaser, empresa dedicada al tratamiento de residuos, ha sido fundamental. No solo porque amplió su perspectiva sobre el manejo de residuos, sino porque le permitió adquirir herramientas para impulsar alternativas innovadoras en el tratamiento de los residuos de construcción y demolición en Tunja. Gracias a esta experiencia, Ecovivienda puede empezar a proyectar soluciones reales para una problemática urbana a menudo ignorada, en sintonía con lo que la ciudadanía y los concejales reconocen como urgente.
Desde su llegada, el gerente demostró criterio para analizar con calma los retos a afrontar y comprender las capacidades reales de Ecovivienda. Esta actitud de diagnóstico no fue excusa para la inacción, sino el primer paso hacia la definición de líneas concretas de trabajo que respondan a los retos heredados y proyecten escenarios factibles para la solución.
Marcando distancia con sus antecesores, Duván Mesa Tobos ha instaurado una dinámica de reuniones periódicas (cada 20 días) con los veedores de los proyectos siniestrados, Torres del Parque y Estancia El Roble. Este espacio de vigilancia ciudadana y transparencia, ausente en administraciones previas, e incluso en esta misma administración pero con otros gerentes de Ecovivienda, representa un avance significativo hacia una gestión más participativa y cercana a quienes han sido afectados.
La situación de Torres del Parque es particularmente compleja. Tres grupos de damnificados, cada uno con necesidades específicas, exigen soluciones diferenciadas y realistas. El gerente ha mostrado empatía y capacidad para comprender estas realidades, planteando rutas de solución enfocadas en cada caso particular.
Ahora bien, es prematuro cantar victoria. El tiempo que lleva Mesa Tobos en la gerencia es todavía corto, y los desafíos por delante siguen siendo enormes. El proyecto Bellavista ilustra los obstáculos que persisten; pensado como solución para el grupo tres de damnificados de Torres del Parque, ha sufrido reveses derivados de la pérdida de los subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’. Este problema, atribuible a fallas en la comunicación entre Ecovivienda y los beneficiarios, ha afectado el interés por el proyecto y pone en riesgo su viabilidad financiera.
La pérdida masiva de potenciales compradores amenaza el cierre financiero del proyecto y, por ende, su continuidad. Superar este escollo será determinante para la administración actual.
El verdadero reto de Ecovivienda, más allá del desempeño individual del gerente, será construir soluciones sostenibles para la problemática de Torres del Parque y Estancia El Roble. La historia exigirá seguimiento y memoria sobre las acciones que se toman hoy: diagnósticos responsables, encuentros periódicos con los ciudadanos, propuestas ecológicas y alternativas habitacionales realmente integrales.
La gestión de Duván Mesa Tobos marca una diferencia positiva en Ecovivienda. No garantiza soluciones absolutas, pero sí representa una ruptura con viejas prácticas y el inicio de un periodo en el que la comunicación, el seguimiento y el enfoque profesional guían las prioridades de la empresa. El tiempo dirá si estas señales iniciales se consolidan como verdaderos cambios, pero hoy Tunja puede reconocer un liderazgo orientado a enfrentar los desafíos más complejos de la ciudad en materia de vivienda.
#Editorial
𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬
En la administración pública de Tunja, en los últimos tiempos, pocas veces el nombramiento de un gerente despierta opiniones favorables entre los concejales, la ciudadanía y las veedurías. Sin embargo, la gestión de Duván Mesa Tobos al frente de Ecovivienda, a pesar del corto tiempo que lleva en el cargo, está generando una percepción positiva desde distintos sectores, especialmente tras la más reciente socialización ante el Concejo de Tunja. Allí, Mesa Tobos presentó los diagnósticos, planes, metas y resultados ejecutados por la empresa durante el año, logrando dejar buenas impresiones.
Esta situación merece ser resaltada, más cuando la dinámica del gabinete del alcalde Mikhaíl Krasnov ha estado marcada por cuestionamientos sobre el perfil de quienes ocupan cargos clave. En esta ocasión, el desempeño de Mesa Tobos rompe la rutina de críticas y demuestra pertinencia en las acciones y respuestas realizadas frente a los complejos desafíos que enfrenta Ecovivienda.
Su experiencia previa en Urbaser, empresa dedicada al tratamiento de residuos, ha sido fundamental. No solo porque amplió su perspectiva sobre el manejo de residuos, sino porque le permitió adquirir herramientas para impulsar alternativas innovadoras en el tratamiento de los residuos de construcción y demolición en Tunja. Gracias a esta experiencia, Ecovivienda puede empezar a proyectar soluciones reales para una problemática urbana a menudo ignorada, en sintonía con lo que la ciudadanía y los concejales reconocen como urgente.
Desde su llegada, el gerente demostró criterio para analizar con calma los retos a afrontar y comprender las capacidades reales de Ecovivienda. Esta actitud de diagnóstico no fue excusa para la inacción, sino el primer paso hacia la definición de líneas concretas de trabajo que respondan a los retos heredados y proyecten escenarios factibles para la solución.
Marcando distancia con sus antecesores, Duván Mesa Tobos ha instaurado una dinámica de reuniones periódicas (cada 20 días) con los veedores de los proyectos siniestrados, Torres del Parque y Estancia El Roble. Este espacio de vigilancia ciudadana y transparencia, ausente en administraciones previas, e incluso en esta misma administración pero con otros gerentes de Ecovivienda, representa un avance significativo hacia una gestión más participativa y cercana a quienes han sido afectados.
La situación de Torres del Parque es particularmente compleja. Tres grupos de damnificados, cada uno con necesidades específicas, exigen soluciones diferenciadas y realistas. El gerente ha mostrado empatía y capacidad para comprender estas realidades, planteando rutas de solución enfocadas en cada caso particular.
Ahora bien, es prematuro cantar victoria. El tiempo que lleva Mesa Tobos en la gerencia es todavía corto, y los desafíos por delante siguen siendo enormes. El proyecto Bellavista ilustra los obstáculos que persisten; pensado como solución para el grupo tres de damnificados de Torres del Parque, ha sufrido reveses derivados de la pérdida de los subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’. Este problema, atribuible a fallas en la comunicación entre Ecovivienda y los beneficiarios, ha afectado el interés por el proyecto y pone en riesgo su viabilidad financiera.
La pérdida masiva de potenciales compradores amenaza el cierre financiero del proyecto y, por ende, su continuidad. Superar este escollo será determinante para la administración actual.
El verdadero reto de Ecovivienda, más allá del desempeño individual del gerente, será construir soluciones sostenibles para la problemática de Torres del Parque y Estancia El Roble. La historia exigirá seguimiento y memoria sobre las acciones que se toman hoy: diagnósticos responsables, encuentros periódicos con los ciudadanos, propuestas ecológicas y alternativas habitacionales realmente integrales.
La gestión de Duván Mesa Tobos marca una diferencia positiva en Ecovivienda. No garantiza soluciones absolutas, pero sí representa una ruptura con viejas prácticas y el inicio de un periodo en el que la comunicación, el seguimiento y el enfoque profesional guían las prioridades de la empresa. El tiempo dirá si estas señales iniciales se consolidan como verdaderos cambios, pero hoy Tunja puede reconocer un liderazgo orientado a enfrentar los desafíos más complejos de la ciudad en materia de vivienda.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El Concejo de Tunja aprobó recientemente el presupuesto municipal para la vigencia 2026. La cifra supera los 534 mil millones de pesos, lo que representa un aumento cercano a los 63 mil millones frente al presupuesto de 2025. A simple vista podría parecer un avance, pero detrás de ese incremento hay más sombras que razones para celebrar.
El municipio contará con más recursos no gracias a una gestión eficiente o a una planeación destacable, sino porque se proyecta un mayor recaudo derivado de la actualización catastral. En palabras más claras, los impuestos que pagan los tunjanos serán más costosos. La administración dispondrá de más dinero, pero no por haber producido desarrollo, sino por meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos de manera más directa e incluso abusiva.
También se ha explicado que el aumento obedece en parte a la reducción de los intereses que se pagarán por deuda en 2026. Sin embargo, la verdadera razón está en los nuevos valores catastrales que inflarán los impuestos. Y esto no tendría por qué ser necesariamente malo si el manejo de los recursos fuera responsable, transparente y se tradujera en obras de calidad que perduren en el tiempo. Pero Tunja está lejos de eso.
Durante este año, las intervenciones en infraestructura se cuentan con los dedos de una mano. Apenas un puñado de calles han sido intervenidas, y los trabajos habitualmente resultan tan precarios que en menos de seis meses ya lucen igual que antes, como puede evidenciarse fácilmente en la Avenida Universitaria. Todo indica que la administración sigue aplicando la fórmula de siempre: obras hechas a la carrera, sin control ni planeación, con resultados mediocres que terminan siendo un despilfarro del dinero público, al mejor estilo de lo que hacía Alejandro Fúneme.
A lo anterior se suma un hecho que debería escandalizar a cualquiera. El presupuesto fue aprobado de manera exprés, sin un análisis serio ni una discusión responsable. En el primer debate, el proyecto recibió el visto bueno cuando solo seis de las veintitrés dependencias habían presentado sus informes. Es decir, los concejales aprobaron más de quinientos mil millones de pesos sin conocer a fondo en qué se invertirán. Una caricatura del control político.
No se trata de oponerse al presupuesto como tal, porque es evidente que la ciudad lo necesita. Lo que se cuestiona es la falta de debate y el servilismo del Concejo frente a la administración. En Tunja, al parecer, está prohibido preguntar. Ejercer control político se considera una ofensa. Y cualquier intento de ajustar o reasignar recursos se aplasta de inmediato. El presupuesto, como todos los demás proyectos, se aprueba sin cambiar una coma, tal como lo envía y lo ordena la administración Krasnov.
Lo más preocupante es que muchos concejales ni siquiera saben qué fue lo que aprobaron. Bastaría sentarse a conversar del tema con alguno de ellos, especialmente los de la coalición de gobierno, para notar que van al recinto a levantar la mano y aplaudir. Actúan como una orquesta desafinada al ritmo del Alcalde, repitiendo su melodía sin pensar, como marionetas que aplauden al compás del poder. No representan a la ciudadanía, sino a sus propios intereses, los mismos que pesan más que las voces del pueblo que los eligió.
El comportamiento de la mesa directiva del Concejo, encabezada por Sandra Estupiñán Orjuela, agrava aún más el panorama. En varias sesiones, por no decir que en todas, los concejales no supieron con claridad qué secretarías harían sus presentaciones, lo que impidió preparar los debates de manera adecuada. En una de las sesiones más relevantes, en la que la Secretaría de Infraestructura debía exponer el uso que dará a los recursos, la mayoría del tiempo hubo entre cinco y diez concejales, aunque el quórum mínimo es de nueve. Durante amplios tramos de la jornada ni siquiera se alcanzó ese número, llegando al exabrupto de contar solo con cinco. Ese nivel de ausentismo y apatía evidencia un profundo desinterés por debatir y estudiar los asuntos de la ciudad. Esa no es simple desidia, es complicidad.
La presidenta de la corporación se ha encargado de entorpecer el trabajo de sus propios compañeros, lo cual levanta una discusión inevitable sobre la transparencia de la mesa directiva actual. No pocos se preguntan si esta no será la más corrupta que ha tenido el Concejo de Tunja, una institución que ya tenía mala reputación por sus “jugaditas” y favoritismos con los mandatarios de turno. Esta vez, el descaro es mayor. Ya no solo se aprueba todo sin leer, sino que se boicotean los espacios de deliberación para evitar cualquier discusión de fondo.
Y mientras tanto, el presupuesto refleja algunas prioridades absurdas. A la Secretaría de Infraestructura se le asignaron poco más de seis mil millones de pesos, una cifra inferior a los ocho mil millones destinados al Aguinaldo Boyacense 2025. En otras palabras, esta administración prefiere invertir más en fiesta pasajera que en obras públicas. Mientras los recursos se esfuman en cinco noches de tarimas, artistas y empresarios de afuera, la ciudad sigue con huecos, calles deterioradas y proyectos inconclusos. Y lo peor de todo es que la administración municipal ni siquiera tiene claramente proyectado el uso que le piensa dar a esos 8.000 millones, los pide es más por si acaso se necesita para convencer a cierto artista, no para mejorar las condiciones de las carrozas, los concursos de pesebres o cualquier otra de las muestras culturales verdaderamente significantes dentro del Aguinaldo como tradición y patrimonio inmaterial de los tunjanos.
El contraste es indignante. El municipio recauda más, pero ejecuta menos, y lo poco que gasta lo hace sin calidad. Todo con la aprobación ciega de un Concejo que en lugar de ser contrapeso actúa como extensión de la Alcaldía, que en cabeza de esta mesa directa más que control político lo que hace es cogobernar. Un Concejo complaciente, manoseado y sin carácter.
A todo este panorama se suma otro asunto que huele a desidia y opacidad: los más de 111 mil millones de pesos que no se ejecutaron en 2024 y que fueron adicionados al presupuesto de 2025. Se trata de un superávit que nadie ha logrado rastrear con certeza. Oficialmente, ese dinero debía destinarse a fortalecer sectores como infraestructura, cultura o incluso comunicaciones, pero a estas alturas del año poco o nada se ha visto. La pregunta inevitable es si esos recursos realmente se invirtieron o si terminarán engordando nuevamente el presupuesto de 2026, maquillando las cifras para mostrar una falsa eficiencia administrativa.
Esa falta de ejecución no es un detalle menor. Es la prueba de una pésima planeación y de una gestión que confunde ahorrar con no cumplir. El dinero que sobra en los balances no es motivo de orgullo cuando proviene de impuestos que los ciudadanos ya pagaron y que debieron traducirse en obras, programas o beneficios reales para la ciudad. Lo que Tunja presencia es un gobierno que recauda más, promete más y ejecuta menos, al mejor estilo de Alejandro Fúneme González.
Tunja no necesita concejales que aprueben todo con aplausos. Necesita representantes que estudien, cuestionen y exijan. Lo preocupante no es el monto del presupuesto, sino la forma en que se maneja y la corrupción que lo rodea.
Al final, lo que está en juego no es una cifra, sino el respeto por la ciudad y por quienes sostienen sus finanzas con impuestos cada vez más altos. Y aunque algunos finjan no saberlo, el dinero público no desaparece solo. Siempre hay alguien que sabe exactamente dónde termina…
