𝐄𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐞𝐳 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
Con la posesión de Rafael Acevedo Pedroza como alcalde de la capital boyacense, la ciudad inicia una etapa que requiere la máxima madurez democrática por parte de todos los sectores políticos, sociales y comunitarios. Reconocer la legitimidad del nuevo mandatario e instar a la construcción de un ambiente de serenidad es la vía para hacer posible la gobernabilidad. Resulta indispensable atenuar las fricciones del debate electoral, desarmar los ánimos y comprender que Tunja necesita concentrar sus esfuerzos en la gestión y en la solución de sus problemas estructurales.
Sin embargo, ese llamado a la serenidad y al respeto institucional no significa, bajo ninguna circunstancia, que la administración entrante sea inmune al cuestionamiento o a la crítica rigurosa. Brindar el margen necesario para que el gobierno organice su plan de trabajo no convierte a la gestión pública en una zona de intangibilidad. La labor de la prensa no consiste en plegarse a directrices oficiales ni en asumir posturas complacientes, como suelen pretender y habitualmente premiar las administraciones públicas. Por el contrario, la contienda electoral concluyó y la administración municipal debe garantizar las condiciones para el libre ejercicio del análisis independiente y la fiscalización ciudadana, entendiendo que se gobierna para la totalidad de Tunja y no para una facción.
La lectura del escenario político exige rigurosidad. El veredicto popular dejó ver un descontento acumulado frente a las dinámicas del Partido Verde y la hegemonía regional liderada por el gobernador Carlos Amaya, del mismo modo que pasó factura a la exconcejala Sandra Estupiñán por su trayectoria carente de resultados en el cabildo y el respaldo que le brindó el exalcalde Mikhail Krasnov.
La lectura analítica de este momento exige dejar de lado cualquier exceso de ego y abordar el fenómeno electoral con absoluta crudeza técnica. Quienes sostenemos un ejercicio de análisis continuo sobre las dinámicas de la ciudad comprendemos que la ciudadanía esperaba una lectura rigurosa de lo ocurrido en las urnas. Se ha querido instalar el discurso simplista de que en Tunja triunfó de manera pura el voto de opinión, pero es necesario precisar cuál fue la opinión que verdaderamente se impuso. Lo que ganó no fue una corriente de adhesión dogmática hacia la propuesta de Rafael Acevedo Pedroza, sino un categórico y visceral voto de castigo, otra vez.
El electorado salió a manifestar su rechazo hacia las dinámicas de la politiquería encarnadas la estructura del Partido Verde, ratificando una constante histórica en las urnas locales: Tunja suele votar en contra de todo lo que huela o se acerque a esa casa política, saliendo a votar con la firme intención de hacerlos perder. De igual manera, la ciudadanía, la poca que participó, le cobró una factura implacable a la exconcejal Sandra Estupiñán por más de catorce años de absoluta inoperancia en el cabildo municipal, caracterizados por la ausencia de proyectos de acuerdo de su autoría, la complacencia ante las iniciativas del gobierno de turno y la aprobación de millonarios endeudamientos. A este desgaste se sumó el contraproducente respaldo del destituido Mikhail Krasnov, cuya pretensión de impulsar dicha candidatura desde las sombras terminó por hundir sus aspiraciones.
Bajo ninguna perspectiva puede sostenerse la tesis de que la ciudadanía eligió a Acevedo Pedroza convencida de hallarse ante un líder visionario con un modelo de ciudad claro y estructurado. Los antecedentes de gestión pública del hoy mandatario impiden alimentar ese relato. En su paso por la Secretaría de Infraestructura durante la alcaldía de Pablo Cepeda, Acevedo no logró concretar obras de trascendencia, no gestionó recursos de calado ni dejó legados de infraestructura para la capital boyacense. Posteriormente, en su desempeño como diputado en la Asamblea Departamental, tampoco impulsó o concluyó iniciativas de impacto directo para Tunja. Los electores no votaron por la certeza de un ejecutor probado, sino por la urgencia de frenar a quienes consideraban la encarnación del continuismo y las maquinarias.
Es fundamental desmentir con igual firmeza la narrativa irreal que pretende presentar este triunfo como una gesta antimaquinaria. Creer que Rafael Acevedo llegó a la Alcaldía libre de ataduras o compromisos es de una ingenuidad absoluta. Las maquinarias no fueron derrotadas en esta contienda; pues parte de ellas operaron desde la campaña victoriosa. Detrás de esta candidatura confluyeron figuras tradicionales de la política local que hicieron parte activa del gobierno de Pablo Cepeda, tales como la ex gestora social Ana Isabel Hernández, el exsecretario de desarrollo Guillermo Jiménez Pinzón, además de nombres como el de Néstor Barrera, entre otros que influyeron igualmente, aunque de forma más discreta.
A este panorama se suma el reciclaje directo de figuras clave de la administración de Alejandro Fúneme González, uno de los exalcaldes con peores índices de aprobación en la historia reciente de la ciudad. Personajes como Elmer Román Díaz y José Moreno Villamil hicieron parte del gabinete de Fúneme, demostrando que las viejas estructuras de poder simplemente migran para mantenerse vigentes. La frustrante experiencia con el exalcalde Krasnov, cuyo mandato resultó salpicado por prácticas deplorables dignas de la clase política tradicional, terminó por inclinar la balanza hacia la resignación pragmática de la ciudadanía, que prefirió inclinarse por figuras conocidas antes que arriesgarse nuevamente con improvisaciones disfrazadas de renovación.
A esta estructura se sumó un sector determinante del Partido Liberal encabezado por el representante Héctor Chaparro y por Rodrigo Rojas, principal opositor del gobernador Carlos Amaya y aspirante a la Gobernación, quien encuentra en la administración Acevedo un aliado estratégico con miras a las próximas contiendas regionales de 2027. La presencia del excongresista y hoy director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, en el acto de posesión de Acevedo Pedroza termina de configurar un mapa de respaldos políticos innegable. Pretender justificar su asistencia bajo el argumento de una delegación oficial del Gobierno Nacional resulta insostenible, pues es bien sabido que la presencia de dichas figuras responde a las afinidades del mandatario electo.
Esa abultada lista de acreedores políticos representa la primera gran encrucijada para Rafael Acevedo Pedroza. En un mandato extraordinario de apenas diecisiete meses no existirá margen de tiempo, burocracia suficiente ni presupuesto en el gabinete municipal para complacer las aspiraciones de cada uno de los sectores, exsecretarios y dirigentes a los que hoy se les debe el favor electoral. En un periodo ordinario de cuatro años es posible rotar nombramientos y cumplir acuerdos, pero en diecisiete meses el tiempo resulta un enemigo implacable que expondrá rápidamente las tensiones internas de la coalición de gobierno.
Respecto a la conformación del equipo de gobierno, es preciso dejar en claro que, salvo el anuncio de José Moreno Villamil ante la Secretaría de Educación Territorial realizado por canales institucionales, la Alcaldía no ha publicado en sus medios oficiales ni ha expedido formalmente los decretos de nombramiento para el resto del gabinete. Lo que ha venido ocurriendo es que varios de los virtuales secretarios y directores (entre ellos el general en retiro Óscar Moreno o Simón Medina en el Irdet) han dado a conocer sus designaciones de forma anticipada a través de redes personales y medios de comunicación, acompañados de la tradicional fotografía estrechando la mano del mandatario. No obstante, mientras estos anuncios no se traduzcan en actos administrativos en firme, el gabinete formalmente no existe, lo que refleja un arranque de gobierno donde la autopromoción de los elegidos se ha adelantado al rigor institucional. Quienes finalmente asuman la responsabilidad de las dependencias deberán entender que la contienda concluyó y que están obligados a gobernar para la totalidad de la ciudadanía, garantizando una gestión técnica y transparente, alejada de sectarismos de campaña o tónicas de revancha.
En materia de planificación urbana, la administración entrante debe actuar con absoluta sensatez y deshacerse de propuestas irresponsables que comprometen el futuro de la capital. La idea de construir un sistema de cable aéreo y funiculares en el marco del proyecto del “Parque de la Gran Loma Sagrada”, promovida desde hace tiempo por Néstor Barrera, es una fantasía fiscalmente inviable y técnicamente desproporcionada, que no debe llevarse a cabo por cumplir favores políticos y mucho menos caprichos a viejas amistades.
Esta propuesta ha intentado venderse a la opinión pública como algo realizable bajo la figura de una supuesta alianza público-privada o financiamiento particular para eludir el hecho de que la ciudad no cuenta con los recursos para ejecutarla. Se trata de un argumento falaz: ningún inversionista privado va a destinar cientos de miles de millones de pesos a un proyecto que carece de estudios serios de prefactibilidad y que no demuestra sostenibilidad económica. Lo verdaderamente gravoso para la ciudad es que el municipio no puede permitirse el lujo de comprometer ni un solo centavo del erario en financiar estudios, prefactibilidades o consultorías para un proyecto fantasioso, que no resuelve problemáticas, sino que las crea. Adicionalmente, esta idea cuenta con el rechazo rotundo de los habitantes del centro occidente (barrios Altamira, El Carmen, Gaitán, Cojines, San Lázaro, El Milagro y La Concepción), quienes han impulsado de forma autónoma la Ruta del Zaque, proyecto que ha venido avanzando y sumando adeptos en la ciudad. Si el alcalde Acevedo Pedroza pretende gobernar con pragmatismo, debe respaldar los procesos comunitarios reales y abstenerse de gastar recursos públicos en caprichos irrealizables.
Precisamente en esa línea de atención a las verdaderas necesidades territoriales, resulta justo señalar que la administración entrante ha mostrado un acierto temprano al gestionar un encuentro con el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón. Conocer de primera mano la experiencia exitosa de la ‘Ciudad del Sol’ en la implementación de convenios solidarios constituye un paso en la dirección correcta. Otorgarle la ejecución directa de pequeñas obras e intervenciones a las propias Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias no solo optimiza el recurso público, sino que dignifica la autogestión de los barrios y resuelve problemas cotidianos que suelen estancarse en la burocracia municipal. Promover esta figura en Tunja representa una oportunidad valiosa para reparar el tejido comunitario y superar las nefastas ejecutorias en materia de presupuestos participativos que caracterizaron al periodo de Krasnov.
En cuanto al ordenamiento territorial, prometerle a los tunjanos la formulación y aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el término de un año es una absoluta irresponsabilidad y una falsa expectativa. Basta revisar el antecedente inmediato: administraciones anteriores, como la de Alejandro Fúneme, le destinaron montos presupuestales multimillonarios a la contratación de equipos técnicos, consultorías y diagnósticos para el POT, y aun con semejante flujo de recursos e insumos no lograron concertar las determinantes ambientales ni sacar el proyecto adelante. Pretender que en solo diecisiete meses, sin presupuesto extraordinario y sin estudios actualizados a la mano, se va a estructurar de la nada un nuevo POT es un desatino técnico. Lo que Tunja requiere con urgencia son modificaciones parciales y puntuales al texto vigente para destrabar la ciudad.
Ese proceso de modificación parcial exige concentrarse en casos concretos, como el ajuste a los usos del suelo para permitir la consolidación del comercio formal que genera empleo, o la urgente intervención en sectores residenciales como el barrio Los Muiscas. Para resolver la problemática de los bares y establecimientos nocturnos que hoy martirizan el descanso de familias, adultos mayores y niños, el Concejo Municipal debe ser convocado a sesiones públicas y transparentes donde se ponga la cara a la comunidad. Allí deben citarse frente a frente a los residentes afectados y a los propietarios de los negocios para concertar soluciones reales; y si la conclusión técnica es que un establecimiento no puede permanecer en una zona residencial, el bar tendrá que irse y reubicarse en zonas de desarrollo nocturno claramente delimitadas. Así es como se gobierna con participación y firmeza, no mediante componendas de pasillo.
Para que estas modificaciones parciales prosperen, la corporación edilicia está obligada a abandonar el desperdicio de recursos públicos en ejercicios inoficiosos como sus ya conocidos “controles políticos” sin resultado alguno. El Concejo debe dejar de ser el escenario para satisfacer los caprichos del incomprendido presidente de la corporación, Brahiam Quintana, cuyos llamados a control político terminan de forma vergonzosa tras quince minutos de sesión sin quórum o sin presentación del citado funcionario, ni conclusiones, o con citaciones de seguimiento a políticas públicas programadas torpemente en plenas semanas de empalme en las que los titulares de las dependencias no pueden asistir. Las sesiones pagadas con el dinero de los contribuyentes deben servir para resolver los conflictos del territorio, no para el protagonismo estéril.
Los diecisiete meses de gestión de Rafael Acevedo Pedroza constituyen una ventana de oportunidad si se gobierna con pragmatismo, rigor técnico y disposición al acuerdo. Periódico El Tunjano mantendrá su compromiso con la verdad, el análisis profundo y la fiscalización estricta al servicio de la ciudad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Escuchar a un cabildante elevar el tono en el recinto del Concejo Municipal contra la displicencia burocrática produce, de entrada, una inusual ráfaga de aire fresco. Ocurrió este último jueves durante el seguimiento a la ejecución de la política pública de cultura, cuando el segundo vicepresidente de la corporación, Camilo Ríos Fonseca, decidió romper la monotonía de la sesión para desarmar la gestión del actual secretario de la cartera, Santiago Ebed Benavides Flórez. La escena tuvo ribetes memorables dentro de la narrativa del control político local: calificar al funcionario sin ambages como “el peor secretario” que ha transitado por ese despacho en lo que va del periodo administrativo, reprocharle haberse convertido en “un notario o un firmón” traído a toda prisa para estampar su rúbrica en procesos contractuales tan opulentos como controvertidos, y "felicitarlo" de forma abiertamente irónica por el negocio cerrado alrededor del multimillonario Aguinaldo Boyacense, cuya cifra presupuestal desborda los catorce mil millones de pesos, fue un ejercicio de audacia verbal que la ciudadanía agradece y aplaude en las barras.
Decirle en la cara a un secretario de despacho que otorgar apenas un plazo de 24 horas entre la publicación de modificaciones y el cierre de una convocatoria de semejante envergadura es un acto que destruye la transparencia, cercena la libre concurrencia de oferentes y favorece la entrega a dedo de las festividades a una entidad foránea, es una postura de rigor técnico que interpreta con precisión el sentir de una ciudad fatigada. Cuestionar el olvido sistemático del sector cultural en la destinación de la estampilla procultura, la falta de garantías para la inclusión de personas con discapacidad en las escuelas de formación y el retraso inexplicable de casi tres años para entregar una simple batería de indicadores, son argumentos sólidos que desnudaron la improvisación de la cartera. Sin embargo, tras la pirotecnia discursiva que con justa razón busca cosechar aplausos y capitalizar reconocimiento en la antesala de los calendarios electorales del año entrante, el ejercicio del periodismo exige bajar de la tribuna y analizar la sustancia de los resultados.
En medio de su encendida oratoria, el concejal Ríos Fonseca se tomó un instante para lanzar un leño hacia el periodismo de la ciudad, sugiriendo con ligera displicencia que si los periodistas afirmamos que el Concejo no hace control político es "quizás porque no miramos todas las sesiones". Hay que responderle con la elegancia del oficio pero con la contundencia de los hechos: la premisa de su reclamo no puede estar más equivocada. A diferencia de lo que insinúa el cabildante, la prensa independiente sí mira las sesiones e incluso registra un nivel de asistencia y presencia diaria en el recinto del Concejo que supera con creces la constancia de varios de los diecisiete cabildantes, que solo asoman la cabeza para marcar la planilla de asistencia. Por ende, el problema no es la falta de ojos del periodismo, sino la histórica falta de dientes de las actuaciones de la corporación. Presenciar horas de retórica que jamás desembocan en una sola consecuencia real o jurídica no es fiscalizar; es asistir a un espectáculo de fuegos artificiales pagado con el dinero de los contribuyentes.
Su alocución del jueves fue brillante en el diagnóstico, pero trunca y medrosa en la ejecución. ¿De qué sirve señalar con destreza de especialista en derecho administrativo que el Aguinaldo quedó en manos de una ESAL cuestionada o que la Secretaría de Cultura funciona a ciegas, si toda la indignación concluye con un tímido e impotente anhelo: "Ojalá dé tiempo" para que el funcionario asista al debate de control político radicado para el próximo martes? Esa sola frase traiciona la efectividad del ejercicio, pues admite de entrada la vulnerabilidad de un Concejo que se ha dejado pintar la cara por secretarios que gambetean las citaciones, que presentan informes soporíferos diseñados para agotar el tiempo del reloj o que simplemente no van a los debates, sabiendo que tras las recriminaciones de los micrófonos no sobrevendrá una sola investigación disciplinaria, una denuncia penal o el trámite decidido de una moción de censura.
Afirmar en el recinto que Benavides Flórez es el peor funcionario que ha ocupado esa dependencia en el periodo 2024-2027 no es un dato menor si se considera la abrumadora inestabilidad de esa cartera, por la que han desfilado ya siete titulares entre renuncias intempestivas, interinidades y nombramientos exprés. La sentencia del concejal Ríos tiene la contundencia del titular, pero se queda corta en la fiscalización real. Señalar la decadencia de la Secretaría de Cultura resulta efectista para la tribuna, pero no resuelve el problema de fondo mientras el Concejo limite su papel a contabilizar los desatinos de la burocracia sin activar los mecanismos constitucionales que obliguen a rendir cuentas con consecuencias jurídicas.
No falta en el cabildo quien intente justificar esta inoperancia institucional escudándose en el trillado pretexto burocrático de que los controles políticos sirven para «ahondar o profundizar en temas de los que allí se hablan». Quienes conocemos al detalle la mecánica parlamentaria sabemos que esa excusa es una falacia insostenible. La propia dinámica del debate está diseñada para amarrar el tiempo y ahogar la profundidad: un cuestionario previo que el funcionario trae fríamente redactado desde su despacho, apenas veinte minutos iniciales para la bancada citante, una hora entera de micrófono abierto para que el secretario responda a su acomodo, y un margen diminuto de escasos veinte minutos divididos entre todos los integrantes de una bancada. Con ese corset cronológico resulta imposible escudriñar la verdad. Si el objetivo de la corporación fuera realmente aclarar dudas o profundizar en expedientes opacos, resultarían mil veces más útiles las sesiones ordinarias de simple invitación, donde no existen límites de tiempo ni restricciones para intervenir, o el uso directo de un derecho de petición, mecanismo que las dependencias están obligadas a responder con prioridad a un concejal. Pretender que el debate institucional es un taller de consulta es una carreta inventada por varios cabildantes para disfrazar la inutilidad de sus citaciones.
Por eso, la ineficacia del control político en el Concejo es un patrón recurrente a lo largo de todo el cuatrienio 2024-2027, sin importar quién ocupe la presidencia de la mesa directiva. Las citaciones rutinarias a dependencias como la Unidad Especial de Contratación Estatal, la Secretaría de Fomento Económico, el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica o la citación inoficiosa a la Directora de Gestión de Bienes y Servicios, han demostrado ser ejercicios de formalismo estéril. Sesiones citadas a las carreras para agotar cuestionarios de trámite, responder con datos estadísticos de relleno o terminar hablando de temas ajenos al orden del día, confirman que la corporación gasta el presupuesto público en debates inocuos cuya única efectividad matemática consiste en justificar el cobro de la planilla de honorarios por parte de los cabildantes.
La memoria del cabildo recuerda perfectamente la diferencia entre el ruido y la sustancia. Cuando en este cuatrienio se realizó el debate de control político al entonces gerente estratégico de comunicaciones, Juan Pablo Pérez Espitia, la corporación tuvo en sus manos una radiografía demoledora: irregularidades en los requisitos de posesión; contratación cuestionada; uso indebido del dinero público destinado a publicidad y divulgación de asuntos de interés público; así como falsedades documentales. Fue una sesión tan contundente que la bancada oficialista quedó en silencio. Sin embargo, cuando la gravedad de los hechos exigía tramitar la moción de censura propuesta, la determinación de los concejales se disolvió en maniobras marrulleras: ausencias calculadas para romper el quórum, dilataciones del informe y un boicot por omisión que dejó vencer los términos legales para sepultar la iniciativa en la impunidad. Sobre aquel vergonzoso episodio todavía planean las sombras y los rumores de pasillo que señalan cómo cierto cabildante habría actuado como emisario de la administración para llevar y traer prebendas, untar voluntades y ejecutar una jugada a cara de perro que garantizó la impunidad del funcionario a costa de la dignidad de la corporación.
La desconfianza de los tunjanos hacia este Concejo no nace del sesgo del periodismo ni de la ignorancia de la ciudadanía; nace de verificar que, ya sea en sesiones exprés de trámite o en debates extenuantes de varias horas, la corporación raramente le deja a la ciudad un avance normativo real o una sanción administrativa concreta. La gente no les cree porque tiene fresco el recuerdo del conocido "Concejo del Oráculo", aquel apodo ganado a pulso desde el famoso paseo a Togüí donde el destituido exalcalde Mikhail Krasnov reunió a los concejales de su cuerda para actuar como el gran oráculo que les repartió las presidencias de los cuatro años, les dictó las líneas de votación y sometió al cabildo a la condición de perritos falderos. Quienes aceptaron aquel libreto perdieron la autoridad moral para posar de fiscalizadores independientes.
Por eso le acepto la recriminación con guante blanco, concejal Camilo Ríos, pero le devuelvo el reto con la severidad del periodismo independiente al que tanto le endilgan la mala reputación que ustedes mismos han cosechado: no se quede en el cómodo heroísmo de la indignación de micrófono. Si a usted verdaderamente le duele que Benavides Flórez actúe como un notario del gasto público y le indigna que los recursos de los tunjanos se comprometan en convocatorias de 24 horas, demuéstrenos que su postura no era un simple cálculo para alimentar las métricas de sus redes sociales. Háganos cerrar la boca a los periodistas que cuestionamos la inoperancia del cabildo y demuéstrenos que la corporación sirve para algo más que para cobrar por calentar la silla: estructure un control político de verdad, implacable, técnico, documentado, con denuncias en los estrados judiciales y con consecuencias políticas reales que sienten un precedente histórico en Tunja. Demuestre que lo suyo no fue una simple jugada para cosechar capital electoral de cara a las venideras elecciones regionales de 2027. De lo contrario, su vehemencia del jueves no habrá sido más que otro aplaudido pasaje en el triste catálogo de la impotencia institucional.
𝐄𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐠𝐨𝐧𝐳𝐨𝐬𝐨 𝐞𝐩𝐢́𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐨 𝐲 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐦𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El ejercicio del poder en los periodos de transición suele operar como el más despiadado de los reactivos químicos: revela de inmediato la verdadera sustancia de quien ostenta el cargo. Tras la declaración de nulidad de la elección de Mikhail Krasnov por la violación flagrante al régimen de inhabilidades, la ciudad de Tunja exigía una tregua institucional. El desgobierno entrópico, las maniobras en la sombra y la opacidad administrativa de la administración saliente demandaban un interregno caracterizado por la sobriedad, la reconstrucción contable y el respeto absoluto por el patrimonio público.
El arribo de María Paula Jiménez Gómez como alcaldesa encargada el pasado 5 de mayo de 2026 generó una expectativa legítima en diversos sectores de la ciudadanía y la prensa local. No se trataba de una adhesión ciega ni de un cheque en blanco; era la concesión democrática elemental de permitir gobernar a quien asumía las riendas de un municipio sumido en el caos. Los primeros compases de su gestión parecieron orientarse hacia esa dirección: la apertura al escrutinio mediante un consejo ampliado de gobierno donde convergieron líderes comunales, concejales y periodismo, sumada a la intención manifiesta de fiscalizar el polémico contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, insinuaban una ruptura con las prácticas del pasado.
Sin embargo, la rectitud en la administración pública no admite matices ni se mide por las intenciones iniciales, sino por la templanza demostrada en los momentos de presión contractual. Con el transcurrir de las semanas, la ilusión de la transparencia cedió ante los imperativos de la vieja política. A medida que se aproximaba el término de su encargo y la jornada electoral de este domingo 26 de julio para elegir al mandatario que completará el cuatrienio 2024-2027, el gobierno interino aceleró el paso, incurriendo en las mismas prácticas opacas que en su momento pretendió cuestionar.
El quiebre definitivo de esta narrativa se gestó en el sistema electrónico de contratación pública mediante el proceso de régimen especial RE-AMT-0052026, amparado en el Decreto 092 de 2017 para convenios de asociación con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), formalizado mediante el Convenio de Asociación Electrónico No. 1270 de 2026 con un plazo de ejecución de 5 meses. La Alcaldía de Tunja estructuró un presupuesto oficial de 14.285.714.286 pesos para la organización de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense, dividiendo la ingeniería financiera en dos asignaciones: un aporte directo del erario por 10.000.000.000 de pesos (extraídos en un 81,3% del superávit) y un "aporte en especie" obligatorio a cargo del contratista privado por 4.285.714.286 pesos. Dicho componente privado se condicionó al recaudo exclusivo de la comercialización de boletería (60%), venta de licores en el Estadio La Independencia (20%), zonas de alimentación (10%) y patrocinios (10%) durante los siete días de verbenas. Este proceso fue suscrito con la ESAL Fundación Cultural Solsticio, representada legalmente por Edwin Yesid Barrera Izquierdo.
Resulta inusual y altamente sospechoso dentro de la dinámica institucional que un proceso de esta magnitud fuera cargado a la plataforma Secop II un viernes pasadas las siete de la noche. Para asegurar el control absoluto sobre una bolsa presupuestal tan cuantiosa, el despacho de la Alcaldesa encargada optó por desmantelar el fuero técnico de su propia administración, retirándole las funciones a la Unidad Especial de Contratación Estatal para asumir directamente la ordenación del gasto desde su escritorio personal. Una jugada que la mandataria pretendió escudar bajo la estricta cobija de la ley, pero que en el fondo destila una abrumadora ilegitimidad: usar el papel para revestir de legalidad lo que éticamente constituye un zarpazo de última hora. El resultado de esta maniobra no tardó en quedar en evidencia cuando las propias dependencias técnicas alertaron ante los entes de control la omisión sistemática de las etapas ordinarias de revisión y el brinco consciente a todos los filtros institucionales.
Esta maniobra contractual no estuvo exenta de fracturas internas. La renuncia intempestiva de la arquitecta Maira Jimena González González a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, tras un efímero paso de un mes en el cargo y en coincidencia temporal directa con el cargue de dicho proceso, expuso las tensiones de un gabinete sometido a presiones indebidas. Más grave aún resultó el relevo veloz y el posterior comportamiento del nuevo titular de esa cartera, Santiago Ebed Benavides Flórez, nombrado e instalado en el puesto el pasado jueves 16 de julio. En un giro que raya en lo absurdo, el funcionario excusó su asistencia al Concejo Municipal para socializar la recién creada Guía Turística alegando falta de bagaje debido a su reciente posesión, pero en un lapso de apenas 24 horas sí demostró la suficiente osadía para estructurar y avalar con su firma los pliegos del contrato cultural más cuantioso del municipio, suscribiéndolo curiosamente con una ESAL cuyo domicilio legal está registrado en Sogamoso, municipio con el que el nuevo secretario guarda una estrecha y conocida trayectoria profesional, que valga de paso decir fue la única oferente en este jugoso proceso contractual.
El nivel de cinismo institucional de esta jugada alcanzó su punto cumbre cuando el propio Santiago Ebed Benavides Flórez fue citado nuevamente ante la corporación edilicia a mitad de semana para dar la cara por los severos cuestionamientos del Aguinaldo Boyacense. El secretario evadió el debate y dejó plantados a los concejales y a la ciudadanía enviando una excusa donde afirmaba estar adelantando "reuniones indispensables con los artistas y gestores del sector". Una justificación que se desmoronó en vivo cuando los propios consejeros representativos del gremio cultural de Tunja, presentes en las barras del recinto, tomaron la palabra indignados para desmentirlo públicamente y encarar la cobardía del Secretario: "¿Por qué se está escondiendo? ¿A qué le tiene miedo?". Los cultores locales le cantaron la tabla al denunciar cómo la exigencia caprichosa de certificar empresarios o firmas que hubiesen contratado previamente artistas ganadores de premios Grammy liquida la libre competencia, cómo se paralizan las convocatorias municipales y cómo el funcionario huye deliberadamente al control político y social bajo la premisa de que en cuestión de días entregará el cargo.
Toda esta maniobra buscaba amparar unos pliegos que padecen de profundos vicios de planeación y un evidente direccionamiento: aforos arbitrarios de mínimo 35.000 personas, cartas de disponibilidad obligatorias con nombre propio para contrataciones con Pipe Bueno, The Mills, Sin Ánimo de Lucro, Paola Jara y Fruko y sus Tesos, e incluso un insólito "copy-paste" que otorga puntaje a un "intérprete de señas para eventos deportivos" en medio de las especificaciones de un certamen cultural y musical. Todo esto para comprometer 7.676 millones de pesos en la parrilla principal, 1.486 millones en montaje escénico (exigiendo consolas GrandMA3, sistemas L-Acoustics K2 y cámaras Blackmagic), 1.152 millones en 14 carrozas y 760 millones en un equipo logístico de 250 personas diarias.
A este episodio se suma la consumación del contrato para la celebración del Día del Campesino (el Convenio de Asociación Electrónico No. 1269 de 2026) por un monto de 821.640.000 pesos. Cargado de forma atípica un sábado por la tarde bajo el proceso RE-AMT-0062026, el contrato fue adjudicado este viernes 24 de julio a las 4:00 p.m. a la Fundación Gaia Solidaria (NIT 901232690-6), representada legalmente por Gilber Adelson Patiño Pérez, estableciendo la ejecución de las festividades para el sábado 25, exactamente a menos de 24 horas de la apertura de las urnas. Si la administración o el contratista pretenden sostener la transparencia del trámite, habría que asumir que estamos ante un prodigio de la eficiencia logística universal: una entidad capaz de adquirir, empacar, transportar y fiscalizar en cuestión de horas la entrega de 4.200 picas y palines ($441.000.000), 4.200 almuerzos de picada tradicional ($180.600.000), tarimas, grupos de música carranguera ($60.000.000) y decenas de electrodomésticos para concursos (machetes, licuadoras, estufas, bicicletas). La realidad sugiere una conclusión mucho más terrenal y ruin: un proceso preordenado donde el contratista ya tenía el inventario comprado antes de la firma del papel.
Si bien la conmemoración del sector rural es un deber institucional que contrasta con las humillaciones del gobierno anterior, recordado por regalar frazadas infantiles y raciones alimentarias deficientes; resulta éticamente reprochable que la contratación se ejecute en la víspera de las elecciones atípicas. Aunque la norma no lo prohíba de forma explícita bajo la modalidad de régimen especial, la utilización de un evento masivo financiado con recursos públicos al filo de la contienda electoral deja la amarga e inconfundible sensación del proselitismo oficial.
El fenómeno se profundiza al observar el incremento vertiginoso en la firma de órdenes de prestación de servicios (OPS) y nombramientos en provisionalidad durante la última fase del encargo. Si bien la adición de recursos vía superávit justificaba la necesidad de dotar de personal a secretarías paralizadas por la negligencia de la administración saliente, la concentración masiva de estas contrataciones en la víspera de los comicios atenta contra el principio de neutralidad y prudencia que debe regir a un mandato transitorio. La potestad de proveer dichos cargos debió diferirse a la administración entrante, evitando suspicacias sobre el uso del aparato estatal con fines de clientelismo político.
En este escenario de degradación institucional, tampoco resulta loable el papel de ciertos actores administrativos que hoy pretenden erigirse como fiscalizadores morales. Las denuncias e informes presentados por la Directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, filtrados a los medios de comunicación, responden más a un cálculo de oportunidad política y despecho por la pérdida del control de los procesos que a una genuina vocación de servicio público. El oportunismo de quien denuncia las irregularidades que antes avaló o toleró degrada aún más el debate ciudadano.
El balance de este mandato interino es profundamente desalentador. Una funcionaria joven, de 26 años, llamada a encarnar el relevo generacional y la pulcritud técnica, terminó cooptada por los vicios estructurales de la politiquería local. Esta recurrencia en el desacierto alimenta la apatía democrática de una ciudadanía exhausta, tentada a asumir que cualquier alternativa de gobierno conducirá irremediablemente a la defraudación del tesoro público.
Frente a este panorama, la abstención no es una salida viable. La respuesta de la sociedad civil no puede ser el repliegue, sino la apropiación decidida de las herramientas constitucionales y legales. El ejercicio democrático no se agota en las urnas ni en la elección entre opciones abiertamente cuestionables como el continuismo del proyecto de Krasnov en cabeza de Sandra Estupiñán. La ciudadanía activa debe hacer uso de las acciones populares, los derechos de petición y las acciones de tutela para ejercer un control de gestión implacable sobre la administración entrante, y sobre cualquier otra, pues ya está visto que políticos tradicionales, outsiders, o alcaldes encargados recién egresados, están cortados por la misma tijera, y lo único que queda a la mano a la ciudadanía son los recursos que establece la Constitución Política para hacer valer los derechos pisoteados por quien disfruta de las mieles del poder.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Si el afecto y la consideración que usted profesa a Tunja en la comodidad del micrófono no son un mero artificio retórico de tarima, la coyuntura de este fin de semana le exige una postura de absoluta y profiláctica distancia. La capital no está para obsequios electorales ni para apadrinamientos vergonzantes.
En las mesas donde se cocina la trastienda del poder local, el secreto a voces dejó de ser murmullo para volverse sospecha fundada: desde su despacho se estarían moviendo los hilos y las influencias para empujar la candidatura más turbia y cuestionada de la contienda, la de la exconcejal Sandra Estupiñán Orjuela.
La señora Estupiñán Orjuela encarna, con precisión matemática, la doctrina del todo vale. Elegida para ejercer el control político en el periodo 2024-2027, prefirió tirar la toalla un día antes de que expirara el plazo de inscripción de candidatos, dejando a sus electores colgados del pincel para ensayar un salto acróbata hacia el despacho del alcalde. Semejante deslealtad con las urnas es la rúbrica de una trayectoria en el cabildo caracterizada por la esterilidad técnica y la ausencia absoluta de proyectos de acuerdo de fondo. Ni un solo registro ni logro en más de 14 años de silla caliente en el frío y estéril recinto edilicio.
Pero la ligereza tiene precio, y a esta ciudad se lo cobraron caro. La exconcejal figura entre los responsables del asfixiante endeudamiento que hoy paraliza las finanzas municipales. Su escaño respaldó sin pestañear el empréstito de más de 35.000 millones de pesos tramitado por Pablo Cepeda Novoa, de la misma manera que dio luz verde a los 93.000 millones de pesos de deuda solicitados por Alejandro Fúneme González. Si hoy Tunja adolece de liquidez operativa y paga el costo financiero de obras fantasma o mal logradas, como la frustrada infraestructura del frigorífico que hoy acumula procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría en contra de su destituido padrino, el señalamiento alcanza a quienes mutaron el deber del control por la complacencia sumisa hacia el mandatario de turno.
A ese expediente de complicidades se suma el patrocinio de Mikhail Krasnov, el destituido padrino. Aquel personaje que accedió al poder mediante un engaño al electorado al presentarse inhabilitado, cuya elección fue fulminada por la justicia, más allá de que Krasnov trató de torpedearla; y que tras salir por la puerta trasera insiste en tratar la alcaldía como un feudo personal. Krasnov, acorralado por una estela de investigaciones que incluyen la contratación directa y tras bambalinas del megacontrato con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías, la opaca actualización catastral o las adiciones presupuestales para financiar el Aguinaldo Boyacense de 2025, el más costoso del que se tenga memoria, incluyendo el de 2026 tan polémico por estos días; hoy pone a actuar su maquinaria, sus redes de bodegas digitales y el chantaje burocrático sobre los contratistas municipales al servicio de la candidatura de Estupiñán Orjuela.
Esta es la empresa política del todo vale: se promociona con discursos de transparencia mientras se apalanca en granjas de perfiles falsos, más allá de que insistan en negarlos; se cobija bajo la sombra de un exalcalde destituido que evade dar la cara, cada vez que puede, a sus procesos judiciales; y pretende inflar sus aspiraciones sumando el respaldo de concejales como Camilo Ríos Fonseca, Camilo Hoyos Gómez y Haider Pérez Lizarazo. Una alianza de conveniencia que busca blindar la opacidad de la administración saliente para evitar que la ciudad conozca la verdad y reciba reparación.
Paradójicamente, la señora Estupiñán Orjuela es con holgura la figura más conocida entre los once candidatos de esta contienda, pero a su vez la más profundamente resistida. El electorado la asocia con el continuismo, la politiquería de clan y la estancada nómina del cabildo. Tunja no merece ser gobernada por una figura que arrastra el rechazo mayoritario de sus ciudadanos. Permitir su llegada al poder implicaría repetir, punto por punto, el nefasto libreto de Krasnov: una candidatura viciada que, de ganar, enfrentará demandas inmediatas y recursos judiciales en cascada. En lugar de gobernar, la señora Estupiñán se dedicará a atrincherarse, victimizarse y operar mediante bodegas digitales para linchar a la oposición. Lo más grave es que volverá a instrumentalizar el fanatismo para armar sectas de defensa a ultranza que justifiquen cualquier desmán, polaricen a la ciudad y pongan en riesgo real la integridad física de los contradictores que se atrevan a cuestionarla.
La aritmética, sin embargo, no admite engaños. Cuando conquistó su curul en el Concejo, Sandra Estupiñán Orjuela obtuvo apenas 1.510 votos, su techo electoral propio en una campaña donde tenía la maquinaria aceitada a fondo. Pretender que los concejales que la acompañan le van a endosar intactas sus votaciones de 2023 es un absurdo técnico: en una contienda atípica, que no es propia ni se juega en calendario ordinario, ningún alfil arriesga ni logra endosar más de la mitad de su capital, y eso en el más optimista de los escenarios. Sumando ese trasvase a medio gas, la tracción de Krasnov y la coacción sobre los contratistas, la capacidad real de esa estructura no supera, en el escenario más favorable y exagerando cifras, el techo de los 5.000 sufragios. En una contienda con 11 aspirantes, golpeada por la mayor tasa de rechazo ciudadano por representar el continuismo del desastre, a la candidata no le alcanzan los números para ganar por voto de opinión. El fracaso de sus convocatorias en calle, como por ejemplo la de la caminata al letrero, así lo certifica.
Por eso la ecuación para usted es directa, Carlos Amaya: si esa candidatura llega a rebasar el techo natural de los 5.000 votos este fin de semana, la ciudad sabrá, sin margen de duda, de qué tanque de gasolina provino la tracción de esa maquinaria.
A la larga, señor Gobernador, su mentado afecto por Tunja ha resultado ser una sonora farsa de discurso. Los hechos hablan por sí solos: su administración le quitó a la capital el emblemático desfile inaugural del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC), y para la conmemoración del cumpleaños de la ciudad el gran anuncio departamental se redujo a un concierto privado y pago, sin una sola obra de impacto regional o anuncio de gran calado institucional. El tímido reparcheo de unas cuantas calles es apenas la atención mínima que se le otorga a cualquier municipio, no el trato que merece la capital de todos los boyacenses. Tunja ha pasado de largo en su agenda de gobierno, demostrando una aparente antipatía por esta tierra y su gente.
Si usted de verdad respeta a Tunja, o si al menos pretende guardar las formas, apártese. Ya que no le ha dado a la capital la gestión ni la inversión que le corresponden, respete al menos la voluntad popular y no pretenda imponernos una candidata títere, viciada de ilegitimidad desde el minuto uno de su inscripción. No respalde a una aspirante ajena a su colectividad, apadrinada por una figura bajo sospecha y cargada con el lastre de decisiones que saquearon las arcas de la ciudad. Deje que los tunjanos decidan en libertad y que la justicia opere sobre el desfalco que hoy paga la capital.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
En su discurso en el Congreso de los Diputados de España durante su reciente visita apostólica, el Papa León XIV hizo una sencilla apología del realismo cristiano. “La realidad prevalece sobre la idea” afirmó durante su alocución, “porque la realidad simplemente es; la idea se elabora”. Y llamó la atención sobre el peligro que representan las ideas cuando terminan desprendiéndose por completo de la realidad, como globos a la deriva y sin brújula.
De esta manera denunció sin ambages las ideologías que nos infestan y criticó explícitamente a quienes imponen “narrativas divisivas y polarizantes” frente a la verdad de los hechos. Se trató pues de un mensaje que apuntó al trasfondo de la polarización pugnaz que hoy día se vive no solo en el ámbito político español sino también y quizás con más intensidad en el nuestro.
Dicho lo anterior podemos colegir una especie de axioma: a mayor ideologización de un político, mayor es la discordia que irradia e incentiva. Es que el político ideologizado hace que las palabras dejen de describir la realidad para empezar a fabricarla y así movilizar a sus seguidores alrededor de conceptos deliberadamente vagos. Cuanto más ambiguas sean esas banderas, más fácil será manipular simpatizantes. El objetivo nunca es formar ciudadanos que piensen, sino seguidores que repitan.
Lo cierto es que una de las tendencias más características de nuestra época, es la negación de la realidad, la fatua convicción de que las cosas no existen por sí mismas, sino como proyección de nuestra subjetividad. Sobre esta alienación, el racionalismo idealista sostuvo impunemente que el mundo se formaba y reformaba mediante meras “ideas”: así nacieron las ideologías, estructuras de pensamiento (o, en su versión más anormal, meras colecciones de consignas para masas manipuladas) que niegan la realidad de las cosas y la someten a la voluntad de cualquier autócrata, que se cree capaz de modelarla a su antojo. Pero la realidad es tozuda y no se inmuta ante los delirios humanos, permitiendo que los hombres se extravíen, como en el paraíso terrenal que prometió el comunismo sacrificando la libertad individual, o la justicia social automática que hoy prometen los libertarios.
Es que las ideologías buscan constituir imágenes simplificadas de la realidad, es decir no son percepciones del todo falsas sino bastante incompletas que empujan al hombre a que su razón se vuelva hacia dentro a costa de la libertad de abrirla hacia fuera de sí mismo, hacia el mundo de la vida, de las cosas reales. Es por esto que a pesar de que en el siglo XX se vivió el desvanecimiento de ideologías como el comunismo y el fascismo, en la llamada postmodernidad de este siglo han tomado cierta fuerza otras como el ecologismo el animalismo y la ideología de género que insisten en enfrentarse a la realidad aupadas por el individualismo que corre transversal.
En cuanto al ecologismo, es verdad que siglos de actuaciones humanas, especialmente desde la industrialización, han roto el equilibrio natural sostenible y que, si no se adoptan drásticos remedios, el futuro es oscuro. Pero apartándose de la realidad, el ecologismo radical idolatra la naturaleza, hasta el punto de otorgar oficialmente “derechos a los ríos”, retrocediendo así a la visión pagana del mundo existente antes de Cristo en los pueblos distintos a Israel. Y algo similar sucede con los animales a los cuales se les otorgan derechos porque son “sintientes”, sin importar que no puedan ser conscientes de que lo son.
De otra parte, el término “género” como categoría de análisis permite distinguir lo natural, que otorga la biología a los sexos, del componente cultural y social, que la sociedad asigna -a veces injustamente- a varones y mujeres. Es una perspectiva legítima y necesaria al tratarse de una herramienta de análisis social que contribuye a lograr una sociedad más justa, a través de políticas de igualdad. Pero cuando, apartándose de la realidad, la distinción entre lo natural y lo sociocultural degenera en una oposición entre naturaleza y cultura, y en una rebelión frente lo recibido (el sexo, el cuerpo, el alma), el género se transforma en una ideología con pretensiones de “transformación social”, o más precisamente en un “sistema de deconstrucción”. Tanto así que en su extremo más radical aparece la “teoría queer” sosteniendo que la base del género no es solo el componente sociocultural de los sexos, sino la voluntad individualista; es decir, no sólo rechaza lo recibido por la naturaleza, la sociedad y la cultura, sino que es capaz de transgredirlo todo sosteniendo que cada individuo puede deconstruir libremente su propia identidad de género pues este se convierte en una autodeterminación individual, que sigue la lógica “actúo, luego soy”
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
En su discurso en el Congreso de los Diputados de España durante su reciente visita apostólica, el Papa León XIV hizo una sencilla apología del realismo cristiano. “La realidad prevalece sobre la idea” afirmó durante su alocución, “porque la realidad simplemente es; la idea se elabora”. Y llamó la atención sobre el peligro que representan las ideas cuando terminan desprendiéndose por completo de la realidad, como globos a la deriva y sin brújula.
De esta manera denunció sin ambages las ideologías que nos infestan y criticó explícitamente a quienes imponen “narrativas divisivas y polarizantes” frente a la verdad de los hechos. Se trató pues de un mensaje que apuntó al trasfondo de la polarización pugnaz que hoy día se vive no solo en el ámbito político español sino también y quizás con más intensidad en el nuestro.
Dicho lo anterior podemos colegir una especie de axioma: a mayor ideologización de un político, mayor es la discordia que irradia e incentiva. Es que el político ideologizado hace que las palabras dejen de describir la realidad para empezar a fabricarla y así movilizar a sus seguidores alrededor de conceptos deliberadamente vagos. Cuanto más ambiguas sean esas banderas, más fácil será manipular simpatizantes. El objetivo nunca es formar ciudadanos que piensen, sino seguidores que repitan.
Lo cierto es que una de las tendencias más características de nuestra época, es la negación de la realidad, la fatua convicción de que las cosas no existen por sí mismas, sino como proyección de nuestra subjetividad. Sobre esta alienación, el racionalismo idealista sostuvo impunemente que el mundo se formaba y reformaba mediante meras “ideas”: así nacieron las ideologías, estructuras de pensamiento (o, en su versión más anormal, meras colecciones de consignas para masas manipuladas) que niegan la realidad de las cosas y la someten a la voluntad de cualquier autócrata, que se cree capaz de modelarla a su antojo. Pero la realidad es tozuda y no se inmuta ante los delirios humanos, permitiendo que los hombres se extravíen, como en el paraíso terrenal que prometió el comunismo sacrificando la libertad individual, o la justicia social automática que hoy prometen los libertarios.
Es que las ideologías buscan constituir imágenes simplificadas de la realidad, es decir no son percepciones del todo falsas sino bastante incompletas que empujan al hombre a que su razón se vuelva hacia dentro a costa de la libertad de abrirla hacia fuera de sí mismo, hacia el mundo de la vida, de las cosas reales. Es por esto que a pesar de que en el siglo XX se vivió el desvanecimiento de ideologías como el comunismo y el fascismo, en la llamada postmodernidad de este siglo han tomado cierta fuerza otras como el ecologismo el animalismo y la ideología de género que insisten en enfrentarse a la realidad aupadas por el individualismo que corre transversal.
En cuanto al ecologismo, es verdad que siglos de actuaciones humanas, especialmente desde la industrialización, han roto el equilibrio natural sostenible y que, si no se adoptan drásticos remedios, el futuro es oscuro. Pero apartándose de la realidad, el ecologismo radical idolatra la naturaleza, hasta el punto de otorgar oficialmente “derechos a los ríos”, retrocediendo así a la visión pagana del mundo existente antes de Cristo en los pueblos distintos a Israel. Y algo similar sucede con los animales a los cuales se les otorgan derechos porque son “sintientes”, sin importar que no puedan ser conscientes de que lo son.
De otra parte, el término “género” como categoría de análisis permite distinguir lo natural, que otorga la biología a los sexos, del componente cultural y social, que la sociedad asigna -a veces injustamente- a varones y mujeres. Es una perspectiva legítima y necesaria al tratarse de una herramienta de análisis social que contribuye a lograr una sociedad más justa, a través de políticas de igualdad. Pero cuando, apartándose de la realidad, la distinción entre lo natural y lo sociocultural degenera en una oposición entre naturaleza y cultura, y en una rebelión frente lo recibido (el sexo, el cuerpo, el alma), el género se transforma en una ideología con pretensiones de “transformación social”, o más precisamente en un “sistema de deconstrucción”. Tanto así que en su extremo más radical aparece la “teoría queer” sosteniendo que la base del género no es solo el componente sociocultural de los sexos, sino la voluntad individualista; es decir, no sólo rechaza lo recibido por la naturaleza, la sociedad y la cultura, sino que es capaz de transgredirlo todo sosteniendo que cada individuo puede deconstruir libremente su propia identidad de género pues este se convierte en una autodeterminación individual, que sigue la lógica “actúo, luego soy”
𝐋𝐚 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐀𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La transición administrativa que vive Tunja está a escasos días de definirse en las urnas del próximo veintiséis de julio. El mandato de corto aliento de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, se aproxima a su línea de meta en un escenario desafiante pero determinante para el futuro de la capital boyacense, el cual dio un giro técnico cuando la mandataria delegada tomó la decisión histórica de abrir las puertas de la administración convocando, el pasado 28 de mayo de 2026, el primer Consejo Ampliado de Gobierno de la ciudad.
Aquel ejercicio supuso un hito valioso en términos de transparencia, libertad de prensa y participación democrática al permitir que la ciudadanía y los medios de comunicación accedieran de manera directa al debate técnico entre la gobernante y su gabinete. Los periodistas pudimos registrar, interrogar y conocer de primera mano los asuntos de la administración. Al mismo tiempo, los ciudadanos del común, los líderes comunales y los concejales independientes comprometidos con el control social interpelaron directamente a la administración bajo la mirada atenta de la Alcaldesa.
Aquella jornada demostró que cuando la administración se abre al escrutinio sin libretos, la democracia local se fortalece y la ciudadanía recupera la confianza. Por lo tanto, este formato de puertas abiertas no debe quedar en la memoria como un evento aislado de la interinidad, sino como una práctica de transparencia que quienes vienen de aquí en adelante deberían institucionalizar. Sin embargo, ese primer ejercicio del 28 de mayo también sirvió para evaluar de forma descarnada el avance real de las metas y recalcular proyecciones.
Ese acceso público al diálogo y toma de decisiones del municipio evidenció que la Alcaldesa encargada debía asumir el complejo reto de liderar un gabinete heredado de la anterior administración. En pleno recinto se hicieron visibles las tensiones técnicas, la falta de fluidez en la entrega de información por parte de algunos subalternos y un ritmo operativo que no siempre compaginaba con la urgencia del encargo. El tiempo, que decanta los procesos administrativos, se encargó de reconfigurar ese equipo de trabajo mediante una desbandada de renuncias en las últimas semanas.
Decidieron dejar sus cargos Juan Pablo Pérez Espitia, exsecretario de Cultura, Turismo y Patrimonio; Oswaldo Jiménez, exdirector del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito; y Denisse Jiménez Ramos, exdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública. A ellos se sumaron formalmente Lina María Chaparro Mosquera, exgerente Estratégica de Comunicaciones y Protocolo; y Juan Carlos García Vargas, exsecretario de Movilidad y Vida Territorial.
Ante estos relevos apresurados en carteras neurálgicas, el beneficio de la duda exige que la ciudad conozca con claridad el estado real en que se reciben y se entregan estos despachos. El nuevo alcalde o alcaldesa electa debe recibir cuentas claras, evitando la necesidad de escarbar entre la opacidad burocrática posterior. Es el momento idóneo para que la alcaldesa (e) María Paula Jiménez precise qué datos se consolidaron y qué queda pendiente en la Unidad Especial de Contratación.
Esta necesidad de claridad técnica se acentúa al revisar las actualizaciones recientes en la plataforma de contratación estatal del SECOP II. En las últimas horas se indexó el proceso RE-AMT-0052026, bajo el régimen especial del Decreto 092 de 2017. Este macroproceso, denominado CTP-159, busca “aunar esfuerzos para la septuagésima primera versión del Aguinaldo Boyacense Tunja 2026”, con un presupuesto estimado de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000 COP) y una vigencia de 157 días.
Adjudicar un proceso de tal magnitud económica y temporal a solo días del relevo definitivo genera dudas legítimas que deben ser abordadas públicamente. A esta alerta se suma el cargue de un proceso a la misma plataforma, durante la tarde del sábado, para la celebración del Día del Campesino, el cual tiene como fecha de adjudicación el próximo 24 de julio, pues el evento como tal se llevará a cabo el sábado 25 de julio, es decir, solo unas horas antes de las elecciones.
Para disipar cualquier sospecha de instrumentalización política de los recursos en vísperas de las votaciones, la mandataria debe liderar la aclaración de estos procesos. Se ha confirmado que la Alcaldesa (e) tiene prevista una audiencia de rendición de cuentas para el próximo viernes 24 de julio. No obstante, la ciudadanía sabe que estos eventos tradicionales suelen estructurarse como monólogos institucionales rígidos.
Son espacios prefabricados para exponer logros de forma unidireccional y diapositivas extensas que desgastan al auditorio, limitando la participación activa de la ciudadanía al cierre. Tunja no requiere un libreto de autocomplacencia, sino un espacio abierto ante tanta suspicacia desatada por los procesos contractuales que se busca dejar firmados antes de las elecciones atípicas. Por ello, le pedimos formalmente a la Alcaldesa (e) que transforme ese evento programado, convirtiéndolo en un segundo Consejo Ampliado de Gobierno de cierre de mandato.
El Consejo Ampliado de Gobierno es un mecanismo sustancialmente superior a la pompa útil y gaseosa de una rendición de cuentas convencional, cuyo simple nombre ya genera rechazo y espanta al ciudadano común. En este espacio de puertas abiertas no hay cabida para el parloteo cosmético ni para los libretos prefabricados de la burocracia municipal. La urgencia de convocarlo se ratifica tras conocerse los detalles del Consejo de Gobierno realizado esta misma semana.
Durante dicha jornada, secretarios como Luz Mila Acevedo Galán (Contratación), Ricardo Caro (director del IRDET), César Carreño (jefe de Control Interno), David Acevedo (Interior) y Daniel Moreno Álvarez (Educación) habrían manifestado abiertos reparos y desacuerdos frente a la dinámica de la audiencia pública programada para el 24 de julio. Si los propios jefes de cartera muestran resistencia a convalidar el formato rígido de una rendición tradicional, la Alcaldesa (e) debe aprovechar para rescatar el espíritu democrático que ella misma sembró el 28 de mayo.
Es en un Consejo Ampliado donde se debe transparentar el estado real de las cuentas ante los periodistas, los veedores ciudadanos y los concejales independientes que sí hacen su trabajo, desmantelando de frente el sabotaje burocrático y permitiendo que la ciudad conozca con exactitud qué se entrega y qué quedó pendiente. El punto neurálgico que justifica este careo público es el estado del contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, por más de 15.076 millones de pesos.
Este proceso contractual se convirtió en el ícono de la insatisfacción ciudadana frente a las promesas de la administración de Krasnov. De dicho presupuesto, más de 12.000 millones de pesos pertenecen a presupuestos participativos concertados directamente con las comunidades de los barrios. El balance actual genera profunda incertidumbre, pues la mayoría de los frentes de infraestructura comunitaria siguen sin ejecutarse.
La ciudadanía ha conocido las notorias deficiencias técnicas de las pocas intervenciones realizadas, como ocurrió con la Carrera 2 en el barrio Patriotas o la Calle 7 en el barrio Libertador. En este último se entregó una pavimentación que carece por completo de cunetas y sistemas de escorrentía esenciales, exponiendo la obra civil a un deterioro prematuro ante las lluvias de la capital boyacense. Resulta contradictorio que mientras el municipio espera claridad, el exalcalde Mikhail Krasnov aparezca en redes sociales con videos de una sola vía diciendo "hablemos de Don Matías".
Quien durante su gobierno evadió sistemáticamente las preguntas de la prensa local, saliendo por las puertas traseras para esquivar los cuestionamientos incómodos, no puede pretender dar debates controlados en plataformas donde puede filtrar o ignorar los comentarios que le resulten incómodos o imposibles de contestar a su favor. Si el señor Krasnov posee la gallardía que pregona, debería asistir de forma voluntaria a este propuesto Consejo Ampliado de Gobierno de fin de mandato, y allí dar las explicaciones que no pudieron dar sus subalternos en referencia a avances de obra y destino de los recursos, asuntos sobre los tunjanos siguen pidiendo claridades.
Sería el espacio idóneo para poner la cara ante los líderes afectados, el gabinete que no ha podido justificar el contrato y los medios de comunicación a los que les cerró la puerta en la cara. La opacidad en el contrato con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías ha sido tal que ninguna de las dependencias llamadas al control ha ofrecido respuestas técnicas coherentes.
No lo ha hecho la Unidad Especial de Contratación, ni el Departamento Administrativo de Hacienda, ni las secretarías de Educación e Infraestructura en su rol de supervisoras del contrato. Desde Periódico El Tunjano sostenemos que el exalcalde Krasnov ni siquiera conoce el detalle de las cláusulas del documento que firmó. Su estrategia sigue siendo la retórica vacía y el desvío de la atención pública.
La Alcaldesa (e), María Paula Jiménez Gómez, tiene la oportunidad histórica de cerrar su interinato con el mismo gesto de transparencia con el que, aparentemente, inició. Otorgarle a Tunja la opción de un Consejo Ampliado de Gobierno antes de entregar el cargo en una semana permitirá desmantelar las verdades a medias y conocer el estado real del municipio. Institucionalizar esta herramienta es el camino técnico para devolverle la madurez democrática a la capital de Boyacá.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Pretender estructurar el Plan de Ordenamiento Territorial y planear el desarrollo de Tunja para los próximos cincuenta años en una alcaldía de transición de diecisiete meses es de un cinismo administrativo inaceptable. Una administración tan corta, que además consumirá gran parte de su tiempo en los procesos de empalme, tanto el de entrada como el de salida; debe concentrarse con urgencia en ordenar la casa, aclarar el panorama del saqueo institucional que dejó Mikhail Krasnov y reorganizar las finanzas públicas.
La realidad del municipio exige un gerente con los pies en la tierra que destrabe problemas reales y urgentes, como el fracaso en la ejecución del Contrato Interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, que hoy mantiene paralizados los proyectos de presupuestos participativos de las Juntas de Acción Comunal. Tunja no necesita mesías que planifiquen fantasías a medio siglo a las patadas; necesita alguien que ejecute con transparencia los dineros que no han sido invertidos.
Al revisar con rigor el programa de gobierno de Rafael Acevedo Pedroza, titulado "Juntos Construimos Ciudad" para el período atípico 2026-2027, el propio documento confiesa en su diagnóstico las profundas debilidades del sistema de planeación local y la falta de concertación para adoptar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Como respuesta a este rezago, la propuesta oficial establece como un "objetivo primordial" la formulación del "Plan Estratégico Tunja 500 años", fijando textualmente un horizonte de doce años para comprometer las vigencias 2027-2039 de cara al quinto centenario de la ciudad. Sin embargo, esta métrica de doce años consignada en el papel se transforma de manera ambiciosa en los debates públicos y entrevistas de campaña, donde el candidato afirma ante los micrófonos que este plan proyectará el desarrollo urbano hacia el próximo medio siglo, utilizando de forma ligera el espejo del modelo de Barranquilla.
Esta pretensión de definir el ordenamiento territorial y el destino de las próximas décadas en un mandato tan comprimido constituye una anomalía técnica y un abuso conceptual. La conmemoración de los 500 años de la ciudad es un hito de tal envergadura que exige ser planeado con suficiente anticipación, pero esa responsabilidad histórica no le corresponde de ninguna manera a una alcaldía de trámite o de paso, de escasos diecisiete meses. Un ejercicio de esta magnitud institucional le pertenecerá legítimamente al próximo alcalde elegido para un periodo ordinario completo, quien cuando falten diez años para la efeméride contará con el tiempo real, las facultades legales y el margen presupuestal para estructurar el plan maestro y comenzar su ejecución con las fuerzas vivas de la sociedad.
Sin embargo, la campaña de Rafael Acevedo insiste en vender humo con un programa que, lejos de ser un plan estructurado, es un catálogo de promesas inviables que rozan el absurdo técnico y la mentira abierta. Pretender planear el futuro de la ciudad a cincuenta años con propuestas de infraestructura que carecen de estudios y sustento presupuestal es una ligereza monumental. Sus ofertas de campaña parecen diseñadas para una metrópoli de fantasía y no para las realidades de Tunja.
Una de sus mayores banderas es la promesa de construir la Avenida Longitudinal de Occidente, una total venta de humo de la cual no existen planos ni estudios de viabilidad que la sustenten, ni mucho menos recursos. Lo propio ocurre con su oferta de hacer la Avenida del Río como prolongación de la Avenida Universitaria, un cuento que lleva diez años engordando campañas electorales, y que no es esta la excepción. Dicho proyecto jamás se ejecutará en diecisiete meses y, como ya hemos visto en tiempos recientes, depende mayoritariamente de la voluntad y capacidad de gestión del gobernador Carlos Amaya, que ante un mandatario de escasos 17 meses, que además no hace parte de sus toldas, podría optar por sacar el pie del acelerador y propiciar que el abanderado de sacar adelante ese proyecto sea alguien más de su entraña.
A este catálogo de ilusiones se suma su propuesta más fantasiosa, la de construir el parque de "La Gran Loma Sagrada", un planteamiento que constituye el mayor despropósito técnico y la muestra más evidente de ligereza en su programa de gobierno. Es un proyecto sin pies ni cabeza, carente de fuentes reales de financiación dentro de las proyecciones presupuestales del municipio, que no goza del respaldo de las comunidades de occidente y que ni de cerca podría solucionar problemáticas urgentes de la ciudad, sino que crearía unas cuantas más. Destinar la burocracia local a trabajarle a semejante fantasía sería una abierta malversación de recursos públicos.
Esta obsesión por el aplauso fácil conecta perfectamente con su populismo vial, materializado en la promesa alegre de que bajo su mandato no permitirá la instalación de cámaras de fotomultas. Prometer esto es otra mentira monumental diseñada para consagrarse con los potenciales infractores a punta de engaños populistas, pues dicha implementación no es un capricho lucrativo del consorcio de tránsito, sino una directriz obligatoria dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Las cámaras ya están instaladas y su encendido está frenado únicamente por el miedo al costo político y al matoneo popular que los gobernantes no quieren asumir. El destituido exalcalde Krasnov mintió con cobardía al afirmar que los dispositivos carecían de sustento, cuando fue su propia administración la que tramitó la autorización ante el Gobierno Nacional respaldada en sus propios documentos de viabilidad, entre ellos el Plan Local de Seguridad Vial. Tampoco lo asumió ni lo asumirá la actual administración encargada; nadie se va a ganar el odio de la ciudad ni a desatar una crisis institucional por encender unas cámaras en un mandato que escasamente dura un poco más de dos meses.
Mientras se posterga la decisión, en el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja cursa la acción popular interpuesta por la Fundación Defensoría Nacional para la Seguridad Vial (Desevial). El recurso busca proteger el derecho colectivo a la seguridad vial y frenar el riesgo de accidentes, desarmando las excusas de la Alcaldía de realizar mesas técnicas sobre estudios que ellos mismos ya hicieron. Con la siniestralidad al alza, el proceso se encamina a fallar a favor de la fundación, aplicando la salida estándar que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ejecuta en todo el país: la activación de las tan resistidas cámaras.
Prometer desmontar caprichosamente estos sistemas es una abierta violación a la Ley 1843 de 2017 que terminaría provocando millonarias indemnizaciones en contra del municipio cuando las familias de las víctimas demanden, las cuales serían asumidas con los recursos del recaudo del bolsillo de los tunjanos. Si bien el consorcio privado persigue un lucro evidente, el mecanismo opera tocándole el bolsillo al infractor para obligarlo a conducir de forma más prudente. Esa realidad es manipulada por Rafael Acevedo y una jauría de precandidatos al Concejo, aún “enclosetados”, que usan el rechazo popular y el falso mito del dinero de los tunjanos yéndose a Medellín para pescar votos.
Sé perfectamente que me acusarán de defender las cámaras de fotodetección por supuestos intereses comerciales, en aras de desvirtuar el argumento expuesto en esta columna, pero la realidad es que en este medio rechazamos la posibilidad de acceder a un plan de medios de este consorcio, pasándoles una propuesta, cuando nos fue solicitada, con precios absurdos para ahuyentarlos, entendiendo el altísimo nivel de impopularidad de las cámaras de fotodetección. Fue preferible proteger la reputación del medio antes que entrar en un desgaste infinito desmintiendo rumores que son fáciles de sembrar pero imposibles de apagar. Esa misma distancia moral y de dignidad es la que hoy mantengo frente a la campaña de Acevedo.
Recibir dinero de una estructura que atenta contra mi dignidad, que acosa a la prensa independiente y que representa un peligro para el erario me haría sentir sucio. No podría recibir recursos de un proyecto de ciudad inviable y demagógico que busca legitimarse a través del acoso de algunos de sus militantes a quienes no comulguen con sus ideas. Eso ya lo hemos tenido que vivir en la era Krasnov.
Gobernar exige sensatez, especialmente en lo que refiere al manejo técnico, estructuración presupuestal y respeto por las normas, cualidades que escasean en esta candidatura.
Su alarmante improvisación quedó expuesta en uno de tantos debates recientes, concretamente el organizado por la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos, donde el candidato de la ASI demostró no tener la más mínima idea de lo que la ley establece en cuanto a la conservación del patrimonio histórico y material. Fue de tal magnitud su desconocimiento que una ciudadana desde el público lo desmintió de frente y en voz alta, lo que generó la molestia y reacción inmediata de Acevedo, obligando al moderador del debate a contener su intervención al quedar plenamente desenmascarada su improvisación y manipulación argumentativa ante el auditorio.
Este vacío de preparación técnica se explica al mirar a su alrededor; de ganar, volverán a ocupar las secretarías del municipio los excompañeros de gabinete y viudos de la nefasta era de Pablo Cepeda, que hoy le hacen campaña de frente y sin sonrojo en redes sociales. En ese gabinete, caracterizado por endeudar a Tunja y no dejar obras de peso para la ciudad, militó Acevedo. Hoy pretenden atribuirle falsamente la gestión de los colegios del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) que se vienen entregando en tiempos recientes, cuando en realidad estas obras obedecen a una política nacional. Sobre estos cabe agregar que su pobre planeación y su mediocre ejecución, que valga la pena aclarar es culpa del FFIE y no del municipio; hizo que estos colegios valieran mucho más de lo estimado, incrementando igualmente el aporte que ha tenido que hacer Tunja como contrapartida.
El verdadero legado de Acevedo en su paso por la cartera de infraestructura del municipio se reduce a obras cuestionadas como el técnicamente mal ejecutado patinódromo, del que Acevedo estuvo al frente durante las fases intermedias de su construcción, en tiempos en que se nos decía a los medios de comunicación y a la sociedad boyacense que se estaba construyendo el mejor patinódromo de Sudamérica, y de la remodelación el Teatro Bicentenario, que resultó mucho más compleja de los previsto, de lo “planeado”, y que requirió de una y otra adición. Es por cosas como estas que existimos quienes pensamos que de sus promesas a cincuenta años no hay planes, sino el retorno de la misma estructura que ya le falló a la ciudad. De allí que resulte completamente factible e irónico catalogar a Rafael Acevedo como un "Cepedita" o "Cepeda 2.0" en esta contienda.
Su sequía de resultados para la capital se reconfirmó tras abandonar la cartera de infraestructura para saltar a una curul vacía en la Asamblea de Boyacá. Al revisar minuciosamente sus informes oficiales de gestión de las vigencias 2018 y 2019, queda en evidencia que su labor para Tunja fue un cero absoluto. Mientras tramitaba recursos millonarios para obras en otras provincias, las páginas de sus propias rendiciones de cuentas demuestran que Tunja jamás figuró en su agenda de prioridades en la Asamblea.
El único rastro de su paso por la duma departamental respecto a la capital fue dar su aval definitivo al Proyecto de Ordenanza 002 de 2018. Mediante este recurso se autorizó la creación de la cuestionada sociedad pública para operar la Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo, un polémico movimiento que dejó sin dientes al municipio. Acevedo entregó el control técnico y comercial de la terminal a las huestes verdes de la Gobernación, convirtiendo a Tunja en un simple espectador de su propia infraestructura.
Esta alarmante falta de carácter se evidencia en su incapacidad para liderar su propio proyecto político frente a las agresiones físicas de sus militantes. Durante la inscripción de su candidatura, un entusiasta y ruidoso militante de la causa de Acevedo, entorpecía el trabajo de la prensa a punta de gritos de apoyo a la campaña, me agredió por la espalda cuando le exigí respeto para poder ejercer nuestro trabajo, que de paso era beneficioso para el candidato de sus afectos, cuyas palabras estaban quedando opacadas entre gritos del apasionado fan del arquitecto. Rafael Acevedo, al igual que algunos miembros de su equipo de campaña, presenciaron de manera directa toda la agresión. No encontramos a un líder que tiende la mano como dice el jingle de sus piezas publicitarias, prefirió, de forma cómoda y ausente de carácter, mirar hacia otro lado para no perder el voto del intolerante simpatizante y el de sus familiares.
Esa apatía también fomenta el comportamiento de una militancia hostil que pretende deslegitimar nuestro ejercicio comercial tildándonos de vendidos por publicar pauta lícita, amparada por la ley, atacando con vehemencia el partido de procedencia. Despliegan un doble rasero vergonzoso al medir con varas distintas la realidad política, pues guardan un silencio cómplice ante los monumentales escándalos de corrupción que arrastra la ASI, colectividad que avala a Acevedo, o el historial oscuro de Cambio Radical, nido político donde él mismo militó durante años. Facturar de cara a la DIAN es legal, así sea promocionando candidatos que no son de agrado de una u otra militancia; tener amnesia selectiva con el rabo de paja propio es la verdadera desfachatez.
Frente a esta hostilidad, la firmeza e independencia de este medio se mantendrán inalterables. Sé perfectamente que la publicación de esta columna desatará ataques, reproches y hasta insultos por parte de militantes que hasta ayer se manifestaban admiradores de nuestro trabajo independiente. Es una reacción previsible que ya enfrentamos en el pasado reciente cuando leímos minuciosamente y advertimos con rigurosidad a la ciudad sobre el peligro que representaba la propuesta de Mikhail Krasnov (https://www.facebook.com/share/p/1BLfNrAYke/). En aquel momento, este ejercicio periodístico fue objeto de un matoneo feroz; sin embargo, el tiempo terminó otorgando la razón fáctica y demostró que Krasnov fue un embaucador que estafó los intereses del pueblo. El archivo es el blindaje frente al oportunismo electoral, y la misma distancia crítica se sostendrá hoy.
Este medio jamás dejará de ejercer su oficio comercial ni detendrá sus publicaciones legítimas porque a una campaña le disguste el pluralismo informativo. Resulta lamentable que arremetan contra uno de los canales que más voces ha visibilizado en la ciudad, demostrando una total falta de sensatez para reclamarles con la misma fuerza a las grandes cadenas tradicionales que reciben pautas millonarias de todo lado, o incluso a los pequeños medios que son cercanos a la campaña de Acevedo, como si no tuviera rabo de paja. Se ensañan en un exceso de confianza contra este espacio independiente para sembrar el falso mito de una venta a la corrupción, cuando el verdadero acto entreguista sería arrodillarse ante propuestas demagógicas.
Si de “venderse” se tratara, el camino fácil habría sido aplaudir la mentira de formular un Plan de Ordenamiento Territorial integral en los escasos diecisiete meses de este mandato atípico. Prometer eso es una abierta venta de humo frente a las necesidades técnicas reales de la ciudad, las cuales no admiten afanes preelectorales, sino modificaciones parciales y urgentes. El rigor periodístico de nuestro negocio no se va a sacrificar por aplaudir una propuesta inviable, mientras las restricciones actuales asfixian la economía del comercio en ciertas zonas, a la vez que cobijan ruidos comerciales sin control en zonas estrictamente residenciales.
Esta firmeza en nuestra independencia comercial y editorial es lo que realmente incomoda a un entorno que confunde el espacio periodístico con un apéndice de sus intereses electorales. El deshonesto intento de un excompañero de gabinete de Acevedo en tiempos del gobierno de Pablo Cepeda, quien pretendió colarnos un publirreportaje camuflado a modo de columna de opinión independiente, constituye una afrenta ética que este medio no tolerará bajo ninguna circunstancia.
No pienso que en ninguno de los casos estos comportamientos obedezcan a órdenes del candidato de la ASI, sin embargo, si reflejan lo que llegaría a ocurrir en un eventual gobierno suyo.
Si la contienda se redujera a escoger entre las dos opciones aparentemente mayoritarias, considero que el triunfo de Rafael Acevedo sería preferible y menos dañino para la ciudad que el de Sandra Estupiñán. La candidatura de la exconcejal representa el peligro absoluto del encubrimiento de los manejos turbios de la administración de Mikhail Krasnov, de la cual ella ha sido cómplice directa. Dudo que Acevedo tenga el coraje de denunciar el saqueo del krasnovismo, pues quien guardó silencio el día que me agredió su seguidor, callará también si una auditoría arroja irregularidades de algún amigo o conocido político suyo para no incomodar; pero existe al menos una pequeña esperanza frente al definitivo sepultamiento que ejecutaría Estupiñán.
En el fondo, las contiendas electorales arrastran siempre la misma inercia demagógica de prometer el cielo y la tierra a través de ofertas pueriles, más cercanas a una campaña de personería de colegio que a una gerencia pública real. Ante tal panorama de ilusiones generalizadas, si el actual escenario me obligara a manifestar una potencial inclinación en las urnas, miraría con un frío pragmatismo hacia la opción de Edwar Parra, desprovisto de cualquier endoso místico o comercial. Vale la pena aclarar que esta postura no responde de ninguna manera a que el candidato pague pauta en este medio —pues no es el único que lo hace en esta contienda—. Lo exalto porque, bajo un análisis riguroso y objetivo, su propuesta se percibe como la opción más sensata, aterrizada y consecuente con la realidad presupuestal y el momento institucional que afronta la ciudad, desmarcándose de los delirios presupuestales ajenos. No soy pitoniso para adivinar el futuro administrativo municipal, pero en la obligatoriedad de escoger, su propuesta se percibe menos desconectada de la asfixia fiscal que estrangula a la ciudad, a la vez que más conocedora y consecuente con la urgencia a solucionar importada desde territorio antioqueño.
Sin caer en la candidez de creer en soluciones milagrosas, el gran valor rescatable en ese programa es la prudencia de no sembrar delirios presupuestales ni utopías culturales inviables para un mandato transitorio de diecisiete meses, más allá de creer que no todo lo que está plasmado en ese plan de gobierno podrá cumplirse, pero con la notable diferencia de que en otros existe la certeza de que no se cumplirá con casi todo lo que allí se establece, como formular un POT, hacer un megaparque del occidente de la ciudad y destrabar la construcción de avenidas de las que hasta hoy nadie ha podido.
Si llega a ganar las elecciones el señor Acevedo, le deseo sinceramente el mayor de los éxitos, pues su buena gestión se traduciría en el bienestar de toda nuestra comunidad. No soy un detractor de oficio que desea el fracaso ajeno; preferiría mil veces estar equivocado y tener que escribir en el futuro que resultó ser un extraordinario administrador. Con todo, mi deber actual es advertir que su plan a cincuenta años, o incluso a doce, es una fantasía inviable y demagógica.
P.D. Tanto se habla en plaza pública, en redes sociales, en debates y en medios de comunicación, de transparencia, honestidad y rectitud, pero la coherencia se demuestra contrastando la retórica con los actos fácticos. El pasado jueves en la noche ingresé minuciosamente a 'Cuentas Claras', la plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde las campañas tienen la obligación normativa de reportar de forma oportuna sus ingresos y gastos. A escasos ocho días de que los tunjanos acudan a las urnas, el resultado de la búsqueda es indignante: absolutamente todas las campañas de los candidatos a la Alcaldía de Tunja aparecen reportadas en ceros. Resulta un insulto a la inteligencia de los tunjanos pretender que no han gastado un solo peso, cuando la ciudad entera atestigua diariamente el despliegue multimillonario de caravanas de vehículos, concentraciones masivas con repartición de comida, extensas jornadas de microperforados, impresión masiva de propaganda, afiches, volantes, gorras, además de los millonarios costos de los equipos de prensa, videógrafos, fotógrafos y pauta publicitaria en diversos medios —incluido este—. Si son incapaces de reportar con honestidad y en tiempo real el dinero que se gastan para llegar al poder, ¿con qué autoridad moral pretenden gerenciar con transparencia los recursos públicos del municipio? La invitación queda abierta a todas las campañas, pauten o no pauten aquí, a ser congruentes entre lo que pregonan en los micrófonos y lo que asientan en los libros contables.
𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫: 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐜𝐢́𝐨𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐢𝐥𝐟𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
Devengar honorarios por sesiones que no le dejan a la capital boyacense ni un solo avance normativo real es, hoy por hoy, la única gestión que parece dominar el Concejo de Tunja. A estas alturas del cuatrienio 2024-2027, el balance de los diecisiete cabildantes arroja una cifra que no admite defensa: apenas tres proyectos de acuerdo presentados, de los cuales dos resultaron ser una misma iniciativa, fusionada por pura inercia.
Mientras la ciudad demanda una gestión y una estructura normativa sólida para enfrentar sus problemáticas, el recinto se ha limitado a ser un escenario donde la ineficacia es la norma y el gasto injustificado es el único motor. Lo que presenciamos esta semana no es una anomalía, es el síntoma de un ejercicio de vaciamiento institucional que le cuesta el bolsillo a cada ciudadano que paga sus impuestos. Es, en esencia, un despilfarro constante de recursos públicos por el hecho de mantener una corporación que ha desconectado su función de control de la realidad municipal, priorizando la planilla de pago sobre el interés colectivo.
El presidente de la corporación, Brahiam Quintana, insiste en convocar debates de control político que se alejan de la fiscalización técnica para refugiarse en el formalismo inoficioso. La citación, a inicios de esta semana, al Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública para interrogar a Gloria Esperanza Ortega Pinilla, quien asumió el despacho hace apenas unas semanas, es la prueba fehaciente de este despropósito administrativo. No es control político; es una maniobra carente de sentido práctico que distrae a una funcionaria que ni siquiera ha tenido el tiempo técnico para empaparse de estado la dependencia que hoy lidera, mucho menos de las decisiones de su antecesora. Es tan evidente la falta de norte en este ejercicio que el momento más rescatable de toda la sesión no fue ninguna de las respuestas de la directora, sino la irrupción del tema de las becas UNIR. Fue un asunto ajeno a la competencia de esa dependencia, pero paradójicamente terminó siendo lo único destacable de un debate que, por lo demás, fue una nefasta pérdida de tiempo. Que el punto de mayor interés haya sido una cuestión por fuera de la agenda, confirma que el objetivo de la sesión no fue esclarecer la verdad técnica, sino simplemente justificar la existencia de un cronograma para garantizar el cobro de los honorarios de los cabildantes por la jornada.
El debate de control político al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y Defensa Institucional, bajo la dirección de Ana Evelyn Martínez Acero, realizado el martes, demostró igualmente la desconexión total del cabildo con los intereses del municipio. Es un ejercicio de pobreza intelectual limitar la fiscalización de esta dependencia a un conteo estadístico de procesos judiciales ganados o perdidos. El debate debió enfocarse en la encrucijada ética que hoy enfrenta el municipio: el uso de recursos públicos para pagar honorarios de abogados cuya única función es oponerse a los derechos de los ciudadanos. Cuando la corporación no cuestiona por qué la administración litiga contra el bienestar colectivo (como ocurre en la defensa institucional que entorpece los reclamos legítimos de comunidades que reclaman la protección de derechos colectivos), está renunciando a su deber de ser el contrapeso, y no el apéndice, de la administración. Es inaceptable que los tunjanos deban financiar la defensa de posturas que, en la práctica, van en contra de sus propios intereses de infraestructura y calidad de vida, mientras los concejales se limitan a leer cuestionarios que no desenmascaran, no corrigen nada y se limitan a rellenar el vacío de una sesión que, en el fondo, es un despilfarro absoluto de tiempo y dinero, que podría destinarse a algo verdaderamente importante, o en dado caso, ahorrarse.
Esta inoperancia es aún más grave si se considera que existe la posibilidad de ser una corporación útil, pero se elige el camino del gasto inútil. Existen modelos de participación, como el consejo ampliado de gobierno, escenario que la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez, ha impulsado y que en su única realización, hasta el momento, encontró una resistencia absurda por parte de la mesa directiva del Concejo, que valga recordar se negó a prestar el recinto; pero una gran acogida entre la comunidad. Esto demuestran que el recinto puede y debe ser usado para la escucha activa y la construcción de ciudad. En lugar de eso, prefieren citar sesiones donde el quórum es una ilusión, donde los concejales aparecen solo para el registro de asistencia y donde el silencio de los demás integrantes ante las respuestas de los funcionarios confirma que el debate es una pantomima programada. Es un desprecio absoluto por la ciudadanía que, mientras afuera se acumulan las necesidades, adentro se consume el presupuesto en sesiones que no tienen utilidad social alguna.
La ciudadanía no espera un simple apéndice administrativo, sino representantes que gestionen el territorio y que aprovechen la capacidad instalada para abrir las puertas a la verdadera participación democrática. Si la intención de estas sesiones es únicamente el cobro de honorarios, el daño es mayor: es un robo sistemático a la confianza pública que deriva en un despilfarro inaceptable.
La exigencia al presidente Brahiam Quintana es clara: el cabildo debe dejar de ser una oficina de trámite para la cogobernanza, y más bien convertirse en un órgano que produzca valor para Tunja, o que al menos deje de gastar el dinero de los contribuyentes en sesiones que, al final del día, no dejan una enseñanza, no resuelven una duda y, mucho menos, mejoran la realidad de esta ciudad. La mediocridad en el control político no es solo falta de capacidad, es una forma de negligencia que esta corporación no puede permitirse
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El Krasnoverso, ese universo paralelo de realidades y ficciones en el que todo marchaba a la perfección para Mikhail Krasnov y sus ciegos adeptos, ha entrado finalmente en su fase de colapso gravitacional irreversible en Tunja. El desplome de este aparato de mentiras es evidente ante una ciudadanía decente que ha comenzado a despertar de la anestesia de los sofismas virtuales y la manipulación de pantalla. La física elemental de la realidad municipal ha comenzado a pasar factura, demostrando que ninguna órbita de desinformación en redes es lo suficientemente densa como para resistir la implosión de su propio descaro.
El ilusionismo digital ha perdido su fuerza magnética y la galaxia de sus fanáticos ciegos hoy se reduce a una mínima expresión debido a un despertar colectivo frente a la adicción oficial por el poder. La narrativa de aquel outsider incorruptible venido de otras latitudes, que inicialmente, a punta de cuento y verso, encandiló a los incautos con la falsa promesa de acabar a los políticos de siempre, se reveló estéril a la hora de gerenciar los recursos del municipio. El rechazo ciudadano inunda hoy las plataformas virtuales, evidenciando que a los tunjanos les ha salido demasiado costoso sumarse a un ecosistema cimentado en el engaño y la parálisis de la inversión urbana, así como de la gestión social.
La pérdida de credibilidad del autodenominado "profe" se aceleró de forma definitiva tras el anuncio de su última componenda, una maniobra que quebró la elasticidad moral de sus seguidores y provocó que la opinión pública abriera los ojos ante este camaleonismo político: su adhesión y casi que jefatura de campaña de Sandra Estupiñán.
La caminata convocada el pasado domingo para exhibir músculo electoral se saldó con un vacío desolador en las calles de la capital boyacense, confirmando el enfriamiento definitivo de su estrella en el firmamento local y el divorcio absoluto con el arraigo ético de la ciudad.
El golpe de gracia a este libreto de ilusiones provino de su propia base militante, mediante la difusión de un video disidente de sus más antiguos escuderos (https://www.facebook.com/share/v/17sRkKdFHs/), quienes catalogaron la nueva alianza como un acto indebido y oportunista. Los mismos contratistas de su periodo salieron a denunciar públicamente el desangre del erario, confirmando que el desmoronamiento de este universo paralelo no tiene marcha atrás. La soga del oportunismo político terminó por asfixiar al prestidigitador digital, cuyo magnetismo se extinguió al confrontarse con la realidad.
Es precisamente en el epicentro de este colapso gravitacional donde se materializa la postulación de Sandra Estupiñán Orjuela, la ficha oficial elegida de forma desesperada para intentar congelar el tiempo y encubrir los escombros de una administración, que poco y nada administró. El exmandatario actúa ahora como el promotor incesante de su antigua escudera en el Concejo de Tunja, bombardeando las redes con publicaciones para inyectarle gravedad a un guion que él mismo no conoce, no comprende en absoluto y repite a ciegas, evidenciando un líder eclipsado por su propia ignorancia programática.
La explicación de este idilio es nítida: ante la pérdida del respaldo popular, el exalcalde busca un blindaje administrativo absoluto en el Edificio Municipal para asegurar que no se entreguen cuentas de su periodo. La misión de la candidatura es garantizar que se engaveten las carpetas, desaparezcan los documentos públicos de los procesos y nadie dé razón de los archivos institucionales. El propósito central es prolongar a nivel ejecutivo la misma carencia de control político que Estupiñán ya le garantizó desde su curul, donde no movió ni un dedo para destapar las ollas podridas, que hoy siguen apestando a Urano.
Esta alianza cósmica, sin embargo, posee una paradoja técnica que los estrategas de este universo de ficciones parecen no haber calculado en sus simulaciones burocráticas de poder. Resulta altamente improbable que Estupiñán Orjuela acepte el papel de un satélite pasivo o de un títere dócil programado para obedecer directrices tras bambalinas, si es que la victoria se materializa. Su conocida ambición personal descarta cualquier escenario de subordinación ciega, redefiniendo el trato como un frío negocio de mutua conveniencia: ella operará como muro de contención judicial mientras saborea las mieles del cargo.
El desespero por acelerar esta transición responde a la urgencia de proteger un ecosistema donde las anomalías brotaban con la regularidad de un ciclo planetario, dejando un rastro de contratos cuestionables que hoy rastrean los entes de control. Los tres macrocontratos de referencia que constantemente ventilamos en este espacio, así como en otros medios de comunicación, no son hechos aislados, sino apenas los asteroides más visibles de un cinturón de irregularidades semanales que demuestran cómo la retórica de la transparencia naufragó frente a la opacidad de la contratación directa, a dedo.
El ejemplo más reciente de esta lúdica gubernamental lo constituye el publicitado programa de becas internacionales con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), anunciado tras un suntuoso viaje a España. La pomposa iniciativa, vendida en redes como el pasaporte al desarrollo para la juventud tunjana, resultó ser un agujero negro publicitario donde no se localiza un solo beneficiario real. La retórica de la renovación se diluye en la misma carreta de siempre, dejando a la ciudad con la frustración de un montaje mediático y cero impacto educativo en las comunidades.
Estas órbitas de distracción mediática servían para eclipsar las anomalías de mayor cuantía económica que hoy son objeto de investigación fiscal en el departamento. En la cúspide de esta galaxia de manejos turbios se localiza el contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, pactado por una cifra superior a los 15.076 millones de pesos. El mérito de esta ingeniería contable radicó en girar de manera inmediata un anticipo equivalente al 95% de los recursos, una maniobra ejecutada entre las sombras, cuyas obras viales, educativas y comunales siguen brillando por su ausencia.
El segundo hito de esta nebulosa de la contratación directa fue la actualización catastral, un proceso presupuestado originalmente en 10.000 millones de pesos que terminó devorando más de 14.000 millones, de hecho, casi 15 mil. La entrega parcial de este producto provocó un cortocircuito informático severo en las dependencias oficiales, dadas las incompatibilidades técnicas insalvables entre los programas de software de Catastro y Hacienda. Valga recordar que el negocio se estructuró en la penumbra regulatoria, hasta que el rastreo documental de un bloque de concejales expuso la firma de este contrato que se entregó en la más absoluta clandestinidad.
El circuito del gasto suntuario se cierra con el manejo de la agenda cultural de la vigencia 2025, un contrato fijado en 9.900 millones de pesos que terminó disparándose por encima de los 14.000 millones. Las adiciones presupuestales despiertan profundos interrogantes técnicos, toda vez que una porción de los eventos previstos jamás llegó a materializarse. Al parecer, el flujo del dinero público terminó desviado hacia la operación logística del Aguinaldo Boyacense, asumiendo costos que por simple lógica le corresponden al empresario privado, que por el contrario no compartió con su inversor un solo centavo de las utilidades.
El balance de Mikhail Krasnov se revela problemático desde cualquier perspectiva legal, pero el engaño mayor radica en el manejo tramposo de los dineros de la ciudad. El libreto oficialista intentó maquillar su ineficiencia bajo la falsa tesis de que los recursos alcanzaban porque supuestamente nadie robaba en el Edificio Municipal. La cruda realidad administrativa es que este gobierno se encargó de congelar la inversión social, así como la ejecución de obras físicas, tanto en 2024 como en 2025, acumulando multimillonarios superávits bancarios y dejando la plata guardada pudriéndose en cuentas mientras las necesidades de los barrios quedaron en el completo abandono.
A esta parálisis financiera se suma un deplorable proceso de descomposición en el trato institucional hacia las mujeres y las funcionarias de su propio equipo de trabajo. El deterioro ético de este universo de ficciones quedó expuesto en el Concejo Municipal, donde se ventiló públicamente cómo el exmandatario abría descaradamente cajas de condones y los desparramaba sobre la mesa ofreciéndoselos a las integrantes de su gabinete (https://www.facebook.com/share/v/1DupHQzYGs/). Semejante espectáculo, lejos de ser una invención, retrata el talante de un mandatario que degradó la dignidad de la administración pública frente a la ciudad.
La gravedad de estos sucesos obligó al poder destituido a estructurar una estrategia virtual de persecución para silenciar las críticas e intimidar a las voces independientes. Desde las dependencias oficiales se alimentó una densa red de bodegas y perfiles falsos que operaba como un brazo armado digital, diseñado exclusivamente para denigrar y destruir la reputación de los líderes sociales y periodistas que nos negamos a callar ante sus irregularidades. Esas mismas plataformas artificiales, habituadas a destilar odio virtual en favor de Krasnov, son las que hoy se destacan de manera milagrosa en la tibia campaña de Sandra Estupiñán.
La trayectoria de la aspirante evidencia un camaleonismo utilitario de alta precisión, habiendo orbitado como incondicional y escudera en los gobiernos de Pablo Cepeda Novoa, Alejandro Fúneme González y el propio Krasnov. En su bitácora dentro de la corporación edilicia no se registra la autoría de un solo proyecto de acuerdo orientado al beneficio estructural de las comunidades vulnerables. Resulta imperativo desmontar su relato sobre el liderazgo de género; su activismo se reduce a la simulación de una solidaridad de papel que capitaliza con gritos y shows ante las cámaras frente a los escándalos del momento.
Bajo el amparo de la ilusión digital intentan proyectarla como la artífice de una política pública de mujer que en la práctica carece de presupuesto real, indicadores de impacto o transformaciones tangibles en los barrios. El verdadero combustible de esta candidatura es consolidar una estructura burocrática incondicional que proteja al exmandatario de sus complejos frentes judiciales ante la Fiscalía, así como de los procesos que cursan en su contra en Procuraduría y Contraloría. El balance de estos dos años arroja una gestión opaca, liderada por un personaje que hoy apela al constreñimiento de los contratistas del municipio para aceitar la maquinaria de su heredera.
En las dependencias oficiales de la administración municipal se ejecuta un constreñimiento abierto hacia el personal contratista, condicionando su estabilidad de cara al futuro. Se les fuerza a alinearse políticamente bajo el burdo chantaje de que la única vía para asegurar la renovación de sus órdenes de prestación de servicios es votar por Sandra Estupiñán. Esta coacción reduce la dignidad del trabajador a una cuota de supervivencia burocrática, obligándolos a sostener una estructura que se derrumba pero que aún utiliza el empleo público como moneda de cambio forzada, al mejor estilo de la cuantiosa constelación de estrellas de la politiquería con las que cuenta nuestra política criolla.
La soga de este oportunismo político terminó por asfixiar al prestidigitador de las redes sociales en la capital boyacense. Krasnov pretendió instrumentalizar el municipio como un feudo personal y creyó, desde su profunda soberbia cósmica, que la dignidad de los tunjanos se podía comprar con contratos de bodegaje virtual o silenciar mediante el chantaje laboral del día a día. Su error de cálculo fue subestimar a una ciudad que posee un arraigo ético impenetrable para las maquinarias tradicionales. La estrella del Krasnoverso se apaga definitivamente en el firmamento tunjano, devorada por el hoyo negro de sus propias ficciones, de sus contradicciones y de su falta de principios.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Las sociedades occidentales han vivido bajo la ilusión del progreso permanente. Un optimismo ideológico que muchas veces resulta en simplificación pues al sumar pasado y presente tienden a considerar la suma como positiva. Pero la historia del Siglo XX y la del cuarto de Siglo del XXI, muestran lo equívoco de esta percepción. Ciertamente ha habido grandes avances, especialmente en lo científico y tecnológico, pero también periodos oscuros durante los cuales se retrocedió sensiblemente en humanidad con decenas de millones de personas que murieron por el sinsentido y el odio. Aún más, en las últimas décadas tanto Europa como Estados Unidos y Latinoamérica han vivido la irrupción de la derecha extrema en reacción a los excesos y a la corrupción del progresismo posmoderno. La intolerancia se ha incrementado, los inmigrantes vuelven a estar amenazados y las guerras se suceden en el suelo de ambos continentes. Y en el campo tecnológico, el futuro está en manos de oligarcas con pocos escrúpulos políticos y/o sociales. ¿Con estos rasgos culturales estamos realmente progresando?
Entonces, si queremos avanzar hacia mejores estadios de vida satisfactoria, conviene tratar de ponernos de acuerdo en las premisas del concepto de progreso. Concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana; y para avanzar en esta mejora, hay que partir de bases comunes desde la perspectiva de la antropología filosófica. Precisamente por la ausencia de dichas bases, durante el siglo XX unos identificaron el progreso con el avance del saber y la virtud; otros, con la expansión de la libertad individual, el crecimiento económico y el dominio sobre la naturaleza; otros, con la capacidad de forjar hombres nuevos a través del poder político. Y últimamente, como lo muestra León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas, con el posthumanismo y/o el transhumanismo.
Lo cierto es que han venido surgiendo propuestas que buscan reajustar la cultura reescribiendo las premisas de lo que se ha solido entender por progreso, entre las que está la idea que argumenta la posibilidad de tener al mismo tiempo crecimiento económico y respeto al medio ambiente, lo cual ha cuajado como ideal dominante en los países más ricos. Esta idea confluye con el “crecimiento verde” que confía en los avances tecnológicos y la innovación en infraestructuras, para usar de forma más eficiente los recursos disponibles buscando aumentar la riqueza material con el menor impacto posible sobre el medio ambiente natural. También concurre con lo anterior recurrir a otras herramientas típicas del “desarrollo sostenible”, como los incentivos a la producción de energías renovables, los altos impuestos a las más contaminantes, los nuevos modelos de negocio, etc.
En fin, el punto a destacar es que en el trasfondo de dichas propuestas hay una filosofía de vida que busca cambiar el crecimiento económico y el consumismo por la aspiración a vivir con más sentido, aumentando el espacio para disfrutar los bienes inmateriales de la naturaleza como fuente de gozo estético y de perfeccionamiento espiritual. Pero este núcleo básico se mezcla a veces con planteamientos más o menos utópicos o extremos de varios movimientos progresistas posmodernos como el feminismo victimista, el ecologismo radical, el veganismo, la sexodiversidad y lo “woke” entre otros. Corrientes ideológicas estas que en realidad no contribuyen a vivir con más sentido.
Así las cosas, para realmente progresar se trata entonces de buscar el crecimiento, no solo económicamente sostenible, sino también en humanidad. ¿Cómo? Entre otros reajustes culturales, conectando la visión de quienes subrayan la necesidad de equilibrar el tiempo dedicado a producir y consumir con el tiempo del cuidado familiar y del descanso edificante. Aquí la idea fundamental es que no somos solo unidades de producción autónomas sino seres familiares por naturaleza- hecho eminentemente antropológico (i.e todos somos hijos)- que han de compaginar las obligaciones profesionales con las responsabilidades de crianza, cuidado y formación. Es que las urbanizadas sociedades contemporáneas, disponen los tiempos para estas cosas de manera muy desequilibrada.
A corregir el desequilibrio ayuda la perspectiva de familia, un mecanismo que incentiva en los poderes públicos el examen de si sus políticas en los distintos ámbitos (educación, fiscal, laboral, transporte…) facilitan o no, la vida en las familias. De esta manera la sociedad sale ganando puesto que mujeres y hombres participan, con igualdad de derechos, tanto en la esfera pública como en la privada. Y en la medida en que le abre más espacio a la cultura del cuidado al mismo tiempo se contrarresta la del descarte de la ancianidad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Él, jamás. ¿Acaso no han visto sus redes sociales, donde una de sus mejores poses es la de vestirse de aliado de las mujeres? El problema es que los discursos y el teatro casi siempre terminan saliéndose del guion cuando se enfrentan a los hechos.
Y es ahí donde tenemos que hablar de la denuncia de la Ingeniera Johanna Alejandra Hernández Urrea, una mujer que los boyacenses conocimos el 14 de junio de 2025, precisamente a través de un pronunciamiento del Gobernador. Fue él quien la presentó ante el departamento destacando su “profesionalismo, disciplina y pilera, que representan la capacidad y el talento de la mujer forjada en nuestra tierra".
Su historia comenzó como debería comenzar cualquier historia de la función pública: participó en un concurso de méritos, superó todas las etapas, integró la terna enviada al Gobernador para escoger al Director Territorial de INVÍAS en Boyacá y, tras entrevistar personalmente a los tres aspirantes y revisar sus hojas de vida, Carlos Amaya la eligió.
No solo la eligió. También la convirtió en ejemplo. "Me complace anunciar que he seleccionado, de la terna enviada por la Dirección General del Invías, a Johanna Alejandra Hernández Urrea como nueva directora territorial. Esta designación es un reconocimiento a la idoneidad de las mujeres y una demostración de que pueden y deben ocupar cargos de liderazgo en el Gobierno Nacional. Ojalá todas las entidades nacionales cumplieran con la realización de estos concursos. ¡El mérito debe ser siempre el camino hacia estos cargos públicos!".
Hay que reconocer que el equipo de comunicaciones del Gobernador escribe muy bonito. El problema fue que el propio Gobernador cambió el libreto.
Meses después, en septiembre, Johanna informó oficialmente que estaba embarazada. Seis días más tarde, la decisión fue modificada y otro integrante de la misma terna terminó siendo sorpresivamente el seleccionado, es decir, el anuncio para nombrar a Johanna se quedó en un bonito trino ¿Coincidencia o una decisión influenciada por su estado de gestación? La Gobernación se justificó afirmando que la decisión final corresponde a la autoridad nominadora bajo criterios de oportunidad y conveniencia institucional.
Es previsible que esa sea su defensa y que niegue una y otra vez cualquier vínculo entre ambos hechos. Sin embargo, hay preguntas que ningún comunicado logra responder.
¿Hasta dónde puede llegar la discrecionalidad política frente a un concurso de méritos? ¿Qué mensaje reciben las mujeres cuando una decisión cambia pocos días después de informar un embarazo, aunque la administración niegue cualquier relación? ¿Cómo puede hablarse de meritocracia si las reglas del juego parecen modificarse durante el proceso?
El camino judicial ya fue emprendido por la ingeniera Johanna Hernández y será la justicia la que determine si existieron vulneraciones a sus derechos. Pero el impacto político y social de este episodio no lo definirá un juez. Ese juicio ya comenzó a hacerlo la opinión pública.
Porque una cosa es la facultad discrecional que la ley reconoce a un gobernador y otra muy distinta es el mensaje que transmiten sus decisiones.
Y el mensaje que hoy reciben miles de mujeres profesionales resulta siendo que usted puede ganar por mérito, ser anunciada públicamente como la elegida y aun cuando reúne el perfil que la propia administración exaltó, su futuro laboral puede cambiar de un momento a otro si en el camino aparece un embarazo. Eso, por sí solo, debería estremecer a cualquier sociedad que se considere comprometida con la igualdad.
Este no es el único caso. Es, quizás, el más visible en este momento. Pero no es la primera denuncia que se conoce en Boyacá sobre decisiones que terminan afectando el trabajo y el futuro profesional de mujeres que, por distintas razones, han terminado enfrentadas políticamente al Gobernador.
Ojalá la justicia establezca con claridad si aquí hubo vulneración de derechos y si existió o no una actuación discriminatoria. En todo caso, como mamá les digo que la maternidad jamás será un motivo para cerrar las puertas que el mérito ya había abierto.
Porque un embarazo no incapacita a una mujer para servir al Estado, ni para demostrar su valor profesional. Al contrario, muchas encuentran en la llegada de un hijo una razón más para ejercer con excelencia, compromiso y responsabilidad su profesión.
Carlos Amaya, que tantas veces ha reivindicado públicamente sus convicciones cristianas, la defensa de la familia y su supuesto compromiso con las mujeres, debería ser el primero en comprender que la maternidad jamás puede convertirse, ni siquiera en apariencia, en una desventaja laboral.
Y si no logra entenderlo, entonces el mayor acto de machismo no está en un discurso. Está en una decisión.
𝐄𝐥 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐚 𝐨𝐛𝐞𝐝𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐨 𝐚 𝐚𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐜𝐚𝐬𝐨
El debate sobre el desarrollo urbano de Tunja ante las próximas elecciones atípicas para elegir alcalde exige un viraje radical en la planificación de la inversión pública. La ciudadanía se encuentra frente a un escenario electoral complejo donde la viabilidad técnica y el presupuesto real del municipio deben primar de forma absoluta sobre las promesas macroscópicas y los proyectos irrealizables que suelen plagar las campañas electorales.
El eje central de la gestión de quien asuma el mandato, independientemente de su filiación política, no puede seguir siendo la formulación de megaobras que históricamente terminan en el abandono y la parálisis. La clave fundamental para un buen mandato, especialmente en un periodo administrativo tan corto, radica en escuchar a las comunidades, darles voz y resolver con presteza las necesidades que manifiestan en sus barrios y veredas.
La urgencia de este cambio de enfoque se sustenta en el balance fiscal y reputacional de los últimos tres alcaldes (Pablo Cepeda, Alejandro Fúneme González y Mikhail Krasnov), quienes terminaron su ciclo administrativo con su imagen severamente cuestionada por haber prometido transformaciones históricas sin entregar obras tangibles que impactaran el bienestar social. En todos estos casos, el común denominador fue el manejo ineficiente y el derroche de los recursos públicos, dineros que no se tradujeron en avances ni en el mejoramiento de las condiciones sociales a gran escala.
Mientras que las administraciones de Cepeda y Fúneme sumieron a Tunja en un endeudamiento multimillonario para financiar proyectos centralizados y plagados de sobrecostos, el periodo de Krasnov se caracterizó por la suscripción clandestina de multimillonarios contratos directos que no dejaron un legado físico de calidad. Las escasas intervenciones entregadas fueron obras menores que terminaron teniendo una rápida fecha de caducidad dada a su pésima calidad, lo que obliga a la ciudad a reinvertir el erario para corregir lo mal hecho.
Para dimensionar el desafío financiero de la ciudad, basta con observar la ejecución de proyectos relativamente sencillos y de rápida instalación, como las cubiertas de los escenarios deportivos. El montaje de estas estructuras prefabricadas en polideportivos preexistentes, como los de los barrios Libertador y San Francisco, demandó inversiones que rozaron los tres mil millones de pesos y requirieron procesos de contratación y ejecución que se extendieron por más de dos años y medio.
Este precedente técnico y presupuestal es el mejor medidor de la realidad local. Si una intervención de complejidad moderada agota los saldos fiscales y supera en tiempo la duración prevista inicialmente, al igual que el total del próximo mandato atípico, es matemáticamente imposible edificar un megaproyecto desde cero en solo diecisiete meses. El candidato que prometa grandes obras de infraestructura en esta campaña está mintiendo abiertamente.
Incluso bajo el supuesto de que el próximo alcalde resulte ser el gestor más eficiente y dinámico en la historia de la administración pública, los tiempos institucionales juegan en su contra. En el mejor de los escenarios, un mandatario extraordinario lograría tramitar los recursos ante el Gobierno Nacional y asegurar la firma de los convenios financieros antes de terminar su periodo, pero la ejecución física y la construcción real jamás verán la luz en este interinato.
Por esta razón, la única alternativa viable y responsable para el municipio es concentrar la capacidad técnica y los recursos disponibles en la co-ejecución directa con las Juntas de Acción Comunal. Los líderes comunales realizan una labor estrictamente voluntaria y cívica, asumiendo los reclamos de los vecinos por los retrasos de la administración municipal, a pesar de que son ellos quienes tienen el diagnóstico preciso de las necesidades prioritarias de cada sector.
El desprecio por esta planeación comunitaria tuvo su reflejo más diciente en el Contrato Interadministrativo por más de 15.076 millones de pesos suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías para ejecutar, en gran medida, presupuestos participativos. De este convenio se giró un anticipo de 14.041 millones de pesos que salieron de las arcas de Tunja hacia las cuentas del contratista foráneo, sin que se tradujeran en las obras acordadas con los barrios.
Las anomalías de este contrato, diseñado inicialmente para tres meses y prorrogado sospechosamente por ocho meses más, rayan en el absurdo logístico. A las comunidades que priorizaron salones comunales para sus reuniones se les impuso la entrega de carpas tipo hangar cuyos costos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente superaban los topes asignados a cada comunidad, obligando a cambiar el objeto por mesas y sillas que los presidentes de las JAC no tenían siquiera donde almacenar, justamente a falta de un salón comunal.
Asimismo, las contadas obras viales ejecutadas bajo este esquema presentan deficiencias estructurales graves, como la vía que presumió el exalcalde Krasnov en el barrio Libertador, donde se entregó una calle pavimentada sin cunetas para el manejo de aguas, o en el barrio Suárez, donde los trabajos se abandonaron a la mitad dejando una vía destapada que hoy forma una enorme piscina de estancamiento que afecta la salud y la movilidad de los habitantes.
El descaro institucional llegó al extremo en el barrio Patriotas, donde la cuadrilla de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías destruyó cerca de cien metros de la Carrera Segunda, una vía que la propia comunidad, cansada de esperar por más de un año la ejecución de los presupuestos participativos priorizados desde 2024, había reparado con recursos propios y gestión directa en diciembre de 2025 ante la total parálisis estatal.
Sin mediar comunicación ni concertación con el presidente de la Junta de Acción Comunal, los operarios rompieron el reparcheo comunitario bajo el único argumento de que debían cumplir lo estipulado en un acta obsoleta. Tras destrozar la calle, que conecta la Terminal de Transportes con el mencionado barrio y con el Centro Histórico de la ciudad, los contratistas abandonaron los trabajos usando la lluvia como pretexto, dejando la principal arteria del sector completamente bloqueada.
Este incidente, denunciado por el dirigente comunal Julián Quintero durante el consejo ampliado de gobierno, convocado por la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, dejó al descubierto la absoluta falta de coordinación de la Secretaría de Infraestructura, cuyos funcionarios fueron incapaces de tomar un celular para llamar a los representantes comunitarios y coordinar las intervenciones, provocando retrasos e improvisación en las obras prioritarias de la ciudad.
Esta preocupante falta de ejecución física contrasta drásticamente con la realidad financiera del proyecto, pues este medio de comunicación ya reveló mediante los soportes documentales del SECOP que el municipio transfirió de forma anticipada más de catorce mil cuarenta y un millones de pesos a las cuentas de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías [https://www.facebook.com/share/p/1CCtqjspRL/].
Resulta técnicamente inadmisible que la administración municipal restrinja la inversión en los sectores populares bajo el argumento real de la escasez de fondos públicos, negándole sistemáticamente a los barrios desde alarmas y cámaras de seguridad para mitigar la delincuencia, hasta el reparcheo urgente de su malla vial local, la edificación de salones comunales o la entrega de las carpas tipo hangar comprometidas. Esta asfixia presupuestal a las necesidades básicas de las Juntas de Acción Comunal contrasta drásticamente con la agilidad financiera con la que el municipio sí dispuso de recursos para transferir, de forma anticipada, más de catorce mil cuarenta y un millones de pesos a las cuentas de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías.
Esta marcada tendencia a priorizar la centralización de los recursos y el gasto macro por encima del consenso popular no es un fenómeno nuevo en el municipio. La historia reciente registra el despilfarro de diez mil millones de pesos en la creación de un departamento de catastro multipropósito durante la era de Fúneme, dependencia que hoy es incapaz de realizar la actualización catastral de la ciudad por sí misma y debe subcontratar a terceros a costos mucho más elevados, traicionando la promesa de que Tunja vendería este servicio técnico a otros municipios.
Este patrón de inversión basado en las decisiones unilaterales también puede recordarse en la administración de Pablo Cepeda, cuando se destinaron más de doce mil millones de pesos al cambio de piso de la Plaza de Bolívar utilizando un material de delicado trato y de difícil reemplazo, ignorando el clamor de los sectores periféricos que exigían saneamiento básico, pavimentación, entre otros asuntos prioritarios para las comunidades. El próximo mandatario debe entender que en el actual panorama no existen proyectos del orden nacional asegurados para la ciudad; las iniciativas estándar del Gobierno Petro como los Puntos de Abastecimiento Solidario o los Centros PotencIA se encuentran paralizadas o en riesgo de colapsar ante el cierre del periodo presidencial sin el aseguramiento de los recursos y el inicio de los trabajos.
La única macroobra viable en carpeta es la construcción del Módulo V de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual, por orden de diseño estructural, lleva ese nombre, pero en la práctica constituye el cuarto módulo que entraría en funcionamiento en el sistema. Este proyecto de alto impacto para Tunja se ha venido anunciando de tiempo atrás y requiere una articulación presupuestal cofinanciada con recursos del Gobierno Nacional, la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y un aporte mínimo de la administración municipal. Si bien representa un indiscutible interés político para el gobernador Carlos Amaya, quien busca sacar pecho con este resultado al término de su mandato como su principal legado para la capital boyacense, este proyecto no debería quitar el sueño a los candidatos, y mucho menos ser parte de sus promesas de campaña, pues se supone que los recursos están garantizados.
Frente a este escenario de recursos limitados y tiempos institucionales estrechos, el mensaje de las bases es contundente: en Tunja mandan las comunidades y es a ellas a quienes se les debe hacer caso. Quien resulte electo para este fugaz periodo de diecisiete meses tiene la obligación perentoria de entender que la clave de su legitimidad no radicará en la firma de alianzas gaseosas, anuncios de gestiones incontrastables o en la formulación de promesas macroscópicas o megaproyectos, sino en sentarse con los líderes barriales para ejecutar con transparencia lo que cada sector reclama en su cotidianidad.
La administración municipal entrante no tiene excusas financieras para dilatar las soluciones, puesto que los dineros públicos para los presupuestos participativos ya fueron formalmente designados por el municipio, será tarea del próximo alcalde recuperar lo que entre la administración Krasnov y la Empresa de Desarrollo Territorial le arrancaron de las manos a las comunidades tunjanas.
Empoderar a las comunidades organizadas y dignificar los convites locales es el único camino viable para frenar el deterioro administrativo de la ciudad. El próximo alcalde debe asumir que su rol prioritario es el de un ejecutor del mandato popular expresado en las JAC, vigilando cada peso y devolviendo el poder fiscalizador a los habitantes del territorio. En un periodo tan corto, gobernar con éxito significa cumplirle a las bases, adelantar los trabajos pendientes, organizar la casa y demostrar que el desarrollo de Tunja se construye con las necesidades de la gente y no desde el aislamiento del despacho municipal.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La incorporación tardía de los recursos del superávit expone la profunda desconexión técnica entre las verdaderas urgencias de Tunja y las prioridades de sus gobernantes. Al cierre de junio, las planillas estadísticas del DANE confirmaron el estancamiento histórico de la ciudad al consolidarla en el quinto puesto de desocupación a nivel nacional. Con una tasa de desempleo del 11.6% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026 (un incremento de 0.1 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y de 0.2 frente al mismo periodo del año pasado, cuando registró 11.4%), la capital boyacense prolonga una crisis laboral crónica que supera con creces el promedio nacional del 8%. Mientras las necesidades de la población en las calles existen por montones y castigan los hogares con la desocupación real, la distribución del presupuesto municipal se limita a dispersar saldos sobrantes en lugar de estructurar soluciones de fondo.
La reciente aprobación de una adición presupuestal de $110.183.419.824,75 por concepto de superávit era una urgencia institucional insoslayable para rescatar al municipio de la parálisis general. Sin embargo, esta descomunal bolsa de recursos que no se ejecutaron a tiempo constituye el monumento definitivo a la incompetencia y a la postración ejecutiva del destituido exalcalde Mikhail Krasnov. El señor Krasnov gobernó bajo la torpe premisa de que administrar bien el erario consistía en congelar el trámite de los recursos en las cuentas institucionales, paralizando el desarrollo de la ciudad mientras ignoraba las urgencias de los tunjanos. Aquella incapacidad de estructurar proyectos y de ejecutar los presupuestos provocó que miles de millones se quedaran represados administrativamente, obligando a tramitar a mitad de año una adición que debió incorporarse desde el primer trimestre.
La desidia de aquella gestión fue tal que el proyecto de adición debió presentarse y consolidarse en el primer periodo de sesiones ordinarias del año, como suele acostumbrarse, o en su defecto, durante el posterior periodo de sesiones extraordinarias. Sin embargo, los plazos legales expiraron en el silencio absoluto de la inacción y Krasnov tras su indecorosa salida prefirió volcarse a las redes sociales a quejarse de que la ciudad no vería eventos tradicionales como la Noche de los Museos. Fue una falacia argumental rampante, pues los eventos no se ejecutaron simplemente porque él jamás gestionó ni radicó los recursos del superávit necesarios para financiarlos. Tras bambalinas, la estrategia parecía orientada a dejar de manos atadas a quien asumiera el control del municipio, desprovisto de personal y de herramientas operativas, para intentar sostener el relato de que la ciudad solo funcionaba bajo su mando.
Frente a este río de dinero recuperado a cuentagotas en este tramo del 2026, algunos portales informativos inescrupulosos, adictos al clic fácil y al sensacionalismo barato de redes sociales, han querido montar un burdo tribunal de sospechas contra la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez. Sugieren con una ligereza perversa que “el afán” de tramitar esta adición, que no es tal pues se tuvo que haber tramitado hace meses, responde a un oscuro interés de última hora antes de que termine su interinato de cara a los nuevos comicios. Nada más alejado de la rigurosidad factual. El verdadero rol de la Alcaldesa encargada no ha sido la complacencia ni la codicia, sino liderar una maniobra de salvamento fiscal para evitar la parálisis absoluta de la ciudad. Dilatar la incorporación de este superávit habría sido un acto de negligencia criminal; sin embargo, Jiménez Gómez simplemente ha tenido que asumir la ingrata tarea de destrabar a contrarreloj el presupuesto que la inoperancia de su predecesor dejó bajo llave de forma deliberada.
Lo alarmante y profundamente reprochable es la pavorosa falta de sentido y de estrategia económica en el destino de los $110.183.419.824,75 aprobados por el Concejo. Que el proyecto requiriera un trámite expedito por la urgencia del municipio no eximía a los cabildantes de cuestionar la alarmante miopía de las asignaciones frente a la mayor problemática social de la ciudad. Al revisar el componente de inversión, salta a la vista que dependencias como Actíva-t, concebida en teoría para mitigar la desocupación local, quedó completamente desfinanciada con una asignación de cero pesos. Por su parte, la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (UMCITI), llamada a potenciar proyectos productivos, apenas recibió la cifra marginal de $284.314.036,36.
Incluso el rubro de $1.650.110.121 asignado dentro de la Secretaría de Fomento Económico para el emprendimiento, la formalización laboral y la productividad empresarial es un enigma presupuestal. Nadie en el recinto del Concejo se tomó la molestia de interrogar el "cómo" se ejecutarán esos recursos. El proyecto guarda un silencio sepulcral sobre si ese dinero se pulverizará en conferencias estériles, pasajeras ferias de emprendedores o si realmente se usará para aliviar la asfixiante carga tributar que frena a los creadores y potenciales creadores de empresa en la ciudad.
Cuando la desocupación cede en Tunja, nunca lo hace de forma estructural ni sostenida en el tiempo, sino mediante ínfimas variaciones marginales. Las escasas temporadas de tregua coinciden invariablemente con las festividades de fin de año, un espejismo estacional donde el comercio y el sector de servicios contratan mano de obra temporal para contener la crisis antes de que el calendario devuelva a la población a su cruda realidad. Fuera de esos paréntesis festivos, el panorama es la precariedad absoluta. Quienes deciden quedarse y no migrar terminan atrapados en el umbral del inconformismo corporativo, abriendo pequeños negocios independientes que rara vez logran escalar o progresar debido a la hostilidad del entorno económico municipal, que nunca es contrarrestado por la administración municipal para hacerle más llevadero el camino a los emprendedores.
El problema de fondo es sustancialmente más grave de lo que las lecturas superficiales sugieren. Los datos demuestran la desproporcionada concentración laboral en la rama de administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, sector mixto, de mayoría pública, que engulle a 24.000 trabajadores de los 79.000 ocupados totales de la ciudad. Aunque esta cifra agrupa servicios privados, expone con claridad la raquítica participación de la industria manufacturera, estancada en apenas 4.000 empleos. Vivir bajo la extrema dependencia de las dinámicas institucionales no es sano ni genera riqueza sostenible.
En lugar de pretender que el presupuesto actúe como un benefactor asistencialista, la incorporación de este millonario superávit debió apuntar al fortalecimiento del ecosistema privado bajo reglas estrictas de mercado. El fomento económico real no se logra regalando dinero público, sino facilitando las condiciones operativas para que el empresario asuma el riesgo con garantías reales. Una estrategia coherente exige el diseño de líneas de crédito blandas que sirvan de puente financiero para que los trabajadores independientes y las unidades de la economía popular transiten hacia la formalización real. Asimismo, la entrega de capital semilla debe condicionarse a un esquema riguroso de auditoría, asistencia técnica y seguimiento post-inversión que impida que los recursos públicos se pulvericen o desaparezcan en proyectos inviables que se declaran en quiebra a la vuelta de unos meses.
Para romper el círculo del desempleo juvenil y contener el drama de los 3.437 subocupados que reporta el DANE, es urgente centralizar rutas de empleabilidad técnica que alineen de una vez la oferta educativa con las demandas reales de las empresas privadas que logran sobrevivir en la ciudad. El incentivo para la inserción al primer empleo no debe salir del bolsillo del Estado mediante subsidios improductivos, sino de una política seria de exenciones y beneficios tributarios locales en el impuesto de industria y comercio para aquellos empleadores que generen nuevos puestos de trabajo formales para los jóvenes. Aliviar la carga impositiva local es la única vía legítima para que el sector privado tenga el oxígeno financiero necesario para crecer por su propio esfuerzo, haciendo que la reactivación laboral dependa de la productividad real y no de la dependencia presupuestal de turno.
Administraciones municipales y concejales deben comprender que la verdadera generación de empleo no se logra contratando más burócratas ni extendiendo nóminas paralelas en las entidades del Estado. El síntoma real debe corregirse dirigiendo el estímulo al microempresario para que logre la madurez técnica y pase a ser una pequeña empresa; al pequeño para que transite hacia la mediana, y a esta última para que logre la escala suficiente que dinamice verdaderamente el mercado laboral. Mientras el Concejo siga dándole trámite complaciente a adiciones multimillonarias que terminan financiando el funcionamiento institucional e ignorando los motores del emprendimiento autónomo, Tunja continuará siendo una hermosa incubadora de profesionales cuyo único destino viable será la terminal de transportes.
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