#Editorial
¿𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐝𝐚́𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥?
Tunja y Boyacá parecen vivir en una especie de burbuja en lo que respecta a la inteligencia artificial. Ni el municipio ni el departamento cuentan con una ruta clara, ni mucho menos con un plan estructurado, que les permita adaptarse, integrarse o implementar de manera seria y sostenida el conocimiento y las aplicaciones de esta tecnología que ya transforma el mundo. Es cierto que tanto la administración municipal como la departamental han impulsado cursos o capacitaciones dirigidas a algunos funcionarios. Sin embargo, la realidad es que el aprendizaje en materia de inteligencia artificial exige mucho más que un par de talleres elementales. Y se asume que han sido extremadamente básicos porque, hasta la fecha, no existe evidencia alguna de un uso considerable o relevante de la inteligencia artificial en la gestión pública o en la vida ciudadana. El único esfuerzo que se podría mencionar es AntonIA, un asistente orientado a la promoción del turismo. Pero más allá de ese ejercicio, la IA sigue siendo un territorio desconocido, subutilizado e ignorado.
La situación es todavía más preocupante si se miran los llamados Centros de PotencIA que se proyectan en Tunja y en Chiquinquirá. En el caso concreto de Tunja, la sostenibilidad de dicho centro ya se ha convertido en tema de inquietud en diversos sectores de la opinión pública. Lo grave es que ni la administración municipal, ni la departamental, ni siquiera la nacional, han podido explicar cómo se mantendrá en funcionamiento. No es descabellado pensar que este proyecto pueda terminar convertido en otro equipamiento urbano destinado a la obsolescencia. Ya ha ocurrido. La Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte fue construida sin prever su operación ni los gastos de funcionamiento; hoy, justamente por esa falta de planeación, no ha podido ponerse en marcha. Algo similar ocurrió con el Parque Agroalimentario en el sur de la ciudad: una obra sobredimensionada, no acorde con las necesidades reales, que nunca logró atraer a comerciantes ni ciudadanos y que permanece en el olvido. Tunja y Boyacá parecen condenados a repetir esta historia: obras costosas, inauguraciones vistosas, promesas incumplidas y, al final, estructuras muertas que pesan sobre las finanzas públicas.
La falta de un plan estructurado, actualizado y permanente en torno a la inteligencia artificial no es un detalle menor. La IA ha llegado para quedarse y sus efectos transformarán profundamente la sociedad. Aquellas comunidades que decidan ignorarla estarán, más temprano que tarde, condenadas a quedarse rezagadas en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Lo más absurdo es que la administración municipal de Tunja se escuda en la falta de recursos para la realización de obras, se queja de que no puede atender grandes necesidades sociales porque la mayor parte del presupuesto se destina a los gastos de funcionamiento de la burocracia municipal. Pero si justamente hay una herramienta que podría contribuir a reducir la cuota burocrática y hacer más eficiente el gasto, esa es la inteligencia artificial. El clientelismo y la politiquería han inflado innecesariamente la nómina pública. Son empleos que, en su mayoría, no responden a necesidades reales de la ciudadanía, sino a compromisos políticos que drenan los recursos y perpetúan la corrupción. Y mientras tanto, la posibilidad de liberar parte de esos fondos mediante el uso de inteligencia artificial es desestimada o ni siquiera considerada.
Los defensores del statu quo argumentarán que la burocracia “genera empleo”. Pero no se puede justificar un gasto insostenible bajo esa premisa, mucho menos cuando esos empleos son improductivos y obedecen a cuotas clientelistas. Lo que se necesita no es sostener puestos de papel, sino capacitar a los funcionarios de planta para que aprendan a usar herramientas de inteligencia artificial. Ese aprendizaje podría traducirse en servicios más eficientes para la ciudadanía, una gestión pública más ágil y un gasto más racional de los impuestos. El cambio no tiene que ser inmediato ni abrupto, pero sí constante, decidido y permanente. Lo que no es válido es que se nos venda la idea de una implementación “paso a paso” o “con calma” cuando la realidad es que la inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa, perfeccionándose a sí misma con cada día que pasa gracias a millones de usuarios en el mundo. Mientras en otras ciudades y países se multiplican los proyectos y la innovación, en Tunja seguimos mirando con recelo, como si la IA fuera un enemigo y no una herramienta a nuestro servicio.
El miedo, la indiferencia o incluso la hostilidad hacia la inteligencia artificial son actitudes que solo retrasarán el desarrollo de nuestra región. La administración pública debería liderar con el ejemplo, promoviendo su aprendizaje y uso no solo entre estudiantes o funcionarios, sino en toda la ciudadanía, sin importar edad, género, raza o cualquier otra condición. Y si las autoridades siguen dándole la espalda, la ciudadanía tendrá que exigir con mayor fuerza la implementación de programas serios de capacitación y el uso responsable de la inteligencia artificial. Porque además de modernizar los servicios públicos, ello significaría reducir costos de funcionamiento y liberar recursos para obras urgentes y para inversión social, que siempre se nos dice que no alcanza.
No hay excusa válida para seguir evadiendo esta discusión. La inteligencia artificial está transformando al mundo y Tunja no puede permitirse quedar al margen. El inmovilismo y la mediocridad nos condenarán a ser meros espectadores de una revolución que definirá el siglo XXI. La pregunta es sencilla: ¿Queremos ser protagonistas del futuro o resignarnos a repetir la historia de obras inútiles, burocracia insaciable y oportunidades perdidas?
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
En política local estamos acostumbrados a los nombramientos por conveniencia, a los favores disfrazados de méritos y a la improvisación permanente. Pero lo que ocurre con el actual secretario del Interior y Seguridad Territorial de Tunja, David Suárez Acevedo, supera cualquier límite de tolerancia ciudadana. Este señor no solo no está preparado para ocupar el cargo que hoy ostenta, sino que, en apariencia, no tendría las capacidades ni siquiera para desempeñarse en otro puesto de la administración pública, más allá de que en su haber ostenta un largo listado.
Suárez Acevedo desconoce los asuntos que le corresponden directamente, se esconde de las comunidades que requieren mediación y rehúye a los periodistas que lo buscan para aclarar temas de interés ciudadano. No se trata de una opinión lanzada al aire: lo digo porque lo he evidenciado en carne propia.
La primera vez fue en la inauguración del Ecoparque del Oriente de Tunja. Ese mismo día, temprano en la mañana, la Alcaldía publicó un decreto que regulaba la ocupación del espacio público con unas medidas tan estrictas que resultan imposibles de cumplir en la práctica. Como periodista, quise preguntarle a Suárez Acevedo sobre este decreto. ¿Su respuesta? Dijo no conocerlo. Sí, el secretario del Interior de Tunja, responsable directo de esos asuntos, desconocía un decreto publicado oficialmente en la web de la Alcaldía. Increíble. Para curarse en salud, me dio su número telefónico y me pidió que habláramos al día siguiente. Pero decidí no llamarlo: ¿cómo podía aceptar posponer la respuesta a un tema dictaminado y divulgado a nivel público, que requiere de respuesta inmediata por lo delicado de la regulación, y del que se supone que al momento de estar publicado es de pleno conocimiento de quien lo vigila y regula? En lugar de esperar, traté de resolver la inquietud en la rueda de prensa de ese mismo día con el Alcalde. Esa decisión, a la vez que práctica, fue el reflejo de la indignación que me produjo la ignorancia de Suárez Acevedo sobre un decreto que estaba a la vista de todos. Para rematar, cuando busqué la respuesta en el propio alcalde Mikhaíl Krasnov, me encontré con el mismo desconocimiento: tampoco sabía qué había firmado.
La segunda vez ocurrió hace apenas unos días, cuando los habitantes del barrio Libertador, el más poblado de Tunja, me alertaron sobre la problemática que genera un bar que lleva meses perturbando la tranquilidad de la comunidad. Lo llamé. No contestó. Le escribí un mensaje corto y directo por WhatsApp. Jamás respondió. Ni una devolución de llamada, ni una excusa, nada. ¿Miedo? ¿Pereza? ¿O será que el dueño del establecimiento tiene algún padrino poderoso en la administración y Suárez Acevedo prefiere no incomodar? No lo sé, pero lo que sí es evidente es la cobardía de un funcionario que se supone debería velar por la seguridad y la convivencia de la ciudad.
Y no soy el único. Varios periodistas han intentado consultarlo sin éxito. Líderes comunales han requerido su presencia en problemas urgentes de sus comunidades, y él simplemente los ha ignorado. Todo esto mientras se pavonea diciendo que ocupa “el segundo cargo más importante de la ciudad”. ¿Cómo puede ser que alguien que ocupa semejante posición no sepa dónde está parado?
Suárez Acevedo no fue nombrado por mérito, ni por capacidad técnica, ni por trayectoria. Su nombramiento responde a intereses políticos, a compromisos inconfesables y a la necesidad de inflar la hoja de vida de un futuro candidato. Porque no nos digamos mentiras: todo apunta a que este señor será impuesto como candidato a la alcaldía de Tunja, o peor aún, como alcalde por vencimiento de términos de unas elecciones atípicas que parece que no se darán.
Lo más bochornoso, sin embargo, ha sido escucharlo hablar en público. A comienzo de esta semana se atrevió a pronunciar un discurso en el que aseguró, con tono mesiánico, que acabaría con la prostitución en Tunja. Un discurso populista, demagógico y cargado de odio hacia poblaciones vulnerables, a la vez que incendiario de los corazones de quienes le escuchaban. Como si la prostitución fuera a desaparecer por decreto, o mejor aún, por obra y gracia del “todopoderoso” Suárez Acevedo. Va tocar entonces endilgarle la labor de que saque la prostitución de las zonas céntricas de Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, entre tantas otras ciudades que padecen esta situación. Propuso incluso llevarla a la periferia de la ciudad, una “solución” que ya ha sido discutida y descartada porque no es rentable para quienes ejercen ese oficio y porque solo empujaría la práctica hacia la clandestinidad. Con ello, no solo se multiplicarían los riesgos de trata y explotación, sino que se dificultaría cualquier control de salud pública frente a enfermedades de transmisión sexual. Propuesta que además evidencia el desconocimiento de Suárez Acevedo sobre la ciudad, pues tal propuesta ya fue discutida y descartada por anteriores administraciones.
Ese discurso fue la confirmación de que Suárez Acevedo no piensa, no proyecta, no planea. Solo improvisa con frases rimbombantes para pescar aplausos fáciles y alimentar sus aspiraciones políticas.
La ignorancia de este personaje alcanza niveles de vergüenza ajena. Basta recordar que criticó casi con asco la iniciativa de brindar duchas a los habitantes de calle en la antigua terminal de Tunja. Aseguró que era una decisión del SENA, cuando en realidad fue un proyecto impulsado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Un proyecto digno, humano, que no solo brinda confort y dignidad a una población vulnerable, sino que aporta a la salud pública de la ciudad. ¿Cómo es posible que un secretario de despacho no se entere ni siquiera de lo que se hace dentro de la misma administración que integra? ¿Cómo se puede confiar en alguien que no lee ni siquiera los comunicados oficiales de la Alcaldía que integra y de la que ocupa “el segundo cargo más importante”?
Mientras tanto, su aporte en actos públicos es tan nulo como risible. En la inauguración del Ecoparque, por ejemplo, se limitó a jugar ping pong y a posar para fotografías, pero por lo demás, ni discurso, ni aporte, ni entrevistas, ni nada ¿Qué más gráfico para ilustrar a un funcionario que confunde la oficina con un club recreativo?
Tunja no merece esto. No merece un secretario mediocre, ignorante, temeroso y populista en un cargo de tal relevancia. No merece ser gobernada por un títere que responde a intereses oscuros y que, para colmo, es primo de Luz Mila Acevedo, la poderosa directora de contratación de la Alcaldía. El poder detrás del poder, y razón misma por la que este personaje habría ingresado al gabinete municipal.
Lo que Tunja necesita es seriedad, capacidad, compromiso con la ciudadanía. Y lo que hoy tiene es a David Suárez Acevedo: un secretario perdido, un funcionario de adorno, un político de discurso barato que solo está calentando el puesto para intentar dar el salto hacia la Alcaldía.
Y si lo logra, si este personaje termina siendo impuesto como alcalde, que no nos sorprenda. Ya nos advirtió su propia ineptitud: no sabe dónde está parado.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Con las banderas de Francia Márquez en alto, miles de mujeres colombianas y gran parte de los movimientos feministas apostaron por Gustavo Petro. Seamos sinceras, fue más un voto de confianza en Francia que en él. Hoy, a las puertas del cierre de su mandato, lo que queda es un panorama vergonzoso, lamentable, decepcionante y lleno de deudas con las mujeres.
Las frases machistas, la cosificación, la invalidación de su propio gabinete y la complicidad con figuras como Armando Benedetti (denunciado por presunta violencia de género) no son simples errores: son síntomas de un presidente que, en lugar de avanzar en derechos, retrocede.
El episodio más bochornoso ocurrido recientemente fue con Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En plaza pública, Petro la abrazó y decidió hablar de su vida privada y de su físico en lugar de su gestión. Hagamos pedagogía, ¿Por qué no está bien lo que hizo? Porque llevamos décadas exigiendo que se nos reconozca por nuestras capacidades, no por el cuerpo, la ropa o la vida personal. Porque en contextos de poder, ese tipo de comentarios no son halagos: son reducciones que incomodan y perpetúan la idea de que las mujeres ocupamos cargos por apariencia y no por mérito. Y porque, seamos honestas, jamás hemos escuchado a Petro decirle a un ministro: “qué guapo estás” o “te perdimos por casarte”. Eso es sexismo, punto.
Y no fue un hecho aislado. En un consejo de ministros, Petro soltó frases como que “algunas mujeres deberían tener conectado el clítoris al cerebro” o que “ciertas mujeres se embarazan de los Brayan”. El país se rió, lo convirtió en memes, pero lo grave es otra cosa: lo que debería conectar el Presidente es su lengua con el cerebro, y hacerlo con enfoque de género. Porque no es un chiste, es un presidente hablando en espacios oficiales. ¿De verdad ese es el concepto de “gran mujer” que tiene? ¿Ese es el debate que merece un consejo de ministros?
Ni siquiera quiero especular qué quiso decir. Lo que me pregunto es si era un consejo de ministros para tratar temas de salud, ¿Por qué no abordó las verdaderas brechas? ¿Qué pasa con el acceso de las mujeres rurales a servicios médicos? ¿Con las barreras para la IVE? ¿Con la salud menstrual que sigue siendo un privilegio en muchas regiones? ¿Dónde quedaron las promesas de campaña que hoy son letra muerta?
Y la lista sigue: cuando dijo que se la pasaba resolviendo conflictos entre mujeres en su equipo, como si el problema fuera el género y no la corrupción de algunos aliados; cuando habló de “feminismos que destruyen” para defender a Benedetti, desconociendo la lucha de los mismos movimientos que lo apoyaron; o cuando calificó de “muñecas de la mafia” a las periodistas del país. Un patrón, no un lapsus.
Más allá de las palabras, los hechos también hablan. El Ministerio de Igualdad, que pudo haber sido una conquista histórica, terminó siendo un cúmulo de escándalos y burocracia. Su ejecución presupuestal no supera el 4%, mientras las necesidades en los territorios son urgentes. ¿De qué sirve asignar más de 500 mil millones de pesos para 2026, si no se sabe en qué se gastarán ni cómo mejorarán la vida de mujeres, jóvenes o población LGBTIQ+? Hoy esa cartera es más símbolo de frustración que de igualdad.
A estas alturas, lo que queda es un sinsabor: la primera presidencia progresista de Colombia, en la que tantas depositamos confianza, nos deja igual o peor que las anteriores en materia de género. Y no, esta no será la última columna sobre el tema, porque lo que está en juego no es Petro ni su ego, sino la vida y la dignidad de las mujeres y niñas en un país que todavía no aprende a respetarlas.
Ojalá alguien le recuerde al presidente que el cargo que ocupa exige estar a la altura. Porque cada vez que reproduce los mismos patrones machistas que tanto daño nos han hecho, no solo decepciona: confirma que aún estamos muy lejos de tener un gobierno verdaderamente feminista.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 𝑹.- 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Muchos se sorprendieron al escuchar al presidente Petro insinuando la posibilidad de retomar las aspersiones aéreas para frenar la innegable “bonanza” de cultivos ilícitos que se ha dado en el país durante su gobierno, postura que coincidió con la de Maduro invitando a EE.UU. a trabajar conjuntamente para combatir el narcotráfico.
Y aunque algunos atribuyen lo anterior a estratagemas de posicionamiento para adueñarse de la narrativa pública, lo que realmente hay son bandazos sacrificando su ideologizada política internacional, con el objetivo de enfrentar el poder de unos EE.UU. gobernados por Trump con su política antidrogas que, además de la posibilidad de la descertificación, incluyó el despliegue en el mar Caribe de la flota naval del Comando Sur dispuesta a todo, menos a respetar el DIH. Es decir, ante la espada de Damocles del poder de Trump, Petro y Maduro tratan de enfrentarlo, no con la fortaleza de una política internacional estratégica, sino mostrándose como dos presidentes inconsistentes, cuyo periplo de poder se acerca al borde de la tumba política e histórica.
Es que, en occidente, donde nacieron las ideologías, hace tiempo que estas se destiñeron. Hubo una época en la que las actuaciones políticas eran efectivamente ideológicas. En realidad, a pesar de llevar el morfema ideo, las ideologías tenían poco que ver con las ideas y sí mucho con medias verdades, pasiones, y, en casos extremos, odios. Sin embargo, en el fondo había unos principios y esos principios tenían que ver, de algún modo, con lo ético: las ideologías no fallaban por lo que veían sino por lo que no veían, es decir, no eran percepciones del todo falsas sino incompletas. Eso sí, la posibilidad de funcionar con principios cambiantes, según las conveniencias, ha estado siempre presente: “la política es dinámica” han dicho muchos para disfrazar su incoherencia. O, como dicen los nihilistas posmodernos “los principios no existen, solo existen las sensaciones. Y todo depende de ellas”.
Ahora bien, ampliando la mirada se constata que se sigue utilizando la fraseología ideológica en las batallas políticas, pero, en el mundo en su conjunto y en cada país, la lógica que se impone es la del poder. Esto se ha podido ver, por ejemplo, desde la segunda victoria de Trump. ¿Cuál es su ideología? ¿Qué quiere decir “Republicano”? Su ideología es su capricho y sus negocios, las posibilidades que le da el poder. Su voluntad ha hecho que cambie el escenario mundial. Se podrían poner de acuerdo Trump, Xi Jinping y Putin en repartirse las influencias en el mundo. No por coincidencias en ideologías - en principio opuestas: uno liberal conservador de lo propio; otro, leninista-capitalista; otro, excomunista nacionalista-sino por la mostrenca realidad del poder.
Lo cierto es que la más afectada cuando se impone la lógica del poder, es la libertad. No la libertad en abstracto, sino la libertad individual. Si eso no se advierte con claridad se debe a esa posibilidad que advertía Alexis de Tocqueville en el primer tercio del XIX, cuando observó que muchas personas, de forma más o menos consciente, aceptaban una situación de menos libertad a cambio de una mayor seguridad. Lo mismo que, desde el siglo XVI, advirtió Étienne de la Boétie cuando escribió sobre la “servidumbre voluntaria”.
Aún más, la tan cacareada globalización puede ser también globalización de esa servidumbre. Ya no hay siervos de la gleba, pero sí del globo. Empresas de comercio o de comunicación están hoy en manos de cuatro o cinco personas. Se nos regula la vida con ignorados algoritmos. Como hay que vender y vender para que la máquina siga funcionando, las incitaciones a la compra son continuas y constantes. Hubo un tiempo en el que hasta los diarios publicaban poemas. Hoy dependen de la poca prosa de la publicidad que les queda.
Si hay algo que le molesta al poder es tener que compartirlo. Y si hay algo en lo que se empeña diariamente es en aumentarlo. Quien tiene el poder, cualquiera que sea la forma de adquirirlo, llega a pensar que esa es su naturaleza: nacido para mandar. Es la lógica de las dictaduras. Pero también en democracia se puede dar un aferramiento al poder por el procedimiento de cambiar de principios cada vez que convenga. Por esto, y por enésima vez, Petro lanza el globo de que “hay que convocar una constituyente” para provocar a la oposición.
Lo más adverso de todo esto es que el individuo aislado no puede hacer casi nada para defenderse. Necesita una mediación, y así nacieron los partidos políticos. Pero dentro de los partidos también puede funcionar la lógica del poder y todo puede acabar dependiendo de la voluntad de uno, a no ser que se tornen realmente democráticos en el marco de un Estado de derecho.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂-𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Hace pocos días conocimos que Tunja es la tercera ciudad de Colombia con mayor índice de emprendimiento. Un logro que nos llena de orgullo. Sin embargo, tras ese reconocimiento hay una realidad que merece ser contada: el sacrificio, la resiliencia y la creatividad que caracterizan a cada emprendedor tunjano. Hoy te invito a mirar el detrás de cámaras del emprendimiento en nuestra ciudad.
𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱𝗼𝗿 𝘁𝘂𝗻𝗷𝗮𝗻𝗼
Multiplicidad de roles: La mayoría comienza solo, siendo gerente, vendedor, community manager, contador y hasta mensajero.
Inseguridad económica: Muchos emprenden por necesidad más que por oportunidad, con márgenes de ganancia ajustados y recursos limitados.
Aprender sobre la marcha: La falta de formación empresarial formal hace que talleres gratuitos, tutoriales y networking se conviertan en sus principales maestros.
𝗘𝗰𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝘃𝘀. 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀
Aunque Tunja cuenta con programas de apoyo, capacitaciones y convocatorias, la realidad es más compleja:
Información dispersa y trámites complicados: Muchos emprendedores no acceden a los recursos por desconocimiento o procesos engorrosos.
Competencia intensa: Gastronomía, belleza, diseño y comercio digital están saturados, lo que hace difícil diferenciarse.
Mercado local limitado: La población es reducida. Para crecer se requiere pensar en digital o crear alianzas regionales.
𝗕𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀
Miedo al qué dirán: En ciudades pequeñas la reputación pesa, y un fracaso puede frenar nuevos intentos.
Poca cultura colaborativa: Falta más unión entre emprendedores para compartir recursos y clientes.
Impacto familiar: Muchas veces la familia presiona para buscar empleos “seguros” en lugar de arriesgarse a emprender.
𝗢𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮𝘀, 𝗻𝗼 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝗼𝗯𝘀𝘁𝗮́𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀
Universidades como semilleros: Estudiantes y recién graduados son fuerza creativa y laboral para muchos negocios.
Mujeres emprendedoras: Programas como ‘Crece Mujer Emprendedora’ generan redes de apoyo e innovación.
Alianzas estratégicas: Asociarse con fotógrafos, diseñadores y agencias digitales impulsa el crecimiento y la visibilidad.
𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨:
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬
- Miedo al fracaso y a perder estabilidad.
- Falta de mentalidad empresarial y visión a largo plazo.
- Escasa formación en marketing digital y finanzas.
- Resistencia a innovar en sectores tradicionales.
𝗘𝘅𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼𝘀
- Mercado pequeño y competitivo.
- Dificultades para acceder a financiamiento.
- Visibilidad restringida por falta de estrategias digitales.
- Dependencia excesiva de programas institucionales.
𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀
- Mentalidad de “pequeño negocio” sin visión de escalabilidad.
- Escasa cultura de colaboración empresarial.
- Influencia familiar en decisiones de riesgo.
- Marketing: Lecciones desde la vida real
𝗨𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱𝗼𝗿 𝘀𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀:
- Sabe lo que prefieren sus clientes potenciales
- Saluda por el nombre y da crédito a quien confía.
- Coloca carteles llamativos con ofertas.
- Escucha a la gente y adapta su inventario.
- Eso es marketing auténtico: entender personas, conectar y ofrecer valor real. No se trata solo de publicidad bonita o redes sociales, sino de observar, escuchar, adaptarse y construir relaciones.
- El arte del pricing: vender con la mente y el corazón
- Fijar precios no es solo sumar costos
- Comparación social: Si otros ya lo compraron, el precio parece más confiable.
- Precio por unidad de valor: “Solo $10.000 por cada lección que transforma tu negocio”.
- Precio emocional: “Invierte $150.000 para ganar claridad y enfoque, no solo por una asesoría”.
- El precio puede conectar con la mente, pero también con las emociones.
- Lo que la teoría no te cuenta
- Los libros enseñan conceptos, pero la vida real enseña lecciones más profundas
- Una propuesta de valor es una promesa que debes cumplir.
- Muchos planes de marketing no sobreviven al primer mes.
- Posicionar una marca es tan importante como vender.
- Y poner precio a tu trabajo… también es emocional.
- La teoría es necesaria, pero la experiencia es el verdadero maestro.
Hace pocos días orienté a treinta y ocho emprendedores en manejo de herramientas digitales en mi ciudad, observe que la motivación y la fe son inquebrantables, que vivir con un auto salario del menos del mínimo es una bendición para el mes. Pero lo que me causó curiosidad es que acá se aprende del error y la corrección de este sin lamentarse.
Está claro que en el camino del emprendimiento hay mucho por cocrear y coadyuvar. Algunos emprendedores tienen procesos sólidos, pero les cuesta delegar, otros dominan las redes pero temen autogestionar su propia publicidad, o simplemente no conocen las herramientas ideales para hacerlo.
Lo que realmente me enorgullece es ver la actitud y la aptitud de estas personas, su deseo genuino de salir adelante y aprender en el camino.
Sin embargo, también es evidente que, si las entidades de fomento y la Cámara de Comercio no se involucran activamente, el tejido social y este semillero de empresas tardarán mucho más en convertirse en casos de éxito.
𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹
El emprendimiento en Tunja es pasión, riesgo y aprendizaje constante. Detrás del orgullo por ser una ciudad emprendedora hay historias de sacrificio, creatividad y alianzas que hacen posible cada proyecto.
El desafío ahora es unir conocimiento, colaboración y visión para que nuestros emprendedores no solo sobrevivan, sino que crezcan y trasciendan fronteras.
El emprendimiento necesita apoyo los 365 días del año, no solo cuando se nos otorga el título de ciudad emprendedora. En nuestra región no contamos con grandes empresas que respalden este ecosistema; depender únicamente del sector público no es sostenible. Se requiere la participación de todos los actores: instituciones, empresas privadas, universidades y la misma comunidad emprendedora, para construir un verdadero entorno de crecimiento y oportunidades.
#Editorial
𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐚: 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨
La reciente instalación de una reja en el puente peatonal del barrio Santa Inés, como parte de un operativo municipal, pretende ser mostrada como una solución al problema de habitabilidad en calle que representa la mujer que por años permaneció en ese lugar. Sin embargo, esta medida no cambia su condición: lo único que ha conseguido es que ella se mueva del puente al frente de la iglesia del barrio, a escasos metros de distancia. Esta mujer nunca ha dejado de estar en la calle ni va a dejar de estarlo mientras no haya soluciones de fondo.
En otras palabras, el operativo no resuelve el problema como tal, solo lo desplaza. La presencia de habitantes de calle en Tunja, como ocurre en muchas ciudades, es un fenómeno complejo que no puede atenderse únicamente con medidas de control del espacio público. La dinámica del barrio aún no se ha transformado; lo que podría transformarse, más bien, es la manera en que como sociedad enfrentamos la exclusión, el consumo problemático de sustancias y la falta de políticas públicas sostenidas.
Es clave reconocer que esta mujer, si bien puede generar incomodidad social, también ha sido víctima de un proceso de estigmatización alimentado por prejuicios ciudadanos. Se le ha responsabilizado de que el puente “era peligroso” por su sola presencia o de que “era una cochinada” por su culpa. Y si bien la esquina que habitaba estaba en efecto sucia y generaba un mal aspecto, no es cierto que todo el puente estuviera en esas condiciones. Del mismo modo, tampoco hay registros en la Policía que prueben que ella haya agredido a alguien, cometido un hurto o sido capturada por algún delito. Ni siquiera los medios de comunicación locales han reportado algo distinto: cada vez que aparece en prensa es porque le han desalojado o recogido sus pertenencias. Incluso el señalamiento de que “el puente olía horrible” cuando ella estaba allí es falso: el puente no olía a nada. Lo que generaba incomodidad era la apariencia estética del lugar y la sensación de abandono, que muchos exageraron hasta convertirla en un argumento de odio.
También hay que decir que esta mujer encuentra en la iglesia del barrio un punto de apoyo: suele asistir a las eucaristías en la mañana y varios feligreses le brindan ayuda, ya sea con dinero o alimentos. Seguramente el presidente de la Junta de Acción Comunal, al contactar a las autoridades para pedir el operativo, nunca midió que ella buscaría quedarse cerca de estos apoyos, pues allí tiene parte de su supervivencia cotidiana. Al sacarla del puente, lo que ocurrió era lo más previsible: que buscara otro espacio cercano para permanecer. El resultado es que ahora el problema se desplazó al corazón mismo del barrio, con el riesgo de que otros habitantes de calle vean ese asentamiento como una señal para instalarse también. Esto podría iniciar un proceso de deterioro social que ni la presencia intermitente de la Policía ni una reja van a contener de manera permanente.
Por eso, insistir en los cerrojos como solución es errático. Lo que se necesita es una política pública seria y sostenida que reconozca la complejidad del fenómeno. En otras ciudades del mundo se han ensayado alternativas que podrían inspirarnos aquí. En Tunja podríamos empezar de manera modesta, con pasos pequeños pero firmes:
- Lockers temporales para que los habitantes de calle tengan dónde guardar sus pertenencias sin invadir el espacio público.
- Albergues de baja exigencia en alianza con ONGs e iglesias, que ya trabajan en el acompañamiento de estas personas. Estos albergues se diferencian de los tradicionales porque no imponen la condición de estar sobrio para acceder. Permiten la entrada incluso a quienes aún consumen alcohol o sustancias, y desde allí, con acompañamiento psicosocial se trabaja en la reducción del consumo y en la construcción de confianza. Han sido implementados en ciudades como Bogotá, Medellín, Montevideo y Santiago de Chile, y los estudios muestran que disminuyen la mortalidad en calle, reducen los problemas de orden público asociados y facilitan que las personas inicien procesos voluntarios de rehabilitación. En Santiago, por ejemplo, los programas de “albergues de baja exigencia” reportaron un aumento de más del 40% en la adherencia a servicios de salud entre sus beneficiarios.
- Pilotos de “vivienda primero”, a pequeña escala, para comprobar si es posible abrir una ruta real de integración. Esta estrategia, conocida internacionalmente como “Housing First”, se basa en ofrecer una vivienda estable e inmediata a las personas (de 4 a 10) sin hogar, sin exigirles antes superar adicciones o cumplir con requisitos previos. La lógica es que nadie puede reconstruir su vida si no tiene dónde dormir seguro. En Finlandia, este modelo redujo en más del 30% la población sin techo en una década; en Estados Unidos y Canadá, las evaluaciones han mostrado que más del 80% de quienes acceden a una vivienda logran mantenerse en ella después de un año, con mejoras en salud mental y reducción del consumo problemático.
- Y, sobre todo, mediación comunitaria: porque no sirve de nada poner rejas si no hay diálogo con el barrio ni con la persona afectada.
Es importante también subrayar que, aunque socialmente puede generar indignación o rechazo que alguien permanezca bajo refugio estatal mientras enfrenta adicciones a sustancias psicoactivas o alcohol, la estrategia no debe centrarse en perseguir o castigar a la persona. La prioridad debe ser ofrecer vías de reinserción, acompañamiento y apoyo para que pueda reconocer que tiene un problema y, desde allí, propiciar que abandone sus adicciones y reconstruya su vida. La oportunidad de un intento, la creación de conciencia y el acompañamiento profesional son esenciales: solo persiguiendo o expulsando no se logra superar la adicción ni la exclusión social.
Y aquí también hay una tarea para la ciudadanía. No basta con indignarse o con aplaudir cuando ponen una reja: hay que dar un paso más allá y plantear soluciones. Los vecinos, las juntas de acción comunal y cualquier persona interesada pueden hacer el enlace con la Alcaldía o con las autoridades competentes para buscar ONGs que financien proyectos como los albergues de baja exigencia, duchas comunitarias o programas de reducción de daños. Si esperamos a que el municipio lo haga solo, lo más probable es que no pase nada. La presión y la iniciativa ciudadana son claves para que estas alternativas puedan tener recursos y despegar.
Es evidente que la reja no soluciona nada de fondo, si así fuese, bastaría con poner rejas en todo sector de la ciudad en donde permanece un habitante de calle. Lo que Tunja necesita es reconocer que este no es un asunto de ornato urbano, sino de derechos humanos, salud pública y convivencia. Mientras sigamos pensando que la exclusión se resuelve con un candado, estaremos condenando a repetir la misma escena: operativos que desplazan, rejas que se oxidan, y una deuda social que se acumula.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Colombia se ha convertido en un auténtico paraíso del crimen. Un país donde la corrupción no solo existe, sino que se sostiene con firmeza sobre el bastión más podrido de todos: el sistema judicial. Ese aparato ineficiente y corrupto que, con toda su pompa, se presenta como garante de derechos, cuando en realidad es únicamente garantista con los victimarios. Aquí no hay ley, no hay orden, no hay nada. Lo que hay es un terreno fértil para que cada quien haga lo que le dé la gana, sin castigo, sin consecuencia, sin el más mínimo reproche.
Un grandísimo ejemplo de esta grotesca podredumbre lo tenemos en Tunja, con el alcalde Mikhail Krasnov. El hombre ha hecho del sistema judicial colombiano su propio circo personal. Ha recurrido a toda clase de maniobras y artimañas para dilatar su proceso de nulidad electoral y las investigaciones penales en su contra: excusas médicas tan rebuscadas como ridículas, como ese “dolor torácico” certificado en urgencias con un simple papel que se le entrega a cualquiera que lo pida; solicitudes absurdas como la de un traductor ruso, a pesar de llevar veinte años viviendo en el país; comparecencias sin apoderado cuando la norma exige lo contrario y se le ha avisado con la debida antelación. Todo lo ha hecho para burlarse del sistema. Y lo peor de todo es que el sistema se lo permite, se ha salido con la suya. O más bien, se han salido con la suya porque tinterillos, fiscales y jueces han sido cómplices de todo esto.
Vomitivo es poco. Es repulsivo que un aparato judicial que se proclama honorable se preste para este tipo de farsas. El discurso solemne de que la inasistencia a audiencias acarrea “gravísimas consecuencias” se derrumba en la práctica: aquí el victimario puede no asistir a cuantas audiencias quiera, y no pasa absolutamente nada. Así ocurrió en la imputación de cargos contra Krasnov y la exgestora social Sara Pedraza. Ella no asistió dos veces seguidas, sin justificación alguna, y ni siquiera su abogado sabía explicar su ausencia. El defensor público relató indignado que era imposible contactarla. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ninguna. El fiscal, cómodo en su silla, ni siquiera pidió la contumacia. Eso no es negligencia, es complicidad.
El resultado es claro: al victimario se le garantiza todo el debido proceso; a las víctimas, nada. Este cáncer no se limita a las altas esferas del poder y el dinero. También los delincuentes de a pie, los que roban un celular, golpean a su pareja o realizan estafas con plata de bolsillo a ciudadanos del común, encuentran refugio en un sistema que considera sus delitos como “bobadas” o “daños menores” y que se niega a “desgastarse” en atenderlos. La justicia colombiana, inepta, cobarde y mediocre, protege al malandro callejero con la misma indulgencia que al banquero poderoso o al político corrupto, aunque en el caso de estos últimos suele ser todavía más garantista.
Y lo digo con conocimiento de causa. He tenido que rogar por una citación a conciliación. Tres veces los victimarios no asistieron y la Fiscalía, en lugar de aplicar la amenaza de “gravísimas consecuencias” que estampa en sus papeles, simplemente les dio otra y otra oportunidad. ¿Resultado? Impunidad. ¿Consecuencia? Cero. Una farsa más en un sistema diseñado para agotar a las víctimas, para obligarlas a resignarse.
Es lo mismo que ocurre cuando un ciudadano común hace un negocio verbal, como sucede a diario en la sociedad de a pie, y es estafado. El sistema obliga a pagar una conciliación que no conduce a nada, porque los montos son bajos y el proceso judicial termina siendo más costoso que la estafa misma. Así, la justicia obliga al ciudadano a aceptar la pérdida y resignarse al abuso. Esa es la justicia colombiana: una covacha inmunda y hedionda donde fiscales y jueces se entrepiernan con corruptos, bandidos, sicarios y violadores.
En un país decente, Krasnov ya estaría destituido y tras las rejas. En un país decente, y no en este con justicia de república bananera, la Asamblea de Boyacá ya habría cumplido el fallo de tutela que le ordena sesionar para dar participación ciudadana en una sesión en la que hizo hasta lo imposible para negarla. Pero no: aquí se excusan en que “la Asamblea no está sesionando” y, cuando les conviene, convocan extraordinarias no solo para cumplir con la tutela, sino para meter otros asuntos al gusto y acomodo del Gobernador, a quien la Asamblea le aprueba absolutamente todo sin cuestionamiento alguno. La Asamblea no es más que un comité de aplausos. Si convocan otro periodo de extraordinarias de más de una sesión, los corruptos ganan, la sociedad paga.
¿Y todavía se atreven a exigir respeto hacia esta cloaca de justicia? No hay razón alguna para respetar un aparato judicial que solo siembra impunidad. Esa ineficacia es precisamente la que alimenta el deseo de justicia por mano propia: “Si el Estado no me garantiza que mi victimario me devuelva mi dinero o pague sus delitos, entonces prefiero comprar un revólver y hacerlo yo mismo”. Ese pensamiento, por más peligroso que sea, se extiende cada vez más en una sociedad cansada del abuso.
Lo dije antes y lo repito: la próxima vez que en Colombia viva un estallido social, debería ser contra jueces, magistrados y fiscales, esos cómplices del crimen que tienen al país hundido en la impunidad, en la miseria y en la guerra.
Necesitamos una reforma a la justicia, pero no esa que buscan los gobiernos como el actual, y como varios de los que lo precedieron, que tienen como fin ablandar las penas bajo el pretexto de que “los delitos son menores”. No. La reforma que Colombia necesita es para endurecer penas, acabar con los rodeos, castigar sin piedad al victimario. Ya hemos visto cómo guerrilleros, paramilitares, narcos, delincuentes comunes y corruptos se aprovechan del garantismo: no se arrepienten, no reparan, solo se burlan. Eso de que “el pobre es pobre porque quiere” cobra un sentido retorcido: cualquiera podría llenarse de plata robando celulares o estafando, porque en Colombia delinquir no tiene consecuencias.
Quienes decidimos no cruzar esa línea lo hacemos no porque el sistema nos lo impida, sino porque nuestra conciencia no nos deja dormir. Pero a diario tenemos que soportar el cinismo de escuchar que todo se hace en nombre de “los derechos humanos”. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿Acaso no somos humanos?
Emilio Tapia lo dijo sin pudor: robaba y seguía robando porque sabía que en Colombia no hay castigo. Cinco años de casa por cárcel en una mansión mejor que el hogar del 95% de los colombianos no es castigo: es premio. Un parásito como él no debería conservar ni su casa, ni sus lotes, ni sus comercios, ni siquiera la mugre de las uñas, o cuando mucho sus calzoncillos para que no exponga sus miserias. Lo cierto es que a personajes como esto tendría que expropiárseles absolutamente todo, para que comiencen de cero, con esfuerzo y dedicación, sin que cuenten siquiera con un celular, y que sus mismos contactos y conocidos sientan vergüenza de relacionarse con él. Ese debería ser el verdadero castigo a quienes saquean el erario, pero ya está visto que es todo lo contrario, pues hasta se dan el lujo de demandar al Estado, al mejor estilo de Miguel Nule.
Colombia tiene sed de justicia y hambre de castigo a la corrupción. Este sistema nauseabundo no merece el más mínimo respeto. No exagero al decir que nuestro país se acerca peligrosamente a la categoría de Estado fallido sin cumplir con cada uno de los componentes para considerarse como tal, pues el altísimo grado de impunidad habla de un Estado incapaz, en el que ni existe ni orden ni ley, ni nada.
Por eso escribo esta columna sin miedo de decir todo lo que he dicho, pues si se me antoja no voy siquiera a una audiencia de conciliación y me salgo con la mía. Aquí nadie paga nada, así que poco importa. Lo que sí importa es que la gente despierte, que se rebele contra este aparato judicial perezoso, mediocre, cobarde, corrupto y cómplice.
Ya estuvo bien de ser condescendientes con los delincuentes. Es hora de decir basta. O reformamos la justicia de raíz o la justicia por mano propia terminará imponiéndose. Y cuando eso ocurra, los primeros responsables serán quienes hoy, con toga y birrete, siguen encubriendo a los victimarios mientras la sociedad entera se desangra.
#Opinión #Boyacá #VidaDeHoy
𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬: 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒂𝒔
La Gobernación ha anunciado la contratación de un estudio cercano a los 400 millones de pesos para medir la percepción ciudadana sobre seguridad, bienestar y calidad de vida en los 123 municipios del departamento. Una apuesta ambiciosa que, en principio, busca llenar un vacío histórico: la falta de información confiable para planear políticas públicas basadas en evidencia. Bien por eso.
Vale la pena aprovechar este anuncio para recordar que, desde otros escenarios sociales, ya hemos venido adelantando ejercicios similares, con recursos propios y desde el compromiso ciudadano, para evaluar la seguridad de Boyacá con enfoque de género. Y esta columna busca precisamente compartir esa experiencia.
A través de nuestra Fundación Sobreviviente recogimos las voces de 438 mujeres de distintas provincias, edades, territorios y realidades. Los resultados son claros y también dolorosos:
● El 74% de las encuestadas no se sienten seguras en sus municipios.
● El 61% ha vivido o conoce un caso de violencia en los últimos seis meses.
● La violencia más común es la psicológica (59%), seguida de la física y la económica.
● El 78% percibe las calles y los espacios públicos como los lugares más inseguros.
● Muchas no denuncian por miedo, desconfianza o porque las instituciones les fallaron.
Parte del análisis que se desprende de estos resultados es que, pese a que insistentemente se repite que Boyacá es uno de los departamentos más seguros del país —incluso equiparado en ocasiones con territorios europeos—, las mujeres no nos sentimos seguras ni protegidas por un Estado que le ha fallado, una y otra vez, a las víctimas.
También, que aunque todo suele cuantificarse en cifras de homicidios y se enaltezca la reducción de muertes, existen violencias silenciosas que destruyen vidas de manera menos visible. Violencias que, aunque no siempre terminen en un feminicidio, pueden derivar en un suicidio, por ejemplo.
Y para completar el panorama, no contamos con calles seguras y, si algo nos sucede, es probable que terminemos guardando silencio porque no confiamos en la institucionalidad.
Más que percepciones, estas cifras son hechos que atraviesan la vida cotidiana en los hogares, en las calles y en las instituciones, reforzados por testimonios como:
“A veces se llama a la Policía y ni contestan”.
“En la comisaría están de parte del agresor (o me confrontaron con él)”.
Desde que planteamos la encuesta a comienzos de este año, nuestro propósito ha sido que estos datos se conviertan en acciones estatales, en prevención y en justicia con enfoque diferencial. Lo cierto es que vamos lento. Hemos expuesto los resultados en diferentes escenarios y, hasta el momento, solo hemos logrado que sean insumo para el Observatorio Departamental de Asuntos de Género.
Es decir, la voz de las mujeres ya está en la mesa de decisiones. Lo que corresponde ahora es que quienes tienen la responsabilidad de responder la escuchen y asuman compromisos que trasciendan los “toures” institucionales que lucen bien en la foto, pero que pocas veces pasan de la sensibilización.
Ojalá que estos planes sobre percepción ciudadana —que seguramente se inspiran en ejercicios como el que nosotras realizamos— se conviertan en esfuerzos complementarios, y no en iniciativas que terminen minimizando, ignorando o archivando lo que ya está dicho. El reto es que se diseñen e implementen con enfoques diferenciales, a la altura de la diversidad y complejidad de nuestro territorio.
Si quieres conocer nuestros resultados de la encuesta, da click en este enlace https://drive.google.com/.../1lyAZ1TXLVAjWbT50q0pVFU.../view
𝑷𝒐𝒓: 𝑱𝒉𝒐𝒏𝒂𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒍 𝑺𝒂́𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 𝑩𝒆𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂- 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒚 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍
En medio del turbulento escenario político de Tunja, la figura del alcalde Mikhail Krasnov ha encendido un debate tan necesario como complejo. Lo que está en juego, más allá de la valoración de una administración cuestionada por evidencias de inhabilidad, escándalos y actuaciones reprochables, es la forma en que la ciudadanía asume su papel frente al poder. En este contexto, las columnas de opinión se revelan como un espacio fundamental para la formación ciudadana, pues permiten ir más allá de los eslóganes emocionales y del ruido de las redes sociales, hacia una conversación pública sustentada sobre argumentos, análisis y pensamiento crítico.
𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗷𝗲𝗿𝗰𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼
Escribir una columna de opinión no es simplemente escribir lo que uno piensa, su punto de vista; es un ejercicio de investigación, interpretación y responsabilidad. En un país como Colombia, donde la democracia aún enfrenta grandes desafíos, estas piezas son herramientas que permiten hacer contrapeso a la desinformación y al populismo. Por eso, su valor radica no solo en la libertad que las ampara (consagrada en los artículos 20 y 73 de la Constitución), sino en su potencial para abrir debates, cuestionar narrativas dominantes y cimentar el camino para una ciudadanía más informada y menos manipulable.
La ciudadanía es un concepto que se construye, en parte, en espacios públicos donde se confrontan ideas, se sopesan argumentos y se deconstruyen mitos. Generalmente, en estos espacios, los autores firman sus textos y se enfrentan de cara a las controversias (no se esconden detrás de perfiles falsos u ofensas personales. Las columnas de opinión, en ese orden de ideas, cumplen una función pedagógica: le enseñan al lector a leer la realidad desde diferentes puntos de vista y a distinguir entre una opinión sustentada en razones y otra motivada únicamente por afectos o lealtades personales.
𝗟𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮 ¿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗹𝗮 𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻?
El caso de Tunja con el alcalde Krasnov es un ejemplo de cómo se puede fracturar la opinión pública entre dos polos: la emocionalidad y la racionalidad. Por un lado, están quienes lo defienden con vehemencia, incluso frente a evidencias claras de irregularidades. Sus argumentos suelen estar cargados de justificaciones falaces: “pero si todos lo han hecho”, “por lo menos es diferente”, “tiene buenas intenciones”, o peor aún, “déjenlo robar, como todos los demás”. Esta posición, más que un análisis, es una reacción visceral, un acto de fe política que ignora los hechos en nombre de la simpatía personal.
Por otro lado, están quienes lo critican desde la razón, usando argumentos sustentados en documentos, datos, decisiones judiciales y hechos verificables. Esta postura no busca destruir o ser radical, por el contrario, exige coherencia, rendición de cuentas y legalidad. En lugar de caer en el juego de la polarización, invita al análisis, al debate informado y al ejercicio de la crítica como forma de defensa de lo público.
La gran diferencia entre estas dos posiciones no es solo ideológica, sino epistemológica: una se basa en la creencia, la otra en la evidencia. Una se deja guiar por la emoción, la otra por la razón.
¿𝗤𝘂𝗲́ 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶́𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀?
La frase que circula con fuerza entre los defensores del alcalde, “si otros robaron, ¿Por qué él no puede?”, es alarmante. No solo naturaliza el delito, sino que lo legitima como parte del ejercicio del poder. Este tipo de lógica emocional, resignada y cínica, demuestra el daño profundo que ha hecho la corrupción estructural en Colombia: ha degradado nuestras expectativas sobre lo público, al punto de convertir el saqueo en una costumbre tolerable.
Frente a esta visión empobrecida de la política, es urgente fortalecer espacios que promuevan el pensamiento crítico. Las columnas de opinión tienen el deber ético de no sumarse a la propaganda, sino de desnudar sus mecanismos. No se trata de dictar cátedra desde una supuesta neutralidad, porque toda opinión tiene una posición; sino de invitar al lector a pensar por sí mismo, a informarse, a contrastar fuentes, a no dejarse arrastrar por el aplauso fácil o la indignación superficial.
#Editorial
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, ¿𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐣𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨?
Hace unos días el Consejo Privado de Competitividad presentó el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025, según el cual Bogotá, Medellín y, sorpresivamente, Tunja son las tres ciudades con mayores condiciones favorables para crear empresa en el país. La noticia fue recibida con orgullo por la Alcaldía de Tunja, que no dudó en presentarla como un estudio de gran rigor y en convertirla en bandera de gestión. Sin embargo, lo que a primera vista parece un motivo de celebración se convierte, al revisar con detalle, en un simple espejismo estadístico.
El propio informe del Consejo es claro en señalar que se trata de un sondeo y no de un estudio científico. Se trata de un ejercicio exploratorio de percepciones que, en el caso de Tunja, se apoyó en las respuestas de apenas 17 personas. Es decir, un número irrisorio si se considera que en la capital boyacense existen más de 7.780 empresas registradas. Pretender que esa muestra represente la realidad del tejido empresarial es un despropósito, y la entidad que elaboró el índice nunca trató de engañar a nadie en ese punto. Lo cuestionable es la manera en que la Alcaldía decidió interpretar los resultados, ocultando la naturaleza del informe y utilizándolo como insumo propagandístico.
Las inconsistencias del índice van más allá del tamaño de la muestra. En el indicador de infraestructura, por ejemplo, Tunja aparece mejor calificada que Santa Marta, pese a que carece de aeropuerto en funcionamiento. Esto ocurre porque al no contar con terminal aéreo, la ciudad solo es medida en dos subindicadores, mientras que a Santa Marta se le dividen los resultados en tres. A esa ciudad se le asigna además un puntaje de apenas 1 en su aeropuerto, mientras que a Tunja se le omite el dato que en lógica debería ser 0, lo que termina elevando injustamente el promedio. Es un cálculo ilógico que favorece a una ciudad sin conectividad aérea sobre otra que sí la tiene, pero que en la práctica terminó convertido en medalla para la administración municipal.
Para contrastar la euforia oficial, este medio realizó un sencillo sondeo en las calles de la ciudad. Se les preguntó a 33 personas si consideraban fácil o difícil emprender en Tunja. Aunque hubo quienes respondieron de manera positiva, la mayoría afirmó lo contrario, ratificando la percepción de que en la capital boyacense hacer empresa no es tarea sencilla. Aunque tampoco se trate de un estudio técnico, el resultado refleja lo que ya muchos saben: las dificultades estructurales para emprender en Tunja son una realidad que no se borra con cifras maquilladas.
El informe también resalta el valor de la formación académica, el capital humano y las competencias que se desarrollan en la ciudad, lo cual es innegablemente cierto. Tunja es reconocida por su vida universitaria y la calidad de sus profesionales. Pero de nada sirve formar excelentes estudiantes si luego deben migrar en busca de oportunidades que aquí no existen. El indicador se convierte en una cifra vacía, incapaz de reflejar la fuga de talento que golpea a la región.
La realidad empresarial de Tunja está marcada por el predominio de microempresas, que representan más del 96% de los registros en la Cámara de Comercio. Son ellas las que sostienen la economía local, generan empleo y mantienen vivo el comercio cotidiano. Sin embargo, las políticas de la administración parecen centradas en atraer grandes compañías externas, promesas que hasta ahora no se han materializado y que, en caso de llegar, difícilmente cumplirán con los anuncios de empleo masivo y beneficios para la ciudad. Mientras tanto, no existen planes sólidos para fortalecer a los pequeños emprendedores locales, ni para brindarles condiciones que les permitan crecer, consolidarse y transformarse en pequeñas o medianas empresas.
Paradójicamente, el mismo “estudio” en el que la Alcaldía se escudó para alardear califica muy mal a Tunja en aspectos fundamentales como confianza, redes de apoyo y cultura emprendedora. Es decir, allí donde se mide la esencia de un ecosistema empresarial, la capital boyacense aparece rezagada. Pero esos resultados no fueron motivo de celebración ni se mencionaron con el mismo entusiasmo con que se difundieron los positivos. En todo caso, los pocos logros destacados no son producto de la gestión del actual gobierno, sino de una constante histórica de la ciudadanía en materia de educación y formación.
La política local insiste en ofrecer exenciones tributarias para atraer grandes empresas, pero ignora que la clave está en las microempresas que ya existen. Esa debería ser la prioridad: crear condiciones para que los emprendedores de la ciudad puedan permanecer, crecer y generar empleo. Pensar lo contrario es insistir en un modelo equivocado que privilegia a compañías externas, las mismas que vienen a aprovecharse de la mano de obra local, que incumplen sus promesas y que, a la larga, dejan poco valor agregado en la región.
El problema no es el índice, que se presentó con transparencia como un sondeo limitado. El verdadero error está en haberlo utilizado como propaganda. Se infló un espejismo y se presentó como logro mientras los problemas estructurales de la ciudad siguen intactos. Tunja no necesita cifras maquilladas ni discursos vacíos: necesita políticas claras, coherentes y justas para sus ciudadanos. Necesita que se apoye a quienes ya apuestan por la ciudad, que se creen condiciones reales para los jóvenes profesionales y que se construya, con hechos y no con propaganda, un verdadero ecosistema emprendedor. Todo lo demás es humo, y la realidad tarde o temprano se encarga de disiparlo.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
En Tunja, la historia reciente de la administración pública es un desfile de despilfarro, complicidad y dobles estándares. No es un secreto ni un rumor que durante el gobierno de Alejandro Fúneme González se malgastó el recurso público, y el manejo de un crédito superior a los 93.000 millones de pesos es prueba irrefutable de ello. Proyectos que prometían transformación, desde infraestructura urbana hasta servicios esenciales, quedaron en el limbo de la ineficiencia, y en la mayoría de los casos, simplemente no existen evidencias de que se hayan ejecutado.
Es un hecho que Fúneme González, al igual que los miembros de su equipo de gobierno, deberían responder ante la ley por el despilfarro de estos recursos. Sin embargo, pese a denuncias interpuestas y procesos de control anunciados, no existe ninguna sanción contra él ni contra quienes lo acompañaron en sus decisiones. Algunos casos llevan años estancados en despachos judiciales; otros, lamentablemente, han sido archivados con comodidad y conveniencia para su círculo de amigos, esa red que protege la corrupción como un escudo invisible.
Lo más indignante es que esta inactividad, esta evidente complicidad de los organismos de control, no puede ni debe convertirse en un argumento para eximir al actual alcalde, Mikhail Krasnov, de vigilancia y escrutinio. Sin embargo, algunos de sus más fanáticos defensores pretenden exactamente eso: justificar cualquier eventual acto cuestionable de Krasnov basándose en la incapacidad o el contubernio que permitió a Fúneme González, y a cualquier otro exmandatario, salir impune.
Se pretende instalar en el imaginario colectivo que, dado que las investigaciones contra Fúneme González han sido ineficaces, así debería actuar cualquier proceso contra Krasnov. De esta manera, se construye una narrativa falaz: presentar a Krasnov como un “mesías incorruptible”, mientras la evidencia concreta de varias de sus actuaciones señala que su administración se mueve en los mismos patrones de despilfarro, el clientelismo y la arbitrariedad que caracterizo a sus antecesores. No estamos ante un “profesor incorruptible”, sino ante un mandatario que, en ciertos aspectos, es un calco al mejor estilo de Fúneme González.
Lo más preocupante es la actitud de los adeptos de Krasnov. Esa postura facilista, cobarde y mediocre de exigir a terceros que presenten denuncias contra los exalcaldes de los que reclaman justicia. Exigir que otros hagan lo que ellos no se atreven a hacer es, en esencia, un acto de cobardía y abuso. Quien decide interponer denuncias lo hace asumiendo riesgos, dedicando tiempo, conocimiento y recursos para enfrentar la maquinaria de la impunidad. Pedir que sean otros quienes carguen con esa responsabilidad mientras ellos se colocan en un pedestal moral es supremamente pusilánime.
Esos adeptos que hoy se rasgan las vestiduras en defensa de Krasnov son, en realidad, sostén y bastión de la corrupción en Tunja. Su indignación es selectiva: defienden a su “mesías” y atacan solo a quienes no forman parte de su círculo. Les molesta la corrupción cuando no pueden participar de ella; pero cuando logran integrarse a la red de beneficios, la defienden sin cuestionamientos, llegando a defender la más absurdas de las posturas o circunstancias. Así, se convierten en el eslabón más bajo de la cadena corrupta, satisfechos con migajas, con cualquier peso, mientras la ciudad paga las consecuencias de la negligencia, la ineptitud y el clientelismo.
No hay duda: Fúneme González, Pablo Cepeda Novoa y Fernando Flórez Espinosa deberían enfrentar penas y sanciones. Pero no depende del clamor popular ni del hambre de justicia social de los ciudadanos: corresponde a instancias judiciales, fiscales y de control determinar responsabilidades. Y aunque el debido proceso a veces se usa para proteger al victimario, este no puede ser pretexto para perpetuar impunidades. La ciudad no puede permitir que 93.000 millones de pesos desaparezcan sin sanción, que el piso de la Plaza de Bolívar se cambie a más del doble del costo estimado, o que un Parque Biblioteca funcione sin biblioteca y nadie responda.
Peor aún, cuando se aplican sanciones, estas suelen caer sobre los eslabones más débiles de la cadena: contratistas, interventores o funcionarios que realizaron estudios previos. Estos actores, aunque tengan alguna responsabilidad, no son quienes toman las decisiones de fondo ni quienes planifican el uso del dinero público, y mucho menos son quienes se benefician del reparto, más allá de las migajas que les arrojan. La responsabilidad recae, de manera indiscutible, sobre quienes gobernaron y planearon las acciones que llevaron al despilfarro y la corrupción.
Tunja merece algo más que la simulación de justicia social que promueven los adeptos de Krasnov. Necesita ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas sin doble moral, sin cobardía y sin fanatismo político. Solo así será posible romper la cadena de impunidad que ha permitido que Fúneme González y sus cómplices sigan caminando libres, mientras se pretende justificar cualquier irregularidad del actual alcalde. La corrupción no puede ser un deporte de seguidores, y la justicia social no puede depender de la conveniencia de quien hoy detenta el poder.
Exigir que otros hagan lo que uno no tiene valor de hacer es, además de injusto, moralmente repugnante. Los ciudadanos de Tunja deben dejar de ser espectadores pasivos y convertirse en actores conscientes del control social. Solo con vigilancia constante, denuncia valiente y exigencia firme de responsabilidades, será posible que la historia de malversación, complicidad y cobardía que nos dejó Fúneme González y que está perpetuando Mikhail Krasnov, no se repita bajo ningún otro gobierno.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒇𝒐𝒏𝒔𝒐 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 𝑹.- 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒆𝒍 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
El actual gobierno está aplicando una estrategia de seguridad que se puede asimilar a cualquier juego de mesa menos al ajedrez. Por esto, una nueva ola de violencia tuvo su pico la semana pasada cuando el jueves 21 de agosto se presentaron dos hechos que hablan por sí solos de muchas cosas menos de fortaleza y eficiencia del Estado y su Fuerza Pública: uno en Amalfi (Antioquia) y otro en Cali.
Y como si lo anterior fuera poco, la semana pasada arrancó con el secuestro de 34 militares en El Retorno (Guaviare) por parte de una comunidad instrumentalizada por una de las disidencias de las Farc, a raíz del acierto en combate de las tropas contra los delincuentes organizados de dicha disidencia. Fue aquel el quinto secuestro de miembros de la Fuerza Pública que ha ocurrido en los últimos años sin que se hayan adoptado medidas tácticas preventivas como pudiera ser dotar a las tropas que operan en ese tipo de áreas de gases lacrimógenos y máscaras de oxígeno para rechazar cualquier intento de secuestro, luego de lo cual se puede atender y aclarar cualquier reclamo de las comunidades frente a las autoridades. Lo cierto es que, aunque en el desenlace terminó por imponerse la autoridad estatal, de todas maneras, fue una muestra más de lo frágil que en varias regiones del país es el imperio de la ley y el orden frente al avance del crimen organizado y el consecuente control territorial.
Ahora bien, si pasamos al campo estratégico, es decir a la política de “paz total”, sobra decir que está haciendo agua por todos lados porque los ajustes de distinto tipo que requería desde su comienzo, empezando por los metodológicos, no se hicieron oportunamente y todo indica que no se van a hacer. Tanto así, que pese a la violencia que se recrudece de tanto en tanto, el Gobierno insiste en seguir vaciando de contenido el término “paz”. Y para la muestra un botón: luego del atentado al helicóptero de la Policía en Amalfi, representantes del Ejecutivo se reunieron en el Yarí con la autodenominada disidencia estado mayor de bloques y frentes (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, estructura señalada de haber ejecutado el ataque.
Y siguiendo con lo estratégico, esta vez en la ideologizada política exterior del gobierno Petro, hemos visto un presidente que, por respaldar al ilegítimo régimen de Maduro, trata de controvertir a EE. UU. sosteniendo que “lo del cartel de los soles es un invento para someter los países que no le obedecen a la extrema derecha”, porque el problema está en una tal junta del narcotráfico que opera desde Dubai. Y esto lo dice “espontáneamente” sin, al parecer, ocurrírsele que, pese al estilo Trump, este no actúa en el aire sino respaldado en informaciones emanadas de la inteligencia de la CIA y la justicia de su país. Y mientras tanto, que se sepa, no se ha hecho nada para volvernos a asociar con el grupo Egmont (inteligencia financiera) del que salimos por una de las tantas salidas en falso de Petro. Si hubiera hecho algo por regresar a dicha asociación habría podido obtener indicios serios que respaldaran lo de “la junta del narcotráfico” para presentárselos confidencialmente al gobierno de EE. UU.
Dicho lo anterior, no es de extrañar que, refiriéndose a nuestra situación de violencia, el periódico “El País” de España, haya publicado que “…(Colombia) ha fracasado en el proyecto colectivo de acabar con los grupos armados que comenzó hace una década con los Acuerdos de Paz. Hace apenas una década, Colombia era vista como un ejemplo de reconciliación. El Acuerdo de Paz del Estado con las FARC en 2016 no solo cerraba un ciclo de violencia de más de medio siglo, sino que convertía al país en un modelo internacional de resolución de conflictos. La imagen de un Estado capaz de negociar con su mayor enemigo y de integrar a miles de combatientes a la vida civil fue celebrada en casi todo el mundo y presentada como la prueba de que la política podía imponerse sobre la guerra. Hoy, todo aquello parece derrumbarse… La “paz total” naufragó porque se quiso sustituir esa tarea de Estado por la ilusión de que las mesas de negociación podían resolver lo que en el fondo es un problema de ausencia institucional”.
Así pues, es imperativo que en el próximo gobierno se implemente una estrategia de seguridad (nacional, pública y ciudadana) que combine la aplicación de la ley y el orden con la construcción perseverante de confianza hacia el Estado en los territorios, priorizando la protección de las comunidades. Esto es, una estrategia que contenga cursos de acción pacificadores y pacificantes.
#Opinión #Tecnología #VidaDeHoy
𝐈𝐀 𝐬𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐮𝐚𝐣𝐞 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐨
𝑷𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒕𝒖𝒓𝒐 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂-𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Como tunjano y ciudadano del mundo aprendí que la constancia y la coherencia son la única forma de ser transparente.
Un líder alguna vez me enseñó la metodología PREC:
Priorizar
Retroalimentar
Embarrarse
Cambiar
El problema es que muchos quieren saltarse el proceso. Se aburren, buscan resultados rápidos y terminan pagando el precio de la inconstancia.
En charlas con profesionales de otros países indican que particularmente nuestro medio latino es la de tendencia: querer todo ya.
En mi caso, yo amo el proceso: lloro, me incomodo, me desvelo… pero sé que ahí está el verdadero reto.
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#Editorial
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐈𝐀
Tunja fue seleccionada hace algunos meses como una de las ciudades que contará con un Centro PotencIA, iniciativa nacional que busca acercar a la población a las herramientas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Esta semana que está por terminar se realizó el acto protocolario de firma del acta de inicio del contrato para su construcción, con la presencia del ministro de las TIC, Julián Molina Gómez. Se trata de un proyecto de enorme trascendencia para la capital boyacense, pero que desde su concepción ha estado rodeado de inconsistencias y dudas que no pueden pasarse por alto.
Cuando la administración municipal lo presentó ante el Concejo y la ciudadanía se habló de una inversión de cerca de 15.000 millones de pesos, pero en el evento más reciente la cifra se redujo a 6.600 millones, de los cuales apenas poco más de 3.000 se destinarán a la construcción, mientras que el resto irá a dotación tecnológica. La contradicción en los montos revela falta de claridad y preparación en la planeación del proyecto por parte de la Alcaldía, algo que siembra desconfianza en un tema que debería inspirar certeza.
Algunos de los concejales, desde la discusión inicial sobre el cambio de destinación del lote donde se levantará la obra, ya habían advertido otra falencia de fondo: no se entregó información clara sobre cómo se financiará el funcionamiento del Centro una vez entre en operación. Esa duda sigue sin resolverse, incluso después del acto protocolario con presencia ministerial, en el que tampoco se ofreció una respuesta concreta. El riesgo es evidente: Tunja podría repetir la historia de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, que no ha podido entrar en servicio porque, según la misma Alcaldía, no hay recursos para cubrir los costos de nómina.
El problema de fondo es que este proyecto es demasiado importante para dejarlo a la improvisación. El desempleo en Tunja está estancado. Los últimos datos del DANE muestran que, mientras en el país la tasa se ha reducido de manera sostenida, en la capital boyacense la situación es idéntica a la de hace un año. La falta de oportunidades laborales se mantiene como una de las principales problemáticas de la ciudad, y el Centro PotencIA podría ser una herramienta valiosa para revertir esa tendencia, siempre y cuando se entienda su verdadera dimensión y se le dé el uso correcto.
El enfoque que hasta ahora ha mostrado la administración es limitado. Se plantea la formación de estudiantes en edad escolar como el principal objetivo, pero ese horizonte se queda corto. En un mundo en el que la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, la educación debe ser permanente, transversal y sin restricciones de edad. Hoy existen profesiones que desaparecerán en menos de cinco años y surgirán oficios que todavía no imaginamos. La posibilidad de adaptarse a ese cambio debe estar abierta para todos: jóvenes, adultos, emprendedores, trabajadores en ejercicio y quienes buscan empleo. No entenderlo de esa manera condenaría al proyecto a ser un recurso útil solo para una franja mínima de la sociedad.
El Centro PotencIA contará con 190 equipos tecnológicos de última generación, entre ellos 135 computadores, 42 tabletas, 6 consolas de videojuegos, 6 gafas de realidad virtual y un tótem de inteligencia artificial. Además ofrecerá ludoteca digital, aulas múltiples, salas de robótica y programación, espacios de producción de contenidos, asesoría en innovación y acceso gratuito a internet. Esta dotación, que resulta llamativa, tiene que traducirse en impacto real. Y para ello hacen falta alianzas estratégicas y compromisos claros. Uno de ellos tendría que ser con la Cámara de Comercio de Tunja, una entidad que hoy aporta muy poco a quienes pagan el registro mercantil. La Alcaldía debería exigirle que, con esos recursos, financie programas gratuitos y permanentes de formación en inteligencia artificial para comerciantes y emprendedores, de modo que este sector también pueda aprovechar las herramientas del Centro.
De lo contrario, lo que hoy se presenta como un logro histórico corre el riesgo de terminar convertido en una vitrina tecnológica de computadores apagados y salas vacías, como ocurrió con los Centros Vive Digital. Tunja no puede darse ese lujo. El Centro PotencIA debe asumirse como un proyecto de ciudad, capaz de brindar educación continua, fomentar la innovación y, sobre todo, abrir nuevas posibilidades de empleabilidad para una población que necesita con urgencia reinventarse. La diferencia entre que sea un motor de desarrollo o un elefante blanco dependerá, en gran medida, de que la administración municipal abandone la improvisación y construya un plan serio de operación y sostenibilidad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
A comienzos de esta semana la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhaíl Krasnov. Se trata de una decisión en primera instancia, aún pendiente de confirmación en segunda instancia, pero suficientemente contundente como para desnudar, de una vez por todas, la fragilidad de un gobierno que se construyó a punta de discursos altisonantes y victimismo calculado.
Apenas minutos después del pronunciamiento, el mandatario acudió a su estrategia favorita: las redes sociales. Allí publicó un video en el que, con su ya conocida retórica de mártir, intentó convencer a sus seguidores de que la sanción provenía de un simple contrato docente con la UPTC, diez meses antes de ser elegido. El problema es que eso no es cierto. El contrato en cuestión no era de docencia, sino para orientar a un grupo de investigación en traducciones. Y en Colombia la ley es clara: la docencia no genera inhabilidad, pero ese contrato tampoco era docencia. En otras palabras, Krasnov quiso confundir, maliciosamente, a la ciudadanía.
El alcalde, además, aseguró que consultó a varios abogados antes de lanzarse a la Alcaldía, quienes le habrían dicho que ser profesor no lo inhabilitaba. Pero aquí lo que se juzga no es la cátedra universitaria sino un contrato distinto, firmado bajo otra modalidad. Es un detalle que no puede pasarse por alto, aunque él intente disimularlo.
En su intervención también acusó, sin prueba alguna, a la clase política tradicional de estar detrás de la sanción. Viejo recurso de los populistas: culpar al “enemigo de siempre” para distraer del fondo del asunto. Pero su acusación se cae por su propio peso. Primero, porque la sanción fue proferida Procuraduría General de la Nación y publicada oficialmente en su portal institucional. Y segundo, porque la supuesta “desinformación” que denuncia fue replicada por decenas, quizá cientos de medios de comunicación locales, nacionales e incluso internacionales, sin que nadie pudiese desmentirla, ni siquiera él. Lo único que sí es desinformación es el discurso que pretende imponer él mismo, torciendo los hechos para victimizarse.
Krasnov, en su video, apeló a sus seguidores con la frase: “No se dejen desinformar, muchachos”. Lo irónico es que la única desinformación evidente es la suya. Lo que dice no solo tergiversa la realidad jurídica de su sanción, sino que confirma el talante de un gobierno que ha estigmatizado y criminalizado a todo aquel que ose contradecirlo o informar algo que le incomode.
No es la primera vez que el alcalde exhibe un desprecio por la institucionalidad. Ahí está su costumbre de recusar magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá y de la Sección Quinta del Consejo de Estado simplemente porque no le dan la razón. O su permanente irrespeto hacia instituciones del Estado colombiano, reducidas en su discurso a simples obstáculos para sus ambiciones personales.
Ahora bien, Krasnov se vende como un adalid contra la corrupción de la política tradicional, pero tiene un rabo de paja inmenso. Durante su administración se han firmado contratos multimillonarios y altamente polémicos. Entre ellos, la actualización catastral hecha a medias, en abierta contravía de la norma que exige que sea total; un mega contrato para la organización de eventos en el municipio, y un sinfín de contratos de prestación de servicios al servicio del clientelismo y del activismo disfrazado, más que del verdadero bienestar de Tunja. ¿Con qué autoridad moral señala entonces a la clase política de desangrar la ciudad?
En términos de gobernabilidad, los resultados hablan solos: bajísima ejecución, múltiples “salidas en falso”, desconocimiento de los temas de interés general y una inestabilidad administrativa crónica reflejada en la constante rotación de secretarios y gerentes que no se pliegan a sus caprichos. ¿Es esto estabilidad, desarrollo y progreso? Claramente no.
Lo cierto es que el argumento de la “persecución política” no resiste análisis. La sanción que hoy enfrenta Krasnov es el resultado de una inhabilidad objetiva, sustentada y hasta ahora más cerca de comprobarse que de negarse. Y la comunicación de la Procuraduría no es un rumor, ni un invento mediático, ni un montaje de sus enemigos: es un acto oficial. Pretender lo contrario es tanto como desconocer al Estado mismo.
Tunja no merece gobernantes que se aferran al poder con discursos populistas y narrativas de persecución, mientras por debajo de la mesa se firman contratos oscuros y se alimenta el clientelismo. No merece un alcalde que confunde deliberadamente a los ciudadanos para lavarse las manos, ni que use a la institucionalidad como saco de boxeo cuando no lo favorece.
El tiempo dirá si la sanción contra Krasnov se confirma en segunda instancia. Pero lo que ya es evidente es que su palabra, como gobernante, está profundamente desacreditada. Lo grave no es que haya caído en desgracia frente a la Procuraduría: lo grave es que arrastró con él la credibilidad de la administración municipal, sumiendo a Tunja en un escenario de desconfianza, parálisis y vergüenza institucional.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
La ruana y la papa en mi niñez eran símbolos de respeto, dignidad y sacrificio. Y es que en Boyacá, la papa representa subsistencia, trabajo duro y amor por la tierra. La ruana, berraquera, humildad, abrigo y cercanía. Pero hoy, ambos símbolos se han convertido en instrumentos de politiqueros marrulleros que los usan para manipular a las masas, y en los últimos días, para hacerlos parte del populismo barato con el que buscan tapar sus desastres.
𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗺𝗮́𝗴𝗶𝗰𝗼
Mariposas amarillas estampadas sobre una ruana fueron el preludio del nuevo realismo mágico en tierras boyacenses, que terminó en la firma de 2.5 billones de mentiras sin raíz y sin futuro. El famoso pacto que el equipo verde amayista alza en hombros como si fuera un logro histórico.
“Chequera loca” —como le llaman al autoproclamado e innombrable mesías— volvió a prometer hasta la risa. Pero no hay un solo documento técnico serio que respalde tanta dicha. Y peor aún, la lista está llena de proyectos reciclados y promesas viejas que no han cumplido, pero que siguen repitiendo sin el menor sonrojo.
Ejemplos sobran. La PTAR de Tunja está más manoseada que aguacate en rebaja: firmada desde hace dos años y ahora reaparece como si fuera novedad. El estadio de Sogamoso, otra vez en lista, y eso que hace poco le anunciaron 16 mil millones adicionales.
Lo mismo ocurre con la Torre del Hospital San Rafael, la Clínica María Josefa Canelones y otras obras verdes que están en el inventario proclamado pero que ya son reconocidas como monumentos al incumplimiento, sobrecostos, improvisación y falta de planeación. Fracasos que ahora maquillan dentro del “gran” pacto.
Además, descaradamente en ese costal de supuestos recursos por 2.5 billones de pesos, incluyen el millonario empréstito que vamos a pagar todos los boyacenses durante más de 12 años. ¿Plata nueva? Ninguna. ¿Gestión? Cero.
Y no se engañen, no hay obligatoriedad de cumplimiento ni ahora ni después, el gobierno Petro ya se acabó y la plata no alcanzó. Los mismos verdes están diciendo que no hay recursos suficientes para deporte, agricultura y vivienda, ¿y si va a haber para venir a repartir en Boyacá?
Lo que firmaron fue un cartón de discursos bonitos, que acompañaron de lágrimas teatrales—que ya aburren, indignan y ofenden—. Tanto así, que hasta el ungido de la ruana de mariposas se cuidó en salud y solo respaldó la foto, nada más.
𝗖𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗽𝗮
Mientras tanto, en otros escenarios del mismo circo, alcaldes y alcaldesas, se unen al show. Se burlan en nuestra cara, mientras fingen alzar bultos de papa para repartir a diestra y siniestra, bajo la fachada de una mentirosa estrategia de atender la crisis del campo. De fondo, absolutamente nada, se acaba la compra, se acaba la escena y otra vez los paperos van a salir a las vías a vender sus cosechas y seguramente también a protestar.
Su plan es pecar y rezar. Entregan papa, mientras a los perseguidos, los que piensan diferente o se han opuesto a su proyecto, los han hecho huir de sus casas, les han quitado la papa y les han impedido tener un sustento, ¿Será que creen que con un bulto de papa empatan los años de violencia y persecución política?
Hace más de una década que se ufanan de su supuesto compromiso con el campo y lo único que se inventan son papatones, quesatones y fotos con sonrisas, como paliativos que usan para mejorar su imagen.
La dignidad de nuestro pueblo se está canjeando por un tubérculo del que deberíamos sentir orgullo, pero que ellos convierten en embutido para tapar bocas, comprar votos y cosechar aplausos.
¡𝗔 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿!
A mí me duele ver tanto aplauso y arrodillamiento en esas publicaciones que tanto prometen y fingen; aunque me devuelve un poco la esperanza que ahora son menos que antes. Pero me duele que pareciera que hay gente que no despierta. Me duele Boyacá, me duele que no reaccionemos.
Y aquí va el mensaje final: Afuera de esas redes, hay personas, profesionales, equipos que se están resistiendo ante el sistema corrupto. No para ser el palo en la rueda sino para buscar justicia, construir un Boyacá diferente, honrar la palabra y la verdad. Pero para que esa lucha, que por demás a veces resulta agotadora, valga la pena, necesitamos que más boyacenses hagan lo suyo: reciban la papa, pero no coman cuento.
La papa, la ruana, el campo y Boyacá, es serio, se deben respetar y entre todos podemos dar la batalla para que así sea.
#Editorial
𝐃𝐞𝐥 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚
El reciente informe de la Contraloría Municipal sobre el Colegio de Boyacá debería estremecer a la ciudadanía tunjana. No hablamos de rumores, ni de denuncias aisladas: se trata de un documento oficial de más de 170 páginas que recoge 21 hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen presunto alcance fiscal, con un detrimento superior a los 344 millones de pesos, y cuatro podrían derivar en sanciones disciplinarias. Para una institución educativa, que debería tener como único norte la formación de nuevas generaciones, estas cifras no son menores: son una señal de alarma.
El Colegio de Boyacá no es una institución cualquiera. Es un símbolo, un referente histórico y académico que durante más de siglo y medio ha representado a Tunja, a Boyacá y al país entero. Se le llama con razón “el glorioso”, porque de sus aulas han salido presidentes, científicos, artistas, deportistas y ciudadanos que marcaron la vida nacional. Sin embargo, hoy ese legado está en entredicho por decisiones administrativas que parecen más cercanas al clientelismo político que a la gestión educativa responsable.
Resulta inevitable recordar las palabras del alcalde Mikhail Krasnov en su discurso de posesión, cuando prometió acabar con la politización y con el uso del Colegio de Boyacá como trampolín de la burocracia. Fue un mensaje que ilusionó a muchos y que parecía marcar un cambio de rumbo. Hoy, meses después, el panorama muestra exactamente lo contrario: el “glorioso” ha sido reducido, más de lo acostumbrado, a ser un botín de contratistas y cuotas políticas, confirmando que aquel juramento no fue más que retórica de campaña. Si esto es lo que Krasnov entiende por “acabar con la politización”, más le valdría no haber tocado nunca la puerta de la institución.
Los hallazgos descritos por la Contraloría dejan al descubierto un panorama desolador: contratos entregados a dedo, capacitaciones pagadas por millones que en realidad se ofrecen de manera gratuita en plataformas públicas, adquisición de programas informáticos por 95 millones de pesos sin que exista la capacidad técnica para instalarlos, profesores contratados sin carga académica y hasta un subdirector que, presuntamente, devengaba dos salarios del Estado de manera simultánea. A ello se suman maniobras financieras tan riesgosas como destinar más de 561 millones de pesos a un fondo de inversión colectiva, una acción que nada tiene que ver con la misionalidad educativa de la institución.
Quien intente relativizar estos hechos bajo el argumento de que “no son cifras escandalosas” se equivoca de plano. En un colegio público, cada peso cuenta. Por ejemplo, con los más de 4 millones reportados como presunto hallazgo fiscal, relacionado a la entrega de becas de indebida manera, se pueden mejorar aulas, o dotar laboratorios o adquirir materiales pedagógicos; con 95 millones se puede transformar la experiencia educativa de cientos de estudiantes. Minimizar estas irregularidades es normalizar la corrupción en sus expresiones más dañinas: aquellas que erosionan la confianza ciudadana y comprometen el futuro de los jóvenes.
La politización del Colegio de Boyacá, denunciada por concejales, padres de familia, periodistas y uno que otro valiente ciudadano, parece haberse convertido en la regla. El establecimiento público más querido de Tunja corre el riesgo de ser reducido a un simple fortín electoral, manejado con la lógica del “favor político” y no con el rigor que exige la educación pública. Si esa tendencia se mantiene, lo que hoy es un orgullo colectivo puede convertirse mañana en un ejemplo vergonzoso de cómo la politiquería arruina instituciones que deberían estar blindadas de intereses particulares.
La pregunta de fondo es simple: ¿Qué clase de ciudad queremos construir? Una que permite que la corrupción se normalice con contratos “menores”, o una que defiende con firmeza sus instituciones más preciadas. El Colegio de Boyacá merece más que discursos vacíos y gestiones amañadas; merece transparencia, planeación y, sobre todo, respeto por su historia y por los miles de estudiantes que confían en su formación.
Tunja debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Porque no se trata solo de un informe contable: se trata de la dignidad de la educación pública en nuestra ciudad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Hace unos días, el concejal Giovanny García García apareció en sus redes sociales presumiendo que gracias a su gestión se iniciaría el arreglo de la Calle 28 entre carreras 13 y 14. Lo dijo sin titubeos, con el desparpajo de quien se siente protagonista de un logro ajeno. El problema es que eso es, simple y llanamente, mentira.
Ante semejante afirmación, antes de convertirlo en noticia en este medio, busqué directamente la versión del concejal. García, con su habilidad acostumbrada para evadir, intentó convencerme de que existía una confusión: que quizá no era la calle que él mencionaba. Pero no contaba con que la mentira tenía fecha, video y hasta cronómetro. Minuto 1, segundo 7 de su propia publicación (https://acortar.link/JdsMUS): “la Calle 28 entre carreras 14 y 13”, dijo en su video. No había margen de duda.
Desenmascarado, el concejal recurrió al siguiente paso en su libreto: más mentiras. Dijo que había enviado derechos de petición y cartas a la Secretaría de Infraestructura de Tunja, y que ese era el resultado de sus esfuerzos. Según él, lleva desde 2022 mencionando en redes sociales la problemática. Pero los hechos no cambian porque se repitan en Facebook.
Lo cierto es que el arreglo de la Calle 28 no es consecuencia de ningún video, carta o petición de García. Se debe a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa, fallada en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja en 2023 y ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá en enero de este año. El fallo obliga al municipio a reparar la vía desde la Avenida Colón hasta la carrera 16, lo que incluye el tramo entre las carreras 13 y 14, que es el que se atribuye el Concejal.
Es gracias a esa demanda, con todo el esfuerzo que implica: redacción, consultas legales, audiencias, contrargumentos frente a abogados pagados con recursos públicos para evitar la reparación; que hoy se arregla la calle. El Concejal no puso la cara, no invirtió tiempo, no gastó un peso en realización de informes o costas procesales, no asumió el desgaste de enfrentar al municipio en un tribunal. Adueñase del mérito es una atribución abusiva y descarada.
Pero García insiste. Asegura que es gestión suya porque acompañó a la Secretaria de Infraestructura a la zona, y allí ella se comprometió a reparar la vía. Claro, lo que no dice es que ese compromiso no nació de la voluntad política, sino de la obligación judicial impuesta al municipio, y pactada en un lapso de seis meses que ya se habría vencido. La Secretaria no podía prometer menos.
Si realmente hablamos de “gestión”, ¿fue García quien interpuso la acción popular? No. ¿Fue él quien gestionó recursos en instancias nacionales o internacionales para financiar el arreglo? Tampoco. Su “gestión” es publicar videos y hacer intervenciones sin peso real en un Concejo Municipal al que nadie, más allá de las 20 o 30 personas que suelen estar en el recinto; pone atención. Si las súplicas de los concejales en ese espacio se tradujeran en hechos, Tunja ya tendría Villa Olímpica con velódromo, estadio de atletismo, centro de alto rendimiento, entre otros anhelados espacios deportivos; megacentro de eventos, centro de bienestar animal, deprimido en la Glorieta Norte, entre un larguísimo etcétera de pedidos que hacen los concejales pero que nunca hallan eco en las voluntades de la administración municipal. Nada de eso existe, y todos sabemos por qué: porque las palabras en el Concejo no construyen calles.
La desfachatez del Concejal raya en lo absurdo. En medio del diálogo conmigo, quiso incluso traer a colación otros supuestos logros, como su crítica a los contratos del Aguinaldo Boyacense 2022. Según él, fue parte de su gestión. La verdad es que fue este medio de comunicación el que en primicia reveló buena parte de los contratos de los artistas de aquella oportunidad tras encontrarlos en Secop, no el concejal. Una vez más, García presume de trabajos ajenos a punta de indignación, fácil de expresar por cualquier ciudadano.
Luego, en un intento por victimizarse, me exigió que como periodista conociera todo su pasado en redes sociales para comprender sus “defensas de causas públicas”. Pretensión absurda. Los periodistas no somos biógrafos de políticos egocéntricos. Nuestra labor es contrastar la información al consultarlos, no hacer arqueología en su Facebook para entender cada berrinche.
Por si fuera poco, el Concejal llegó al extremo de decir que de su propio bolsillo puso plata para emulsión asfáltica y almuerzos de trabajadores en otra calle cercana en la que se hizo intervención pero lastimosamente no duró. Si fue cierto, habría que recordarle que esa no es la función de un concejal. Su deber es gestionar recursos institucionales para que el municipio cumpla con la ciudadanía, no posar de benefactor para después restregar favores.
Es insultante que un político que se llena la boca diciendo estar en contra de la política tradicional recurra a una de las prácticas más tradicionales de todas: robarse méritos. No es la primera vez ni será la última vez, y ni siquiera es la práctica más deplorable en la que incurre nuestra corrompida clase política. Tunja recuerda cuando el Concejo citó a la Directora de la Unidad de Contratación a un debate de control político, vociferando que era necesario, y el día del debate García García se lavó las manos alegando que todos los señalamientos que existen sobre la Directora de esa Unidad son “rumores malintencionados de medios de comunicación”, para luego pedir perdón a la funcionaria por citarla a la Corporación. Le faltó coraje para afrontar con gallardía y profesionalismo la principal función que tiene como concejal: el control político.
La historia se repite: un concejal que dice una cosa en redes y otra en la vida real, un político que se victimiza cuando lo confrontan y que busca enredar con evasivas, un hombre que confunde videos con gestión y activismo con periodismo, oficio al que menosprecia y repudia cuando no es sumiso a sus intereses, del que además insta al municipio a que se recompense con cosas como “unas oncesitas”.
Aquí no Concejal. Aquí la prensa libre, crítica y responsable no se presta para esos juegos. Que quede claro: el arreglo de la Calle 28 se debe al trabajo serio y desgastante de un ciudadano que ganó en los estrados judiciales. No a las redes sociales de un concejal, ni a sus derechos de petición, ni a sus cartas, ni a sus publicaciones.
Lo demás son mentiras. Mentiras que, como siempre, terminan estallándole en la cara a quien las dice.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Durante los días de realización de las honras fúnebres por el execrable asesinato de Miguel Uribe Turbay, se expresaron unas posturas del presidente de la República, dos expresidentes y varios aspirantes a la presidencia que denotaron muchas cosas menos grandeza. Es más, mostraron la negación de una de las acepciones que el diccionario de la lengua española da del adjetivo ‘humano’: “comprensivo, sensible a los infortunios ajenos”. No solo esto, también expresaron la realidad presente en las siguientes palabras tomadas de la homilía pronunciada por el Cardenal Luis José Rueda: “…Reconozcamos sinceramente que estos son tiempos de empobrecimiento ético y de polarización agresiva que nos arruina, que acaba con nuestro país…”. Y si a lo anterior sumamos la evidente perversidad de la autoría intelectual del crimen y la extrema pobreza moral de los autores materiales, empezando por el adolescente que disparó, la conclusión no puede ser otra sino la de que una grave crisis ética y moral afecta a nuestra sociedad.
Crisis moral originada en que una considerable proporción de personas no saben lo que es una vida lograda, es decir, no tienen clara la respuesta de cuál es su fin en la vida. Por esto no saben o no ven que moral no es lo que deben hacer, sino lo que deben ser, lo cual los llevaría a practicar normas de comportamiento no como algo impuesto sino acogido. No es sino preguntarnos si en nuestra sociedad prevalece la norma de "no lo hagas porque dañas y te dañas" o más bien se impone la del que "lo importante es el dinero y que no te cojan". Lo cierto es que hay de ambas. Así las cosas, la clave está entonces en cómo conseguimos que los partidarios del "que no te cojan" no formen una categoría social preponderante sino excepciones. Solo así podremos llegar a tener una sociedad donde primen las rutas de concordia.
Y para alcanzar esa clase de sociedad, que la mayoría está deseando, debemos empezar no solo por exigir altura a los liderazgos políticos y efectividad a la justicia penal. También debemos revaluar la formación y la educación que estamos dando en las familias y en los centros educativos.
Ahora bien, respecto a la educación recientemente se dio un paso adelante con la promulgación de la Ley 2491 del 23 de julio de 2025 que dispone la incorporación obligatoria del componente de competencias socioemocionales en todos los Proyectos Educativos Institucionales del país, como lo explicó Hernán Olano en su última columna. Pero podemos y debemos avanzar más rescatando la formación en virtudes.
Lo cierto es que toda crisis social tiende a retroalimentarse: más allá del elemento objetivo que la provoca, la propia sensación de incertidumbre empeora la situación, sobre todo si el diagnóstico no es del todo acertado. La crisis de salud mental que atraviesa nuestra juventud –y no solo la juventud– es un ejemplo claro y dramático. Se ha apuntado, con la mejor de las intenciones y bastante intuición, al papel que probablemente están jugando las redes sociales o la coyuntura política e incluso climática. No obstante, cada vez somos más quienes sugerimos que el origen del mal, y también su solución, hay que buscarlo yendo a sus raíces.
Si se trata de una crisis moral, para salir de ella no basta con meter en cintura las empresas tecnológicas, o con concientizar a la juventud a base de charlas, o dotándola de más apoyo psicológico. El punto por destacar es que falta recuperar el sentido “duro” de la educación ética; desenterrar el ideal, supuestamente rancio y desfasado, de la formación en virtudes cuyo camino se está despejando. Por esto, en el ámbito de la educación del carácter se está dando un cierto desacomplejamiento, pues cada vez hay menos reparos en hablar de virtudes, de moral, de bueno y de malo, no solo de “diferente”. De hábitos que requieren esfuerzo pero que encaminan a la felicidad como hace siglos lo descubrió Aristóteles.
Hay quienes en el ámbito de la formación ética hablan de una cierta confrontación entre la educación en virtudes y la llamada “educación cívica”. Según este discurso, el primero sería más conservador y “moralista”, y el segundo, “progresista”. Pero si se mira detenidamente no existe una oposición real, pues ambos campos están intrínsecamente unidos: desarrollar un buen carácter es un requisito para la participación cívica efectiva. Es posible articular la tradición aristotélica con la psicología moral contemporánea como en efecto se está haciendo en algunos centros educativos.
#Opinión #Boyacá #Tecnología
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥?
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒕𝒖𝒓𝒐 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂- 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Muy buena pregunta, la respuesta es mejor, Boyacá ha logrado avances importantes en conectividad, educación digital y gobierno electrónico, pero todavía no logra cerrar del todo la brecha digital. Te resumo las principales razones que explican esa situación:
𝗖𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹
Aunque hay proyectos como “Comunidades de Conectividad” y “Centros Digitales”, muchas veredas alejadas siguen sin acceso estable a internet. La topografía montañosa de Boyacá dificulta el despliegue de fibra óptica y antenas, lo que hace más costoso llevar la señal. El acceso a internet rural aún depende en gran parte de soluciones satelitales o comunitarias de radio enlace, que no siempre garantizan calidad ni continuidad.
𝗖𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝘆 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱
No basta con tener cobertura: en muchas zonas rurales la velocidad es baja o el servicio es intermitente. La sostenibilidad económica de proyectos comunitarios depende de tarifas sociales y subsidios. Si no se consolidan, se corre el riesgo de que la infraestructura quede subutilizada. En síntesis, se deben realizar convenios con Juntas de acción comunal o líderes para que se apropien de esta infraestructura. El mejor ejemplo es Tunja con 88 antenas Wife o hodspost en la zona urbana solo en uso 15. Y en la zona Rural 18 sin uso. Abandonadas a la intemperie.
𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗮
Aunque existen más de 600 Centros Digitales, no siempre cuentan con el mantenimiento, actualización de equipos o personal suficiente. Faltan más espacios modernos de innovación (como el Centro PotencIA Tunja) en otras provincias del departamento, para que no todo quede concentrado en la capital. Ojalá este centro no se vuelva burocrático y se termine como los Vive Lab.
𝗕𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀
Tener internet no garantiza que la gente lo use productivamente. En varias comunidades, sobre todo rurales y adultos mayores, aún hay bajos niveles de alfabetización digital. Programas como Talento TECH 2.0 y Agrotech son un paso importante, pero todavía no alcanzan a toda la población.
𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮
En municipios con altos índices de pobreza, muchas familias no pueden pagar dispositivos (computadores, tablets, smartphones) o planes de datos. Aunque hay entregas de equipos (casi 8.000 computadores en los últimos dos años), la demanda supera la oferta.
𝗘𝗰𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲
Boyacá está avanzando con el clúster Sumertic y alianzas con Mercado Libre o Fedesoft, pero todavía falta un tejido más fuerte de startups y empresas TIC locales. La digitalización de las pymes avanza lento: muchas aún dependen de procesos tradicionales y no usan comercio electrónico ni facturación digital. Ojo, acá se requiere apoyar a emprendimientos nuevos. De 0 a 3 años en el mercado. No el simple bla, bla bla.
𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Aunque existen esfuerzos desde la Secretaría TIC, MinTIC y la Gobernación, todavía falta una articulación integral entre municipios, universidades, sector privado y comunidades para acelerar la inclusión digital. No todos los municipios tienen la misma capacidad administrativa para ejecutar proyectos de innovación.
Como lo diría cualquier boyacense: "Boyacá ya conectó a muchos, pero todavía falta lograr que todos usen la tecnología de forma productiva, inclusiva y sostenible".
Ya casi diez años de que Boyacá haya tenido el mismo equipo líder pero como que no dimensionan que para cerrar la brecha digital se puede agrupar en:
1. Más infraestructura en zonas rurales (fibra, antenas, satélites).
2. Mejor calidad y sostenibilidad de los servicios ya instalados.
3. Formación digital masiva para que la población use la tecnología productivamente.
4. Más dispositivos accesibles para familias de bajos recursos.
5. Fortalecer el ecosistema empresarial digital y apoyar pymes tecnológicas.
6. Mayor coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios.
La iniciativa para cerrar brecha digital empieza desde construir nodos de inteligencia artificial en las instituciones educativas rurales y urbanas, la idea es crear un ecosistema de forma rápida.
#Editorial
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨
Hace unos días, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que despertó curiosidad y hasta simpatía: “dan ganas de irse a vivir a Tunja”. Lo dijo al destacar a la capital boyacense como una de las ciudades más seguras de Colombia, con una tasa de homicidios tan baja que, según sus propias palabras, puede compararse con la de cualquier ciudad europea o estadounidense. No le falta razón. La tasa de homicidios actual de Tunja se ubica en 1,1 por cada 100.000 habitantes, un registro extraordinariamente bajo, incluso en comparación con contextos internacionales. Sin embargo, aquí es donde la precisión y la memoria histórica son necesarias: esa baja criminalidad ha sido siempre una característica de la capital boyacense.
Basta revisar los registros públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal de los últimos seis años, que son sobre los que existe posibilidad de consulta en su sitio web. En 2022, la tasa fue la más alta de ese período, con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023 y 2024, la cifra descendió a 3,5 por cada 100.000. Hoy, transcurridos siete meses y medio de 2025, la ciudad marca el punto más bajo de ese ciclo. En otras palabras: el dato es positivo, pero no extraordinario. Lo cierto es que Tunja, históricamente, mantiene indicadores criminales bajos, tanto en homicidios como en delitos como lesiones personales, hurto a personas o hurto a residencias. En términos de seguridad, Tunja sigue siendo la envidia de muchas capitales departamentales y un referente de ciudad tranquila en Colombia.
El comentario presidencial fue rápidamente aprovechado por el alcalde Mikhail Krasnov, quien salió en redes sociales a sacar pecho por lo que llamó un resultado “histórico”. El problema es que no lo es. Ni se trata de un hecho inédito ni obedece a alguna decisión diferencial de su administración. Como lo han hecho sus antecesores, Krasnov ha entregado cámaras de seguridad, drones, patrullas y motocicletas a la Policía Metropolitana, pero eso no es ni novedoso ni exclusivo de su gobierno. El verdadero sustento de la seguridad tunjana está en el trabajo constante de la Policía, en los diagnósticos y rutas de atención, y en la cultura ciudadana que caracteriza a los tunjanos, más que en los discursos del alcalde de turno. El riesgo de esta apropiación discursiva es que, así como hoy Krasnov presume cifras que no le corresponden, mañana será señalado cuando ocurran nuevos homicidios, aun cuando tampoco sean responsabilidad directa suya.
Petro tuvo razón en otra afirmación: la paz de Tunja no se ha construido a partir de acuerdos mafiosos. Pero esa paz puede ser frágil si la administración local insiste en desconocer problemáticas que sí merecen atención urgente. En el barrio El Consuelo, un ciudadano decidió tomarse la justicia por mano propia, y la Alcaldía ha brillado por su ausencia. Los ataques intempestivos de habitantes de calle como alias “Arcadio” y alias “Xiomara” también se han convertido en una habitual preocupación de muchos ciudadanos que miran con impotencia la incapacidad del sistema para garantizar los derechos no solo de los inimputables sino de todos los ciudadanos. En las redes sociales, la misma administración ha promovido ataques orquestados contra críticos, sembrando división y escalando un tipo de violencia simbólica que tarde o temprano repercute en la convivencia real. Así como en medio del concierto de Jhon Alex Castaño hizo uso de la palabra para pacificar a las masas, así mismo tendría que actuar el Alcalde para poner freno a quienes amedrentan y destruyen a otros ciudadanos vía redes sociales, simplemente por imponer narrativas que no se compaginan con la realidad. Y en violencia intrafamiliar, Tunja no exhibe mejoras verificables, y allí sí hay un terreno fértil para un verdadero cambio histórico…
Más allá de cifras frías, la seguridad también se construye en la capacidad de prevenir estos brotes de violencia cotidiana y de liderar procesos de reconciliación comunitaria. Otro frente en el que la administración local necesita reflexión es el de la llamada “recuperación del espacio público”. Retirar vendedores informales del centro histórico puede sonar popular, pero no equivale a mejorar la seguridad. La experiencia demuestra que los espacios públicos más seguros son aquellos apropiados socialmente, no los que se contemplan desde la distancia como si fueran obras de museo. El Bosque de la República, por ejemplo, no se hace más seguro ni más bello porque se desaloje. Un espacio vivo y habitado garantiza mucho más que un lugar vacío.
Reconocer la baja tasa de homicidios en Tunja no debería significar caer en el triunfalismo ni en la manipulación política. Sí, es un logro importante mantener la ciudad con índices envidiables, pero no es un milagro histórico de ningún gobernante en particular. Es una constante de su cultura y de su institucionalidad. El Acalde debería entender que su papel no es alardear con resultados que no le corresponden, sino trabajar en los temas donde Tunja todavía tiene deudas: violencia intrafamiliar, convivencia en redes sociales, recuperación positiva del espacio público y control de los brotes de justicia por mano propia.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Las dinámicas de la política contemporánea parecen competir a diario por superar su propio récord de absurdidad. Son estúpidas, ridículas y, a ratos, peligrosas. En lo local, lo departamental y lo nacional, los ejemplos sobran, basta con repasar la última semana en Boyacá para constatar que nuestra vida pública está atrapada en un carnaval grotesco y ficticio.
El episodio más comentado fue la visita del presidente Gustavo Petro a Sotaquirá. En los días previos, contratistas de la Gobernación de Boyacá y de la Alcaldía de Tunja fueron “invitados” a asistir. No hay pruebas concluyentes de obligatoriedad: en los casos que consulté, nadie pudo asegurar condicionamientos, y por el contrario me afirmaron que no se trató de una imposición. Circulan, sí, capturas de WhatsApp donde se habla de asistencia “obligatoria”, pero todo apunta a grupos específicos de contratistas, no a la totalidad ni en la Gobernación ni en la Alcaldía de Tunja. Que no haya existido obligación no vuelve sensata la práctica. Nuestro vicio es medir la política como barras bravas de fútbol: ¿quién mete más gente a la plaza? Se celebra el lleno como si fuera sinónimo de legitimidad, aunque el público sea inducido, seleccionado a conveniencia o, peor, ficticio. Y aquí la claridad es indispensable: llenar una plaza no puede ser indicador de nada, menos cuando se hace de forma fraudulenta, como ocurrió el pasado jueves en Sotaquirá.
Además, no es válido instar, ni siquiera permitir, que funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía asistan a este tipo de eventos en horas laborales: fueron contratados para servir a la ciudadanía, no para engrosar militancias, maquinarias o simpatías políticas. Incluso si fuese “por gusto”, la respuesta correcta era simple: ver la transmisión en vivo o consultar los informes noticiosos después o las mismas transmisiones que quedan en redes sociales para la posteridad. Y por el otro extremo, también hubo saña: activistas, varios de ellos camuflados en el oficio periodístico, ansiosos por marcar puntos trataron de imponer la tesis de la “obligatoriedad generalizada” sin sustento sólido. La exageración de unos alimenta la victimización de otros; el mismo remolino de siempre, en un país de odios crecientes ¡Todo mal!
Otro capítulo bochornoso en esta semana lo protagonizó el exsecretario de Infraestructura de Tunja, Rafael Acevedo. Tras publicaciones de medios de comunicación, incluido este, sobre su judicialización (https://www.facebook.com/share/p/1Do9KS9WCo/). Acevedo o su círculo cercano optaron por la hiperstición digital: fabricar “realidades” con perfiles falsos para inducir percepciones de la realdiad que distan por mucho de la misma. Nuestra nota acumuló más de 550 “me divierte” en un santiamén, con un patrón evidente: muchas interacciones provenientes de cuentas de “personas” de Medio Oriente. Es la misma practica que ejerce el actual alcalde, Mikhaíl Krasnov, con sus bodegas digitales. Inaceptable en quien pretende dirigir la ciudad y se vende como cambio y como decencia; si el que viene representa lo mismo que el que está, para el caso es mejor dejar al que ya está. Doblemente inaceptable es que ese círculo intente matonear a los medios por reproducir información oficial suministrada por la mismísima Fiscalía General de la Nación, difundida el 12 de agosto (https://acortar.link/IvGETx
). Si existe algún malestar por esa información supuestamente falsa, tendría que hacerse el reclamo a esa entidad, en vez de acosar y crear rencor contra los medios de comunicación que simplemente reproducen una información de carácter oficial. Por si fuera poco, este medio conversó con uno de los abogados de Acevedo y le ofreció un espacio para contar su versión, pues según él, el caso ya estaba archivado, y aun así prefirieron no dar la cara y acudir al matoneo digital, al mejor estilo de lo que ha venido haciendo Krasnov.
Como postre, el senador Ciro Ramírez Cortés. Luego de la visita presidencial, publicó en X un mensaje cargado de odio y veneno: que Petro “sube a tarima a criminales”. Para sostener el infundio, mezcló dos eventos distintos: el de Sotaquirá y uno en Medellín, donde sí hubo en tarima personas condenadas. Pura alquimia narrativa para agitar odios. La realidad es sencilla: en Sotaquirá compartieron tarima el Presidente de la República, el Gobernador de Boyacá, senadores, representantes a la Cámara, el alcalde de Sotaquirá y algunos campesinos y mineros. Ninguno con cuentas pendientes con la justicia, a diferencia de Ramírez Cortés quien sí tiene un expediente abierto, pero eso no le impide autoproclamarse juez moral y repartir etiquetas de “criminal”, seguramente producto del odio que incubó tras un año tras las rejas. Más aún, se llena la boca, al igual que muchos de sus copartidarios, hablando de “desescalar la polarización” mientras le echa gasolina al fuego. Pero qué puede esperarse de personajes como este, que con su publicación irrespetó a los campesinos y mineros por los que se rasgaba las vestiduras una semana atrás, revelando que su indignación es solo un producto de mostrar más no un sentir real.
El “lleno” manipulado de Sotaquirá, la bodega importada de Acevedo y el doble rasero del procesado Ramírez Cortés son síntomas de una misma enfermedad: una política que ya no busca convencer con argumentos, sino simular apoyos, destruir reputaciones y manipular emociones. En este circo, el ciudadano es público cautivo de una función mediocre que se repite con distintos actores. Las plazas llenas, los likes comprados y las narrativas falsas no son accidentes: son herramientas conscientes de una clase política que, cuando la verdad no le sirve, prefiere inventarse otra más útil. Y mientras tanto, la democracia paga la cuenta.
#Editorial
𝐔𝐧 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐲 𝐥𝐚 𝐛𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐚
El pasado 6 de agosto, Tunja cumplió 486 años de fundación hispánica. Una fecha que, en otras manos, podría haber sido una oportunidad para mostrar avances, fortalecer la identidad cultural y rendir homenaje a una ciudad que respira historia. Pero no. La conmemoración de este año pasará a la memoria como una de las más opacas y desafortunadas de los últimos tiempos.
De entrada, la ciudad no recibió ninguna obra de gran impacto. La Alcaldía, en un intento torpe de disimular la ausencia de logros, intentó vender como “inauguración” el ya conocido letrero gigante en la vereda El Porvenir, instalado desde hace meses y aún pendiente de iluminación. Una “entrega” tan forzada que raya en el insulto a la inteligencia ciudadana.
Es justo reconocer que los actos protocolarios fueron sobrios y, en lo estrictamente formal, estuvieron a la altura de la fecha. Sin embargo, incluso esa parte se vio empañada por un error grotesco: se izó una bandera del Colegio de Boyacá en lugar de la del departamento. Un descuido que, aunque algunos quieran minimizar, refleja la ligereza con la que se asumió la celebración.
Pero si hubo un episodio que definió el espíritu de este cumpleaños, fue la contratación del artista John Alex Castaño. Una decisión cuestionada desde el primer momento por amplios sectores de la ciudadanía, que advirtieron, con razón, que el evento propiciaría un consumo excesivo de licor y, con él, riñas y desórdenes. El alcalde Mikhail Krasnov, sin embargo, prefirió ignorar las advertencias y destinar buena parte del presupuesto a pagar una hora de música popular que terminó exactamente como se predijo: un festival de peleas, daños al mobiliario de la Plaza de Bolívar y el mandatario tratando de apagar el incendio que él mismo encendió.
La cifra duele: $149.800.000 en total para la celebración, provenientes de los impuestos de los tunjanos. Dinero que pudo haberse invertido de forma más austera e inteligente. Con la mitad de lo pagado a Castaño, se habría podido contratar a decenas de artistas locales, esos mismos que fueron marginados a pesar de las promesas de participación; y con el resto adelantar obras simples pero necesarias: andenes, señalización vial, parques infantiles, mobiliario urbano. Algo tangible y simple, pero que perdure.
Para colmo, no hubo anuncios de nuevas obras, ni actualizaciones sobre las que, un año atrás, el gobierno departamental había prometido como “regalo” a la ciudad. Todo sigue exactamente igual que entonces. Parece que el tiempo se detuvo, salvo para el reloj del gasto público.
Es una paradoja dolorosa: una ciudad que históricamente ha cultivado la cultura, que alberga talentos que dignifican su nombre, termina celebrando su cumpleaños con un artista cuyo repertorio poco o nada tiene que ver con la identidad tunjana, y cuya fama va de la mano de letras que celebran la borrachera o, incluso, hacen guiños a consumos más peligrosos.
El desfile de bandas estudiantiles y las danzas de la Escuela Superior de Artes de Tunja fueron, eso sí, momentos dignos y bien ejecutados. Pero fueron apenas destellos aislados en una jornada marcada por la improvisación, el derroche y la desconexión con la ciudadanía.
Krasnov optó por la salida fácil: contratar al “artista de las masas” sin medir las consecuencias. El resultado fue predecible y lamentable. Tunja merecía más. Merecía que su aniversario fuera un acto de amor por la ciudad, no una borrachera costosa que dejó más problemas que motivos para celebrar.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El pasado viernes primero de agosto, la Personería Municipal de Tunja recibió una notificación tan inesperada como sospechosa: la administración de Mikhail Krasnov le comunicó que en tres meses deberá desalojar sus oficinas del edificio municipal. La razón oficial es que el espacio “es requerido para el correcto funcionamiento de las dependencias de la Alcaldía”. La razón real es mucho más evidente: se trata de una retaliación política, un castigo directo por las investigaciones que la Personería ha adelantado sobre varios funcionarios de la actual administración.
El libreto es conocido. El gobierno notifica, con la cortesía de la anticipación que exige la ley, que no renovará el contrato de arrendamiento. Así, en el papel, todo luce pulcro y reglamentario. Pero en la práctica, el efecto es el de torpedear la labor de un organismo de control que, guste o no, está haciendo su trabajo: investigar las actuaciones de quienes hoy ostentan el poder en Tunja.
El argumento de que la Alcaldía necesita las oficinas para el “bienestar de sus funcionarios” es tan endeble como cínico. ¿De qué bienestar hablan si el mismo edificio municipal lleva meses lleno de pancartas que denuncian el maltrato laboral, el injusto aumento de salarios y otras condiciones indignas que padecen sus propios trabajadores? Más aún, mientras se expulsa a la Personería, la administración sigue alquilando locales del edificio municipal, a precio de huevo, a particulares.
Sacar a la Personería del edificio municipal no es un simple cambio de dirección. Es un golpe directo a la defensa de los derechos ciudadanos. La ubicación actual facilita que cualquier persona que acude al edificio en busca de soluciones a problemas con la administración pueda, en el mismo lugar, acudir a la Personería para recibir orientación, iniciar trámites o defender lo público. Perder esa cercanía significa poner más obstáculos a quienes ya enfrentan suficientes dificultades para que se les respeten sus derechos.
Y no es que encontrar un reemplazo sea sencillo. En el Centro Histórico no abundan los inmuebles que reúnan las características necesarias para las funciones de la Personería. Este espacio es un acierto precisamente por su facilidad de acceso para todos los sectores de la ciudadanía. La descentralización, en cambio, ha demostrado ser un fracaso: basta recordar el ejemplo del Florida Shopping Center, en el sur de la ciudad, donde reubicaron oficinas como la del Sisbén, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico. El resultado fue alejar los servicios de quienes más los necesitan y obligar a los ciudadanos a desplazarse a dos puntos distintos para completar un solo trámite.
Además, esta maniobra no solo pone en aprietos logísticos a la Personería, sino que le roba tiempo valioso a sus funcionarios, quienes tendrán que abandonar temporalmente sus tareas principales para dedicarse a buscar un nuevo espacio para funcionar. Y todo esto bajo la sombra de un plazo que, aunque legal, es insuficiente para conseguir un inmueble con las condiciones necesarias.
La incoherencia de la Alcaldía es descarada: dice querer “mejores condiciones” para sus trabajadores, pero poco o nada hizo cuando se conocieron las quejas de quienes fueron enviados al Florida Shopping Center, donde han tenido que soportar humedad, polvo y condiciones que afectan su salud y bienestar.
Si de verdad existiera un plan claro para las oficinas que hoy ocupa la Personería, lo lógico habría sido comunicarlo abiertamente, decir cuál es la finalidad o el uso que se les piensa dar, y explicar por qué es tan urgente. Pero no: la administración se limita a comunicados escuetos, sin explicar qué se piensa hacer con ese espacio ni cuál es la urgencia real por desalojarlo. Ese silencio alimenta la sospecha de que no se trata de mejorar nada, sino de apartar a la Personería del centro neurálgico de la gestión pública para debilitar su presencia y efectividad.
Estas artimañas no son exclusivas de Tunja. En otros municipios se ha usado la misma receta para “castigar” a personerías incómodas: complicarles la operación, someterlas a traslados forzados y restarles capacidad de acción. Y en el caso de Krasnov, no es la primera ni la última jugada de este tipo. Lo hemos visto en el contexto de la demanda de nulidad electoral en su contra y de las denuncias penales que enfrenta: dilaciones, evasivas y ataques a las instituciones que buscan hacerle contrapeso.
En suma, desalojar a la Personería del edificio municipal no es un acto administrativo inocente. Es un mensaje político. Y el mensaje es claro: en la Tunja de Krasnov, quienes fiscalizan al poder corren el riesgo de perder su lugar, literal y figuradamente.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Tunja conmemora hoy 486 años. Una ciudad a la que aún se le llama "la hidalga", pero que lamentablemente está cada vez más lejos de esa digna denominación, pues hoy lo que vemos es un panorama en el que el letargo y el abandono parecen consumir sus calles como resultado de administraciones locales mediocres -unas más que otras- y del resentimiento de un gobierno departamental que no ha logrado conquistarla en las urnas.
Y como sé que otros analizarán lo que pasa con la Alcaldía, yo me centraré en lo que ha sido el Gobierno Regional para Tunja, que vestido de verde en lo único que le ha contribuido a la ciudad es a que se empobrezca, se despedace, se deshilache, como la bandera que, sin pudor alguno, izó hace unos días la administración municipal.
Para entender la gravedad del abandono, hay que ver por el retrovisor lo ocurrido en los últimos años. Tunja no se ha salvado de inauguraciones a medias, sobrecostos en obras, ni de los ya conocidos “cheques chimbos”, que se han hecho muy populares en Boyacá desde hace más de una década. Y es que hace un año el gobernador Carlos Amaya —como bien recordó el Periódico El Tunjano— prometió cinco grandes proyectos como “regalos” para la ciudad. Todos, a la fecha, siguen “sin ejecución ni avances verificables”.
En teoría que ese sea el balance a la fecha no debería sorprendernos. Pero repasemos los anuncios.
Empecemos por el ya clásico caballito de batalla, el paso subterráneo en la Glorieta Norte. Por años, militantes del partido del gobernador han manipulado con esta promesa a los tunjanos diciendo que ahora sí será un hecho, pero lo único que existe es un render y la última promesa de actualización de estudios y diseños, lo que quiere decir que terminados estos gobiernos no se habrá puesto ni siquiera la primera piedra.
Y lo mismo ocurre con otras promesas recicladas el cuarto módulo de la PTAR (más anunciado que la puesta en marcha del aeropuerto de Rojas Pinilla que sigue sin operar); la rebautizada Avenida del Río, ahora eje ambiental del río, que tiene todas las excusas posibles de una obra vial, igual que la Calle 53 que se quedó en la anunciada actualización de estudios; y los planes de movilidad en las vías aledañas a la Terminal Juana Velasco de Gallo, que era la único que tenía que hacer el Gobierno Verde después de cortar la cinta, pero no ha podido.
Si nos vamos más años atrás, no cambia mucho el panorama, solo que podemos encontrar otra colección de cachetadas que ha recibido esta capital.
La clínica Josefa Canelones, varias veces inaugurada y aún convertida en una obra prácticamente abandonada, cuya máxima excusa es que le apareció otro daño y siguen en reparaciones. Mis dos hijas nacieron allí, como muchas otras personas. Y sí, tenía falencias, como toda infraestructura de salud pública en Colombia, pero al menos funcionaba. La compraron, la tocaron y la convirtieron en otro ELEFANTE VERDE. Suerte similar le puede esperar a la nueva torre del Hospital San Rafael, anunciada hace más de tres años, y que hoy sigue varada bajo excusas interminables.
El parque agroalimentario es otra obra mal hecha, entregada con serias fallas estructurales, pese a las lamentables y millonarias adiciones presupuestales. Pero es que de este parque hay que decir que lo que mal empieza, mal termina, porque esta obra fue adjudicada a un contratista presuntamente sancionado por la Procuraduría por incumplimientos en el Meta. Lo sabían. Se advirtió. Y aún así se le premió con recursos públicos en el primer gobierno Amaya.
¿Y la piscina municipal? Cerrada durante más de tres años por inoperancia. Reabierta recientemente bajo el nombre “Los Andes”. Sin cumplir un año de su show de inauguración, hace apenas unas semanas volvió a cerrar por casi un mes. Sigue con fallas. No se sorprendan si nuevamente aparece clausurada.
Del Hotel Hunza, poco o nada se sabe. Su destino es incierto, pese a haber sido anunciado para múltiples propósitos. Lo único que pedimos por “vida suyita” es que no corra con la suerte de otras estructuras como el Auditorio José Mosser, también en manos de la Gobernación, que lleva años envuelto en lonas, con la eterna excusa de que “están en estudios y diseños” para mantenimiento, mientras se cae a pedazos, junto con el resto de nuestro Centro Histórico.
Seguro hay más por decir y seguro en comentarios seguidores del Gobierno mencionarán obras entregadas por esta administración, así que adelante. Pueden hacer uso de su corazón verde y hablar de los huecos mal tapados que hace poco pusieron en el listado de los mal llamados logros. Pero ojalá, por lo menos, citen una obra que merezca llamarse digna de una capital de los boyacenses.
Y eso sí les pido que no se nos olvide que si algo han hecho claramente no es suficiente como ya lo expliqué, pero además es porque para eso se les paga. Para eso fueron elegidos. No son benefactores que nos regalan de su bolsillo. No son gamonales que estén administrando la finca. Son ordenadores del gasto público, obligados a gobernar para toda la región, no solo para su corriente política.
Paisanas, paisanos, que este aniversario nos sirva para abrir los ojos, despertar y exigir, así exigir moleste en Boyacá. Que nos sirva para dejar de ser simples espectadores. Porque este, lamentablemente, no es un feliz cumpleaños.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
En las últimas décadas ha tenido lugar un innegable proceso inflacionista de los derechos humanos que ha contribuido a su banalización y consiguiente desprestigio. No es extraño que a partir de la tercera generación de derechos no exista ya acuerdo sobre el contenido y alcance de las generaciones siguientes, que incluyen derechos cuyo sujeto no es ya el ser humano sino la naturaleza, el medio ambiente o los animales, o, cuando lo es, el individuo reivindica al Estado su derecho a satisfacer un deseo que él siente como una necesidad para un adecuado desarrollo de su personalidad, es decir se trata de un “derecho-deseo” claramente individualista.
El surgimiento de los “derechos-deseo” constituye la prueba más clara del proceso inflacionista y arbitrario de los derechos humanos, con la pretensión de transformar de un modo radical todo el sistema de estos derechos. No es este el espacio para hablar de los orígenes históricos y principales presupuestos antropológicos equívocos sobre los que se construye el discurso, pero sí podemos traer a colación la última demostración de que la tendencia de “derechos-deseo” está presente en Colombia, tanto así que se busca afianzar en leyes.
En el Congreso colombiano se está tramitando actualmente el Proyecto de Ley “Integral Trans”, conocido como Ley Sara Millerey –asesinada con sevicia- que busca garantizar los derechos de las personas transgénero. Este proyecto, que consta de aproximadamente 45 artículos, ya fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes y continuará su trámite legislativo en la Plenaria de la misma Cámara durante el actual período legislativo.
En concordancia con los presupuestos de los “derechos-deseo” define a las personas trans y no binarias como aquellas que se auto perciben con un género distinto al que tuvieron al nacer, incluyendo identidades “no binarias” y “fluidas”. En resumen, cubre identidad legal, salud, educación, trabajo, justicia, recogida de datos, y políticas específicas de reparación y reconocimiento simbólico.
Sin embargo, mientras sus promotores colombianos se ufanan de ser “progresistas de última generación” como el presidente Petro, en países más desarrollados están buscando reversar este tipo de “progresismo” porque es a todas luces perjudicial para la dignidad de la persona humana. Es así como más de 100 profesionales de la salud australianos han firmado una carta abierta en la que instan a los organismos nacionales de salud a que cesen el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas e intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes con angustia relacionada con el género.
La carta, dirigida a las principales instituciones médicas de Australia, destaca el creciente consenso global en el sentido de que el modelo médico llamado “afirmación de género” no cuenta con evidencia sólida que lo respalde y conlleva riesgos graves. Citando la histórica Revisión Cass del Reino Unido —la evaluación independiente más completa hasta la fecha sobre medicina de género pediátrica—los profesionales advierten que las prácticas actuales en Australia están poniendo en peligro a jóvenes vulnerables. Dicha revisión concluyó que la base de evidencia para las transiciones médicas en jóvenes es “débil e incierta”, una evaluación que coincide con los hallazgos de revisiones sistemáticas en toda Europa y, más recientemente, en Estados Unidos. Países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega han restringido significativamente estas intervenciones en respuesta a los datos emergentes. Específicamente la carta señala que estos tratamientos pueden causar daños irreversibles, como: - Esterilidad, - Disfunción sexual, - Efectos negativos en la salud ósea, - Cerebral y -Cardiovascular.
También la misiva advierte que los estándares clínicos australianos ignoran datos que muestran que alrededor del 85% de los niños con disforia de género resuelven su angustia de forma natural al atravesar la pubertad. También advierte la necesidad de volver a una atención basada en la evidencia. Es más, a la luz del creciente cuerpo de evidencia tanto internacional como nacional —y de las graves implicancias éticas y legales para los profesionales de la salud— los firmantes exigen un cambio urgente: alejarse de las intervenciones médicas perjudiciales y regresar a una atención prudente basada en la evidencia.
Piden además que el apoyo psicosocial sea restablecido como la primera respuesta para los jóvenes con angustia relacionada con el género, y que los organismos profesionales y reguladores emitan directrices claras y firmes al respecto.
Aún más, el “Women’s Forum Australia” se une a estos profesionales de la salud en su llamado a un regreso a la ciencia, la ética y el sentido común en el tratamiento de niños y jóvenes vulnerables.
#Editorial
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐨́ 𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Terminó el segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Tunja y el balance es tan deprimente como preocupante. Lo que debería ser un escenario de debate, fiscalización y defensa del interés ciudadano, terminó convertido, una vez más, en una sala de espera del Alcalde Mikháil Krasnov, donde se acata todo lo que él dicta y se ignora, una y otra vez, la realidad de la ciudad. Lo que ocurrió entre junio y julio de 2025 es probablemente uno de los episodios más insulsos, vacíos y serviles que se recuerden en la historia reciente de esa Corporación.
El periodo comenzó con una serie de informes de gestión de la Personería y la Contraloría, que aunque son necesarios, no produjeron acción alguna. Fueron sesiones meramente formales, sin seguimiento ni impacto. Luego, la agenda fue copada casi en su totalidad por las sesiones impulsadas desde la Administración Krasnov. La prioridad fue clara: no se discutió lo que interesa a la ciudadanía, sino lo que solicitó el Alcalde, sin importar su calidad o conveniencia.
Un ejemplo vergonzoso fue el proyecto para asegurar la prestación del programa de atención integral al adulto mayor, financiado con recursos de vigencias futuras. El proyecto fue presentado con vacíos e inconsistencias tan evidentes que fue rechazado en su primera discusión. Sin embargo, no tardó en llegar la presión desde las redes institucionales de la Alcaldía, que recurrieron al matoneo y la manipulación para conseguir su aprobación a la fuerza. Hoy, esa aprobación a las carreras tiene a los concejales bajo la lupa de la Contraloría Municipal.
A esa sesión forzada se sumaron otras de trámite anodino, como las relacionadas con la fijación de escalas salariales para la planta de personal de distintas entidades municipales. Sesiones sin contenido político real, sin interés público y sin mayor discusión. Pero lo más indignante fue constatar, una vez más, que los controles políticos en el Concejo de Tunja no sirven para nada. Durante el periodo se realizaron cuatro de estos ejercicios. Ninguno, absolutamente ninguno, arrojó resultado alguno. Fueron mero decorado. Escenografías de democracia que esconden una verdad inocultable: en el Concejo de Tunja la corrupción está de fiesta.
En algunos de esos controles se demostró de manera clara la ineptitud, la negligencia y hasta posibles actos de corrupción de varios funcionarios. Pero nada ocurrió. ¿Por qué? Porque los funcionarios están protegidos por un pacto de mutua conveniencia entre el Alcalde y un grupo de concejales que actúan como su comité de aplausos. Ese grupo de concejales ha decidido abandonar cualquier principio de independencia y entregarse por completo al oficialismo. No hay control, no hay crítica, no hay fiscalización. Solo hay obediencia a intereses malsanos y corruptos.
Uno de los temas más escandalosos del periodo fue el contrato para la reparación de la malla vial por cerca de 25 mil millones de pesos, que estaría en manos de Tierrasúa. No se dijo nada al respecto. No se conocieron detalles, ni cronogramas, ni condiciones contractuales. Nada.
Y cuando se citó a control político a la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, el espectáculo fue lamentable. Varios concejales sumisos casi la sacan en hombros, ignorando los múltiples señalamientos que recaen sobre esa dependencia. En medio de su cobardía, llegaron al punto de minimizar las denuncias, tachándolas de “rumores de medios de comunicación”, cuando en cualquier democracia funcional esos señalamientos habrían sido motivo de destitución inmediata.
Algo similar ocurrió con el proyecto del frigorífico. Se discutió durante horas, pero se aclaró absolutamente nada. Hoy el panorama es más confuso que antes. También se realizaron sesiones para “vigilar” a las empresas de servicios públicos, pero todo quedó igual. Las tarifas siguen siendo una carga insoportable para buena parte de la ciudadanía, nada cambió. Esas sesiones solo resultaron redituables para los concejales que han sabido explotar con promesas vacías el discurso demagógico de indignación contra las empresas de servicios públicos.
El mismo oportunismo se evidenció con el caso del empréstito de la administración de Alejandro Fúneme González. Varios concejales, con una indignación tan impostada como tardía, aprovecharon la tribuna para mostrarse preocupados, pero no han movido un solo dedo en términos de acciones legales, denuncias o demandas que permitan revertir el daño causado por ese endeudamiento que hoy ahoga las finanzas del municipio.
Todo este escenario está siendo orquestado, o al menos tolerado, por la actual mesa directiva del Concejo, que ha llevado a la Corporación a su punto más bajo en cuanto a legitimidad, credibilidad y dignidad. El desprestigio es tal, que el Concejo de Tunja atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Y no se trata solo de una crisis de imagen: es una crisis profunda, institucional, donde los pesos y contrapesos han desaparecido, y donde quienes deberían representar al pueblo se han entregado por completo a los intereses de un mandatario que no tolera la disidencia.
Este periodo de sesiones no solo fue estéril en resultados, sino nocivo para la salud democrática de la ciudad. El Concejo, lejos de ser un espacio de deliberación, se ha convertido en una correa de transmisión de los deseos del Alcalde, como en los mejores tiempos de Alejandro Fúneme. Y esa sumisión, disfrazada de institucionalidad, solo puede calificarse con una palabra: indignidad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La reunión del pasado 25 de julio entre la Secretaría de Educación y los contralores estudiantiles de Tunja podría haberse interpretado como un gesto de apertura y escucha hacia los jóvenes que ejercen veeduría sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Pero no. Lo cierto es que la administración municipal solo se dio por aludida después de que estos estudiantes expusieran, ante el Concejo de Tunja, las falencias del programa. Y no fueron denuncias menores: pan viejo, presencia de insectos en la comida y una proliferación de productos ultraprocesados en las tiendas escolares. Que hayan sido los estudiantes quienes lo relataran, con la timidez propia de quien se atreve por primera vez a levantar la voz, ya de por sí es admirable. Pero el gesto valiente de hablar fue recibido con desdén.
La reunión posterior se organizó casi en secreto. La invitación fue privada, dirigida solo a los contralores estudiantiles. No se compartió con los medios de comunicación, y aquellos periodistas que nos enteramos de su existencia recibimos el mensaje implícito de que no éramos bienvenidos. Que era un encuentro "íntimo", en un espacio “reducido”, y que por lo tanto, lo mejor era no asistir. No hubo transmisión pública, no hubo registros abiertos, no hubo intención de transparencia.
Y sin embargo, el secretario de Educación, Daniel Moreno Álvarez, no tardó en salir a culpar a los medios. Según él, la situación fue "agrandada" por la prensa. Que fueron los periodistas quienes exageraron los relatos de los estudiantes. Pero ni siquiera tuvo la honestidad de señalar qué medios fueron, ni de qué manera supuestamente deformaron la información. Lo único claro es que la Alcaldía busca el camino más fácil: culpar al mensajero, en lugar de asumir la responsabilidad de un programa que viene arrastrando críticas desde hace rato.
En honor a la verdad, y para que no hubiese tergiversaciones, algunos medios, como en el que se publica esta columna, optamos por citar textualmente a los estudiantes (https://acortar.link/LgWOKs).
Precisamente para evitar cualquier matiz que pudiera usarse luego como excusa. Lo que se denunció fue grave, y lo fue en boca de quienes a diario consumen esa alimentación. Resulta entonces inaceptable que, en lugar de reconocer los problemas, la administración insista en una narrativa de victimización institucional, acusando a los medios de generar un problema que ya existía.
Más preocupante aún es que, transcurridos siete meses del año, no se hubiera adelantado ni una sola reunión entre estudiantes y autoridades para hacer seguimiento al PAE. ¿Qué clase de gestión es esa? ¿Qué tanto interés puede tener una Secretaría de Educación que ni siquiera se había sentado con los estudiantes hasta que estos decidieron hablar ante el Concejo? El mensaje es claro: mientras todo se mantenga callado, todo está bien. Pero basta con que alguien levante la mano para que empiece la cacería de culpables.
Y el patrón se repite. Quien escribe esta columna recuerda cómo en alguna reunión con comerciantes informales, realizada en el Hoyo de La Papa, se me pidió no grabar, a lo cual accedí, incluso en contravía de mis intereses, en aras de no crispar un encuentro que de por sí ya era tenso. Esa conducta sistemática de restringir el acceso a la información, de blindar los espacios deliberativos, de evitar el escrutinio público, no puede seguir siendo una constante en una administración que se llena la boca hablando de puertas abiertas.
Resulta hipócrita que los funcionarios, recién posesionados, repitan el discurso de que todo el mundo tiene su número, que siempre están disponibles, que son aliados de la comunidad y de la prensa. Pero bastan unos meses para que no respondan ni a ciudadanos, ni a concejales, ni a periodistas. De puertas abiertas, nada. Lo que hay es un cerrojo informativo, sectario y malintencionado.
¿No sería más transparente permitir la entrada de los medios a estas reuniones? ¿O incluso transmitirlas en directo, para que cada quien se forme su propio criterio? En vez de eso, se opta por manipular a los jóvenes asistentes, inculcarles que los medios son los malos del cuento, y promover una versión oficial sesgada, unilateral, diseñada para proteger la imagen de una administración que prefiere el silencio a la crítica.
No se trata solo de que quieran acallar a los estudiantes. Lo que molesta a la administración es que se hayan atrevido a hablar antes de que les dieran permiso. Y una vez expuesto el problema, la reacción no fue atenderlo, sino culpar a quienes lo dieron a conocer. Es una conducta que revela una profunda incomodidad con la fiscalización ciudadana, una molestia con la libertad de prensa, y un desprecio por la inteligencia de quienes, pese a su juventud, ya entienden que la democracia no se ejerce en secreto.
