#Opinión #Tunja #Política

𝐍𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐡𝐢𝐣𝐮𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐳𝐨 𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐫𝐮𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐨́

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

La justicia disciplinaria y el control administrativo en la capital del departamento de Boyacá perdieron el rumbo, el rigor técnico y la dignidad institucional. En una ciudad acosada por cuestionamientos severos en la contratación pública, proyectos de infraestructura abandonados y manejos presupuestales plagados de opacidad, los organismos encargados de vigilar a los servidores públicos han decidido enfocar todo su poder punitivo contra la conducta verbal y el tono de la discusión política. La actuación abierta por la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá contra la concejal Laura Silva Roldán, a raíz de un madrazo lanzado en pleno recinto contra el exalcalde Krasnov, expone la velocidad con la que opera el aparato disciplinario frente a un exabrupto cotidiano respecto a la parálisis con la que se vigila la gestión del erario.

Como antecedente a esta situación, la propia procuradora regional de instrucción, Nidia Fabiola Hernández Marín, se presentó meses atrás en el recinto del Concejo Municipal durante las sesiones de la corporación. Hoy, la apertura del proceso disciplinario contra la concejal Silva Roldán a raíz de haberle dicho a la máxima autoridad municipal lo que posiblemente algunos otros ciudadanos le dirían en la calle, hecho por el cual la concejal ya presentó disculpas públicas en la plenaria del cabildo y ante los medios de comunicación, muestra a una Procuraduría Regional actuando con una celeridad pasmosa para sancionar un insulto, mientras en sus despachos las denuncias por presunta corrupción no avanzan con el mismo celo.

Nadie pretende justificar ni normalizar la vulgaridad en el ejercicio de la representación popular. El uso de expresiones soeces en el recinto de la democracia es un acto desafortunado que empobrece el debate, que debe ser reprochado éticamente y que obligó a la cabildante a retractarse públicamente. Sin embargo, resulta de una hipocresía colosal que el aparato sancionatorio del Estado pretenda satanizar un exabrupto verbal como si fuera un delito capital. Salvo los falsos puritanos que posan de santos, prácticamente cualquier ciudadano ha soltado un madrazo en un momento de furia o indignación. Convertir un insulto cotidiano, que no le roba un solo peso al contribuyente, en la prioridad punitiva de la Procuraduría demuestra que la entidad prefirió la doble moral y la persecución fácil antes que investigar los verdaderos atracos y conductas premeditadamente lesivas para la ciudad.

Acá resulta imprescindible evocar el pensamiento de Jaime Garzón, quien denunciaba con lucidez cómo este país padece la perversa costumbre de escandalizarse más por ver a alguien diciendo un "hijueputa" en televisión que por ver niños pidiendo limosna en la calle. En Tunja ocurre exactamente lo mismo. Nos persignamos por una expresión soez en el recinto del cabildo, pero normalizamos el desangre cotidiano del erario, la mediocridad administrativa y las faltas disciplinarias cometidas por quienes ostentan el poder.

El propio Concejo Municipal de Tunja es un monumento a la impunidad y a la trampa disciplinaria. En esa corporación se volvió paisaje la maña de concejales que llegan, contestan el llamado a lista, se quedan apenas quince minutos en sus curules y se salen a hacer otras cosas mientras el debate avanza. Muchos solo regresan al recinto si se percatan de que se va a votar la sesión permanente y hace falta su presencia para completar el quórum, jugando a la oda del todo vale con tal de asegurar el cobro del día. Un ejemplo claro de esta conducta fue el del propio presidente de la corporación, Brahiam Quintana, quien al inicio del periodo de sesiones ordinarias en el mes de marzo brilló por su ausencia sistemática. Mientras la ciudadanía y sus propios compañeros de recinto se preguntaban dónde estaba el presidente del cabildo y la mesa directiva tenía que ser conducida por sus vicepresidentes, se puede tener la certeza absoluta de que cada una de esas plenarias fue cobrada al erario municipal sin que la Procuraduría abriera una sola indagación por ese ausentismo remunerado. Y ni hablar de cuando se hacen esas sesiones exprés de máximo 15 minutos.

El “Concejo del Oráculo” no solo institucionalizó la trampa de cobrar honorarios por debates en los que no trabajan, asegurando la firma en la planilla para salirse del recinto sin que les importe el quórum ni la discusión, sino que puso el trámite del cabildo al servicio de sus intereses. Fue el propio Brahiam Quintana quien le negó el uso del recinto a la entonces alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, para evitar una sesión que afectaba a su círculo político cercano, encabezado por el destituido Krasnov. Sin embargo, estas faltas disciplinarias que fracturan la ética pública y despilfarran el dinero de la ciudad no generan el menor escozor en la procuradora regional Nidia Fabiola Hernández Marín, la legionaria enviada por los verdes para amedrentar a todo aquel que oliera a oposición en tiempos de contubernio entre el Gobernador y el entonces alcalde Krasnov.

La pasividad de la Procuraduría Regional de Instrucción se extiende a los abusos y disparates cometidos desde el ejecutivo municipal durante la gestión del destituido Mikhail Krasnov. Nada dijeron sobre la persecución e inspección arbitraria y desmedida a una comerciante en el Bosque de la República, ni sobre el papelón institucional de expedir un decreto de seguridad copiando y pegando textualmente una norma de Buenaventura que el exalcalde firmó a ciegas. Tampoco investigaron los escándalos al interior de la Alcaldía, como el caso de uno de los funcionarios encargados justamente de vigilar la comisión de faltas disciplinarias, que se hizo célebre por conductas indecorosas y acoso, aparentemente, bajo los efectos del alcohol, o la entrega selectiva de los videos de seguridad del edificio municipal a personas cercanas al mandatario tras altercados en su interior, negándoselos a la contraparte afectada.

Esta ceguera conveniente de la Procuraduría no nació con el gobierno de Krasnov, sino que viene de tiempo atrás con las administraciones de exalcaldes a quienes la ciudadanía señala en las calles con sobrada razón, a veces en los mismos términos que la concejal. Mientras el órgano de control duerme plácidamente, la ciudad sigue esperando explicaciones sobre el paradero y la ejecución de los noventa y tres mil millones de pesos del empréstito tramitado en la gestión de Alejandro Fúneme. Una deuda millonaria que se evaporó sin que los ciudadanos puedan ver las obras terminadas ni el rastro claro de los recursos, y cuyo trámite en el Concejo fue declarado irregular en un fallo de primera instancia que duerme el “sueño de los justos” en los despachos judiciales. Frente a la evaporación de semejante fortuna, así como ante tantas otras actuaciones cuestionadas a exmandatarios como Fúneme, Flórez, Montejo o Cepeda, la Procuraduría Regional jamás ha mostrado la misma fiereza sancionatoria que hoy despliega por un exabrupto verbal.

Esa anestesia del control disciplinario se evidencia en las grandes contrataciones del municipio que han comprometido el erario sin generar una sola sanción. Durante la gestión del entonces secretario de cultura Santiago Ebed Benavides Flórez, la administración municipal tramitó el proceso de selección para el Aguinaldo Boyacense 2026 por un valor superior a los catorce mil millones de pesos, logrando la adjudicación del convenio en un tiempo récord de menos de cuarenta y ocho horas desde la publicación de los pliegos. Una velocidad pasmosa para comprometer más de diez mil millones de pesos provenientes de los recursos propios del municipio, sin que la Procuradora Regional Nidia Fabiola Hernández Marín abriera una indagación formal para evaluar la transparencia en semejante proceso exprés, que además tiene visos claros para abstraer que ha sido direccionado, como aquel de exigir exclusividad en representantes de ciertos artistas y no otros.

El panorama de la impunidad se torna aún más escandaloso al examinar proyectos de infraestructura vial e inmobiliaria como el del contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías, donde se destinaron y ejecutaron cuantiosos recursos públicos en un contrato multimillonario que superó los quince mil millones de pesos sin que las obras fueran concluidas ni entregadas para el servicio de la comunidad, y con la imposibilidad de hacerlo a menos de 20 días de concluir el tiempo de ejecución del contrato, prórroga incluida. Frente a este evidente descalabro financiero, operativo y urbanístico, la Procuraduría Regional de Instrucción no ha mostrado el menor interés por establecer responsabilidades disciplinarias o sancionar a los ordenadores del gasto, más allá de que han existidos irregularidades y pronunciamientos públicos plagados de embustes en referencia al destino del dinero.

A esta omisión sobre la contratación se suma la mirada esquiva de la Procuraduría Regional frente a su herramienta más contundente: el poder disciplinario preferente. Esta facultad constitucional no existe para que los funcionarios se sientan a cobrar un sueldo o a complacer al poder de turno, sino para investigar y sancionar de oficio todo el espectro de faltas disciplinarias del orden municipal. La entidad tiene el deber legal de intervenir ante la adjudicación de contratos millonarios a dedo, el uso de maniobras leguleyas para incidir en litigios, las presiones o coacciones a funcionarios públicos para ocultar información y la vinculación irregular de personal en la administración municipal, todas conductas ocurridas y documentadas durante la era Krasnov.

Un ejemplo claro de esta inacción fue la denuncia radicada directamente en una memoria USB con la grabación de la sesión de control político al entonces gerente de comunicaciones de la Alcaldía, Juan Pablo Pérez Espitia, y la evidencia documental de la plataforma de la Función Pública que probaba cómo se había posesionado sin cumplir los requisitos del cargo. Frente a la inercia de la Personería Municipal de Tunja, que ni investiga de fondo ni publica sus actuaciones en plataformas digitales, ni da respuestas a quienes nos atrevemos a radicar este tipo de denuncias; la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá debió ejercer su poder preferente para sancionar la ilegalidad en ese nombramiento. Sin embargo, prefirieron el cómodo silencio. Resulta inaceptable que la procuradora regional Nidia Fabiola Hernández Marín ignore los desatinos disciplinarios del ejecutivo municipal, pero sí utilice el poder preferente de su despacho para asumir con prisa el juzgamiento de un exabrupto verbal.

La prueba técnica de esta ceguera disciplinaria reposa en los propios documentos oficiales que las entidades de control fiscal sí están obligadas a publicar. La revisión comparativa de los informes finales de auditoría de cumplimiento expedidos por la Contraloría Municipal de Tunja para las vigencias 2024 y 2025 demuestra cómo el Concejo Municipal repite año tras año las mismas conductas irregulares sin que la Procuraduría Regional mueva un solo dedo para investigar a los responsables.

En la auditoría a la vigencia 2024, el informe fiscal dejó al descubierto que el Concejo entregó el 97,35 % de su presupuesto a dedo mediante 144 contratos de prestación de servicios, omitió cobrar las estampillas de ley en los pagos a los integrantes de las Unidades de Apoyo Normativo, firmó liquidaciones antes de vencerse el período laborado y ocultó información en Secop II y SIA Observa. Lejos de que este documento público generara indagaciones disciplinarias, el informe de la vigencia 2025 confirmó que la corporación repitió el patrón: 97,1 % de contratación directa, Unidades de Apoyo Normativo convertidas en caja de compensación con pagos de maestría sin exigencia de títulos, falta de cargue de comprobantes de egreso y sobrestimación de pasivos por más de diecisiete millones de pesos. Y esto es solo un ejemplo, porque el Concejo no es la única entidad pública que reincide en la comisión de faltas disciplinarias.

¿Con qué autoridad moral o legitimidad técnica la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá despliega su poder sancionatorio contra un exabrupto verbal por el que ya se ofreció disculpas públicas, mientras ignoran los hallazgos probados que constan en los informes de auditoría, la adjudicación de contratos en cuarenta y ocho horas y el descalabro de la contratación pública? La ciudad no está ante un ejercicio serio de justicia, sino ante un sistema de control podrido que utiliza la norma disciplinaria como garrote político contra los críticos del gobierno municipal, mientras garantiza impunidad a los verdaderos responsables del desorden institucional.

#Opinión #Educación

𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐫 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐫, 𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐫 𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐫

La renuncia de la ministra Viviane Morales poco después de denunciar lo que llamó una "campaña woke" de ideologización en los colegios, deja pendiente una discusión que merece sobrevivir. Porque detrás de la discusión sobre qué debe enseñarse en materia de educación sexual existe una pregunta aún más importante: ¿para qué educamos?

El telón de fondo institucional no es menor. El gobierno saliente (Resolución 1350 de 2026), estableció una política que ordena fortalecer la educación sexual “integral” con enfoques de género y diversidad. La exministra Morales, por su parte, sostuvo que muchos padres "ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos" y anunció una revisión de los materiales escolares. Dos preocupaciones legítimas —el propósito de impartir una educación seria y actualizada y el derecho de las familias a no ser excluidas del proceso— que, sin embargo, terminaron enfrentadas como si fueran irreconciliables.

Y no lo son: he aquí el verdadero debate. Educar no es imponer una manera de pensar. Es entregar herramientas para aprender a pensar. La escuela tiene la responsabilidad de transmitir conocimiento, desarrollar capacidades y preparar a los jóvenes para la vida en una cultura compleja en materia de sexualidad. Pero enseñar no debe significar reemplazar a la familia.

La Corte Constitucional lo advirtió hace más de tres décadas en la Sentencia T-440 de 1992: la educación sexual "incumbe de manera primaria a los padres", quienes tienen derecho a conocer sus contenidos y métodos. Pero fue enfática en el límite: ese derecho no equivale al de eximir a los hijos de recibirla, así sea por las propias convicciones.

¿Cuál debería ser entonces el papel del colegio? Ofrecer conocimiento, perspectivas y herramientas. ¿Y el de los padres? Acompañar, conversar, orientar y ayudar a sus hijos a formar su propio criterio. No se trata de sacar al Estado o al colegio de la formación de los niños, sino de trazar límites claros: información seria y pertinente para la edad, espacios seguros para preguntar, y familias con posibilidad real de participar.

Porque existe una diferencia esencial entre educar y adoctrinar. Educar permite preguntar; adoctrinar entrega respuestas. Educar presenta argumentos, adoctrinar pretende que el estudiante adopte una posición. Y esa distinción no aplica solamente a la educación sexual: aplica a cualquier contenido, venga de donde venga —de un ministerio progresista o de uno conservador—.

Por eso la pregunta correcta no es si la educación sexual debe estar en los colegios, sino cómo enseñarla para que informe sin imponer, prevenga sin asustar y forme sin adoctrinar. En eso pueden y deben discutir gobiernos, colegios y familias: contenidos, edades, metodologías. Pero hay algo que debería defenderse por encima de cualquier ministerio y de cualquier bandera ideológica: la educación debe formar ciudadanos libres, no seguidores de una causa. Esta tarea no es exclusiva ni del Estado ni de los padres. Es compartida, con roles distintos y límites precisos. Porque educar no es decidir por nuestros hijos. Es prepararlos para que, algún día, puedan decidir con su propio criterio.

Ahora bien, si hablamos de educación sexual “integral” no podemos dejar de lado la perspectiva de ética social. De esta manera, en los intercambios entre colegios y padres conviene considerar que “grosso modo” existen dos cosmovisiones opuestas sobre cómo vivir la sexualidad. Por un lado, el ejercicio de la sexualidad puede verse ligado a lo que podemos llamar la “educación para los compromisos estables”, la cual implica la transmisión de valores concretos: autodominio, fidelidad, comprensión, lealtad, apertura a la transmisión de la vida volcando la propia afectividad en los hijos y asumiendo nuevos compromisos y renuncias personales. Aunque este tipo de educación se transmite mejor en la relación de confianza entre padres e hijos, si en el colegio no se complementa en la misma dirección el educando sufre un choque interno a veces irreparable.

Otra visión de la sexualidad es la que se puede denominar “educación para la independencia sexual”, que incluye los aspectos de placer en el ejercicio del sexo, la minimización de los riesgos de embarazo o de las infecciones de transmisión sexual y enfatiza el conocimiento de las medidas de anticoncepción y la búsqueda de experiencias gratificantes, bien a través del propio cuerpo o a través de relaciones interpersonales que no tienen que ser necesariamente monógamas, centrándose en sus aspectos lúdicos y sin referencia a compromisos implícitos ni explícitos. La cuestión está entonces en responder el interrogante de ¿cómo combinar las dos cosmovisiones sin caer en el relativismo ético?

#Editorial

𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐠𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚

La divulgación periódica de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE ha vuelto a desnudar una realidad dramática que las administraciones municipales insisten en esquivar con discursos evasivos. Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación en Tunja escaló al 12,4 por ciento. Esta cifra no solo ubica a la capital boyacense como la quinta ciudad con mayor desempleo en el país, sino que marca una distancia abismal frente al promedio nacional, situado en el 8,1 por ciento. Mientras diversos centros urbanos de Colombia muestran señales de recuperación en la vinculación laboral, la capital de Boyacá consolida un deterioro paulatino, superando el 11,0 por ciento reportado en el mismo periodo de 2025 y el 11,6 por ciento registrado en la medición del trimestre inmediatamente anterior.

El diagnóstico se vuelve desgarrador al examinar el segmento de la población joven. En el rango de edad entre los 15 y los 28 años, la tasa de desocupación en Tunja alcanzó un preocupante 18,1 por ciento durante el mismo lapso de análisis. Este resultado sitúa a la ciudad en el séptimo lugar nacional de desempleo juvenil entre 23 ciudades evaluadas, registrando un incremento de 0,8 puntos porcentuales frente al 17,3 por ciento de 2025 y superando holgadamente la media nacional juvenil del 14,1 por ciento. De acuerdo con los datos consolidados de la medición, en la ciudad residen cerca de 145.969 personas en edad de trabajar, de las cuales 11.048 se encuentran totalmente desocupadas y 3.893 subsisten en la subocupación.

A simple vista, el indicador de informalidad laboral de Tunja, posicionado en un 35,7 por ciento como la tercera tasa más baja del país solo detrás de Bogotá y Manizales, podría interpretarse como una fortaleza estructural. Sin embargo, en el contexto socioeconómico local, esa baja informalidad representa una trampa perversa. La aparente formalidad de la ciudad no descansa sobre un tejido empresarial sólido, competitivo o industrializado, sino sobre la absorbente y desproporcionada nómina pública estatal. Tunja padece una adicción enfermiza al empleo generado por las entidades de gobierno. Esta vulnerabilidad se vuelve crítica ante la coyuntura política nacional actual, donde las políticas de ajuste y austeridad en el gasto de funcionamiento del Estado amenazan con suprimir cargos en entidades de orden nacional con sede en la ciudad. Ante la incapacidad de absorción de la Gobernación de Boyacá y de la Alcaldía de Tunja, que ya absorben buena parte de la ocupación en la ciudad, cualquier recorte burocrático del orden nacional dejaría a decenas de familias en la más absoluta intemperie económica.

Frente a este escenario de estancamiento, la respuesta de la Alcaldía de Tunja ha sido frívola y desprovista de visión estratégica. Es urgente un llamado rotundo a la administración municipal: ¡Despierten de una vez!, porque la crisis no se va a solucionar por arte de magia ni con proyectos fantasiosos proyectados en el escritorio. La política de desarrollo económico de la ciudad no puede reducirse a la instalación esporádica de cinco carpas en la Plaza de Bolívar para ferias de emprendimiento itinerantes bajo la sombra de Actíva-t. Para colmo de males, cuando se cuestiona la falta de resultados, la vocería institucional del Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Leonardo Ávila Romero, opta por la salida desobligante de recordar que la Alcaldía no es una bolsa de empleo. Si bien es rigurosamente cierto que la administración municipal no debe actuar como una agencia de colocación burocrática, resulta indignante que utilicen ese argumento como escudo para ocultar su incapacidad de diseñar políticas públicas tributarias, territoriales y de fomento que permitan la creación de empleo genuino.

Existe un cinismo profundo en el discurso oficial. La administración municipal se apresura a declarar que la Alcaldía no es una bolsa de empleo para lavarse las manos frente a la falta de políticas estructurales, pero el propio despacho del Alcalde constata a diario que ese discurso es falso. En la práctica opera precisamente como una agencia de colocación política y de pago de favores de campaña, donde incluso se le ofrecen, fallidamente, puestos a los periodistas incómodos para tratar de neutralizar las críticas y evitar que se sigan publicando columnas molestas. Se comportan como una bolsa de empleo cuando les conviene pagar lealtades, y por eso mismo la ciudadanía, con plena razón, les reclama y les exige cuentas como tal.

La realidad cotidiana desmiente la retórica de los discursos. El volumen de contratistas que engancha la administración municipal se calcula entre 1.000 y 1.600 personas según los diferentes registros de vinculación temporal, una cifra que apenas representa una gota de agua frente al mar de desocupación que ahoga a Tunja. Lo grave de este modelo es que entre más alto sea el número de personas contratadas por el despacho y las dependencias municipales, mayores son las obligaciones y la presión sobre los gastos de funcionamiento de la ciudad. Este crecimiento desmedido en la nómina temporal muerda directamente el presupuesto público y mella de forma severa las posibilidades reales de ejecución en el resto de carteras, restando recursos vitales que deberían invertirse en obras, fomento productivo y programas sociales. Aun así, los pasillos del edificio municipal y las salas del despacho del Alcalde siguen abarrotados de ciudadanos obligados a hacer filas eternas para mendigar una prestación de servicios a cambio de lealtades políticas, perpetuando una dinámica degradante que destruye la dignidad laboral y condena a miles de profesionales a la sumisión burocrática.

El debate sobre la industrialización de la capital requiere la máxima sensatez. Es insensato proyectar la llegada de industria manufacturera pesada o plantas ensambladoras. Las dinámicas del mercado, la conectividad logística y la concentración industrial histórica han consolidado estos desarrollos en municipios como Duitama, Sogamoso y Nobsa, o simplemente fuera del departamento. Pretender replicar esa vocación en Tunja ignora las ventajas de habitar un territorio libre de los severos pasivos ambientales que aquejan a otras zonas del departamento y del país. Por el contrario, iniciativas privadas como el Parque Industrial de Oriente merecen reconocimiento por su esfuerzo de inversión, pero enfrentan una carga operativa y tributaria compleja sin el debido respaldo institucional. En lugar de abandonar a estos desarrollos a su propia suerte, la administración municipal debería acompañar este esfuerzo mediante incentivos fiscales agresivos, exenciones de impuestos locales como el ICA o el Predial, e incubación física en estos espacios para aliviar los costos de instalación de los negocios nacientes.

Si la industria pesada no es el camino, la estrategia debe virar hacia la economía del conocimiento, la alta tecnología y la consolidación de la vocación universitaria de la ciudad mediante incentivos fiscales a empresas de tecnología que vinculen laboralmente a los jóvenes egresados. Sin embargo, las dependencias encargadas de liderar esta transición operan en la más absoluta deriva. La Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja, UMCITI, se encuentra extraviada en su misionalidad. En lugar de formular proyectos de transferencia tecnológica o alianzas estratégicas con las universidades presentes en la ciudad, la entidad enfoca sus energías en abanderar iniciativas de infraestructura desconectadas de las urgencias fiscales, como la absurda pretensión de construir un planetario, labor que incluso correspondería más a la Secretaría de Infraestructura que a UMCITI. La acción de la UMCITI no puede limitarse a ofrecer diplomados de baja cobertura que terminan con alarmantes índices de inasistencia y reprobación, ni a eventos escolares aislados de robótica.

La transformación del mercado de trabajo exige una reingeniería presupuestal profunda. Tunja derrocha anualmente cerca de 10.000 millones de pesos en el montaje de tarimas, producción logística y contratación de artistas para las festividades del Aguinaldo Boyacense. Ese capital, invertido sin retorno social o económico medible para las arcas municipales, debería reorientarse para constituir fondos de capital semilla y bolsas de estímulos en co-inversión con la red de instituciones de educación superior de la ciudad, incluyendo a la UPTC, la Universidad de Boyacá, la Santo Tomás, la Juan de Castellanos y el SENA, donde las academias aporten recursos, laboratorios y acompañamiento técnico a los jóvenes.

Asimismo, la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio debe estructurar una estrategia ambiciosa que explote la vocación real de Tunja: su valor histórico, su patrimonio arquitectónico y su papel determinante en la independencia de Colombia. Una alternativa concreta para generar empleo real desde el sector cultural es la formación y contratación directa de guías turísticos nacidos o residentes en sectores barriales con potencial histórico. Sin embargo, esta propuesta debe ser apenas el punto de partida. La ciudad necesita proyectos de mayor envergadura que permitan a los ciudadanos consolidar emprendimientos turísticos, gastronómicos y culturales autosostenibles, eliminando la dependencia de la contratación pública.

La articulación de esfuerzos con bolsas de financiamiento es, sin duda, el camino correcto. Un claro ejemplo, hace unos años, de una excelente iniciativa en su concepción fue el convenio por 9.600 millones de pesos cofinanciado en su momento entre el municipio de Tunja y el Fondo Emprender del SENA para respaldar a los emprendedores de la capital. La idea de inyectar capital semilla directo a la economía municipal era acertada; sin embargo, el programa terminó fuertemente cuestionado debido a su falta de proyección y al nulo seguimiento por parte de la administración municipal. La Alcaldía se limitó a presentar la foto oficial del anuncio presupuestal, pero jamás le rindió cuentas a la ciudad sobre la efectividad de esa bolsa de dinero. ¿Cuántos de esos emprendimientos lograron mantenerse a flote tras el primer año de operación?, ¿cuántos sobreviven al quinto año?, ¿qué tipo de asesoría tributaria o comercial recibieron para no quebrar?, y en los casos que fracasaron, ¿cuáles fueron las causas técnicas que los ahogaron? Apostar por la cofinanciación de capital es el rumbo adecuado, pero exige superar la improvisación inicial y garantizar una auditoría técnica permanente que acompañe a los proyectos y proteja la inversión de los tunjanos.

Combatir el desempleo estructural en la capital de Boyacá requiere abandonar la improvisación, la soberbia institucional y la inversión suntuaria en espectáculos o proyectos fantásticos. La administración municipal tiene la obligación de despertar de una vez, superar la política del pretexto y construir un modelo económico serio que devuelva la autonomía y la dignidad a los trabajadores de Tunja.

#Opinión #Tunja

𝐄𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐨́𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 “𝐦𝐢𝐥𝐚𝐠𝐫𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐥”

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Si el país político vive por estos días con la boca llena hablando de la famosa "Patria Milagro", en Tunja estamos a punto de presenciar la versión local de una revelación divina: el milagro de la multiplicación de los huecos. La bendición celestial corre por cuenta del Instituto Nacional de Vías (Invías), que en un derroche de supuesta generosidad pretende transferirle al municipio la administración, el mantenimiento y la perpetua ruina fiscal de las avenidas Oriental y Norte. Ante semejante oferta, la reacción en el despacho del Alcalde no ha sido la indignación técnica ni la defensa enérgica del bolsillo de los tunjanos. Por el contrario, la respuesta de Rafael Acevedo Pedroza ha oscilado entre la resignación pasiva y un entusiasmo casi religioso por recibir un único cheque de $7.000 millones de pesos, presentado ante la opinión pública con el júbilo de quien cree haber descubierto El Dorado.

Hay que analizar este negocio con absoluto rigor para desmontar la trampa institucional que desde Bogotá pretenden imponerle a la capital boyacense. El Invías argumenta que, con la entrada en funcionamiento de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, la Avenida Oriental y la Avenida Norte perdieron su condición de corredores nacionales para clasificarse como simples pasos urbanos de competencia municipal. Esta premisa constituye un sofisma técnico. En la geografía de Tunja no existe una variante de carga exclusiva que desvíe el tránsito pesado por fuera del casco urbano; en consecuencia, por la Oriental y la Norte continúan circulando obligatoriamente tractomulas, camiones de gran tonelaje, volquetas y la totalidad del flujo intermunicipal. Se trata de un tráfico pesado que atiende a la dinámica económica de la Nación y cuyos rendimientos benefician a puertos y centros logísticos distantes. Exigir que el desgaste acelerado del asfalto producido por la carga nacional sea financiado con el impuesto predial o la sobretasa a la gasolina de los tunjanos es una evidente asimetría fiscal, que repite la práctica centralista de transferir la infraestructura desgastada mientras la Nación retiene el recaudo de los peajes.

Para dimensionar la fragilidad de esta negociación, basta revisar las matemáticas básicas de las arcas municipales. El presupuesto general de Tunja para 2026 es de $534.537 millones de pesos, de los cuales cerca de $514.000 millones corresponden al gasto corriente de la administración central. Si en el gobierno de Alejandro Fúneme los estudios del Sistema Estratégico de Transporte Público calcularon que la recuperación de la deteriorada malla vial urbana requería una inversión cercana a los $400.000 millones de pesos (cifra equivalente en 2023 a la totalidad del presupuesto anual de la ciudad), resulta un chiste de mal gusto que la administración celebre como un triunfo histórico las sobras de $7.000 millones que le lanza el Invías. Esos millones no son más que una migaja presupuestal, una raspa que no alcanzará para tapar grietas ni durante doce meses, pero que a cambio le deja al municipio una condena fiscal a perpetuidad para sostener una arteria nacional.

A este prodigio financiero se suma la creatividad con la que la Alcaldía pretende gastar la limosna. El alcalde Acevedo proyecta usar los $7.000 millones para construir glorietas y pasos urbanos que jamás nadie había contemplado ni priorizado en la planificación de la ciudad, citando intervenciones como las glorietas de Los Hongos, la glorieta de Los Patriotas o el paso hacia el terminal por la Calle 18. Obras inéditas, sacadas del sombrero a última hora sin sustento en estudios viales, pero con las que ahora pretende justificar el recibo del corredor. El libreto de este tipo de milagros en la obra pública municipal nos lo sabemos de memoria: se rompe el asfalto, la platica del Invías se esfuma en las primeras de cambio, las obras quedan paralizadas a la mitad exigiendo adiciones que el Departamento de Hacienda no puede cubrir y Tunja termina “enhuesada” a perpetuidad con el mantenimiento de una arteria que desborda por completo su caja.

El contraste entre la prisa por recibir estas avenidas y la capacidad real del municipio para sostenerlas es francamente hiriente. Hoy por hoy, la Avenida Oriental y la Avenida Norte conservan un estado de rodadura entre aceptable y bueno. En cambio, los accesos donde la ciudad debe responder por el impacto del tráfico pesado exponen la miseria del presupuesto municipal. Ahí está la salida a Moniquirá, una vía destruida, atestada de troneras grotescas por las que siguen rebotando tractomulas y que se ha convertido en una causa constante de accidentalidad y luto. O la salida a Villa de Leyva, un corredor que hasta hace poco parecía una superficie lunar abandonada y que solo logró arreglarse porque la Gobernación de Boyacá tuvo que meter la mano con recursos que la alcaldía jamás poseyó, y ni hablar del lamentable estado de la Avenida Universitaria, por la que ni siquiera transita tráfico pesado. Si la administración ha sido incapaz de mantener estos corredores que sí son de su resorte, resulta una irresponsabilidad monumental asumir la servidumbre de dos avenidas nacionales adicionales a cambio de un cheque que se va a derretir como un helado al sol.

Desde la orilla jurídica, el Invías pretende blindar su jugada amparándose en el marco general de la Ley 105 de 1993 y las directrices del Decreto 1079 de 2015. Bajo esta normativa del sector transporte, el Gobierno Nacional se faculta para reclasificar la infraestructura y desprenderse de aquellos tramos que, tras la construcción de variantes o dobles calzadas exteriores, pasan a integrarse formalmente a la red vial del casco urbano. Es a través de esta prerrogativa institucional que el instituto presiona a las entidades territoriales, argumentando que la operación, semaforización y mantenimiento de la capa asfáltica dentro del perímetro de la ciudad pasan a ser competencia exclusiva de la Alcaldía. La trampa radica en que el Invías utiliza este resquicio legal como un gancho para desembolsar una partida inicial por una sola vez, logrando que el municipio suscriba el convenio interadministrativo de traspaso y quede atado legalmente a financiar la vía con sus propios impuestos a perpetuidad.

Sin embargo, esta interpretación conveniente del Invías se estrella de frente contra la propia Constitución Política. El artículo 288 de la Carta Magna consagra el principio de concurrencia, el cual prohíbe taxativamente a la Nación transferir competencias o infraestructuras a los municipios sin garantizar de forma permanente y vinculante los recursos financieros para cubrirlas. Aceptar una vía nacional sometida a la carga pesada a cambio de un cheque único de $7.000 millones configura una abierta violación constitucional y una asimetría legal gravísima. Además, para que el Invías pudiera entregar formalmente estos corredores como pasos estrictamente urbanos, la Nación tendría que haber construido primero una variante periférica de carga exclusiva que evitara por completo el ingreso de tractomulas a la ciudad. Al no existir dicha variante, trasladarle la vía a Tunja es una pirueta administrativa para librar al nivel central de un gasto que le corresponde. Y que el director nacional del Invías, Juan Camilo Ostos, amparado en su condición de boyacense, impulse este castigo fiscal contra la capital de su propio departamento no es ningún gesto de afecto patriótico, sino un auténtico favor con veneno para sus coterráneos.

Aquí lo que brilla por su ausencia es el carácter para negociar. Si el Alcalde presume de tener excelentes relaciones, puentes directos y sintonía política con el Gobierno Nacional, debería usar esa cercanía para pararse duro y hacer respetar a la ciudad y a quienes la habitamos, no para recibir sonriente los chicharrones que la Nación se quiere quitar de encima. Si el Invías insiste en devolver la vía, el deber del Alcalde es exigir presupuestos anuales obligatorios vinculados a los peajes o llevar la pelea a los estrados judiciales.

Y si al final no hay otra opción y la ciudad termina obligada por un juez a recibir las avenidas, la Alcaldía tendría que reaccionar con verdaderas medidas de soberanía territorial: prohibir de forma tajante el paso de tractomulas y camiones de gran tonelaje por la Avenida Oriental y la Avenida Norte, o en su defecto, montar casetas de peaje municipal para que el transporte de carga nacional pague por el daño que le hace al asfalto de la ciudad. Responder a las advertencias de la crítica pidiendo en los medios que "no le echen la sal" al proyecto no es gobernanza ni liderazgo; es la excusa infantil de una administración que prefiere la ilusión de un milagro vial antes que la defensa firme del dinero de los tunjanos.

#Opinión #Boyacá #Tunja

𝐄𝐥 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨 𝟕𝟎𝟏 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐦𝐚𝐲𝐚: 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐦𝐢́𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́

La función pública es, por naturaleza y diseño constitucional, un ejercicio expuesto al escrutinio inclemente. Administración que gestiona recursos del Estado está sujeta a la lupa fiscalizadora de los órganos de control, cuyos informes suelen convertirse en el centro de intensos debates ciudadanos. Sin embargo, en el ecosistema informativo actual es fundamental trazar una línea clara entre el derecho ciudadano a la exigencia de cuentas y la tentación de emitir condenas sumarias sin comprender el alcance técnico de los hallazgos. El análisis de las auditorías de cumplimiento financiero, de gestión y de resultados de la vigencia 2025, publicadas recientemente por la Contraloría Municipal de Tunja, exige precisamente eso: indignación razonada, rigor en la lectura de los expedientes y una profunda prudencia ciudadana para no aseverar absolutismos fuera de contexto. La labor de los entes de control no busca crucificar a priori a los ordenadores del gasto, sino encender las alertas institucionales sobre sospechas, fallas procedimentales y riesgos en el manejo del erario.

Entender la complejidad del control fiscal implica reconocer que la evaluación de una entidad no es blanca ni negra, y que los dictámenes deben leerse de forma integral. En el caso del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, la Contraloría emitió una Opinión Financiera Limpia o sin salvedades, un Concepto sobre el Presupuesto Razonable y declaró el Fenecimiento de la Cuenta con un concepto favorable. No obstante, el mismo informe otorgó un Concepto sobre la Gestión y Resultados Con Observaciones (debido a falencias contractuales donde la eficacia fue del 86,7%, la eficiencia del 65,6% y la economía descendió al 46,3%) y calificó su Sistema de Control Fiscal Interno como Ineficiente (2.1), tras consolidar 16 hallazgos administrativos, 5 de ellos con presunta incidencia disciplinaria. Por su parte, la Umciti obtuvo dictamen limpio, presupuesto razonable, gestión favorable (91,2% en planeación) y control interno eficiente, aunque con 7 hallazgos administrativos y 4 disciplinarios.

Frente a este panorama, la reacción primaria del debate público en redes sociales tiende a la estigmatización automática. La ciudadanía lee "hallazgo disciplinario" o "control ineficiente" y asume, sin más matices, que se ha perpetrado un saqueo sistemático a las arcas del municipio. Esta interpretación, aunque comprensible en un país golpeado por la impunidad, nace de desconocer la naturaleza misma del control fiscal: la Contraloría es un organismo diseñado para auditar la legalidad estricta y el apego irrestricto a la norma. El auditor fiscal no actúa con flexibilidad, no valida disculpas operativas ni evalúa si la intención del funcionario era buena; el auditor verifica si el papel, el rubro, la fecha y el procedimiento coinciden de manera exacta con lo que exige la ley. Cuando esa coincidencia no existe, el hallazgo se configura de forma matemática e implacable.

Para comprender esta crueldad procedimental y entender por qué una falla no equivale automáticamente a un delito o a un desfalco, basta analizar los casos emblemáticos que sustentan las observaciones en las entidades auditadas.

Tomemos, en primer lugar, el hallazgo relativo a la omisión del empalme del Jefe de Control Interno saliente en el Colegio de Boyacá. Cuando el funcionario que ocupaba dicho cargo se retiró en diciembre de 2025, finalizó su vinculación sin elaborar ni formalizar la entrega de la oficina mediante el Acta de Informe de Gestión de Empalme exigida por la Ley 951 de 2005 y la Ley 1952 de 2019. Al abordar a la administración sobre este punto, la explicación institucional se enfocó en la operatividad: la dirección argumentó que el nombramiento de la nueva titular fue inmediato y que la gestión interna de la entidad no sufrió interrupción alguna ni se paralizaron las actividades cotidianas. Desde una perspectiva puramente administrativa de conveniencia, la justificación parece valedera, pues el servicio continuo no se detuvo. Sin embargo, la Contraloría desvirtuó tajantemente este descargo. Para el auditor, la rendición del informe formal de empalme es un mandato legal individual e indelegable; omitirlo privó a la institución de una trazabilidad documental rigurosa sobre el estado real de los procesos de auditoría, las alertas preventivas y el seguimiento a los planes de mejoramiento, dejando un vacío en la memoria institucional. ¿Existe un quebrantamiento procedimental severo? Sí. ¿Hay presunta responsabilidad disciplinaria por omisión de deberes? También. ¿Significa esto que existió un hurto de dinero público? De ninguna manera.

Una dinámica de rigidez normativa idéntica se evidencia en el hallazgo sobre la constitución de reservas presupuestales en el mismo Colegio de Boyacá. Mediante la Resolución 002 del 6 de enero de 2026, la entidad constituyó reservas por un monto de $296.080.439 para respaldar compromisos contractuales de la vigencia anterior. La postura defensiva de la institución argumentó que los trámites administrativos de cierre de año, los calendarios bancarios de fin de vigencia y la recepción tardía de facturas impidieron expedir las correspondientes órdenes de pago antes del 31 de diciembre de 2025. Nuevamente, desde la lógica del funcionamiento cotidiano de una oficina pública de Tunja, el argumento suena a una contingencia operativa comprensible. No obstante, el órgano de control desvirtuó la explicación tras verificar que en cuatro contratos específicos (los contratos 53, 59, 116 y 117), los contratistas ya habían recibido a satisfacción los bienes y servicios y habían radicado sus facturas en regla antes del cierre del año fiscal. Bajo el marco del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Decreto 111 de 1996, al estar el servicio recibido y facturado, la figura contable que correspondía aplicar era la de Cuentas por Pagar y no Reservas Presupuestales. La Contraloría determinó que se utilizó la reserva como una maniobra para encubrir la falta de agilidad en los trámites administrativos, violando el principio de anualidad del presupuesto. El hecho es técnicamente reprochable, pero confundiéndolo con un robo se distorsiona la verdad de los hechos.

Igual análisis merece la improvisación en la obra pública locativa de la sede Santos Gutiérrez del Colegio de Boyacá (Contrato 054 de 2025 por $167.955.390), donde los trabajos debieron ser suspendidos durante tres meses. La administración atribuyó la parálisis a imprevistos técnicos surgidos sobre la marcha del proceso de remodelación. La Contraloría desvirtuó el argumento al probar que la entidad elaboró estudios previos y diseños defectuosos que no contemplaron las exigencias de la norma de sismorresistencia NSR-10 para las divisiones en vidrio ni incluyeron el análisis de precios unitarios (APU) para los ítems requeridos, violando la Ley 1474 de 2011 sobre maduración de proyectos. Es una clara muestra de ineficiencia contractual y falta de planeación técnica, pero no de apropiación de fondos.

Cuando trasladamos esta misma lente analítica a las actuaciones de la Uumciti, el patrón de severidad normativa se repite. El caso del Convenio Interadministrativo CV-UMCITI-001-2025 ($133.320.000), firmado con el Fondo Mixto de Cultura para el Encuentro Juvenil de Robótica y la Hackathon, ilustra a la perfección el choque entre los argumentos de la entidad y la interpretación legal del auditor. Durante la auditoría, se constató que el proyecto financió y atendió a estudiantes y docentes de colegios privados de la ciudad (incluyendo delegaciones del Colegio Bilingüe San Viator, Colegio Galileo Galilei, Nueva Granada, entre otros). La Umciti justificó esta decisión argumentando que el objeto general de la propuesta buscaba democratizar la ciencia y beneficiar a la "comunidad en general" de Tunja. La Contraloría desvirtuó la justificación recordando una regla fundamental del derecho contractual: las cláusulas y estudios previos específicos priman sobre la redacción general. Al haberse establecido taxativamente en los documentos preparatorios que la población objetivo eran las Instituciones Educativas Oficiales del municipio, la entidad no podía desviar fondos públicos aprobados para un sector específico hacia establecimientos privados.

En este mismo convenio de robótica, la Umciti contrató directamente al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá. La entidad defendió la idoneidad del contratista presentando un listado de más de 30 contratos ejecutados en la plataforma Secop II. Sin embargo, la Contraloría revisó uno a uno dichos antecedentes y desvirtuó la prueba: demostró que todos los contratos previos del Fondo Mixto correspondían a eventos folclóricos, alumbrados navideños, pesebres y logística vial, pero absolutamente ninguno en ciencia, tecnología o robótica educativa, violando el principio de selección objetiva e idoneidad exigido por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente, el ente de control evidenció que de los $133 millones del convenio, la Umciti aportó $120 millones en dinero que terminaron gastándose casi en su totalidad en la compra directa de kits de robótica, memorias USB, tabletas y relojes inteligentes, mientras el cooperante aportó una cifra marginal ($12,3 millones). La Contraloría concluyó que se utilizó la figura de un convenio de cooperación como fachada para hacer compras directas y saltarse la licitación pública de suministros que exigía la ley. ¿Hay una maniobra contractual irregular que evade la licitación pública y desnaturaliza el convenio? Sin duda. ¿Se robaron los equipos de robótica o se perdieron las tabletas? No; los insumos fueron entregados, pero a través de un procedimiento ilegalmente direccionado.

Ahora bien, es en el Convenio CV-UMCITI-002-2025 (ejecutado con la UPTC por $48.000.000 para el Diplomado en Ciencia de Datos) donde el análisis debe detenerse con mayor sentido crítico. La supervisión de la Umciti certificó el cumplimiento del 100% del convenio aduciendo que la universidad dictó la totalidad de las horas contratadas. No obstante, la auditoría reveló que de 76 inscritos, 47 participantes (el 61,8%) desertaron o sacaron cero por inasistencia, graduándose únicamente 12 personas (el 15,8%). La Contraloría desvirtuó la certificación señalando que la inversión pública no se mide por pagar horas docente, sino por el logro de la meta de impacto social.

Pero aquí radica el meollo de nuestra postura editorial: frente a una deserción dramática del 61,8%, la respuesta institucional de la Umciti no puede limitarse a plantear como "medida de subsanación" el hacer firmar una simple carta de compromiso a los futuros inscritos. Pretender resolver el fracaso en la retención de un programa público exigiendo un papel firmado es una solución vacía, cosmética e inoperante que no corrige la falla de fondo en la selección de los beneficiarios ni en la pertinencia del diplomado. Si bien no se puede crucificar ni juzgar con una severidad destructiva a los administradores asumiendo que el dinero se perdió por dolo, es imperativo exigir que los compromisos de subsanación sean lógicos, rigurosos y consecuentemente proporcionales con la magnitud del problema que pretenden corregir. La gestión pública no se arregla con formalismos de papel para salir del paso ante el auditor.

Este matiz resulta aún más evidente cuando observamos el panorama global de los informes de auditoría publicados, incluyendo la evaluación a Ecovivienda. Hay un dato contundente que la opinión pública suele ignorar en medio del ruido: tras la minuciosa fiscalización efectuada por la Contraloría Municipal a estas tres entidades, el volumen abrumador de observaciones corresponde a hallazgos de carácter administrativo y disciplinario. De todo el paquete auditado, el único informe que registró una presunta incidencia fiscal fue el de Ecovivienda, e incluso allí, se trató de un único hallazgo puntual. Este hecho objetivo desmonta cualquier narrativa absolutista de saqueo o desfalco generalizado. Si las fallas fueran de rapiña o pérdida sistemática del erario, la Contraloría habría tasado hallazgos fiscales de forma masiva en todas las dependencias.

Sin embargo, reducir el análisis únicamente a determinar si "hubo o no robo de dinero" es simplificar peligrosamente la conversación. Cuando la opinión pública lee que la Contraloría consolidó 16 hallazgos en una entidad, la reacción colectiva casi automática es catalogar el hecho bajo la gran etiqueta de la "corrupción", un término que en la calle abarca mucho más que el hurto directo de fondos. La ciudadanía asume de inmediato que existe mala fe deliberada, maniobras oscuras o complicidades compartidas. Pero la realidad de la gestión administrativa es más compleja y exige otorgar, desde el ejercicio periodístico y ciudadano, el beneficio de la duda.

Muchas de las irregularidades que engrosan los expedientes de control no responden necesariamente a un esquema corrupto ni a la intención probada de defraudar al Estado. En no pocos casos nos encontramos frente a simples equivocaciones humanas en el diligenciamiento de planillas, errores de apreciación técnica, vacíos en la interpretación normativa o incluso fallas de mala fe cometidas por terceros (contratistas o subalternos) donde, por cadena de mando y responsabilidad legal, es el representante legal de la entidad quien termina respondiendo y poniendo el pecho ante los órganos de control. Sería irresponsable asegurar que estas fallas no constituyen actos de corrupción, pues eso solo lo determinarán las investigaciones disciplinarias, fiscales o penales en curso; pero igual de irresponsable es tildar de corrupto al ordenador del gasto desde el primer día. Los hallazgos de la Contraloría no son condenas definitivas, son apenas el inicio formal de un proceso donde debe imperar la presunción de inocencia hasta que la autoridad competente dicte un veredicto.

La lección que dejan estos informes es clara. Informar las irregularidades del Colegio de Boyacá, la Umciti y Ecovivienda es un deber periodístico irrenunciable de Periódico El Tunjano para cuestionar la desidia procedimental, los estudios previos defectuosos y las respuestas institucionales simplistas que pretenden corregir deserción académica con cartas de compromiso. Pero juzgar la función pública exige madurez: distinguir entre el delito comprobado, la falla administrativa y el inicio de una investigación, ponderar la responsabilidad de los terceros y conceder el beneficio de la duda al funcionario es la única vía para ejercer un control social serio, libre de sensacionalismo y profundamente comprometido con la verdad.

#Editorial

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥

La función pública es, por naturaleza y diseño constitucional, un ejercicio expuesto al escrutinio inclemente. Administración que gestiona recursos del Estado está sujeta a la lupa fiscalizadora de los órganos de control, cuyos informes suelen convertirse en el centro de intensos debates ciudadanos. Sin embargo, en el ecosistema informativo actual es fundamental trazar una línea clara entre el derecho ciudadano a la exigencia de cuentas y la tentación de emitir condenas sumarias sin comprender el alcance técnico de los hallazgos. El análisis de las auditorías de cumplimiento financiero, de gestión y de resultados de la vigencia 2025, publicadas recientemente por la Contraloría Municipal de Tunja, exige precisamente eso: indignación razonada, rigor en la lectura de los expedientes y una profunda prudencia ciudadana para no aseverar absolutismos fuera de contexto. La labor de los entes de control no busca crucificar a priori a los ordenadores del gasto, sino encender las alertas institucionales sobre sospechas, fallas procedimentales y riesgos en el manejo del erario.

Entender la complejidad del control fiscal implica reconocer que la evaluación de una entidad no es blanca ni negra, y que los dictámenes deben leerse de forma integral. En el caso del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, la Contraloría emitió una Opinión Financiera Limpia o sin salvedades, un Concepto sobre el Presupuesto Razonable y declaró el Fenecimiento de la Cuenta con un concepto favorable. No obstante, el mismo informe otorgó un Concepto sobre la Gestión y Resultados Con Observaciones (debido a falencias contractuales donde la eficacia fue del 86,7%, la eficiencia del 65,6% y la economía descendió al 46,3%) y calificó su Sistema de Control Fiscal Interno como Ineficiente (2.1), tras consolidar 16 hallazgos administrativos, 5 de ellos con presunta incidencia disciplinaria. Por su parte, la Umciti obtuvo dictamen limpio, presupuesto razonable, gestión favorable (91,2% en planeación) y control interno eficiente, aunque con 7 hallazgos administrativos y 4 disciplinarios.

Frente a este panorama, la reacción primaria del debate público en redes sociales tiende a la estigmatización automática. La ciudadanía lee "hallazgo disciplinario" o "control ineficiente" y asume, sin más matices, que se ha perpetrado un saqueo sistemático a las arcas del municipio. Esta interpretación, aunque comprensible en un país golpeado por la impunidad, nace de desconocer la naturaleza misma del control fiscal: la Contraloría es un organismo diseñado para auditar la legalidad estricta y el apego irrestricto a la norma. El auditor fiscal no actúa con flexibilidad, no valida disculpas operativas ni evalúa si la intención del funcionario era buena; el auditor verifica si el papel, el rubro, la fecha y el procedimiento coinciden de manera exacta con lo que exige la ley. Cuando esa coincidencia no existe, el hallazgo se configura de forma matemática e implacable.

Para comprender esta crueldad procedimental y entender por qué una falla no equivale automáticamente a un delito o a un desfalco, basta analizar los casos emblemáticos que sustentan las observaciones en las entidades auditadas.

Tomemos, en primer lugar, el hallazgo relativo a la omisión del empalme del Jefe de Control Interno saliente en el Colegio de Boyacá. Cuando el funcionario que ocupaba dicho cargo se retiró en diciembre de 2025, finalizó su vinculación sin elaborar ni formalizar la entrega de la oficina mediante el Acta de Informe de Gestión de Empalme exigida por la Ley 951 de 2005 y la Ley 1952 de 2019. Al abordar a la administración sobre este punto, la explicación institucional se enfocó en la operatividad: la dirección argumentó que el nombramiento de la nueva titular fue inmediato y que la gestión interna de la entidad no sufrió interrupción alguna ni se paralizaron las actividades cotidianas. Desde una perspectiva puramente administrativa de conveniencia, la justificación parece valedera, pues el servicio continuo no se detuvo. Sin embargo, la Contraloría desvirtuó tajantemente este descargo. Para el auditor, la rendición del informe formal de empalme es un mandato legal individual e indelegable; omitirlo privó a la institución de una trazabilidad documental rigurosa sobre el estado real de los procesos de auditoría, las alertas preventivas y el seguimiento a los planes de mejoramiento, dejando un vacío en la memoria institucional. ¿Existe un quebrantamiento procedimental severo? Sí. ¿Hay presunta responsabilidad disciplinaria por omisión de deberes? También. ¿Significa esto que existió un hurto de dinero público? De ninguna manera.

Una dinámica de rigidez normativa idéntica se evidencia en el hallazgo sobre la constitución de reservas presupuestales en el mismo Colegio de Boyacá. Mediante la Resolución 002 del 6 de enero de 2026, la entidad constituyó reservas por un monto de $296.080.439 para respaldar compromisos contractuales de la vigencia anterior. La postura defensiva de la institución argumentó que los trámites administrativos de cierre de año, los calendarios bancarios de fin de vigencia y la recepción tardía de facturas impidieron expedir las correspondientes órdenes de pago antes del 31 de diciembre de 2025. Nuevamente, desde la lógica del funcionamiento cotidiano de una oficina pública de Tunja, el argumento suena a una contingencia operativa comprensible. No obstante, el órgano de control desvirtuó la explicación tras verificar que en cuatro contratos específicos (los contratos 53, 59, 116 y 117), los contratistas ya habían recibido a satisfacción los bienes y servicios y habían radicado sus facturas en regla antes del cierre del año fiscal. Bajo el marco del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Decreto 111 de 1996, al estar el servicio recibido y facturado, la figura contable que correspondía aplicar era la de Cuentas por Pagar y no Reservas Presupuestales. La Contraloría determinó que se utilizó la reserva como una maniobra para encubrir la falta de agilidad en los trámites administrativos, violando el principio de anualidad del presupuesto. El hecho es técnicamente reprochable, pero confundiéndolo con un robo se distorsiona la verdad de los hechos.

Igual análisis merece la improvisación en la obra pública locativa de la sede Santos Gutiérrez del Colegio de Boyacá (Contrato 054 de 2025 por $167.955.390), donde los trabajos debieron ser suspendidos durante tres meses. La administración atribuyó la parálisis a imprevistos técnicos surgidos sobre la marcha del proceso de remodelación. La Contraloría desvirtuó el argumento al probar que la entidad elaboró estudios previos y diseños defectuosos que no contemplaron las exigencias de la norma de sismorresistencia NSR-10 para las divisiones en vidrio ni incluyeron el análisis de precios unitarios (APU) para los ítems requeridos, violando la Ley 1474 de 2011 sobre maduración de proyectos. Es una clara muestra de ineficiencia contractual y falta de planeación técnica, pero no de apropiación de fondos.

Cuando trasladamos esta misma lente analítica a las actuaciones de la Uumciti, el patrón de severidad normativa se repite. El caso del Convenio Interadministrativo CV-UMCITI-001-2025 ($133.320.000), firmado con el Fondo Mixto de Cultura para el Encuentro Juvenil de Robótica y la Hackathon, ilustra a la perfección el choque entre los argumentos de la entidad y la interpretación legal del auditor. Durante la auditoría, se constató que el proyecto financió y atendió a estudiantes y docentes de colegios privados de la ciudad (incluyendo delegaciones del Colegio Bilingüe San Viator, Colegio Galileo Galilei, Nueva Granada, entre otros). La Umciti justificó esta decisión argumentando que el objeto general de la propuesta buscaba democratizar la ciencia y beneficiar a la "comunidad en general" de Tunja. La Contraloría desvirtuó la justificación recordando una regla fundamental del derecho contractual: las cláusulas y estudios previos específicos priman sobre la redacción general. Al haberse establecido taxativamente en los documentos preparatorios que la población objetivo eran las Instituciones Educativas Oficiales del municipio, la entidad no podía desviar fondos públicos aprobados para un sector específico hacia establecimientos privados.

En este mismo convenio de robótica, la Umciti contrató directamente al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá. La entidad defendió la idoneidad del contratista presentando un listado de más de 30 contratos ejecutados en la plataforma Secop II. Sin embargo, la Contraloría revisó uno a uno dichos antecedentes y desvirtuó la prueba: demostró que todos los contratos previos del Fondo Mixto correspondían a eventos folclóricos, alumbrados navideños, pesebres y logística vial, pero absolutamente ninguno en ciencia, tecnología o robótica educativa, violando el principio de selección objetiva e idoneidad exigido por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente, el ente de control evidenció que de los $133 millones del convenio, la Umciti aportó $120 millones en dinero que terminaron gastándose casi en su totalidad en la compra directa de kits de robótica, memorias USB, tabletas y relojes inteligentes, mientras el cooperante aportó una cifra marginal ($12,3 millones). La Contraloría concluyó que se utilizó la figura de un convenio de cooperación como fachada para hacer compras directas y saltarse la licitación pública de suministros que exigía la ley. ¿Hay una maniobra contractual irregular que evade la licitación pública y desnaturaliza el convenio? Sin duda. ¿Se robaron los equipos de robótica o se perdieron las tabletas? No; los insumos fueron entregados, pero a través de un procedimiento ilegalmente direccionado.

Ahora bien, es en el Convenio CV-UMCITI-002-2025 (ejecutado con la UPTC por $48.000.000 para el Diplomado en Ciencia de Datos) donde el análisis debe detenerse con mayor sentido crítico. La supervisión de la Umciti certificó el cumplimiento del 100% del convenio aduciendo que la universidad dictó la totalidad de las horas contratadas. No obstante, la auditoría reveló que de 76 inscritos, 47 participantes (el 61,8%) desertaron o sacaron cero por inasistencia, graduándose únicamente 12 personas (el 15,8%). La Contraloría desvirtuó la certificación señalando que la inversión pública no se mide por pagar horas docente, sino por el logro de la meta de impacto social.

Pero aquí radica el meollo de nuestra postura editorial: frente a una deserción dramática del 61,8%, la respuesta institucional de la Umciti no puede limitarse a plantear como "medida de subsanación" el hacer firmar una simple carta de compromiso a los futuros inscritos. Pretender resolver el fracaso en la retención de un programa público exigiendo un papel firmado es una solución vacía, cosmética e inoperante que no corrige la falla de fondo en la selección de los beneficiarios ni en la pertinencia del diplomado. Si bien no se puede crucificar ni juzgar con una severidad destructiva a los administradores asumiendo que el dinero se perdió por dolo, es imperativo exigir que los compromisos de subsanación sean lógicos, rigurosos y consecuentemente proporcionales con la magnitud del problema que pretenden corregir. La gestión pública no se arregla con formalismos de papel para salir del paso ante el auditor.

Este matiz resulta aún más evidente cuando observamos el panorama global de los informes de auditoría publicados, incluyendo la evaluación a Ecovivienda. Hay un dato contundente que la opinión pública suele ignorar en medio del ruido: tras la minuciosa fiscalización efectuada por la Contraloría Municipal a estas tres entidades, el volumen abrumador de observaciones corresponde a hallazgos de carácter administrativo y disciplinario. De todo el paquete auditado, el único informe que registró una presunta incidencia fiscal fue el de Ecovivienda, e incluso allí, se trató de un único hallazgo puntual. Este hecho objetivo desmonta cualquier narrativa absolutista de saqueo o desfalco generalizado. Si las fallas fueran de rapiña o pérdida sistemática del erario, la Contraloría habría tasado hallazgos fiscales de forma masiva en todas las dependencias.

Sin embargo, reducir el análisis únicamente a determinar si "hubo o no robo de dinero" es simplificar peligrosamente la conversación. Cuando la opinión pública lee que la Contraloría consolidó 16 hallazgos en una entidad, la reacción colectiva casi automática es catalogar el hecho bajo la gran etiqueta de la "corrupción", un término que en la calle abarca mucho más que el hurto directo de fondos. La ciudadanía asume de inmediato que existe mala fe deliberada, maniobras oscuras o complicidades compartidas. Pero la realidad de la gestión administrativa es más compleja y exige otorgar, desde el ejercicio periodístico y ciudadano, el beneficio de la duda.

Muchas de las irregularidades que engrosan los expedientes de control no responden necesariamente a un esquema corrupto ni a la intención probada de defraudar al Estado. En no pocos casos nos encontramos frente a simples equivocaciones humanas en el diligenciamiento de planillas, errores de apreciación técnica, vacíos en la interpretación normativa o incluso fallas de mala fe cometidas por terceros (contratistas o subalternos) donde, por cadena de mando y responsabilidad legal, es el representante legal de la entidad quien termina respondiendo y poniendo el pecho ante los órganos de control. Sería irresponsable asegurar que estas fallas no constituyen actos de corrupción, pues eso solo lo determinarán las investigaciones disciplinarias, fiscales o penales en curso; pero igual de irresponsable es tildar de corrupto al ordenador del gasto desde el primer día. Los hallazgos de la Contraloría no son condenas definitivas, son apenas el inicio formal de un proceso donde debe imperar la presunción de inocencia hasta que la autoridad competente dicte un veredicto.

La lección que dejan estos informes es clara. Informar las irregularidades del Colegio de Boyacá, la Umciti y Ecovivienda es un deber periodístico irrenunciable de Periódico El Tunjano para cuestionar la desidia procedimental, los estudios previos defectuosos y las respuestas institucionales simplistas que pretenden corregir deserción académica con cartas de compromiso. Pero juzgar la función pública exige madurez: distinguir entre el delito comprobado, la falla administrativa y el inicio de una investigación, ponderar la responsabilidad de los terceros y conceder el beneficio de la duda al funcionario es la única vía para ejercer un control social serio, libre de sensacionalismo y profundamente comprometido con la verdad.

#Opinión #Boyacá #Tunja

𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐭𝐢́𝐧 𝐨 𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐞𝐝𝐨 𝐛𝐮𝐫𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Las vías de comunicación institucional y el periodismo en nuestra región han sufrido una transformación silenciosa pero profunda, sacrificando la profundidad en el altar de la inmediatez y la comodidad. Poco a poco se ha ido extinguiendo esa metodología rigurosa en la que los medios de comunicación éramos invitados a presenciar las discusiones, las socializaciones y el desarrollo real de las políticas públicas desde la raíz. Hoy nos enfrentamos a una dinámica donde la gestión gubernamental pretende ser resumida en comunicados de prensa edulcorados, piezas gráficas diseñadas para redes sociales o ruedas de prensa posteriores donde las decisiones ya han sido tomadas a puerta cerrada.

Hacer reportería real exige presenciar los hechos. No es lo mismo asistir a una rueda de prensa final a escuchar un resumen prefabricado, que acompañar un proceso completo de socialización con la comunidad, como cuando una administración se sienta a debatir la reubicación de sectores vulnerables o la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial con el Consejo Territorial de Planeación. Cuando el periodista está presente durante todo el desarrollo de una reunión o en la entrega de una obra, acumula el contexto y el insumo técnico necesario para formular preguntas pertinentes y cuestionar con fundamento. Reducir la presencia periodística al boletín final o a las conclusiones oficiales equivale a amputar el derecho a la información que tiene la ciudadanía.

Es cierto que en la Alcaldía de Tunja se debe reconocer un ejercicio valioso impulsado por el alcalde Rafael Acevedo, como las ruedas de prensa semanales tras la izada de bandera. Disponer de un espacio abierto y extenso para preguntar sin cortapisas es un avance considerable frente a prácticas de aislamiento, bien conocidas en el pasado reciente, en tiempos de gobernanza del destituido Mikhail Krasnov. Sin embargo, esa iniciativa resulta insuficiente para cubrir el ritmo diario de una ciudad. La información pública no se detiene entre lunes y lunes, y el modelo actual deja enormes vacíos informativos en los anuncios cotidianos que realiza la administración.

Para ilustrar este problema bastan algunos ejemplos de la agenda institucional de esta semana. Se publica en las redes oficiales un encuentro entre el Alcalde y ACOPI para trazar una hoja de ruta en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. El anuncio suena bien, pero la publicación escueta no resuelve interrogantes esenciales sobre cuántas empresas se verán beneficiadas, si existen planes escalados según el tamaño del negocio o cuáles son los compromisos concretos. Lo propio ocurre con la entrega de más de dos mil setecientos metros de tubería para el acueducto de occidente en la vereda Runta Baja. Se celebra la obra en internet, pero la ciudadanía se queda sin saber el costo total del proyecto, el número exacto de familias favorecidas, el impacto en la tarifa del servicio o la fecha de intervención para la siguiente vereda.

La misma opacidad rodea hechos de enorme calado para la infraestructura local. Un sábado cualquiera, el Alcalde se reúne en privado con el director nacional del SENA para inspeccionar el avance de la nueva sede que se construye en el sector aledaño a la Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo. Los medios de comunicación terminamos enterándonos por una publicación de redes sociales, con fotos posadas y un balance previsiblemente positivo, pero sin la menor posibilidad de estar allí para constatar la obra, evaluar los cronogramas o interrogar de primera mano a los altos funcionarios. Lo propio sucede cuando el mandatario sostiene encuentros con los rectores de las universidades de la región para acordar la estrategia que impulse a Tunja como ciudad universitaria. Se anuncia el acuerdo a posteriori, pero se priva a la prensa y a la comunidad académica de escuchar el debate real, las posturas de cada institución y los compromisos presupuestales asumidos en la mesa.

Aguardar hasta el siguiente espacio de preguntas para indagar sobre un evento ocurrido días atrás dispersa la atención y limita la profundización, pues cada periodista debe priorizar temas distintos en un espacio concurrido. Esta dinámica termina beneficiando al modelo de comunicación perezoso y servil, aquel que se limita a replicar los mensajes oficiales desde un escritorio, mientras perjudica a la prensa que busca investigar, contrapreguntar y ejercer control social.

Este fenómeno de encierro no es exclusivo del Palacio de la Torre ni del despacho municipal, sino una maña recurrente en las entidades gubernamentales de Boyacá. El desprecio por la transparencia en las agendas de los mandatarios llega al punto de ignorar los canales legales. Tiempo atrás elevé un derecho de petición ante la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá para solicitar formalmente el acceso previo a la agenda diaria del Gobernador, replicando dinámicas de transparencia como las que se manejan en la Presidencia de la República. La respuesta fue el silencio absoluto. Han pasado los meses y la solicitud jamás fue respondida, confirmando una cultura administrativa que prefiere ocultar la agenda pública antes que someterla al registro periodístico.

El desinterés por garantizar una comunicación fluida y transparente roza niveles críticos cuando se trata de la gestión de emergencias y la vida ciudadana. En Tunja existe el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Municipal (CRUEMT), una instancia diseñada teóricamente para articular la respuesta de organismos como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Socorro Scout. Sin embargo, en la práctica, la desarticulación de sus comunicaciones deja a los medios a ciegas. Ocurrió hace apenas ocho días, en la madrugada, cuando un siniestro vial cobró la vida de una persona en el sector de La Sexta. Al intentar verificar los detalles oficiales del hecho para informar con rigor, las respuestas se redujeron al clásico lavado de manos: "nuestra entidad no atendió el caso". ¿A quién se le pregunta entonces? ¿Cómo se ejerce el periodismo de manera responsable si las propias autoridades fragmentan el reporte de un accidente fatal? La ciudadanía exige precisión absoluta, y la demanda con dureza cuando hay errores, pero las instituciones bloquean los canales necesarios para confirmarla.

Atrás quedaron momentos donde se pretendió mostrar un gobierno abierto, como ocurrió al comienzo de la administración interina de María Paula Jiménez Gómez con el consejo ampliado de gobierno, antes de que esa misma gestión cayera nuevamente en el hermetismo. Incluso durante el mandato del exalcalde Alejandro Fúneme, a pesar del evidente malestar que causaba la presencia de periodismo independiente en sus eventos y de su clara preferencia por difundir mensajes a través de sectores afines, era posible llegar a los escenarios de debate.

La reportería de campo es un principio innegociable que no se sustituye con piezas publicitarias, fotos institucionales ni comunicados prediseñados. La exigencia a los gobernantes de Tunja y de Boyacá no pasa por solicitudes presupuestales ni concesiones especiales, sino por el respeto irrenunciable al ejercicio periodístico. Es hora de abrir las puertas de las reuniones estratégicas, permitir el ingreso de los micrófonos y someter la gestión pública al escrutinio directo sin el blindaje del boletín oficial. Quien gobierna con transparencia no le teme a una cámara encendida ni a una pregunta incómoda. Seguir aislando a la prensa bajo la comodidad de la comunicación de vitrina no es más que una forma cobarde y velada de censura que lesiona el derecho de los ciudadanos a estar verdaderamente informados.

#Opinión #Nación

¿𝐀𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐦𝐛𝐨?

𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂

“Un guerrero fundamental en la inmensa tarea de reconstruir a Colombia”, fueron las palabras con que, en su discurso de posesión, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció al vicepresidente José Manuel Restrepo su labor. En ese momento, reconstruir el país representaba recuperar la seguridad, sanear las finanzas, fortalecer las instituciones, atender los múltiples frentes de crisis sectoriales, reactivar la economía y devolverles confianza a los ciudadanos. Y esto, aunque en su discurso frente a las tropas hubo al mismo tiempo llamados a la unidad y a la confrontación, abusando de la sacralidad de Cristo Rey al pretender colocarlo como garante de su proyecto político.

Menos de tres días después, una inesperada tragedia azotó al país con el triste saldo que hemos conocido. La realidad es tozuda y esta inesperada tragedia probablemente puso a reflexionar al mandatario, quien llegaba preparado para iniciar su gestión impartiendo órdenes de guerra, pero se encontró con esta catástrofe humanitaria que lo hizo correr para llegar donde las víctimas del terremoto y palpar su realidad. Por eso llamó a la unidad nacional y afirmó: “Hoy todos los colombianos, sin distinciones ideológicas, tenemos que unirnos frente a una sola causa: las víctimas de este desastre natural”. Palabras que hicieron percibir a muchos que en sus reflexiones vio que la crisis era la gran oportunidad para reconstruir el país no solo en lo material sino también anímicamente, canalizando los más nobles brotes de solidaridad que han mostrado lo mejor de los colombianos. Y como era de esperarse la alocución del 17 de agosto, tuvo un timbre distinto a la del 7, al convocar al Gobierno Nacional, a gobernadores, alcaldes, constructores, sector financiero y ciudadanía por igual, bajo la idea de una Patria que está "de luto" pero también "de pie".

Lo cierto es que la tragedia le abrió al Presidente una oportunidad distinta a la que imaginó en su posesión: no la de profundizar la confrontación con los líderes y simpatizantes del gobierno saliente, sino la de comenzar a reconstruir, junto con las regiones golpeadas, el ánimo colectivo de un país que lleva demasiados años dividido entre bandos.

Sin embargo, surgen dudas en si se aprovechará la crisis para que haya avances objetivos en dirección de la unidad nacional. Y dichas dudas se respaldan en posturas que ha asumido el Gobierno en el campo de las relaciones internacionales, de las cuales por espacio me referiré solo a dos.

En la reunión de la “Coalición de las Américas contra los Cárteles”, celebrada en Panamá, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó que el nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella había solicitado la participación de EE, UU en la lucha contra el “narcoterrorismo” y autorizado “operaciones conjuntas” para destruir terroristas y redes terroristas. Pues bien, más allá de las consideraciones políticas y jurídicas, la implementación de esta “solicitud” tendría unas implicaciones estratégico-militares que no parecen haber sido discutidas con el ministro de Defensa, general (rva) Jorge Mora quien conoce la doctrina de las “operaciones conjuntas”, empezando por las responsabilidades de mando frente, por ejemplo, a los “efectos colaterales” que se puedan derivar sobre la población civil.

Finalmente, la decisión anunciada por la cancillería de que Colombia reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que son territorio sirio, rompió con la tradición colombiana de respeto a los principios del Derecho Internacional referentes al rechazo a la anexión de territorios por la fuerza. Recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU en varias resoluciones, y especialmente en la 497 de 1981, declaró que los intentos de anexión por la fuerza de dicho territorio por parte de Israel son nulos por violar el derecho internacional.

Aún más, tan evidente es la ruptura que desde1982 se creó la Fuerza Multinacional y Observadores (MFO) en el Sinaí, para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz entre Egipto e Israel mediante el cual se le reconoció inequívocamente al primero la soberanía, pese a que Israel había ocupado dicho territorio por la fuerza. El punto a resaltar es que Colombia mantiene en la MFO el 24% de los militares que la integran por consenso entre los dos países otrora contendientes, que en su momento vieron que Colombia aplicaba los principios de predictibilidad, confianza y cautela en su política hacia el medio oriente. Y ante la declaración sobre los Altos del Golán, Egipto condenó expresamente la decisión colombiana de reconocer la soberanía israelí calificándola de contraria al Derecho Internacional.

#Opinión #Boyacá

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐦𝐚𝐲𝐚, 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐯𝐚 𝐚 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐧𝐢 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐜𝐢𝐧𝐚

𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔

Parece chiste, pero es una anécdota. En el multiverso de Carlos Amaya, en 2015, durante el discurso de posesión para su primera Gobernación, se quejaba de las finanzas del departamento por una deuda que, según aseguró, superaba los $100.000 millones. Algo que en 2016 convirtió en discurso oficial y resumió así: “Uno recibe la olla raspada, pero en el caso de la Gobernación de Boyacá, no se encuentra ni la olla, lo que demuestra que hay una situación complicada, no hay recursos”.

Diez años después, cuando quedan 493 días de mandato, Amaya parece que, además de desaparecer ollas, ya no quiere dejar ni la cocina. Nuevamente se habla de un empréstito, esta vez por $170.000 millones, que, sumado a los $230.000 millones aprobados en 2024, llevaría el endeudamiento a $400.000 millones. Es decir, cuadruplicaría aquello que él mismo cuestionaba cuando llegó por primera vez a la Gobernación.

Pero bueno. Uno entendería su desespero por conseguir plata si estuviera en su situación: corriendo contra el tiempo para cumplir cientos de promesas, llenar los fondos de cheques enormes y responder por el multimillonario anuncio del Pacto Raíz y Futuro que, dicen, utilizó para hacer campaña al Congreso, a la Presidencia y ahora espera que le sirva para una nueva Gobernación, pero que hasta ahora, parece haberse quedado en el papel.

También podríamos entender un nuevo endeudamiento si, a estas alturas y dos años después de la aprobación de los $230.000 millones anteriores, fueran evidentes sus resultados. Sin embargo, entre cambios de destinación y cuestionamientos sobre el uso de los recursos, todavía tenemos derecho a preguntar, ¿dónde están los resultados que no los vemos?

Pero en todo caso, digamos lo que digamos, seguramente este nuevo empréstito pasará, porque ya existe una coalición de diez diputados que se ha reunido con el Gobernador para hablar de la iniciativa y, al parecer, comprometerse a hacerla realidad.

Lo que no podemos perder de vista es que la deuda no la paga Carlos Amaya. La pagamos todas y todos los boyacenses. Los mismos boyacenses que estamos en la olla, en la olla de verdad, porque en Boyacá se está construyendo una realidad cada vez más injusta: la pobreza monetaria aumentó del 30,9% al 31,6%, mayor al promedio nacional. Fuimos el único departamento del país donde este indicador aumentó. El único.

Pero la respuesta institucional es que mientras 406.000 boyacenses viven con menos de $412.693 mensuales, ahora también tendremos que pagar una deuda más. Esto es algo que definitivamente no tiene sentido.

Así que hablando en serio, Gobernador, ¿qué pasó con aquel gobierno de la gestión? ¿Qué pasó con el multiverso de 2015 que prometía austeridad y una realidad diferente, alejada de la corrupción, el despilfarro y los discursos sin hechos?

Como señaló EL DIARIO, los ciudadanos no solamente tenemos derecho a conocer cuánto dinero quiere pedir prestado el Gobierno, sino también para qué se utilizará, cuánto costará devolverlo, durante cuánto tiempo se pagará y qué porcentaje del presupuesto futuro quedará comprometido.

Por eso, si la coalición de la Asamblea decide aprobar este nuevo empréstito, lo mínimo que esperamos es que pueda demostrar que los beneficios de las inversiones que se financiarán con esos recursos justifican el costo y el nivel de endeudamiento que asumirá el departamento. A ver si también validan un poquito su discurso rayado del gobierno que más ha hecho, más ha invertido, etcétera etcétera.

#Editorial

𝐋𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢́𝐚, 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚

Aún está fresco en la memoria institucional de la ciudad el penoso espectáculo de aquella sesión en la que el Partido Verde, en pleno contubernio con la administración del destituido exalcalde Mikhail Krasnov, llevó al recinto del Concejo Municipal de Tunja a una Procuradora Regional de bolsillo. Aquella funcionaria no acudió para fiscalizar el destino de los recursos públicos ni para vigilar la transparencia de la contratación estatal, sino para amedrentar a los concejales de oposición. Con tono admonitorio, les advirtió a los cabildantes que la forma en que se referían a los secretarios o el rigor de sus intervenciones podía ser motivo suficiente para abrirles expedientes disciplinarios. Para perseguir la discrepancia política y fiscalizar el tono del discurso de la oposición, los entes de control despliegan una diligencia pasmosa; sin embargo, esa firmeza institucional se transforma en una cobardía cómplice cuando se trata de investigar y sancionar las mentiras descaradas pronunciadas por funcionarios y contratistas en el mismo recinto.

Esa pasividad resulta incomprensible frente a la dimensión del engaño al que fue sometida la ciudad y que consta en las grabaciones y actas de la propia corporación. En medio del debate de control político que se hizo hace unos meses a las dependencias a cargo del Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, el representante legal de la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías (EDT), Nicolás Tavera, sostuvo sin sonrojo ante los cabildantes y los líderes de las juntas de acción comunal que el Municipio de Tunja no les había girado un solo peso y que las escasas obras en marcha se financiaban con recursos propios de la entidad antioqueña. Una falsedad monumental desmentida por los comprobantes de egreso de la Tesorería Municipal de Tunja cargados en el Secop II, los cuales certifican el desembolso de un anticipo del 95%, equivalente a $14.337 millones, ejecutado desde diciembre de 2025. En esa misma sesión, la entonces directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, aseveró ante la corporación que el dinero permanecía resguardado en una cuenta bancaria del municipio rindiendo intereses. Otra mentira probada: la plata ya había salido de las arcas municipales y jamás produjo rendimiento alguno para la ciudad.

Para colmo de cinismo, la indignación revive ahora tras lo ocurrido esta semana en el Concejo Municipal de Donmatías. Hasta esa corporación acudió el gerente de la EDT, Nicolás Tavera, citado a control político para rendir cuentas sobre las actuaciones de la entidad pública que dirige. En lugar de asumir la inoperancia técnica de la empresa del municipio antioqueño, Tavera armó una cortina de humo pretendiendo justificar la parálisis de las obras en Tunja como si fuera el resultado de una escaramuza política ajena a su gestión.

En su libreto de pretextos ante los cabildantes de su municipio, el funcionario sostuvo que la EDT terminó convertida en una víctima o en un "caballito de batalla" atrapado en medio de una supuesta pelea entre el exalcalde Krasnov y el gobernador Carlos Amaya. La coartada es falaz de principio a fin. Krasnov y Amaya caminaron de la mano durante buena parte de esa administración, y pretender convencer hoy a la opinión pública de que la EDT es una simple víctima política es un recurso burdo para eludir la responsabilidad institucional por el incumplimiento de un contrato de $15.000 millones. Esas disculpas ante su corporación local se suman al informe tramposo que Tavera le entregó el pasado 10 de agosto a la concejal de Donmatías, Yudy Marcela Peña Correa, en el que reportaba un avance del 62% en vías y del 48% en salones comunales, cifras infladas que riñen frontalmente con la realidad en los barrios de la capital boyacense.

Toda esta maniobra de desinformación busca ocultar el desastre técnico que la Secretaría de Infraestructura de Tunja ya ha certificado en sus informes oficiales. La radiografía con corte a julio de 2026 demuestra que, habiéndose consumido el 74,33% del tiempo total del Contrato 1767 de 2025, el avance físico consolidado apenas llega al 37,38%. De los 81 tramos viales, 34 ni siquiera han iniciado intervención física y los 30 que figuran como terminados carecen de recibo a satisfacción. En salones comunales la ejecución se frenó en el 36,96% con 11 frentes abandonados, mientras que la adecuación de parques registra un absoluto 0% por fallas en los estudios técnicos. A menos de un mes y diez días de que venza la prórroga fijada para el próximo 30 de septiembre de 2026, la parálisis de las obras en los barrios de la capital boyacense es total.

Mentir premeditadamente en una citación de control político ante un Concejo Municipal vulnera de forma directa el principio constitucional de moralidad administrativa (Art. 209 de la Carta Política) y constituye una falta grave contra los deberes de veracidad consignados en los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019 (Código Único Disciplinario).

Las pruebas que imponen la vinculación formal de la Contraloría Municipal, la Contraloría General de la República, la Personería Municipal de Tunja y la Fiscalía General de la Nación no son abstractas: reposan en el audio y la grabación oficial de la sesión del Concejo de Tunja, en las actas de la sesión, en los comprobantes de egreso de la Tesorería de Tunja visibles en el Secop II y en la solicitud formal de declaratoria de incumplimiento sancionatorio radicada por la Secretaría de Infraestructura el pasado 17 de junio de 2026.

Si las instancias de control en Tunja consideran que no tienen competencia directa para procesar a Nicolás Tavera por ser directivo de un ente descentralizado de Donmatías, la ley les impone el deber obligatorio de compulsar copias y notificar inmediatamente a sus superiores jerárquicos para que la Procuraduría Provincial competente, la Contraloría General y la Fiscalía abran los respectivos expedientes. Guardar silencio o engavetar estas evidencias convierte a los funcionarios de control en cómplices por omisión de denuncia (Art. 417 del Código Penal). La apertura de procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal contra Nicolás Tavera y Luzmila Acevedo Galán es una obligación legal ineludible antes de que el vencimiento del contrato el 30 de septiembre selle la impunidad de este despojo a las finanzas de Tunja.

#Opinión

𝐂𝐡𝐚𝐬𝐜𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐨𝐬

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Resulta fascinante y a la vez desolador contemplar la soltura con la que el poder burocrático de Boyacá construye sus propios espejismos cuando requiere encubrir la falta de rigor, la improvisación y el desorden institucional. La tarde del último martes, los periodistas del departamento fuimos convocados a una reunión virtual con el propósito de conocer la socialización de los resultados del tan anunciado “estudio” de caracterización de los medios de comunicación que operamos en el departamento. Un trámite que el gremio periodístico llevaba reclamando de manera conceptual desde hace más de dos años y que la administración departamental utilizó sin el menor empacho como la excusa perfecta para congelar, dilatar o direccionar las contrataciones de pauta pública. Las justificaciones oficiales para semejante tardanza oscilaron durante meses entre la supuesta búsqueda de insumos técnicos y la decisión del gobernador Carlos Amaya de reorientar las partidas presupuestales de ese diagnóstico para atender una emergencia invernal. Tras un largo periodo de evasivas orquestadas desde la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, la expectativa por conocer un trabajo serio y profesional se desmoronó en cuestión de minutos.

Lo que presenciamos durante más de cuatro horas los cerca de noventa comunicadores que nos conectamos a la sesión no fue un diagnóstico riguroso ni un instrumento técnico orientado a dignificar el ejercicio de la prensa. Fue una burla descarada, una afrenta contra el oficio y un monumento a la mediocridad avalado por la firma Cifras y Conceptos. La sesión arrancó con el libreto predecible de la burocracia: la directora de la Unidad Administrativa de Comunicaciones, Diana Marcela Espinel López, y los voceros de la Secretaría de Planeación se dedicaron a repetir como un mantra la supuesta excelencia, el enfoque juicioso y la pulcritud del trabajo realizado, pretendiendo validar la calidad del producto mediante la simple repetición de adjetivos, como quien repite una mentira mil veces para convertirla en realidad. Posteriormente, los expositores desplegaron un sofisticado sofisma de distracción sociodemográfico, gastándose el noventa por ciento del tiempo en exponer datos sobre cuántas mascotas tienen los boyacenses, qué porcentaje practica el catolicismo o cuál es la distribución por niveles de ingreso, con el deliberado propósito de agotar la paciencia del auditorio y evitar el debate sobre el ecosistema de medios. Cuando por fin abordaron la parte sustancial, la clasificación de los medios de comunicación fue despachada en escasas tres diapositivas, opacas, sin mayores detalles y exhibidas a toda prisa para impedir que los asistentes pudiéramos examinar la precariedad de la información.

La prueba reina de la indigencia técnica de este ejercicio radica en su incapacidad para distinguir entre una plataforma de periodismo real y una organización de naturaleza estrictamente gremial. Afirmar que en Boyacá existen 207 medios de comunicación reconocidos bajo ese rasero es una bofetada a la inteligencia de los profesionales que trabajamos a diario en la región. En ese registro oficial figura, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Boyacá. Es necesario decirlo con absoluta claridad: la Sociedad de Ingenieros es una agremiación técnica y profesional respetada por la ciudadanía en su campo, pero no es un medio de comunicación. No cuenta con periodistas en su nómina, no emite contenidos informativos de coyuntura ni administra una sala de redacción. Si esa sociedad aspira a conservar el respeto institucional del departamento, debería abstenerse de prestarse para parasitar los presupuestos públicos destinados a la difusión de información de interés general. Resulta inaceptable que un gremio sólido y con músculo propio venga a disputar e invadir los escasos recursos de un sector periodístico golpeado, que no cuenta con una agremiación fuerte ni con garantías institucionales.

La ironía quedó al desnudo esa misma mañana del martes, cuando la mencionada sociedad convocó a una rueda de prensa en Tunja a la que solo asistimos tres medios locales. La reunión fue orquestada por un avispado líder gremial con doble sombrero, de esos que solo aparecen cuando huelen presupuesto y cuya única “producción periodística” en su fan page de escasos 1.400 seguidores es compartir diariamente el evangelio que encuentra en Youtube, quien asistió como vigilante para figurar sin publicar posteriormente una sola línea sobre la rueda de prensa. Allí nos entregaron un ejemplar de su revista institucional impresa en el año 2023, pues seguramente era la más reciente que tenía entre sus anaqueles, y al salir de la rueda de prensa, mientras examinábamos el papel entre los asistentes, entre risas y sarcasmo no faltó quien soltara la frase fulminante: que ese impreso serviría para llevarlo a casa y ponerlo de tapete en la jaula del canario para recoger sus deposiciones.

Este caso no es un hecho aislado ni responde a una animadversión puntual, sino a una falla de fondo que se repite a lo largo de todo el documento. El estudio incurre en el despropósito de meter en la misma bolsa del periodismo a talleres de imprenta como Grafiboy, dedicados a la litografía y el estampado de tarjetas de presentación o afiches; a servicios de perifoneo de calle como Publimóvil e incluso a la nómina de emisoras escolares de instituciones educativas. Validar semejante ensalada institucional dentro de una caracterización de medios supone una irresponsabilidad técnica, pues legitima formalmente a empresas comerciales y entidades ajenas al oficio para disputar partidas presupuestales destinadas a la prensa. Si una empresa imprime volantes, se le celebra su actividad comercial, pero eso no es periodismo; si una agremiación publica un boletín técnico, se le reconoce su espacio institucional, pero eso tampoco es periodismo. Equiparar el ejercicio diario de informar, investigar y marcar agenda con la impresión de papelería o la lectura de avisos en altoparlante es degradar la profesión y promover la deslealtad con quienes sostienen salas de redacción reales, y la responsabilidad que eso implica.

Las inconsistencias del documento elaborado por Cifras y Conceptos desencadenaron una lluvia de reclamos en la misma sesión virtual por parte de periodistas que vieron pisoteada la realidad de sus plataformas. Mientas el estudio le otorga posiciones de privilegio a marcas inexistentes en la región como Radioacktiva, e incluye en los lugares de honor a perfiles individuales de respetados colegas que no administran empresas periodísticas, dejó por fuera a medios de amplio calado como Noticias Duitama, cuyo director, Óscar Martínez, encaró a César Caballero, director de la reconocida firma encuestadora, exigiendo explicaciones de cómo un portal con más de 258.000 seguidores en Facebook y 68.000 en Instagram fue borrado del mapa. El nivel de chapucería alcanzó niveles descarados cuando el Director de 7N Noticias, evidenció cómo situaron en el quinto lugar de medios con más seguidores al colega David Amar asignándole 1.400.000 seguidores tras confundirlo torpemente con el nacional Yamid Amat, o cómo le atribuyeron 802.000 seguidores a una emisora local de Paipa sumándole la página nacional de Radioacktiva Colombia. Y eso sin nombrar el largo listado de verdaderos medios que se quedaron por fuera de la clasificación.

Semejante aberración metodológica encontró su explicación definitiva en medio del debate, cuando ante la interpelación de varios periodistas, la propia directora Diana Espinel tuvo que confesar que la base de datos entregada a Cifras y Conceptos para hacer la caracterización en pleno año 2026 correspondía a un registro administrativo con corte a noviembre de 2025. Realizaron un diagnóstico de la prensa actual basándose en un archivo obsoleto del año anterior, sobre el cual Cifras y Conceptos aplicó encuestas a ciegas sin verificar en terreno la existencia real, los cambios de marca ni la naturaleza de lo que estaban midiendo. Ante la avalancha de inconsistencias, el cuestionamiento de veedores y periodistas sobre el posible detrimento patrimonial y la falta de transparencia en la contratación, César Caballero optó por alegar compromisos de agenda a mitad del encuentro y abandonó la sesión virtual dejando a su equipo para contener el malestar de la prensa.

El intento de atenuar semejante fiasco por parte de los funcionarios de la administración departamental dejó al descubierto el nivel de manipulación del espacio. Cuando uno de los integrantes de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, pretendió justificar el desastre argumentando que la sesión requería arrancar obligatoriamente por el contexto sociodemográfico y asegurando que los datos desglosados por provincias sí existían, tuve que interrumpirlo para poner las cosas en su sitio: la ficha metodológica es un anexo que cualquier entidad seria pone al final y en letra pequeña; lo verdaderamente relevante era el estudio de medios. Si esos supuestos datos provinciales y detallados realmente existían en el papel, ¿por qué no los mostraron? Escondieron la información de fondo para que los periodistas no pidiéramos cuentas sobre las cifras reales de alcance y seguidores. El desenlace no pudo ser más revelador: la Gobernación no tuvo más remedio que recoger cable y anunciar que el estudio no se publicará en la página web oficial, prometiendo enviarlo por correo privado para intentar maquillar un documento que nació muerto.

Pretenden ahora anunciar reformas a la ordenanza de acreditación de medios para proyectar un rigor que no tuvieron al firmar el contrato, mientras ignoran de manera cómplice la verdadera podredumbre que corroe al ecosistema informativo en Boyacá: el saqueo descarado y el parasitismo impune. Nada dijo el estudio sobre esa pandilla de hampones con ínfulas de directores de medios que no pisan la calle, no hacen reportería, no sudan una transmisión ni gastan un solo peso en producción, pero se dedican a descargar de manera criminal las entrevistas, los cubrimientos y el material exclusivo que conseguimos los medios que sí trabajamos. Cogen el trabajo ajeno, le encajan encima una marca de agua cínica y salen a hacerlo pasar como propio. Son delincuentes del ecosistema digital que viven de saquear el esfuerzo de los demás para luego ir a hacer fila en las oficinas de contratación, pasando cuentas de cobro en la Gobernación, las alcaldías, la licorera y la lotería. Que un pretendido estudio de caracterización pase de largo ante semejante atraco y no identifique a estos piratas para vetarlos de los fondos públicos no es una simple omisión técnica; es una complicidad institucional que premia y legitima la vagancia y la trampa mientras castiga al periodismo real.

Pero el verdadero trasfondo de este artificio no es solo su precariedad metodológica, sino la intencionalidad política de erigir un marco a la medida para entronizar a los círculos afines a la administración del gobernador Carlos Amaya. El instrumento sirvió para simular una legitimidad técnica que ubica en los primeros lugares de recordación a plataformas de escasa recordación ciudadana, a portales de bolsillo y a plataformas cuya resonancia no trasciende la órbita de los compadres del “gober”, pero que gozan de la complacencia del oficialismo verde. Detrás del sofisma estadístico subyace una estrategia perversa: blindar documentalmente la discrecionalidad en el reparto de la pauta pública, asegurando que los recursos del erario terminen financiando el eco propagandístico de la gestión departamental mientras se pretende relegar al periodismo independiente y fiscalizador.

Esta distorsión fue posible porque la Gobernación y la firma Cifras y Conceptos prefirieron validar un ligero sondeo de recordación popular, un simplón baño de popularidad, en lugar de estructurar un verdadero estudio de caracterización fundado en criterios objetivos de selección. Resulta insólito que la administración ignore el enorme volumen de información técnica que los medios independientes entregamos rigurosamente a través de los contratistas e intermediarios que ejecutan los planes de medios, mismos informes que terminan cargados en la plataforma Secop II como soporte legal de los pagos, y prefiera salir a gastar el presupuesto en encuestas de pipiripao. Esos consolidados de impacto, capturas de métricas y evidencias de alcance que la Gobernación exige para justificar la ejecución contractual ante el Secop II debieron ser la materia prima indiscutible de este diagnóstico. Un estudio serio exige evaluar parámetros cuantificables y técnicos: el alcance digital verificado, el volumen de seguidores orgánicos, la tasa real de interacción, la realización de auditorías de cuentas para detectar audiencias falsas, la capacidad instalada y la originalidad de la propuesta editorial. La asignación de recursos públicos no puede obedecer al compadrazgo ni a encuestas superficiales de opinión con visos de concurso de popularidad; requiere una metodología transparente que premie la reportería real, castigue la piratería de contenidos y aproveche la evidencia técnica que el propio Estado recopila. Exigir la anulación de este ejercicio y la construcción de un estudio fundamentado en variables objetivas es la única vía para garantizar el respeto por el erario y la equidad en el ecosistema informativo.

Sostener la validez de este diagnóstico supone ignorar la transformación radical de los formatos de consumo informativo. Carece de sentido que el Estado continúe financiando periódicos impresos que se quedan pudriéndose en los escritorios de la Gobernación y las alcaldías, cuando la ciudadanía ya no consume este tipo de productos ni los acepta aun cuando se distribuyen de forma gratuita en la calle. Una caracterización rigurosa habría evaluado la viabilidad de acompañar a esas publicaciones en su transición hacia el entorno digital o habría fortalecido la radio como el canal natural para conectar con la ruralidad apartada, en lugar de validar un listado de ocho impresos sin medir su tiraje efectivo, su red de distribución ni su tasa real de lectura.

Reducir este reclamo a un simple debate por el reparto de dinero público sería ignorar la verdadera dimensión técnica que debe tener una caracterización periodística. Un estudio serio no se limita dar un listado de populares e impopulares para determinar el reparto contratos de pauta; su verdadero valor radica en diagnosticar las necesidades del sector para trazar políticas públicas de fomento, impulso y acompañamiento. Una caracterización rigurosa permite identificar los medios consolidados y potenciar sus capacidades técnicas para que trasciendan las fronteras regionales, disputen reconocimientos nacionales y dejen en alto el periodismo departamental. De igual forma, permite detectar los proyectos nacientes para orientarlos, brindarles capacitación técnica y guiarlos hacia nichos informativos desatendidos donde puedan florecer de manera sostenible. Entregar una lista de popularidad vacía de variables cualitativas invisibiliza las carencias del gremio, abandona al emprendimiento comunicativo a su suerte y demuestra que la administración departamental no tiene el menor interés en fortalecer el ecosistema periodístico de Boyacá.

El trasfondo político de esta maniobra resulta evidente. El gobernador Carlos Amaya utiliza la contratación de este tipo de consultorías para tejer complacencias con Cifras y Conceptos, una de las encuestadoras de mayor vitrina nacional, buscando quedar bien parado, asegurar lecturas benévolas y proyectar un perfil electoral favorable de cara a sus aspiraciones futuras. Pretendía matar dos pájaros de un solo tiro: ganarse los favores de la firma de análisis político y simular un respaldo institucional hacia la prensa regional mediante un documento que resultó vacío de contenido. Sin embargo, con los periodistas que ejercemos el oficio de manera independiente y crítica no logró su cometido. El periodismo de calidad en Boyacá funciona como un contrapoder que no se amedrenta ni se arrodilla ante los chantajes que se pretenden hacer con el presupuesto estatal. Los ciudadanos de Tunja y del departamento acuden a los medios locales para informarse y establecer la agenda pública porque entienden que la prensa nacional no cubre la realidad de municipios como Moniquirá, El Cocuy, Tunja o Puerto Boyacá con la inmediatez y la profundidad que se requiere.

Luego de un rastreo exhaustivo por la plataforma Secop II, cruzando fechas, revisando el Registro Único de Proponentes en el RUES y ensayando múltiples combinaciones de palabras clave administrativas, todo sin hallar un solo registro debido a las maniobras de la burocracia para nombrar u ocultar procesos en los buscadores públicos; me dirigí el pasado 20 de agosto a la Gobernación de Boyacá para radicar un derecho de petición. Invocando la Ley de Transparencia, exigí de manera directa la entrega de la URL exacta y funcional que conduzca al expediente digital del contrato con Cifras y Conceptos, junto con la copia integral de los estudios previos, el CDP, la propuesta técnica y el informe final entregable. Si la Unidad Administrativa de Comunicaciones contrató un sondeo superficial de recordación, cometió una irresponsabilidad que configura un evidente detrimento patrimonial, advirtiendo que, durante las mesas de seguimiento la política pública de periodismo, se dejó claro que la caracterización bajo criterios objetivos y cuantificables era lo que se buscaba. Si por el contrario se contrató un diagnóstico técnico de caracterización y la firma entregó este remedo de estudio, el contrato debe ser objetado y el ejercicio de caracterización debe rehacerse desde cero con criterios objetivos e imparciales.

¡Señor Carlos Amaya, la plata de los contribuyentes y el ejercicio periodístico se respetan!

#Editorial

𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐭𝐮𝐧𝐣𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐢𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬

Comprendemos con total claridad que para algunos sectores de la opinión pública, e incluso para las propias instancias de la administración municipal, el análisis incisivo, técnico y reiterado sobre el Contrato Interadministrativo 1767 de 2025 pueda resultar un asunto insistente y abrumador. Desde las plataformas digitales de este medio de comunicación hemos dedicado múltiples entregas a desarmar la filigrana administrativa de este convenio suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías (EDTD S.A.S.). No obstante, la insistencia periodística no responde a un capricho editorial ni a un intento desmedido por generar encono político. La gravedad de lo que está en juego, representado en una bolsa presupuestal que supera los quince mil millones de pesos pertenecientes de forma exclusiva al esfuerzo tributario de los habitantes de Tunja, impide guardar un silencio complaciente ante la parsimonia, la inoperancia y la evasión técnica con la que se ha administrado este asunto.

El origen de esta crisis contractual se remonta a una estructuración viciada por condiciones financieras insólitas y desproporcionadas. Bajo la administración del destituido exalcalde Mikhail Krasnov, la capital boyacense comprometió una apropiación de 15.076.144.076 pesos destinada a la ejecución de frentes de obra clave para el desarrollo urbano, incluyendo la intervención de la red vial, el mejoramiento de espacio público y la adecuación de salones comunales e infraestructura escolar. Bajo el endeble argumento de facilitar la capacidad operativa del contratista, la municipalidad autorizó el desembolso anticipado de un 95% del valor total del contrato, girando de manera inmediata más de 14.337 millones de pesos a las cuentas de la entidad pública antioqueña. Lejos de garantizar la celeridad y calidad en la ejecución de los trabajos, la EDTD S.A.S. procedió a la tercerización absoluta de los frentes de trabajo mediante la vinculación de privados, desdibujando por completo la figura de la contratación directa entre entidades estatales y exponiendo al municipio a un escenario de severa vulnerabilidad jurídica, técnica y fiscal.

La alarma institucional adquiere hoy un tinte de desfachatez tras conocerse el contenido de la respuesta formal emitida por el gerente de la EDTD S.A.S., Nicolás Tavera Trujillo, a la concejal Yudy Marcela Peña Correa en el municipio de Donmatías. En el documento oficial con fecha del 10 de agosto de 2026, la empresa antioqueña pretende proyectar ante la cabildante de su localidad un panorama de absoluta normalidad y avance satisfactorio. En dicho escrito afirman registrar avances físicos del 62% en malla vial, 48% en salones comunales y 28% en infraestructura educativa, aduciendo además que la entidad no ha sido notificada formalmente sobre ningún procedimiento sancionatorio o requerimiento de incumplimiento por parte de la capital boyacense.

Dichas aseveraciones entran en abierta, flagrante y demoledora contradicción con los informes oficiales de supervisión técnica que reposan en la plataforma Secop II y con los conceptos emitidos por la Secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja. Al revisar el informe oficial de supervisión con corte a julio de 2026, firmado por la entidad supervisora local, se consolida una realidad irrefutable: el Contrato 1767 registra un tiempo contractual transcurrido del 74,33%, mientras que el avance físico real ejecutado escasamente alcanza el 37,48%. La brecha de casi 37 puntos porcentuales entre el tiempo consumido y la obra materializada en terreno evidencia un rezago estructural insalvable a escasas semanas del vencimiento definitivo del plazo contractual, fijado para el próximo 30 de septiembre de 2026. Resulta inaceptable que mientras en el departamento de Antioquia la directiva de la EDTD S.A.S. rinde cuentas con datos inflados y discursos triunfalistas, en los barrios de Tunja los vecinos enfrenten frentes de obra paralizados, excavaciones abandonadas, suspensiones por falta de diseños en parques y un deterioro acelerado en los escasos parches viales ejecutados.

Causa aún mayor indignación que el contratista antioqueño sostenga la tesis de la ignorancia procesal frente a las acciones emprendidas en la capital boyacense. Desde el 17 de junio de 2026, la supervisión del contrato adscrita a la Secretaría de Infraestructura radicó formalmente ante la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja la solicitud para dar inicio al procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento sancionatorio. Esta maniobra de desinformación por parte de la EDTD S.A.S. replica la conducta desplegada por sus voceros ante el propio Concejo Municipal de Tunja, recinto en el que llegaron a aseverar falsamente que la administración no les había girado los recursos, omitiendo deliberadamente que la tesorería municipal había hecho efectivo el desembolso del 95% del anticipo desde finales del año anterior.

A este complejo panorama se suma una revelación técnica de extrema gravedad al auditar los documentos definitivos de las garantías en el sistema de contratación pública. Tras la verificación detallada de los anexos expedidos por Aseguradora Solidaria de Colombia, se constata que la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías únicamente mantiene vigente la Póliza de Cumplimiento No. 994000041541 por un valor de 1.507.614.407,60 pesos. Aunque existe una póliza adicional de Responsabilidad Civil Extracontractual por 350.181.000 pesos (Póliza No. 994000016934), esta última cubre únicamente eventuales daños a terceros u obras civiles colindantes, más no el abandono o la no entrega de los frentes de trabajo. Esto significa que frente a un contrato que supera los 15.000 millones de pesos, donde la municipalidad desembolsó de forma anticipada más de 14.337 millones, la única protección real de Tunja para recuperar el valor de las obras es un irrisorio 10% amparado. De materializarse la parálisis total, la aseguradora responderá únicamente por esos 1.507 millones de pesos, dejando un abismo fiscal que supera los 12.800 millones de pesos del erario tunjano desprovistos de todo amparo asegurador inmediato.

Es en este punto crítico donde la atención y la exigencia ciudadana se dirigen frontalmente hacia el nuevo gobierno municipal. Al alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, le formulamos un llamado de atención respetuoso pero tajante y sin ambigüedades. Comprendemos que su llegada al despacho municipal se produce bajo el rigor de un mandato atípico de escasos 17 meses, derivado de la vacancia absoluta producida por la salida del gobierno anterior. Es de público conocimiento el desastre administrativo heredado de la gestión de Mikhail Krasnov, una administración caracterizada por la improvisación, la incapacidad técnica y la ausencia absoluta de proyectos estratégicos estructurados para la ciudad. Reconocemos las severas dificultades logísticas que implica conformar un equipo de gobierno en cuestión de semanas y asumir el control de una maquinaria municipal enredada en diferendos contractuales.

Sin embargo, la brevedad del periodo institucional no puede convertirse en patente de corso para la tibieza ni en justificación para la cortesía diplomática frente a quienes han puesto en riesgo las finanzas de la capital. Señor alcalde Rafael Acevedo Pedroza, el calendario avanza de manera inexorable. Transcurridas tres semanas desde su posesión oficial, el plazo contractual del referido contrato agoniza con un avance que no llega ni a la mitad de lo pactado y sin que los frentes de trabajo exhiban el menor dinamismo. Guardar silencio o atenerse a procedimientos burocráticos pasivos es validar el despojo de los recursos de la ciudad.

Es la hora de actuar con vehemencia jurídica y determinación política. La ciudadanía no le exigirá a un gobierno atípico de 17 meses la construcción de megaobras de infraestructura imposibles de financiar o ejecutar en dicho lapso. La ciudadanía le demandará el coraje institucional para sentar un precedente firme y defender cada peso del tesoro público. Su administración obtendrá un triunfo ético y político trascendental si asume la bandera de la dignidad territorial, exigiendo, requiriendo y llevando hasta sus últimas consecuencias legales a la EDTD S.A.S. y al municipio de Donmatías para que respondan, indemnicen y restituyan de forma íntegra los 15.076 millones de pesos girados, indexados a la valorización e inflación actual.

Es hora de hacer valer la jerarquía de la capital boyacense. El Alcalde de Tunja debe requerir de manera directa a su homólogo del municipio de Donmatías y exigir explicaciones públicas y acciones inmediatas sobre la conducta de su empresa pública descentralizada. Las consideraciones de cortesía interinstitucional no pueden primar sobre la protección del erario. Los tunjanos esperan ver en su figura al líder dispuesto a hacer respetar a la ciudad y a sentar a los responsables de esta debacle contractual en los estrados judiciales y de control fiscal.

#Opinión #Tunja

𝐋𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

El pasado lunes 10 de agosto, un fuerte sismo sacudió a Colombia, sembrando pánico en varias regiones del país. En Tunja, el movimiento provocó un susto colectivo que volcó a miles de personas a las calles en medio de la incertidumbre. Horas más tarde, los reportes oficiales confirmaron un saldo de tranquilidad: ni víctimas ni daños estructurales que lamentar. Sin embargo, no hay que engañarse. La capital boyacense no salió invicta por contar con infraestructuras sólidas ni por una gestión del riesgo previsora. Tunja simplemente tuvo la suerte de siempre: el sismo se originó a casi 100 kilómetros de profundidad y su epicentro se situó al otro extremo del territorio nacional, condiciones que atenuaron el golpe al llegar a la superficie. Si el evento hubiese sido superficial y cercano, la historia podría haber sido otra.

Esa benevolencia geográfica es lo único que mantiene en pie a un grupo puntual de inmuebles históricos en riesgo crítico. La vulnerabilidad de estas estructuras radica en su sistema constructivo de mampostería no reforzada: muros de tapia pisada, adobe y estructuras de madera que carecen de vigas de amarre y refuerzos de acero. Ante un temblor severo, estas casonas no resisten. Resulta alarmante observar cómo edificaciones específicas sobrevivieron literalmente "entre algodones", amarradas con láminas de zinc oxidado, polisombras rotas, cerramientos metálicos y vigas de madera instaladas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal como supuestas medidas de contención. Nos acostumbramos a llamar "provisional" a lo que lleva más de una década pudriéndose a la vista de todos. Que estas casas no se hayan caído responde únicamente a un golpe de fortuna, pero confiar la salvaguarda de la memoria urbana a la suerte es una irresponsabilidad institucional insostenible.

El verdadero fondo del problema radica en una trampa económica y fiscal donde nadie puede o quiere actuar. Por un lado, la mayoría de estos predios emblemáticos, como la casona colindante a la Casa Tomasina en la Carrera Novena, la Casa Don Diego de Oliva en la Esquina de la Pulmonía en la Plaza de Bolívar, la Casona situada en frente de la Plazoleta de las Nieves con su mural "Mujer Territorio", el predio de la Carrera Décima con Calle 25 o la propiedad esquinera del Parque Pinzón, pertenecen a particulares. Para un ciudadano o una familia de herederos, cumplir con las rigurosas exigencias de conservación arquitectónica impuestas por la norma es financieramente imposible. El costo de contratar estudios técnicos especializados, mano de obra experta en restauración y cumplir con los extensos protocolos del Ministerio de las Culturas resulta prohibitivo. A los propietarios no les resulta rentable realizar semejante inversión sin perspectiva de retorno, generándose un incentivo perverso: les sale incomparablemente más barato dejar caer la edificación para librarse de la carga y habilitar posteriormente un parqueadero comercial.

Por otro lado, cuando las edificaciones son de propiedad estatal, como la Casona del Auditorio José Mosser, con participación del Departamento de Boyacá, o la antigua Casa Silvino Rodríguez en la Carrera Octava, propiedad de Tunja y la Gobernación, la respuesta institucional es la misma: no hay dinero. La refacción integral de una sola de estas casonas puede superar los 15.000 millones de pesos, un presupuesto inalcanzable para un municipio ahogado en urgencias sociales y necesidades básicas primarias. Es una realidad incontestable. El erario público jamás tendrá como prioridad destinar miles de millones a reparar casas cuando faltan inversiones en salud, vías o educación. Pero comprender la falta de recursos no significa resignarse a ver cómo la historia se destruye.

Aquí es donde la gestión pública debe romper paradigmas y acudir a figuras de financiamiento corporativo que ya han demostrado su éxito en Colombia y el mundo mediante la aplicación de los ‘Naming Rights’ o la venta de derechos de uso y denominación comercial temporal para recuperar inmuebles patrimoniales. Si el sector privado invierte millones en estadios o escenarios culturales a cambio de presencia de marca, no existe razón alguna para no extender este modelo a la infraestructura histórica en ruinas.

Los ejemplos de esta figura abundan y demuestran su efectividad. A nivel internacional, Italia rescató el Coliseo Romano gracias al financiamiento directo de 25 millones de euros aportado por la marca Tod's, mientras la firma Fendi asumió la restauración integral de la Fuente de Trevi. En el ámbito cultural, el Teatro Dolby en Los Ángeles funcionó durante años bajo el patrocinio directo de Kodak para garantizar su operación. En Colombia, el Teatro Santander en Bucaramanga fue rescatado de las ruinas mediante alianzas donde firmas privadas financiaron sus salas a cambio de derechos de denominación, mientras que en Bogotá el Movistar Arena transformó un coliseo público en ruinas en el escenario multipropósito más moderno del país. Estos modelos prueban que el patrocinio comercial no degrada la dignidad del espacio, sino que garantiza su reconstrucción, su mantenimiento impecable y su disfrute público sin costarle un solo peso a los contribuyentes.

Frente a esta realidad cabe preguntarse cuál es el impedimento para que la Alcaldía de Tunja o la Gobernación de Boyacá estructuren una convocatoria que le permita a grandes marcas privadas asumir la restauración total de la casa que alberga el Auditorio José Mosser, la Casa Silvino Rodríguez o las casonas del Parque Pinzón y la de la Esquina de La Pulmonía a cambio de cederles el nombre por 15, 20 o 30 años. Que una firma comercial invierta el capital necesario para reforzar estructuralmente, reparar tejados y revivir estas joyas arquitectónicas a cambio de llamarlas temporalmente Casona Dunkin', Casa Bavaria o Centro Cultural Oxxo representa una ganancia redonda. En el caso de los bienes privados, el Municipio actuaría como facilitador e intermediario otorgando estímulos fiscales o exenciones del impuesto predial a los dueños para que permitan la intervención y la explotación temporal de la marca.

La operatividad de este modelo es técnicamente viable tanto en bienes públicos como en predios privados. En los inmuebles de propiedad estatal, el mecanismo es directo mediante un acuerdo municipal u ordenanza que autorice la concesión del uso y la explotación comercial del nombre a la marca inversora. En el caso de las casonas de propiedad particular, donde el Municipio no puede arrendar lo ajeno, la administración debe actuar como un articulador normativo y técnico. La Alcaldía puede estructurar una figura de servidumbre patrimonial y convenios de coparticipación que permitan al privado ceder temporalmente el usufructo de la fachada y la denominación del inmueble a la empresa patrocinadora, articulando esta alianza con los descuentos condicionados del impuesto predial por mantenimiento efectivo de fachadas, el acceso a las convocatorias públicas de restauración y la habilitación de usos comerciales compatibles. De este modo, el propietario salva el inmueble de la ruina sin gastar de su bolsillo, mientras la marca ejecuta la obra con la garantía de su presencia comercial.

Además, el impacto de este modelo va más allá del inmueble intervenido. La reapertura de una casona restaurada genera un retorno indirecto inmediato para Tunja al revitalizar la cuadra, fomentar la apertura de cafés, restaurantes u hoteles aledaños, mejorar el entorno urbano, brindar seguridad y darle herramientas reales a la ciudad para construir rutas turísticas y explotar la narrativa histórica que hoy no se puede mostrar por falta de espacios físicos en buen estado.

La falta de voluntad para explorar estas alianzas se hace más evidente al contrastar la desatención del patrimonio con las prioridades del gasto regional. Mientras las casonas fundacionales de Tunja se caen a pedazos, la Gobernación de Boyacá formalizó la destinación de $6.900 millones de pesos del presupuesto público únicamente para pagar los estudios y diseños de la ampliación del Estadio La Independencia, dentro de un proyecto cuya ejecución total superaría los $100.000 millones de pesos. Resulta absurdo pretender despilfarrar semejante fortuna pública en levantar nuevas tribunas para un estadio que no se llena ni tres veces al año, salvo en partidos excepcionales de equipos visitantes que no le dejan mayores ingresos a la ciudad.

Si la intención de la administración departamental es convertir el estadio en un escenario para grandes conciertos y eventos, la ruta tampoco debe ser el dinero de los boyacenses. Adecuar La Independencia para ese fin requeriría una obra costosa de techado e insonorización integral para no perturbar a los barrios residenciales de los alrededores. Una inversión de ese calibre debería gestionarse bajo el mismo esquema de Naming Rights, permitiendo que sea un privado el que ponga el dinero, reestructure el estadio, lo insonorice y lo explote comercialmente a cambio de su marca, asumiendo el riesgo del negocio sin tocar las arcas del Estado. Así se liberarían los recursos públicos para atender las verdaderas urgencias del departamento y proteger el patrimonio que se nos va de las manos.

Soy consciente de que una propuesta de esta magnitud puede sonar ambiciosa, disruptiva o incluso soñadora para los moldes tradicionales de la administración local. Sin embargo, algo hay que proponer sobre la mesa antes de que las paredes se conviertan en escombros. Lo que no puede seguir ocurriendo es la parálisis de las entidades públicas, que prefieren esperar a que avancen los pleitos judiciales para luego quejarse amargamente de los fallos que las obligan a intervenir, como ha ocurrido, por ejemplo, con la Casa Silvino Rodríguez. La actitud recurrente de los gobiernos de turno ante los reveses en estrados suele ser señalar al ciudadano o veedor que interpuso la acción popular, excusándose en que las condenas judiciales los fuerzan a gastar miles de millones del erario que no tienen. La culpa jamás será de quien acude a la justicia para defender los derechos colectivos e impedir la ruina de la ciudad, sino de las instituciones que dilataron las soluciones cuando intervenir resultaba más sencillo, oportuno y económico.

Por otro lado, someterse al calvario burocrático del Ministerio de las Culturas exige un esfuerzo de gestión que desborda las capacidades ordinarias del municipio. Los trámites de autorización patrimonial son un laberinto interminable de requisitos, formatos y conceptos técnicos que terminan estancando cualquier intención pública. Precisamente allí radica otra ventaja del modelo corporativo. Una empresa privada o un consorcio de gran envergadura cuenta con el músculo operativo, la estructura organizativa y las relaciones públicas necesarias para sortear la tramitomanía ministerial con mayor agilidad y rigor profesional que el aparato estatal. Dejar la gestión en manos de actores con capacidad real de ejecución no es abdicar de la responsabilidad pública, sino asegurarle un futuro a la infraestructura que hoy agoniza.

La historia y el patrimonio de Tunja no se salvan únicamente con discursos de cajón en los aniversarios de fundación hispánica ni con promesas de mantenimiento que nunca encuentran respaldo presupuestal. Se salvan con gestión moderna, pragmatismo económico y decisiones políticas audaces. La alternativa de las alianzas público-privadas y la venta de derechos de nombre está sobre la mesa como una salida real y viable. Es hora de pasar de la contemplación a la acción, asegurando que la riqueza arquitectónica que sostiene nuestra memoria colectiva permanezca en pie para las futuras generaciones.

#Editorial

𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐮𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚𝐥𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯

La ciudadanía no puede seguir a oscuras frente al desastre fiscal y administrativo que dejó el gobierno de Mikhail Krasnov. Tras meses de opacidad, contrataciones opacas y proyectos paralizados, el imperativo ético e institucional que debe asumir de inmediato la administración municipal es destapar la caja de Pandora y revelarle a Tunja el estado real en que quedaron las arcas públicas.

El ejercicio periodístico, concebido como un contrapoder riguroso e insobornable, exige poner la lupa sobre las cicatrices financieras de la ciudad. Tunja arrastra una pesada cadena de endeudamiento que, si bien antecede a la administración saliente, halló en los años de gestión de Krasnov su etapa más estéril. Resulta absurdo que el exmandatario se escudara en la deuda heredada para no gestionar, pagando intereses por créditos que ni siquiera se ejecutaron, mientras la inercia burocrática y la incapacidad ante el Gobierno Nacional sepultaron cualquier atisbo de progreso. Más allá de los esfuerzos conjuntos con la Gobernación de Boyacá para impulsar el proyecto del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la capital fue relegada al olvido. Las promesas del Ejecutivo nacional estructuradas mediante pliegos estandarizados desde Bogotá, como los promocionados Centros PotencIA o los Puntos de Abastecimiento Solidario, no pasaron de ser un espejismo en el papel que jamás echo raíces ni transformó la realidad de los tunjanos.

Frente a este panorama, la ciudad no puede darse el lujo de la parálisis ni de los vacíos de poder. Tunja requiere que al comenzar la próxima semana el gabinete municipal quede plenamente conformado y anunciado en su totalidad para poner en marcha la administración Acevedo. En un mandato de apenas diecisiete meses, la falta de un equipo formalizado solo profundiza la incertidumbre urbana.

La prioridad inmediata de ese equipo no puede ser otra que auditar de manera exhaustiva los archivos y expedientes de la Alcaldía, así como gestionar los recursos y los proyectos que la administración Krasnov fue incapaz de tramitar.

La ciudad reclama claridad e inventario sobre aquellos compromisos de cuantía astronómica que comprometen el erario: el contrato firmado en las sombras con el Fondo Mixto de Cultura para la agenda cultural de 2025, el de actualización catastral y el escandaloso y controvertido contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías; negociaciones que, cada una por su cuenta, golpearon el presupuesto municipal por sumas cercanas a los quince mil millones de pesos.

Esa misma rigurosidad técnica es la que demanda el ordenamiento urbano. Pretender formular un Plan de Ordenamiento Territorial integral en año y medio es una pretensión poco práctica. Desde este espacio de opinión se insistirá en que la administración no debería embarcarse en semejante desgaste, sino concentrar sus esfuerzos en concertar y debatir las modificaciones urgentes a los usos del suelo que requiere el desarrollo económico y social de Tunja, dejando bases sólidas para que el siguiente gobierno construya el documento definitivo, luego de implementaciones parciales que solventen las problemáticas que han venido surgiendo con el crecimiento de la ciudad y la falta de actualización del POT.

El capítulo del contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías encarna la caricatura más amarga del desgobierno Krasnov. Habiéndose desembolsado de manera anticipada casi la totalidad del importe contractual (un noventa por ciento de recursos públicos cuyo flujo este medio reveló y probó fehacientemente), los compromisos de infraestructura, que abarcaban desde la intervención de sedes educativas y salones comunales hasta el mantenimiento de malla vial urbana, se convirtieron en un vía crucis de abandono y migajas para las comunidades. Bajo el velo de la subcontratación sistemática y la atomización de responsabilidades, la ejecución degeneró en ruinas intermitentes. Se llegó al colmo del despropósito en frentes de obra como el de mejoramiento de la malla vial: cuadrillas desembarcadas con maquinaria pesada para fracturar e invalidar los pocos tramos que los propios vecinos, empujados por el cansancio y de su propio bolsillo, habían logrado pavimentar.

Frente a este catálogo de despropósitos, el relato técnico ofrecido por los mandos herederos de la anterior administración se desmorona ante el peso de los hechos. El breve período de transición encarnado por la alcaldía encargada de María Paula Jiménez Gómez dejó al descubierto un patrón sistemático de insubordinación, saboteo e información bajo reserva. Los balances edulcorados que hoy pretenden sostener los antiguos secretarios no son más que un intento desesperado por blindar una gestión que no resiste el menor escrutinio legal.

El dinero público siempre deja un rastro de papel, y es deber ineludible de la autoridad entrante seguir la huella hasta sus últimas consecuencias. No bastan los murmullos de pasillo ni los diagnósticos a puerta cerrada. Al comenzar la semana, la administración municipal debe citar formalmente a los medios de comunicación, a las veedurías ciudadanas y a los sectores independientes a una jornada pública de balance e investigación activa. Es urgente revelar qué información nueva ha salido a la luz, cuál es el paradero real de los recursos y cómo la ciudadanía puede articularse para exigir cuentas, alimentando con rigor los expedientes que ya cursan en los despachos de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

Esta exigencia de ética institucional choca, sin embargo, con la alarmante continuidad de nombres en el organigrama municipal. El reciclaje de figuras vinculadas a la era Krasnov siembra fundadas suspicacias en una comunidad fatigada de las jugadas de pasillo. Aunque se pretendan validar credenciales técnicas individuales, la administración saliente no solo dejó destrozos en la infraestructura, sino también un rastro de clientelismo, nepotismo y opacos arreglos en las entrañas de corporaciones y entes descentralizados como el Colegio Boyacá, el Irdet, Ecovivienda y el muy conocido “Concejo del Oráculo”.

Resulta indignante cómo se instrumentalizaron entidades emblemáticas como el Colegio Boyacá para enganchar cuotas burocráticas y contratar personal ajeno a las necesidades del plantel, mientras sus carencias reales quedaban en el olvido. La bandera de la anticorrupción Krasnovista se desmoronó entre prácticas de clientelismo descarado, persecución interna, donde se llegó a perfilar en documentos a los funcionarios para verificar quién apoyaba al mandatario en redes sociales, y el presunto reparto de prebendas al Concejo Municipal para asegurar las mesas directivas y blindar la aprobación de proyectos e impedir mociones de censura.

Tunja no puede permitirse el lujo de la amnesia ni de la complacencia. La ciudad viene de sufrir un auténtico huracán administrativo cuya estela de proyectos frustrados exige respuestas categóricas. Ahí están como prueba la parálisis del frigorífico, la desatención al hogar geriátrico así como a programas sociales, la malversación de fondos como es el caso del Centro de Bienestar Animal que nunca empezó su construcción y obras pésimamente ejecutadas como la cubierta del barrio Libertador o San Francisco, donde tumbaron las graderías existentes para dejar un escenario en peores condiciones de cómo lo tenía la comunidad antes de la intervención. Romper con el lastre de la opacidad no es una opción pedagógica: es la única vía para devolverle la dignidad al ejercicio de lo público y reparar el patrimonio expoliado de los tunjanos.

#Opinión #Tunja

𝐔𝐧 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐦𝐩𝐚𝐬 𝐧𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐚: 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐞𝐳 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢́𝐚

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Gastar la plata del erario en una parranda para emborrachar a un pueblo mientras la ciudad se cae a pedazos no es celebrar un cumpleaños: es un acto de irresponsabilidad fiscal. Históricamente, a Tunja le han vendido la idea perversa de que el amor por la ciudad se mide en el número de ceros que se pagan por una tarima o en el renombre de un artista foráneo de turno. Por eso, que este 6 de agosto la conmemoración del aniversario 487 de la fundación hispánica de la capital se haya desarrollado sin despilfarros, sin contratos pomposos y sin la demagogia de las fiestas pagadas con el bolsillo de los contribuyentes no es un fracaso logístico; es, por el contrario, la muestra de sensatez que la ciudadanía viene exigiendo desde hace años.

Evaluar el desarrollo de esta jornada requiere un ejercicio de absoluta ecuanimidad analítica. La fecha nos toma en un momento institucional inédito. Tras la salida del titular anterior y el convulso tránsito de una administración encargada, los tunjanos acudimos a las urnas el pasado 26 de julio para elegir a quien debía tomar el timón de la capital. Rafael Acevedo Pedroza asumió el mandato popular con el compromiso de gobernar para todos: para quienes depositaron su voto por su propuesta, para quienes participamos del proceso democrático optando por otras alternativas y para quienes ni siquiera acudieron a las urnas. Quienes pretendan responsabilizar al mandatario recién posesionado por las fallas organizativas o por los apresuramientos en las convocatorias culturales de esta fecha incurren en un juicio desproporcionado. Con apenas dos semanas en el cargo, en medio de la instalación de su equipo, la recepción formal de las dependencias y la configuración de las primeras hojas de ruta, exigir la estructuración impecable de una agenda festiva de gran calado es un despropósito.

Hay que decir las cosas por su nombre: las deficiencias, la improvisación y los malestares causados a la comunidad artística local tienen nombres y apellidos con responsabilidad fiscal y administrativa concreta. La responsabilidad de los afanes recae en la gestión de María Paula Jiménez Gómez durante su periodo como alcaldesa encargada, y de forma directa en el titular de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, Santiago Ebed Benavides Flórez. Fue la inoperancia de esta cartera la que redujo la convocatoria de los creadores y músicos tunjanos a un trámite exprés de dos días, generando una comprensible indignación en el sector. Se prevé que el inicio de la próxima semana traiga consigo la salida de Benavides Flórez de dicha secretaría; una decisión administrativamente necesaria para oxigenar un despacho estratégico golpeado por la incompetencia y los manejos controvertidos.

A este panorama de improvisación heredada se suma el nefasto antecedente dejado por el exalcalde Mikhail Krasnov, cuya gestión convirtió el aniversario de la ciudad en un escenario para la vanidad personal y el egocentrismo. Bajo su administración, la coincidencia del onomástico de Tunja con su propio cumpleaños sirvió de excusa para comprometer millonarios recursos públicos en la contratación de artistas costosos ajustados a sus preferencias individuales, sentando un precedente de despilfarro que la ciudad no podía permitirse. Más grave aún fue su conducta tras conocer la inminencia de su destitución, momento en el cual, movido por el resentimiento, optó por torpedear los procesos administrativos y congelar la destinación de fondos para sofocar la gestión de sus sucesores, buscando que cualquier intento de organización posterior terminara en un estrepitoso fracaso. Comprender ese saboteo previo es clave para evaluar el estado en que la nueva administración recibió las finanzas y la logística cultural.

Sin embargo, más allá de los tropiezos logísticos heredados, la actuación del alcalde Rafael Acevedo Pedroza deja una señal política y económica que merece ser reconocida con contundencia, una postura que se sintetiza en la austeridad. En una ciudad agotada de ver cómo sus impuestos se esfuman en tarimas efímeras y contratos de relumbrón, la decisión de mantener una agenda institucional sobria es un acto de respeto por el erario. El programa se concentró en lo esencial y tradicional, incluyendo actos como la Celebración Eucarística en la Catedral Metropolitana, la ofrenda floral, el desfile de bandas músico-marciales desde el Bosque de la República, el acto protocolario en la Plaza de Bolívar, la Feria Tunjana de Emprendimientos y la solemne sesión conjunta entre el Concejo Municipal y la Academia Boyacense de Historia. A esto se sumaron la Gala Musical de la Banda Sinfónica y la Gala de la Orquesta Filarmónica del Municipio en el Teatro Mayor Bicentenario, la caminata ¡Sí Mujer, Activa-T! hasta el letrero gigante en el occidente de la ciudad, y una tarde de tradición a cargo de la Escuela de Artes y Saberes de Tunja, cerrando la jornada con un concierto dedicado exclusivamente a las agrupaciones locales.

Tunja no estaba para derroches. La falsa premisa de que los cumpleaños municipales deben celebrarse quemando el presupuesto en conciertos masivos es una fórmula perversa. Hagamos la matemática con rigor, entendiendo que si en el escenario más optimista la administración lograra llenar el Estadio La Independencia habilitando incluso la gramilla para albergar entre 20.000 y 25.000 personas, ese aforo no representaría ni el 10% de una ciudad que supera los 200.000 habitantes. Más aún cuando a esos espectáculos acuden espectadores provenientes de municipios aledaños, de Bogotá o de otras regiones del país, reduciendo la asistencia de los propios tunjanos a un porcentaje irrisorio. Pretender justificar semejante gasto público bajo la narrativa del impacto económico en hoteles, restaurantes o licoreras es una especulación sin sustento, pues no existe evidencia técnica ni medición posible que determine cuántos almuerzos o botellas de licor se vendieron de más ni a cuántas cuadras a la redonda llegó ese supuesto beneficio. Destinar miles de millones de pesos del erario para un evento que no deja una ganancia real comprobable ni beneficia a la inmensa mayoría de la ciudadanía es una arbitrariedad fiscal.

Esta discusión sobre el uso del espacio público y la inversión cultural quedó en evidencia con el anuncio del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sobre la presentación del Grupo Firme en Tunja. Presentado inicialmente bajo la narrativa de ser el regalo de cumpleaños para la capital, el evento generó un inmediato rechazo ciudadano al descubrirse que se trataba de un espectáculo privado. Tras el descontento, la Gobernación tuvo que expedir un comunicado oficial detallando la realidad del asunto, en el cual precisaron que el empresario Javier Riaño, tras no lograr realizar el evento en Cota, Cundinamarca, por falta de condiciones técnicas, solicitó el Estadio La Independencia. La participación del departamento no consistió en financiar la nómina artística, sino en amarrar un acuerdo de exclusividad comercial para vender los productos de la Licorera de Boyacá, específicamente marcas como el Ónix 100, dentro del estadio a los cerca de 30.000 asistentes con boleta pagada.

Que un empresario privado asuma el riesgo, pague el arriendo del escenario, genere la dinámica comercial en los establecimientos aledaños y asuma la logística con su propio capital es un ejercicio de mercado legítimo contra el cual no hay objeción. Lo engañoso era pretender disfrazar un negocio particular y una estrategia de venta de licores como un obsequio institucional para los tunjanos.

Lo sucedido en esta efeméride debe marcar un punto de inflexión definitivo para la gestión de la cultura en la ciudad. La verdadera transformación no consiste en lamentar las fallas de hoy, sino en corregir la estructura para lo que viene, empezando por el Aguinaldo Boyacense. Aunque el contrato ya suscrito para el Aguinaldo Boyacense 2026 por la administración interina de María Paula Jiménez Gómez debe respetarse en el marco de la seguridad jurídica para evitar demandas millonarias contra el municipio, la nueva administración tiene la obligación de replantear las reglas de juego hacia el futuro.

Es indispensable institucionalizar topes presupuestales estrictamente definidos para la contratación de artistas nacionales e internacionales. La bolsa de recursos públicos no puede seguir siendo el fondo de financiamiento de parrandas decembrinas sin retorno social medible. Bastará con asegurar una o dos presentaciones de alto impacto y destinar el remanente presupuestal a la creación de una bolsa permanente de estímulos y contrataciones para el talento local.

La convocatoria artística no puede volver a ser un remate de última hora. El talento tunjano existe y abarca múltiples disciplinas, destacando por ejemplo a agrupaciones de danza como Fama Folclor Colombiano y Haskalá, artistas plásticos como Cristian Santiago Macías y Andrés Leonardo Alaba, músicos como Lorena Arias o Jacinto y sus Hermanos Amado, realizadores cinematográficos como Juan David Corredor, narradores orales como Andrea del Pilar Sáenz y Juan Felipe Rodríguez, o compañías teatrales como Dellarte Teatro y El Baúl, entre tantos otros que resulta imposible nombrar en una sola columna. Lo que este sector requiere no es improvisación de dos días, sino garantías institucionales. El modelo debe cambiar, de manera que el día posterior a la finalización de cada hito festivo debe quedar abierta la convocatoria pública y transparente para el siguiente evento del calendario anual. Así se garantiza competencia justa, profesionalización de los artistas de la casa y un flujo constante de actividad cultural durante los doce meses del año, y no solo en noches aisladas de exceso, permitiendo además a los artistas locales no solo obtener un ingreso, sino el reconocimiento por parte de la misma ciudadanía tunjana, que en su gran mayoría desconoce el talento y las expresiones culturales y artísticas de sus coterráneos.

Celebrar la historia de Tunja sin romper las finanzas ni traicionar al talento propio es el verdadero regalo que la capital esperaba. El alcalde Rafael Acevedo Pedroza ha dado un primer paso, pequeño pero valioso, y la vez sensato, por lo que le corresponde ahora consolidar esa visión en la reestructuración profunda de la política cultural de la ciudad.

#Opinión #Nación #Boyacá

𝐋𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐭𝐮𝐬𝐚 𝐬𝐢́ 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞

𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔

Es real: tenemos petrotusa. Cómo no tenerla si, después de que Colombia eligiera por primera vez a un presidente de izquierda, muchos de quienes votamos por Gustavo Petro creímos que el gobierno que hoy termina sería el del cambio y acabamos encontrándonos con muchas de las mismas contradicciones que durante décadas criticamos.

La verdadera petrotusa es la de un Presidente que prometió ser un aliado de las mujeres y del movimiento feminista, pero que durante su mandato protagonizó constantes descalificaciones contra periodistas mujeres, hizo afirmaciones cuestionadas por su contenido machista e incluso racial, y terminó deteriorando públicamente la relación con Francia Márquez, la mujer afrodescendiente que representó una de las apuestas simbólicas más importantes de su proyecto político. Quienes esperábamos que este fuera el gobierno que transformara la relación entre el poder y las mujeres terminamos viendo cómo esa promesa se fue desdibujando.

Como boyacenses, la petrotusa se agudiza aún más. Basta recordar la complicidad con las ya conocidas "Amayamentiras" que incluyen el gran despliegue con el que, en agosto de 2025, se presentó el Pacto Boyacá, Raíz y Futuro. Se anunció una inversión histórica de 2,5 billones de pesos para proyectos estratégicos relacionados con agua potable, saneamiento básico, infraestructura vial, salud, educación, agro, turismo y transición energética. Sin embargo, hoy muchos ciudadanos siguen preguntándose dónde están esos proyectos y, sobre todo, cómo transformaron de manera tangible la vida de los boyacenses antes de terminar este gobierno.

La verdadera petrotusa es que el departamento terminó esperando más de lo que recibió.

Duitama es un ejemplo de esa sensación. Fue una de las ciudades que, según distintos registros de prensa, más visitas recibió del Presidente y que mantuvo una evidente cercanía política con el Gobierno Nacional. Sin embargo, sus proyectos más esperados, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la universidad en el antiguo terminal, por ejemplo, continúan siendo deudas pendientes. La expectativa era que la afinidad política entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía acelerara las soluciones; la realidad dejó la percepción de que las promesas avanzaron mucho más rápido que las obras.

La verdadera petrotusa también está en la forma en que se construyeron muchas alianzas políticas. Hoy algunos se rasgan las vestiduras porque Boyacá perdería representatividad en el Gobierno Nacional, pero olvidan que el llegar a la Presidencia de la República o a la presidencia de la Cámara de Representantes, en varios casos solo brilló por cuestionamientos públicos, investigaciones judiciales y prácticas que distaban mucho del discurso del cambio.

El gobierno que llegó prometiendo transformar la forma de hacer política terminó pareciéndose demasiado a aquello que decía combatir y reforzó la vieja idea de que el fin justifica los medios, incluso cuando esos medios implicaban unirse con aquello que antes se condenaba.

El propio Gobierno Nacional podrá mostrar cifras importantes en materia de vivienda, agua potable y programas sociales, y sería injusto desconocerlas. Pero gobernar no consiste únicamente en ejecutar recursos; también implica cumplir las expectativas que el propio gobierno sembró y responder a la esperanza que despertó en millones de colombianos.

Tal vez esa sea la verdadera petrotusa.

No la de quienes perdieron una elección.

Sino la de quienes creímos que este gobierno sería diferente y terminamos sintiendo que las transformaciones prometidas nunca llegaron con la profundidad que esperábamos.

Ojalá el camino que hoy inicia el país no sea traumático, cumpla las expectativas de quienes eligieron un nuevo rumbo y le responda con altura a Colombia. Porque, paradójicamente, fueron las propias contradicciones del petrismo las que terminaron abriendo la puerta al momento político que hoy comienza.

#Editorial

𝐄𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐞𝐳 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝

Con la posesión de Rafael Acevedo Pedroza como alcalde de la capital boyacense, la ciudad inicia una etapa que requiere la máxima madurez democrática por parte de todos los sectores políticos, sociales y comunitarios. Reconocer la legitimidad del nuevo mandatario e instar a la construcción de un ambiente de serenidad es la vía para hacer posible la gobernabilidad. Resulta indispensable atenuar las fricciones del debate electoral, desarmar los ánimos y comprender que Tunja necesita concentrar sus esfuerzos en la gestión y en la solución de sus problemas estructurales.

Sin embargo, ese llamado a la serenidad y al respeto institucional no significa, bajo ninguna circunstancia, que la administración entrante sea inmune al cuestionamiento o a la crítica rigurosa. Brindar el margen necesario para que el gobierno organice su plan de trabajo no convierte a la gestión pública en una zona de intangibilidad. La labor de la prensa no consiste en plegarse a directrices oficiales ni en asumir posturas complacientes, como suelen pretender y habitualmente premiar las administraciones públicas. Por el contrario, la contienda electoral concluyó y la administración municipal debe garantizar las condiciones para el libre ejercicio del análisis independiente y la fiscalización ciudadana, entendiendo que se gobierna para la totalidad de Tunja y no para una facción.

La lectura del escenario político exige rigurosidad. El veredicto popular dejó ver un descontento acumulado frente a las dinámicas del Partido Verde y la hegemonía regional liderada por el gobernador Carlos Amaya, del mismo modo que pasó factura a la exconcejala Sandra Estupiñán por su trayectoria carente de resultados en el cabildo y el respaldo que le brindó el exalcalde Mikhail Krasnov.

La lectura analítica de este momento exige dejar de lado cualquier exceso de ego y abordar el fenómeno electoral con absoluta crudeza técnica. Quienes sostenemos un ejercicio de análisis continuo sobre las dinámicas de la ciudad comprendemos que la ciudadanía esperaba una lectura rigurosa de lo ocurrido en las urnas. Se ha querido instalar el discurso simplista de que en Tunja triunfó de manera pura el voto de opinión, pero es necesario precisar cuál fue la opinión que verdaderamente se impuso. Lo que ganó no fue una corriente de adhesión dogmática hacia la propuesta de Rafael Acevedo Pedroza, sino un categórico y visceral voto de castigo, otra vez.

El electorado salió a manifestar su rechazo hacia las dinámicas de la politiquería encarnadas la estructura del Partido Verde, ratificando una constante histórica en las urnas locales: Tunja suele votar en contra de todo lo que huela o se acerque a esa casa política, saliendo a votar con la firme intención de hacerlos perder. De igual manera, la ciudadanía, la poca que participó, le cobró una factura implacable a la exconcejal Sandra Estupiñán por más de catorce años de absoluta inoperancia en el cabildo municipal, caracterizados por la ausencia de proyectos de acuerdo de su autoría, la complacencia ante las iniciativas del gobierno de turno y la aprobación de millonarios endeudamientos. A este desgaste se sumó el contraproducente respaldo del destituido Mikhail Krasnov, cuya pretensión de impulsar dicha candidatura desde las sombras terminó por hundir sus aspiraciones.

Bajo ninguna perspectiva puede sostenerse la tesis de que la ciudadanía eligió a Acevedo Pedroza convencida de hallarse ante un líder visionario con un modelo de ciudad claro y estructurado. Los antecedentes de gestión pública del hoy mandatario impiden alimentar ese relato. En su paso por la Secretaría de Infraestructura durante la alcaldía de Pablo Cepeda, Acevedo no logró concretar obras de trascendencia, no gestionó recursos de calado ni dejó legados de infraestructura para la capital boyacense. Posteriormente, en su desempeño como diputado en la Asamblea Departamental, tampoco impulsó o concluyó iniciativas de impacto directo para Tunja. Los electores no votaron por la certeza de un ejecutor probado, sino por la urgencia de frenar a quienes consideraban la encarnación del continuismo y las maquinarias.

Es fundamental desmentir con igual firmeza la narrativa irreal que pretende presentar este triunfo como una gesta antimaquinaria. Creer que Rafael Acevedo llegó a la Alcaldía libre de ataduras o compromisos es de una ingenuidad absoluta. Las maquinarias no fueron derrotadas en esta contienda; pues parte de ellas operaron desde la campaña victoriosa. Detrás de esta candidatura confluyeron figuras tradicionales de la política local que hicieron parte activa del gobierno de Pablo Cepeda, tales como la ex gestora social Ana Isabel Hernández, el exsecretario de desarrollo Guillermo Jiménez Pinzón, además de nombres como el de Néstor Barrera, entre otros que influyeron igualmente, aunque de forma más discreta.

A este panorama se suma el reciclaje directo de figuras clave de la administración de Alejandro Fúneme González, uno de los exalcaldes con peores índices de aprobación en la historia reciente de la ciudad. Personajes como Elmer Román Díaz y José Moreno Villamil hicieron parte del gabinete de Fúneme, demostrando que las viejas estructuras de poder simplemente migran para mantenerse vigentes. La frustrante experiencia con el exalcalde Krasnov, cuyo mandato resultó salpicado por prácticas deplorables dignas de la clase política tradicional, terminó por inclinar la balanza hacia la resignación pragmática de la ciudadanía, que prefirió inclinarse por figuras conocidas antes que arriesgarse nuevamente con improvisaciones disfrazadas de renovación.

A esta estructura se sumó un sector determinante del Partido Liberal encabezado por el representante Héctor Chaparro y por Rodrigo Rojas, principal opositor del gobernador Carlos Amaya y aspirante a la Gobernación, quien encuentra en la administración Acevedo un aliado estratégico con miras a las próximas contiendas regionales de 2027. La presencia del excongresista y hoy director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, en el acto de posesión de Acevedo Pedroza termina de configurar un mapa de respaldos políticos innegable. Pretender justificar su asistencia bajo el argumento de una delegación oficial del Gobierno Nacional resulta insostenible, pues es bien sabido que la presencia de dichas figuras responde a las afinidades del mandatario electo.

Esa abultada lista de acreedores políticos representa la primera gran encrucijada para Rafael Acevedo Pedroza. En un mandato extraordinario de apenas diecisiete meses no existirá margen de tiempo, burocracia suficiente ni presupuesto en el gabinete municipal para complacer las aspiraciones de cada uno de los sectores, exsecretarios y dirigentes a los que hoy se les debe el favor electoral. En un periodo ordinario de cuatro años es posible rotar nombramientos y cumplir acuerdos, pero en diecisiete meses el tiempo resulta un enemigo implacable que expondrá rápidamente las tensiones internas de la coalición de gobierno.

Respecto a la conformación del equipo de gobierno, es preciso dejar en claro que, salvo el anuncio de José Moreno Villamil ante la Secretaría de Educación Territorial realizado por canales institucionales, la Alcaldía no ha publicado en sus medios oficiales ni ha expedido formalmente los decretos de nombramiento para el resto del gabinete. Lo que ha venido ocurriendo es que varios de los virtuales secretarios y directores (entre ellos el general en retiro Óscar Moreno o Simón Medina en el Irdet) han dado a conocer sus designaciones de forma anticipada a través de redes personales y medios de comunicación, acompañados de la tradicional fotografía estrechando la mano del mandatario. No obstante, mientras estos anuncios no se traduzcan en actos administrativos en firme, el gabinete formalmente no existe, lo que refleja un arranque de gobierno donde la autopromoción de los elegidos se ha adelantado al rigor institucional. Quienes finalmente asuman la responsabilidad de las dependencias deberán entender que la contienda concluyó y que están obligados a gobernar para la totalidad de la ciudadanía, garantizando una gestión técnica y transparente, alejada de sectarismos de campaña o tónicas de revancha.

En materia de planificación urbana, la administración entrante debe actuar con absoluta sensatez y deshacerse de propuestas irresponsables que comprometen el futuro de la capital. La idea de construir un sistema de cable aéreo y funiculares en el marco del proyecto del “Parque de la Gran Loma Sagrada”, promovida desde hace tiempo por Néstor Barrera, es una fantasía fiscalmente inviable y técnicamente desproporcionada, que no debe llevarse a cabo por cumplir favores políticos y mucho menos caprichos a viejas amistades.

Esta propuesta ha intentado venderse a la opinión pública como algo realizable bajo la figura de una supuesta alianza público-privada o financiamiento particular para eludir el hecho de que la ciudad no cuenta con los recursos para ejecutarla. Se trata de un argumento falaz: ningún inversionista privado va a destinar cientos de miles de millones de pesos a un proyecto que carece de estudios serios de prefactibilidad y que no demuestra sostenibilidad económica. Lo verdaderamente gravoso para la ciudad es que el municipio no puede permitirse el lujo de comprometer ni un solo centavo del erario en financiar estudios, prefactibilidades o consultorías para un proyecto fantasioso, que no resuelve problemáticas, sino que las crea. Adicionalmente, esta idea cuenta con el rechazo rotundo de los habitantes del centro occidente (barrios Altamira, El Carmen, Gaitán, Cojines, San Lázaro, El Milagro y La Concepción), quienes han impulsado de forma autónoma la Ruta del Zaque, proyecto que ha venido avanzando y sumando adeptos en la ciudad. Si el alcalde Acevedo Pedroza pretende gobernar con pragmatismo, debe respaldar los procesos comunitarios reales y abstenerse de gastar recursos públicos en caprichos irrealizables.

Precisamente en esa línea de atención a las verdaderas necesidades territoriales, resulta justo señalar que la administración entrante ha mostrado un acierto temprano al gestionar un encuentro con el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón. Conocer de primera mano la experiencia exitosa de la ‘Ciudad del Sol’ en la implementación de convenios solidarios constituye un paso en la dirección correcta. Otorgarle la ejecución directa de pequeñas obras e intervenciones a las propias Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias no solo optimiza el recurso público, sino que dignifica la autogestión de los barrios y resuelve problemas cotidianos que suelen estancarse en la burocracia municipal. Promover esta figura en Tunja representa una oportunidad valiosa para reparar el tejido comunitario y superar las nefastas ejecutorias en materia de presupuestos participativos que caracterizaron al periodo de Krasnov.

En cuanto al ordenamiento territorial, prometerle a los tunjanos la formulación y aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el término de un año es una absoluta irresponsabilidad y una falsa expectativa. Basta revisar el antecedente inmediato: administraciones anteriores, como la de Alejandro Fúneme, le destinaron montos presupuestales multimillonarios a la contratación de equipos técnicos, consultorías y diagnósticos para el POT, y aun con semejante flujo de recursos e insumos no lograron concertar las determinantes ambientales ni sacar el proyecto adelante. Pretender que en solo diecisiete meses, sin presupuesto extraordinario y sin estudios actualizados a la mano, se va a estructurar de la nada un nuevo POT es un desatino técnico. Lo que Tunja requiere con urgencia son modificaciones parciales y puntuales al texto vigente para destrabar la ciudad.

Ese proceso de modificación parcial exige concentrarse en casos concretos, como el ajuste a los usos del suelo para permitir la consolidación del comercio formal que genera empleo, o la urgente intervención en sectores residenciales como el barrio Los Muiscas. Para resolver la problemática de los bares y establecimientos nocturnos que hoy martirizan el descanso de familias, adultos mayores y niños, el Concejo Municipal debe ser convocado a sesiones públicas y transparentes donde se ponga la cara a la comunidad. Allí deben citarse frente a frente a los residentes afectados y a los propietarios de los negocios para concertar soluciones reales; y si la conclusión técnica es que un establecimiento no puede permanecer en una zona residencial, el bar tendrá que irse y reubicarse en zonas de desarrollo nocturno claramente delimitadas. Así es como se gobierna con participación y firmeza, no mediante componendas de pasillo.

Para que estas modificaciones parciales prosperen, la corporación edilicia está obligada a abandonar el desperdicio de recursos públicos en ejercicios inoficiosos como sus ya conocidos “controles políticos” sin resultado alguno. El Concejo debe dejar de ser el escenario para satisfacer los caprichos del incomprendido presidente de la corporación, Brahiam Quintana, cuyos llamados a control político terminan de forma vergonzosa tras quince minutos de sesión sin quórum o sin presentación del citado funcionario, ni conclusiones, o con citaciones de seguimiento a políticas públicas programadas torpemente en plenas semanas de empalme en las que los titulares de las dependencias no pueden asistir. Las sesiones pagadas con el dinero de los contribuyentes deben servir para resolver los conflictos del territorio, no para el protagonismo estéril.

Los diecisiete meses de gestión de Rafael Acevedo Pedroza constituyen una ventana de oportunidad si se gobierna con pragmatismo, rigor técnico y disposición al acuerdo. Periódico El Tunjano mantendrá su compromiso con la verdad, el análisis profundo y la fiscalización estricta al servicio de la ciudad.

#Opinión #Tunja #Política

𝐄𝐥 𝐜𝐨́𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐡𝐞𝐫𝐨𝐢́𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Escuchar a un cabildante elevar el tono en el recinto del Concejo Municipal contra la displicencia burocrática produce, de entrada, una inusual ráfaga de aire fresco. Ocurrió este último jueves durante el seguimiento a la ejecución de la política pública de cultura, cuando el segundo vicepresidente de la corporación, Camilo Ríos Fonseca, decidió romper la monotonía de la sesión para desarmar la gestión del actual secretario de la cartera, Santiago Ebed Benavides Flórez. La escena tuvo ribetes memorables dentro de la narrativa del control político local: calificar al funcionario sin ambages como “el peor secretario” que ha transitado por ese despacho en lo que va del periodo administrativo, reprocharle haberse convertido en “un notario o un firmón” traído a toda prisa para estampar su rúbrica en procesos contractuales tan opulentos como controvertidos, y "felicitarlo" de forma abiertamente irónica por el negocio cerrado alrededor del multimillonario Aguinaldo Boyacense, cuya cifra presupuestal desborda los catorce mil millones de pesos, fue un ejercicio de audacia verbal que la ciudadanía agradece y aplaude en las barras.

Decirle en la cara a un secretario de despacho que otorgar apenas un plazo de 24 horas entre la publicación de modificaciones y el cierre de una convocatoria de semejante envergadura es un acto que destruye la transparencia, cercena la libre concurrencia de oferentes y favorece la entrega a dedo de las festividades a una entidad foránea, es una postura de rigor técnico que interpreta con precisión el sentir de una ciudad fatigada. Cuestionar el olvido sistemático del sector cultural en la destinación de la estampilla procultura, la falta de garantías para la inclusión de personas con discapacidad en las escuelas de formación y el retraso inexplicable de casi tres años para entregar una simple batería de indicadores, son argumentos sólidos que desnudaron la improvisación de la cartera. Sin embargo, tras la pirotecnia discursiva que con justa razón busca cosechar aplausos y capitalizar reconocimiento en la antesala de los calendarios electorales del año entrante, el ejercicio del periodismo exige bajar de la tribuna y analizar la sustancia de los resultados.

En medio de su encendida oratoria, el concejal Ríos Fonseca se tomó un instante para lanzar un leño hacia el periodismo de la ciudad, sugiriendo con ligera displicencia que si los periodistas afirmamos que el Concejo no hace control político es "quizás porque no miramos todas las sesiones". Hay que responderle con la elegancia del oficio pero con la contundencia de los hechos: la premisa de su reclamo no puede estar más equivocada. A diferencia de lo que insinúa el cabildante, la prensa independiente sí mira las sesiones e incluso registra un nivel de asistencia y presencia diaria en el recinto del Concejo que supera con creces la constancia de varios de los diecisiete cabildantes, que solo asoman la cabeza para marcar la planilla de asistencia. Por ende, el problema no es la falta de ojos del periodismo, sino la histórica falta de dientes de las actuaciones de la corporación. Presenciar horas de retórica que jamás desembocan en una sola consecuencia real o jurídica no es fiscalizar; es asistir a un espectáculo de fuegos artificiales pagado con el dinero de los contribuyentes.

Su alocución del jueves fue brillante en el diagnóstico, pero trunca y medrosa en la ejecución. ¿De qué sirve señalar con destreza de especialista en derecho administrativo que el Aguinaldo quedó en manos de una ESAL cuestionada o que la Secretaría de Cultura funciona a ciegas, si toda la indignación concluye con un tímido e impotente anhelo: "Ojalá dé tiempo" para que el funcionario asista al debate de control político radicado para el próximo martes? Esa sola frase traiciona la efectividad del ejercicio, pues admite de entrada la vulnerabilidad de un Concejo que se ha dejado pintar la cara por secretarios que gambetean las citaciones, que presentan informes soporíferos diseñados para agotar el tiempo del reloj o que simplemente no van a los debates, sabiendo que tras las recriminaciones de los micrófonos no sobrevendrá una sola investigación disciplinaria, una denuncia penal o el trámite decidido de una moción de censura.

Afirmar en el recinto que Benavides Flórez es el peor funcionario que ha ocupado esa dependencia en el periodo 2024-2027 no es un dato menor si se considera la abrumadora inestabilidad de esa cartera, por la que han desfilado ya siete titulares entre renuncias intempestivas, interinidades y nombramientos exprés. La sentencia del concejal Ríos tiene la contundencia del titular, pero se queda corta en la fiscalización real. Señalar la decadencia de la Secretaría de Cultura resulta efectista para la tribuna, pero no resuelve el problema de fondo mientras el Concejo limite su papel a contabilizar los desatinos de la burocracia sin activar los mecanismos constitucionales que obliguen a rendir cuentas con consecuencias jurídicas.

No falta en el cabildo quien intente justificar esta inoperancia institucional escudándose en el trillado pretexto burocrático de que los controles políticos sirven para «ahondar o profundizar en temas de los que allí se hablan». Quienes conocemos al detalle la mecánica parlamentaria sabemos que esa excusa es una falacia insostenible. La propia dinámica del debate está diseñada para amarrar el tiempo y ahogar la profundidad: un cuestionario previo que el funcionario trae fríamente redactado desde su despacho, apenas veinte minutos iniciales para la bancada citante, una hora entera de micrófono abierto para que el secretario responda a su acomodo, y un margen diminuto de escasos veinte minutos divididos entre todos los integrantes de una bancada. Con ese corset cronológico resulta imposible escudriñar la verdad. Si el objetivo de la corporación fuera realmente aclarar dudas o profundizar en expedientes opacos, resultarían mil veces más útiles las sesiones ordinarias de simple invitación, donde no existen límites de tiempo ni restricciones para intervenir, o el uso directo de un derecho de petición, mecanismo que las dependencias están obligadas a responder con prioridad a un concejal. Pretender que el debate institucional es un taller de consulta es una carreta inventada por varios cabildantes para disfrazar la inutilidad de sus citaciones.

Por eso, la ineficacia del control político en el Concejo es un patrón recurrente a lo largo de todo el cuatrienio 2024-2027, sin importar quién ocupe la presidencia de la mesa directiva. Las citaciones rutinarias a dependencias como la Unidad Especial de Contratación Estatal, la Secretaría de Fomento Económico, el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica o la citación inoficiosa a la Directora de Gestión de Bienes y Servicios, han demostrado ser ejercicios de formalismo estéril. Sesiones citadas a las carreras para agotar cuestionarios de trámite, responder con datos estadísticos de relleno o terminar hablando de temas ajenos al orden del día, confirman que la corporación gasta el presupuesto público en debates inocuos cuya única efectividad matemática consiste en justificar el cobro de la planilla de honorarios por parte de los cabildantes.

La memoria del cabildo recuerda perfectamente la diferencia entre el ruido y la sustancia. Cuando en este cuatrienio se realizó el debate de control político al entonces gerente estratégico de comunicaciones, Juan Pablo Pérez Espitia, la corporación tuvo en sus manos una radiografía demoledora: irregularidades en los requisitos de posesión; contratación cuestionada; uso indebido del dinero público destinado a publicidad y divulgación de asuntos de interés público; así como falsedades documentales. Fue una sesión tan contundente que la bancada oficialista quedó en silencio. Sin embargo, cuando la gravedad de los hechos exigía tramitar la moción de censura propuesta, la determinación de los concejales se disolvió en maniobras marrulleras: ausencias calculadas para romper el quórum, dilataciones del informe y un boicot por omisión que dejó vencer los términos legales para sepultar la iniciativa en la impunidad. Sobre aquel vergonzoso episodio todavía planean las sombras y los rumores de pasillo que señalan cómo cierto cabildante habría actuado como emisario de la administración para llevar y traer prebendas, untar voluntades y ejecutar una jugada a cara de perro que garantizó la impunidad del funcionario a costa de la dignidad de la corporación.

La desconfianza de los tunjanos hacia este Concejo no nace del sesgo del periodismo ni de la ignorancia de la ciudadanía; nace de verificar que, ya sea en sesiones exprés de trámite o en debates extenuantes de varias horas, la corporación raramente le deja a la ciudad un avance normativo real o una sanción administrativa concreta. La gente no les cree porque tiene fresco el recuerdo del conocido "Concejo del Oráculo", aquel apodo ganado a pulso desde el famoso paseo a Togüí donde el destituido exalcalde Mikhail Krasnov reunió a los concejales de su cuerda para actuar como el gran oráculo que les repartió las presidencias de los cuatro años, les dictó las líneas de votación y sometió al cabildo a la condición de perritos falderos. Quienes aceptaron aquel libreto perdieron la autoridad moral para posar de fiscalizadores independientes.

Por eso le acepto la recriminación con guante blanco, concejal Camilo Ríos, pero le devuelvo el reto con la severidad del periodismo independiente al que tanto le endilgan la mala reputación que ustedes mismos han cosechado: no se quede en el cómodo heroísmo de la indignación de micrófono. Si a usted verdaderamente le duele que Benavides Flórez actúe como un notario del gasto público y le indigna que los recursos de los tunjanos se comprometan en convocatorias de 24 horas, demuéstrenos que su postura no era un simple cálculo para alimentar las métricas de sus redes sociales. Háganos cerrar la boca a los periodistas que cuestionamos la inoperancia del cabildo y demuéstrenos que la corporación sirve para algo más que para cobrar por calentar la silla: estructure un control político de verdad, implacable, técnico, documentado, con denuncias en los estrados judiciales y con consecuencias políticas reales que sienten un precedente histórico en Tunja. Demuestre que lo suyo no fue una simple jugada para cosechar capital electoral de cara a las venideras elecciones regionales de 2027. De lo contrario, su vehemencia del jueves no habrá sido más que otro aplaudido pasaje en el triste catálogo de la impotencia institucional.

periodicoeltunjano@gmail.com

PERIÓDICO EL TUNJANO