𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La estupefacción es un sentimiento agotado en la política tunjana. No hay margen para la sorpresa cuando el guion de la ignominia ya ha sido debidamente encuadernado y repartido entre los actores de reparto que hoy dirigen el Concejo Municipal. Como se advirtió desde este medio hace unos meses (https://www.facebook.com/share/p/1HbqCWcrps/), la fiabilidad es una quimera cuando se entrega el timón a personajes cuya honorabilidad se desdibuja en la penumbra. Brahiam Quintana Martínez no representa una renovación institucional, sino la consolidación de un protectorado servil a los intereses y caprichos del ruso Mikhail Krasnov, quien para su desgracia ya va de salida. Su presidencia es el dividendo político de una complicidad silenciosa frente a las jugarretas y corruptelas que han empezado a carcomer el tejido administrativo de la ciudad.
El debut de Quintana Martínez como regente de la Corporación ha sido un exabrupto envuelto en celofán democrático. Su determinación inicial de trasladar las sesiones al horario de las seis de la tarde, bajo el pretexto ramplón de fomentar la asistencia ciudadana, fue una bofetada a la inteligencia colectiva. Si bien la presión de la prensa y la confrontación directa de algunos cabildantes en el recinto lo obligaron a retroceder y devolver las sesiones a la mañana, el intento dejó al desnudo su naturaleza autocrática. El argumento del "horario para el pueblo" es una falacia técnica. En Tunja existe una masa ingente de ciudadanos desempleados que, aun teniendo el tiempo, jamás pisarían ese recinto. La ausencia de público no es una cuestión de cronogramas, sino de asco institucional. El ciudadano no va al Concejo con empleo o sin él; si trabaja, no sacrificará su descanso para escuchar a quienes no deciden nada, y si está desempleado, no perderá su tiempo en una Corporación que es, por derecho y mérito propio, la más desprestigiada de la ciudad. La gente no va porque no cree en una institución que se percibe como una estafa democrática, un lugar donde se le hace el juego a la corrupción de turno y donde los cabildantes actúan como esclavos complacientes del mandatario del momento, llámese como se llame.
La puesta en escena del pasado martes 3 de marzo rozó el paroxismo del absurdo. Mientras Quintana Martínez declamaba su preocupación por el acceso del pueblo a la democracia, el recinto era un páramo habitado por el eco y seis sombras. De ese exiguo grupo, la mayoría, sino todos, eran unidades de apoyo, guardianes del salario que fungen como hinchada artificial de sus respectivos patrones. El desinterés no solo es físico sino digital. Las transmisiones oficiales, seguidas cuando mucho por una decena de náufragos del ocio, confirman que a nadie le seduce observar una Corporación que ha renunciado a su capacidad de decidir. La lógica que impera es la de la obediencia ciega, donde los votos se compran con complacencia o se venden por coimas o favores, mientras actuaciones tan bochornosas como la del entonces Gerente de Comunicaciones (https://www.facebook.com/share/p/1DomghU2g6/), hoy secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio; son sepultados bajo la alfombra de la cobardía colectiva.
Resulta de un cinismo patológico pretender que el trabajador honesto sacrifique su escaso tiempo de descanso para asistir al espectáculo de una coalición de vagos que desconocen la semántica del esfuerzo. Mientras la oposición asume el costo de la investigación, los concejales arrodillados al krasnovismo vegetan bajo el cobijo de la nómina pública. La nocturnidad que pretendió imponer no era una apertura, sino una estrategia de ocultamiento diseñada para erosionar la vigilancia de los medios de comunicación, especialmente contra aquellos periodistas radiales que madrugan al alba para informar y que hoy se ven forzados a elegir entre el descanso o la cobertura de una tiranía de baja repercusión.
A esta distorsión del ejercicio público se suma el uso tramposo de la declaratoria de "independencia" como una fachada de conveniencia. El “grupo del oráculo” ha convertido la figura del concejal independiente en un caballo de Troya para manipular el reglamento a su antojo. Al declararse independientes bajo el paraguas de la Ley 1909, pero actuar en la práctica como una extensión disciplinada de la coalición de gobierno, logran arrebatarle espacios a la oposición legítima y controlar la narrativa interna sin asumir el costo político de su servilismo. Es una artimaña sucia en la que utilizan la independencia no para disentir o fiscalizar con autonomía, sino para garantizar que el alcalde Krasnov tenga una mesa directiva a su medida, capaz de silenciar cualquier asomo de crítica real bajo el pretexto de una pluralidad que solo existe en el papel del registro electoral.
Pero el núcleo del naufragio ético y legal de Brahiam Quintana Martínez se encuentra en su interpretación caprichosa y abusiva de la Ley 1909 de 2018. Lo que presenciamos el pasado martes fue una simulación de legalidad orquestada para intentar revivir un cadáver administrativo: el informe de gestión de la vigencia 2025. El presidente de la corporación pretendió justificar que una obligación que, por mandato del Artículo 22 del Estatuto de Oposición, debe evacuarse antes de finalizar el año constitucional, se arrastrara hasta marzo de 2026. La excusa de Quintana Martínez es de una bajeza técnica monumental: culpa a la anterior secretaría general de no haber programado la sesión, utilizando como escudo la ausencia de un funcionario que ya no está para defenderse.
Desde el punto de vista del derecho, esta maniobra es inadmisible. El Artículo 22, inciso 5, es taxativo al exigir que los alcaldes presenten un informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestal antes de cerrar el año, y que dicho informe sea debatido en una sesión exclusiva. La omisión de un secretario no habilita a la mesa directiva a vulnerar los tiempos perentorios de la ley. Realizar este ejercicio en marzo de 2026 no es "transparencia", es un desperdicio de recursos públicos (más de diez millones de pesos por sesión) en un trámite que ha perdido toda significancia técnica. Quintana Martínez, en lugar de montar este circo extemporáneo, debería estar compulsando copias a la Procuraduría para que se inicien las acciones disciplinarias contra el exsecretario por la supuesta omisión de sus deberes funcionales. En vez de justicia, control y legalidad, Quintana Martínez ofrece un barato maquillaje administrativo.
La violación al Artículo 19 de la Ley 1909 es todavía más flagrante. Quintana Martínez afirmó, con un desconocimiento que raya en lo delictivo, que para las sesiones de oposición "los voceros deben reunirse y decirnos qué citar", sugiriendo además que se llegó a un "acuerdo verbal" para la dinámica de la sesión. Es necesario recordarle al presidente de la Corporación que en el derecho público rige el principio de seguridad jurídica; los derechos fundamentales de la oposición no se negocian en charlas de pasillo. El Artículo 19 otorga a los voceros de la oposición el derecho sagrado de determinar por cuenta propia el orden del día en una sesión de oposición. La mesa directiva no tiene la facultad de invitar, sugerir ni pactar la agenda; su única función es acogerse y respetar lo que la oposición radique. Al imponer la presentación de ocho carteras en una sola jornada, Quintana fragmentó el tiempo de tal manera que los concejales de oposición contaban como máximo con 2.5 minutos por secretaría para hacer observaciones o cuestionamientos, mientras que la administración municipal tenía vía libre para intervenir, garantizando así un notable desequilibrio en contra de la oposición. Esto no es control; es una emboscada administrativa diseñada para cercenar el derecho a fiscalizar que garantiza el Artículo 4 del Estatuto.
A este atropello institucional se suma una maniobra de fragmentación que raya, groseramente, en la malversación de la confianza pública. En lugar de organizar una sola jornada de informe de gestión como dicta el sentido común y la eficiencia administrativa, la mesa directiva determinó arbitrariamente (y no la oposición, como exige el Artículo 19 del Estatuto) dividir la presentación en dos sesiones, invitando a la mitad de las secretarías por día, aclarando de paso que la segunda parte, en la que estaban previstas las dependencias con más presupuesto (salud, educación) y de mayor trascendencia para la toma de decisiones en la ciudad (Contratación, Fomento Económico), nunca se realizó. Esta decisión no solo alarga innecesariamente un trámite que debió concluir el año pasado, sino que permite a los concejales cobrar por duplicado honorarios por una labor que perfectamente se puede realizar en una sola jornada si se hace la sesión desde las siete de la mañana. Quintana Martínez no solo impuso el orden del día y la dinámica violentando la autonomía de la oposición, sino que propició un escenario donde se dilapida el presupuesto para que carteras críticas sean escuchadas a cuentagotas, cercenando la capacidad de fiscalización que garantiza el Artículo 4 de la Ley 1909. Mientras los cabildantes aseguran su doble estipendio, la oposición ve su derecho limitado a un margen irrisorio de tiempo frente a un desfile de secretarios que solo van a hablar, pero no a responder.
Resulta particularmente ruin y contrastante el silencio de la Procuraduría Regional ante estos hechos. Es imposible no recordar cómo el año pasado la titular de dicho ente de control se presentó en el recinto no para velar por la transparencia, sino para condicionar abiertamente la labor de los concejales de oposición, amedrentándolos e intimidándolos con la representación de este cargo y las capacidades que tiene a nivel de apertura y trámite de procesos disciplinarios, mientras ellos apenas intentaban ejercer su derecho a la crítica. Hoy, cuando existen indicios claros y presunciones fundadas de una violación sistemática al Estatuto de Oposición, esa misma procuradora, ficha incondicional del Partido Verde, desaparece de la escena. Su mutismo es el sello de garantía de esta artimaña sucia: una procuradora que actúa como “Gestapo administrativo” contra las voces disidentes, pero que se vuelve ciega y sorda cuando sus correligionarios, como Quintana Martínez, pisotean la democracia para salvarle el pellejo a la administración municipal. Es el uso de la institucionalidad como una herramienta de persecución política y blindaje partidista.
Con esta mesa directiva ha comenzado una dictocracia de baja intensidad que se regodea en el irrespeto sistemático al principio de publicidad. Resulta grotesco observar al concejal Quintana Martínez alardear de una supuesta apertura por el simple hecho de compartir el orden del día en un grupo de WhatsApp destinado a la prensa. En un entorno institucional serio, esto no es un motivo de orgullo sino el decoro mínimo e indispensable para el ejercicio periodístico. Sin embargo, la realidad es mucho más cínica, pues la información se comparte a cuentagotas, en ocasiones a última hora o bajo la dinámica errática de publicar y borrar mensajes, jugando con el tiempo de los reporteros y garantizando que la fiscalización mediática sea nula. Es inadmisible que una oficina de comunicaciones con múltiples operarios se limite a esta labor tan básica en lugar de generar boletines, contenidos de fondo o convocatorias reales. El servilismo a los intereses de figuración del presidente de turno ha convertido a la comunicación del Concejo en un apéndice estéril que no comunica, sino que oculta y maquilla. El resultado es una ciudadanía aislada. Tanto así que los mismos presidentes de las Juntas de Acción Comunal deben acudir a los comentarios en redes sociales para reclamar la falta de invitaciones y de información. Nadie se entera porque esta mesa directiva, al igual que la anterior, ha convertido la violación del principio publicidad de lo público en un pasatiempo perverso para proteger la sumisión de la Corporación.
A este atropello institucional se suma el desprecio por las urgencias de la gente. Mientras el Concejo se desgasta en informes vencidos que a nadie interesan, los artistas locales siguen reclamando los pagos del Aguinaldo Boyacense 2025, sin que nadie interceda por ellos ni los represente; al igual que miles de ciudadanos que padecen la incertidumbre de las cámaras de fotodetección.
Señor Quintana, el problema de la asistencia al recinto no es el horario, es la vacuidad de sus debates. Le lanzo una apuesta y pongo sobre la mesa su propio salario de todo un año: lo invito a que cite a una sesión para discutir el pago a los artistas del Aguinaldo Boyacense 2025 o la realidad técnica de las cámaras de fotodetección. Hágalo a la hora que quiera, a las siete de la mañana, a la una de la tarde o a las siete de la noche, y le aseguro que el recinto se llenará de ciudadanos legítimos y no de sus complacientes y leales unidades de apoyo. Si los temas son de interés ciudadano, la gente va; si usted sigue discutiendo asuntos insulsos para encubrir la incapacidad ajena, seguirá sesionando en la soledad de sus sombras. El naufragio ha comenzado, y su gestión es el preludio de lo peor para Tunja.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Votar es un acto de responsabilidad. Y en 2026, más que nunca, conviene mirar con lupa.
Desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación (PARES) hace seguimiento a candidatos cuestionados que se presentan al escrutinio público en elecciones nacionales y regionales. La fundación advierte que no se trata de condenas anticipadas, sino de alertas sobre investigaciones en curso, vínculos con estructuras políticas cuestionadas, presuntas irregularidades administrativas o judiciales.
De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, PARES revisó 3.144 candidaturas inscritas. Hasta enero, documentó 195 candidaturas cuestionadas: 78 al Senado, 111 a la Cámara y 6 en curules especiales (CITREP, Afro e Indígenas).
En el listado aparecen nombres muy reconocidos en Boyacá.
𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚́𝐧 𝐀𝐝𝐚𝐦𝐞
Avalado por el Partido Alianza Verde, exgobernador de Boyacá (2020-2023) con 396.293 votos, administrador público de la ESAP y figura muy cercana al hoy gobernador Carlos Amaya, lo que lo ubica como una de sus cartas políticas a la Cámara de Representantes.
Según el informe, enfrenta investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías durante su administración.
Los cuestionamientos incluyen:
● Deficiencias en la planeación y ejecución de obras viales como la vía Soracá–Siachoque, donde se habrían presentado presuntos sobrecostos y recortes injustificados en metas físicas.
● Anomalías en la contratación del parque principal de Cómbita, al designar un ejecutor sin la capacidad técnica y financiera requerida.
● No se le señala pertenencia a un clan político reconocido a nivel nacional pero en lo regional cabe resaltar que hace dupla con el candidato al senado John Amaya, hermano del madatario actual.
𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨
Avalado por el Partido Conservador Colombiano, senador desde 2022 con 69.480 votos, es identificado como cabeza visible del llamado “Clan Barreto”, estructura política consolidada en el Tolima con incidencia regional.
Está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y fraude en documento público.
En 2024 fue mencionado en el escándalo conocido como “las marionetas”, tras declaraciones del exdirector del DPS, Pierre García. Según el ente investigador, habría existido un entramado en el que algunos congresistas presuntamente direccionaban contratos de obra pública a contratistas vinculados con sus estructuras políticas.
Aquí tampoco hablamos de condenas, sino de investigaciones en curso. Pero en política, las sombras pesan.
𝐎𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬
El informe también menciona, sin dar más detalles, a los aspirantes a la Cámara, Eduard Alexis Triana Rincón (Centro Democrático) y Pedro José Suárez Vacca (Pacto Histórico); así como la candidata al senado Soledad Tamayo Tamayo (Partido Conservador), dentro del universo de candidaturas con cuestionamientos.
Aunque estar en un listado de candidatos cuestionados no equivale a una sentencia judicial. Sí implica que existen investigaciones, señalamientos formales o vínculos políticos que merecen ser conocidos por el electorado, lo que deriva en que el problema no es solo jurídico. Es ético.
En Boyacá hemos normalizado votar por maquinaria estatal, por promesas de gestión futura sin revisar el pasado. Y luego nos sorprendemos cuando las obras no se terminan, cuando las regalías no alcanzan o cuando los escándalos estallan en Bogotá pero tienen raíces en nuestros municipios.
Antes del 8 de marzo la invitación es informarse, leer con lupa, contrastar, exigir explicaciones públicas y sobretodo no comer entero.
𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐨𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐬
Resulta una ironía casi cruel, propia de una narrativa de ficción, observar el abismo que separa la estética de las publicaciones oficiales de la administración municipal de la cruda realidad que emana de las cifras oficiales. Mientras el despacho del alcalde Mikhail Krasnov inunda la percepción pública con imágenes de reuniones en el Parque Empresarial de Boyacá, rodeados de empresarios y sonrisas de protocolo, las cifras oficiales del trimestre móvil noviembre-enero nos devuelven a un suelo árido. Tunja se consolida hoy como la octava ciudad con mayor desempleo en Colombia, alcanzando una tasa del 11,2 por ciento.
No se trata de un número frío, sino de un retroceso tangible frente al 10,5 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, para la actual administración, la prioridad parece ser la gestión del ángulo de la cámara y no la ejecución de una política pública robusta.
A comienzos de esta semana los tunjanos fuimos testigos de una nueva entrega de este teatro de sombras. Se anunció con grandilocuencia una reunión con empresarios del Parque Empresarial de Boyacá para supuestamente confrontar la problemática del empleo. No obstante, cuando se intenta rasgar el velo de la propaganda para encontrar sustancia, el resultado es el desconcierto.
Esa desconexión entre el discurso y el dato se cristaliza en la reciente retórica del mandatario al describir su visita al Parque Empresarial de Boyacá. Con un lirismo que ignora la precariedad, la Alcaldía se atrevió a calificar el recorrido como un ejercicio de "impulso al desarrollo", afirmando sin rubor que allí se fortalece la industria y se dinamiza la economía. No obstante, tras esa fachada de palabras grandilocuentes sobre movilidad de alimentos y progreso diario, no hay un solo sustento fáctico. La publicación carece de la más mínima evidencia sobre cómo, cuándo o mediante qué mecanismo específico se está impulsando ese empleo que tanto mencionan. Es retórica pura; un relato épico de crecimiento que choca de frente con la ausencia de estrategias reales para los empresarios que, lejos de la prosa oficial, siguen enfrentando los mismos obstáculos estructurales de siempre.
Desde este medio buscamos al secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Juan Carlos Pérez, quien en un gesto de apertura que se agradece frente al hermetismo de otras dependencias, atendió nuestra inquietud de querer profundizar sobre este encuentro. Sin embargo, la amabilidad no sustituye la falta de datos.
Lo que recibimos por parte de la sectorial encargada de la productividad fue una respuesta marcada por la imprecisión. El funcionario se limitó a exponer generalidades, confesando una realidad que movería a la indignación si no fuera trágica: hay industriales en el sector que ni siquiera cuentan con servicio de agua potable. ¿Es este el gran hallazgo de una administración que promete modernidad? ¿Confirmar en pleno 2026 que la zona destinada a ser el motor productivo de la capital boyacense carece de servicios básicos? No hubo una sola cifra de empleos a generar ni una estrategia clara sobre cómo mitigar el impacto del incremento del salario mínimo. Fue una respuesta que dejó la sensación de que, en esa mesa de diálogo, la información técnica no estaba a la mano.
Es imperativo además desmentir la narrativa construida por los propagandistas de turno que intentan colgarle al Alcalde medallas ajenas. Se ha dicho que la llegada de empresas de gran reconocimiento como Crepes & Waffles o Papa Johns es fruto de la gestión directa de la administración Krasnov. Falso. Requerimientos ciudadanos directos a estas empresas han confirmado que su aterrizaje en Tunja fue una iniciativa propia, tras estudios de mercado privados, y no por una alfombra roja tendida por la Alcaldía.
Esta misma vocación por el espejismo se traslada a una suerte de "diplomacia de vitrina" que el mandatario exhibe con orgullo en sus redes. Asistimos a una pasarela incesante de anuncios donde desfilan empresarios chinos, delegaciones rusas, “inversionistas" coreanos o japoneses y una variopinta colección de embajadores. Es la construcción de una Tunja cosmopolita que solo existe en el encuadre de la foto oficial; una cháchara internacionalista que, tras el brindis y el apretón de manos, se disuelve sin dejar un solo gramo de inversión tangible o un proyecto que saque a la ciudad de su letargo productivo. Mientras el Alcalde viaja mentalmente por potencias extranjeras en cada publicación, los ciudadanos siguen esperando que ese supuesto interés global se traduzca en algo más que un protocolo vacío que no genera un solo puesto de trabajo real.
El problema de fondo es que Tunja sigue encadenada a un modelo arcaico y peligroso donde la generación de empleo depende casi exclusivamente de la burocracia estatal. En una ciudad donde el tejido empresarial está compuesto en más de un 90 por ciento por mipymes que luchan por no ahogarse, la única oferta laboral masiva sigue proviniendo de los contratos de la Alcaldía y la Gobernación. Esta estructura no solo es económicamente insostenible, sino que es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Los empleos que se generan a cambio de favores políticos no son logros, son transacciones que rotarán de nombre con el próximo mandatario. Eso no es combatir el desempleo, es administrar la miseria clientelista.
Tunja tiene que apuntarle, como dijo el mismo Krasnov en tiempos de campaña, a hacer atractiva la ciudad para la inversión. Pero eso no está ocurriendo. No llegan grandes empresas y tampoco se facilitan las cosas para los valientes empresarios locales que ya tienen un panorama cuesta arriba para subsistir. Ante la falta de resultados, la administración se refugia en el aplauso de sectores que celebran la imagen por encima del dato, ignorando a quienes cuestionan la vacuidad de los anuncios oficiales.
La gente reflexiva de esta capital ya no se conforma con el impacto visual de una publicación. Somos una de las pocas ciudades del país que aún arrastra una cifra de desempleo de dos dígitos, una anomalía que perpetúa el atraso. Si la gestión sigue limitándose a "medir necesidades" sin ejecutar soluciones concretas, Tunja seguirá siendo esa ciudad que solo progresa en la imaginación de quienes manejan sus redes sociales.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tunja vive hoy bajo el imperio de la imagen, una administración que parece más preocupada por el encuadre de sus videos en redes sociales que por la eficacia de sus políticas públicas. El despliegue digital de la Alcaldía intenta vender una ciudad en movimiento, pero en la práctica, lo que recibimos son campañas que se quedan cortas; acciones tan tibias que, al contrastarse con la realidad, parecen tender a la nulidad operativa. El ejemplo más visible de esta desconexión es la campaña del "Tunjano de Calidad", una iniciativa que nació con la pretensión de mejorar el comportamiento vial y ciudadano, pero que hoy deja mucho que desear al carecer de un impacto real y comprobable.
Aunque la campaña se ha extendido a diversos frentes, como el cuidado del medio ambiente o el comportamiento ciudadano general, es en el ámbito vial donde su vacuidad resulta más evidente. No se trata solo de que la caravana pedagógica, compuesta por un pequeño grupo de amigos de la exgestora social; recurra a tácticas cuestionables como ridiculizar al peatón con sonidos de trompeta o gestos de mimos. El problema de fondo es que la campaña parece ensañarse con el eslabón más débil de la cadena (el peatón), mientras ignora deliberadamente las infracciones de los conductores poderosos o influyentes. Además, existe un despropósito geográfico: según las cifras de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los puntos críticos de accidentalidad son la Avenida Norte y la Oriental; sin embargo, la "pedagogía" se concentra en la Avenida Maldonado o en la Avenida Universitaria, zonas de bajo riesgo donde es más cómodo posar para la cámara o incluso encontrar espacios para el ocio, o incluso a veces en las avenidas donde se registra la mayor cantidad de accidentes, pero no necesariamente en los puntos identificados como críticos.
Esta puesta en escena palidece cuando se intenta comparar (como pretende la narrativa oficial) con el fenómeno de cultura ciudadana liderado por Antanas Mockus en Bogotá a finales del siglo pasado. La diferencia es abismal: Mockus fue disruptivo y radical, llegando incluso a redestinar el presupuesto para sustituir agentes de tránsito por mimos en un acto de audacia pedagógica que, más allá de la polémica, buscaba una transformación estructural. Lo de Tunja, en cambio, es una emulación pálida y superficial. Mientras el exalcalde de Bogotá lograba cambios tangibles mediante la innovación, aquí la "caravana" se limita a espectáculos de escaso alcance que no tocan la raíz del problema, demostrando que la administración de Mikhail Krasnov prefiere la caricatura de la norma antes que la verdadera pedagogía disruptiva.
La falta de contundencia quedó registrada en una publicación oficial de la propia Alcaldía que terminó siendo un bumerán de críticas. Mientras los integrantes de la caravana gesticulaban para sus redes, en video quedó registrado el momento en que, frente a las narices de los agentes de tránsito y de los promotores del "Tunjano de Calidad", un conductor pasaba con un menor de edad y su mascota en el asiento delantero y sin cinturón. Los comentarios en la publicación fueron lapidarios: "Qué tristeza ver cómo tapan la realidad con payasadas". Esta complicidad por omisión demuestra que la campaña no busca salvar vidas, sino alimentar una narrativa de "gran visionario" que se desmorona ante el primer semáforo.
Esta tibieza administrativa se extiende a la gestión turística, donde el gasto público parece no tener auditoría de resultados. Tunja suele pagar su participación en la vitrina de ANATO año tras año, pero tras este ejercicio, la Alcaldía es incapaz de mostrar un impacto real o una cifra que justifique la inversión. Es una campaña insulsa y sin resultados, pues mientras se posa en los stands de Corferias, el Índice de Competitividad Turística Regional (CPTUR)2025 nos devuelve a la tierra con un golpe seco: Tunja ocupa el puesto 19 entre 31 capitales. Estar en la parte baja de la tabla es un resultado pobre para alguien que se precia de "conectar a Tunja con el mundo", demostrando que ir a ferias sin una estrategia técnica es simplemente tirar el dinero.
Bajo esa misma narrativa de internacionalización, el alcalde Mikhail Krasnov ha publicitado viajes al exterior, convenios preexistentes con la embajada rusa y clases de idiomas dictadas por amigos personales, sin beneficios tangibles. Más allá de justificar la agenda personal de la administración, este eslogan se ha convertido en un recurso discursivo para manipular la percepción de mentes ilusas que tragan entero un relato de grandeza global mientras la ciudad no se ha conectado con nada sustancial. El reporte del CPTUR lo confirma: con una humillante calificación de 2.1 sobre 10 en bilingüismo de funcionarios y un 1.5 en material promocional, la internacionalización es un espejismo para consumo interno. Mientras Tunja se estanca, municipios como Villa de Leyva y Paipa demuestran que el problema es la ineficiencia técnica de la capital.
La realidad de Tunja es la de una ciudad donde los reparcheos se presentan como hitos de ingeniería, pero duran lo que dura una campaña de redes por su mala ejecución. Es una gestión de intermitencias, donde la “cultura ciudadana” se suspende por vacaciones contractuales en fin de año, como si la imprudencia tuviera calendario fiscal. Y mientras los muchachos de la ruidosa caravana de conciencia ciudadana se pasean por zonas de escasa trascendencia en materia de accidentalidad, la ciudadanía percibe que por otro lado, la autoridad vial "se encuentra tomando tinto y viendo el celular" mientras el caos se toma las calles y aceras peatonales.
Tunja no necesita mimos ignorando infracciones reales ni agentes con instrucciones de "ahuyentar" al mal parqueado con alarmas pedagógicas. Se requiere una combinación de pedagogía masiva y eficiente en los puntos de alta accidentalidad, mezclada con una mano dura que no le tema al cumplimiento de la norma. La instrucción de "primero educar" ante infracciones de puro sentido común es una capitulación de la autoridad; si alguien infringe la ley, se le sanciona y listo. No hay por qué "ahuyentar" o “advertir” al infractor; se actúa para que la norma se respete. Si la administración no logra pasar del maquillaje digital a la contundencia, el "Tunjano de Calidad" no será más que otra promesa tibia que solo será recordada por las viejas publicidades que se resisten a cambiar en paraderos de buses.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
En Boyacá está creciendo una especie que incomoda, hombres y mujeres que denuncian, que alzan la voz y que, con documentos en mano, cuestionan el manejo de los recursos públicos frente a lo que muchos ya llaman un desgobierno verde.
Y hablo de especie porque hace apenas una década esto parecía imposible, encontrar voces que no se callaran o que no sucumbieran al poder. Éramos pocos los que señalábamos lo que no funcionaba, lo cual puede ser hasta entendible, en un departamento donde la afinidad política suele traducirse en oportunidades laborales y denunciar tiene consecuencias. Cuesta el contrato. Cuesta el puesto. Cuesta el exilio.
Por eso, hoy quiero resaltar dos casos en los que, ante la inacción de organismos de control, el silencio cómodo de buena parte de las colectividades políticas y la lentitud institucional, la ciudadanía ha asumido la defensa de sus recursos públicos. Dos casos que retratan la cacería de los llamados “elefantes verdes”, obras que deberían garantizar agua potable, saneamiento y bienestar colectivo, pero que hoy están rodeadas de cuestionamientos.
𝐂𝐡𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́: 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚
Hace pocos días, una veeduría ciudadana presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que involucra a Carlos Amaya y Ramiro Barragán por presuntas irregularidades en la liquidación del Contrato de Obra 004 de 2018, suscrito entre las Empresas Públicas de Boyacá y el Consorcio Aguas D.C.
El contrato buscaba optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chiquinquirá. Su plazo inicial era de diez meses. Su valor final rozó los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, ocho años después, la obra sigue siendo motivo de controversia y la garantía plena de agua potable no existe.
La denuncia señala varios hechos graves, entre ellos que el contrato fue liquidado el 2 de diciembre de 2021 sin contar con el acta de recibo final a satisfacción por parte del municipio o del operador del servicio, requisito exigido en la propia cláusula contractual.
El acta apareció después. El 22 de junio de 2023. Dieciocho meses más tarde.
En términos simples, el contrato se cerró jurídicamente sin que existiera el soporte técnico definitivo que confirmara que la obra funcionaba.
Pero la denuncia no termina allí. Según la veeduría, la representante legal del consorcio firmó el acta cuando la figura jurídica ya estaría disuelta. Posteriormente apareció un documento que supuestamente prorrogaba la vigencia del consorcio, cuya autenticidad ahora se cuestiona y sobre el cual se solicita peritaje forense.
La denuncia pide establecer responsabilidades políticas de quienes eran superiores jerárquicos durante la ejecución y liquidación: los exgobernadores Carlos Andrés Amaya y Ramiro Barragán Adame, en un proyecto que atravesó tres administraciones.
𝐒𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚́𝐧: 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢́𝐚
En Sutamarchán el problema es más antiguo, pero no menos grave. La Veeduría Anticorrupción Municipal Justicia y Equidad denunció que varios acueductos rurales construidos entre 2008 y 2011, durante la alcaldía de Carlos Roberto Castellanos, en las veredas Santo Eccehomo, Labranzas, Resguardo y Ermitaño, llevan más de 15 años sin operar.
Para esos proyectos se gestionaron más de 1.300 millones de pesos con Ecopetrol, recursos que dieron origen al Contrato 064 de 2011. Hoy las estructuras están abandonadas.
Según lo expuesto en la Acción Popular promovida por Yesid Figueroa García contra el Municipio de Sutamarchán, el Departamento de Boyacá, Ecopetrol y Corpoboyacá, el acueducto no fue culminado en su totalidad y existió detrimento del patrimonio público.
En esa misma denuncia se señala la presunta responsabilidad del llamado “clan Castellanos”, mencionando al actual Representante a la Cámara por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, quien ejerció como alcalde del municipio.
Tras un largo proceso judicial, la justicia dio la razón a la comunidad y ordenó una serie de medidas concretas: realizar estudios hidrológicos, mapear riesgos en la calidad del agua, legalizar concesiones del recurso hídrico, verificar fuentes de abastecimiento, optimizar la infraestructura existente y, en caso de inviabilidad, adoptar medidas presupuestales y contractuales para garantizar el suministro efectivo de agua potable.
También se compulsaron copias a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen las presuntas irregularidades.
Lo más inquietante es que algunas de esas infraestructuras, según la denuncia, ni siquiera cuentan con fuente de abastecimiento. Es decir, se construyeron acueductos sin garantizar el agua.
En Boyacá nos acostumbramos a las inauguraciones, a los discursos verdes y a las fotografías aéreas que simbolizan progreso. Pero detrás del cemento y los anuncios puede repetirse una constante: planeación deficiente, adiciones presupuestales cuestionables, liquidaciones prematuras y proyectos que no operan.
Denunciar en este contexto implica exponerse. Por eso estas veedurías resultan incómodas y necesarias. No tienen maquinaria ni fuero. Tienen documentos, acciones judiciales y la convicción de que el agua no puede convertirse en botín político.
𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐨𝐜𝐞𝐭𝐨𝐬
La reciente difusión en las redes sociales de la Alcaldía de Tunja, mostrando un encuentro con los directivos de las empresas de transporte público para presentar diseños de lo que sería la nueva flota de la ciudad, ha sido recibida con una mezcla de aplausos superficiales y un profundo escepticismo. En principio, la intención de modernizar el parque automotor de Tunja bajo premisas de sostenibilidad ambiental es una noticia que merece reconocimiento; cualquier esfuerzo por sacar a la capital boyacense del letargo tecnológico en el que se encuentra es, en teoría, un paso adelante. Sin embargo, este alarde de optimismo digital parece ignorar que el problema del transporte en Tunja es un iceberg de negligencia donde los vehículos nuevos son apenas la punta, y los diseños presentados, no más que un espejismo.
El entusiasmo oficial tropieza de frente con la memoria colectiva. No es la primera vez que la ciudad se ilusiona con imágenes de vehículos modernos que terminan guardadas en el cajón de las promesas. Resulta imposible olvidar cuando la administración anterior mostraba fotos de buses eléctricos asegurando que ese sería el futuro inmediato de nuestra movilidad (https://www.facebook.com/share/p/17vaAxsM1Q/). Aquello, como se sospecha que ocurrirá ahora, se quedó en la narrativa del deseo y en el "populismo digital" de redes sociales. Hoy, el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), ese proyecto por el que se han invertido sumas multimillonarias y que supuestamente debía estar en plena ejecución desde finales del periodo pasado, es un fantasma administrativo que no ha logrado concretar ni el sistema de pago electrónico ni la tarifa diferencial para estudiantes, de la cual solo se habla bajo la presión de las protestas. Tareas que además resultan mucho más sencillas de implementar que el cambio de la flota de buses, las cuales la administración sigue negándose a realizar.
El problema de fondo es que la modernización de la flota no depende de la estética de un render, sino de una voluntad económica que brilla por su ausencia. El historial es claro: cuando se plantearon las condiciones para que la Nación aportara el 70% y el municipio el 30% del valor del recambio, el proceso se estrelló contra la intransigencia de las empresas de transporte. Estos gremios, que perciben el usufructo diario de un servicio público esencial, no parecen estar dispuestos a invertir un solo centavo de su propio capital, esperando que todo sea subsidiado o regalado por el Estado. Es ingenuo pensar que hoy la actitud de los señores de los buses vaya a cambiar mágicamente por la simple presentación de un boceto atractivo.
Mientras la administración hace alarde de este "futuro verde" en redes sociales, la realidad que respiramos los tunjanos es de un gris tóxico. El contraste es insultante: por un lado, se presentan diseños de vanguardia, y por el otro, se permite que los buses actuales sigan emanando un humo negro y denso que contamina el aire más que cualquier ladrillera de la región. Desde este medio de comunicación se retó formalmente hace meses al Secretario de Movilidad, Juan Carlos García, a que demostrara con cifras cuántos comparendos ambientales se han impartido a estas empresas. La respuesta ha sido el silencio absoluto, lo que refuerza la sospecha de que tales sanciones son inexistentes. Los agentes de tránsito en la ciudad parecen estar exclusivamente armados para extraer dinero de los conductores particulares, mientras que las busetas, que son las que peor se comportan en la vía, gozan de una impunidad que ofende al ciudadano.
Esta parálisis institucional frente al gremio transportador se traduce en una preocupante ley de la selva en las arterias de la ciudad. Mientras la administración amaga con controles rigurosos para el ciudadano común, los buses transitan bajo una suerte de inmunidad diplomática. Es una estampa cotidiana observar cómo estos vehículos, en su carrera hacia los puntos de despacho en el norte, por los sectores de Green Hills o la antigua vía a Paipa; alcanzan velocidades de carretera que rozan los 100 kilómetros por hora ante la mirada inexistente de las autoridades. Esa misma temeridad se manifiesta en la costumbre letal de dejar pasajeros en mitad de la calzada, una maniobra que ya ha teñido de luto las vías de Tunja y que sigue ocurriendo sin que se conozcan sanciones que toquen realmente el bolsillo de las empresas. El desprecio por los paraderos y el riesgo vital de conductores que chatean mientras operan rutas, evidenciados en denuncias ciudadanas (https://www.facebook.com/share/v/195z8j4DzN/), son síntomas de una Secretaría de Movilidad que parece gobernar con un pánico reverencial hacia quienes, en la práctica, se han adueñado del espacio público sin respetar la normativa mínima de seguridad. Sobre todas estas imprudencias o comportamientos arbitrarios o peligrosos tampoco existe registro de comparendos realizados, porque como ya se ha dicho, esta herramienta solo sirve para cohibir a los particulares, no al poderoso y camorrista gremio del transporte público colectivo.
Los datos del DANE terminan por desnudar la crisis: en 2025, mientras la oferta de buses aumentó un 12%, la demanda de usuarios apenas creció un 3% (https://www.facebook.com/share/p/1C4JL29QxF/). La gente huye del transporte público porque es costoso, porque las rutas son laberintos ineficientes llenos de recovecos y porque hay zonas, especialmente en el occidente de la ciudad, que carecen totalmente de cobertura porque para los empresarios simplemente "no es rentable", y la administración municipal se congracia con dicha postura en detrimento de la ciudadanía.
Reemplazar la flota es una necesidad imperiosa y este medio será el primero en aplaudirlo el día que el primer bus nuevo ruede por las calles, si es que eso llega a ocurrir. Pero presentar diseños en redes sociales como si fuera un logro de gestión, mientras no se es capaz de hacer cumplir la ley más elemental, es una distracción peligrosa. Antes que diseños de ensueño, Tunja necesita autoridad, cumplimiento de la normativa vigente y una administración que deje de gobernar con miedo frente a quienes se creen dueños de las vías.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El próximo 24 de febrero, la administración municipal de Tunja se dispone a desplegar el acostumbrado boato para celebrar el Día del Periodista. Un evento que, en condiciones de normalidad democrática, no pasaría de ser un gesto protocolario de cortesía institucional. Sin embargo, en el actual contexto de asfixia informativa, el agasajo no solo se percibe como un acto menor; resulta, en esencia, una gesticulación grosera. No se puede pretender brindar con quienes, desde el escritorio del poder, se dedican a cerrar los grifos de la información pública, convirtiendo el derecho ciudadano a saber en un privilegio condicionado por el humor de una “Gerencia de Comunicaciones”.
Estamos ante una administración que parece haber confundido la gestión pública con un set de grabación para redes sociales. El alcalde Mikhail Krasnov, actuando más como un influencer en busca de likes que como un mandatario responsable, ha permitido, o quizá ordenado, la instauración de un régimen de "reserva de facto". La orden es tajante y de tintes dictatoriales: ningún secretario de despacho, esos mismos que ostentan la calidad de ordenadores del gasto y responsables de sus carteras, puede emitir una declaración sin el salvoconducto, la bendición y el filtro de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones.
Esta centralización del relato no es un simple ajuste de procesos internos; es una afrenta directa a la Ley 1712 de 2014. El Artículo 2 de dicha norma es claro y contundente: toda información en poder de un sujeto obligado es pública y no puede ser reservada sino por disposición legal. Al imponer un "embudo" burocrático donde las entrevistas se dilatan por semanas bajo el pretexto de una agenda centralizada, la Alcaldía de Tunja está vulnerando el Principio de Máxima Publicidad. La información que llega tarde, manipulada o convenientemente filtrada, deja de ser información para convertirse en simple propaganda oficial.
Permítanme ilustrar este atropello con una vivencia personal que retrata la desidia institucional. Ante una queja ciudadana legítima sobre una obra inconclusa desde hace varios meses en un barrio muy representativo de la ciudad, acudí a la Secretaría de Infraestructura para abordar el tema. La respuesta fue un desplante administrativo: una cita programada para ocho días después. En el periodismo, el tiempo no es un lujo, es la esencia misma del oficio . Aun así, y no teniendo otra posibilidad, accedí a la espera, pero con la intención de elevar el debate, decidí plantearle a la Secretaria de Infraestructura que el encuentro fuese no solo para hablar de esta pequeña obra, sino de un asunto que la administración municipal ha querido sepultar bajo el manto del silencio, como es el caso del multimillonario contrato entregado a dedo a la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías.
¿El resultado? Una cancelación a última hora y una reprogramación que nunca llegó a concretarse. La estrategia es clara y se fundamenta en el agotamiento a la prensa. La administración apuesta a que el periodista, cansado de mendigar un testimonio que por ley le pertenece a la ciudadanía, desista de la búsqueda y abandone el tema, como ocurrió en mi caso, para lo cual opté por buscar y devorar cientos de páginas del proceso contractual. En este oficio existe una máxima: si la fuente oficial calla por miedo o por cálculo, se busca la información en otro tipo de fuentes (en este caso documentales).
Hoy, ante el bloqueo de micrófonos, no nos queda más camino que el Derecho de Petición, una herramienta legal que hoy es la única garantía de que la información sea entregada bajo la rigurosidad de la ley y sin las excusas de una agenda convenientemente apretada, que por otra parte, limita la inmediatez en el abordaje de temas coyunturales.
Esta censura y el control previo no solo buscan silenciar a la prensa, sino también tapar las vergonzosas grietas de la comunicación interna. El episodio de las cámaras de fotodetección es el ejemplo más reciente de esta comedia de errores. Mientras la Secretaría de Movilidad y el Consorcio Transformación Digital Tránsito Tunja aseguraron el pasado 28 de enero que las cámaras entrarían en funcionamiento el 16 de marzo, el alcalde Mikhail Krasnov, en un arrebato de populismo alimentado por el temor a la impopularidad, salió a desmentir a su propio secretario y a cancelar lo ya planificado por calendario. No es la primera vez que el funcionario termina dando entonces una información errática; ya ocurrió con el anuncio fallido del cambio de pico y placa, pero en esta ocasión fue además arrojado a la hoguera por su superior.
Estas salidas en falso demuestran que el Alcalde prefiere quemar a sus funcionarios antes que asumir la responsabilidad de gobernar. La ciudad no se gobierna con el pulgar hacia arriba o hacia abajo de una audiencia digital; se gobierna con coherencia y respeto por la firma plasmada en los documentos. Vale recordar que fue esta administración, en 2025, la que firmó las solicitudes para estas cámaras. Aprenda a dar la cara, señor Alcalde, y asuma su responsabilidad, porque no es admisible que los periodistas terminemos pagando por su incompetencia mediante la imposibilidad de acceder a fuentes oficiales de manera oportuna, o ante rectificaciones sobre informaciones que se han dado de forma oficial.
Lo que se pretende instaurar en Tunja es un relato único, una versión oficial "limpia" de críticas, muy al estilo de la distopía de George Orwell en 1984. La “Gerencia de Comunicaciones” se ha convertido en un monumento a la censura indirecta, en una Gerencia Estratégica del Silencio; condicionando la información pública a un visto bueno burocrático que viola el Principio de Celeridad y Eficacia del CPACA. La Corte Constitucional ha sido enfática en que el acceso a las fuentes oficiales es un presupuesto de la libertad de prensa, y que el margen de reserva en el manejo de recursos públicos es casi nulo. Sin embargo, en esta alcaldía se prioriza la imagen del gobernante sobre el derecho colectivo a la información, ¿Tendrán algo por decir las agremiaciones de prensa ante tal exabrupto? ¿O prefieren seguir silenciosas bajo la anestesia del intercambio de favores?
El próximo 24 de febrero no habrá nada que celebrar mientras persista este manejo restrictivo de la información. No se trata de una pelea por pauta publicitaria, como suelen argumentar con cinismo para desprestigiar cualquier opinión crítica; se trata de la defensa de la Libertad de Prensa consagrada en el Artículo 20 de la Constitución Política. Desde estas líneas anunciamos que no nos quedaremos en la queja editorial. Notificaremos formalmente a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y activaremos todas las acciones constitucionales y legales necesarias para que se dignifique el trabajo de la prensa en Tunja. La información es un bien público, y la verdad no acepta citas para dentro de ocho días.
𝐃𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐚
𝑷𝒐𝒓: 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒐 𝑪𝒆́𝒔𝒂𝒓 𝑴𝒆𝒅𝒓𝒂𝒏𝒐
Empiezo este ejercicio de darle cara a mi voz. Soltarme un poco del teclado y aparecer en video, no porque tenga que defender mis textos [ellos se defienden solos], sino porque es claro que las redes sociales no están diseñadas para lectores sino para espectadores.
Y hay espectadores fantasmas. Perfiles de usuarios falsos, rabiosos que atacan y critican desde el otro lado de la pantalla y que nunca darán la cara.
Ovejas digitales almacenadas en granjas de bots, creadas por informáticos que dedican sus días a fabricar insultos mientras beben macchiato en un café en Grill Hills o, en alguna oficina de la Alcaldía o, de la Gobernación.
¿Cómo se pelea contra eso?
¿Para qué pelear contra ejércitos forjados de unos y ceros cuyo único fin es lastimar, insultar, provocar miedo, acosar, hostigar? ¿Vale la pena contestar provocación alguna?
Comunicadores, políticos, medios de comunicación, aspirantes a influencer, a modelo de OnlyFans, todos conocen el truco. Compran paquetes de seguidores. Cuentas falsas que empujan el algoritmo hacia sus teatros. De eso se trata gran parte de este juego de falsear quienes somos en Internet: ponerse caretas para obtener likes o centavos de dólar.
El problema también está cuando esos fantasmas se convierten en negocio. Las empresas que pautan, alcaldías y gobernaciones que contratan publicidad en medios de comunicación, exigen estadísticas de número de seguidores, comentarios, likes y visualizaciones. Y según esa cifra pagan más. Si Fulano tiene diez seguidores, cobra diez pesos. Si Mengano tiene mil seguidores, cobra mil pesos. No importa si esos seguidores son de carne y hueso o son robots, lo que importa es la ilusión de multitud.
El mercado aprendió a amoldar esos fantasmas. Con ellos fabrican políticos, imperios, gobiernos. Destruyen comunidades. Incluso, llevan a que personas al borde del suicidio.
Cuando escribo una columna sobre Tunja, sobre cultura, sobre despilfarros públicos, sobre esa manía de administrar la ciudad como si fuera una cantina, aparecen los insultadores y acosadores. Siempre aparecen.
Soy consciente de que al menos uno de cada diez insultos, es real. Los otros nueve son generados por aquellos quienes nunca darán la cara.
Cientos de perfiles controlados por cinco o diez bravucones escondidos tras una pantalla. Defensores del poder de turno, como si la política fuera una lucha de barras bravas y no un asunto de lo público.
¿Qué tan distinta es esa granja de bots defensores de políticos, a la granja de seguidores comprados para venderse mejor ante un anunciante? ¿Cuántas medios ‘garaje’ abren TikTok y se atreven a cobrar por el copie y pegue del trabajo de otros?
Hoy estoy aquí, dando la cara por lo que escribo, y subrayo: el texto es capaz de defenderse por sí mismo, pero debe encontrar lectores juiciosos que sepan divertirse leyendo, y de eso poco hay en redes sociales.
Me atreví a hacer video columnas porque, en una ciudad tan pequeña y mojigata, donde todos conocen los pecados de los vecinos, lo verdaderamente extraño no es la pésima recepción de la crítica, es la cobardía de aquellos que, pese a sus faltas visibles, nunca darán la cara.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Colombia atraviesa un momento definitivo. No es solo una crisis de gobierno, sino un agotamiento de las formas con que se ha venido ejerciendo el poder político: las luchas de egos y los intereses particulares han eclipsado tanto el bien común y el verdadero progreso, como la dignidad del Estado.
Dicho lo anterior, estoy dando un paso al frente como precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Conservador por la convicción de servir a los colombianos para restituir el orden en un marco de libertad, y así avanzar hacia un futuro de estabilidad.
Mi formación no proviene de las élites o castas políticas ni de la burocracia transaccional. Mi carácter y mi honra se forjaron en la academia y en las Fuerzas Militares, instituciones donde aprendí que el liderazgo no es el privilegio de mandar, sino el honor y la responsabilidad de servir. Esa es la perspectiva que ofrezco: una gestión respaldada por la integridad y el mérito, no por la política barata.
Lo hago por el Partido Conservador porque, a pesar de las inevitables desavenencias de la historia, esta colectividad ha sido uno de los principales pilares de la institucionalidad colombiana. No es sino traer a colación hitos tales como la creación del Banco de la República, de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) y de la Contraloría General de la República. El impulso a la cédula de ciudadanía como derecho fundamental, o la visión de seguridad y justicia que ha permitido al Estado sobrevivir a sus mayores desafíos. Esa herencia de libertad dentro del orden es la que hoy debemos proyectar hacia el siglo XXI.
Lamentablemente, la palabra "cambio" fue desgastada hasta perder su sentido, hasta el punto de que hoy se asocia más con el desorden y la incertidumbre que con el mejoramiento. Y como el talante conservador conserva lo que valga la pena conservar y cambia, sin sobresaltos, lo que sea necesario, mi invitación no es a cambiar por cambiar, sino a avanzar. Ir adelante hacia un futuro distinto donde la seguridad no sea un eslogan, sino la plataforma para el desarrollo económico y la dignidad social. Sin seguridad jurídica, ciudadana y pública, no hay inversión nacional ni extranjera; y sin inversión, la dignidad es solo una promesa vacía.
El proyecto de la Concordia Nacional que lidero nace de comprender que no necesitamos estar de acuerdo en todo para compartir un destino común. La diversidad de ideas en el país y dentro de nuestro partido es una fortaleza, siempre y cuando el norte sea la verdad y el bien superior de la nación. Colombia no merece más revanchas ni más miedos; merece la sensatez de una conducción clara y sobre todo ética.
Por ello, y con el respeto que la institucionalidad demanda, hago un llamado al Senador Efraín Cepeda y al directorio nacional: es hora de convocar a la Convención Nacional para escoger y/o ratificar el candidato a la presidencia entre las personas inscritas bajo los parámetros estatutarios. Ahora bien, para que la escogencia sea justa, previamente se podrían realizar dos eventos: un debate de propuestas entre los aspirantes y una encuesta. De cualquier manera, necesitamos un espacio democrático que defina la representación de esos millones de colombianos cuyas ideas azules siguen latentes y, desde allí, hablarles a los más de 50 millones de compatriotas que buscan una alternativa sin odios.
Mi compromiso es con la integridad y la legalidad. Quiero ser el presidente que restablezca la confianza en lo público, demostrando que es posible gobernar con las manos limpias y el pulso sereno y firme. Es momento de que el Partido Conservador lidere la gran convergencia nacional, no para volver al pasado, sino para asegurar que Colombia, por fin, pueda caminar hacia adelante en un ámbito de orden que la libere de la violencia y, sobre todo, con la dignidad y armonía que se rescatan mediante la Concordia Nacional.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐮𝐬𝐚
La política contemporánea ha mutado en una suerte de escenografía teatral donde el hormigón y el impacto social importa menos que el encuadre de la cámara. En Tunja, esta máxima ha encontrado su profeta en el alcalde Mikhail Krasnov, quien, en la semana que hoy agoniza, nos ha regalado una nueva entrega de su ya acostumbrada ficción administrativa. Esta vez, el reparto incluyó a un actor que se ha vuelto mobiliario común en la propaganda oficial: su primo, Dmitrii Rudkov. El señor Rudkov, cuya presencia en las piezas audiovisuales de la Alcaldía es tan habitual como inexplicable en términos de gestión pública, parece ser la pieza clave de un engranaje diseñado no para pavimentar calles, sino para pavimentar percepciones.
En una reciente última aparición en redes sociales, el burgomaestre intentó una pirueta retórica audaz: justificar la parálisis en el arreglo de la malla vial mientras, en un alarde de desconexión con la realidad, el texto acompañante pregonaba la "alta calidad" de las intervenciones realizadas. Es aquí donde la suspicacia ciudadana se transforma en abierta incredulidad. Para el tunjano que transita diariamente por el calvario de sus avenidas, las afirmaciones del Alcalde no son solo falsas; son un insulto a la inteligencia.
Hablemos de esa "calidad" que Krasnov defiende con el fervor de quien no tiene que cambiar amortiguadores cada mes. Los reparcheos en la Avenida Universitaria son una oda a la obsolescencia programada. Se realizaron al menos dos intervenciones en apenas un semestre, lo que demuestra que la durabilidad de la obra pública en esta administración es tan efímera como una promesa de campaña. El panorama se repite con una monotonía deprimente en la Carrera 14, en el barrio Libertador, en el barrio San Antonio, en la Calle 41 del barrio Santa Inés. Sin embargo, uno de los más grandes monumentos al despropósito técnico se erige en la Calle 17, donde la vía se asemeja más a una atracción del desaparecido "Cici-Aquapark" que a una calle urbana digna.
Pero este patrón de manipulación no se limita al asfalto; se extiende con cinismo hacia los servicios públicos. Con la misma ligereza con la que alaba parches mal puestos, Krasnov, hace unas semanas, salió en un video a asegurar que ha solicitado reiteradamente a Urbaser, la empresa de aseo, una reducción en las tarifas. Es una jugada maestra de populismo, pues el Alcalde sabe perfectamente (porque se lo han explicado con rigor técnico) que el régimen tarifario en Colombia no es un mercado de regateo, sino un sistema regulado por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico).
La tarifa que pagamos no nace del capricho de un gerente o de la presión de un alcalde; responde a una fórmula técnica definida por la ley, donde se suman costos fijos y variables (limpieza, recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario de Pirgua), además de un componente de inversión y administración. En Colombia, el costo del servicio público domiciliario de aseo se rige bajo el concepto de "costos eficientes", donde la CRA establece el marco tarifario y la Superintendencia de Servicios Públicos vigila su cumplimiento. El Alcalde miente al presentarse como un "gestor de rebajas" cuando sabe que el único camino real para aliviar el recibo de los ciudadanos no es pelear en videos con Urbaser, sino actuar ante el Concejo Municipal, tarea que hasta ahora no ha hecho.
Resulta perverso que venda humo mientras no ha presentado la más mínima iniciativa para elevar el porcentaje de subsidio de los estratos vulnerables ni para ajustar la contribución del estrato cinco, que hoy se mantiene en un desproporcionado 87%, cuando el mínimo legal es del 50%. Prefiere el video efectista para el "sentir popular" que la gestión técnica real.
Para blindarse ante estas verdades, el Alcalde recurre al viejo truco del "enemigo invisible". Pretende engañar a la ciudadanía asegurando que no hay obras porque recibió una ciudad endeudada. Es una verdad a medias que funciona como una mentira completa. Nadie niega que Tunja tenga deudas, pero el pago de intereses en 2025 no llegó siquiera a los 30.000 millones (https://www.facebook.com/share/p/1Bi37aPoZG/), cifra considerable pero, a la hora de la verdad, no determinante frente a un presupuesto anual que ronda los 500.000 millones. El problema es la aterradora incapacidad de ejecución. En su primer año dejó un superávit de 111.000 millones, y para este segundo se proyecta que la cifra de recursos sin ejecutar hará parecer pírrica a la que se dejó guardada en su primer año de gobierno. Es una gestión que condena a Tunja a un estancamiento exasperante; el dinero duerme en las cuentas mientras el progreso de la capital boyacense se mantiene en un punto muerto.
Este vacío de gestión se intenta llenar con un aparato de validación artificial que va mucho más allá de una oficina de prensa; se trata de una cultura de la cooptación que ha permeado diversas dependencias y niveles de la vida pública. El modus operandi es tan viejo como efectivo: identificar a las voces críticas o "incómodas", ya sean gestores culturales, presidentes de juntas de acción comunal o líderes de opinión; para neutralizarlas mediante el ofrecimiento de contratos de prestación de servicios (OPS) o puestos estratégicos. Una vez dentro de la nómina, el otrora fiscalizador se convierte en un engranaje de la defensa radical, alimentando unas "bodegas" que no solo están compuestas por algoritmos o perfiles falsos, sino por personas de carne y hueso que han vendido su autonomía por un contrato.
La gestión de Krasnov es, en esencia, un fenómeno de marketing para consumo externo. Muchos opinan desde la comodidad de Bogotá, seducidos por la imagen exótica del outsider, ignorando la opacidad que reina en el sistema electrónico de contratación pública de Tunja, donde los procesos son turbios y la trazabilidad es un lujo inexistente.
¿Dónde están las grandes gestiones ante ONGs internacionales, los empresarios extranjeros o los fondos de inversión que prometió en campaña? Lo único tangible son convenios con la embajada rusa que siempre han existido a lo largo y ancho del país, pero que ahora se empaquetan en videos cinematográficos para simular actividad. Y mientras tanto, el primo Dmitrii sigue ganando visibilidad en lo que parece un proyecto proselitista a futuro, además de darse el lujo que no ha podido darse el mismísimo Krasnov, apoyar de frente al poderosísimo Partido Verde.
Llegados a este punto, resulta inevitable abordar el "comodín" de esta administración: el fantasma de Alejandro Fúneme. Es innegable que la gestión anterior fue nefasta, cuestionable y dejó a la ciudad sumida en un endeudamiento asfixiante sin obras de peso que lo justificaran. Sin embargo, Krasnov ha convertido ese desastre en su principal activo político, usándolo como una bandera falsa para evadir su propia responsabilidad. Es el "caballito de batalla" perfecto. Si el Aguinaldo de 2025 es un caos o si las vías siguen intransitables en su segundo año de mandato, la culpa, según el libreto de sus seguidores más radicales, siempre será de quien se fue. Esta narrativa no busca justicia, sino impunidad administrativa. Culpar al pasado de las decisiones (o la falta de ellas) del presente es un acto de cinismo puro que solo sirve para distraer la atención de un gobierno que, hasta hoy, se firma en contratos multimillonarios de los cuales el resultado es la nada.
Es momento de abrir los ojos. Tunja no está viviendo una revolución; está padeciendo una administración de redes sociales que sobrevive de señalar el retrovisor. Detrás del acento extranjero y las publicaciones de Tiktok no hay un administrador, hay un prestidigitador. La ciudad no ha visto la primera obra de envergadura, y el silencio de sus contratistas de bodega cuando se les pide enumerar un solo logro real es el testimonio más fiel de que, en la Alcaldía de Krasnov, lo único que se construye con calidad son las excusas y los videos de redes sociales.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Hace apenas unos días, el ecosistema digital de Boyacá fue testigo de una escena que retrata a la perfección la crisis de la verdad en la esfera pública. Un medio de comunicación departamental, tras un proceso judicial donde las garantías del debido proceso brillaron por su ausencia, se vio compelido a realizar una rectificación. El medio cumplió. Lo hizo de forma correcta, oportuna y completa. Sin embargo, la superficie de la opinión pública es traicionera. La masa se quedó con el titular y, de inmediato, se erigió un altar de victimización en torno al Secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja.
En ese lodazal de comentarios surgió la voz de un amigo del funcionario. Un periodista que quiso lavar la cara de la gestión tildando al secretario de "buen muchacho". No entraré yo en el terreno de la subjetividad moral; si es un buen muchacho o no, es un asunto que le compete a su confesor o a su madre. Lo que resulta inadmisible, y raya en la ofensa a la inteligencia colectiva, es que ese mismo defensor pretenda elevar a la categoría de "éxito" los resultados del pasado Aguinaldo Boyacense.
Llamemos a las cosas por su nombre: el último Aguinaldo Boyacense no fue una fiesta, fue uno de los episodios más aberrantes de despilfarro de recursos públicos en la historia reciente de Tunja.
Recordamos con nitidez al Secretario de Cultura compareciendo ante el Concejo Municipal durante el segundo semestre de 2025, inflando el pecho al presentar este aguinaldo como el "más económico de los últimos tiempos", hablando de una cifra cercana a los 6.500 millones de pesos. Hoy, con la frialdad de los meses y el silencio de las arcas, sabemos que esa afirmación fue una puesta en escena para calmar los ánimos. La realidad es que, a esta altura, no existe claridad absoluta sobre todos los gastos y rubros; hoy, a ciencia cierta, nadie sabe cuánto le costó el Aguinaldo a los tunjanos. Es un vacío informativo aberrante que anula cualquier pretensión de transparencia, pero es fácil demostrar que la anunciada cifra de 6.500 millones se queda corta.
Para entender cómo se financió este despropósito sin dejar rastro claro, hay que mirar el Convenio 972 de 2025. Lo que originalmente era una bolsa de $9.273 millones para toda la agenda cultural del año, terminó inflada hasta los $13.125.045.335 mediante adiciones relámpago. Lo grave no es solo el aumento, sino el canibalismo presupuestal. Para alimentar la logística de diciembre, la administración retiró recursos de programas de formación técnica en cine, desfinanció al sector artesanal y borró del mapa festivales de muralismo. Prefirieron pagar $210 millones en auxiliares logísticos y alquilar pantallas LED gigantes que invertir en la formación de nuestros jóvenes. Tunja cambió el conocimiento permanente por 48 cajas de sonido que se apagaron el 22 de diciembre.
A la falta de claridad presupuestaria se suma el fiasco del recaudo. Según la respuesta a un derecho de petición presentado por este medio, el recaudo total por boletería y palcos fue de $1.550.352.119, pero a las arcas del municipio no ingresó un solo peso. Todo se esfumó en manos de terceros. Para maquillar el cadáver financiero, la administración presenta supuestas "contraprestaciones" en especie por $988.250.000.
Pero basta desglosar ese documento para entender que no es un beneficio para la ciudad, sino el pago de los caprichos de la misma fiesta. De esos 988 millones, la administración tuvo la osadía de reportar como "contraprestación" el pago de la seguridad privada de Nicky Jam ($5.500.000) y de Carlos Vives ($5.320.000). También incluyeron en esa bolsa el show de pólvora ($180.000.000), la contratación de personal de logística ($230.000.000) y hasta el excedente de pago para los mismos artistas, como los $320.000.000 adicionales que se tragó Nicky Jam, entre otros rubros de “contraprestaciones”.
¿En qué beneficia a un habitante del barrio El Topo que el "excedente" del negocio se gaste en los escoltas de un reguetonero o en los efectos especiales de una noche? Si no hubiera existido ese recaudo, el municipio habría tenido que sacar ese dinero de sus arcas para cumplir compromisos ya adquiridos. Hablar de esto como algo positivo es absurdo: la ciudad no recibió un hospital, ni una escuela, ni una vía; recibió el pago de la logística de un empresario privado.
La improvisación alcanzó niveles de parodia con la organización de una carrera atlética para "honrar" a las mujeres a la que no fue nadie, salvo los funcionarios obligados. O el desfile de los harlistas, donde los invitados terminaron poniendo de su bolsillo para los regalos de la jornada. Se destinaron rubros para gasolina y almuerzos que nunca se liquidaron con transparencia, y en la Plazoleta de las Nieves, la seguridad fue inexistente. Sin vallas ni organismos de socorro, el riesgo para los asistentes fue absoluto, más allá de que había un rubro supuestamente destinado para ello. Que no haya ocurrido una tragedia es cuestión de azar, no de gestión.
La imagen que resume este despropósito es la del Alcalde cantando en tarima. Para sus aduladores, eso lo convierte en el "Alcalde más chimba". Para el ciudadano que paga impuestos, es patético. Gastar $1.494.215.100 solo en Nicky Jam, según las cifras que finalmente soltaron a regañadientes, mientras los artistas locales siguen esperando sus pagos, es una aberración. En relación a las versiones del Aguinaldo organizadas en anteriores administraciones, hay que decir que se cambió a Silvestre Dangond por otros nombres, pero el modelo de "pan y circo" a precios de oro sigue intacto.
La opacidad ha sido la norma. Tuvimos que conocer el costo de los artistas por derecho de petición porque la Alcaldía no cargó los contratos individuales en el SECOP II, tampoco rindió un balance sustentado en cifras y documentos oficiales, simplemente se limitó a hablar de “éxito” basado en el lleno de la Plaza de Bolívar para los conciertos. Quienes defienden a ciegas despilfarros como este, basándose en afinidades personales o ignorancia técnica, incurren en una complicidad vergonzosa. Tunja no necesita defensas corporativistas; necesita gerentes que no oculten la realidad detrás de una tarima. El Aguinaldo Boyacense es hoy una estafa al municipio y un monumento al ego de quienes creen que gobernar es organizar una fiesta privada con plata ajena.
La Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la educación. En su informe más reciente determinó hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional. Pero OJO, entre los entes territoriales señalados aparece Boyacá, con un hallazgo concreto que, aunque ha pasado casi inadvertido en el debate regional, exige atención inmediata y una discusión pública de fondo.
De acuerdo con el ente de control, durante la vigencia fiscal 2024 el departamento suscribió convenios estandarizados de cofinanciación para la ejecución del PAE en los 120 municipios. En ese proceso, la Contraloría encontró diferencias entre los valores reconocidos y los efectivamente cancelados, lo que podría configurar un posible detrimento patrimonial —recursos que no aparecen— por más de $2.000 millones.
Este dato debería ocupar titulares, debates y pronunciamientos políticos claros. No obstante, ha pasado casi en silencio. Tal vez porque no es la primera vez que los recursos de la educación, bajo administraciones del Gobierno Verde, quedan bajo la lupa de los organismos de control.
Y es que hay que recordar que a mediados de 2016, durante el primer gobierno de Carlos Amaya, comenzaron a registrarse controversias y denuncias que reflejaban la llegada a Boyacá de varios contratistas provenientes del departamento de Córdoba, a quienes se les adjudicaron contratos estratégicos, especialmente en los sectores de educación y salud.
Entre ellos figuró la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia – SOS, con sede en Lorica (Córdoba), a la que la Gobernación de Boyacá le adjudicó el contrato de atención educativa para personas en extraedad escolar. La decisión se tomó pese a las reiteradas advertencias sobre sus antecedentes en otras regiones del país. Investigaciones posteriores evidenciaron que la fundación no cumplía con todos los requisitos exigidos: reportaba un patrimonio de apenas $1 millón y, aun así, recibió un anticipo de $2.000 millones por parte de la administración departamental.
Las irregularidades no se limitaron a la adjudicación. Una auditoría realizada en el segundo semestre de 2017 a los recursos del Sistema General de Participaciones (vigencia 2016) fue contundente ya que se reconocieron estudiantes que no cumplían las condiciones contractuales, no se adelantó un proceso de licitación pública, se realizaron pagos del anticipo sin relación directa con la ejecución y no se cumplió ni el plan de inversión ni la canasta educativa pactada.
A ello se sumaron inconsistencias entre matrículas físicas y el SIMAT, doble reconocimiento de estudiantes, datos de identidad que no coincidían con los registros de la Registraduría “cartel de alumnos fantasmas” y el uso de recursos públicos para gastos personales, como el pago de una tarjeta de crédito por más de $500 millones. El resultado fue la configuración de hallazgos fiscales por $4.332 millones, con implicaciones penales y disciplinarias.
En 2017, Pedro Llanos, representante legal de la Fundación SOS, fue capturado por hechos similares y en 2022 la Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $222.030 millones contra exsecretaria de Hacienda de Boyacá, contratista y supervisora.
En el siguiente gobierno verde, en cabeza de Ramiro Barragán, volvieron las denuncias. Entre enero de 2020 y marzo de 2021 se habrían presentado serias irregularidades en el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento. Municipios como Moniquirá reportaron la entrega de alimentos en mal estado, vencidos o mal preparados a cerca de 3.500 estudiantes. Las autoridades departamentales reconocieron fallas en la contratación de operadores que no cumplían los requisitos mínimos, errores que fueron detectados cuando el programa ya estaba en marcha.
A este escenario se sumó el escándalo nacional del llamado “zar del PAE”, Alejandro Hernández, quien —según la Fiscalía— controló o tuvo injerencia en más de 1.500 contratos en distintos departamentos, incluido Boyacá. De acuerdo con las investigaciones, habría manejado recursos por $726.000 millones mediante fundaciones sin ánimo de lucro, licitaciones amañadas y falsificación de documentos.
Hoy, mientras avanza una nueva investigación, la Gobernación de Boyacá advirtió en enero sobre un déficit cercano a los $12.000 millones para garantizar el PAE en 2026. La contradicción es evidente, se habla de escasez de recursos, pero en los antecedentes de mala administración, omisiones y posibles detrimentos que siguen acumulándose.
𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭𝐢𝐫
La memoria es un acto de responsabilidad pública. Recordar estos hechos no es un ejercicio de revancha política, sino una obligación ciudadana. Boyacá no puede normalizar que los recursos destinados a la alimentación y educación de niños, jóvenes y adultos terminen, una y otra vez, en informes de la Contraloría, procesos disciplinarios y expedientes judiciales.
Ojos abiertos, boyacenses. Únanse a las voces que no se callan y que defienden a Boyacá.
𝐍𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚
La reciente auditoría de la Contraloría General de la República ha puesto nombre y cifra a una de las gestiones más opacas del patrimonio tunjano. Un detrimento patrimonial de 1.006.417.459 pesos en el manejo del Pozo de Donato. Este hallazgo no solo ha desatado un escándalo contable, sino que ha planteado un escenario que hasta hace poco parecía impensable: la terminación del contrato de comodato entre la UPTC y la Cámara de Comercio de Tunja (CCT). Tras las declaraciones del Rector de la Universidad, Enrique Vera López, y del Presidente Ejecutivo de la Cámara, John Jairo Martínez Álvarez, quienes han manifestado públicamente el interés de no renovar este vínculo, el debate ha saltado de los despachos a las calles. Aunque la finalización del contrato es, por ahora, un proceso en marcha y no un hecho consumado, la posibilidad real de que el inmueble regrese a manos públicas obliga a encender las alarmas sobre el futuro de este pulmón histórico.
La auditoría es quirúrgica al señalar las fallas: la UPTC entregó el inmueble a la Cámara de Comercio para que esta lo arrendara (operación realizada por Pizza Nostra) con el fin de que el producto de la renta financiara el mantenimiento y los excedentes se destinaran a un futuro museo arqueológico. No obstante, la CCT ni determinó un "justo precio" por el canon ni entregó los excedentes de rentas a la Universidad. Por su parte, la UPTC pecó por omisión al no requerir el establecimiento de un canon real ni la entrega de esos remanentes, afectando directamente sus ingresos. Este desorden administrativo, donde catorce millones mensuales se diluyen en un concepto de "ornato" que nadie audita con rigor, es el caldo de cultivo para la indignación, pero no debe ser la justificación para un salto al vacío.
Es innegable que el operador privado se ha beneficiado de esta falta de control, pero también es innegable que su gestión ha sido lo único que ha mantenido el Pozo de Hunzahúa a salvo de la degradación física. Antes de la intervención privada, el sitio era un foco de inseguridad y hurtos. Hoy, el interés comercial ha garantizado iluminación y cuidado porque la viabilidad del negocio depende de un entorno seguro. El privado ha cuidado lo público mejor que el Estado, no por filantropía, sino por eficiencia operativa.
Devolver la administración plena a la UPTC sería un error de proporciones catastróficas. No se trata de atacar a la institución, sino de reconocer su incapacidad administrativa crónica para gestionar activos externos. Basta observar el estado de su propia infraestructura para anticipar el desastre: paredes rayadas, mobiliario deteriorado y una infraestructura que clama por mantenimiento básico en facultades como la de Ciencias de la Salud. Si la universidad ya debe destinar anualmente la estratosférica suma de 9.600 millones de pesos para garantizar la seguridad de sus bienes actuales, resulta un contrasentido financiero pretender que asuma la custodia de un predio externo. Entregarle el pozo es obligarla a inflar aún más su presupuesto de vigilancia para una tarea que hoy ya está cubierta por un privado, sumando una carga operativa que la institución no tiene por qué costear ni está en condiciones de administrar con eficiencia.
Es posible que la universidad alegue tener el conocimiento arqueológico necesario para gestionar el lugar, incluso bajo la promesa de un museo. Pero tener el saber técnico no garantiza la capacidad administrativa. De poco sirve el know-how académico si el modelo de gestión termina siendo excluyente. Hoy, muchos de los tesoros que la universidad ya custodia son invisibles para el ciudadano común; la gente no accede a ellos y permanecen ocultos tras la burocracia institucional. El Pozo de Hunzahúa, en cambio, es hoy un espacio vivo y abierto. Pretender que una entidad cuya misión es la educación (y no la gerencia inmobiliaria) administre este bien, es condenarlo a un aislamiento donde el patrimonio se conserva en el papel, pero se pierde para el disfrute del público.
Tunja ya conoce el final de esta película en escenarios como el Bosque de la República, el Parque Santander o el Parque Recreacional del Norte, donde la gestión pública solo ha traído ruina y pérdida de tranquilidad ciudadana. La buena cara que aún muestra el Pozo de Hunzahúa debería ser, por el contrario, el espejo de lo que la ciudad necesita: espacios públicos entregados a privados que se beneficien del usufructo pero se comprometan contractualmente a garantizar su impecable estado. No es lo mismo un parque desolado que un espacio complementado por una oferta comercial, sea un restaurante o una cafetería; que atraiga al usuario y le dé vida al lugar. Es la misma tesis que desde este medio hemos sostenido respecto a proyectos como el del letrero gigante en el occidente de la ciudad (https://www.facebook.com/share/p/1ASd54Vf4t/); sin un atractivo comercial que lo complemente, cualquier esfuerzo de infraestructura está destinado a ser un cascarón vacío que nadie visita.
Esta postura no es solo una línea editorial; es el reflejo de un sentir ciudadano capturado en el reciente sondeo realizado por el Periódico El Tunjano (https://www.facebook.com/share/p/1DG8Wz5TBH/). La percepción de los habitantes es abrumadoramente clara: existe un temor latente a que el fin del contrato de Pizza Nostra signifique el regreso a la oscuridad de los años noventa. Los ciudadanos identifican al operador privado no solo como un restaurante, sino como el guardián de la seguridad en el sector. "Si lo entregan a lo público, en seis meses será un nido de atracadores", es la sentencia que se repite entre quienes ven en el modelo de concesión la única garantía de orden en una ciudad donde el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador de sus propios parques.
El modelo del Pozo de Donato no debe morir, debe profesionalizarse. Lo que corresponde es ajustar el canon a precios de mercado real (como sugiere el avalúo mencionado por la Contraloría) y obligar a los responsables a resarcir el daño económico, pero manteniendo la operación en manos privadas que garanticen que el sitio no se convierta en otro peladero abandonado. El pozo es patrimonio de los tunjanos, no un fortín para caprichos políticos. Castigar el aprovechamiento de quienes pagaron menos de lo debido es una obligación legal, pero castigar al monumento entregándolo a la negligencia de lo público sería una torpeza histórica. El pozo necesita gerencia, no burocracia.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Hace aproximadamente año y medio que Boyacá cuenta con una política pública de periodismo. Catalogarla como un fracaso rotundo sería, quizás, exagerado; hay que reconocer que ha tenido sus pequeños aciertos, como algunos cursos de formación básica o el impulso de ruedas de negocio que, aunque no han dado frutos reales, son intentos de gestión. Sin embargo, en lo sustancial, no hay otra forma de definirla, es un fiasco. Un fiasco porque el cambio que los periodistas esperamos, el del fin del modelo mafioso de asignación de pauta publicitaria a dedo, simplemente no ha ocurrido.
Como integrante de la mesa de seguimiento de esta política, hablo con la propiedad de quien ha estado atento al desarrollo e implementación de la mencionada política pública. He asistido a casi todas las sesiones, ausentándome de las últimas por la decepción que genera tanto pretexto, tanto aplazamiento de lo urgente y en general tanta tomadera de pelo con los asuntos que son de gran urgencia para el gremio. En esas mesas, la dinámica es vergonzosa: la oficina de comunicaciones de la Gobernación se dedica a leer informes extensísimos que no dan cuenta de mayor cosa.
Posteriormente, el guion se despliega abriendo el micrófono a una mayoría de asistentes cuya única función parece ser el ejercicio de la lisonja y el encomio de gestiones de papel. Para estos personajes, cortesanos que usurpan el título de periodistas pero que actúan como meros escuderos del poder; el fin último es la gratitud del gobernante. Convertidos en la primera línea de una zalamería que raya en la devoción hacia el “Gober”, agotan sus esfuerzos en blindar la figura oficial y en hostigar a los colegas que nos atrevemos a diseccionar una política que deambula entre el pretexto, el aplazamiento y el fracaso sistemático.
La pauta hoy se entrega sin criterio técnico alguno. Cuando se los señalé en las mesas de socialización, la oficina de comunicaciones explotó en cólera porque supuestamente eso no era así. Pero ante la pregunta de cuál era entonces el criterio para asignar más recurso a un medio más que a otro, la respuesta fue que el único mérito es inscribirse ante la oficina. Es un trámite que no exige más que ser juicioso llevando papeles, y ni eso, pues muchos ni siquiera reclaman su certificado de inscripción. Así que, si usted, estimado lector, está desempleado y sin ninguna fuente de ingreso, ya sabe que es potencialmente rentable parasitar los recursos que por norma deberían ser para difundir informaciones de interés público, que hoy se van en buena medida en pago de favores.
Bajo este esquema, la asignación de recursos públicos obedece a una arquitectura de privilegios y opacidad. Resulta escandaloso el manejo de la administración de planes de medios en entidades como el Itboy, donde los contratos parecen gestionarse en feudos inamovibles, lejos de cualquier rotación o criterio técnico. A esto se suma una transparencia de fachada en el Secop: la información se carga para cumplir el trámite, pero se omite el detalle que permitiría auditar el destino real de los impuestos de los boyacenses. Es un ocultamiento deliberado que impide rastrear, por ejemplo, el plan de medios de fin de año con todo el detalle que requiere el principio de transparencia del Estado; donde el erario boyacense termina financiando a grandes oligopolios de la comunicación nacional que ya poseen el músculo económico para sostenerse.
Esta fuga de capital es, además, una afrenta a la soberanía del territorio. Es indignante que el dinero de los boyacenses se destine a financiar medios de otros departamentos bajo una lógica de “generosidad” que no tiene reciprocidad alguna. Mientras el Palacio de la Torre oxigena las arcas de prensa ajena, las gobernaciones vecinas blindan sus presupuestos: si un periodista boyacense osara pedir pauta en Bogotá o Santander, la respuesta sería el desprecio o simplemente la burla. Se regalan los recursos locales a quienes jamás darían un espacio a Boyacá, debilitando nuestro propio ecosistema informativo en favor de intereses foráneos que no tienen ningún vínculo ni compromiso con nuestra realidad regional.
Pero lo más rastrero de este modelo es su naturaleza igualitarista por lo bajo; una suerte de “bolsa común” donde se pretende tabular con el mismo rasero a quienes demostramos métricas, audiencias y profesionalismo, frente a portales que son cementerios digitales con fotos viejas y un reproductor de radio. Es una bofetada al mérito que un trabajo periodístico serio cobre lo mismo, o incluso menos, que una página inactiva recomendada por algún padrino político del Partido Verde. Se ha institucionalizado una injusticia que premia la lealtad y el amateurismo, mientras se asfixia al periodismo que propone, investiga y tiene el rigor de certificar su relevancia ante el escrutinio de las audiencias.
El Gobernador, en sus “diálogos” de una sola vía (porque él no dialoga, solo monologa), niega esta realidad, pero es incapaz de sentarse a conversar y debatir con pruebas en la mano, como las que he presentado ante el Concejo de Tunja y ante la Asamblea de Boyacá, esta última, en la que se dedicaron a aplaudir una política pública por orden del Gobernador, más allá de que no midieron ni analizaron sus impactos.
Para ilustrar este escenario de desprecio por el oficio, basta recordar dos momentos recientes. Primero, un encuentro en el que se citó a la prensa para hablar de los resultados del gobierno departamental y de lo que sería la temporada de fin de año; allí, entre comidas y discursos, además de anunciarnos la presentación de Andrés Cepeda en el Puente de Boyacá la noche del encendido del alumbrado navideño, se nos regaló una ruana a cada uno de los asistentes. Es un detalle que menciono porque es el contexto necesario para entender lo que ocurrió apenas unos días después del atentado en Tunja, cuando se nos citó a una rueda de prensa.
Muchos asistimos pensando que se iba a ahondar en la información o que se darían datos nuevos sobre los hechos que aterrorizaron a la ciudad, pero nos encontramos con un acto de publicidad proselitista para el Partido Verde. Quienes asistimos a cubrir esta rueda de prensa, decidimos permanecer allí, más allá de que el fin de la misma no sería ahondar en la información relacionada al atentado, sino un acto propagandístico con la plana mayor del Partido Verde en Boyacá. Ante la señal del jefe de protocolo para dar inicio a la rueda de prensa, varios de los periodistas allí presentes iniciamos transmisión en vivo de inmediato, sin embargo, el Gobernador prefirió seguir hablando de que periodistas habían recibido ruana y cuales no. Fue entonces cuando un periodista serio, viendo que ya estábamos al aire, interrumpió decentemente al Gobernador para pedirle que por favor entráramos en materia informativa para la cual habíamos sido citados, especialmente por el respeto a las audiencias.
La respuesta de Amaya fue el desprecio absoluto: prefirió seguir bromeando con uno de sus “periodistas” adulones sobre si le habían dado ruana o no. Le valió huevo el respeto a la audiencia conectada. Su megalomanía le impidió ver que una transmisión es un contrato ético con el ciudadano, no un espacio para su folclore personal. El periodismo es periodismo, y no es un apéndice de intereses políticos ni empresariales.
El periodismo busca la verdad, mientras que el marketing busca ventas, el proselitismo busca adeptos y el activismo busca causas. Estas últimas tres cosas no son periodismo, y mucho menos el activismo que tanto se le exige al gremio desde el oficialismo o desde sectores radicales de la opinión pública que vituperan a quien no dice lo que ellos quieren escuchar, y si no que lo digan los periodistas, propietarios de medios, que están contratados como CPS en la Gobernación de Boyacá, a quienes les recriminan incluso hablar de las estufas que entregó Héctor Chaparro, como si dar información fuese un crimen.
Y ni hablar de las agremiaciones de periodistas en Boyacá, que operan bajo lógicas de clan, consolidando estructuras que secuestran la representación social para el beneficio privado. Organizaciones como la Asociación de Periodistas de Boyacá (APB) y la Corporación Boyacense de Periodistas (CBP) son hoy cáscaras vacías, maquinarias de opacidad que han convertido el gremio en un feudo exclusivo para asegurar pautas de cabo a cabo, y de punta a punta, mientras guardan un silencio cómplice ante la censura.
El pasado 20 de enero de 2025, radiqué una petición ante la APB (https://www.periodicoeltunjano.com/derechos-de-peticion...
) para conocer su postura frente a las agresiones físicas y la censura contra periodistas en el departamento, como el caso del director de Alter-Nativa TV. La respuesta, firmada por su presidente el 7 de febrero, es un monumento a la indolencia. Afirman, sin sonrojarse, que la APB "no es un medio de comunicación" y que, por lo tanto, no se sienten obligados a emitir comunicados ni a representar un pensamiento colectivo, dejando toda la responsabilidad en los asociados de forma individual.
Más grave aún es su respuesta ante la violencia: aseguran que no se han pronunciado porque no han recibido "denuncias de los terceros" ante la asociación. Es decir, que para la APB, un ataque físico al ejercicio periodístico no merece el rechazo institucional a menos que el colega agredido pase por sus oficinas a radicar un papel. Ignoran por completo que su razón de ser es la defensa del gremio, no la de ser una oficina de trámites burocráticos para víctimas.
Por otro lado, la Corporación Boyacense de Periodistas (CBP), en respuesta a mi derecho de petición del 13 de enero de 2025, optó por el camino del secretismo. Bajo la firma de su presidente encargado el 3 de febrero, la corporación se escuda en su "naturaleza privada" y en sus propios estatutos para decidir, según su conveniencia, cuándo es "pertinente" pronunciarse sobre una agresión. Es un filtro ético acomodaticio donde la protección al periodista depende de la voluntad de una junta y no de la gravedad del hecho.
En lo referente a los convenios con universidades, contratos interinstitucionales y la gestión de recursos financieros, la CBP se ampara en una supuesta 'reserva legal'. Alegan que, al ser una entidad autónoma, solo rinden cuentas a sus corporados o a jueces, negando el acceso a la información sobre cómo se financian sus proyectos. Esta falta de transparencia es el caldo de cultivo perfecto para esas dinámicas de casta que capturan la representación periodística para convertirla en un negocio particular, donde el beneficio de unos pocos se blinda tras el hermetismo administrativo.
Estas agremiaciones, al final, guardan silencio ante casos flagrantes de censura como el ocurrido en Paipa, en cabeza de su alcalde, Germán Camacho, tras las denuncias por la demolición de bienes históricos, pero se mantienen muy activas para asegurar pautas de cabo a cabo y de punta a punta, más allá de que los contenidos de los medios de quienes las representan no pasan de ser copie y pegue de comunicados que presentan como “publirreportajes”, causando además gracia y risas entre el resto de los colegas.
Estas agremiaciones son el refugio de directivos que, produciendo escasas líneas de información real, se dedican a inflar algoritmos con nombres nacionales (Petro y Uribe) para dar apariencia de importancia, o simplemente matando famosos antes de tiempo para así aumentar su interacción y así poder monetizar al costo que sea. Y ni hablar de sus supuestas investigaciones que dejan en manos de terceros, quienes les escriben su supuesta investigación, completamente cargada de viciosas conjeturas para tergiversar y favorecer sus propios intereses, como ocurrió recientemente con la publicación del informe de auditoría a la UPTC con impacto para la Cámara de Comercio de Tunja, escrito por cierto mercachifle de los muebles que fundó su propio fanpage para así favorecer sus intereses en la contratación pública con el suministro de mobiliario, fanpage que, por cierto, venía estando muy inactivo hasta hace unos días, seguramente porque varios de los injuriados y calumniados se enteraron del nombre del dueño, a quien tienen hoy contra las cuerdas en Fiscalía, merecidamente.
Estas agremiaciones se han convertido en el santuario de directivos que, ante la incapacidad de producir información genuina, se limitan a inflar algoritmos mediante el uso oportunista de figuras nacionales (Petro y Uribe), intentando capturar una relevancia que sus propias plumas no consiguen. Son expertos en el arte de la interacción necrófila: matan celebridades antes de tiempo para forzar el clic de audiencias desprevenidas. Peor aún es su metodología de investigación, delegada en personajes que redactan conjeturas viciosas para favorecer intereses particulares; tal como ocurrió con la reciente manipulación de informes de auditoría a la UPTC, donde se tergiversó la realidad para arremeter contra la Cámara de Comercio de Tunja. Detrás de la supuesta denuncia no hay ética periodística, sino el resentimiento de un fabricante de mobiliario que, tras fundar un portal para presionar por contratos públicos, hoy se encuentra acorralado ante la Fiscalía por sus calumnias al ver frustradas sus pretensiones comerciales.
Conductas como la de este pusilánime fabricante de mobiliario se replican por doquier, multiplicándose en decenas o cientos de portales fantasmales que carecen de rostro y responsabilidad editorial. Son supuestas páginas de información que, al no tener doliente ni rigor, se convierten en el ecosistema perfecto para la calumnia impune, como ocurre con aquel otro personaje que, bajo el seudónimo de “el loco”, se atreve a firmar columnas ocultando la cara. Una Política Pública de Periodismo que se precie de serlo debería combatir estas prácticas que socavan el derecho ciudadano a recibir información veraz; sin embargo, la institucionalidad local parece haber optado por la sordera ante una situación que envenena la opinión pública. Si esta política fuera un instrumento serio de transformación, agotaría las instancias necesarias para regular el oficio, logrando que el anonimato deje de ser el refugio de los difamadores.
Una Política Pública de Periodismo seria iría hasta las últimas consecuencias para desenmascarar a estos inescrupulosos, a la vez que propendería por la creación de una agremiación pública que agremie a todos los periodistas del departamento, sin pagos de afiliaciones o cuotas, con elecciones de mesas directivas rotativas, en las que todos los periodistas tengamos la oportunidad de participar, en vez de estar propendiendo por fortalecer unos agremiaciones privadas que solo buscan el beneficio particular de sus dueños.
Una Política Pública de Periodismo seria propendería por la formación continua y profesional de quienes ejercen el oficio periodístico, en vez de enfrascarse en defender el amateurismo que hoy persiste y que tiene como consecuencia los contenidos de baja calidad, la falta de ética profesional, y el eterno autodesprecio mismo hacia el ejercicio periodístico, que hoy sigue regido por viejas regulaciones que lo tratan como un oficio que puede ejercer cualquiera.
El desprecio alcanza su clímax con el manejo de la caracterización de medios, una herramienta esencial que se prometió hasta el cansancio como el eje para tecnificar la asignación de recursos y acabar con el 'dedazo'. Sin embargo, la administración prefirió darle largas durante todo el año, escudándose en la ya gastada excusa de las emergencias por lluvias para no contratar el estudio. Al final, se agotaron los tiempos y la voluntad política, dejando en el aire un compromiso que hoy sigue siendo el gran pretexto para mantener el sistema pútrido de asignación arbitraria. Sin una caracterización seria, la oficina de comunicaciones se asegura de seguir repartiendo el erario sin filtros, premiando la lealtad por encima del impacto.
Esta falta de rigor permite que el Día del Periodista, que debió celebrarse en febrero, se postergara bajo mentiras hasta diciembre, solo para terminar en un evento burdo donde se pretendió canjear dignidad por licor. Allí, fuimos testigos de la escena más bochornosamente deplorable: un personaje favorecido por el sistema, cuyo escaso aporte se limita al parasitismo del 'copie y pegue'; alardeaba no de sus logros profesionales, sino de su resistencia al alcohol y de su hábito de 'pegarle a Doña Blanca' para mantenerse en pie cuando el cuerpo ya no responde. El evento tuvo que ser suspendido cuando este sujeto, en medio de su estado, buscó pleito y pretendió agredir a un colega; un espectáculo deplorable financiado por el erario, que retrata a la perfección la calaña de quienes hoy son los consentidos del oficialismo.
La excusa amayista fue que el dinero se usó para atender emergencias por lluvias. Mentira. El Secop muestra cómo gastaron millones en más de 800 abonos para los partidos de Patriotas y Chicó, a pesar de que nadie en la Gobernación usa esos abonos; en traer a “figuras” nacionales como Gustavo Gómez, argumentando supuestos grandes resultados en atracción del turismo, los cuales hasta ahora son incomprobables. ¿No será más bien que invertir plata en traer a Gustavo Gómez y congraciarse con medios nacionales es más rentable para el interés de ser Presidente que tiene el señor Carlos Amaya?
El ejercicio informativo en Boyacá languidece bajo una estructura clientelar que devora los recursos públicos a cambio de una zalamería estéril. Incluso ahora, en este febrero de 2026, la gestión financiera del gremio permanece bloqueada: la mayoría de nosotros nos hemos visto imposibilitados para cobrar la pauta de diciembre. Esta parálisis no es azarosa; la gestión se torpedeó por obra de personajes inescrupulosos que, abusando de su cercanía con el poder, pretendieron validar evidencias ajenas a lo pactado. Este desorden administrativo es un atropello directo al fruto de nuestro trabajo: mientras el dinero permanece estancado en arcas oficiales perdiendo valor adquisitivo, se nos priva del derecho a disponer de un capital ya devengado, todo por culpa de las artimañas de quienes ven en el presupuesto público un botín personal y no una responsabilidad profesional.
Resulta ofensivo que estos sujetos pretendan escudarse en una supuesta “trayectoria” que, al escrutinio de los hechos, resulta supremamente controvertible. Hablan de veteranía, pero sus portales son vitrinas del mínimo esfuerzo, donde la información se limita a enlaces de video copiados o a contenidos ajenos al oficio. Es el retrato del pésimo profesional: aquel que alardea de experiencia mientras entrega fotografías técnicamente mediocres y contenidos sin rigor, pero que cobra con la voracidad de quien maneja múltiples medios de papel. Es este tipo de personajes los que, que además suelen llegar tarde a ruedas de prensa, si es que van; terminan saboteando su ritmo con preguntas redundantes, obligando a repetir respuestas ya evacuadas ante una audiencia que merece respeto. El espectáculo oscila entre lo patético y lo indignante, dejando claro que su única “habilidad” no es el periodismo, sino la lisonja que les asegura el privilegio sobre el mérito.
Dicen algunos de quienes buscan congraciarse a todo momento, que estas cosas no se cuentan, que “la ropa sucia se lava en casa”, pero en nuestro caso está tan percudida y apestosa, que es necesario mandarla lavar fuera, para ver si así logramos sacarle esa mancha que mantiene en perpetuo desprestigio a una profesión que nació para fiscalizar al poder, no para perfumar sus faltas.
La Política Pública de Periodismo en Boyacá se ha revelado como un fiasco que prioriza el encomio sobre el rigor. Ante este escenario de pretextos y dilaciones, algunos, agotados de la retórica oficial, emprenderemos las rutas legales necesarias para que la Gobernación justifique por qué oxigena financieramente a iniciativas de marketing político o medios carentes de impacto, propuesta y credibilidad. El oficio que verdaderamente sirve a Boyacá clama por una hoja de ruta que establezca lineamientos técnicos para la asignación de pautas publicitarias, bajo criterios de idoneidad y transparencia como lo exige la ley, y no bajo las sombras de ese “roscograma” que hoy custodia los intereses del señor Carlos Amaya y su círculo de lealtades.