𝐄𝐥 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐢𝐥𝐟𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐲 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La reciente decisión de la administración municipal de declarar la nulidad absoluta del Convenio de Asociación número 1270 de 2026, suscrito con la Fundación Cultural Solsticio para la realización de la septuagésima primera versión del Aguinaldo Boyacense, no constituye un motivo de lamento colectivo ni una catástrofe cultural. Por el contrario, representa un triunfo indispensable de la sensatez institucional y un freno de mano necesario frente a la precipitación con la que se pretendía comprometer una suma astronómica del erario público en los estertores de una administración interina.
Adjudicar a la carrera, en un plazo exprés de apenas cinco días calendario que incluyó un fin de semana y un festivo, un contrato de esta magnitud vulneraba abiertamente el principio de planeación y las prohibiciones expresas de la Ley 80 de 1993. Pretender cuestionar esta determinación o rasgarse las vestiduras por la caída de semejante entramado sería ignorar el rigor normativo, pues lo que se ha hecho es salvaguardar los recursos de los contribuyentes frente a un proceso contractual plagado de ambigüedades.
Bajo este panorama, la administración esquivó un compromiso lesivo al frenar un desembolso directo de diez mil millones de pesos del tesoro municipal, recursos que habrían terminado amparando un modelo de negocio hecho a la medida de intereses particulares. En lugar de financiar la fiesta con chequera abierta para operadores externos, la decisión prioriza la protección del presupuesto municipal frente a una contratación exprés que carecía de sustento técnico real.
Durante décadas se ha alimentado el mito urbano de que los macroconciertos y la contratación masiva de figuras externas generan una dinámica económica gigantesca y sin fisuras en la capital boyacense. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se atrevió a lanzar al aire cifras alegres y cálculos al azar, afirmando en rueda de prensa una supuesta movilización superior a los cincuenta mil millones de pesos cuando ni siquiera sabía cuánto valía organizar el evento, sin que exista un solo respaldo técnico o balance serio que sustente semejantes afirmaciones. Lo que ocurre en la práctica es una ilusión óptica donde a Tunja apenas le quedan las ventas efímeras de licor, la saturación del espacio público y los estragos de una logística completamente desbordada.
El Estado no es un concepto gaseoso ni una entidad abstracta distante, sino el conjunto de ciudadanos que sostienen las finanzas públicas mediante tributos rigurosos y constantes. Bajo esa premisa, cada peso gastado por el municipio debe evaluarse estrictamente bajo la lupa de la inversión funcional y no del populismo festivo que premia el despilfarro de los dineros colectivos. Tunja padece carencias históricas y limitaciones presupuestales dramáticas, dependiendo en un porcentaje abrumador de las transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones para operar con relativa normalidad institucional, lo que exige blindar cada recurso contra el gasto innecesario.
La prueba reina de que este modelo de austeridad funciona y convoca a la ciudadanía sin depender de chequeras infladas se vio recientemente con el Festival Internacional de la Cultura Campesina. Aquella edición demostró con contundencia que, con una feria bien montada, diversa, con atractivos reales y espacios de entretención para todos los públicos, se logra un impacto muy superior sin recurrir a la salida fácil de comprometer contratos multimillonarios para traer artistas de cartelera que solo le vacían los bolsillos a un municipio sin recursos para el derroche. El Aguinaldo Boyacense puede ser perfectamente taquillero y exitoso si se monta bajo esa misma filosofía de feria estructurada con inteligencia, creatividad y sentido de pertenencia regional.
Frente a la cautela del Alcalde y la reestructuración hacia un formato de austeridad del 16 al 22 de diciembre, desmontar el contrato lesivo merece un respaldo decidido. Con la mitad de los recursos planteados inicialmente, es decir, operando con cinco mil millones de pesos, le alcanza perfectamente a la administración municipal para estructurar una festividad imponente, vibrante y de absoluta categoría para la capital. La ciudad posee la capacidad creativa y el talento suficiente para prescindir de intermediarios y figuras comerciales infladas, demostrando que es plenamente viable construir un certamen memorable que reivindique la identidad boyacense sin recurrir al derroche ni a las prácticas de siempre.
Liberar los recursos inicialmente comprometidos para reorientarlos hacia necesidades de urgencia histórica constituye un paso imperativo hacia la madurez financiera municipal. Estos fondos son vitales para respaldar de manera directa el limitado presupuesto de 4.678 millones que tiene asignado el sector cultura para el próximo año, o bien para atender frentes críticos desatendidos como el bacheo urgente de la destruida malla vial urbana o la dotación de mobiliario o personal de infraestructuras que funcionan limitadamente o que simplemente no lo hacen, como es el caso de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte.
La festividad debe transformarse recuperando la esencia de sus mejores épocas, cuando los desfiles de carrozas y comparsas se realizaban todos los días del aguinaldo y convocaban multitudes que abarrotaban las calles. Hoy en día, la mediocridad y el desinterés que genera un formato agotado han vaciado las vías, reduciendo la asistencia a un tramo mínimo frente a la Plaza de Bolívar, lo que evidencia que la apatía ciudadana es el síntoma directo de un modelo festivo que ya no emociona a nadie, más que al público que asiste a los conciertos, que no es representativo ni del 10% de la ciudad.
Un replanteamiento profundo de la agenda festiva demuestra que el valor de la inversión pública no radica en despilfarrar fortunas en conciertos efímeros de una sola noche que se limitan a atraer un turismo transitorio, depredador y enfocado en la borrachera que satura el espacio público, deja las calles anegadas en basura y desata riñas constantes en medio del licor. La verdadera rentabilidad social y económica exige saber sacarle el jugo al presupuesto mediante iniciativas inteligentes que transformen radicalmente la experiencia de la ciudad. Articular a las juntas de acción comunal para impulsar una robusta iluminación navideña en los barrios, asegurando mediante esquemas de incentivos y premiación hasta el 6 o 7 de enero que las cuadras permanezcan encendidas y atractivas todo diciembre e inicios de año, garantiza un flujo constante de familias que dinamizan de manera estable la microeconomía y la hotelería municipal.
A este engranaje barrial se le debe sumar una programación cultural e integradora de altísima factura, diseñada sin exclusiones para los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las familias y todos los habitantes de la capital que merecen espacios de ocio, entretenimiento y esparcimiento verdaderos, alejándose por completo del monocultivo del alcohol. Esto incluye la producción de representaciones teatrales e intervenciones vivas que narren la evolución histórica de la Navidad y las tradiciones festivas en Colombia, o que recreen con rigor los ritos de cosecha ancestrales de los Muiscas y estampas identitarias de la región. Asimismo, la administración puede integrar espectáculos tecnológicos de vanguardia como muestras de mapping y despliegues de drones, y ordenar la oferta de licor mediante la habilitación de casetas comerciales rigurosamente reguladas y alquiladas en espacios públicos, garantizando que quien desee consumir lo haga en zonas formales que le generen rentabilidad directa al municipio, sin secuestrar ni degradar la celebración colectiva, como viene ocurriendo desde hace un buen tiempo.
En lo que respecta a las presentaciones musicales, bajo ningún escenario el municipio tiene por qué destinar recursos del erario a pagar la contratación de artistas. La chequera municipal tiene que blindarse de ese despilfarro: o el municipio no gasta un solo peso en ello, o su participación se reduce estrictamente a un aporte complementario mínimo en componentes del rider técnico. Si la Gobernación de Boyacá financia una noche de concierto, como suele ocurrir, que esa sea la única tarima de cartelera y se sostenga exclusivamente con el presupuesto departamental.
El Aguinaldo Boyacense debe gestionarse bajo los principios de rentabilidad social, austeridad y rigor técnico absoluto para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos de todos los habitantes. La lección institucional que deja la nulidad de este convenio es clara: la fiesta de la ciudad no puede seguir siendo el negocio de unos pocos privilegiados ni la excusa perfecta para el despilfarro presupuestal desmedido. Tunja exige una celebración con identidad propia, rigurosa en lo jurídico, respetuosa de la ley y profundamente comprometida con el bienestar y el desarrollo equitativo de sus doscientos mil habitantes.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El ejercicio del poder público en las democracias locales suele evaluarse por la masa de concreto vertida sobre las vías o por la espectacularidad de los anuncios presupuestales. Sin embargo, existen indicadores más profundos y determinantes que anteceden a la primera piedra de cualquier obra física. Se trata de la disposición al diálogo, el respeto por las formas institucionales y la capacidad de escuchar a la ciudadanía sin recurrir a la estigmatización. En ese terreno intangible pero vital, la ciudad de Tunja experimenta un viraje sustancial que conviene examinar con rigor analítico, alejado por igual de la complacencia oficialista y del escepticismo estéril.
El alcalde Rafael Acevedo Pedroza ha mostrado en sus primeros tres meses de mandato un rasgo que parecía extinto en el Edificio Municipal, la vocación conciliadora. No se trata de insinuar que su administración encarna la perfección ni de tributarle alabanzas desmedidas que desnaturalicen la función crítica del periodismo. Se trata de constatar un hecho objetivo. La actual administración escucha. Recibe en su despacho a los gremios en huelga, como ocurrió recientemente con los representantes del transporte individual tipo taxi o con los moteros, y abre espacios de interlocución con los voceros del inconformismo por las tarifas de los servicios públicos. Incluso frente a sectores que acuden a la mesa con discursos marcadamente defensivos o provocadores, la respuesta institucional ha sido el micrófono abierto y la disposición a dialogar, aun cuando las soluciones requeridas no coincidan plenamente con las pretensiones individuales de los reclamantes. Así funcionan las instituciones en un Estado de derecho. Las decisiones tienen límites legales y presupuestales, pero el derecho a ser atendido no se le niega a nadie.
Esta actitud adquiere una dimensión mucho mayor cuando se analiza la relación entre el municipio y la Gobernación de Boyacá. A pesar de provenir de agrupaciones políticas distintas y de desenvolverse en un ambiente donde las colectividades suelen coartar o marginar a quienes no militan en sus filas, el mandatario de los tunjanos ha mantenido una conducta diplomática y pragmática ante el siempre difícil y sectario gobierno de Carlos Amaya. Fruto de esa capacidad de entendimiento institucional se ha dado inicio a las labores en la esperada Avenida del Río, la cual se ha anunciado administración tras administración, sin que se hubiese logrado hasta ahora absolutamente nada.
Es apenas natural que entre los habitantes de Tunja persista un profundo escepticismo frente al avance y la concreción final de este proyecto. La memoria urbana de la ciudad está marcada por proyectos que tardan décadas en ejecutarse, cuyos costos se multiplican de manera inexplicable y cuyas entregas jamás se ajustan a lo proyectado. La desconfianza ciudadana ante la apertura de las primeras excavaciones es perfectamente justificable en un entorno acostumbrado a las frustraciones.
No obstante, resulta honesto precisar la trascendencia del momento. La infraestructura de la Avenida del Río llevaba más de diez años congelada en el terreno de las promesas de papel, bloqueada principalmente por la imposibilidad de concertar la cesión del predio hasta hace poco perteneciente al Ejército Nacional por donde debe pasar la vía. Si bien la entrega del lote no es un logro imputable de forma exclusiva a la gestión del actual mandatario, se trata de un trámite reciente que por fin permitió al municipio tomar posesión del terreno e iniciar la remoción de capa vegetal para delinear el trazado de la obra en tiempos de su gobernanza. Lograr avances tangibles en un periodo corto, con recursos marcadamente limitados y dentro de una alcaldía de transición, constituye un hecho significativo que contrasta con la vacuidad de las administraciones anteriores.
La diferencia con el pasado reciente es abismal. Mientras administraciones como las de Alejandro Fúneme o el destituido Mikhail Krasnov acostumbraron a la ciudad a un catálogo de promesas irrealizables que jamás se concretaron en infraestructura transformadora, el estilo presente marca una distancia insalvable. Bajo el mandato de Krasnov, la conciliación social fue reemplazada por el matoneo puro y duro ejecutado desde el poder. Los abogados eran estigmatizados públicamente por el simple ejercicio de su profesión, los cultores y artistas fueron marginados de cualquier canal de concertación, y a los medios de comunicación se les cerraban las puertas de manera deliberada, por nombrar solo algunos de los casos de los grupos representativos o gremios que fueron pisoteados durante el mandato de Krasnov. Recordamos con claridad las estratagemas diseñadas por la administración anterior para huir de las preguntas de la prensa, seguidas por el despliegue inmediato de bodegas virtuales destinadas a linchar la reputación de los periodistas que ejercían el deber de fiscalizar al mandatario de turno, llegando incluso al absurdo de exigir a los medios de comunicación presentar derechos de petición para poder entrevistar al mandatario.
Hoy la dinámica es sustancialmente distinta. La citación regular a ruedas de prensa informativas restablece el canal institucional entre la administración y la ciudadanía. El periodismo no requiere complacencia ni favores gubernamentales, requiere acceso a la información y garantías para preguntar sobre los asuntos de interés público. La prensa que cae en la lisonja, el activismo o la militancia deja de ser periodismo para convertirse en propaganda. En ese sentido, resulta destacable que la actual administración no haya acudido a la práctica perversa de su antecesor, la cual consistía en destinar recursos del erario para vincular a directores y propietarios de medios de comunicación a la nómina oficial, transformando la oficina de prensa del municipio en una agencia personal de mercadeo y silenciando de paso a las voces críticas. También destaca la apertura de vacantes a profesionales de la comunicación que no habían tenido la oportunidad de vincularse al sector público, sin la exigencia malsana de subordinar la línea editorial de los medios al aplauso incondicional.
Ese cambio de tono, sin embargo, no implica una gestión exenta de cuestionamientos o desencuentros, ni significa que todas las iniciativas independientes encuentren cobijo en el presupuesto público. Muestra de ello es la reciente cancelación del XIV Encuentro Anual de Teatro y Títeres «Ciudad de Tunja», impulsado por la Fundación Cultural Teatro Popular de Tunja dirigida por Carlos Sánchez, evento que no pudo realizarse tras no resultar beneficiario en la convocatoria pública ‘Tunja, Tierra de Festivales 2026’, evaluada de forma independiente por la Universidad de Antioquia, según precisó la secretaria de Cultura, Lauramaría del Pilar Martínez. Aunque el hecho expone la tensión histórica entre las convocatorias de estímulos y la sostenibilidad de los procesos artísticos de largo aliento, evidencia también que hoy la administración opera bajo reglas de juego e instancias de evaluación objetivas y no bajo la arbitrariedad o el favoritismo personal que primaba en el periodo de Mikhail Krasnov, además de dar claridades de las formas y resultados de una convocatoria.
Falta aún tiempo para que se cumplan formalmente los primeros cien días de este mandato atípico, por lo que este análisis constituye un balance preliminar sobre la forma y no un juicio definitivo sobre el fondo presupuestal. Resulta necesario aclarar que un balance sobre el manejo global del municipio requiere esperar la audiencia de balance de los primeros 100 días para contrastar los indicadores técnicos presentados por el equipo de gobierno. Sin embargo, en lo relativo al trato con la comunidad, la prensa y los sectores sociales, la evaluación previa es favorable. Los sectores nostálgicos de la administración anterior, conformados mayoritariamente por contratistas de turno, intentan descalificar la disposición al diálogo argumentando que escuchar no equivale a ejecutar obras. Aquella crítica carece de sustento objetivo. Exigir transformaciones estructurales e infraestructura terminada en noventa días a un gobierno que heredó un municipio desarticulado y sin un proceso de empalme transparente es un contrasentido. La ciudadanía debe preguntarse con qué estándar evalúan esos críticos, y especialmente bajo qué intereses. No es posible comparar la apertura actual con las promesas fantásticas de tranvías o parques de atracciones internacionales que nunca existieron, ni con una gestión anterior que no construyó una sola vía nueva en la capital.
Esa misma responsabilidad ciudadana exige abordar con realismo temas complejos como la prestación y facturación de los servicios públicos. Es comprensible el malestar social frente al costo de las tarifas, pero la administración del Estado no puede regirse por la demagogia ni por la ilusión de congelar precios de manera arbitraria al margen del funcionamiento de los mercados y los marcos regulatorios vigentes. La creación del observatorio municipal de servicios públicos representa una medida acertada y técnicamente viable. Dicho organismo permitirá examinar las reclamaciones puntuales de los usuarios, verificar el cumplimiento estricto de los contratos de concesión y brindar acompañamiento jurídico a los ciudadanos cuando se comprueben abusos por parte de las empresas operadoras. Pretender que la solución consiste en desconocer los contratos o ceder ante la exigencia de no pagar las facturas solo alimenta las aspiraciones políticas de quienes instrumentalizan la indignación popular para ganar notoriedad en las redes sociales, y eso lo entendió a la perfección el gobierno de Rafael Acevedo al momento de plantear una posible solución.
Ahora bien, la audiencia de balance de los primeros 100 días que se avecina no debe limitarse a la exposición de las acciones recientes. La ciudadanía exige y merece un reporte detallado, riguroso y sin eufemismos sobre las condiciones reales en que fue entregada la administración municipal por parte del gobierno saliente de Mikhail Krasnov. Es del dominio público que el proceso de empalme fue obstaculizado y que se ocultó documentación decisiva para el funcionamiento de las finanzas y la planeación municipal. El actual mandatario y su equipo tienen la obligación moral y legal de revelar a la opinión pública el diagnóstico exacto de las dependencias que presentaron mayores irregularidades.
En ese listado de prioridades informativas sobresale Ecovivienda, una entidad que durante el mandato de Krasnov operó como un fortín político desprovisto de controles, donde la asignación de recursos y el ingreso de personal respondían a criterios de discrecionalidad absoluta. De igual manera, la Unidad Especial de Contratación Estatal debe ser auditada de cara a la ciudad. En dicha dependencia se gestaron procesos contractuales marcados por sombras de opacidad, entre los que destacan tres grandes contratos que involucran recursos cercanos a los cuarenta y cinco mil millones de pesos. La comunidad requiere claridades definitivas sobre la ejecución y los hallazgos fiscales, disciplinarios y penales en el contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial Donmatías, cuyo proceso ya cursa en los órganos de control y ha derivado en la declaratoria de nulidad.
Asimismo, la administración Acevedo debe exponer la situación real del contrato destinado a la agenda cultural y los eventos del año 2025, cuyo monto inicial superó los nueve mil novecientos millones de pesos y al cual se le practicaron cinco adiciones presupuestales de manera altamente cuestionable frente a la normativa de la contratación pública. Similar escrutinio exige la actualización catastral del municipio, un proceso adjudicado de manera directa que excluyó deliberadamente amplias zonas urbanas y la totalidad del sector rural, generando un escenario de inequidad tributaria para los contribuyentes tunjanos, del que poco se ha hablado. La rendición de cuentas debe servir para confirmar o rectificar las informaciones circulantes sobre estos contratos, esclareciendo si existió o no detrimento patrimonial, por ejemplo, en la cesión de la comercialización y el recaudo de eventos masivos como el Aguinaldo Boyacense a favor de operadores privados durante los años de mandato de Krasnov.
Secretarías críticas como Infraestructura, Educación, Fomento y Cultura deben presentar un inventario detallado del estado en que recibieron sus programas y bases de datos. La cultura en Tunja no puede seguir siendo tratada como un fondo de contratación opaco para grandes eventos, sino como un eje de desarrollo social administrado con absoluta pulcritud, por eso es momento de sacar a la luz lo que hasta ahora ha estado oculto.
Felicitar la actitud conciliadora del actual Alcalde es un acto de honestidad analítica, pero exigirle que destape las cuentas oscuras del pasado es un deber insoslayable con la verdad y con el futuro de la ciudad.
𝐄𝐥 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐞𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́
Durante más de siete décadas, la política boyacense alimentó un mito técnico y presupuestal que sirvió como bandera de campaña recurrente, pero que jamás resistió el cotejo con la realidad. La idea de convertir el aeródromo de la capital boyacense en una terminal comercial de gran calado ha sido una de las ficciones más costosas y postergadas en la historia de la infraestructura departamental. Los documentos y las fechas no mienten al respecto.
El aeropuerto General Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en la vereda Pirgua, ostenta el insólito récord de haber sido inaugurado en tres oportunidades distintas sin que ninguna lograra consolidar una sola operación comercial continua para el público general. Ocurrió en 1955 tras su construcción inicial durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla; se repitió en 1997 luego de cuantiosas inversiones del erario que incluyeron pruebas esporádicas con aeronaves de mayor envergadura como un Boeing 727; y volvió a escenificarse en marzo de 2005.
Tras esos aportes de capital público, las promesas terminaron disolviéndose en el olvido institucional. Tunja ha permanecido así en la vergonzosa condición de ser una de las pocas capitales departamentales del país sin una conexión aérea funcional, atada a una ilusión que consumió tiempo y recursos. Por esta razón, la determinación dada a conocer en las mesas de trabajo territoriales para la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo debe valorarse como un acto de madurez administrativa y de absoluta sensatez urbanística.
El acuerdo alcanzado entre la Alcaldía de Tunja, la Alcaldía de Paipa, la Gobernación de Boyacá y entidades del orden nacional como el Instituto Nacional de Vías (Invías) para descartar el uso del predio de Pirgua como aeropuerto comercial y concentrar los esfuerzos en la consolidación del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa representa un avance concreto en la planeación del territorio. Reconocer con pragmatismo que la capital no debe insistir en la pretensión de levantar un aeropuerto comercial dentro de su perímetro urbano es un paso oportuno hacia el ordenamiento de la inversión pública.
Las razones técnicas que justifican el cierre definitivo de esta pretensión son aplastantes. La infraestructura física construida a mediados del siglo pasado en jurisdicción de Pirgua cuenta con una única pista asfaltada de apenas 1.100 metros de longitud por 25 metros de ancho, emplazada a una elevación de 2.750 metros sobre el nivel del mar. Estas magnitudes físicas, sumadas a la densidad del aire por la altitud de la zona, restringen de manera severa el peso máximo al despegue de las aeronaves.
Debido a estas limitaciones, la operación queda restringida a aparatos de entrenamiento de aviación civil ligera, aeronaves de despegue y aterrizaje corto tipo STOL de hasta 5.900 kilos o nueve pasajeros, taxis aéreos y helicópteros militares. A esta condición natural se suma el desorden histórico del desarrollo urbano en Tunja. Mientras la política prometía vuelos internacionales, las licencias y la expansión habitacional avanzaron sin control en las narices de la pista, consolidando conjuntos residenciales que incluso han sido objeto de frenos y disputas judiciales pero que hoy cercan el predio.
Pretender encajar una operación aeronáutica masiva en medio de asentamientos consolidados no solo contradice las normas internacionales de seguridad operacional y mitigación de ruido dictadas por la Aeronáutica Civil, sino que desconoce la tendencia global que exige que las grandes terminales aéreas se ubiquen fuera de los cascos urbanos densamente poblados. Frente a la parálisis de Tunja, la geografía y la infraestructura existente señalan con claridad que el verdadero aeropuerto regional de Boyacá es y debe ser el de Paipa.
La distancia entre la capital boyacense y la terminal Juan José Rondón es de aproximadamente cuarenta kilómetros, un recorrido que por vía de doble calzada toma escasos treinta minutos. Para la escala de una capital, contar con una terminal aérea a media hora de distancia representa un estándar de conectividad envidiable. Un habitante de Tunja tarda sustancialmente menos tiempo en llegar a Paipa que un ciudadano residente en sectores periféricos de Bogotá, como Usme o la Calle 170, para trasladarse hacia la terminal de El Dorado en horas de alto flujo vehicular.
Asumir la lógica metropolitana implica entender que la infraestructura estratégica no requiere estar sepultada bajo el asfalto municipal para prestar un servicio eficiente a la comunidad. La propuesta de transformar el aeropuerto de Paipa en una terminal de alcance internacional responde además a una necesidad logística estructural del centro del país. La saturación del aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuyos itinerarios se encuentran permanentemente al límite de su capacidad operativa, exige la creación de nodos aéreos alternativos en el Altiplano Cundiboyacense.
Una terminal habilitada para operaciones de mayor escala en Paipa se consolidaría como una válvula de escape de alta competitividad. Viajeros internacionales o ciudadanos colombianos residentes en el exterior que busquen acceder a la oferta turística y cultural del departamento no tendrían que someterse al tránsito obligatorio, los sobrecostos y las demoras de las escalas en la capital de la República. Un turista o una delegación comercial podría aterrizar directamente en el corazón de Boyacá, reduciendo trayectos terrestres a municipios emblemáticos como Villa de Leyva de tres horas, desde Bogotá, a solo hora y media desde la pista paipana.
La viabilidad comercial de esta infraestructura ya cuenta con antecedentes concretos. La operación que mantiene la aerolínea estatal Satena conectando al aeropuerto Juan José Rondón de Paipa con el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín en aeronaves ATR-42 demuestra que la demanda existe y que la conectividad regional es factible cuando se soporta sobre bases técnicas reales. Escalar este complejo hacia un estándar internacional generaría un impacto económico de proporciones inéditas para toda la red urbana boyacense.
La dinamización en la generación de empleo directo e indirecto, el surgimiento de nuevos proyectos hoteleros, la construcción de centros de negocios y convenciones, y la consolidación de espacios para el turismo especializado transformarían la matriz productiva del departamento. Boyacá podría posicionarse como un destino privado para la preparación física de deportistas de alto rendimiento y delegaciones internacionales de atletismo que buscan la exigencia de la altitud, dinamizando la economía local a través del consumo de bienes, transporte, gastronomía y artesanías.
El impacto multiplicador beneficiaría en cadena a municipios como Paipa, Tunja, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, Sotaquirá, Tuta y Cómbita, democratizando las oportunidades comerciales en la región. Es absolutamente comprensible que la ciudadanía reciba estos anuncios con un escepticismo profundamente arraigado. La historia reciente del departamento está plagada de presentaciones de maquetas, anuncios pomposos y proyectos de papel que se diluyeron con el cambio de cada administración.
Sin embargo, hay que hablar con claridad sobre la viabilidad real de esta iniciativa: la concreción de un aeropuerto de esta magnitud depende de manera absoluta del Gobierno Nacional. Si bien es lógico y previsible que la Nación exija un esfuerzo de cofinanciación y contrapartida a las partes involucradas, pidiéndole a Paipa obras de urbanismo, a Boyacá aportes técnicos o a los municipios vías de acceso, dentro del límite legal que le impide a las entidades territoriales invertir fuera de su jurisdicción; la obra física del aeropuerto supera cualquier caja territorial. Si el Ministerio de Transporte y las carteras nacionales no asumen la partida principal y pretenden condicionar la infraestructura a las solas posibilidades de las finanzas boyacenses, el anuncio terminará reducido a otra retórica desprovista de presupuesto.
La inversión pública nacional debe orientarse hacia obras verdaderamente transformadoras y no a proyectos fragmentados o redundantes, como la frustrada implementación de los centros PotencIA cancelados en diversos puntos del país por fallas de estructuración, o la insistencia en construir puntos de abastecimiento solidario en ciudades que, como Tunja, ya cuentan con plazas de mercado históricas que requieren soluciones de fondo antes que la creación de nuevas infraestructuras duplicadas.
Por último, esta decisión le impone a la administración municipal de Tunja, encabezada por el alcalde Rafael Acevedo Pedroza, la obligación urgente e ineludible de definir el uso futuro que se le dará al predio del hoy Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Descartada de manera definitiva la aviación comercial, la ciudad no puede darse el lujo de mantener un terreno de tales proporciones sumido en el abandono o la especulación. A lo largo de los años se han planteado múltiples iniciativas para este predio, desde la creación de un centro de eventos hasta planteamientos académicos de la Universidad Santo Tomás enfocados en la aviación ultraligera.
No obstante, la propuesta que cobra mayor sentido frente a las tendencias tecnológicas actuales es la formulada a mediados de 2024: convertir la pista del actual Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en el primer complejo nacional dedicado de manera especializada a la instrucción, pruebas, desarrollo y pilotaje de aeronaves no tripuladas (drones). La infraestructura física existente ofrece las condiciones ideales para albergar un centro de entrenamiento e innovación en sistemas RPA, evitando que las instalaciones continúen deteriorándose. Respaldar la consolidación del aeropuerto regional en Paipa y proyectar un uso tecnológico real para la pista en Tunja es la decisión de planeación que la capital debió asumir hace tiempo.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El reciente simulacro nacional de emergencias dejó al descubierto una metáfora perfecta sobre la realidad política de Tunja. A las diez de la mañana sonó la alarma en el edificio de la Alcaldía y los ocupantes del recinto evacuaron ordenadamente. El procedimiento de reingreso, coordinado con celeridad por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, permitió que en aproximadamente quince minutos el personal estuviera habilitado para retornar a las instalaciones. La sesión logró reanudarse con el mínimo de asistentes para cumplir el trámite formal; sin embargo, para la mayoría la alarma había marcado el cierre anticipado de su jornada. Transcurrida menos de una hora de debate a media marcha, la solicitud de llamado a lista formulada por un concejal dejó al desnudo que el ausentismo continuaba: en las curules solo quedaban ocho de los diecisiete integrantes, lo que obligó a levantar la plenaria por falta de cuórum. Un simulacro de evacuación de cuando mucho media hora sirvió para exponer lo que ocurre a diario en el recinto: una corporación que opera en permanente simulacro.
Existe una distancia abismal entre el mandato constitucional de la representación popular y la complaciente costumbre de sostener una corporación que simula trabajar. Cuando los municipios colombianos abren el debate presupuestal para definir las finanzas de la siguiente vigencia, la ciudadanía asiste a un ritual tan predecible como desgastante. En teoría, se trata de la tarea más exigente del control político, el escenario en el que los delegados de la comunidad deben fiscalizar con lupa el destino de cada peso público. En la práctica, al menos en lo que corresponde al Concejo de Tunja, el ejercicio suele degradarse hasta convertirse en una puesta en escena superficial, caracterizada por la impuntualidad habitual, la falta de preparación técnica, la lisonja servil y el ausentismo sistemático.
Durante dos o tres semanas se programan jornadas consecutivas para socializar el proyecto de presupuesto dependencia por dependencia, citando al recinto a la totalidad de los secretarios del despacho y a los directores de los institutos descentralizados del municipio. Sin embargo, el examen minucioso sobre la eficiencia del gasto brilla por su ausencia. Exigir rigor en estas sesiones no equivale a reclamar una bancada de oposición destructiva que se oponga por el mero capricho de entorpecer la administración municipal, lo cual resultaría igual de estéril e irresponsable. Lo que la ciudadanía espera de un cabildante es la capacidad de estudiar los expedientes, hacer valer el orden del día y exigir sustentos técnicos serios. Resulta insólito ver cómo en plenarias determinantes los concejales pierden el tiempo formulando preguntas desviadas sobre asuntos que nada tienen que ver con la materia presupuestal citada, mientras pasan por alto contradicciones financieras de bulto.
Un ejemplo evidente de esta falta de rigor se presentó durante la exposición de la Secretaría de Movilidad, cuando se dio a conocer que el costo proyectado para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) sufrió una alteración drástica, pasando de un billón de pesos, aproximadamente, a seiscientos mil millones de pesos. Frente a una modificación de semejante magnitud en la infraestructura estratégica de la ciudad, la postura congruente y técnicamente responsable de un concejal no es aplaudir la intervención de la funcionaria ni desviar el debate hacia anécdotas irrelevantes, sino exigir con vehemencia los estudios y los diagnósticos que sustenten semejante variación, más cuando en periodos anteriores se dio a entender que este proyecto ya contaba con todos los estudios necesarios para su implementación. Si la administración no logra justificar técnicamente cómo se van a invertir esos recursos, demuestra una improvisación evidente, por lo que el deber ético del cabildante sería votar en contra de esa partida hasta que exista claridad absoluta. Aprobar a ciegas proyectos que carecen de planeación es una falta grave a la confianza del electorado.
Lamentablemente, la tónica dominante en el recinto dista mucho del debate riguroso. Salvo contadas excepciones de cabildantes que intentan hacer la tarea con seriedad, la votación final de los presupuestos en Tunja suele culminar en aprobaciones prácticamente unánimes, a lo sumo con un solitario voto en contra, adornadas con discursos de felicitación y halagos dirigidos a los secretarios de turno. Es, por ejemplo, la actitud patética del concejal “barrabrava”: un tipo que se presenta a las plenarias sin haber leído una sola línea de los proyectos, incapaz de sostener o justificar un solo dato técnico, pero siempre listo para pedir la palabra y dedicarse a adular al funcionario de turno, y manotear al aire cuando alguno de sus compañeros hace un pronunciamiento que no se alinea con su lisonja hacia la administración. La misma servidumbre que este personaje le ofrecía a los colaboradores de Mikhail Krasnov es la que hoy le rinde sin disimulo a la administración de Rafael Acevedo Pedroza. Se trata de un comportamiento obsecuente y servil donde la fiscalización pública se sustituye por la porra oficial y el aplauso desvergonzado, incluso cuando no sabe ni siquiera de lo que está hablando.
Esa displicencia se refleja con crudeza en la rutina diaria de las sesiones. Las plenarias citadas a las ocho de la mañana suelen iniciar cerca de tres cuartos de hora más tarde entre saludos informales y una asistencia incompleta. Con el paso de los minutos, la discusión se diluye y el recinto comienza a despoblarse progresivamente. Hacia las once u once y media de la mañana, la mesa directiva se queda sistemáticamente sin el cuórum reglamentario para continuar los trabajos, obligando a levantar la jornada prematuramente. Así aconteció en la sesión del pasado miércoles y volvió a repetirse el jueves, cuando carteras determinantes como Infraestructura y Movilidad expusieron sus cifras mientras que la Secretaría de Medio Ambiente o Ecovivienda ni siquiera pudieron hacer uso de la palabra porque los concejales ya habían abandonado sus curules.
Ese mismo desinterés por la preparación técnica se evidenció durante la reciente Feria de Servicios Públicos. El pasado martes, en la jornada de apertura y espacio de escucha de la comunidad, el concejal Brahiam Quintana no dudó en tomar el micrófono para validar el malestar de los asistentes y agitar la indignación ciudadana buscando capitalizar políticamente el reclamo popular, esfumándose del lugar apenas concluyó su show. En esa misma jornada, el registro de asistencia contó únicamente con la presencia constante de la concejal Laura Silva.
La prueba definitiva de la apatía del cabildo se registró el jueves a las once de la mañana. Mientras la plenaria del Concejo levantaba la sesión antes de tiempo por falta de cuórum, en el propio edificio de la Alcaldía, en el auditorio CREM, un comisionado experto de la CRA exponía el nuevo marco regulatorio tarifario del servicio de aseo. A pesar de que la fórmula y los topes regulatorios de la norma comprometen directamente al municipio, la reunión técnica no contó con la asistencia de ningún integrante del Concejo. Ninguno de los diecisiete concejales estuvo presente para conocer de primera mano la regulación que regirá las tarifas de aseo en la ciudad, sobre la cual seguramente deban sostener debates públicos y tomar decisiones.
El contraste entre la escasa intensidad laboral y la cuantiosa carga financiera que representa el Concejo para los habitantes de Tunja resulta sencillamente indignante. El presupuesto anual asignado al funcionamiento de la corporación asciende a la suma de $4.601.225.040 pesos. De este monto global, $2.177.566.839 pesos se destinan de forma directa al pago de honorarios de los diecisiete concejales, mientras que los restantes $2.423.658.201 pesos corresponden al rubro operativo de funcionamiento, dentro del cual se contempla la financiación de las unidades de apoyo normativo de los cabildantes. Frente a este desembolso de dinero público, la inquietud ciudadana no radica en cuestionar el derecho a contar con un equipo de trabajo, sino en evaluar la verdadera utilidad de esa inversión. Si a un concejal el municipio le financia personal de apoyo para asesorarlo en su labor de control político, lo mínimo esperable es que esa asistencia se traduzca en proyectos estudiados, intervenciones fundamentadas y resúmenes analíticos del presupuesto y de tantos otros proyectos que la mayoría de las veces llegan sin ser estudiados por parte de los concejales. Cuando el cabildante llega a la plenaria sin leer los expedientes, repitiendo preguntas ya contestadas o destinando su equipo a la elaboración de contenido para sus redes sociales personales mientras ignora la materia técnica de la sesión, el recurso público invertido en esas unidades de apoyo se convierte en un gasto estéril para Tunja.
Esa misma falta de visión técnica quedó al descubierto con la aprobación de la reciente adición presupuestal tramitada en el Proyecto de Acuerdo 026. Ante una bolsa superior a los 16.000 millones de pesos a distribuir entre distintas dependencias, el Concejo le aprobó a ciegas al Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (IRDET) la totalidad de su propuesta por $1.320 millones. La mayor parte de este rubro se orientó a financiar estudios y diseños de un complejo acuático en el Parque Recreacional del Norte, paso previo para pretender una piscina olímpica de $25.000 millones. Lo absurdo del asunto no es solo pretender apiñar en un parque ya saturado canchas de tenis, zonas verdes, complejo acuático y hasta un proyectado planetario, sino la distorsión total de prioridades en la gestión pública. Resulta incomprensible que en una ciudad inundada de consultorías de anaquel que jamás se ejecutan, se destinen recursos frescos a más estudios en lugar de poner a operar infraestructuras ya construidas que permanecen cerradas por falta de funcionamiento, como la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte. Inyectar liquidez a escenarios existentes para hacerlos viables y generar caja municipal habría sido la decisión técnicamente sensata; aprobar sin discusión otra consultoría millonaria demuestra que en el recinto se avala la improvisación sin pedir explicaciones.
Nadie pone en duda que la infraestructura deportiva sea deseable o que existan intenciones de dotar a la ciudad de escenarios modernos. Sin embargo, el problema de fondo es la trampa de coacción fiscal que esta decisión le impone a la ciudad. Invertir inicialmente mil millones de pesos de dinero público en estudios y diseños no es un acto inocuo: es la vía de hecho para comprometer a Tunja y a sus ciudadanos a tener que desembolsar posteriormente veinticinco mil millones de pesos o más en algo que la capital no necesita con urgencia. Si la obra no se ejecuta, la plata de la consultoría se da por perdida y se configura un detrimento patrimonial; y si se construye, la ciudadanía termina pagando una fortuna astronómica que debió priorizarse en verdaderas emergencias locales, como el alarmante deterioro de la malla vial, o si es el caso, escenarios deportivos inexistentes en la ciudad como lo puede ser un velódromo. Un concejal con rigor técnico habría advertido que aprobar esos estudios equivalía a firmar la condena fiscal de los contribuyentes, pero en la plenaria prefirieron aplaudir la propuesta sin cuestionar la carga económica que le trasladan al municipio, simplemente para no parecer incómodos.
Los niveles de desconexión institucional rozan con frecuencia lo absurdo. En días pasados, el Concejo decidió alterar el orden del día al inicio de la sesión para dar paso a una profesional en salud mental contratada por la corporación, quien dirigió un taller de ejercicios de respiración y manejo del estrés. Contar con acompañamiento profesional en salud mental es una medida plenamente válida y respetable; lo ridículo es pretender que exista una sobrecarga emocional en cabildantes que trabajan apenas dos o tres horas al día, que acuden al recinto a adular a los secretarios de turno y que se retiran antes del mediodía sin estudiar los expedientes. Si cumplieran jornadas exhaustivas de ocho o doce horas, como los trabajadores de a pie, combatiendo la corrupción y defendiendo los recursos del municipio, la tensión laboral sería comprensible. Pero cuando la única causa de angustia proviene de la demora en grabar un video para redes sociales o del pánico a que sus propios compañeros les desbaraten negocios turbios bajo la mesa (como la explotación ilegal de casetas en espacio público a la sombra del poder), la supuesta fatiga resulta sencillamente cínica.
Esta ligereza para abandonar las obligaciones y eludir el debate mientras se define el futuro económico de Tunja entraña riesgos muy severos que la historia reciente de la ciudad ya se encargó de demostrar. Aprobar acuerdos irresponsablemente y sin el debido examen técnico deja secuelas nefastas. Basta recordar la aprobación del millonario empréstito promovido durante la administración de Alejandro Fúneme, un proyecto respaldado por la casi totalidad del cabildo (con la solitaria excepción del entonces concejal John Carrero) que posteriormente fue declarado ilegal por la administración de justicia, generando perjuicios económicos de consideración para el municipio sin que hasta la fecha se conozcan sanciones o investigaciones efectivas contra los concejales que levantaron la mano sin estudiar lo que firmaban. La impunidad burocrática perpetúa la conducta irresponsable de quienes asumen que levantar la mano no tiene consecuencias legales ni políticas.
El dinero del presupuesto municipal no es una fuente inagotable para sostener la burocracia ni las vanidades de la clase política. Los recursos que hoy se malgastan en mantener un esquema de control político meramente formal podrían reorientarse, considerablemente, a financiar subsidios sociales dirigidos a la población vulnerable o a atender necesidades urgentes de la comunidad, en vez de gastarlos, por ejemplo, en citación de sesiones extraordinarias cuando no hay nada extraordinario por tramitar. La Contraloría y la Procuraduría deben intervenir con celeridad y mano dura frente al ausentismo, la falta de cuórum y la negligencia en el Concejo de Tunja. Es hora de exigir que quienes ostentan la representación popular asuman su investidura con seriedad, estudien las propuestas con rigor técnico y dejen de considerar el servicio público como un cheque en blanco financiado por el esfuerzo de todos los tunjanos.
𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Durante un debate de control político en el Senado, el pasado 22 de septiembre surgió una discusión acalorada alrededor del concepto de familia cuando la directora del ICBF cuestionó la necesidad de hablar de “familias” en plural al referirse a un programa institucional. Por su parte el senador Duvalier Sánchez ripostó refiriéndose a los diferentes tipos de familia que ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional incluyendo la unión entre parejas del mismo sexo. Al final Carolina Restrepo explicó que lo importante para un niño es contar con cuidado, protección, alimentación, educación y una persona responsable de su bienestar. Pero en realidad no hubo acuerdo y el debate sigue latente en varios sectores de nuestra sociedad. Dicho lo anterior, en este escrito propongo un punto de encuentro sobre el concepto de familia alrededor del cual podría enfocarse el Estado en lo atinente a cumplir con su rol subsidiario.
La familia es un vínculo que responde a la naturaleza social del ser humano. Y es una institución que existe mucho antes que el Estado tanto en lo cronológico como en lo social y ontológico. Aún más, la familia –fundamento sobre el que se construye la sociedad– es anterior al matrimonio, el cual se institucionalizó precisamente para preservar las familias. Así las cosas, no es el Estado el llamado a crear, y menos a tratar de reconfigurar la familia, su papel se debe limitar a reconocerla otorgándole ropaje jurídico protector. Por esto nuestra constitución política, en su artículo 42, es taxativa: “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado y la sociedad deben garantizar su protección integral”.
Ahora bien, es evidente que la unión entre hombre y mujer es el único vínculo que puede generar nuevos seres humanos imprescindibles para que sigan existiendo las familias y las sociedades. Por esto, el fin del reconocimiento jurídico del matrimonio no es principalmente garantizar los derechos de los conyugues, sino coadyuvar a la protección de los hijos pues si no se protegieran no habría nuevas generaciones de ciudadanos. En este sentido, la Corte Constitucional ha propendido por la protección de los hijos al reconocer jurídicamente, por ejemplo, las familias monoparentales que abundan en Colombia por diferentes motivos. Pero también, en algunas ocasiones la Corte se ha desviado de dicho fin protector al emitir jurisprudencia enfocada en satisfacer autonomías individuales de los conyugues, dejando en segundo plano la formación y protección de la niñez.
Por lo anterior, vale la pena preguntar: ¿cuántas horas de trabajo institucional dedicamos a discutir las palabras con las que nombramos a la familia, mientras tantas familias necesitan protección efectiva, acompañamiento y condiciones dignas para salir adelante?
Lo cierto es que, hasta hace relativamente poco, el Estado colombiano propendía por proteger el vínculo matrimonial y las familias para alcanzar un bien común para la sociedad: mejores ciudadanos. Pero en las últimas décadas ese criterio se ha desdibujado con altos costos sociales: gran parte de la raíz de la delincuencia, drogadicción o alcoholismo en los adolescentes se encuentra en familias disfuncionales, también los embarazos adolescentes y la violación de menores. De cualquier manera, la cuestión de la familia no debería constituir un asunto que pueda resolverse a punta de consignas, descalificaciones o disputas partidistas.
Así las cosas, hoy nos vemos en la necesidad de que el debate sobre la familia se enfoque más en su funcionalidad que en su conformación. Y ¿qué es una familia funcional? En concordancia con sociólogos como José Pérez Adán, es aquella que realiza lo que la sociedad espera de ella. Esto es, en primer lugar, vivir la “equidad generacional”, es decir la combinación de afectos, cuidados y equilibrios entre actividad laboral, servicio e inactividad forzosa que intercambian entre sí sus miembros, léase principalmente niños y ancianos. Por otra, “transmitir la cultura”, no solo la lengua, también la higiene, las costumbres y las formas de relación legitimadas socialmente. Además, se espera que la familia efectúe cierto “control social” evitando en sus miembros la proliferación de conductas socialmente desviadas.
En este enfoque, una familia no se considera funcional simplemente por su estructura o por ser tradicional o moderna, sino por su capacidad para cumplir estas funciones y asumir responsabilidades hacia las nuevas generaciones. Por ello, las familias son funcionales o disfuncionales según el grado en que desempeñan las tareas mencionadas. Y la sociedad será mejor o peor según haya más o menos familias funcionales.
𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐛𝐚𝐫𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥
Había que felicitar a la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial de Tunja y a la Alcaldía Municipal por la firmeza inicial de prohibir el ingreso de público al Estadio La Independencia para el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional. La determinación constituía un acto de autoridad impecable, decente y necesario. Se trataba de una medida drástica que golpeaba la caja del conjunto ajedrezado, que suele salvar sus finanzas con las hinchadas de los equipos tradicionales, y que afectaba temporalmente al comercio circundante. Sin embargo, cuando la violencia irrumpe en un escenario deportivo, la integridad de los ciudadanos y la preservación del orden público tienen que ubicarse por encima de cualquier consideración mercantil. La sociedad debe comprender que ese costo económico residual no es responsabilidad de la Administración, sino de los propios vándalos que destruyen el espectáculo.
El fútbol profesional colombiano arrastra una complicidad tácita con el barrismo violento. Si bien los clubes no son los causantes directos de la descomposición social, sí actúan como cómplices cuando eluden asumir los costos de los desmanes que provocan sus adeptos. La única forma de forzar a las directivas a tomar cartas en el asunto es tocándoles el bolsillo. Si una tribuna se desborda en agresiones, el club debe responder con el pecho y asumir las consecuencias.
Frente a la excusa recurrente de los dirigentes sobre la imposibilidad material de controlar masas anónimas, la solución que se debería implementar en el país no tendría por qué ser compleja, pero sí inflexible. Para que cualquier agrupación o barra brava pueda ingresar a un escenario deportivo, se debería exigir la carnetización e identificación individual de la totalidad de sus miembros. Paralelamente, se tendría que crear e imponer una figura institucional indispensable: la designación obligatoria de un representante legal por cada barra organizada. No tendría que permitirse el acceso a una sola tribuna a ningún colectivo que no cuente con una persona natural claramente individualizada, con nombre, apellido y cédula, que ponga el pecho y firme como responsable directo de la delegación.
Bajo este esquema que proponemos desde este espacio editorial, la dinámica de impunidad cambiaría de manera radical. Si en el seno de una barra se comete un delito, sea que se provoque una lesión, desmanes u homicidios, la carga de la prueba y la responsabilidad no tendrían por qué diluirse en el anonimato. La barra tendría que verse obligada a señalar y entregar inmediatamente ante las autoridades judiciales al delincuente responsable. Si la agrupación lo entrega y el sujeto asume las consecuencias penales y el resarcimiento económico de los daños, la barra quedaría exonerada y podría eventualmente volver a ingresar a los estadios.
Sin embargo, si la agrupación opta por el silencio, la complicidad o el pacto de impunidad para proteger al agresor, la responsabilidad penal y civil solidaria tendría que recaer directamente sobre el representante legal de la barra. Sería esa persona quien tendría que ir a la cárcel a responder por el crimen o poner la plata de su propio bolsillo para reparar hasta el último peso de los destrozos causados. Si el representante no responde ni entrega al culpable, la sanción tendría que ser fulminante: la prohibición absoluta e indefinida de ingreso para toda la barra.
La consecuencia lógica de una medida de esta naturaleza sería devastadora para el vandalismo disfrazado de pasión. Al encontrarse con que nadie en su sano juicio querría asumir semejante riesgo judicial y financiero por el comportamiento irresponsable de un tercero, el negocio espurio y el chantaje de las barras bravas se extinguirían de raíz. Sin representantes dispuestos a ir a la cárcel por un grupo de violentos, las tribunas se limpiarían y las familias podrían retornar a los estadios en absoluta tranquilidad.
Lo ocurrido en el compromiso entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo fue inaceptable y rozó la tragedia por pura fortuna. Es degradante que la ciudad deba presenciar cómo un grupo de alienados armados con cuchillos tipo carnicero arranca la silletería del estadio para agredirse por la pérdida de un trapo o una bandera, asumidos en su irracionalidad como trofeos de guerra. Frente a ese conato de agresión, la estampida de los espectadores del común que invadieron el campo no fue un acto de desorden, sino un ejercicio elemental de supervivencia. Nadie tendría por qué arriesgar su vida o la de sus hijos ni exponerse a ser apuñalado por el capricho de unos delincuentes.
Por esa razón, la sanción inicial de cerrar las puertas a las tribunas era un castigo pedagógico perfecto. Privaba al Chicó del ingreso de taquilla, obligándolo a depurar sus filtros de seguridad y a entregar a los violentos a la justicia. Se sentaba un precedente de autoridad en una ciudad históricamente pacífica como Tunja, golpeada de forma reiterada por el vandalismo de hinchadas visitantes que ingresan a intimidar, hurtar y violar la ley. Se enviaba un mensaje rotundo a las autoridades de Bogotá, Medellín o Cali sobre cómo se tendría que someter a la delincuencia organizada en los estadios.
Lamentablemente, el carácter institucional duró pocas horas. La Alcaldía de Tunja sintió miedo, se asustó ante la presión y corrió a ampararse en una medida provisional de tutela para convocar a una sesión extraordinaria y echar atrás la restricción. Bastó la presión jurídica y la promesa de buen comportamiento firmada por el máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, cabeza de un club que ni siquiera destaca por la puntualidad en sus pagos de arrendamiento a Indeportes, para que el Gobierno Municipal capitulara. El comunicado oficial, adornado con apelaciones flojas a la convivencia y al «fútbol en paz», no es más que una rendición disfrazada de legalidad. La retractación le enseña al vándalo que en Tunja se pueden ingresar armas cortopunzantes, destrozar los bienes públicos, exponer de forma irresponsable la integridad de los miembros de la Policía Nacional y aterrorizar a las familias sin consecuencia alguna, pues basta interponer un recurso para que la autoridad se arrodille.
En este retroceso pesó la ambigüedad política del Gobierno Departamental. Mientras el Gobernador se vanagloria en cuantos micrófonos puede de que Boyacá es un oasis de paz y la panacea de la seguridad nacional, a la hora de sostener la autoridad prefiere el cálculo de popularidad. Priorizó quedar bien con la masa de hinchas visitantes y proteger las arcas del club ‘ajedrezado’ antes que garantizarle el derecho al fútbol en paz a las familias boyacenses. Ante el discurso populista del mandatario departamental, el alcalde Rafael Acevedo careció de las agallas para sostener una medida congruente.
Si no se quería castigar a la hinchada de Atlético Nacional por hechos en los que no participó, la sanción debió focalizarse con la misma severidad y exclusividad sobre la barra del Boyacá Chicó, impidiendo la entrada a sus colectivos organizados e identificados, mientras se permitía el acceso del ciudadano del común.
Para evitar que el espectáculo siga en manos del vandalismo, se tendría que instaurar un régimen de sanciones escalonadas indiscutibles. Todo desmán que derive en heridos tendría que acarrear la clausura del estadio a puerta cerrada por un periodo mínimo de seis meses; si se registrara la pérdida de una vida humana, la sanción tendría que elevarse a dos años de clausura total, cuando mínimo, levantándose únicamente si el representante legal de la barra entregara a los directos responsables ante la justicia penal.
La Alcaldía de Tunja tuvo en sus manos la oportunidad histórica de sentar un precedente nacional de civilidad y valentía institucional. Sin embargo, prefirió el camino de la sumisión, el temor a la crítica y la complacencia con el negocio. Qué lástima que les hayan faltado los pantalones para defender a los ciudadanos de bien.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La reciente edición del Festival Internacional de la Cultura Campesina dejó una enseñanza tan contundente como inesperada para la propia burocracia departamental. Por primera vez en décadas, los escenarios artísticos, las salas de teatro, los auditorios, las casonas históricas, los centros culturales y las plazas públicas de varios municipios en Boyacá registrarán aforos completos de manera sistemática. La razón de semejante fenómeno no radicó en un despliegue publicitario extraordinario ni en una fórmula mágica de convocatoria, sino en una circunstancia tan elemental como profiláctica: la ausencia absoluta de macroconciertos de música comercial.
El propio gobernador Carlos Amaya debió admitirlo en su balance oficial: prescindir de los espectáculos de masa fue un acierto inequívoco que permitió a los ciudadanos profundizar en el verdadero significado del festival. Al restar el ruido mediático de la tarima comercial, el FICC retornó a su centro natural, demostrando que la evaluación de un encuentro cultural debe medirse desde las artes, las letras y los saberes locales, y no desde la lógica mercantil del espectáculo masivo.
Históricamente, la parrilla del festival se veía eclipsada por la contratación de agrupaciones de alta figuración mediática que absorbían el presupuesto, el tiempo, la energía y la logística del público. Muestra de ello ocurrió en la edición de 2025, cuando miles de asistentes hacían filas interminables alrededor del estadio para ingresar al concierto de Marco Antonio Solís, mientras a pocos metros la feria CosechArte, un espacio de enorme valor para la economía departamental, permanecía completamente vacía porque la masa prefería volcarse al espectáculo del trago y la parranda. En esta ocasión, la respuesta popular fue abrumadora: 247.000 asistentes se desplegaron por más de 400 actividades, registrando llenos absolutos en la Noche de Museos, las salas de teatro y los escenarios musicales. Sin la hipnosis del macroconcierto, la ciudadanía acudió masivamente a reencontrarse con un 90% de talento boyacense, demostrando que la oferta artística regional posee el peso y la dignidad suficientes para convocar sin necesidad de teloneros de renombre internacional.
Sin embargo, cabe hacer un cuestionamiento oportuno a la gestión del festival sobre el destino de sus recursos de divulgación. No tiene sentido técnico ni financiero que la pauta publicitaria institucional del FICC se gaste en promocionar a figuras nacionales ya consolidadas como Flora Martínez o Julio César Herrera. Artistas de ese nivel cuentan con un alcance propio y redes sociales masivas donde basta con publicar una fecha en el Teatro Mayor Bicentenario para agotar el aforo en minutos por su propia cuenta. La inversión pública en publicidad debe concentrarse mayoritariamente en visibilizar y proyectar al talento de la tierra, promocionando la obra del cultor de Tunja, Cucaita, Soracá o cualquier rincón de Boyacá, que es quien realmente requiere el respaldo del Estado para darse a conocer. Usar el dinero público para inflar la convocatoria de figuras famosas es una distorsión que debe corregirse.
Las cifras de la feria CosechArte revalidan este modelo con una contundencia matemática. Sin pagar un solo peso a contratistas de espectáculos, la feria albergó a más de 130.000 visitantes y generó ventas directas por 1.514 millones de pesos que entraron íntegramente al bolsillo de campesinos, artesanos y emprendedores locales, irrigando más de 3.000 millones de pesos en la economía de a pie de Tunja.
Ante semejante acogida, el camino lógico no es guardar la feria en un escritorio hasta el próximo año, sino replicarla y darle continuidad. Si bien organizar un montaje de esta escala exige logística y recursos, la verdadera lección de CosechArte es que se puede y se debe estructurar una versión decembrina en el marco del Aguinaldo Boyacense. Resulta incoherente que la administración departamental se libre de prevenciones para destinar miles de millones a la contratación de artistas de estadio, o a remodelar estadios de fútbol con multimillonarias inversiones en ciudades sin fútbol profesional, pero ponga peros cuando se trata de invertir en una feria gastronómica, artesanal y familiar que le deja la plata directamente a la gente de Boyacá. Sustituir el derroche de la tarima privada por un CosechArte versión Aguinaldo es la oportunidad real de dinamizar el comercio de a pie y ofrecer una festividad con identidad propia.
Un CosechArte navideño abriría un abanico inagotable de posibilidades creativas y turísticas sin recurrir a la chabacanería ni al gasto desmedido. La feria podría convertirse en el escenario ideal para montajes teatrales de clásicos universales adaptados como el Cuento de Navidad de Dickens, reubicado en las frías noches andinas, o la escenificación histórica del primer Aguinaldo de 1955. Igualmente, daría espacio a muestras temáticas por días sobre las vivencias del solsticio en el territorio muisca antes de la colonia, estampas costumbristas de la Navidad en las distintas provincias boyacenses y artes circenses para la familia. Todo esto combinado con concursos populares del mejor buñuelo tradicional, la mejor natilla de almidón y la dulcería criolla de la región, entre un sinfín de variantes que pueden surgir. Una festividad viva que educa, entretiene y mueve la economía local, costando una fracción de lo que exige el monopolio del concierto masivo.
Pese a la viabilidad técnica y cultural de estas alternativas, la burocracia departamental insiste en cerrar filas alrededor del modelo mercantilista de la mega tarima. Muestra de esta resistencia es el propio gobernador Carlos Amaya, quien al salir a respaldar la continuidad del convenio del Aguinaldo Boyacense y cerrarle el paso a una solución jurídica conjunta con la administración de la capital boyacense, dejó al descubierto la fragilidad de su discurso. En rueda de prensa, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Alcaldía de Tunja se apoye en la Gobernación para revisar y eventualmente tumbar el proceso, el mandatario prefirió defender el evento afirmando sin rubor: «no sé cuánto ha valido los últimos años, me dicen que el año pasado valió 14.000, no tengo ni idea, pero en esa semana de Aguinaldo Boyacense en Tunja se mueven 50.000 millones de pesos fácilmente».
Semejante cálculo encierra una contradicción flagrante. Si para el Gobernador gastar $14.000 millones genera de forma automática una inyección de $50.000 millones en la economía local, ¿por qué no aplicó esa misma lógica milagrosa al Festival Internacional de la Cultura Campesina? Bajo esa teoría, suspender los conciertos del FICC habría significado privar irresponsablemente a Boyacá de una derrama multimillonaria. Celebrar la austeridad en el festival departamental como un triunfo de gestión mientras se defiende el derroche en el Aguinaldo Boyacense bajo la excusa de los $50.000 millones es un malabarismo lógico insostenible. Además que resulta pasmoso que la máxima autoridad regional certifique dividendos astronómicos sobre un evento del cual confiesa ignorar sus costos de producción, hablando por rellenar para respaldar un negocio en el que diversos sectores advierten su injerencia directa, en tiempos de la firma exprés en la administración interina de María Paula Jiménez.
El verdadero peligro de este modelo no radica únicamente en la desproporción del gasto o en la narrativa oficialista, sino en la institucionalización de una puerta trasera para el desvío de rentas públicas. Las investigaciones periodísticas y los hallazgos de los organismos de control han dejado en evidencia el modus operandi aplicado en el Aguinaldo inmediatamente anterior, bajo el Convenio 972 de 2025. Un informe de auditoría de la Contraloría Municipal de Tunja determinó que la totalidad del dinero recaudado por concepto de entradas, zonas VIP y palcos en la Plaza de Bolívar no ingresó a las cuentas de la tesorería, configurando una presunta responsabilidad penal por el delito de peculado por apropiación y un daño fiscal por más de $2.294 millones de pesos.
Por tratarse de un espectáculo realizado en la Plaza de Bolívar (un bien de uso público perteneciente a la colectividad), la legislación presupuestal exige de forma perentoria que cada peso recaudado por taquilla ingrese directamente al Tesoro Municipal en virtud del principio constitucional de unidad de caja. La ley prohíbe taxativamente que un gobierno ceda la recaudación a operadores intermediarios para que estos dispongan del dinero a su antojo o cancelen facturas por su propia cuenta sin registro contable. En el Aguinaldo Boyacense del año anterior, la administración entregó el evento al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, entidad que subcontrató a privados y aplicó la figura controvertida de "contraprestación en especie" para retener de forma directa $988,2 millones de pesos del recaudo real de taquillas. Con ese dinero, al margen del presupuesto municipal, se autopagaron excedentes para artistas internacionales como Nicky Jam por $320 millones, coordinadores por $137 millones, cerramientos por $172 millones y servicios de camerino, pirotecnia y baños químicos, que valga aclarar, no representaron ningún servicio o mejora en la calidad de vida de los contribuyentes de la ciudad.
Pese a los hallazgos con presunto alcance penal y a las investigaciones en curso, el Convenio 1270 de 2026 suscrito con la Fundación Cultural Solsticio calca exactamente el mismo artilugio. En la Cláusula Séptima del contrato, se pretende justificar un supuesto aporte del contratista por $4.285 millones de pesos en especie, otorgándole nuevamente el monopolio del espacio público para comercializar boletería, patrocinios y venta de alimentos y bebidas alcohólicas. En la práctica, se le entrega el estadio La Independencia a un particular para que recaude millones sin control del erario, arriesgando apenas su papelería de escritorio, mientras el municipio pone los $10.000 millones de pesos en efectivo para montar el escenario.
Semejante ingeniería contractual resulta aún más aberrante al contrastarla con las realidades presupuestales de la ciudad. Mientras la proyección del presupuesto municipal de Tunja para la totalidad del rubro de cultura durante todo el año 2027 escasamente superará los $4.000 millones de pesos, el municipio pretende dilapidar en solo seis días de fiesta más de $14.000 millones en un contrato que solo beneficia a los empresarios del espectáculo. Cabe preguntarse ¿Qué sentido técnico o financiero tiene gastarse más de tres veces el presupuesto anual de cultura de la ciudad para darle gusto a un privado?
En lugar de recortar ese derroche, sería preferible liberar esos recursos e incorporarlos como superávit a las arcas municipales o sumarlos a la inversión cultural de los próximos doce meses. Es preferible que ese dinero permanezca protegido en el tesoro público a que termine evaporándose en los bolsillos de un intermediario o pagando las tarifas de sobrevalorados artistas.
A esta ingeniería contractual se suma el despliegue de exigencias técnicas desmedidas: sistemas de sonido masivos, estructuras gigantescas de tarima y consolas de última generación destinadas exclusivamente a atender espectáculos de gran formato en el estadio La Independencia, un escenario de administración departamental que termina por evidenciar el respaldo y la venia de la Gobernación a este modelo de megaproducción que hoy la administración busca revertir para resguardar una parte de los recursos públicos que se han pretendido entregar a la carrera por medio del Convenio 1270 de 2026. Y mientras se compromete la infraestructura del departamento para el megaconcierto, la participación del talento local se ve relegada a una tímida convocatoria para apenas 21 agrupaciones. El contrato beneficia al intermediario y a la estrella foránea, mientras estrangula al artista de la tierra y ahoga el verdadero espíritu festivo del municipio.
Hoy, cuando el convenio se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas irregularidades en su estructuración y selección, el contratista sale a los medios de comunicación a desplegar una abierta estrategia de chantaje. Presiona a la administración municipal exigiendo el desembolso inmediato de un anticipo de $5.000 millones de pesos (el 50% de los fondos públicos del contrato) mientras agita ante la opinión pública una nómina fantástica de artistas internacionales como Marc Anthony, Maluma o Ryan Castro. El propio empresario admite que para esas figuras estelares no tiene un solo papel firmado y que todo depende de que el municipio le entregue el cheque por adelantado, mientras reconoce haber suscrito compromisos previos con nombres como Fruko y sus Tesos, Paola Jara y The Mills. Esta coincidencia no es fortuita ni obedece al azar: los pliegos de condiciones y los estudios previos cargados en el Secop II para este proceso contractual exigieron expresamente como requisito de experiencia que los proponentes acreditaran haber contratado en el pasado a esas mismas agrupaciones, lo que prueba documentalmente que el contrato fue diseñado desde su origen como un traje a la medida de este operador.
Frente a esta aberración, la postura socarrona del Gobernador de asegurar que sin este contrato no hay Aguinaldo resulta completamente falsa. Tunja no se va a quedar sin festividades si se liquida un negocio viciado. El Aguinaldo Boyacense jamás ha dependido de los cheques astronómicos girados a los empresarios de la música. Su esencia histórica y su valor patrimonial residen en los desfiles de carrozas, que por cierto el cuestionable contratista pretende disminuir a un solo desfile; los concursos de pesebres, las comparsas de los barrios, los autos clásicos y la tradición decembrina que los cultores preparan con entrega, al margen de las presiones del ejecutivo departamental o del chantaje de un operador privado que exige el giro inmediato de $5.000 millones de pesos de anticipo sin siquiera tener firmada a la nómina de artistas que promete.
La administración de Tunja tiene en sus manos la responsabilidad histórica de romper este círculo de derroche y no ceder ante la narrativa interesada del Gobernador ni las exigencias del contratista. Con un presupuesto sensato de 5.000 o máximo 7.000 millones de pesos se puede realizar un Aguinaldo popular, digno, accesible y seguro, abierto al talento local y articulado a ferias gastronómicas y artesanales como CosechArte que dejen las ganancias en el bolsillo de las familias boyacenses. Tumbar o renegociar un contrato viciado y desproporcionado no es dejar a la ciudad sin fiesta; es librarla del chantaje y proteger los recursos públicos de todos los contribuyentes.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Ninguna mujer en política, ninguna, debe ser atacada por su físico o su apariencia. Lo que hizo Matador con la primera dama, Ana Lucía Pineda, es inaceptable. Y no es la primera vez que el caricaturista recurre a este tipo de señalamientos, ni hay razones para pensar que será la última. Lamentablemente, seguimos ante un sistema que no hace lo suficiente para proteger a las mujeres que participan en política, una realidad que puede tener efectos en las próximas elecciones, cuando esperaríamos una mayor y mejor participación femenina en los territorios.
Pero, apartándonos de esta discusión y de la doble moral de quienes hoy rechazan estos ataques, pero han validado que se omita la palabra niña del ICBF o que se eliminen los derechos sexuales y reproductivos, sería interesante abrir otro debate. Uno que incomoda, pero que vale la pena dar, ¿en realidad tendrían que rendir cuentas las gestoras sociales y las primeras damas? ¿Qué hacen, qué poder ejercen y quién vigila los recursos públicos que se mueven alrededor de ellas?
Para quienes no lo saben, esta figura no constituye un cargo público formal en Colombia. Las gestoras sociales no reciben un salario por esa condición ni tienen una vinculación directa con el Estado por el hecho de ser las esposas de los mandatarios. Su papel se ha enfocado tradicionalmente en lo social, la beneficencia y el acompañamiento protocolario, el figurín perfecto que lamentablemente reproduce ese modelo hegemónico en el que a la mujer que acompaña al hombre en el poder se le asigna perfección, suaviza su imagen y casi por defecto ejerce una labor social.
Y esto resulta problemático. Porque todos sabemos, aunque no siempre lo digamos, que la ausencia de un vínculo laboral formal no significa que la actividad no tenga costos. En muchos casos, a estas gestiones les asignan equipos de comunicaciones, logística, personal y recursos institucionales. ¿Quién los paga? ¿De qué presupuesto salen? ¿Qué controles existen? ¿Cómo se garantiza que los recursos públicos no terminen financiando actividades que, en la práctica, giran alrededor de una figura que no tiene un cargo oficial?
Ahí es donde se abre la puerta a posibles irregularidades y a preguntas incómodas sobre el manejo de los recursos públicos.
En Boyacá, por los pasillos del Palacio de la Torre se habla de todo un batallón de prensa financiado con nuestros impuestos e incluso con funcionarios públicos al servicio de la esposa del gobernador, Daniela Assis. Y ese es, precisamente, uno de los asuntos que merece revisión, qué personal se destina a estas actividades, bajo qué contratos, con qué funciones y con qué justificación administrativa.
Porque por ejemplo tenemos un viaje reciente a París que según conocimos habría costado cerca de 70 millones de pesos y se presentó como una actividad de promoción de los artesanos boyacenses. Sin embargo, fueron solo dos participantes que acompañaron a la gestora social y a hoy se desconocen los criterios de selección.
Un dato, que salta en un ejercicio sencillo de búsqueda en Secop II, Pero que seguro debe ser parte de muchos más similares. Y no se trata de desconocer el valor de nuestros artesanos ni de descalificar su trabajo. Se trata de saber si los recursos invertidos realmente les sirven a ellos o si terminan alimentando una estrategia de imagen institucional.
Dicho esto vale la pena que nos preguntemos ¿Es necesaria esta figura?
Si hiciéramos una ronda de entrevistas a contratistas y trabajadores estatales de diferentes lugares, incluso fuera de Boyacá, garantizándoles absoluta reserva y la posibilidad de hablar con franqueza, seguramente escucharíamos relatos sobre personas que, desde esta posición, habrían intervenido en procesos institucionales, presionado contratistas, lanzado insultos o ejercido una influencia que no corresponde a sus competencias formales. Son señalamientos que deben contrastarse, por supuesto, pero que también permiten cuestionar ¿qué pasa cuando alguien tiene poder e influencia sin que existan responsabilidades públicas claramente delimitadas?
Porque una cosa es impulsar iniciativas sociales, acompañar a comunidades o apoyar causas que merecen toda nuestra atención, y otra muy distinta es tener injerencia en la administración pública sin ocupar un cargo, sin las obligaciones propias de un servidor público y sin mecanismos suficientemente claros de rendición de cuentas.
A estas alturas de la historia, también resulta absurdo seguir defendiendo un modelo en el que las mujeres deben asumir responsabilidades por vocación, casi como una extensión de su papel de esposas, y dejar de lado sus propios proyectos para acompañar la carrera política de sus parejas. La solidaridad, el trabajo social y el compromiso con las comunidades no deberían depender del vínculo matrimonial con quien gobierna. Mucho menos convertirse en una especie de cargo informal que otorga visibilidad, influencia y capacidad de intervención sin una estructura clara de responsabilidades.
Es un debate sumamente impopular, lo sé. Pero deberíamos darlo.
No se trata de atacar a las mujeres por ser esposas de gobernantes, ni de desconocer las iniciativas sociales que funcionan y producen resultados. Mucho menos de justificar la violencia machista contra ellas. Se trata de cuestionar un modelo que naturaliza privilegios, confunde lo público con lo personal y permite que alrededor del poder aparezcan figuras cuya influencia no siempre tiene límites claros.
Porque, al final, ¿para qué necesitamos gestoras sociales y primeras damas si sus funciones pueden ser asumidas por instituciones públicas con personal competente, presupuestos transparentes y obligaciones verificables?
Tantas figuras decorativas alrededor del Estado, tantos poderes informales y tantas responsabilidades difusas son parte de lo que nos tiene tan jodidos. Y mientras sigamos confundiendo la vocación social con el derecho a ejercer influencia desde las sombras del poder, seguiremos aplazando una conversación que Colombia necesita tener.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐮 𝐯𝐢𝐚𝐣𝐞 𝐚 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚
La memoria colectiva de los tunjanos guarda un archivo amargo y repetitivo en los pasillos de la administración pública: la de los mandatarios que abren las alas hacia destinos internacionales, posan ante los reflectores de organismos multilaterales y regresan a la ciudad con las manos vacías, dejando tras de sí el eco de discursos rimbombantes que no le solucionan la vida a nadie. Salir del país se volvió, para la política local, un rito de paso o un trofeo de agenda institucional que poco o nada se traduce en bienestar para la calle. Esta vez, sin embargo, la ciudad no está dispuesta a tolerar otro capítulo de turismo diplomático.
Con más de un mes de antelación para que el alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza aborde su vuelo rumbo a Córdoba, Argentina, donde participará como ponente en el IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica convocado por la Unesco, la administración municipal tiene sobre la mesa el margen suficiente para demostrar que este viaje no será otra pérdida de tiempo, como ocurrió en tiempos recientes con Mikhail Krasnov y sus múltiples salidas internacionales. La autorización otorgada por el Concejo Municipal para su ausencia entre el 14 y el 20 de noviembre (mientras la titularidad del Despacho queda bajo el encargo del Secretario del Interior y Seguridad Territorial) no puede convertirse en un cheque en blanco. La presencia de la capital boyacense en un escenario internacional debe medirse, sin atenuantes, por su capacidad real de traer acuerdos estratégicos que atajen la parálisis económica que hoy ahoga a la ciudad.
No se trata de un capricho fiscalizador ni de una discusión menor sobre el rubro de los tiquetes o la procedencia de los recursos de la comisión. Se trata de prioridades. Tunja enfrenta una de sus crisis de empleabilidad más complejas en la historia reciente, donde el aparato productivo municipal parece incapaz de absorber el talento que forman sus propias universidades. Los egresados y la mano de obra calificada tropiezan a diario contra la pared del desempleo formal, obligados al estancamiento o al éxodo hacia otras regiones. Ante semejante panorama, que un mandatario cruce el continente para intervenir en un foro sobre "Aprendizaje basado en el lugar: Innovación urbana para comunidades inteligentes y resilientes" solo cobra sentido si desde hoy, desde la Alcaldía, se diseña una agenda de trabajo con metas concretas para importar soluciones tecnológicas aplicables en el territorio.
En América Latina, la innovación pública dejó de ser una entelequia de oficina para convertirse en el motor directo de la generación de empleo joven y la modernización empresarial.
El ejemplo insoslayable es Medellín con la agencia pública Ruta N y el despliegue de los Centros del Valle del Software. Allí, la administración municipal no se limitó a dictar talleres teóricos: levantó laboratorios públicos en barrios y comunas para capacitar gratuitamente a la juventud en inteligencia artificial, analítica de datos y desarrollo de software. La verdadera cadena de valor se consolidó al conectar a estos estudiantes con incubadoras públicas y ruedas de negocios internacionales, permitiendo que miles de jóvenes desocupados estructuraran unidades independientes de servicio capaces de exportar soluciones digitales a empresas de todo el mundo sin moverse de sus comunas.
De igual manera, ciudades como Buenos Aires y Santiago estructuraron laboratorios de innovación pública que funcionan como aceleradoras de talento dentro de la gestión municipal. En estos espacios, la administración financia a profesionales recién graduados para crear herramientas de inteligencia artificial generativa orientadas a la automatización de trámites, la analítica de datos urbanos y la optimización de los servicios públicos. Al término de sus ciclos de desarrollo, estos jóvenes son vinculados al mercado empresarial privado como consultores especializados en transformación digital, cerrando de golpe la brecha entre la formación académica y la demanda productiva.
En el sector del emprendimiento tradicional, iniciativas impulsadas con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en ciudades intermedias han demostrado que la alfabetización tecnológica es el remedio directo contra la parálisis económica. Al capacitar a pequeños comerciantes y profesionales independientes en el uso práctico de asistentes virtuales e inteligencia artificial para la gestión de inventarios, la logística y el mercadeo digital automatizado, una microempresa de una sola persona adquiere la eficiencia y el alcance operativo de una mediana compañía. Esa ganancia en competitividad es la que genera verdadero espacio para nuevas contrataciones formales.
Si el alcalde Acevedo Pedroza pretende marcar un hito y desmarcarse de la sombra de sus antecesores, debe aprovechar estas semanas previas para armar una carpeta de trabajo rigurosa. Su cometido al llegar a Argentina no debe ser el lucimiento individual en la tribuna ni la lectura de un libreto institucional; debe ser la negociación directa con los líderes de casos de éxito de innovación empresarial e impulso del emprenderismo latinoamericano, el cierre de acuerdos de transferencia tecnológica y la consecución de asistencia técnica internacional para Tunja.
La oratoria en los paneles internacionales y las fotografías de protocolo no generan puestos de trabajo ni resuelven la frustración de miles de familias en Tunja. La ciudadanía no evaluará la gira por las acreditaciones de la Unesco ni por la figuración en las memorias del evento, sino por la capacidad real del gobierno municipal para planear, gestionar y traer modelos concretos de innovación que le devuelvan el rumbo económico a la capital de Boyacá.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Hay un síntoma insólito en la vida pública de Tunja que merece, antes de cualquier reproche, un reconocimiento sereno. Que un organismo de control local haga su trabajo con rigor, rigurosidad técnica y sin el temblor de piernas habitual frente al poder de turno es un acontecimiento exótico en nuestra historia reciente. El informe final de la Auditoría de Cumplimiento entregado por la Contraloría Municipal de Tunja sobre el contrato interadministrativo 1767 y el convenio interadministrativo 972, dos operaciones que movilizaron una masa presupuestal superior a los veintiocho mil millones de pesos, demuestra que cuando la vigilancia fiscal se ejerce con la camiseta puesta, la verdad aflora.
El órgano fiscalizador municipal ha llevado su gestión hasta la frontera exacta que la Constitución y la ley le señalan. Ha documentado con precisión quirúrgica cómo la figura de la administración delegada y la triangulación interadministrativa sirvieron para driblar los controles de la contratación estatal, registrando desde obras viales inconclusas o ejecutadas sin aval de la supervisión, hasta inconsistencias mayúsculas en la ejecución de salones comunales y la descarada subcontratación del ciento por ciento de los compromisos logísticos y culturales. Tanto en la ejecución del Convenio 972 como en el Contrato 1767 con la empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías, la figura termina resultando jurídicamente insostenible y administrativamente ridícula: si la entidad contratada no ejecuta nada directamente y procede a subcontratar la totalidad del objeto contractual con terceros, ¿para qué pagó el municipio una intermediación? Si la administración municipal tiene los recursos y la capacidad, resulta absurdo y bochornoso contratar a un intermediario para que este haga exactamente lo que el municipio pudo coordinar, encareciendo el gasto público sin aportar un solo gramo de valor técnico.
Por no hablar de la escandalosa administración del Aguinaldo Boyacense 2025, donde la recaudación millonaria por venta de boletería terminó reposando en cuentas bancarias privadas sin que nadie diera razón de la incorporación de esos recursos al erario o del destino de miles de entradas de cortesía entregadas sin protocolo ni registro. Lo verdaderamente preocupante es que el modelo contractual diseñado para la versión del Aguinaldo Boyacense 2026 tiende a propiciar el mismo escenario, perpetuando una costumbre viciada donde la boletería, los palcos y las cortesías se reparten entre concejales y aliados políticos del poder de turno para mantener apoyos de bolsillo. Aunque la firma del contrato de esta vigencia corresponda a los trámites de una administración interina y su cancelación no sea jurídicamente sencilla, la Alcaldía actual no puede cruzar los brazos ni actuar como observadora pasiva. Tiene el deber inmediato de implementar controles estrictos para blindar el recaudo y evitar que la mayor festividad de la ciudad vuelva a convertirse en la caja menor de intereses privados.
Sin embargo, felicitar al contralor de Tunja, Félix Ramírez González, por hacer bien su tarea no debe confundirse con la complacencia. La Contraloría ha cumplido con detectar los hallazgos y compulsar las copias correspondientes a las instancias disciplinarias y penales. Pero la sociedad tunjana está hastiada de ver cómo los informes de auditoría se convierten en el clímax y al mismo tiempo en la sepultura del debate público. En esta ciudad nos devora una sed ancestral de justicia. Estamos cansados del espectáculo recurrente en el que se destapa un desfalco, los titulares de prensa arden durante tres días, los responsables siguen caminando tranquilos por la Plaza de Bolívar manteniendo sus contratos o reacomodándose en el siguiente periodo y los expedientes terminan atrapados en la polvareda del olvido institucional.
Aquí la tarea está a medias. La actuación del ente fiscalizador es apenas el primer peldaño de la escalera. Lo que la ciudadanía exige ahora es que la Fiscalía General de la Nación asuma con celeridad la investigación de los presuntos delitos perpetrados contra el tesoro municipal y determine las responsabilidades penales a las que haya lugar. Pero sobre todo, más allá de la fotogénica captura de un implicado o de un titular sobre medidas de aseguramiento, lo verdaderamente sustancial para la ciudad es que el dinero vuelva a las arcas públicas.
Tunja necesita ver que la institucionalidad no trabaja en vano. La Contraloría tiene la obligación y la facultad legal de impulsar hasta sus últimas consecuencias los juicios de responsabilidad fiscal para embargar, recuperar y restituir hasta el último peso que sea técnicamente posible rescatar de los más de quince mil millones de pesos comprometidos en la red vial y los miles de millones extraviados en el Aguinaldo Boyacense. No podemos permitir que el sacrificio técnico de un equipo auditor termine archivado como un simple insumo para la indignación informativa o para el sarcasmo popular. Si este informe no se traduce en sanciones penales efectivas y especialmente en el reintegro material del patrimonio expoliado, el mensaje que se le enviará a la comunidad será desolador: que en Tunja saquear el presupuesto es una conducta impune que apenas cuesta unos días de escándalo en los medios de comunicación. La justicia no se predica con la emisión de un documento; se demuestra recuperando lo que le pertenece a la gente.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
El 4 de octubre de 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron en La Civilización el programa que fundó al Partido Conservador Colombiano. No estaban simplemente inscribiendo una organización electoral, sino que. buscaban proveer de una identidad política a una nación que experimentaba sus primeras convulsiones. De esta manera la organización política nació como respuesta a un período de transformación y disputa sobre el rumbo que debía tomar la Nueva Granada, es decir buscando convertirse en un referente cohesionador.
Por lo anterior, en dicha publicación quedó planteado el acervo de valores que defendería y promovería, oponiendo el orden constitucional a la dictadura, la legalidad a las vías de hecho, la moral cristiana a la inmoralidad, la libertad racional a la opresión y la igualdad legal al privilegio aristocrático. Y en los primeros años de este siglo acogió en sus estatutos la Doctrina Social de la Iglesia, como guía orientadora para cumplir con su compromiso social y no para instrumentalizar políticamente la Religión Católica.
¿Qué queda de todo aquello 177 años después? La pregunta no pretende desconocer la historia ni el trabajo de quienes han militado en esta colectividad, ni ignorar que la política exige acuerdos, que las sociedades y sus problemas evolucionan y que ningún partido puede vivir permanentemente en oposición al gobierno de turno. Pero sí exige algo que para algunos puede sonar incómodo: preguntarnos dónde está hoy la identidad conservadora, mientras el país observa cómo otros sectores disputan el espacio que alguna vez le perteneció casi en exclusiva.
El Centro Democrático mantiene su propia trayectoria. Salvación Nacional busca espacio de nuevo. Defensores de la Patria acaba de obtener su personería jurídica y pretende articular una coalición que busca diferenciarse incluso del uribismo. ¿Y el Partido Conservador? Aquí aparece otra inquietud que tampoco se puede esquivar. La colectividad tuvo, durante el cuatrienio pasado, congresistas señalados por su cercanía con el gobierno Petro —el caso del senador Wadith Manzur, cuyo vínculo político con esa administración fue ampliamente reportado mientras enfrentaba un proceso judicial por el caso UNGRD, es apenas el más visible—. Pero tampoco sería justo decir que todo el partido fue petrista, tanto así que el 28 de julio de este año, por decisión unánime de sus bancadas, se declaró partido del Gobierno de Abelardo De La Espriella, invocando afinidades en la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la autoridad.
De cualquier manera, surge otra pregunta: ¿debe un partido histórico definirse por su cercanía con el gobierno de turno o por los valores que dice representar gobierne quien gobierne? No hago esta pregunta desde afuera. La hago desde quien llamó a la puerta de esa misma casa y, sin renunciar a ella, terminó construyendo una propuesta —Concordia Nacional— precisamente porque creyó que las ideas aportantes al bien común nacional debían pesar más que la cercanía al poder de turno.
El 4 de octubre no conmemora solamente una fecha. Conmemora una tradición que alguna vez creyó que los valores y las ideas fundantes debían estar por encima de los hombres y de las coyunturas. Por eso la pregunta no es si el Partido Conservador todavía existe. Existe, sin duda. La pregunta verdaderamente importante es: ¿para qué existe?
Si el conservatismo colombiano quiere seguir siendo una referencia política y no apenas una sigla disponible para la coalición de turno tendrá que volver a explicar qué significa ser conservador en la Colombia del siglo XXI: qué quiere conservar, qué está dispuesto a transformar y cuáles son los valores que no está dispuesto a negociar con nadie, ni siquiera con sus propios aliados.
La historia le dejó un nombre. El presente le exige, otra vez, un significado.
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐒𝐄 𝐲 𝐥𝐚 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
La capital boyacense registra novedades que le devuelven margen de maniobra a su red de atención hospitalaria. Para una ciudad habituada a convivir con la saturación de sus salas de urgencias y la incertidumbre en los servicios básicos, la reapertura de la atención de urgencias en la Clínica de los Andes IPS constituye una excelente noticia que debe recibirse con optimismo y evaluar en su justa proporción. Tras un periodo de poco más de medio año en el que la institución mantuvo sus puertas abiertas enfocándose de manera exclusiva en la atención particular y de medicina prepagada, la clínica retomó el servicio de urgencias a partir de este primero de octubre mediante un modelo condicionado que prioriza a los afiliados de Sura, Compensar, pólizas, particulares y la necesaria recepción de víctimas de accidentes de tránsito a través del SOAT.
Este retorno es el resultado directo de una reestructuración de viabilidad. Su gerente, Édgar Ortiz, explicó que durante la suspensión del servicio la entidad destinó sus recursos disponibles a la renovación integral de la sala de espera de urgencias y de sus pisos quinto y sexto. La decisión de limitar el acceso inicial a aquellas administradoras que garantizan el pago oportuno de los servicios (manteniendo conversaciones con entidades como Salud Total en la medida en que se formalicen acuerdos financieros) constituye una muestra de prudencia administrativa. La Clínica de los Andes comprendió que la única forma de salvaguardar un activo valioso para Tunja y sus municipios vecinos es proteger su equilibrio económico, toda vez que abrir puertas ante pagadores morosos conduce al colapso y a un eventual cierre que terminaría perjudicando a toda la comunidad.
A este avance se suma la transición hacia la etapa de dotación y habilitación en la torre hospitalaria de la ESE Santiago de Tunja. La entrega formal de la documentación técnica por parte de los contratistas al alcalde Rafael Acevedo Pedroza inicia la fase orientada a poner en funcionamiento nuevas áreas asistenciales. A pesar de que la infraestructura registra un avance físico del 73%, la destinación de 1.000 millones de pesos por cofinanciación municipal sumados a cerca de 750 millones gestionados para equipamiento permitirá incorporar 21 nuevas camas de hospitalización en dos pisos concluidos, incrementando la capacidad instalada a 42 plazas para la atención de la población local y de la Provincia Centro.
Frente a las necesidades de la ciudad, la escenografía de un corte de cinta en una estructura cuya ejecución es parcial resulta un detalle secundario de la gestión pública que no opaca lo sustancial: los pisos dos y tres se encuentran terminados en su parte física y el municipio incorpora una capacidad hospitalaria de la que antes carecía. Poco importa, por ahora, si las áreas administrativas de la primera planta o los auditorios del cuarto nivel se postergan para etapas subsiguientes, o si la consolidación del Hospital Metropolitano requiere de un horizonte proyectado a dieciocho meses. Lo verdaderamente valioso para la ciudadanía es que los espacios médicos existen y se están dotando mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
No obstante, la responsabilidad analítica exige examinar la viabilidad técnica y financiera de los servicios proyectados en dicha torre, de manera especial la intención de habilitar salas de partos y atención de ginecoobstetricia. Aunque la gerencia de la ESE, a cargo de Cenaida Pérez Cisneros, aguarda la entrega de la dotación correspondiente por parte de la Gobernación de Boyacá y gestiona ante el Ministerio de Salud la llegada de un tomógrafo, es imprescindible evaluar la sostenibilidad del modelo operativo. La salud pública atiende a un fin social irrenunciable, pero no puede gestionarse con ceguera administrativa, menos aún en una institución que ha sobrellevado pasivos históricos, retrasos en el pago de nóminas y tensiones de caja que han afectado su normal funcionamiento.
La atención ginecoobstétrica encierra una complejidad económica que raramente se desglosa en los discursos inaugurales. Para empezar, la prestación de este servicio se produce en un contexto demográfico signado por una reducción sostenida en la tasa de natalidad en el territorio. Suponer que la apertura de una maternidad generará de forma automática un flujo constante de facturación es ignorar la dinámica del sector. Para que un servicio de esta índole alcance el punto de equilibrio, la ESE tendría que competir activamente por la captación de gestantes de los municipios aledaños o lograr que el Hospital San Rafael le derive los partos de baja complejidad, reservándose este último la atención de alta especialidad.
A esa limitación en la demanda se suma la naturaleza impredecible del parto. La ginecoobstetricia es una de las especialidades asistenciales con mayor índice de riesgo, equiparable o superior a la cirugía plástica. No existe el parto de bajo riesgo exento de contingencias; una gestación evaluada como normal puede presentar complicaciones severas en sala de partos en cuestión de minutos, sin indicio ni antecedente previo. Esta volatilidad exige la disponibilidad permanente de un equipo profesional de elevado costo: ginecoobstetra, pediatra, anestesiólogo, médico general, enfermera jefe, auxiliares y personal de quirófano, sumado al consumo intensivo de insumos. Cuando el procedimiento discurre por vía natural sin complicaciones, la tarifa de liquidación fijada por las aseguradoras es baja y difícilmente compensa la pesada estructura de costos fijos que requiere mantener a dicho equipo en guardia. El servicio únicamente suele reportar márgenes considerables de rentabilidad cuando la intervención se realiza mediante cesárea, una alternativa que por estricta ética médica no puede convertirse en meta comercial ni en recurso para equilibrar los estados financieros de una empresa pública.
Más complejo resulta el panorama ante contingencias adversas. Si una complicación sobrevenida deriva en consecuencias fatales o en secuelas que los familiares atribuyan a la atención médica, las repercusiones para la entidad son severas. La ginecoobstetricia es una de las especialidades con mayor recurrencia de litigios judiciales. Encarar un proceso legal expone a la ESE a la eventualidad de fallos condenatorios de alta cuantía que comprometerían sus arcas, además de originar un desgaste reputacional, administrativo y de representación jurídica cuyos costos indirectos destruyen cualquier expectativa de equilibrio financiero. Si a ello se añade que la red municipal no dispone de Unidades de Cuidado Intensivo neonatal o materno para la atención de emergencias críticas, operar una sala de partos sin canales de derivación expeditos representa una apuesta de elevada vulnerabilidad.
En contraste con la incertidumbre económica de las salas de partos, la ESE Santiago de Tunja encontraría un escenario de mayor sostenibilidad en la destinación de áreas para pacientes de cuidado crónico en la nueva torre. La atención de esta población requiere un consumo predecible de insumos, exige un número proporcionado de profesionales por grupo de camas y asegura una tarifa de facturación constante que otorga estabilidad al flujo de caja de la entidad. La administración pública tiene la obligación de gestionar los recursos con criterio de viabilidad, analizando la demanda real del mercado antes de comprometer servicios de elevado costo, pues la capital boyacense exhibe antecedentes lamentables de infraestructura sin modelo operativo.
El ejemplo más evidente de esa falla en la planificación de infraestructuras con vocación médica es el de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte. Entregada a la ciudad a finales de 2023 con equipamiento especializado de tecnología avanzada, la instalación permanece inactiva, expuesta al deterioro del tiempo y la falta de uso. La propia Administración Municipal reconoció en el Concejo que Tunja carecía de la capacidad técnica y financiera para poner en funcionamiento dicho centro, al no disponer del presupuesto para contratar el personal altamente especializado que demanda el manejo de esa maquinaria. Se adquirió el equipamiento para el acto protocolario, pero se omitió el análisis de sostenibilidad para su funcionamiento, un patrón recurrente en la gestión pública donde las obras se entregan de forma tardía, se intentan operar sin margen y terminan relegadas por imposibilidad de mantenimiento.
Sin embargo, las limitaciones de la planeación municipal resultan menores al compararse con la conducta que la Gobernación de Boyacá ha mantenido en la administración de la red pública departamental. El contraste más agudo que enfrenta la ciudadanía no se halla en los reajustes de la ESE, sino en la prolongada retórica con la que la administración departamental ha manejado el proyecto de la antigua Clínica Saludcoop, rebautizada como Clínica María Josefa Canelones. Adquirida durante el primer periodo de gobierno de Carlos Amaya hace cerca de una década por un valor superior a los 25.000 millones de pesos, el mandatario anunció la obra como el centro asistencial donde nacería su primer hijo. Transcurridos varios años, el primogénito ha crecido y el Gobernador ejerce un nuevo mandato, mientras las instalaciones de la clínica continúan a puerta cerrada sin prestar servicio médico a la población.
La trayectoria de la Clínica María Josefa Canelones constituye una clara ilustración de los anuncios oficiales desprovistos de ejecución. Su reapertura ha sido prometida en repetidas oportunidades ante los medios de comunicación, generando expectativas que la realidad desmiente de forma sistemática. La ciudadanía es consciente de que la atención médica no se presta en los titulares de prensa y que al acudir a dicho inmueble la respuesta sigue siendo la inoperancia de sus instalaciones. Es imborrable el episodio en el que se convocó al entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien procedió a la lectura de un documento con cifras presupuestales desconectadas de la dinámica local, al tiempo que la Gobernación fijaba la puesta en marcha del centro para después de julio de 2026. Vencidos los plazos y transcurridos los meses, la edificación permanece sin funcionar, confirmando que la elocuencia de los discursos no sustituye la apertura de una sala de atención.
A este panorama se suma la propuesta para la edificación de una torre de alta complejidad en Tunja. Presentada como uno de los proyectos emblemáticos de la administración departamental, la obra registra hasta hoy un avance físico nulo. Pretender la consolidación de un complejo asistencial que demanda recursos superiores a los 100.000 millones de pesos, en una coyuntura de severa restricción en el gasto público por parte del Gobierno Nacional y en medio de un evidente distanciamiento político entre los niveles departamental y central, equivale a relegar la promesa al terreno de la especulación. Los compromisos enmarcados en los acuerdos regionales parecen destinados al archivo institucional, convirtiendo la anunciada torre en un diseño sobre el papel que difícilmente llegará a la fase de cimentación. La ciudadanía debe asumir con realismo que dicha propuesta no se concretará en el corto ni en el mediano plazo.
Frente al desgaste de las promesas de gran escala, los diseños conceptuales que no se materializan y las ejecuciones que solo existen en la oratoria oficial, la salud en Tunja requiere afirmarse en el pragmatismo. Los avances del sector privado en la Clínica de los Andes y la incorporación efectiva de camas en la red pública municipal poseen un valor incalculable para el ciudadano que requiere atención, infinitamente superior a los reiterados anuncios emitidos desde los despachos departamentales. Tunja debe respaldar la consolidación de su infraestructura local, exigiendo que la gestión de la salud se mida por la apertura real de sus servicios y la responsabilidad financiera de sus instituciones.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El ejercicio del periodismo libre en Boyacá se ha convertido en un terreno minado donde el talento, la disciplina y la audiencia comprobada no son méritos que el poder recompense, sino fallas imperdonables que se castigan con el veto presupuestal. Cuando un gobierno territorial decide utilizar la pauta oficial como una billetera personal para premiar el aplauso lisonjero y asfixiar a los medios independientes, no solo pisotea la libertad de prensa; condena a la ciudadanía a consumir la propaganda edulcorada de quien no tolera el control social.
En la Gobernación de Boyacá y sus entidades adscritas se ha vuelto costumbre escudarse en la figura de operadores privados e intermediarios para administrar los planes de medios. Una mampara burocrática supremamente conveniente para ejecutar la discriminación a puerta cerrada y pretender lavarse las manos. Tratar de excusarse en la supuesta "autonomía administrativa" de dependencias como la Lotería de Boyacá para justificar la exclusión arbitraria de este medio, o de cualquier otro que resulte incómodo, es un cinismo absoluto. Al gerente de la Lotería lo nombra el Gobernador, y las directrices de pauta se emiten desde el mismo escritorio de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo. Por allí pasan todas las decisiones; lo demás es pura retórica para disfrazar el favoritismo y la censura. Esta conducta vulnera flagrantemente el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información consignado en el Artículo 20 de la Constitución Política, quebranta el mandato de igualdad del Artículo 13 constitucional y desconoce los principios de transparencia y democratización del gasto público fijados en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias T-040 de 2013 y T-203 de 2022), que prohíben explícitamente el uso de la pauta estatal como mecanismo indirecto de censura o premio para premiar la docilidad editorial.
Esta embestida contra Periódico El Tunjano no es un hecho aislado ni una coincidencia fortuita; es la retaliación directa contra el periodismo de investigación que les ha puesto en evidencia el fiasco monumental de su gestión. A un año de culminar la presente administración departamental, la cacareada Política Pública de Periodismo no tiene un solo logro sustancial que mostrar, provocando un repudio generalizado entre los colegas que prefieren murmurar su descontento en charlas de cafetería antes que denunciarlo abiertamente por pánico a la censura y al veto presupuestal. Se convirtió en un cascarón vacío que apenas puede mostrar alianzas para descuentos ínfimos en la preparación profesional que luego es despreciada, en un escenario de opacidad donde se prefiere financiar estudios cuestionables con los amigos de la cúpula antes que construir un plan de medios objetivo, técnico y meritocrático. Incluso la plata de esa política pública termina engullida en capacitaciones fugaces y superficiales dictadas por operadores foráneos para legalizar desembolsos, gastándose el presupuesto de la propia dependencia en eventos vacíos que no dejan ningún legado real al gremio, mientras a la prensa seria se le niega la pauta para propiciar su asfixia.
Frente a esta opacidad, el gobierno de la llamada "Boyacá Grande" acude con devoción a las mediciones del Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos. Cada año, los funcionarios del Palacio de la Torre sacan pecho con los indicadores de esa encuesta para inflar el ego institucional y alardear en redes sociales. Sin embargo, detrás de esos listados se esconde una dinámica bien conocida en la política regional: un ranking de simpatías cruzadas entre dirigentes, donde los favores se pagan con menciones y las figuraciones responden más a relaciones de conveniencia que al rigor de la investigación social. Para tranquilidad mía, no es ese mi caso, pues si este servidor apareció destacado en esa medición como el segundo columnista más leído del departamento (posicionándose como el número uno entre los periodistas profesionales en ejercicio), no fue por una concesión benevolente con el poder, ni mucho menos producto de pagar para figurar allí, sino por la contundencia de un trabajo constante, que incluso se da el gusto de decirle las verdades en la cara al director de la firma y aun así figurar entre sus resultados.
De antemano les agradezco a los colegas y referentes del periodismo regional que me han felicitado con sinceridad por ese reconocimiento; su respeto vale mil veces más que la validación de una encuesta manipulable. Pido excusas si al descalificar ese ranking soné tosco, pero mis metas profesionales van más allá de un trofeo de papel: con apenas 36 años, formación académica de maestría y una carrera en ascenso, le apunto a los grandes reconocimientos del periodismo nacional mediante el rigor y la disciplina, que la pequeñez institucional de la “Boyacá Grande” me niega sistemáticamente.
Pero asumiendo la propia lógica oficial que otorga valor sagrado a dicho panel, la contradicción del gobierno departamental resulta escandalosa y descarada. ¿Cómo se explica que dentro de la "Boyacá Grande" los periodistas que figuran en el top de lo más leído del propio panel oficial sean los primeros en ser borrados del plan de medios de la Gobernación y la Lotería? ¿Cómo se entiende que profesionales con audiencias consolidadas, que madrugan de domingo a domingo a investigar y que tienen a la ciudadanía esperando sus análisis, sean apartados de la divulgación pública mientras se reparte la pauta entre portales fantasma y aplaudidores de turno? Ocurre con este medio y ocurre con reconocidos espacios de periodismo independientes como Última Hora Noticias, cuyo director también fue resaltado en este panel de opinión aunque en su versión de 2025, obteniendo como recompensa la exclusión de todo plan de medios contratado por la Gobernación de Boyacá a lo largo de 2026.
El reclamo de fondo no pasa por una pataleta ególatra ni por la exigencia caprichosa de una tajada presupuestal; no se trata de exigir un puesto por vanidad, sino de desmantelar la arquitectura de extorsión a la libertad de prensa instaurada en Boyacá. Estamos frente a una verdadera mafia de los planes de medios: una cueva de Alí Babá administrativa donde la pauta pública dejó de ser un instrumento de divulgación e información útil para convertirse en el botín de un roscograma burocrático y en la correa de transmisión de prestatarios funcionales al régimen. La vulneración sistemática del deber de selección objetiva y la transgresión de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) al usar fondos públicos para vetar la fiscalización periodística, sobrepasan la falta administrativa y se adentran en el terreno de las faltas disciplinarias y de la desviación de poder.
El rasero con el que la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo mide la “eficiencia”, colinda en el descaro y el cinismo. Si la pauta se asignara por métricas reales de audiencia e impacto en la ciudadanía, resultaría incomprensible marginar a noticieros de altísima sintonía regional como el anteriormente mencionado Última Hora Noticias, cuyo alcance matutino supera con creces al que logran las cadenas nacionales de radio en su programación para el departamento de Boyacá. Mientas la ciudadanía madruga a informarse masivamente con el periodismo independiente de Julio César Corredor Bernal o a consumir el análisis riguroso de Periódico El Tunjano, el gobierno departamental prefiere malgastar los recursos públicos en financiar su propio aparato de desinformación gubernamental, empezando por una emisora dedicada a la autocomplacencia institucional: un espacio convertido en bodega oficial con dos personas conectadas a sus transmisiones (posiblemente sus mismos realizadores en labores de monitoreo) alabando la “gestión” del Gobernador, obviamente pagos con dinero de los contribuyentes, y quienes tienen tajantemente prohibido publicar media línea que cuestione al gobierno departamental. El sueño de la administración es que toda la prensa camine enrollada como su aparato de desinformación, pero la ciudadanía no es tonta ni come vidrio, por lo que su propaganda servil está condenada a ser ignorada.
Esa alergia a la verdad y ese talante mañoso de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo no son asuntos nuevos; quedaron retratados con nitidez tras la publicación del Índice de Competitividad Departamental en 2025. Tras revisar minuciosamente la caracterización estadística renglón por renglón con rigor técnico, este servidor detectó que el boletín distribuido por la Gobernación mentía abiertamente al afirmar que Boyacá figuraba como el departamento más destacado (http://sedboyaca.gov.co/.../boyaca-sigue-en-el-primer.../
), alterando la realidad del informe (https://repository.urosario.edu.co/.../80d88f81-6e6c-4f60...
). A pesar de advertir formalmente la imprecisión a la cabeza de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo y ofrecerle sin costo un artículo noticioso ajustado a la realidad, la respuesta fue el silencio, el rechazo a la corrección y la insistencia en el engaño.
Semejante patrón de manipulación no es casual: al gobernador Carlos Amaya le irrita el periodismo independiente porque le recuerda un historial de promesas incumplidas. Así como ocurre, por ejemplo, con la pavimentación de la vía Tenza-Sutatenza, un compromiso anunciado públicamente hace siete años durante su primer mandato de la mano del entonces alcalde de Tenza, Jhon Alexander López (hoy diputado y ferviente paladín del Partido Verde), obra que jamás ejecutaron y sobre la cual apenas vinieron a expedir un decreto en junio de 2026 para intentar agilizar trámites administrativos tras casi una década de abandono. Ante el deterioro vertiginoso de la carretera, la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo prefirió armarle un video propagandístico para redes sociales haciendo uso de un helicóptero junto a potenciales inversionistas extranjeros, buscando disimular en el aire la vergüenza de no poder transitar esta zona por tierra. A este teatro mediático se suma la conducta indolente con la que la administración departamental busca manipular la conversación pública para silenciar las críticas por sus descalabros: en lugar de explicarle con transparencia a los ciudadanos por qué se cayó Puente Triunfo durante su construcción (obra que dejó siete trabajadores lesionados, varios con graves afectaciones de la columna y cuyos retrasos acrecentaron el costo para el erario), el gobierno prefiere despilfarrar el dinero de los contribuyentes contratando un show musical con su artista de cabecera y de nunca agotar: 'Heredero', buscando distraer la atención general y tapar la incompetencia con circo presupuestado.
Aquí queda al descubierto la inmensa farsa de la narrativa oficial. La "Boyacá Grande" que pregonan en discursos pomposos es en realidad una gestión chiquita, mezquina y miedosa, incapaz de medirse en el terreno del debate democrático. Para el gobierno departamental, hacer periodismo "en grande" no significa investigar, fiscalizar o cuestionar los contratos públicos; para ellos, el buen periodismo es el que se limita a publicar fotos de los viajes oficiales, celebrar los cumpleaños del mandatario con abrazos posados y encender la bodega verde en redes sociales para que un séquito de arrastrados salga a dejar 'likes' obligados a cambio de un contrato de prestación de servicios. A la cúpula de la administración le arde que un periodista con formación profesional, maestría universitaria, una década de trayectoria ininterrumpida y récord de cero condenas o rectificaciones judiciales los confronte con datos, exponiendo la incompetencia de una oficina de prensa inflada que, con decenas de integrantes, no produce más volumen noticioso que este medio independiente.
A este servidor no le trasnochan los trofeos de papel ni las figuraciones en encuestas endogámicas, a diferencia del acomplejado que cree estar gobernando bien. El reconocimiento real no se negocia en los escritorios del poder ni se compra con lisonjas; se gana en la calle, con la credibilidad de la gente y con el rigor técnico de quien no empeña su postura por un plan de medios. A la Directora de Comunicaciones de la Gobernación se le olvida que los recursos que administra no salen de la billetera del mandatario ni son la caja menor de su despacho; son dineros públicos que le pertenecen a los contribuyentes boyacenses y que deben distribuirse bajo principios de equidad, alcance comprobado y pedagogía ciudadana. Si el gobierno cree que condicionando la entrega de la pauta logrará el silencio o el acostumbrado lametazo de suelas, puede quedarse esperando: la pauta no es del Gobernador y no nos vamos a arrodillar.
El verdadero impacto de esta política pútrida y represiva de la "Boyacá Grande" con el periodismo no es solo la exclusión de este medio; es la asfixia económica sistemática contra el ecosistema informativo independiente, al punto de que hoy varios directores y propietarios de medios respetables en el departamento consideran seriamente cerrar sus empresas y abandonar el oficio. Ese es el nefasto legado de Carlos Amaya: ahogar a quienes trabajan con dignidad para que solo sobreviva su red de bodegas y prestatarios. Por eso se hace imperativo que el Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella fije la mirada en Boyacá y evalúe lo que ocurre en las regiones. Más allá de las tensiones políticas entre la Casa de Nariño y el Palacio de la Torre, la gestión de Carlos Amaya camina en contravía de la narrativa del mérito que la Presidencia dice promover, demostrando que en Boyacá el mérito técnico no vale nada y lo único que se premia es el aplauso condicionado y el clientelismo. A mis colegas los invito a resistir y a no ceder ante la intimidación; si nos doblegamos, le regalaremos el monopolio de la verdad a un régimen que aborrece la fiscalización. Eso es lo que pretenden.
Frente a su censura en grande, su constreñimiento en grande y su desfachatez en grande, no daremos un solo paso atrás. Prefiero cerrar las puertas de este medio antes que arrodillarme a lamer su sobaco bajo la ruana por un contrato de pauta. No le daré el gusto a la mediocridad oficial de ver retirado a Periódico El Tunjano. Daremos la pelea en las calles, en las páginas de este medio, en los estrados judiciales y en el frente cibernético, donde ya ha quedado en evidencia cómo acuden al sabotaje digital incluso contra los primeros en la lisonja en cuanto coquetean fuera de la secta verde. Resistiremos hasta las últimas consecuencias, porque la dignidad del periodismo no tiene precio y la verdad no se empeña ante ningún dictadorzuelo de turno.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Hay preguntas que parecen un chiste hasta que uno empieza a juntar los hechos. Y esta nace de algo que podríamos llamar, usando uno de los recursos favoritos del Gobernador, el realismo mágico de los anuncios de Carlos Amaya.
Esta semana, su equipo de prensa mostró un sobrevuelo por el Valle de Tenza junto a empresarios y representantes del Gobierno de Canarias para promocionar la región como destino turístico. Muy estratégico, lo hizo en helicóptero, porque desde el aire todo luce distinto.
Y nadie puede negar que el Valle de Tenza es hermoso. El problema es que, para que los turistas lleguen hasta allá por tierra, hacen falta vías. Y eso fue precisamente lo que la comunidad hizo evidente en los comentarios de las redes sociales, donde reclamó por los anuncios, promesas y compromisos que durante más de 12 años se han hecho para mejorar la movilidad de la región, pero que no han llegado. Entre ellos, la pavimentación de la vía Tenza–Sutatenza, un proyecto anunciado hace más de siete años y que todavía no se convierte en la realidad que sus habitantes esperan.
Ahora, también nos quedó faltando saber cuántos proyectos quedarán estructurados, cuántos prestadores serán fortalecidos, qué inversiones llegarán y qué resultados podrán medirse dentro de uno, dos o cinco años como consecuencia de la visita de los canarios.
Porque lo de vivir en las nubes no es nuevo. Tampoco lo es hacer anuncios que, cuando menos, resultan extraños.
Hace poco más de un año también nos contaron que, después de un viaje a Dubái en el que participaron el Gobernador y el presidente Gustavo Petro, se habían adelantado gestiones para que la chirimoya de Chiscas llegara a Emiratos Árabes y, eventualmente, a la India.
Hoy, más de 12 meses después, parece que aquello terminó siendo poco más que una justificación de la agenda de los dos mandatarios al otro lado del mundo.
Hay datos que muestran que en 2023 se produjeron 742 toneladas de chirimoya en Boyacá, 600 de ellas en Chiscas, mientras otras fuentes describen una disminución histórica de la producción y una escasa disponibilidad local. Es decir, que aun si hoy quisiéramos cumplir con esos compromisos de exportación, la pregunta sería si realmente tenemos la capacidad productiva para hacerlo.
Turismo internacional, exportaciones y un Boyacá proyectado al mundo, suena maravilloso. Pero cuando uno se baja del helicóptero, o de la nube, como dirían los abuelos, el ‘totazo’ puede sentirse bien duro. Aquí es claro que se está haciendo costumbre que el show supere la realidad y que las mentiras lleguen como pan de cada día, aparentemente para justificar millonarios gastos públicos.
Aunque duele y aburre más, que crean que los boyacenses somos tan ingenuos que después de una década de lo mismo vamos a seguir cayendo ante las superproducciones audiovisuales que solo emiten humo verde y que, muchas veces, terminan siendo replicadas, desde el miedo, sin mayores preguntas ni cuestionamientos.
No tenemos la respuesta sobre qué llegará más rápido. Pero lo que sí queremos pedir, por vida suyita, que lo que no siga volando sean las mentiras.
P. D.: Y como parece que el vehículo personal del Gobernador es el helicóptero —quizás también para evitar las trochas que todavía no ha arreglado—, ya presentamos un derecho de petición para satisfacer una curiosidad muy sencilla: ¿para qué se ha utilizado y cuánto nos ha costado a los boyacenses?
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