𝐔𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢́𝐚
𝑨 𝒍𝒐𝒔 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐:
Desde la sala de redacción del Periódico El Tunjano, nos dirigimos a ustedes no con la pretensión de dar instrucciones sobre el rigor jurídico que su investidura representa, sino con la urgencia de quien observa, desde el epicentro del caos, cómo la demora administrativa se convierte en el oxígeno de una tiranía en miniatura.
Tunja no aguanta un minuto más de incertidumbre. La nulidad de la elección de Mikhail Krasnov es un hecho juzgado, una realidad jurídica que el mandatario ha intentado sepultar bajo una montaña de recursos dilatorios que ustedes mismos han calificado de improcedentes. Sin embargo, mientras el papel oficial no llegue al escritorio del Gobernador de Boyacá, la ciudad sigue siendo rehén de un hombre que, en la práctica, ha dejado de ser alcalde pero se niega a soltar las llaves de la casa.
Lo que hemos presenciado en los últimos días no es la transición ordenada de una democracia, sino un espectáculo de abuso de poder y manipulación del erario que raya en lo criminal. Observamos con estupor cómo se instrumentaliza la necesidad de los funcionarios, convocándolos a "cacerolazos" de respaldo bajo una narrativa de gratitud por el puesto otorgado, como si el servicio público fuera una dádiva personal y no un compromiso institucional pagado por todos los tunjanos.
La gravedad de la situación escaló por las calles de nuestro Centro Histórico. Resulta inadmisible que, bajo el amparo de una supuesta "marcha pacífica", se permitiera el ingreso de vehículos de carga pesada a zonas prohibidas por ley, ante una sospechosa e institucionalizada ausencia de los agentes de tránsito del municipio, que no aparecieron para impedir la infracción ni para sancionar al conductor por su imprudente conducta. Las amenazas a los concejales por parte de quienes tripulaban estas tractomulas, convertidas en vallas publicitarias móviles de respaldo al alcalde saliente, son el síntoma inequívoco de una administración que ya no gobierna, sino que amedrenta por omisión o complicidad.
Esta redacción ha tenido acceso a evidencias que confirman cómo se movió la maquinaria: capturas de pantalla de grupos de WhatsApp donde se condiciona la lealtad de los funcionarios a su asistencia al cacerolazo y reportes ciudadanos de perifoneo contratado en los barrios para agitar a las masas. Ante estos hechos, la pregunta es obligada: ¿Quién pagó esta logística? Si el dinero salió del erario, estamos ante un peculado descarado; si provino de manos particulares, la afrenta ética es aún más profunda, pues obliga a cuestionar qué intereses oscuros están comprando favores en una administración que ya tiene fecha de vencimiento.
Financiar el sostenimiento artificial de un poder anulado no es un acto de respaldo político, es una inversión con factura de cobro futura. Mientras estos recursos se malgastaban para inflar una asistencia que cuando mucho alcanzó las 80 personas, Krasnov ha pretendido burlar el impacto de su salida con unas vacaciones calculadas, mientras sigue usurpando espacios en actos oficiales que ya no le corresponden. Es un desafío cínico a la institucionalidad que la ciudad no puede seguir costeando mientras espera que el papeleo administrativo se ponga al día con la realidad judicial.
Señores Magistrados, el debido proceso es sagrado, pero la justicia que se demora es, en sí misma, una forma de injusticia. Tunja está sumida en una parálisis administrativa donde los procesos se detienen y el presupuesto se gasta en la defensa de una causa perdida. No permitan que la falta de una notificación oficial siga siendo el escudo de quien ha decidido burlarse de la ley hasta el último segundo.
Los tunjanos exigimos celeridad. No por un bando político, sino por el respeto a la dignidad de una capital que merece despertar de esta pesadilla de egocentrismo y mala administración. El tiempo de la política ya pasó; es la hora de la justicia.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tunja es una ciudad que se alimenta de sueños académicos pero se atraganta con una realidad laboral estancada en la burocracia. Los datos más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral del DANE son demoledores: somos la capital con la mayor dependencia del empleo estatal en Colombia, con un 14,16% de los ocupados vinculados a la nómina oficial. Mientras en metrópolis como Medellín o Cali el peso del Estado es marginal, aquí catorce de cada cien trabajadores dependen de un cheque firmado por el sector público.
Esta "hiperdependencia" no solo nos hace vulnerables a los vaivenes políticos y a los ciclos de contratación, sino que evidencia una alarmante ausencia de empresa privada. La desproporción es técnica y cruda cuando nos comparamos con ciudades de perfil administrativo similar. Pasto, por ejemplo, tiene casi la misma cantidad de empleados oficiales que Tunja (alrededor de 11.000), pero como su mercado laboral es mucho más robusto, esos burócratas representan apenas el 6,78% de sus trabajadores. En nuestra capital, ese mismo número de funcionarios pesa más del doble en la torta laboral.
El panorama es desalentador incluso frente a ciudades históricamente golpeadas por el desempleo. Lideramos un grupo de capitales junto a Quibdó y Florencia donde el sector privado no ha logrado despegar, pero con el agravante de que Tunja posee una densidad institucional de educación superior envidiable. Somos una "ciudad estudiantil" que fabrica profesionales para un mercado que no existe, condenando al conocimiento más fresco y actualizado al rincón de la frustración.
En este contexto, se nos intenta vender un consuelo estadístico: que Tunja es la tercera ciudad con menor informalidad del país, con un 35,7%. Sin embargo, ese dato es un espejismo en un país que vive del rebusque. Estar en el podio junto a Bogotá y Manizales no significa que estemos bien; significa que en un país de informales, nosotros simplemente estamos un poco menos mal. Para alguien sensato, la tasa de subocupación no es más que una forma elegante de camuflar el hambre bajo un tecnicismo contable.
Ante este escenario, resulta indispensable evaluar mecanismos que estimulen la creación de tejido empresarial desde la base académica. No se trata de asistencialismo, sino de una política de supervivencia económica, una tregua de paz fiscal de cinco años para los recién egresados que decidan emprender. La propuesta es clara: exención total de impuestos y registros mercantiles por un lustro para aquel graduado que decida apostarle a su propia idea de negocio.
La lógica de esta medida radica en la vigencia del conocimiento. No es lo mismo el saber que una persona adquirió hace quince años a la actualización técnica que posee un recién graduado hoy. Ese valor agregado se está desperdiciando porque el sistema está diseñado para cobrar antes de que el negocio abra la puerta. Es absurdo que el municipio asfixie con cargas operativas a quien intenta generar su propio sustento, obligando a profesionales con maestría a refugiarse en la prestación de servicios de transporte a través de aplicaciones.
Para que una política así sea viable y no se convierta en un vehículo de evasión, debería existir un rigor absoluto y un blindaje técnico. El beneficio solo debe aplicar para quienes demuestren su grado reciente y actúen como socios mayoritarios (con más del 51% de la participación) en empresas cuyo objeto social coincida con su formación profesional. Así se evitaría el fenómeno de la "interpuesta persona", impidiendo que empresarios consolidados utilicen a recién graduados como fachada para eludir sus obligaciones fiscales. Se trata de premiar el talento, no de abrir boquetes al recaudo.
Soy consciente de los reparos sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No obstante, el impacto fiscal para la ciudad sería marginal. No estamos hablando de renunciar a un recaudo existente, sino de una inversión de recaudo diferido: sacrificar el ICA de hoy (que de todos modos no entraría porque esas empresas no logran nacer) para garantizar un contribuyente sólido y formalizado a partir del sexto año. Es preferible que el municipio deje de recaudar unos pesos hoy para frenar la fuga de cerebros que actualmente desangra a Tunja.
Históricamente, la educación en Colombia ha evolucionado de forma desigual con el mercado. En los años 60, un título de bachiller abría todas las puertas. Hacia los años 2000, el valor agregado lo daba el título profesional. Hoy, en una ciudad con nuestra densidad académica, el cartón universitario es el estándar mínimo, pero el mercado laboral sigue estancado en la oferta de hace tres décadas. El desfase es absoluto y la única salida es que el profesional sea su propio empleador mediante una suerte de "zona económica especial" a escala local.
Este periodo de gracia de cinco años actuaría como un laboratorio de formalización necesario. Permitiría medir qué tanto impacto tiene la reducción de costos operativos en la creación de empresas reales y si ese estímulo realmente rompe la inercia del desempleo, que en Tunja ya roza el 11,9%. Si el experimento no genera nuevos negocios, la política se ajusta; pero seguir administrando la escasez bajo las reglas actuales es, sencillamente, una condena al fracaso.
Tunja no puede seguir siendo esa vitrina de diplomas que se empolvan mientras la nómina pública sigue siendo la única esperanza de supervivencia. El desafío para la administración local no es solo manejar la nómina del 14%, sino crear las condiciones para que el restante 86% tenga un sector privado donde crecer. La paz fiscal es la herramienta para que emprender deje de ser un acto de fe suicida y se convierta en el motor de una Tunja productiva.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Hoy vamos a jugar a hacernos los sorprendidos mientras recopilamos hechos que, en Boyacá, dejaron de escandalizar. Se trata de una serie de situaciones relacionadas con la actuación del Gobierno Departamental y del gobernador Carlos Amaya.
Empecemos: según reportes ciudadanos y actos administrativos, cerca del 80% de funcionarios que salieron del gobierno departamental para participar en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo —situación reconocida públicamente por el propio mandatario— ya regresaron a sus cargos. Durante ese periodo, algunos habrían contactado a contratistas para orientar apoyos electorales hacia candidatos del Partido Verde, tanto en elecciones parlamentarias como en el Consejo Superior de la UPTC.
Entre estos reingresos hay casos en entidades como Corpoboyacá, donde, según se afirma, estas personas habrían solicitado respaldo para Ramiro Barragán y Alejandro Piña. Esta situación, aunque en teoría no necesariamente constituiría una irregularidad, sí deja preguntas de fondo: ¿La administración pública en Boyacá está tan “sobrada” que puede pausarse para hacer campaña y luego reactivarse sin consecuencias? Si esos cargos pudieron quedar vacíos durante semanas, ¿eran realmente indispensables? Y, si no podían quedar vacíos, ¿quién garantizó la continuidad del Estado?
Pero no es un hecho aislado. Son conductas que hacen parte de un patrón más amplio que incluye reuniones con alcaldes, compromisos en escenarios institucionales, denuncias de presión a contratistas y otros episodios ya advertidos. Además de un hecho que hoy cobra mayor relevancia: la mesa de diálogo con campesinos de páramo, un espacio que exigía rigor institucional y en el que el Gobernador intervino con un mensaje político explícito, dando a entender que se ubicaría “del lado izquierdo de la historia actual” y advirtiendo que un eventual gobierno de derecha implicaría “represión”.
Con razón o no, utilizó su posición, su visibilidad y su investidura para emitir un mensaje que puede interpretarse como una orientación o manipulación política en un escenario institucional, lo que generó la reacción inmediata de la procuradora ambiental de Boyacá, Alicia López Alfonso, quien pidió evitar referencias partidistas en ese espacio.
La respuesta del Gobernador fue algo que no se esperaría por simple decencia o respeto a la autoridad: “no aceptaría que le indicaran qué podía o no decir”. Increíble, no tanto.
Esa escena resume lo que ocurre. Los llamados de atención no generan efecto, no sonrojan, no presionan, no asustan. La institucionalidad advierte, pero no corrige. Se instala así la percepción de que no habrá consecuencias, de que los límites existen, pero no operan.
Acto seguido, lejos de moderar su actuación y pese a ese llamado, el Gobernador se reunió con congresistas electos del sector “Verde Esperanza”. Lo que podría presentarse como gestión coincidió con un hecho revelador y fue que casi al mismo tiempo, en medios nacionales comenzó a circular su nombre, el de Amaya, como posible candidato presidencial en 2030. En política, estas coincidencias rara vez son casuales. Quienes conocen el funcionamiento de estos escenarios saben que suelen responder a estrategias de posicionamiento electoral.
Además, cuando fue consultado por medios locales, el mandatario delegó la respuesta en su hermano, el senador John Amaya, como si se tratara de un asunto familiar, en donde simplemente se delegan papeles usando, quizás, solo quizás, el erario público.
A estas alturas ya no sabemos y casi que perdimos la esperanza en reconocer ¿Quién controla la participación política de los funcionarios y si realmente la controlan? ¿Dónde están los límites reales entre gobernar y hacer campaña? ¿Hasta cuándo se administrará lo público con lógica electoral?
Porque el problema ya no es solo lo que ocurre, sino la tranquilidad con la que ocurre.
𝑷𝒐𝒓: 𝒀𝒆𝒔𝒊𝒅 𝑭𝒊𝒈𝒖𝒆𝒓𝒐𝒂 𝑮𝒂𝒓𝒄𝒊́𝒂
Finalmente, el “Ruso Alcalde” de Tunja debe irse del cargo. Si hay algo que reconocerle es su conocimiento de la idiosincrasia boyacense porque se acomodó, perfectamente, a ella. Sí, un desconocido se hizo al cargo de la capital boyacense valiéndose de las mañas comunes de cualquier político tradicional. Y es que esta historia tiene un comienzo… para que el ruso llegara a ser alcalde y conociera cómo funciona la movida política, lo aprendió estando varios años “viviendo de gorra” en la UPTC. Lo que por agua viene por agua se va, lo que por la UPTC vino, por la UPTC se va.
El ruso, como lo reconoce públicamente, y como se cuenta en muchas notas de prensa, y hasta en Wikipedia donde ya tiene página; llegó a Colombia para hacer un intercambio en la UPTC. Dice que por un convenio entre la UPTC y la Universidad Humboldt de Berlín.
Pues el ruso encontró el exotismo que todos los extranjeros encuentran en nuestras ciudades latinoamericanas. Hay famosos con cuentas en redes sociales donde los extranjeros se quedan en países de América Latina y comparten las historias exóticas para obtener seguidores y monetizar, aparte de vivir más barato; explotan comercialmente las culturas locales y usufructúan algo que les genera dinero para vivir mejor de lo que viven en sus países, donde seguramente, son completamente desconocidos.
Solo hasta cuando se aburren y se van a explotar otro país (https://www.reddit.com/.../zach_morris_el_gringo.../), o hasta que, a fuerza obtienen la nacionalidad (https://www.infobae.com/.../dominic-fabian-creador-de.../) casándose con una colombiana. Pues el ruso en muchas de sus fiestas universitarias alardeaba de haber pagado apenas dos millones de pesos a una colombiana para que se casara y así obtener la residencia permanente y luego la ciudadanía. Es más, aconsejaba a otros extranjeros que llegaban a la universidad y a Tunja, que si querían quedarse, deberían hacer lo mismo.
Y como pasa en muchas instituciones del país, se asume que por ser extranjero puede enseñar la lengua, no se le exige un certificado de lengua, ni títulos. En la hoja de vida de la función publica (https://www1.funcionpublica.gov.co/.../S4560741-1210-4
), no certifica nada de eso, es más, no aparece su experiencia en la UPTC, por obvias razones, quería borrar la historia que lo vinculaba al contrato que lo hizo salir del cargo y por el que estaba inhabilitado para hacer campaña a la alcaldía.
Como cuentan las historias (https://redmas.com.co/.../La-historia-de-como-llego-a...), luego del intercambio volvió y se quedó como profesor de la Uptc. Profesor de lenguas, enseñaba alemán en el Instituto Internacional de Idiomas. Nunca validaron sus títulos ni se preguntaron si estaba habilitado para ser profesor de lengua extranjera. Con el paso se le convirtió en un problema a las directivas del Instituto Internacional de Idiomas y a la Oficina de Relaciones Internacionales. Esta historia nadie la cuenta, porque, además, se relaciona con el uso abusivo y corrupto que les dan a las casas de este barrio que pocos saben que existen dentro de la UPTC.
A Krasnov se le asignó una casa en el conjunto de casas de la UPTC que se llama La Colina, estas se ubican en la entrada a la universidad que queda por la vía que va hacia Arcabuco y Moniquirá. El ruso nunca quiso abandonar la casa, y no sabían qué hacer porque aprendió las mañas. Él sabía que en esas casas vivían algunos profesores que pagaban un salario mínimo por el arriendo. Cada vez viven menos, solo quedan algunos con casas allí. Pero eso era solo para los profesores de planta, pero el ruso se acomodó allí y no quería salir. Ni el Instituto Internacional de Idiomas, ni la oficina de Relaciones Internacionales dieron a conocer esto al público, ni a las directivas de la universidad. Krasnov vivió gratis muchos años en la casa 1 de la Colina, casa que tiene una reciente historia que al final se contará.
La oficina de relaciones internacionales de la UPTC cuando llegaba alguien de visita asignaba estas casas a estudiantes y profesores visitantes, internacionales, dicen que para eso fueron creadas. Pero el ruso se acomodó allí y solo salió por la pandemia del Covid en 2021. Krasnov trajo una ciudadana de su país a vivir allí, en medio de la pandemia tuvieron una hija. La mujer no hablaba español, no salía mucho, y la situación se le volvió compleja. Cuando ya se pudo viajar, en medio de la contingencia sanitaria, el ruso se fue para su país con aquella mujer y su hija, nacida en Tunja. Esta fue la única forma en que entregó la casa, movido por el encierro y por la urgencia de devolver a la mujer a Rusia y llevar a su hija con ella. Cuando pasó la pandemia ya no encontró la casa a su disposición, inmueble que utilizaba como de su propiedad y en la que no permitía que nadie más llegara. Algunas veces la Oficina de Relaciones Internacionales ubicaba allí extranjeros, pero Krasnov no permitía usar ni los muebles ni utensilios que eran de propiedad de la universidad, literalmente, los aburría para quedarse él solo.
Con la comodidad de vivir gratis, pues la casa se le asignó como condición del intercambio, prolongó esto y no se sabe si pagaba la exigencia que se le hacía a profesores de planta de pagar un salario mínimo mensual por el arriendo; además, en la Oficina de Bienestar Universitario de la UPTC, explican que esto solo era para profesores de planta, Krasnov nunca lo fue.
Esta casa le permitió acomodarse en Tunja, vivir tranquilo, entender la idiosincrasia boyacense, hacerse amigo de los estudiantes con los que salía de rumba, uno de ellos llegando a ser su secretario de infraestructura, y otros, a los que olvidó cuando empezó a andar en camionetas blindadas y con escoltas. Allí fraguó ser alcalde de Tunja entendiendo que el voto de opinión, en Tunja, sobresale. Recordemos que acá fue el único lugar donde le ganó Antanas Mockus a Juan Manuel Santos (https://www.lasillavacia.com/.../la-ola-era-naranja.../
) en las elecciones presidenciales de 2010. Tunja también ha sido una de las que más ha marcado el voto en blanco (https://razonpublica.com/votos-en-blanco-en-las-pasadas.../
). El ruso entendió esto, comprendió que, a veces, Tunja se comporta contrario a su espíritu conservador. Ejerció campaña nombrándose “profe”, pero no lo era, era un permanente contratista de la UPTC, como lo demuestra el contrato que lo inhabilitaba y que lo sacó de la alcaldía.
El contrato en mención era para hacer traducciones y corrección de estilo en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía. Como es sabido, en los pasillos y escritorios de la UPTC, estos contratos muchas veces se hacen “para sacar” la plata de la universidad. Se busca a alguien que preste el nombre para hacer el trámite, no se sabe si este es el caso del contrato del ruso, porque no era, ni es, un traductor certificado, de eso da cuenta su hoja de vida, tampoco un corrector de estilo.
La UPTC le dio a Krasnov la visión para ser alcalde. La corrupción que pulula allí y la burocracia le enseñaron que podía ser alcalde. Se hizo llamar “el profe ruso”, luego se acercó a los liberales, se le vio en la campaña con Rodrigo Rojas en aquellas épocas. Luego, haciéndose ver independiente, recibió el apoyo del partido de Roy Barreras, que ahora debe nombrar su reemplazo mientras se dan las elecciones atípicas. Lo que por agua viene por agua se va, un contrato por solo ocho millones, que le dio la UPTC, le quita la Alcaldía.
Y para hablar de las casas de La Colina de la UPTC, hay que decir que la que ocupaba el ruso hoy la ocupa el Vicerrector Administrativo de la Uptc. Luego de que Krasnov se fue, la remodelaron como remodelaron la casa 4 del Bloque 7 y se la asignaron al rector, casa que usaba antes Bienestar Universitario para los talleres de teatro, o que usaba Relaciones Internacionales para alojar visitantes. Dicen que uno vive en Cómbita y el otro en Sogamoso. Habrá que preguntar si las camionetas que ellos mismos se asignan y los viáticos que cobran no les alcanza para moverse, o si es tanto el trabajo que necesitan un hogar cerca al trabajo que los focalice con la causa. ¿El Consejo Superior sabrá que ellos usan estas casas? ¿Pagarán arriendo por el uso de estas como lo hacen los pocos profesores de planta que aún viven allí? Pues las casas del barrio La Colina generaron un alcalde para Tunja, quien sabe si de allí salga también el próximo rector de esta universidad ya que, junto con las atípicas para reemplazar a Krasnov, hay también elecciones de rector este año allí.
𝑃𝑜𝑟: 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐴. 𝑉𝑒𝑙𝑎́𝑠𝑞𝑢𝑒𝑧-𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑙(𝑟) 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒́𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
El promedio de las encuestas disponibles ubica a tres candidaturas con opción real de competir por la primera magistratura. Pero a estas alturas del debate con desasosiego vemos que estamos inmersos en un túnel oscuro, puesto que ninguna de esas candidaturas tiene la capacidad de irradiar luz de esperanza.
Estamos a 55 días de que baje el telón del espectáculo mediático más divisivo de nuestra historia. Hemos entrado en un período donde, con cálculos discursivos, Cepeda dirá que no es tan de izquierda, Valencia dirá que está en el centro y De la Espriella que no es tan extremista. ¿Creíbles? no nos llamemos a engaños; lo que se avizora en el horizonte no es una festiva transición democrática, es la metástasis de nuestra propia incertidumbre. Colombia no va hacia unas elecciones, va hacia una colisión de trenes en la que el ciudadano de a pie es el único damnificado.
Si la izquierda repite bajo la figura de Cepeda, presenciaremos la institucionalización del "Estado en la Sombra" en las regiones marginadas donde Francia Márquez, liderando “los nadies” seguirá esperando el “vivir sabroso”. Petro dirá que, al salir del poder sí lo dejarán cumplir; entonces dictará el destino nacional a través de un ejecutor que no le levantará la voz. Sería el triunfo de un progresismo de fachada que utiliza a “los nadies” como combustible para perseguir disidentes. Con Cepeda vendría una purga ideológica vestida de "justicia social aplazada", donde el disenso sería tratado como traición a la patria y la violencia política se mudará a los teclados y a los estrados.
Ahora bien, si la respuesta al mesianismo de izquierda es la intransigencia cerril de derecha, el panorama es igualmente incendiario. Una presidencia de Paloma Valencia – cargando los pendientes judiciales de su “papá Uribe”- o del histrionismo de De la Espriella y su oscuro criterio ético, no traerán orden sino revancha. Con ellos, la polarización pugnaz alcanzará su punto de ignición. La gobernabilidad será atascada por la izquierda, encabezada por Petro – también con pendientes judiciales – y su democracia de la calle apoyando las posturas de un Cepeda liderando la oposición en el Congreso. Veríamos una guerra de trincheras legislativa y un revanchismo que buscará desmantelar todo lo que huela al gobierno anterior. En fin, con cualquiera de esa derecha en la presidencia, la discordia será el único programa de gobierno.
¿Y el centro? Pese a la buena voluntad de Fajardo, ese fantasma de la "remota posibilidad" solo servirá para que Petro se autodenomine el único dueño de la verdad. Para su dogma, cualquier matiz es "uribismo disfrazado". La narrativa está escrita: si no es él o su ungido, el sistema es corrupto.
¿Se viene una guerra civil? La respuesta es que no hemos salido de ella, pero ahora se libra en el terreno de la dignidad instrumentalizada. Independientemente de quién gane entre dichos bandos, Colombia estará condenada a una guerra judicial permanente aupada por lenguas afiladas. Vendrá la pugna por una Constituyente impuesta a la fuerza o por decreto, porque para el mesianismo político —de lado y lado— la ley solo es válida si sirve para perpetuar su visión. Hobbes decía que cedemos nuestra libertad al Estado a cambio de seguridad. Pero en Colombia, el Leviatán está muy enfermo y el contrato social está despedazado. Hoy el ciudadano es una víctima del miedo multiforme mientras que la élite política solo necesita que este viva en un estado de temor permanente para que busque resguardo en las migajas de protección que el poder de turno le ofrece.
¿Hay alternativa? Sí, pero rompiendo el ciclo del miedo. Nos han acorralado para que volvamos a votar "por el que toque" o "contra el que toque". Votar por el "menos peor" es aceptar que nuestra dignidad está en liquidación. Quedan pocos días para decidir si seguimos siendo peones en su ajedrez de odio o si finalmente nos atrevemos a usar la herramienta más poderosa de una democracia herida e indignada: el triunfo del Voto en Blanco en primera vuelta para salir del círculo vicioso entre la indignación permanente y la resignación cómoda.
Es el momento de decir que ninguna de las candidaturas con mayor opción es digna de Colombia y que hay que convocar a nuevas elecciones un mes después del 31 de mayo con otros candidatos. Unos que tengan la altura necesaria para que haya luz al final del túnel. Merecemos más que una incertidumbre administrada por los mismos que hoy afilan sus lenguas para la próxima contienda. La reconciliación nacional no vendrá de ellos; vendrá de nuestra capacidad de decir, Basta.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
La caída del telón para la accidentada administración de Mikhail Krasnov, tras confirmarse la nulidad de su elección como alcalde de Tunja, no representa únicamente un hito jurídico en los anales del derecho administrativo local; es, ante todo, un suspiro de alivio para una democracia que agonizaba bajo el peso del egocentrismo. Ahora que las aguas buscan su cauce, llega el tiempo del inventario y de reflexionar sobre los escombros institucionales que deja a su paso este experimento fallido, diseñado para brillar en redes sociales mientras se marchitaba en la gestión real.
Entre todos los damnificados de este periodo de incertidumbre, existe un gremio que celebra con particular vigor: la prensa. Durante el fenómeno del "krasnovismo", el ejercicio periodístico de indagar y fiscalizar se transformó en una carrera de obstáculos. Bajo la batuta de Krasnov, se intentó instaurar un régimen de verdad única donde la fuente oficial era un búnker inexpugnable. El asedio no fue sutil; fue una estrategia de asfixia informativa donde algunos de los secretarios de despacho, reducidos a figuras decorativas, solo podían emitir palabra bajo el filtro y la autorización de una Gerencia Estratégica de Comunicaciones que actuaba más como un cuerpo de censura que como un puente institucional.
Sin embargo, el silencio fue apenas el síntoma de una enfermedad más profunda: la calumnia sistemática. Ante la imposibilidad de rebatir con argumentos y cifras, la administración de Krasnov optó por el camino fácil de la difamación. Desde las sombras del despacho del saliente alcalde se ha impulsado una narrativa perversa que acusa a los medios críticos de ser mercenarios al servicio de políticos corruptos del pasado. Específicamente, intentaron vincularnos con el exalcalde Alejandro Fúneme González, pretendiendo que la ciudadanía olvidara que fue precisamente desde medios como este donde se destapó gran parte de la podredumbre y los escándalos que marcaron aquel mandato. A la hora de la verdad son incapaces de demostrar un solo vínculo contractual o beneficio proveniente del señor Alejandro Fúneme hacia este medio, mientras nosotros demostramos con archivo y enlaces de publicaciones la fiscalización implacable que le hicimos a ese mandatario, cuyos seguidores solían ejecutar prácticas similares a las que hoy usan los defensores de Krasnov.
El daño colateral de este mandato fue el secuestro de la narrativa pública mediante el cerco a la información. La Gerencia Estratégica de Comunicaciones impuso una táctica de exclusión deliberada: foros, socializaciones y eventos de interés general se realizaban sin difundir las invitaciones a los medios críticos, garantizando que el único relato existente fuera el oficialista. Se buscaba impedir que la prensa independiente captara otras aristas de la noticia o recogiera el malestar de los ciudadanos inconformes, asfixiando cualquier punto de vista que no encajara en el guion de la Alcaldía. Se privilegió a una casta de portales de marketing político que, bajo el disfraz de periodismo, operan desde la comodidad de un escritorio, lejos del barro del cubrimiento real y siempre prestos a ignorar lo que al poder le incomoda.
Esta exclusión no fue solo institucional, sino que escaló al plano de la fobia personal. Resulta revelador enterarse de cómo el propio Krasnov, en un despliegue de intolerancia absoluta, increpaba a otros protagonistas de los eventos cuestionando nuestra sola presencia en ellos. Le incomodaba nuestro rigor y le irritaba nuestra disciplina de asistir a cuanto encuentro fuera posible, incluso sorteando el silencio de una gerencia que no comunicaba nada. Mientras los medios lisonjeros brillaban por su ausencia en el territorio, este medio se hacía presente por cuenta propia, desarmando con nuestra asistencia el manejo turbio que pretendía ocultar la realidad de los barrios tras una cortina de humo digital.
Hacer periodismo serio en la Tunja de Krasnov implicó un desgaste físico y mental desproporcionado. Los pocos que no cedimos a la lisonja tuvimos que asumir los peligros de una maquinaria de destrucción de reputaciones que no tuvo escrúpulos. Episodios como el del pasado 13 de marzo ilustran esta situación. mientras se inauguraba la sede del Julius Sieber del barrio Santa Rita, Mikhail Krasnov prefirió plantar el acto protocolario para buscar un "baño de popularidad" en la Plaza de Bolívar en una anunciada manifestación a su favor en la que, finalmente, no apareció ni una sola persona. Al abordarlo allí, tras su alocución en un evento de Prosperidad Social, solo buscamos saber quién sería su reemplazo tras los anuncios del gobernador Carlos Amaya de que el reemplazante saldría del gabinete del alcalde ruso. La respuesta de Krasnov fue la de siempre. La prepotencia, la grosería, el paso de largo y el uso de su escolta para cercar a los periodistas incómodos.
Este oscuro manejo de la prensa tuvo su preludio el mismo día de su posesión. En aquella primera rueda de prensa, mientras Krasnov, aún sediento de figuración, disfrutaba de la comodidad de su nuevo cargo, su equipo ya mostraba los dientes. Un asesor intentó cortar abruptamente el flujo de preguntas, forzando un cierre prematuro que solo se evitó gracias a que varios periodistas nos plantamos con firmeza, exigiéndole respeto por nuestra labor. Fue un momento de tensión donde el mismo Krasnov, ante el regaño público que recibió su subordinado, tuvo que ceder. Pero esa escena fue la semilla de lo que vendría: una Gerencia de Comunicaciones dedicada a sacar al mandatario a la carrera, en silencio y con cautela, de los eventos para evitar el cuestionamiento periodístico.
Lo ocurrido el pasado 20 de marzo en el Teatro Mayor Bicentenario retrata con crudeza esa dinámica de evasión. La Alcaldía de Tunja citó a los medios para la rueda de prensa del lanzamiento de la Semana Santa y, aunque efectivamente se cumplió con una rueda de prensa por parte de Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, y representantes de la Sociedad de Nazarenos, el gran ausente fue quien nos convocó. Mikhail Krasnov convirtió el encuentro en un teatro del absurdo al huir entre escoltas y carreras para no ser cuestionado, negándonos la posibilidad de obtener audios limpios o declaraciones en primer plano. El exabrupto contra nosotros fue doble, pues se nos utilizó para llenar el auditorio pero se nos negó el acceso al anfitrión, quien prefirió la fuga antes que la transparencia.
Aquel día se constató una vez más el miedo instaurado entre los periodistas de Tunja. Mientras las otras autoridades daban la cara, la mayoría de los colegas presentes resignaron su deber de buscar al alcalde debido a un terror latente a la represalia oficial. ¿Cómo puede ser que un periodista resigne la posibilidad de hablar con el alcalde de su ciudad en un evento en el que sabe que está presente? El temor al regaño de la Gerencia de Comunicaciones que oficia como jefe de algunos directores de medios, la angustia de ser excluidos de los planes de medios o el pánico a ser matoneados por las bodegas de la hiperstición digital hicieron que muchos prefirieran no incomodar al señor Krasnov en un sinfín de ocasiones. Ese silencio forzado por la factible asfixia económica y el hostigamiento habla más que cualquier comunicado oficial, pues representa la radiografía de un gremio que fue llevado a la sumisión por una administración que nunca entendió el valor de la crítica.
El manejo del erario con fines de propaganda personal alcanzó niveles de un cinismo escandaloso. A través de derechos de petición , hemos desentrañado una repartición de recursos que no obedeció a criterios técnicos, sino al capricho de una administración que premió la lisonja. Es incomprensible que el dinero de los tunjanos termine financiando a “portales” como Jkgv Radio, un espacio cuya trascendencia es nula y que miente descaradamente en sus métricas para recibir exactamente los mismos recursos que medios con audiencias orgánicas consolidadas y decenas de miles de seguidores reales. Lo más aberrante no es solo la mentira del medio para obtener el beneficio, sino la negligencia, o quizá la complicidad, de una Gerencia de Comunicaciones que renunció a cualquier labor de contraste, asumiendo como ciertas cifras fantasiosas en una suerte de pacto oscuro para drenar los fondos públicos.
La podredumbre alcanza ribetes de presunto fraude documental. Este medio posee la respuesta oficial de 2025 donde se reportó que Pedro Pablo Camacho Vargas recibió $25.688.553,33, superando a medios como 7N Noticias, el más visto del departamento (https://www.periodicoeltunjano.com/respuestas-a-derechos...
). Sin embargo, en la respuesta de 2026, el rastro de este beneficiario fue borrado, intentando "limpiar" la ejecución presupuestal ante los ojos de la ciudadanía. Esta manipulación de la información pública no es nueva; ya fue objeto de un debate de control político en el Concejo de Tunja, donde el entonces gerente de comunicaciones y hoy secretario de cultura fue acorralado por la contundencia de las pruebas (https://www.facebook.com/share/p/1Dq5frCFfN/). A pesar de que se propuso la moción de censura, la complicidad de los concejales aliados y oficialistas fue tal que no faltaron las artimañas burocráticas que impidieron que el proceso prosperara, dejando impune un manejo del erario que hoy, con Krasnov a punto de dejar del mando, debe ser reabierto por los entes de control.
Este manoseo del presupuesto traiciona el fin social de los planes de medios, cuya existencia se fundamenta en el derecho de la sociedad a conocer asuntos de interés público como campañas de salud, impuestos o eventos culturales, deportivos y recreativos que todos pagamos. En Tunja, se prefirió atomizar el botín para pagar el lavado de cara oficial mediante una legión de perfiles falsos y funcionarios contratados exclusivamente para encumbrar a Krasnov, intentando vender la falsa narrativa del "mejor alcalde de la historia". Resulta indignante que el erario se destinara a financiar sicarios digitales encargados de denigrar a la prensa independiente, mientras se sacrificaba la difusión de información útil para el ciudadano. Ignorar criterios de alcance real para favorecer el matoneo y la idolatría es una gestión ruin que, en manos de quien pasó de gerente de comunicaciones a secretario de cultura, próximamente será objeto de una queja formal ante la Contraloría.
Resulta patético que, ante estas evidencias, los beneficiarios de estos manejos oscuros salgan a victimizarse en sus redes sociales alegando que se exponen sus contratos publicados en el SECOP. A ellos hay que decirles con claridad que el escrutinio de los recursos públicos es un deber periodístico y un derecho ciudadano; si no quieren que sus contratos sean expuestos y cuestionados, la solución es simple: no contraten con el Estado. La victimización no puede ser el refugio de quienes se han lucrado de una pauta asignada a dedo y sin criterios técnicos.
El grado de intimidación fue tal que muchos colegas terminaron por autocensurarse por puro instinto de supervivencia profesional. El miedo al hackeo de cuentas, como ocurrió lamentablemente con Alter-Nativa TV, y el hostigamiento incesante de las bodegas krasnovistas terminaron por sepultar proyectos valientes como el programa ‘Toxinco’.
Krasnov solo hablaba con los medios amigos, a quienes recibía incluso en la azotea de la Alcaldía para realizar contenidos presentados como entrevistas, pero con más rasgos distintivos de una "charla de compadres" televisada, las cuales contaban con niveles de producción que sugerían el uso de recursos públicos para alimentar la lisonjería.
Se va un alcalde que traicionó la promesa de libertad que hizo a los periodistas tras su victoria, para terminar contratando propagandistas inescrupulosos que hoy se agarran de las greñas por pura envidia y exceso de ambición. Estos socios de la desinformación terminaron peleando entre ellos por privilegios como “asesores” del mandatario, por el control de medios utilizados para la propaganda oficial y por contratos de plata mal habida que Krasnov soltaba mediante métodos oscuros e ilegítimos. Tunja despierta de esta etapa de sombras para recuperar, finalmente, el sagrado derecho a preguntar y a estar bien informada.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Fui precandidato a la presidencia del Partido Conservador desde el 25 de noviembre del año anterior hasta el pasado 7 de marzo, día en el que después de un último esfuerzo por contribuir a que el partido demostrara su propósito de servir al país desde el poder ejecutivo, evidencié que la declaración del año anterior de presentar candidato propio a la Presidencia era solo para el papel. Por esta razón puedo afirmar que con el actual directorio esta colectividad actuó solo como una expedidora de avales a los cuerpos legislativos sin ambición de servicio a Colombia desde la Presidencia de la República.
El ejercicio de la política, en su acepción más alta y noble, es el arte de conducir a una sociedad hacia la promoción y/o la salvaguarda del bien común general dentro de los cánones constitucionales del Estado de derecho. Sin embargo, lo que hemos presenciado recientemente en el manejo para la selección de candidaturas presidenciales dista mucho de esa nobleza. En lugar de un ejercicio transparente y democrático, lo que vimos fue una preocupante exhibición de hipocresía procedimental que debilita las instituciones políticas.
Es que, pese a contar con opciones de probada solvencia moral, capacidad técnica y trayectoria patriótica, el proceso de selección se convirtió en un laberinto de intereses cerrados. Es incomprensible que, teniendo perfiles capaces de ofrecer un norte claro al país en momentos de crisis, se haya optado por el manejo cupular, ignorando la riqueza de las ideas que los precandidatos teníamos para poner sobre la mesa. Esta actitud no solo afectó a las personas, también hiere de muerte la confianza de las bases partidistas y del ciudadano en general en sus propias organizaciones.
Sin embargo, más allá del desacuerdo estratégico, lo que resulta verdaderamente alarmante es la pérdida de la altura y la decencia en el trato político. La política no es solo aritmética electoral; es, ante todo, una relación humana basada en el reconocimiento y el respeto. Es inaudito que, tras un proceso de inscripción formal, no existiera el más mínimo espacio para una reunión de presentación de propuestas o de autocrítica o, al menos, para hacer un balance conjunto con quienes decidimos dar un paso al frente por el partido.
La ausencia de un gesto tan elemental como una carta de agradecimiento por la buena voluntad de representar a la colectividad es un síntoma de una enfermedad mayor: la instrumentalización deshumanizadora del ejercicio público. Cuando las formas se pierden, se pierde el respeto por el otro y, por ende, se pierde la autoridad moral para dirigir a una nación. Una organización que no sabe honrar a quienes le sirven desde la convicción, difícilmente podrá inspirar a una ciudadanía que clama por integridad.
Dicho lo anterior, el compromiso con Colombia no se agota en una decisión de directorio o en una coyuntura electoral. Mi vocación de servicio permanece intacta y mi voz seguirá presente en el debate nacional. Seguiré aportando con el espíritu de Concordia Nacional, un movimiento que, entre otros aspectos, nace de la necesidad de elevar el nivel de la discusión política en nuestro país.
Concordia Nacional no es un simple eslogan; es una propuesta de mejorar la convivencia - y no solo la coexistencia-, basada en el respeto a la diversidad de ideas, pero con un norte innegociable: la verdad y el bien superior de la nación. No podemos permitir que la pugnacidad y la falta de formas sigan siendo la norma. Colombia merece una política que, incluso en el disenso, mantenga la decencia y la mirada puesta en la grandeza del Estado Nación. El camino hacia la estabilidad armónica no se construye con silencios administrativos, sino con la valentía de enfrentar la realidad con altura estratégica y compromiso ético.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Fui precandidato a la presidencia del Partido Conservador desde el 25 de noviembre del año anterior hasta el pasado 7 de marzo, día en el que después de un último esfuerzo por contribuir a que el partido demostrara su propósito de servir al país desde el poder ejecutivo, evidencié que la declaración del año anterior de presentar candidato propio a la Presidencia era solo para el papel. Por esta razón puedo afirmar que con el actual directorio esta colectividad actuó solo como una expedidora de avales a los cuerpos legislativos sin ambición de servicio a Colombia desde la Presidencia de la República.
El ejercicio de la política, en su acepción más alta y noble, es el arte de conducir a una sociedad hacia la promoción y/o la salvaguarda del bien común general dentro de los cánones constitucionales del Estado de derecho. Sin embargo, lo que hemos presenciado recientemente en el manejo para la selección de candidaturas presidenciales dista mucho de esa nobleza. En lugar de un ejercicio transparente y democrático, lo que vimos fue una preocupante exhibición de hipocresía procedimental que debilita las instituciones políticas.
Es que, pese a contar con opciones de probada solvencia moral, capacidad técnica y trayectoria patriótica, el proceso de selección se convirtió en un laberinto de intereses cerrados. Es incomprensible que, teniendo perfiles capaces de ofrecer un norte claro al país en momentos de crisis, se haya optado por el manejo cupular, ignorando la riqueza de las ideas que los precandidatos teníamos para poner sobre la mesa. Esta actitud no solo afectó a las personas, también hiere de muerte la confianza de las bases partidistas y del ciudadano en general en sus propias organizaciones.
Sin embargo, más allá del desacuerdo estratégico, lo que resulta verdaderamente alarmante es la pérdida de la altura y la decencia en el trato político. La política no es solo aritmética electoral; es, ante todo, una relación humana basada en el reconocimiento y el respeto. Es inaudito que, tras un proceso de inscripción formal, no existiera el más mínimo espacio para una reunión de presentación de propuestas o de autocrítica o, al menos, para hacer un balance conjunto con quienes decidimos dar un paso al frente por el partido.
La ausencia de un gesto tan elemental como una carta de agradecimiento por la buena voluntad de representar a la colectividad es un síntoma de una enfermedad mayor: la instrumentalización deshumanizadora del ejercicio público. Cuando las formas se pierden, se pierde el respeto por el otro y, por ende, se pierde la autoridad moral para dirigir a una nación. Una organización que no sabe honrar a quienes le sirven desde la convicción, difícilmente podrá inspirar a una ciudadanía que clama por integridad.
Dicho lo anterior, el compromiso con Colombia no se agota en una decisión de directorio o en una coyuntura electoral. Mi vocación de servicio permanece intacta y mi voz seguirá presente en el debate nacional. Seguiré aportando con el espíritu de Concordia Nacional, un movimiento que, entre otros aspectos, nace de la necesidad de elevar el nivel de la discusión política en nuestro país.
Concordia Nacional no es un simple eslogan; es una propuesta de mejorar la convivencia - y no solo la coexistencia-, basada en el respeto a la diversidad de ideas, pero con un norte innegociable: la verdad y el bien superior de la nación. No podemos permitir que la pugnacidad y la falta de formas sigan siendo la norma. Colombia merece una política que, incluso en el disenso, mantenga la decencia y la mirada puesta en la grandeza del Estado Nación. El camino hacia la estabilidad armónica no se construye con silencios administrativos, sino con la valentía de enfrentar la realidad con altura estratégica y compromiso ético.
𝐋𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐣𝐞𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐛𝐨𝐭𝐚𝐣𝐞
La justicia no es un juego de azar ni un tablero para la simulación, aunque el equipo jurídico de Mikhail Krasnov se haya empeñado en demostrar lo contrario. Lo que hoy revela el auto del 19 de marzo de 2026, emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y conocido por la opinión pública el pasado 20 de marzo, no es solo la confirmación de una nulidad electoral ya sentenciada, sino el acta de defunción ética de una defensa que decidió secuestrar la agilidad de los tribunales. Estamos ante el uso del derecho como un arma de obstrucción masiva, una estrategia de tierra arrasada donde la ley no se defiende, sino que se manosea para ganar tiempo de un poder que ya no les pertenece legalmente.
La providencia del alto tribunal es un mazazo a la soberbia procesal al calificar las solicitudes de la defensa, incluidas las radicadas los días 11, 17 y 19 de marzo; como "abiertamente impertinentes y dilatorias". Esta no es una apreciación subjetiva, es la constatación judicial de que se ha intentado asfixiar al Consejo de Estado con un aluvión de memoriales vacíos y recusaciones en serie que solo buscaban evitar lo inevitable: la notificación final. Cuando un abogado utiliza su título para torpedear el sistema con recursos que el mismo tribunal tilda de impertinentes, deja de ser un auxiliar de la justicia para convertirse en un tinterillo que juega con la estabilidad de toda una ciudad.
Esta trama de dilaciones adquiere un matiz de extrema gravedad tras el aparente hallazgo en la metadata de los documentos presentados por el coadyuvante Joseph Esteban Montenegro. Resulta, cuanto menos, vergonzoso que un archivo oficial contenga anotaciones de edición interna como "quitar" o "¿cuánto tiempo necesitamos?", pero lo que resulta institucionalmente alarmante es que el rastro digital conduzca a Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía de Tunja. ¿Qué hace una funcionaria pública, cuyo sueldo pagan los tunjanos para velar por la transparencia administrativa, apareciendo en los metadatos de las "jugaditas" de la defensa de Krasnov? La decisión de los magistrados de compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen estas conductas irregulares es la prueba de que existen indicios suficientes sobre una administración que habría puesto sus recursos al servicio de la trampa procesal.
El foco de esta sanción social y jurídica debe recaer sin contemplaciones sobre los abogados que han orquestado este asalto a la agilidad procesal mediante una carambola jurídica sin precedentes. Resulta grotesco observar cómo se fabricó un "pleito pendiente" mediante una demanda previa interpuesta por el propio Krasnov el 11 de marzo, con el único fin de recusar luego a los magistrados alegando una supuesta "enemistad legal". Esta técnica de "todo o nada", que incluye acusaciones sin soporte contra magistrados por presuntas filtraciones nunca probadas, no es defensa; es un sabotaje sistémico. No se busca justicia, se busca el bloqueo total de las altas cortes mediante el uso cínico de herramientas que la ley previó para proteger garantías, no para que cualquier procesado elija a sus jueces simplemente demandándolos primero.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene el deber de actuar con contundencia frente a profesionales que se ríen de la majestad de la justicia. La tarjeta profesional no es una patente de corso para intentar maniatar a los magistrados ni para pisotear la decencia pública con artimañas de pasillo. Si estos abogados no reciben un castigo ejemplar que siente un precedente nacional, se estará validando que en Colombia el derecho es una herramienta para burlar la Constitución y no para protegerla.
Tunja no tiene por qué soportar la parálisis de una gobernabilidad secuestrada por un cuerpo de abogados que prefiere ver la ciudad en la incertidumbre antes que aceptar que su cliente violó el régimen de inhabilidades. Es imperativo que estos sujetos respondan por cada memorial basura y por el abuso sistemático del sistema judicial. La justicia debe dejar de ser el escenario donde personajes con un cartón en la pared se dedican a profanar el espíritu de la ley, mientras se regodean en su propia destreza para el engaño y el agravio institucional.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El estado de la institucionalidad en Colombia atraviesa una crisis de tal magnitud que raya en lo agónico. Si el Estado pretende que la confianza y la credibilidad sobrevivan de alguna manera, a pesar de que la estructura ya se encuentra profundamente permeada y debilitada; se requiere un acto de coherencia inmediata. Hablo de rescatar la institucionalidad colombiana, que hoy se percibe como una estructura manoseadísima; un sistema que parece objeto de abusos, toqueteos y violaciones por parte de intereses particulares que la han despojado de su propósito. Si el país espera que los ciudadanos recuperemos la fe en unas instituciones y en una justicia que, en la práctica cotidiana, parecen no servir para nada por su complacencia con el poderoso, la respuesta institucional, a mi juicio, tendría que ser la inhabilitación del señor Carlos Andrés Amaya por su actuación del pasado 17 de marzo.
Aunque no pretendo ser el dueño de la verdad ni poseer facultades de juez o procurador, considero que aquel día el Gobernador de Boyacá habría incurrido en lo que interpreto como una participación en política bajo el ropaje de la gestión pública. Es fundamental distinguir que esta no fue una simple opinión vertida en una charla de amigos, ni un comentario al calor de un café en la sala de su casa; fue un pronunciamiento en un evento público, oficial y organizado con recursos del Estado. Amaya no estaba allí a título personal; su presencia y su derecho al uso de la palabra emanaban exclusivamente de su condición de servidor público. Si no ostentara el cargo de Gobernador, difícilmente habría tenido un micrófono a su disposición en esa mesa técnica.
En medio de esta mesa oficial, rodeado de representantes de los campesinos de páramo, el Gobernador manifestó estar "preocupado por los vientos de derecha que corrían" de cara a las próximas elecciones presidenciales, situadas a menos de ochenta días del calendario electoral. Entiendo que sus escuderos se refugien en que no solicitó el voto por un nombre específico, pero su pronunciamiento tiende, desde mi perspectiva, a generar un clima de miedo y resistencia hacia todo un sector político. Utilizar su posición de poder para sugerir que la continuidad de este gobierno es la única vía para el éxito de la negociación es algo fácilmente calificable como una intervención indebida en la contienda, aprovechando un escenario pagado con los impuestos de ciudadanos de todas las orillas ideológicas.
La gravedad del asunto aumenta al considerar la logística del evento. Hasta las pilas del micrófono que Amaya utilizó para interrumpir a la procuradora regional fueron costeadas con dineros públicos. El Gobernador habría instrumentalizado bienes del Estado para generar una tensión innecesaria en una mesa donde, posiblemente, se sentaban personas con visiones de derecha, centro e izquierda, que tienen el mismo derecho a participar sin ser condicionadas o estigmatizadas desde la apertura del diálogo. No se trata solo de política; se trata del uso de herramientas públicas para silenciar o amedrentar posturas contrarias en un escenario que debería ser estrictamente técnico.
No se trata de limitar la libertad de pensamiento del mandatario. El señor Carlos Amaya tiene derecho a su filiación política e ideológica, aunque su historial sugiera una inclinación pragmática de subirse al "bus de la victoria", como se vio en su respaldo a Rodolfo Hernández hace cuatro años, situándose en aquel entonces más cerca de la derecha de la “represión, represión, represión y bolillo por montón”.
Lo que me resulta cuestionable es que pretenda situarse por encima de la norma para congraciarse con el Gobierno Nacional. Sus palabras junto a las ministras buscaban, causar un efecto de simpatía hacia el Pacto Histórico para asegurar beneficios políticos, sacrificando el mérito técnico por un juego de complacencias que compromete y condiciona el avance real de Boyacá.
El nivel de altivez alcanzó su punto máximo cuando el Gobernador decidió actuar como "ave de mal agüero". Amaya no tuvo reparos en profetizar un futuro de "represión, represión, represión y bolillo por montón" si un gobierno de derecha llega al poder. Esta afirmación, hecha desde su investidura, no es una descripción de la realidad, sino un mecanismo de coacción psicológica hacia los campesinos presentes. Al decir que "un gobierno de derecha ya no entiende argumentos de nada", Amaya está clausurando cualquier posibilidad de pluralismo democrático en la mesa y condicionando la voluntad de sus interlocutores bajo la premisa del miedo.
Frente a este desborde, la intervención de la procuradora regional para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios, Alicia López Alfonso, fue un modelo de prudencia. Con un llamado al diálogo asertivo y despojado de prevenciones, solicitó evitar etiquetas ideológicas para centrarse en la construcción del territorio. Sin embargo, Amaya, lejos de acoger la advertencia técnica de quien tiene por oficio vigilar la conducta oficial, reaccionó con una agresividad propia de quien se siente intocable: "Perdóneme procuradora, pero yo no voy a permitir que usted defina qué debo decir yo o no... prefiero que me inhabilite la Procuraduría". Este reto directo a la institucionalidad es la prueba reina de una megalomanía que no reconoce contrapesos.
Esta percepción de justicia selectiva es la que termina por demoler la confianza ciudadana. Mientras la ley se aplica con celeridad contra figuras como el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov (lo que muchos interpretan erróneamente como una persecución cuando es simplemente el ejercicio de la norma), el señor Amaya parece gozar de una inercia judicial sospechosa. El contraste es hiriente: el ciudadano percibe que para esquivar la ley solo se requiere de un padrino poderoso o de hilos políticos lo suficientemente largos. Esta disparidad en el trato judicial refuerza la idea de que Amaya sabe que su relacionamiento le garantizaría una inmunidad de facto.
Esta erosión normativa se ve alimentada desde la propia Presidencia, donde se han llegado a matizar conductas delictivas bajo justificaciones sociales, validando que el delito es aceptable si el delincuente tiene una "justificación" para su accionar, como el inverosímil argumento “de robar celulares para invitar a la novia a cine”.
En un país donde la justicia se manosea y se condiciona a muerte, y donde el delincuente de poca monta también tiene vía libre para actuar, con mucha más razón figuras como Amaya se sienten caudillos exentos de responsabilidad. Si no se le pone un freno a este exceso de poder y a esta forma burda de tratar la institucionalidad, la sociedad queda a merced de quienes desprecian la ley porque saben que pueden hacer lo que les venga en gana. Por todo esto, opino que Carlos Amaya tendría que afrontar las consecuencias disciplinarias del caso, sin discusión alguna, para que la palabra "institucionalidad" recupere algo de su maltrecha dignidad.
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐞𝐠𝐨𝐬
La administración de Mikhail Krasnov parece haber comprendido que el tiempo, ese juez implacable que no atiende a carismas ni a puestas en escena, se le agota tras el fallo de nulidad electoral que pesa sobre su cabeza. En ese estertor burocrático, ha desembarcado en el Concejo de Tunja el primer proyecto de acuerdo de traslado presupuestal del año, una criatura administrativa de 3.700 millones de pesos alimentada por recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que, si bien contempla sectores necesarios como la salud, el deporte y el medio ambiente, esconde en su apartado turístico una incoherencia técnica que raya en el absurdo.
Valga decir que invertir en estudios para el Mirador del Málmo (300 millones) o para la pista de BMX (180 millones) es un paso lógico; la ciudad necesita estudios previos antes de poner la primera piedra. Lo que resulta inaceptable es el "doble rasero" con el que se mide el proyecto de turismo. Mientras que para el mirador y la pista de BMX la administración reconoce con sensatez que solo se puede avanzar en la fase de estudios, en el proyecto "Caminos de Fe" pretenden saltarse el orden natural de la gestión pública. ¿Cómo es posible que para turismo se pidan recursos para estudios y, paralelamente, se pretenda contratar la ejecución de una vez? Si la lógica de la Alcaldía fuera coherente, también deberían estar pidiendo la plata para construir el mirador o la pista de inmediato. Pero no lo hacen, porque saben que sin estudios no hay obra; excepto, al parecer, cuando se trata de tallar piedras.
Este conflicto de lógica es el epicentro del despropósito. Entre la primera presentación ante el cabildo municipal y la segunda mediaron apenas cinco días, tiempo suficiente para que la "técnica" diera un vuelco de 180 grados. Lo que la semana pasada tenía un precio y un sentido, esta semana ya es otra cosa. ¿Cómo puede tener credibilidad una propuesta donde tallar una piedra cuesta $6.700.000 en la primera sesión y, mágicamente, baja a $3.000.000 en la segunda? Una variación de costos tan abrupta y sin explicación alguna no es un error de cálculo, es una falta de respeto a la inteligencia de la ciudad. Si los costos base son tan volátiles, ¿cómo podemos creer que los 70 millones para estudios o los 80 millones para temas comunitarios son cifras reales y no simples inventos de un Secretario de Cultura que ya tiene por costumbre mentirle al Concejo en la cara?
En este escenario, puntos neurálgicos como la Ermita de San Lázaro aparecen en el papel sin un gramo de prioridad técnica. El proyecto la menciona, sí, pero con una vaguedad que asusta: no se detalla la inversión ni hay cronogramas. Es una lista de deseos mal redactada en lugar de un plan serio. Y mientras tanto, la prioridad real parece ser el gasto de una fortuna en tallar piedras para utilizarlas como señalética. En un despliegue de opulencia estética innecesaria, la administración prefiere el cincel sobre la roca antes que la eficiencia del recurso. ¿Por qué no optar por madera, un material más económico y estético, y redireccionar esa plata hacia lo que realmente hace que un destino funcione? Tunja no necesita señales de piedra basadas en las "cifras alegres" de un funcionario cuestionado; necesita guías turísticos y rutas circulares que permitan la participación de adultos mayores y personas con movilidad reducida que también tienen derecho a disfrutar de su ciudad turísticamente hablando.
Lo más decepcionante es el papel de los concejales de gobierno, quienes se han amparado cínicamente en el tecnicismo de que los estudios previos son parte de la etapa precontractual para evadir la discusión de fondo sobre el nulo rigor técnico del proyecto turístico. Este comportamiento no es nuevo; es el mismo "modus operandi" con el que varios de los hoy integrantes de la comisión de presupuesto le aprobaron el nefasto empréstito a Alejandro Fúneme sin el más mínimo rigor técnico. Aquella irresponsabilidad de la anterior administración, que derivó en demandas, inconformidad social y multimillonarias adiciones presupuestales, parece repetirse hoy con los mismos protagonistas, aunque liderados por diferente amo. Los mismos que respaldaron al alcalde más cuestionado de la historia reciente de Tunja son los que hoy le sirven de corte a Krasnov, avalando una vez más la improvisación y las cifras lanzadas al aire sin importarles las consecuencias para el erario.
Este Concejo, lejos de ser un órgano que intermedia por la ciudadanía, se ha comportado como la corte de un rey, otorgando un cheque en blanco para la ejecución de una idea que ni siquiera ha pasado por el tamiz de su propia prefactibilidad. Aprobar esta adición bajo estas condiciones es una irresponsabilidad. Los "Caminos de Fe" de la administración Krasnov parecen conducir a un despeñadero de recursos públicos donde el afán por contratar la piedra pesa más que la ética de la planificación. La fe, en política, no debería ser la esperanza en lo que no se ve, sino la exigencia de que el dinero de los ciudadanos se gestione con la precisión de un relojero y no con la urgencia de quien sabe que su tiempo en el trono del poder está por expirar.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La tragedia de Mikhail Krasnov no es su caída, sino su absoluta incapacidad para caer con dignidad. Lo que presenciamos hoy en Tunja no es el "asedio de los clanes" ni una "persecución académica", como él malintencionadamente ha querido instalar en el imaginario colectivo; es el pataleo de un hombre que, habiendo vulnerado la ley para llegar al poder, pretende ahora incendiar la confianza en las instituciones para conservar el trono. El Consejo de Estado ha hablado. La nulidad de su elección no es una opinión, es un hecho consumado. Pero en el universo paralelo de Krasnov, la Constitución es un obstáculo y el victimismo su única moneda de cambio.
Seamos claros: la nulidad de la elección de Krasnov por su inhabilidad es una verdad jurídica que ya no admite discusión en el terreno administrativo. El proceso se agotó en doble instancia y el Consejo de Estado es el techo de la justicia en esta materia. Sin embargo, Krasnov insiste en el "manoseo" judicial mediante una acción de tutela que no es más que un ruego desesperado. Cualquier experto sabe que revertir un fallo de esta magnitud es jurídicamente imposible; se necesitaría demostrar una vulneración de derechos que simplemente no existe cuando lo que ha operado es la aplicación estricta de la ley.
Krasnov dice acatar la justicia, pero dedica su tiempo a cuestionar la probidad de los magistrados. Este relato del "profesor perseguido" ha encontrado eco en un sector de sus seguidores que, por fanatismo o desconocimiento, repiten la consigna de que se le castiga por su labor académica. Pero el eco más cínico es el del senador Ariel Ávila, quien ha salido en redes sociales a "reprochar" la salida de Krasnov con una vehemencia que no es gratuita. Ávila le oculta a la opinión pública que su defensa es el pago de un favor político: la administración Krasnov fue el motor que le garantizó votos en Tunja, con contratistas haciendo campaña abierta por él (https://www.facebook.com/share/p/1DUEjZGf83/). Por eso, tanto Krasnov como sus escuderos y el propio Senador mienten al decir que lo sacan por "enseñar". No, señores; a Krasnov lo saca la ley por firmar un contrato estatal en periodo prohibido para quienes aspiran a cargos de elección popular. Intentar lavar esa mancha con retórica de mártir es una estafa al electorado y una afrenta a la inteligencia de los tunjanos.
En este sainete, el gobernador Carlos Amaya ha decidido, en las primeras horas de este viernes, dar un giro al guion. Ante la presión mediática y el ruido digital, el Gobernador cedió a la petición del alcalde y anunció que el encargo recaerá en alguien del actual gabinete municipal. Sin embargo, resulta llamativa la actitud timorata del señor Krasnov, quien dirige toda su indignación contra Amaya cuando el reclamo debería ser para su verdadero jefe político: Roy Barreras. Este encargo es un trámite breve, una transición técnica que solo durará el tiempo que transcurra entre la notificación oficial y la presentación de la terna por parte del partido Fuerza de la Paz. Si a Barreras y a su colectividad de verdad les importara el electorado tunjano y la "continuidad" que tanto pregonan, presentarían esos nombres de inmediato para que el interinato de un tercero fuera imperceptible. Pero Krasnov prefiere el servilismo ante su mentor nacional y el ataque frontal a los "verdes", una estrategia que le rinde capital político pero que desnuda su falta de carácter administrativo.
Resulta diciente observar cómo la narrativa de "el mejor alcalde de la historia" y el victimismo exacerbado que inundan sus publicaciones chocan de frente con la realidad de las calles. La administración ha perfeccionado una estrategia de inflado artificial en redes sociales, donde perfiles dedicados a guiar la conversación impulsan e inflan una falsa sensación de apoyo unánime. Esta táctica no solo manipula el algoritmo para ganar visibilidad y para orientar la conversación a favor, sino que busca generar una espiral del silencio para que el ciudadano crítico se abstenga de opinar ante la aparente marea de respaldo a Krasnov. Sin embargo, esta ficción digital se desmorona con situaciones como la de la mañana del viernes 13 de marzo, jornada para la que se convocó un plantón masivo para rechazar el fallo de nulidad y, a pesar de los miles de "likes" y comentarios de apoyo, no llegó ni una sola persona. Ni una. Tunja no está en las calles defendiendo la ilegalidad; Tunja observa cómo su gobernante se desvanece en su propia retórica de pixeles.
Ese desespero ha llevado a la administración a cruzar líneas rojas legales que no pueden pasarse por alto. El uso de redes sociales institucionales de la Alcaldía de Tunja para la defensa jurídica y personal de Mikhail Krasnov constituye una flagrante violación al Artículo 209 de la Constitución Política, el cual ordena que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y no de causas particulares. Poner a los secretarios de despacho a grabar videos de respaldo político y utilizar las cuentas oficiales para convocar a la comunidad a tribunales internacionales no solo es éticamente cuestionable, sino que configura un presunto Peculado por Uso, tipificado en el Artículo 398 del Código Penal Colombiano, que sanciona al servidor público que use o permita que otro use bienes del Estado para beneficio propio.
Al involucrar a su gabinete en esta "cruzada" personal, Krasnov los ha empujado a desatender el Artículo 60 (numeral 2) de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que prohíbe terminantemente a los servidores públicos utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos o en controversias de carácter partidista. Las redes sociales del municipio son un recurso público, no la oficina de prensa privada de un ciudadano cuya elección ha sido anulada. La ley es dura, pero es la ley, y ninguna narrativa de "profesor extranjero" puede estar por encima del régimen de probidad administrativa.
Es, además, de un cinismo absoluto que Krasnov se presente como víctima de los "clanes políticos" cuando su trayectoria administrativa es un catálogo de alianzas con los mismos. Krasnov olvida que llegó al poder de la mano del Partido Liberal en su coalición con Rodrigo Rojas, a quien traicionó prontamente para refugiarse "bajo las enaguas" de Carlos Amaya hasta que el fallo de nulidad los separó en una guerra de poderes por el control de la ciudad. Hoy, su único protector es Roy Barreras, uno de los máximos símbolos de la politiquería tradicional en Colombia. ¿De qué persecución habla quien ha saltado de bando en bando buscando sombra? Su pelea con el Gobernador no es una gesta heroica, es una disputa por quién se queda con las llaves de la Alcaldía mientras la justicia hace su trabajo.
"Esta ciudad no puede detenerse", repite con tono mesiánico. Pero, ¿qué se va a detener exactamente? Reto a cualquier defensor de esta administración a que mencione un solo proyecto de impacto real que esté en riesgo. ¿El tranvía imaginario que el Ministerio de Transporte ya sepultó? ¿El Centro PotencIA del que su gabinete guarda silencio porque no sabe cómo dar la cara frente a un proyecto anunciado que no se concretará? ¿El parque de diversiones de talla internacional que solo reposa en su documento ded plan de gobierno en tiempos de campaña? ¿Qué programas sociales propios están en juego? Porque las coberturas del PAE o los subsidios a población vulnerable son programas cuyos recursos y continuidad seguirán fluyendo con o sin él, ¿Hay acaso algún programa social propio de la administración Krasnov que se vaya a ver interrumpido?. Krasnov no ha impulsado ninguna iniciativa de bienestar social de autoría municipal que dependa de su permanencia en el cargo. Las únicas obras de peso que hoy se mueven en Tunja son financiadas por la Gobernación, anunciadas por Amaya con un oportunismo electoral evidente ante la vacancia que se avecina. Esas obras no se detendrán porque no dependen de la administración municipal. Señor alcalde, abandone el delirio del mártir: las redes le dan "likes", pero la realidad y la ley ya lo despidieron.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Durante la pandemia, el personal de salud fue exaltado como héroe. Sin embargo, nunca llegaron cambios de fondo. De hecho, en Boyacá se repiten con frecuencia denuncias de presunto acoso laboral y, como ya se ha señalado en otras ocasiones, también de presiones políticas en entornos institucionales.
Por eso, nuevamente, fijamos la mirada en el Valle de Tenza, donde en 2024, un grupo de médicos del Hospital Regional de Segundo Nivel Valle de Tenza denunció presunto acoso y maltrato laboral y ahora vuelve a pasar. Para ese entonces, las quejas desencadenaron una crisis institucional que terminó con la salida del gerente de la época por lo que parecía que la tormenta había pasado. Pero no fue así.
Hoy, mientras en distintos escenarios se comenta que el manejo del hospital seguiría orbitando en torno al mismo grupo político, resurgen las denuncias, acompañadas nuevamente de renuncias, acciones de tutela, diagnósticos médicos y decisiones judiciales.
Uno de los casos que conocimos —cuya identidad reservamos por razones de seguridad— corresponde a una valiente trabajadora que se atrevió a denunciar hechos que, según asegura, afectan a varios funcionarios y se traducen en presuntas represalias, retiro de funciones y afectaciones a su salud mental. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guateque le dio la razón en aspectos esenciales: tuteló sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la salud mental, y ordenó activar los mecanismos institucionales para atender el presunto acoso laboral.
El fallo también advirtió que no era claro si el Comité de Convivencia Laboral había sido activado ni si existían medidas efectivas de prevención y atención. En otras palabras, el problema no parecería limitarse a un conflicto interpersonal, sino que podría evidenciar una falla estructural en la gestión del clima laboral.
Dentro del proceso judicial quedó consignado un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, tratamiento psicológico activo, incapacidad médica y riesgo de afectación tanto a la estabilidad laboral como a la seguridad social de la trabajadora.
Pero este no sería el único caso que actualmente genera preocupación dentro de la institución. Según distintas fuentes, existirían otros procesos en curso relacionados con presuntas vulneraciones laborales. Entre ellos, el de una trabajadora del área de facturación que, tras haber sido reintegrada a su cargo, también habría acudido a instancias judiciales y su situación se encuentra actualmente en trámite.
A esto se suman casos de profesionales que habrían optado por retirarse luego de recibir indemnizaciones para terminar sus vínculos contractuales, incluso en situaciones que —según señalan allegados— involucrarían condiciones de salud que ameritaban especial protección laboral.
Situaciones como estas, aunque avanzan por distintas vías legales y administrativas, vuelven a poner sobre la mesa preguntas de fondo sobre el manejo del clima laboral dentro de la institución.
Dos años atrás, narramos algo similar, al menos 19 profesionales dejaron el hospital en medio de denuncias casi idénticas. Según los comunicados públicos difundidos entonces por el cuerpo médico, el detonante habría sido un presunto acoso laboral por parte del entonces gerente, Jesús Antonio Salamanca Torres. En ese momento también se advirtieron afectaciones a la salud mental del personal, tensiones internas y dificultades operativas dentro de la institución.
Tras el cambio en la gerencia, poco se supo sobre si el ambiente laboral realmente había mejorado. Hasta ahora, cuando vuelven a encenderse las alarmas.
¿Qué pasará? Seguramente nada, en un departamento en donde se multiplican las promesas de salvar la salud pública y abundan los discursos públicos sobre la humanización del servicio, mientras en la práctica muchos profesionales continúan denunciando presiones políticas, inestabilidad contractual, ausencia de garantías y maltrato laboral.
En Boyacá —según múltiples voces del sector— no solo se enfrenta el desgaste propio de un sistema de salud precario. También persiste la sensación de que la continuidad laboral depende, en ocasiones, de silencios, alineamientos políticos o gestos tan simbólicos como dar “likes” en redes sociales o participar en rifas a favor de determinados candidatos.
La politiquería parece haberse instalado en los pasillos hospitalarios mientras la humanidad del sistema, paradójicamente, termina saliendo por la ventana.
El departamento necesita una intervención seria y técnica en su red pública hospitalaria. Necesita transparencia, evaluación independiente del clima laboral, seguimiento real a los comités de convivencia y garantías para quienes denuncian. Pero, sobre todo, necesita gerencias hospitalarias elegidas por criterios de idoneidad y capacidad, no por equilibrios partidistas.
La salud pública no puede seguir administrándose como un botín político.
𝐄𝐥 𝐦𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐨́ 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐜𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚𝐟𝐞𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫
La capital de Boyacá asiste hoy al epitafio jurídico de un experimento político que, desde su génesis, estuvo marcado por la anomalía. La declaratoria de nulidad de la elección de Mikhail Krasnov no es un evento cualquiera; es un sismo institucional que sacude los cimientos de Tunja. Sin embargo, antes de desmenuzar las esquirlas de este fallo, conviene arrojar un manto de serenidad técnica sobre el fervor popular: la figura del Alcalde no se desvanece de un plumazo. Krasnov sigue habitando el despacho municipal y lo hará durante el tiempo que le permitan las maniobras procesales, esas aclaraciones y tutelas que, más que recursos de ley, parecen ser el último refugio de quien se resiste al adiós. No estamos, por tanto, ante una vacancia inmediata, sino ante una agonía administrativa que él pretende dilatar hasta el último segundo.
Habiendo despejado la bruma procesal, es imperativo reconocer la magnitud del momento. Estamos ante la noticia del año, un hito genuinamente histórico que no admite comparación con la propaganda trivial de sus medios afines, que pretendían elevar un simple bacheo a la categoría de epopeya. Es histórico por la gravedad del precedente, pues nunca antes la justicia había invalidado la voluntad popular expresada en las urnas para la Alcaldía de Tunja. Pero este hito no es un triunfo, es un espejo que nos devuelve una imagen deformada de nuestra sociedad y de nuestras instituciones.
Habla mal de una Registraduría que dejó pasar el elefante por la sala; de un Consejo Nacional Electoral que observó desde la barrera; y de una justicia colombiana cuya lentitud (dos años de letargo) permitió que el proceso se viciara de artimañas y dilaciones. Resulta vergonzoso recordar cómo el magistrado Luis Ernesto Arciniegas intentó sepultar la demanda inicial bajo el pretexto pueril de una cédula faltante, obligando al Consejo de Estado a intervenir con un "jalón de orejas" que evidenció la negligencia y la premeditación para negar al demandante el acceso a la justicia que le corresponde por derecho (https://www.facebook.com/share/p/1Ap1w1TRRP/). Durante este bienio, Krasnov no gobernó; se dedicó a manosear el sistema judicial, radicando recursos en nombre propio incluso cuando el máximo tribunal administrativo le advirtió que tal osadía tendría consecuencias. Consecuencias que, para infortunio de la ética pública, nunca llegaron, permitiéndole aferrarse al cargo mediante el desprecio absoluto por el orden institucional.
El fenómeno Krasnov ha desnudado un fallo sistémico en nuestra capacidad crítica como sociedad pensante. Resulta desconcertante, por decir lo menos, escuchar el eco de quienes, embriagados de ira o movidos por el pragmatismo del favor político; lo proclaman como "el mejor alcalde de la historia". Semejante afirmación solo es posible en un ecosistema de mediocridad e ignorancia absoluta, donde el listón de la excelencia ha sido reducido a la más mínima exigencia.
Algo que la sociedad tunjana tiene que comprender y asimilar de aquí en adelante es que el hecho de no pertenecer a la clase política tradicional no otorga, per se, una pátina de diferencia o superioridad ética. Krasnov no fue un renovador; fue simplemente un oportunista astuto que supo detectar con precisión quirúrgica los anhelos, dolores y necesidades de un pueblo cansado, para luego recitarle exactamente lo que quería escuchar. Estamos ante un manipulador de altísima escuela, dotado de una habilidad histriónica para la conversación seductora, pero que en el ejercicio del poder se reveló como un mandatario de una mediocridad apabullante, un gestor tan nulo como ruidoso en sus redes sociales.
Habría que preguntarse seriamente: esos que hoy reclaman a gritos que se respete la decisión del pueblo y el valor del voto, ¿por qué no reclaman con la misma vehemencia que se respete la justicia? ¿No sería acaso lógico que cuestionaran, con el mismo rigor, el hecho de que Mikhail Krasnov haya estado manoseando el sistema judicial para su propio beneficio? En ese punto, parece que el respeto a la democracia deja de ser valioso para ellos, validando una avalancha de recursos que solo desnuda las flaquezas de nuestras leyes y los oscuros poderes que rodearon esta estrategia de dilación por conveniencia propia.
Al contrario de lo que dicta el relato oficial, Krasnov es fácilmente uno de los peores alcaldes de nuestra historia reciente, obviamente sin superar el anti récord de su predecesor, que no fue que dejara el listón muy bajo, sino que lo enterró varios metros bajo tierra; un personaje que ha erigido una imagen de eficiencia a punta de pequeñas obras que no poseen una duración considerable. Para ello es suficiente con confrontar a cualquiera de sus defensores, que cuando se les pide enlistar las grandes ejecuciones, suelen naufragar en el silencio, molestarse por el cuestionamiento o nombrar ejemplos como la Avenida Universitaria. Esa vía fue reparcheada dos veces durante este mandato y, en ninguna de las dos ocasiones, el arreglo logró sobrevivir más de seis meses. Es el retrato de una gestión de oropel: cosmética, efímera y costosa.
¿Qué métrica de éxito puede amparar a un mandatario que no ha cortado la cinta de una sola obra de envergadura? ¿Dónde están las gestiones ante el Gobierno Nacional o los organismos internacionales que tanto prometió en sus periplos insulsos? La orfandad de políticas sociales de impacto es elocuente. Lo que vemos es una defensa cimentada en una militancia con mucho rasgo adolescente, esa misma que se mueve por el capricho de la rebeldía y el sentido de pertenencia; o en el fanatismo de quienes, ignorando la evidencia, prefieren el dogma a la realidad.
Cuando se confronta esta narrativa con la ausencia de resultados, el recurso dialéctico de sus seguidores es siempre el mismo: el ataque a la administración anterior. Es cierto, Alejandro Fúneme fue un mandatario nefasto y perverso, pero incurrir en el absolutismo de calificarlo como "el peor de la historia" sería, por lo menos de parte nuestra, una irresponsabilidad periodística que no nos permitimos, pues la historia de Tunja es demasiado profunda para sentencias tan ligeras. Lo irónico es que si nosotros, que escrutamos el poder a diario, somos cautos, el ciudadano de a pie se lanza al abismo de calificar a Krasnov como "el mejor" basándose únicamente en el carisma de una red social, en su grandísima capacidad de capitalizar la victimización o en el ejercicio mediocre de compararle con el anterior para así hacer ver que es “bueno”.
Esta defensa a ultranza tiene, además, un trasfondo mercantil. Hay una conciencia colectiva que fue comprada a precio de saldo mediante órdenes de prestación de servicios (OPS). Ciudadanos que vendieron su criterio por un contrato personal o familiar, convirtiéndose en peones de una militancia obligada para satisfacer los apetitos proselitistas de un alcalde que, a pesar de su disfraz de outsider, resultó ser un alumno aventajado de las mañas tradicionales.
La máscara de honestidad de esta administración se resquebraja ante el análisis de su contratación. Si la transparencia fuera el norte y la norma, no asistiríamos al espectáculo nauseabundo del contrato con la empresa de Desarrollo Territorial Donmatías, adjudicado de forma directa con un anticipo del 95%, en una forma de pago rara veces vista; y una prórroga que convirtió un proyecto de tres meses en una espera de casi un año. La plata se diluye y las obras, como fantasmas, no se ven, o aparecen de muy mala calidad y duración.
Lo propio ocurrió con la agenda cultural de 2025. Un presupuesto que saltó de 9.000 a 13.000 millones de pesos, a punta de adiciones clandestinas, sin que ello garantizara la integridad de los eventos previstos. Se sacrificó la diversidad cultural para engordar un Aguinaldo Boyacense que no le representó un centavo en concepto de ingresos al municipio, y que para colmo de males sigue arrastrando deudas con nuestros artistas locales. Artistas que, en un giro cinematográfico, vieron cómo alguno de sus representantes fue silenciado con contratos tras haber osado liderar procesos de revocatoria.
Asimismo, lo más preocupante es que estos megacontratos son solo la punta del iceberg; debajo subyace la pequeña contratación, donde las órdenes de prestación de servicios (OPS) se dispararon de forma desproporcionada bajo la promesa de eficiencia, pero sin que ello se tradujera jamás en una mejora real de la atención al público. Se infló la burocracia por conveniencia, pero el ciudadano siguió enfrentando la misma desidia de siempre.
En el ámbito catastral, el engaño ha sido la moneda de cambio. Mientras sus "bodegas" intentan endilgar la responsabilidad al pasado, fue la administración Krasnov la que contrató, de nuevo a dedo, una actualización parcial, siendo que la ley obliga a que sea total; por 10.000 millones de pesos, ignorando que el municipio ya estaba supuestamente facultado para realizar esta labor de forma autónoma, e incluso para ofrecer este servicio a otros municipios. Se prefirió la tercerización costosa e incompleta por encima de la eficiencia institucional. ¿Es esta la transparencia que nos prometieron?
La gestión de Krasnov ha sido una sucesión de exabruptos administrativos. Desde el caos en la atención del Sisbén (a principios de 2025) hasta el errático traslado de oficinas de varias dependencias de la administración municipal al Florida Shopping Center, un capricho que costó caro y terminó en un vergonzoso retorno. La planeación ha brillado por su ausencia. En el plano nacional, su gestión es un folio en blanco. Los pocos recursos ejecutados son el eco de trámites pasados o de la mano de la Gobernación; él, en cambio, se dedicó a coleccionar fotografías con embajadores y empresarios de diferentes latitudes del planeta, en reuniones estériles que jamás se tradujeron en inversión. ¿O acaso cuál de esas reuniones terminó con la consecución de recursos o con la firma de un contrato para la ejecución de algún proyecto?
¿Es esta la gestión del mejor alcalde de la historia? ¿De verdad es esa la mejor gestión? A este despropósito administrativo no se le puede llamar liderazgo ni transparencia. Al vacío de resultados hay que sumarle el fenómeno sistemático de acoso y propaganda negra ejercido durante su administración, donde se estigmatizó, injurió, calumnió, hostigó y se puso en riesgo a todo aquel que no se alineara con los dogmas del supuesto "mejor alcalde". Se puso en entredicho la integridad de los críticos bajo un manto de hostilidad digital que no tiene nada de democrático.
Es pertinente traer a la memoria la pirotecnia verbal de sus tiempos de campaña, cuando el hoy Alcalde aseguraba que su red de contactos y amigos en el extranjero traería a Tunja proyectos de inversión faraónicos. Prometió un centro de eventos masivos, un parque de diversiones de talla internacional y aquel quimérico tranvía que fue su bandera de seducción electoral. Al final del día, ninguna de estas promesas cruzó el umbral de la retórica; ni ocurrieron ni ocurrirán, porque no existen gestiones reales ni planes concretos que respalden tales fantasías. Fueron, sencillamente, anzuelos lanzados a una opinión pública ávida de soluciones mágicas, y carcomida por la sed de “castigo” contra la clase política tradicional.
En este escenario, es vital señalar que esta administración se acostumbró a la compra de conciencias, logrando que muchos opinaran desde el estrecho margen de su beneficio particular. Esto revela el grado de podredumbre y de corruptela que permea la idiosincrasia de buena parte de nuestra ciudad.
Si bien esta situación de nulidad es perjudicial en términos de certidumbre administrativa, no lo es por el riesgo de que queden proyectos a medias. Simplemente no hay proyectos en camino; no hay nada gestionado que pueda verse torpedeado. El argumento de la "parálisis" se cae de su propio peso, o que alguien nos cuente qué obra se detendrá, qué empresa dejará de llegar o qué programa social se cancelará por la ausencia de Krasnov. La respuesta es el vacío absoluto.
Las promesas de campaña, como el pago de la deuda pública o el tranvía, resultaron ser espejismos para incautos. Su propio Departamento Administrativo de Hacienda tuvo que desmentir la posibilidad de sanear las cuentas, y los estudios del tranvía han sido rechazados por su precariedad técnica. Lo mismo sucedió con el POT. Su vanidad lo llevó a desechar años y multimillonarias inversiones en estudios previos que ya tenían el visto bueno del Ministerio de Ambiente, condenando a Tunja a un estancamiento urbanístico que ya roza las tres décadas, y que es motivo de angustia y padecimiento de buena parte de la sociedad tunjana.
Incluso su idoneidad personal quedó en entredicho cuando, en un acto de cinismo jurídico, alegó no entender bien el español para defenderse en el proceso penal que cursa en su contra, olvidando que lleva casi 20 años en el país y que su sustento, previo a ser alcalde, provino de la docencia y la traducción. Esa misma persona que preguntaba en plena rueda de prensa al Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja si era grave la justicia por mano propia (https://www.facebook.com/share/v/1813nDUTqv/), es la que hoy es vanagloriada y sobrevalorada por su secta de incautos, de “indignados por la corrupción” que se venden por un contrato y de perfiles falsos.
No podemos ignorar que Krasnov fue el títere ideal para el poder departamental. Contrario a lo que dicta el odio visceral y la desinformación proveniente de sus bodegas, Carlos Amaya no fue su verdugo, sino su principal interesado. Un alcalde débil y sin norte que le ha permitido al Gobernador manejar la capital a su antojo, mientras los propagandistas del "profe" mantenían la ficción de un enfrentamiento político.
Tunja debe reflexionar sobre su cultura electoral. El voto basado en el revanchismo es un bumerán que siempre regresa para golpearnos. Lo vemos en Duitama, donde la ciudadanía eligió a Rocío Bernal para manifestar su respaldo al destituido alcalde Bohórquez, para luego llevarse chascos como el de que esta alcaldesa no tenga ni idea siquiera del presupuesto del municipio que gobierna; y lo vemos también aquí en Tunja con una persona que no sabe lo que firma, que responde con evasivas ante su falta de resultados o de conocimiento sobre los asuntos públicos, y que le huye a los medios de comunicación que no son de su cuerda propagandística prepagada: elegir a alguien solo porque es la “antítesis” del anterior, o porque explota emocionalmente las redes sociales mintiendo sobre temas como las cámaras de fotodetección (cuya instalación él mismo solicitó y firmó), es una conducta adolescente que solo garantiza el atraso.
La justicia ha hablado y, aunque Mikhail Krasnov intente ganar tiempo con recursos desesperados, su legado ya está escrito: fue el mandatario que cambió las obras por fotos y la gestión por retórica. Para la sociedad tunjana, queda el reto de madurar, de estudiar a sus candidatos y de entender que un buen gobierno no se construye con tranvías imaginarios ni con fantasmales parques de diversiones de talla internacional, sino con la seriedad y la decencia que este municipio, tan castigado por el engaño, hoy reclama a gritos.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La estupefacción es un sentimiento agotado en la política tunjana. No hay margen para la sorpresa cuando el guion de la ignominia ya ha sido debidamente encuadernado y repartido entre los actores de reparto que hoy dirigen el Concejo Municipal. Como se advirtió desde este medio hace unos meses (https://www.facebook.com/share/p/1HbqCWcrps/), la fiabilidad es una quimera cuando se entrega el timón a personajes cuya honorabilidad se desdibuja en la penumbra. Brahiam Quintana Martínez no representa una renovación institucional, sino la consolidación de un protectorado servil a los intereses y caprichos del ruso Mikhail Krasnov, quien para su desgracia ya va de salida. Su presidencia es el dividendo político de una complicidad silenciosa frente a las jugarretas y corruptelas que han empezado a carcomer el tejido administrativo de la ciudad.
El debut de Quintana Martínez como regente de la Corporación ha sido un exabrupto envuelto en celofán democrático. Su determinación inicial de trasladar las sesiones al horario de las seis de la tarde, bajo el pretexto ramplón de fomentar la asistencia ciudadana, fue una bofetada a la inteligencia colectiva. Si bien la presión de la prensa y la confrontación directa de algunos cabildantes en el recinto lo obligaron a retroceder y devolver las sesiones a la mañana, el intento dejó al desnudo su naturaleza autocrática. El argumento del "horario para el pueblo" es una falacia técnica. En Tunja existe una masa ingente de ciudadanos desempleados que, aun teniendo el tiempo, jamás pisarían ese recinto. La ausencia de público no es una cuestión de cronogramas, sino de asco institucional. El ciudadano no va al Concejo con empleo o sin él; si trabaja, no sacrificará su descanso para escuchar a quienes no deciden nada, y si está desempleado, no perderá su tiempo en una Corporación que es, por derecho y mérito propio, la más desprestigiada de la ciudad. La gente no va porque no cree en una institución que se percibe como una estafa democrática, un lugar donde se le hace el juego a la corrupción de turno y donde los cabildantes actúan como esclavos complacientes del mandatario del momento, llámese como se llame.
La puesta en escena del pasado martes 3 de marzo rozó el paroxismo del absurdo. Mientras Quintana Martínez declamaba su preocupación por el acceso del pueblo a la democracia, el recinto era un páramo habitado por el eco y seis sombras. De ese exiguo grupo, la mayoría, sino todos, eran unidades de apoyo, guardianes del salario que fungen como hinchada artificial de sus respectivos patrones. El desinterés no solo es físico sino digital. Las transmisiones oficiales, seguidas cuando mucho por una decena de náufragos del ocio, confirman que a nadie le seduce observar una Corporación que ha renunciado a su capacidad de decidir. La lógica que impera es la de la obediencia ciega, donde los votos se compran con complacencia o se venden por coimas o favores, mientras actuaciones tan bochornosas como la del entonces Gerente de Comunicaciones (https://www.facebook.com/share/p/1DomghU2g6/), hoy secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio; son sepultados bajo la alfombra de la cobardía colectiva.
Resulta de un cinismo patológico pretender que el trabajador honesto sacrifique su escaso tiempo de descanso para asistir al espectáculo de una coalición de vagos que desconocen la semántica del esfuerzo. Mientras la oposición asume el costo de la investigación, los concejales arrodillados al krasnovismo vegetan bajo el cobijo de la nómina pública. La nocturnidad que pretendió imponer no era una apertura, sino una estrategia de ocultamiento diseñada para erosionar la vigilancia de los medios de comunicación, especialmente contra aquellos periodistas radiales que madrugan al alba para informar y que hoy se ven forzados a elegir entre el descanso o la cobertura de una tiranía de baja repercusión.
A esta distorsión del ejercicio público se suma el uso tramposo de la declaratoria de "independencia" como una fachada de conveniencia. El “grupo del oráculo” ha convertido la figura del concejal independiente en un caballo de Troya para manipular el reglamento a su antojo. Al declararse independientes bajo el paraguas de la Ley 1909, pero actuar en la práctica como una extensión disciplinada de la coalición de gobierno, logran arrebatarle espacios a la oposición legítima y controlar la narrativa interna sin asumir el costo político de su servilismo. Es una artimaña sucia en la que utilizan la independencia no para disentir o fiscalizar con autonomía, sino para garantizar que el alcalde Krasnov tenga una mesa directiva a su medida, capaz de silenciar cualquier asomo de crítica real bajo el pretexto de una pluralidad que solo existe en el papel del registro electoral.
Pero el núcleo del naufragio ético y legal de Brahiam Quintana Martínez se encuentra en su interpretación caprichosa y abusiva de la Ley 1909 de 2018. Lo que presenciamos el pasado martes fue una simulación de legalidad orquestada para intentar revivir un cadáver administrativo: el informe de gestión de la vigencia 2025. El presidente de la corporación pretendió justificar que una obligación que, por mandato del Artículo 22 del Estatuto de Oposición, debe evacuarse antes de finalizar el año constitucional, se arrastrara hasta marzo de 2026. La excusa de Quintana Martínez es de una bajeza técnica monumental: culpa a la anterior secretaría general de no haber programado la sesión, utilizando como escudo la ausencia de un funcionario que ya no está para defenderse.
Desde el punto de vista del derecho, esta maniobra es inadmisible. El Artículo 22, inciso 5, es taxativo al exigir que los alcaldes presenten un informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestal antes de cerrar el año, y que dicho informe sea debatido en una sesión exclusiva. La omisión de un secretario no habilita a la mesa directiva a vulnerar los tiempos perentorios de la ley. Realizar este ejercicio en marzo de 2026 no es "transparencia", es un desperdicio de recursos públicos (más de diez millones de pesos por sesión) en un trámite que ha perdido toda significancia técnica. Quintana Martínez, en lugar de montar este circo extemporáneo, debería estar compulsando copias a la Procuraduría para que se inicien las acciones disciplinarias contra el exsecretario por la supuesta omisión de sus deberes funcionales. En vez de justicia, control y legalidad, Quintana Martínez ofrece un barato maquillaje administrativo.
La violación al Artículo 19 de la Ley 1909 es todavía más flagrante. Quintana Martínez afirmó, con un desconocimiento que raya en lo delictivo, que para las sesiones de oposición "los voceros deben reunirse y decirnos qué citar", sugiriendo además que se llegó a un "acuerdo verbal" para la dinámica de la sesión. Es necesario recordarle al presidente de la Corporación que en el derecho público rige el principio de seguridad jurídica; los derechos fundamentales de la oposición no se negocian en charlas de pasillo. El Artículo 19 otorga a los voceros de la oposición el derecho sagrado de determinar por cuenta propia el orden del día en una sesión de oposición. La mesa directiva no tiene la facultad de invitar, sugerir ni pactar la agenda; su única función es acogerse y respetar lo que la oposición radique. Al imponer la presentación de ocho carteras en una sola jornada, Quintana fragmentó el tiempo de tal manera que los concejales de oposición contaban como máximo con 2.5 minutos por secretaría para hacer observaciones o cuestionamientos, mientras que la administración municipal tenía vía libre para intervenir, garantizando así un notable desequilibrio en contra de la oposición. Esto no es control; es una emboscada administrativa diseñada para cercenar el derecho a fiscalizar que garantiza el Artículo 4 del Estatuto.
A este atropello institucional se suma una maniobra de fragmentación que raya, groseramente, en la malversación de la confianza pública. En lugar de organizar una sola jornada de informe de gestión como dicta el sentido común y la eficiencia administrativa, la mesa directiva determinó arbitrariamente (y no la oposición, como exige el Artículo 19 del Estatuto) dividir la presentación en dos sesiones, invitando a la mitad de las secretarías por día, aclarando de paso que la segunda parte, en la que estaban previstas las dependencias con más presupuesto (salud, educación) y de mayor trascendencia para la toma de decisiones en la ciudad (Contratación, Fomento Económico), nunca se realizó. Esta decisión no solo alarga innecesariamente un trámite que debió concluir el año pasado, sino que permite a los concejales cobrar por duplicado honorarios por una labor que perfectamente se puede realizar en una sola jornada si se hace la sesión desde las siete de la mañana. Quintana Martínez no solo impuso el orden del día y la dinámica violentando la autonomía de la oposición, sino que propició un escenario donde se dilapida el presupuesto para que carteras críticas sean escuchadas a cuentagotas, cercenando la capacidad de fiscalización que garantiza el Artículo 4 de la Ley 1909. Mientras los cabildantes aseguran su doble estipendio, la oposición ve su derecho limitado a un margen irrisorio de tiempo frente a un desfile de secretarios que solo van a hablar, pero no a responder.
Resulta particularmente ruin y contrastante el silencio de la Procuraduría Regional ante estos hechos. Es imposible no recordar cómo el año pasado la titular de dicho ente de control se presentó en el recinto no para velar por la transparencia, sino para condicionar abiertamente la labor de los concejales de oposición, amedrentándolos e intimidándolos con la representación de este cargo y las capacidades que tiene a nivel de apertura y trámite de procesos disciplinarios, mientras ellos apenas intentaban ejercer su derecho a la crítica. Hoy, cuando existen indicios claros y presunciones fundadas de una violación sistemática al Estatuto de Oposición, esa misma procuradora, ficha incondicional del Partido Verde, desaparece de la escena. Su mutismo es el sello de garantía de esta artimaña sucia: una procuradora que actúa como “Gestapo administrativo” contra las voces disidentes, pero que se vuelve ciega y sorda cuando sus correligionarios, como Quintana Martínez, pisotean la democracia para salvarle el pellejo a la administración municipal. Es el uso de la institucionalidad como una herramienta de persecución política y blindaje partidista.
Con esta mesa directiva ha comenzado una dictocracia de baja intensidad que se regodea en el irrespeto sistemático al principio de publicidad. Resulta grotesco observar al concejal Quintana Martínez alardear de una supuesta apertura por el simple hecho de compartir el orden del día en un grupo de WhatsApp destinado a la prensa. En un entorno institucional serio, esto no es un motivo de orgullo sino el decoro mínimo e indispensable para el ejercicio periodístico. Sin embargo, la realidad es mucho más cínica, pues la información se comparte a cuentagotas, en ocasiones a última hora o bajo la dinámica errática de publicar y borrar mensajes, jugando con el tiempo de los reporteros y garantizando que la fiscalización mediática sea nula. Es inadmisible que una oficina de comunicaciones con múltiples operarios se limite a esta labor tan básica en lugar de generar boletines, contenidos de fondo o convocatorias reales. El servilismo a los intereses de figuración del presidente de turno ha convertido a la comunicación del Concejo en un apéndice estéril que no comunica, sino que oculta y maquilla. El resultado es una ciudadanía aislada. Tanto así que los mismos presidentes de las Juntas de Acción Comunal deben acudir a los comentarios en redes sociales para reclamar la falta de invitaciones y de información. Nadie se entera porque esta mesa directiva, al igual que la anterior, ha convertido la violación del principio publicidad de lo público en un pasatiempo perverso para proteger la sumisión de la Corporación.
A este atropello institucional se suma el desprecio por las urgencias de la gente. Mientras el Concejo se desgasta en informes vencidos que a nadie interesan, los artistas locales siguen reclamando los pagos del Aguinaldo Boyacense 2025, sin que nadie interceda por ellos ni los represente; al igual que miles de ciudadanos que padecen la incertidumbre de las cámaras de fotodetección.
Señor Quintana, el problema de la asistencia al recinto no es el horario, es la vacuidad de sus debates. Le lanzo una apuesta y pongo sobre la mesa su propio salario de todo un año: lo invito a que cite a una sesión para discutir el pago a los artistas del Aguinaldo Boyacense 2025 o la realidad técnica de las cámaras de fotodetección. Hágalo a la hora que quiera, a las siete de la mañana, a la una de la tarde o a las siete de la noche, y le aseguro que el recinto se llenará de ciudadanos legítimos y no de sus complacientes y leales unidades de apoyo. Si los temas son de interés ciudadano, la gente va; si usted sigue discutiendo asuntos insulsos para encubrir la incapacidad ajena, seguirá sesionando en la soledad de sus sombras. El naufragio ha comenzado, y su gestión es el preludio de lo peor para Tunja.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Votar es un acto de responsabilidad. Y en 2026, más que nunca, conviene mirar con lupa.
Desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación (PARES) hace seguimiento a candidatos cuestionados que se presentan al escrutinio público en elecciones nacionales y regionales. La fundación advierte que no se trata de condenas anticipadas, sino de alertas sobre investigaciones en curso, vínculos con estructuras políticas cuestionadas, presuntas irregularidades administrativas o judiciales.
De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, PARES revisó 3.144 candidaturas inscritas. Hasta enero, documentó 195 candidaturas cuestionadas: 78 al Senado, 111 a la Cámara y 6 en curules especiales (CITREP, Afro e Indígenas).
En el listado aparecen nombres muy reconocidos en Boyacá.
𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚́𝐧 𝐀𝐝𝐚𝐦𝐞
Avalado por el Partido Alianza Verde, exgobernador de Boyacá (2020-2023) con 396.293 votos, administrador público de la ESAP y figura muy cercana al hoy gobernador Carlos Amaya, lo que lo ubica como una de sus cartas políticas a la Cámara de Representantes.
Según el informe, enfrenta investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías durante su administración.
Los cuestionamientos incluyen:
● Deficiencias en la planeación y ejecución de obras viales como la vía Soracá–Siachoque, donde se habrían presentado presuntos sobrecostos y recortes injustificados en metas físicas.
● Anomalías en la contratación del parque principal de Cómbita, al designar un ejecutor sin la capacidad técnica y financiera requerida.
● No se le señala pertenencia a un clan político reconocido a nivel nacional pero en lo regional cabe resaltar que hace dupla con el candidato al senado John Amaya, hermano del madatario actual.
𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨
Avalado por el Partido Conservador Colombiano, senador desde 2022 con 69.480 votos, es identificado como cabeza visible del llamado “Clan Barreto”, estructura política consolidada en el Tolima con incidencia regional.
Está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y fraude en documento público.
En 2024 fue mencionado en el escándalo conocido como “las marionetas”, tras declaraciones del exdirector del DPS, Pierre García. Según el ente investigador, habría existido un entramado en el que algunos congresistas presuntamente direccionaban contratos de obra pública a contratistas vinculados con sus estructuras políticas.
Aquí tampoco hablamos de condenas, sino de investigaciones en curso. Pero en política, las sombras pesan.
𝐎𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬
El informe también menciona, sin dar más detalles, a los aspirantes a la Cámara, Eduard Alexis Triana Rincón (Centro Democrático) y Pedro José Suárez Vacca (Pacto Histórico); así como la candidata al senado Soledad Tamayo Tamayo (Partido Conservador), dentro del universo de candidaturas con cuestionamientos.
Aunque estar en un listado de candidatos cuestionados no equivale a una sentencia judicial. Sí implica que existen investigaciones, señalamientos formales o vínculos políticos que merecen ser conocidos por el electorado, lo que deriva en que el problema no es solo jurídico. Es ético.
En Boyacá hemos normalizado votar por maquinaria estatal, por promesas de gestión futura sin revisar el pasado. Y luego nos sorprendemos cuando las obras no se terminan, cuando las regalías no alcanzan o cuando los escándalos estallan en Bogotá pero tienen raíces en nuestros municipios.
Antes del 8 de marzo la invitación es informarse, leer con lupa, contrastar, exigir explicaciones públicas y sobretodo no comer entero.
𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐨𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐬
Resulta una ironía casi cruel, propia de una narrativa de ficción, observar el abismo que separa la estética de las publicaciones oficiales de la administración municipal de la cruda realidad que emana de las cifras oficiales. Mientras el despacho del alcalde Mikhail Krasnov inunda la percepción pública con imágenes de reuniones en el Parque Empresarial de Boyacá, rodeados de empresarios y sonrisas de protocolo, las cifras oficiales del trimestre móvil noviembre-enero nos devuelven a un suelo árido. Tunja se consolida hoy como la octava ciudad con mayor desempleo en Colombia, alcanzando una tasa del 11,2 por ciento.
No se trata de un número frío, sino de un retroceso tangible frente al 10,5 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, para la actual administración, la prioridad parece ser la gestión del ángulo de la cámara y no la ejecución de una política pública robusta.
A comienzos de esta semana los tunjanos fuimos testigos de una nueva entrega de este teatro de sombras. Se anunció con grandilocuencia una reunión con empresarios del Parque Empresarial de Boyacá para supuestamente confrontar la problemática del empleo. No obstante, cuando se intenta rasgar el velo de la propaganda para encontrar sustancia, el resultado es el desconcierto.
Esa desconexión entre el discurso y el dato se cristaliza en la reciente retórica del mandatario al describir su visita al Parque Empresarial de Boyacá. Con un lirismo que ignora la precariedad, la Alcaldía se atrevió a calificar el recorrido como un ejercicio de "impulso al desarrollo", afirmando sin rubor que allí se fortalece la industria y se dinamiza la economía. No obstante, tras esa fachada de palabras grandilocuentes sobre movilidad de alimentos y progreso diario, no hay un solo sustento fáctico. La publicación carece de la más mínima evidencia sobre cómo, cuándo o mediante qué mecanismo específico se está impulsando ese empleo que tanto mencionan. Es retórica pura; un relato épico de crecimiento que choca de frente con la ausencia de estrategias reales para los empresarios que, lejos de la prosa oficial, siguen enfrentando los mismos obstáculos estructurales de siempre.
Desde este medio buscamos al secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Juan Carlos Pérez, quien en un gesto de apertura que se agradece frente al hermetismo de otras dependencias, atendió nuestra inquietud de querer profundizar sobre este encuentro. Sin embargo, la amabilidad no sustituye la falta de datos.
Lo que recibimos por parte de la sectorial encargada de la productividad fue una respuesta marcada por la imprecisión. El funcionario se limitó a exponer generalidades, confesando una realidad que movería a la indignación si no fuera trágica: hay industriales en el sector que ni siquiera cuentan con servicio de agua potable. ¿Es este el gran hallazgo de una administración que promete modernidad? ¿Confirmar en pleno 2026 que la zona destinada a ser el motor productivo de la capital boyacense carece de servicios básicos? No hubo una sola cifra de empleos a generar ni una estrategia clara sobre cómo mitigar el impacto del incremento del salario mínimo. Fue una respuesta que dejó la sensación de que, en esa mesa de diálogo, la información técnica no estaba a la mano.
Es imperativo además desmentir la narrativa construida por los propagandistas de turno que intentan colgarle al Alcalde medallas ajenas. Se ha dicho que la llegada de empresas de gran reconocimiento como Crepes & Waffles o Papa Johns es fruto de la gestión directa de la administración Krasnov. Falso. Requerimientos ciudadanos directos a estas empresas han confirmado que su aterrizaje en Tunja fue una iniciativa propia, tras estudios de mercado privados, y no por una alfombra roja tendida por la Alcaldía.
Esta misma vocación por el espejismo se traslada a una suerte de "diplomacia de vitrina" que el mandatario exhibe con orgullo en sus redes. Asistimos a una pasarela incesante de anuncios donde desfilan empresarios chinos, delegaciones rusas, “inversionistas" coreanos o japoneses y una variopinta colección de embajadores. Es la construcción de una Tunja cosmopolita que solo existe en el encuadre de la foto oficial; una cháchara internacionalista que, tras el brindis y el apretón de manos, se disuelve sin dejar un solo gramo de inversión tangible o un proyecto que saque a la ciudad de su letargo productivo. Mientras el Alcalde viaja mentalmente por potencias extranjeras en cada publicación, los ciudadanos siguen esperando que ese supuesto interés global se traduzca en algo más que un protocolo vacío que no genera un solo puesto de trabajo real.
El problema de fondo es que Tunja sigue encadenada a un modelo arcaico y peligroso donde la generación de empleo depende casi exclusivamente de la burocracia estatal. En una ciudad donde el tejido empresarial está compuesto en más de un 90 por ciento por mipymes que luchan por no ahogarse, la única oferta laboral masiva sigue proviniendo de los contratos de la Alcaldía y la Gobernación. Esta estructura no solo es económicamente insostenible, sino que es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Los empleos que se generan a cambio de favores políticos no son logros, son transacciones que rotarán de nombre con el próximo mandatario. Eso no es combatir el desempleo, es administrar la miseria clientelista.
Tunja tiene que apuntarle, como dijo el mismo Krasnov en tiempos de campaña, a hacer atractiva la ciudad para la inversión. Pero eso no está ocurriendo. No llegan grandes empresas y tampoco se facilitan las cosas para los valientes empresarios locales que ya tienen un panorama cuesta arriba para subsistir. Ante la falta de resultados, la administración se refugia en el aplauso de sectores que celebran la imagen por encima del dato, ignorando a quienes cuestionan la vacuidad de los anuncios oficiales.
La gente reflexiva de esta capital ya no se conforma con el impacto visual de una publicación. Somos una de las pocas ciudades del país que aún arrastra una cifra de desempleo de dos dígitos, una anomalía que perpetúa el atraso. Si la gestión sigue limitándose a "medir necesidades" sin ejecutar soluciones concretas, Tunja seguirá siendo esa ciudad que solo progresa en la imaginación de quienes manejan sus redes sociales.