#Editorial

𝐄𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐢𝐨 𝐦𝐚𝐥𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐪𝐮𝐞𝐚𝐫 𝐚 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯

El trámite de la sesión del Concejo Municipal el pasado miércoles 10 de junio expuso la absoluta falta de ética que define la campaña de la exconcejal Sandra Estupiñán. La corporación edilicia se encontraba convocada para desarrollar un punto técnico de alta relevancia para las finanzas municipales: la socialización de los pasivos exigibles de la vigencia fiscal anterior en las carteras de Movilidad y de Interior y Seguridad Territorial. Sin embargo, el normal desarrollo de una entidad financiada con el erario terminó supeditado a los intereses particulares de la hasta entonces cabildante.

Mediante una modificación exprés del orden del día, solicitada por el concejal Camilo Hoyos, la plenaria alteró su agenda para priorizar y votar la dimisión de Estupiñán, un asunto que por elemental consideración hacia lo público debió postergarse para el cierre definitivo de la jornada. Aunque la sesión continuó y posteriormente evacuó los temas programados, el manejo administrativo previo de la mesa directiva y la confusión del secretario al procesar el cambio de planes evidenciaron la precariedad y la falta de rigor técnico que caracterizarían una eventual gestión de la candidata Estupiñán en el edificio municipal.

Al tomar el micrófono, Estupiñán estructuró un discurso colmado de falsedades que riñe con los registros históricos de su paso por la corporación. Tras completar más de catorce años cobrando honorarios públicos a lo largo de tres periodos y medio, la exconcejal abandona su curul sin haber logrado la aprobación de un solo proyecto de acuerdo de su autoría; es más, las actas demuestran que jamás radicó una iniciativa propia en beneficio de Tunja, aunque sí muchas de las que le encomendaron las administraciones Cepeda, Fúneme y Krasnov.

Si se considera que la presentación de proyectos de acuerdo es la labor formativa más elemental de cualquier cabildante, es lícito cuestionar su idoneidad para gestionar recursos presupuestales de gran escala ante el Gobierno Nacional. Asimismo, su pretendida bandera en favor de la equidad de género y las causas de las mujeres carece de soporte normativo o presupuestal; su gestión histórica se redujo al oportunismo mediático y a captar cámaras cada vez que ocurría un hecho violento en el municipio, manipulando causas sociales para asegurar un baño de popularidad artificial, tanto como el del pasado 10 de junio en el que el recinto del Concejo estuvo colmado de familiares, amigos y presuntas cuotas, y no por el pueblo que aclame por su labor o en agradecimiento por su labor. Mucho espectáculo, pocos resultados.

La aplicación de las normas internas del cabildo quedó reducida a una lógica discrecional que el presidente de la corporación, Brahiam Quintana, encendió y apagó de acuerdo con conveniencias políticas. Aunque Quintana se vio obligado inicialmente a advertir a los asistentes en las barras que el reglamento prohíbe los aplausos en las sesiones, el rigor reglamentario se disolvió de forma grotesca al concluir las intervenciones de los cabildantes aliados de la campaña de Estupiñán. Tras los discursos de apoyo de estos concejales, incluido el propio Quintana, la presidencia decretó un receso e indicó formalmente a la concurrencia que ahora sí tenían permiso de aplaudir, relativizando el cumplimiento de la norma para favorecer a sus aliados. Tanto la exconcejal como su padre, quien también ocupó la curul por varios periodos y heredó la votación a su hija, omitieron advertir a sus acompañantes sobre las restricciones del recinto, a pesar de que ambos se tomaron el tiempo de saludar minuciosamente antes de la sesión. La urgencia de un reconocimiento artificial prevaleció sobre el decoro público, consumando el abandono de la curul obtenida para el cuatrienio 2024-2027 y confirmando que la ambición por capturar el presupuesto municipal supera cualquier compromiso ético con los electores.

Esta laxitud frente a la norma explica por qué Sandra Estupiñán funcionó como una de las principales escuderas de la caótica administración de Mikhail Krasnov, liderando la coalición de gobierno que bloqueó de manera sistemática la fiscalización de las cuestionadas contrataciones del destituido mandatario. Durante dicho periodo se suscribieron al menos tres megacontratos que hoy concentran el interés de las autoridades penales, disciplinarias y fiscales, acumulando un valor cercano a los 45.000 millones de pesos del erario. Entre estos destaca el convenio con el Fondo Mixto de Cultura para el manejo de la agenda cultural de 2025, el cual inició con un presupuesto superior a los 9.900 millones de pesos y terminó costando cerca de 15.000 millones de pesos tras sucesivas adiciones. Un patrón idéntico se identificó en el contrato para la actualización catastral, tramitado inicialmente por 10.000 millones de pesos, de espaldas al debate público, y que requirió inyecciones presupuestales que fijaron su costo definitivo por encima de los 14.000 millones de pesos debido a fallas técnicas que contravenían la ley. Finalmente, el convenio con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, por un valor de 15.076 millones de pesos, contrato que exhibe retrasos críticos, infraestructuras de mala calidad o simplemente abandonadas, llegando al absurdo técnico de edificar un orinal para niñas en un establecimiento educativo de la ciudad, que curiosamente tiene como rector a un tío de Sandra Estupiñán, que jamás encontró mayor eco en el Concejo gracias a su sobrina.

El verdadero peligro estratégico para Tunja radica en que, en caso de consolidar su triunfo, Estupiñán instrumentalizará el cargo para blindar y entorpecer los procesos disciplinarios, penales y fiscales que la Personería, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría adelantan sobre los manejos de la era Krasnov. Al tratarse de un mandato transitorio donde el tiempo de ejecución material será inferior a un año debido a los complejos procesos de empalme, la gestión se limitará al encubrimiento de estas irregularidades y al torpedeo de las investigaciones. Quien posea reparos sobre esta afirmación puede acudir a las instancias judiciales, pero el rabo de paja del destituido exmandatario es indiscutible y la ciudadanía tiene el derecho inalienable a conocer el destino de sus recursos.

A este complejo panorama se suma la inestabilidad jurídica de la candidatura; las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 configuran una clara causal de inhabilidad dado que la exconcejal ejerció la ordenación del gasto del cabildo durante el año 2025 en su condición de presidenta. Asimismo, la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional bajo la Sentencia C-080 de abril de 2026 ha proscrito las denominadas renuncias estratégicas orientadas a evadir la coincidencia de periodos institucionales, lo cual sitúa al municipio ante la amenaza inminente de una nueva nulidad electoral.

En el plano político, se ha detectado y documentado un encuentro bilateral secreto entre el gobernador Carlos Amaya y el exalcalde Krasnov, cuyo propósito específico fue coordinar una alianza clandestina para unificar las maquinarias en torno a la postulación de Estupiñán. Este pacto encubierto desvirtúa el relato de victimización de las bodegas digitales de Krasnov, las cuales insisten en calificar su destitución, motivada estrictamente por violar el régimen de inhabilidades al suscribir contratos con la UPTC dentro de la misma jurisdicción; como una persecución motivada por su labor docente, señalando falsamente a la administración departamental como su perseguidora mientras en la clandestinidad negocian la gobernabilidad en cuerpo ajeno.

La campaña ya exhibe prácticas de coacción inaceptables mediante la difusión de directrices orientadas a intimidar a los contratistas de la Alcaldía de Tunja a través de cadenas de WhatsApp, condicionando la continuidad de sus vínculos laborales al respaldo obligatorio de la candidata bajo el sofisma de proteger el proyecto político del exalcalde.

Frente a esta estructura dinástica, fortalecida por los nexos históricos de la familia Estupiñán con el clan de los Ramírez (cuyo referente, Ciro Ramírez, se encuentra hoy condenado judicialmente), la respuesta de la ciudadanía debe canalizarse a través de un voto estratégico y analítico.

Las promesas de transformaciones profundas en un periodo de diecisiete meses carecen de sustento fáctico y constituyen un engaño deliberado al electorado. La exconcejal cimenta su postulación en el caudal tradicional de su organización familiar, potenciado por la presión ejercida sobre los contratistas municipales y el aparato burocrático de la Alianza Verde movilizado desde el gobierno departamental.

En unos comicios caracterizados por proyecciones de abstención histórica debido al desgaste de las presidenciales que culminan este 21 de junio, la escasa pedagogía institucional y la coincidencia cronológica con el Mundial, el umbral de victoria podría reducirse a una cifra cercana a los 10.000 o 12.000 sufragios. Ante esta vulnerabilidad matemática, la sensatez de los sectores alternativos exige que, en esta campaña exprés, se detecte con urgencia la candidatura llamada a competirle a las maquinarias de la alianza politiquera Amaya-Krasnov-Estupiñán, para que los candidatos rezagados, por el amor que dicen tenerle a la ciudad, depongan sus intereses particulares y unifiquen sus esfuerzos en torno a la opción que ocupe el segundo lugar en las preferencias.

Fragmentar la oposición es pavimentar el triunfo del continuismo y convalidar el regreso de Mikhail Krasnov y de Alejandro Fúneme al poder, ambos del riñón de Estupiñán, pues de los dos ha sido su fiel escudera, facilitando el endeudamiento por más de 93 mil millones propiciado por el primero, y encubriendo el despilfarro de 45 mil millones gestado por el segundo.

#Opinión #Política #Nación

𝐄𝐥 𝐛𝐮𝐫𝐝𝐨 𝐦𝐚𝐭𝐨𝐧𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐍𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Lo que padece la sociedad actual no es una simple crisis de la democracia, sino la gestación de un comportamiento sectario que busca anular las libertades civiles básicas a través de la intimidación colectiva. El reciente episodio en el que el pedalista boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas manifestó públicamente su simpatía hacia la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella desató una oleada de virulencia digital que no puede despacharse como una simple anécdota.

Lo que presenciamos fue la puesta en marcha de un tribunal inquisidor. Un sector de la militancia, autoproclamado custodio de la moralidad y defensor absoluto de las causas populares, decidió que la soberanía individual de un ciudadano se anula en el momento exacto en que sus preferencias políticas no se alinean con la ortodoxia del proyecto que encabeza Iván Cepeda.

Es imperativo trazar una línea de demarcación ética antes de profundizar en el fango de los comentarios que inundaron las plataformas de este y otros medios de comunicación. El problema de fondo no radica en la libre propaganda política. Que los seguidores de una campaña utilicen las tribunas digitales para difundir afiches de velatones o promover a sus candidatos es un ejercicio legítimo del debate electoral, imposible y hasta innecesario de controlar por parte de los medios de comunicación.

El verdadero peligro, lo que realmente genera repugnancia y enciende las alarmas, es la degradación del contradictor a través del insulto más ramplón y abusivo. La reacción de este sector de la militancia dejó al descubierto un preocupante sesgo clasista y una profunda desconexión con los valores de respeto que pretenden defender.

La crudeza de las pantallas reveló un festival de odio sin matices ni pudor, donde apelativos como "bobo hijueputa", "malparido estúpido" o "bestia levantado" se convirtieron en el argumento estándar de quienes se asumen moralmente superiores. La bajeza de la agresión llegó al extremo de atacar su origen familiar, tildándolo despectivamente de "hijo de un reciclador" bajo la deplorable premisa de que "no hay peor rico que el que ha sido pobre", una muestra de resentimiento puro que no tiene cómo explicar qué tiene que ver la madre o la cuna de un héroe nacional con su derecho constitucional a elegir un candidato.

Esta pirotecnia de vulgaridad y saña no es un hecho aislado. Para este sector, el campesino o el colombiano de origen humilde solo es digno de respeto y reivindicación mientras actúe como un peón ideológico dócil, predecible y sumiso. Si ese mismo ciudadano decide, en pleno uso de sus facultades, respaldar una visión de país de corte diferente, se le despoja de su dignidad humana.

De inmediato cae sobre él todo el peso del matoneo digital, una práctica abusiva y sistemática que se ensaña contra cualquier personalidad reconocida o figura pública en el momento exacto en que decide expresar una postura que no se alinea con las simpatías del oficialismo. El castigo para el disidente es el linchamiento virtual, la descalificación profesional y el intento burdo de amordazar su criterio ciudadano a punta de agresiones colectivas en las redes.

Esta hostilidad patológica hacia la libre determinación no se limita a quienes toman partido de forma explícita, sino que persigue con sevicia a cualquiera que cometa el pecado de no someterse a la pleitesía oficial. El ejemplo más elocuente y mezquino de este fenómeno lo ha padecido James Rodríguez, el futbolista más grande y laureado en la historia de la Selección Colombia, máximo anotador de un mundial, ganador del premio Puskas en esa misma edición de la Copa del Mundo, y líder de la selección Colombia que mejor desempeño ha tenido en la historia de los mundiales. A James, las huestes del dogmatismo pretendieron despacharlo bajo el falaz argumento de que es un simple producto de la mercadotecnia, desatando contra él un odio digital desproporcionado por el simple hecho de mantener una distancia prudente frente al espectáculo político o por situaciones tan triviales como no haber saludado a la hija del Presidente. El matoneo se convierte así en una herramienta de castigo selectivo: si un héroe nacional se une a una alternativa electoral contraria es linchado, pero si decide mantener una cautelosa neutralidad y no se arrodilla ante el oficialismo, el castigo es exactamente el mismo, demostrando el grado de abuso de una militancia que sabotea los íconos deportivos de orgullo del país bajo una estricta lógica de subordinación obligatoria.

Resulta lícito interrogar a estos inquisidores de las plataformas virtuales sobre cuáles han sido sus ejecutorias individuales para pretender desautorizar a quien ha tocado el cielo en su disciplina y ha puesto en alto la bandera de Colombia. ¿Cuándo alguno de estos críticos ha logrado figurar en el tope de su país en algo? ¿Cuándo han sido los mejores en su propio campo como para mirar por encima del hombro a quien ha puesto el nombre de Colombia en la cúspide global?

Intentar vincular el declive natural en el rendimiento deportivo de un atleta que se aproxima al ocaso de su carrera con la legitimidad de sus opiniones políticas, mediante burlas que afirman que por esa postura es que "ya no corre", no es solo una falacia argumentativa insostenible, sino una manifestación de profunda mezquindad. El tiempo pasa para todos los cuerpos; sin embargo, la huella de la disciplina y el esfuerzo que permitieron a un colombiano codearse con la élite mundial no se borra con un puñado de publicaciones cargadas de frustración.

Cuando se demuestra que estas reacciones viscerales no son más que el reflejo condicionado de una masa incapaz de tolerar el pensamiento ajeno, cobra valor el ejercicio de recordar la dimensión exacta de las gestas que Nairo Quintana inscribió en las páginas de la historia mundial, devolviéndole la sonrisa a un país que había sepultado el entusiasmo por las bielas.

Cuando se demuestra que estas reacciones viscerales no son más que el reflejo condicionado de una masa incapaz de tolerar el pensamiento ajeno, cobra valor el ejercicio de recordar la verdadera dimensión de su leyenda, escrita no en los foros de la mezquindad, sino en el mármol perenne de la epopeya deportiva mundial. Nairo Quintana no corría; asaltaba la historia. La memoria de este país parece olvidar la tarde bendita del 20 de julio de 2013, cuando en plena fiesta nacional, las carreteras francesas testificaron una de las muestras de audacia más puras que recuerde el ciclismo contemporáneo. En el temible ascenso a Semnoz, durante la vigésima etapa del Tour de Francia, el joven boyacense de 23 años, debutante en la ronda gala, decidió que el asfalto era su territorio soberano, abrió las alas en el último kilómetro y, con una arrancada monumental, dejó petrificado y sin respuesta a la gran leyenda británica Christopher Froome. Aquella no fue una victoria cualquiera; fue el grito de resurrección de todo un país que vio a un hijo de su tierra encumbrarse en los Pirineos y los Alpes, vistiéndose con el color blanco de la juventud, la mítica camiseta de los lunares rojos de la montaña y el trofeo del subcampeonato del planeta, devolviendo para siempre la sonrisa al alma de la nación.

El Olimpo de las bielas volvió a rendirse ante su talante en el Giro de Italia de 2014, cuando la mítica maglia rosa de líder absoluto reposaba sobre la espalda del escarabajo hijo de los Quintana Rojas. La consagración definitiva aguardaba en la decimonovena fracción: una de las cronoescaladas más inclementes y descarnadas de las últimas décadas, un martirio de veintisiete kilómetros cuesta arriba que buscaba su corona en los altares de la Cima Grappa, un coloso despiadado donde la resistencia humana se agrieta. Fabio Aru y Rigoberto Urán habían impuesto registros superlativos que la lógica daba por insuperables, pero la ascensión del cóndor dinamitó cualquier cálculo racional; con una cadencia hipnótica, devorando las herraduras de montaña a golpe de riñón y orgullo, el boyacense destrozó todas las referencias temporales previas, abriendo una brecha de diecisiete segundos sobre el italiano y sentenciando el título por más de un minuto frente a su compatriota en una de las mayores exhibiciones de superioridad alpina de la época moderna.

Dos años más tarde, el 29 de agosto de 2016, la Vuelta a España trasladó su escenario cumbre al imponente puerto de los Lagos de Covadonga, un territorio mítico que custodia los recuerdos de las más grandes hazañas del ciclismo nacional. En aquellas rampas asturianas, donde en el pasado Lucho Herrera y Oliverio Rincón esculpieron triunfos históricos inolvidables para los colombianos, Quintana protagonizó una de las páginas más brillantes de estrategia y pundonor. Desafiando el asedio de sus rivales y enfrascado en un duelo directo frente al histórico Alberto Contador, el boyacense desató una ofensiva demoledora en los tramos más exigentes de la subida. Con un cambio de ritmo letal y milimétrico, Quintana quebró la resistencia del pedalista español en las curvas del puerto, marchando en solitario hacia la meta para conquistar la cima, adueñarse de la camiseta roja de líder y blindar un triunfo monumental que sostendría con autoridad hasta Madrid.

La regularidad de su excelencia competitiva volvió a manifestarse en el Giro de Italia de 2017, durante la novena fracción con meta en el temible Blockhaus, un puerto de veintiséis kilómetros de longitud que causa terror incluso entre los escaladores más experimentados. Con el contrarrelojista Tom Dumoulin acechando a escasos diez segundos en la clasificación general de aquel Giro, la estrategia exigía un golpe de autoridad en las pendientes más pronunciadas. Tras una preparación milimétrica de su escuadra, Quintana desató las hostilidades a falta de seis kilómetros para la cumbre, lanzando de manera consecutiva cinco ataques de una intensidad demoledora que reventaron de forma progresiva la resistencia de sus rivales directos, cruzando la línea en solitario para vestirse de rosa y asestar una diferencia de veinticuatro segundos sobre Thibaut Pinot y el propio Dumoulin, más allá de que este último terminaría arrebatándole el título.

Incluso en la madurez de su trayectoria, desafiando el desgaste natural del organismo, el pedalista ratificó su jerarquía en la decimoctava etapa del Tour de Francia de 2019. En un trazado alpino descomunal de doscientos ocho kilómetros que incluía tres exigentes puertos de montaña, Quintana se integró en la escapada del día. En las rampas del imponente Galibier, a trece kilómetros de la línea de meta, ejecutó una aceleración demoledora a la que nadie pudo contestar, coronando así el puerto en absoluta soledad.

Es este palmarés, compuesto por más de cincuenta victorias oficiales en el exigente circuito de los calendarios UCI , el que vuelve profundamente indignante el trato degradante propinado por sectores ciegos de dogmatismo político. Resulta asombroso olvidar los momentos en que este hijo de la tierra fue recibido en hombros por multitudes que colapsaron la Avenida Calle 26 de la capital de la República, transformando un trayecto rutinario de veinte minutos en una procesión de tres horas de fervor popular desde el aeropuerto hasta el centro de Bogotá, o colmando las plazas públicas de Boyacá para vitorear a un hijo de la tierra. Nairo Quintana ha sido el artífice de que el himno nacional resuene con dignidad en el extranjero, obligando al mundo a hablar bien de una geografía históricamente estigmatizada por flagelos asociados al narcotráfico, además de potenciar los atractivos turísticos ligados al deporte de las bielas. Restringir la validez de su pensamiento bajo premisas de resentimiento es un síntoma de una profunda degradación social.

Frente a la virulencia desatada, surgen voces que pretenden camuflar su intolerancia bajo un barniz de sofisticación analítica, argumentando que figuras públicas de la talla de Quintana deberían abstenerse de tomar partido en aras de preservar una supuesta neutralidad como símbolos de unidad nacional. Esta postura esconde un engaño conceptual profundamente tramposo. Nairo Quintana no es un funcionario público, no ejerce el monopolio de las armas del Estado, ni ostenta un cargo institucional que lo obligue a la imparcialidad. Es, ante todo un ciudadano, un héroe nacional por sus ejecutorias deportivas y un empresario privado que invierte en su país, abriendo almacenes comerciales y participando activamente en la cadena de transporte de papa y derivados agrícolas de su región para generar empleo real. Exigirle que renuncie a su voz política para no herir las susceptibilidades de las barras bravas de una ideología es una forma velada de amordazarlo y despojarlo de sus derechos civiles más elementales.

Quien tiene el deber ético y político de actuar como un factor de unidad, de convocar al consenso y de gobernar para la totalidad de la población es el Presidente de la República. Sin embargo, la realidad nacional demuestra que ha sido precisamente desde la máxima magistratura del Estado, bajo el mandato de Gustavo Petro, desde donde se ha inoculado un discurso de división que termina envenenando los corazones de los ciudadanos. Cuando los relatos oficiales acostumbran a la sociedad a fracturarse entre buenos y malos, las masas radicalizadas se sienten con la licencia moral de linchar digitalmente a un deportista o a cualquier compatriota que ose manifestar un pensamiento divergente. No estamos ante una agresión orquestada directamente por el aparato institucional en este caso específico, sino ante algo derivado de ello: una ciudadanía con el alma envenenada que actúa por reflejo condicionado, atacando con odio ciego a quien no se arrodilla ante sus dogmas.

Un entorno donde no se puede opinar sin terminar bajo un linchamiento masivo no puede etiquetarse bajo el rótulo de la normalidad democrática. La composición del debate público no radica en que un atleta exprese de manera pacífica y concisa su simpatía por una campaña, sino en que la respuesta de sus detractores sea la humillación, el insulto soez y la pretensión de decretar su desgracia. Un país no puede decidir su futuro bajo las lógicas mezquinas del resentimiento y el sectarismo; blindar el derecho de Nairo Quintana a elegir y a manifestarse es, en última instancia, blindar el derecho de cada ciudadano de a pie a seguir viviendo en libertad.

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𝐀 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐠𝐮𝐚𝐥

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 𝑮𝒂𝒓𝒄𝒊́𝒂 – 𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂

Recuerdo que cuando era niña había una pregunta que aparecía con cierta frecuencia en las reuniones familiares, en conversaciones casuales y en ese momento extraño e incómodo cuando tus tíos te rascaban la cabeza, te jalaban los cachetes y te preguntaban:

—¿A quién quieres más, a tu papá o a tu mamá?

Durante mucho tiempo respondí lo mismo:

—A los dos por igual.

No recuerdo haber reflexionado demasiado sobre aquella respuesta ni haber entendido la dimensión de lo que estaba diciendo. Solamente sentía que era la única respuesta aceptable. Había algo en esa pregunta que me hacía pensar que elegir estaba mal, que inclinarme por uno significaba herir al otro y que una buena hija debía repartir el amor en partes exactamente iguales. La idea de querer más a una persona que a otra parecía casi una falta terrible. Así que aprendí a responder lo que se esperaba de mí y durante años ni siquiera me cuestioné si aquello era realmente cierto.

Con el paso del tiempo empecé a notar que existía una diferencia importante entre el amor y la conexión emocional. Son conceptos que solemos mezclar porque ambos forman parte de nuestros vínculos, pero no necesariamente representan la misma experiencia. Y aunque esta reflexión también podría aplicarse a las relaciones de pareja y a las amistades, creo que esos vínculos merecen un espacio aparte. Después de todo, las relaciones que elegimos traen consigo preguntas sobre límites, permanencia y responsabilidad emocional que exploraremos en otro artículo.

Volviendo al tema familiar, considero que amar a alguien implica desear su bienestar, reconocer su importancia en nuestra vida y mantener un vínculo afectivo con esa persona. La conexión emocional, en cambio, tiene que ver con algo mucho más difícil de describir. Es esa sensación de cercanía, comprensión, confianza o identificación que surge de manera particular con algunas personas y no con otras. No siempre podemos explicar por qué ocurre. Simplemente sucede.

Existe una especie de mitificación alrededor del amor familiar. Hemos construido la idea de que dentro de una familia todos deberían sentirse queridos exactamente de la misma manera y que cualquier diferencia emocional representa una injusticia o un fracaso afectivo. Sin embargo, cuando observamos la realidad de las relaciones humanas, encontramos algo muy distinto. Las conexiones familiares están llenas de matices, experiencias compartidas, heridas, momentos de cercanía y también de distancia.

Incluso antes del nacimiento de un hijo, el vínculo emocional ya comienza a construirse o destruirse. Cuando una mujer recibe la noticia de un embarazo no solamente se inicia un proceso biológico. También empieza un proceso psicológico y emocional profundamente complejo. La futura madre comienza a imaginar escenarios, a proyectarse en el futuro, a preguntarse cómo será su vida, cómo será ese hijo y qué lugar ocupará dentro de su historia personal.

En ese proceso aparecen ilusiones, expectativas, deseos y también temores. Algunas mujeres imaginan compañía, otras sienten incertidumbre, algunas experimentan felicidad inmediata y otras necesitan tiempo para conectar con la idea de la maternidad. Todas estas experiencias forman parte de una construcción emocional que comienza mucho antes del nacimiento.

Cuando ese bebé llega al mundo, la relación continúa desarrollándose a través de miles de experiencias cotidianas. La manera en que es recibido, consolado, acompañado y protegido va moldeando la percepción que tendrá de sí mismo, de los demás y del mundo que lo rodea. La seguridad emocional, la sensación de protección, la confianza y el afecto recibido durante la infancia tienen una influencia importante en la forma en que esa persona aprenderá a relacionarse consigo misma y con los demás durante la adultez.

Por eso resulta difícil pensar que dos vínculos puedan desarrollarse exactamente de la misma manera. Incluso dentro de una misma familia, cada hijo llega en un momento distinto de la vida de sus padres. No es lo mismo convertirse en madre a los veinte años que a los cuarenta. No es lo mismo recibir a un hijo en medio de estabilidad económica que en medio de dificultades. Tampoco es igual la personalidad de un niño que la de otro, ni las necesidades emocionales que cada uno presenta a lo largo de su desarrollo.

Cada hijo despierta experiencias diferentes en sus padres y cada padre construye una historia diferente con cada hijo. Esto no significa que exista más amor para uno y menos amor para otro. Significa que los vínculos son únicos. Que las relaciones humanas no son copias exactas unas de otras y que la conexión emocional adopta formas distintas dependiendo de las experiencias compartidas.

Quizás por eso la pregunta no debería ser si queremos exactamente igual a todas las personas importantes de nuestra vida. Tal vez la pregunta más honesta sea si estamos dispuestos a aceptar que el amor puede ser profundo sin ser idéntico. Porque las relaciones humanas no se construyen sobre medidas exactas ni sobre reparticiones matemáticas del afecto. Se construyen sobre historias compartidas, momentos vividos y experiencias que dejan huellas diferentes en cada persona.

Hoy, cuando recuerdo aquella pregunta de la infancia, ya no estoy tan segura de la respuesta que daba. No porque dude del amor, sino porque ahora entiendo que amar y conectar son experiencias distintas. Y que aceptar esa diferencia no disminuye el valor de nuestros vínculos; al contrario, nos permite comprenderlos con más honestidad, más profundidad y más humanidad.

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𝐄𝐥 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚

𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂

El título de mi anterior columna, “Ni Esperanza ni Reconciliación”, quedó ratificado con los discursos de los candidatos ganadores en la primera vuelta. Fue lamentable el contraste entre la enormidad de los problemas por afrontar durante el próximo cuatrienio y la corta estatura política de quienes aspiran a dirigir el Estado. La grandeza de un líder se despliega en los momentos críticos, pero en la noche del domingo ninguno de los candidatos pasó la prueba, porque con sus discursos ambos estuvieron alejados del nivel mínimo de grandeza que se espera de quien aspire a la Presidencia de la República. Y lo más preocupante es que en ninguno se percibió la aspiración a unir al país y mucho menos a incentivar la reconciliación.

La irresponsabilidad del Presidente de la República con el ordenamiento institucional y la democracia alcanzó un nuevo extremo. Además de no reconocer los resultados, hablando, sin aportar prueba alguna de un supuesto fraude, decidió intervenir descaradamente en la contienda electoral atacando la candidatura de De la Espriella y favoreciendo la de Cepeda. Y al desvarío de Petro se sumó el senador Cepeda quien comenzó su discurso hablando de dudas sobre irregularidades, para que, ante la avalancha de críticas, menos de 24 horas después empezara a recular. Pero era tarde, pues ya había perdido credibilidad ante gran parte del público que lo vio como un mal perdedor. Y por si los tumbos fueran pocos, la casi inmediata suspensión de la recolección de firmas para convocar una constituyente no fue creíble para el grueso de la opinión pese a la “grandeza política” con la que Cepeda quiso edulcorar lo que no fue sino una táctica de campaña.

Lo cierto es que Iván Cepeda está mostrando incoherencia al prometer una revolución ética, poniendo en duda el resultado electoral sin pruebas; sin decir una palabra sobre todos los casos de corrupción de este gobierno; haciendo eventos masivos de campaña cuando la ley lo prohíbe, y aceptando que el Presidente participe en política a su favor cuando la ley también lo prohíbe.

Dicho lo anterior, hay quienes sostienen que el desvarío del Presidente, acolitado por su candidato no fue sino una jugada para sacar de casillas al temperamental candidato De la Espriella, quien tuvo que cambiar su tono exaltado improvisando un discurso sin estructura pronunciado durante un espectáculo agresivo y desafortunado. Es decir, si en efecto fue una jugada calculada por Petro, De la Espriella cayó en la trampa colocándose a la defensiva incluyendo en esta el respaldo de Trump. En fin, las celebraciones por los resultados de la primera vuelta, lejos de ser una fiesta democrática, les cedieron el paso a las alarmas por el tono de ambas campañas y las mutuas ofensas y agresiones de los candidatos.

Y en este escenario, estamos presenciando una cacería electoral paradójica. El Pacto Histórico, bajo la sombra de Petro y Cepeda, busca por todos los medios frenar la ventaja que les ha sacado De la Espriella. Su nuevo botín estratégico son los votantes de centro y los abstencionistas. Pero con la credibilidad golpeada, a Cepeda le queda difícil cortejar a ese mismo centro que hace apenas unas semanas criticaba y renegaba de los extremismos y del deplorable balance del primer gobierno de izquierda. A todas luces esa izquierda encabezada por Petro perdió lo que le quedaba de estatura moral, y el electorado sensato lo sabe.

Sin embargo, también el centro enfrenta la encrucijada de que tampoco le resulta fácil expresar cercanía hacía De la Espriella por sus antecedentes profesionales, su estilo y su propuesta que lo muestran dispuesto a llevar el ejercicio del poder al límite de lo posible bajo la promesa de restaurar la "seguridad y la estabilidad económica". En medio de esto, el candidato aplica una táctica de psicología inversa: en su discurso asegura no querer vincular a nadie, ni siquiera al centro, proyectando una imagen de autosuficiencia. Pero la realidad institucional dicta que aún necesita esos votos.

Ahora bien, aunque el voto en blanco no sume para cambiar el resultado, sí representa un contrapeso político insoslayable. Un porcentaje alto de votos en blanco se convertiría en un lastre a la legitimidad de origen del ganador que le puede afectar la gobernabilidad durante el próximo cuatrienio. Si los candidatos no dan un viraje creíble para neutralizar las máculas que presentan sus campañas, sospecho que los votantes en blanco crecerán significativamente.

#Editorial

𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐦𝐚𝐲𝐚 𝐲 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢𝐧̃𝐚́𝐧

La política en Tunja ha dejado de ser un ejercicio de administración pública para convertirse en un burdo tablero de ajedrez donde el pudor y la ética institucional se sacrifican sin el menor asomo de vergüenza. La reciente destitución de Mikhail Krasnov, ratificada de forma definitiva por el Consejo de Estado tras confirmarse la nulidad de su elección dictada inicialmente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, no significó el fin de su nefasta influencia, sino el inicio de una preocupante operación de gobierno tras las sombras.

Quien fuera el mandatario de la capital boyacense padece una evidente y patológica adicción al poder; una dependencia tan severa que, a lo largo de su mandato, lo llevó a desplegar un repertorio de artimañas jurídicas insostenibles, interponiendo tutelas improcedentes, recursos dilatorios y recusaciones temerarias contra los magistrados que firmaban su salida, ganándose el reproche unánime de las autoridades judiciales por incurrir en conductas abiertamente prohibidas. Esa misma conducta errática y desafiante ante la institucionalidad colombiana es la que replica en los procesos penales que hoy cursan en su contra, donde ha recurrido a la sistemática recusación de fiscales que lo investigan, exhibiendo un talante que desprecia las reglas del juego democrático.

Hoy, despojado legalmente del cargo pero aferrado a los hilos de la administración, Krasnov continúa gobernando mediante un gabinete que se ha convertido en su quinta columna dentro de edificio municipal. La alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, se encuentra maniatada ante el ocultamiento sistemático de información, el torpedeo administrativo y la imposibilidad de remover a unos funcionarios que responden únicamente a las directrices del exalcalde destituido, quien los puso allí y a quien por obvias razones deben su lealtad. La situación ha llegado al extremo de que la mandataria interina ha debido apelar al envío forzoso de varios de ellos a vacaciones para poder respirar en su propio despacho, mientras la información pública se filtra hacia el cuartel general de un ciudadano común y corriente que ya no ostenta dignidad alguna.

En medio de ese desespero por no soltar el presupuesto ni el control territorial, y ante la imposibilidad jurídica de postularse él mismo, Krasnov ha diseñado una estrategia continuista para mandar tras bambalinas. La elegida para encarnar este proyecto es la concejal Sandra Estupiñán, quien ejerció como presidenta del Concejo Municipal en el año 2025 y, por ende, fungió como ordenadora del gasto en dicha corporación. Estupiñán no es una figura neutral; ha sido el alfil principal de una coalición mayoritaria que le acolitó y aprobó absolutamente todo a Krasnov, actuando como cómplice silenciosa de una gestión que puso en entredicho la transparencia de los recursos públicos mediante la asignación directa de contratos que terminaron costando mucho más de lo presupuestado o que simplemente se ejecutaron de manera deficiente, como son los casos de los contratos de actualización catastral, manejo de agenda cultural 2025 y el suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS.

La concejal sabe perfectamente, o al menos debería saberlo su equipo de asesores, que su aspiración nace muerta y que roza la ilegalidad de frente. Un contundente concepto jurídico radicado el pasado 4 de junio ante la Dirección Nacional del Partido Cambio Radical por el abogado Marco Antonio Palma desnudó la absoluta inviabilidad de su nombre. La trampa histórica de la "renuncia estratégica" (esa viveza criolla donde alcaldes o concejales dimitían a su curul para saltar inmediatamente a otra dignidad en el mismo periodo) fue sepultada de manera inapelable por la Corte Constitucional en su reciente Sentencia C-080 de 2026. El alto tribunal determinó con claridad técnica que los periodos políticos son fijos e institucionales, no individuales, lo que significa que el tiempo de ejercicio original de Estupiñán en el cabildo (2024-2027) sigue corriendo para efectos de inhabilidades. Al coincidir parcialmente su periodo como concejal con el periodo del alcalde que se elegirá en las atípicas del 26 de julio, la ley y la jurisprudencia la bloquean en seco.

A esta asfixia constitucional se suma el hecho de haber sido ordenadora del gasto durante los doce meses anteriores a la elección, configurando una violación flagrante al artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 de 2000. El memorial de Marco Antonio Palma es una advertencia lapidaria para Cambio Radical, notificando que si otorgan el aval, se exponen a que la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechacen la inscripción, a que el Consejo de Estado anule la elección o, peor aún, a que la Procuraduría abra investigaciones disciplinarias y penales por fraude procesal o falsedad ideológica si intentan ocultar la inhabilidad. Avalar a Estupiñán no es una jugada audaz, es una abierta torpeza jurídica.

El descaro de esta candidatura de cohabitación y conveniencia se agrava al revisar el desolador balance normativo de la ficha elegida. Sandra Estupiñán transita por su cuarto período consecutivo en el Concejo Municipal de Tunja y su legado en materia de proyectos e iniciativas de impacto es la nada absoluta. En los dos años y medio que corren de su actual período, no ha presentado un solo proyecto de acuerdo en beneficio de la ciudad, ni ha liderado un solo debate de control político con rigor técnico. Su gestión se redujo al usufructo y manoseo de la presidencia de la corporación para blindar los caprichos del destituido Krasnov, violentando el contrapeso institucional, e instrumentalizando el equipo de prensa oficial del Concejo para su exclusiva figuración y de paso posar públicamente con causas como la defensa de los derechos de la mujer, banderas que utiliza de manera utilitaria sin exhibir un solo resultado verdadero y efectivo.

Pero el verdadero y más lesivo legado de Estupiñán en sus cuatro periodos no es la carencia de iniciativas, sino su cobijo en el descalabro financiero que hoy asfixia a la capital boyacense. La ciudadanía la recuerda con indignación por haber sido una de las máximas escuderas y artífices de la aprobación del desastroso endeudamiento por más de 93.000 millones de pesos solicitado por el anterior alcalde, Alejandro Fúneme. Una multimillonaria operación de crédito que hoy sigue devengando intereses astronómicos que merman las arcas municipales y congelan la capacidad de maniobra de la actual administración, todo a cambio de un paquete de obras fantasmas que no se ven, que no se ejecutaron y que la ciudad repudia abiertamente. El supuesto arraigo popular del que presume su círculo no obedece a una gestión corporativa real, sino a las viejas y rancias prácticas de la política tradicional: el reparto de puestos, la intermediación de trámites administrativos y la entrega selectiva de ayudas para tapar el desastre de su historial de actuaciones y votaciones en el recinto.

La urgencia por inflar artificialmente este proyecto político ha quedado al descubierto en las últimas horas a través de indicios sobre los movimientos en el cabildo. Concejales de la coalición de gobierno habrían recibido la instrucción perentoria de comprometer no solo sus maquinarias tradicionales, sino también las Unidades de Apoyo Normativo, financiadas con el erario de los tunjanos. La orden técnica apuntaría a que cada concejal obligue a su equipo de asesores a crear un mínimo de cinco perfiles falsos en redes sociales para maquillar la inexistente gestión de Estupiñán, contener el rechazo ciudadano, al igual que magnificar sus supuestos logros. La efectividad de esta operación de laboratorio digital quedó en evidencia durante el sondeo masivo convocado recientemente por este medio de comunicación (https://www.facebook.com/share/p/19vHT2PwwW/). Mientras las respuestas espontáneas de la opinión pública real marcaban una tendencia mayoritariamente negativa hacia la continuidad krasnovista en cuerpo ajeno, un repentino e inusual flujo de votos y comentarios estandarizados alteró la medición en un burdo intento por lavar la cara de la cabildante. Es una sucia estrategia de bodegaje digital para simular un apoyo popular que las calles de Tunja no constatan.

La farsa continuista comenzó a materializarse a la vista de todos el pasado domingo 31 de mayo, día de las elecciones presidenciales, cuando Mikhail Krasnov y Sandra Estupiñán fueron vistos compartiendo de manera calculada en el puesto de votación del barrio Pinos de Oriente, un encuentro que estuvo lejos de ser fortuito y que encendió las alarmas de la opinión pública. La agenda clandestina se intensificó el pasado miércoles en horas de la mañana, cuando este medio de comunicación constató y registró un encuentro privado en una cafetería del centro de la ciudad. Allí, en un espacio cerrado, el exalcalde destituido impartió instrucciones precisas a un grupo de contratistas y excontratistas de la Alcaldía de Tunja para moldear el camino de su supervivencia política. Krasnov, al percatarse de la incómoda presencia periodística que grababa sus movimientos, intentó hacer tiempo esperando una retirada que jamás ocurrió, pues la responsabilidad de informar exige una paciencia inquebrantable, así cause molestia entre sus más acérrimos seguidores.

Tras finalizar esa reunión con los contratistas, Krasnov se dirigió sin escalas a la Casa del Gobernador, acompañado por la jefe de gabinete municipal, Érika Soler. Esta funcionaria, actualmente enviada a vacaciones por la Alcaldesa encargada, es la misma que públicamente sostiene una retórica de confrontación contra el Gobierno Departamental y el Partido Verde, lanzando dardos malintencionados e insinuando que sectores aliados a dicha colectividad fueron los responsables de la destitución de Krasnov. Sin embargo, en la comodidad de la clandestinidad, acuden juntos a negociar con el mandatario de los boyacenses. Resulta inadmisible y éticamente indefendible que el gobernador Carlos Amaya le abra las puertas de su residencia oficial a un ciudadano destituido por la justicia, que engañó al electorado (lo que en plata blanca constituye un acto de corrupción pública) y que carga con un pesado lastre de investigaciones penales en su contra. Por más que las bodegas digitales y los defensores a sueldo de Krasnov (hoy reforzados por el ejército apócrifo de las unidades de apoyo del Concejo) pretendan matizar el encuentro bajo el débil argumento de una simple “reunión de amigos”, la realidad es implacable. A ningún ciudadano de a pie se le concede una audiencia de un par de horas con el mandatario departamental en la Casa del Gobernador. Amaya no tiene por qué dilapidar el tiempo de su alta dignidad en conciliábulos clandestinos con un personaje de tales antecedentes.

El trasfondo de esa reunión no fue otro que el cierre de un pacto político vergonzoso para cogobernar la capital. Allí se habría cocinado la candidatura de coalición de Sandra Estupiñán, un acuerdo espurio que este medio de comunicación se compromete públicamente a rectificar si el próximo 11 de junio, día del cierre oficial de inscripciones, la señora Estupiñán no aparece registrada en la contienda. El pacto incluye, además, la ejecución de maniobras conjuntas para presionar a otros partidos tradicionales con el fin de torpedear y bloquear la entrega de avales a la baraja de ciudadanos que pretenden aspirar legítimamente a la Alcaldía. Inmediatamente después de salir de la Casa del Gobernador, el exalcalde destituido se reunió con otro grupo de contratistas de la actual administración, quienes fueron constreñidos a asistir para recibir la instrucción definitiva del acuerdo pactado con Amaya.

El plan de consolidar este secuestro institucional a través del letargo y la asfixia de la competencia cuenta con un aliado silencioso: la profunda apatía de la ciudadanía. Los cerebros detrás de este pacto clandestino saben calcular el calendario; entienden que las elecciones atípicas del próximo 26 de julio se cruzan en un escenario de absoluto agotamiento democrático. Para esa fecha, la población ya vendrá de la agobiante fatiga de toda la campaña presidencial, habiendo superado los desgastantes episodios de la primera vuelta del 31 de mayo y de la segunda vuelta del 21 de junio. Toda esa densa atmósfera política, marcada por una polarización extrema donde las constantes disputas partidistas terminarán por hastiar e inundar el debate público, dejará a los ciudadanos completamente desencantados del ejercicio electoral. Al llegar el 26 de julio, los ánimos colectivos no se habrán recuperado de semejante hostigamiento. Si a este descontento estructural se le suma la inmensa distracción masiva generada por el desarrollo del Mundial de Fútbol que arranca el 11 de junio, y el desgano de amplios sectores que consideran que su voluntad en las urnas no resulta siendo respetada, la mesa queda servida para el fraude institucional. Al programar la contienda en medio del fútbol, con el cansancio acumulado de la polarización y un puente festivo a bordo, las maquinarias de Amaya y el krasnovismo pavimentarán el camino al triunfo basados en la abstención del voto de opinión. Saben perfectamente que cuando el electorado libre opta por apartarse ante el hastío del sistema, el monopolio de los contratistas amarrados decide el futuro de las urnas sin resistencia real.

Este entramado de intereses particulares desnuda la profunda mala fe y la ausencia absoluta de ética pública que comparten Mikhail Krasnov, Carlos Amaya y Sandra Estupiñán. La concejal demuestra su ambición al estar dispuesta a pisotear su propia curul y desafiar las causales de inhabilidad con tal de heredar el poder ajeno. Krasnov ratifica su peligroso mesianismo al usar el dinero y el aparato de la contratación pública para perpetuarse, mientras azuza a sus bodegas entrenadas para acosar y perseguir a quienes revelamos sus andanzas. Y finalmente, el gobernador Amaya exhibe una conducta ridícula y desleal. No solo instrumentaliza e irrespeta la autonomía de la Alcaldesa que él mismo encargó para la ciudad, prestándose para prolongar el régimen krasnovista por temor o por el simple deseo de repartirse el pastel burocrático, sino que además pisotea la dignidad de las bases de su propio partido. Con este pacto clandestino, Amaya sepulta las aspiraciones legítimas de figuras de la Alianza Verde como Yamir López, quien llevaba meses visibilizándose en redes sociales y consolidando un trabajo serio para obtener el aval de su colectividad. La capital de Boyacá no puede seguir siendo el botín de guerra de un destituido adicto al poder y de un Gobernador calculador que decide el destino de los tunjanos entre pasillos oscuros y tazas de café

#Opinión #Tunja #Cultura

𝐄𝐥 𝐝𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐫

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

La salida de Juan Pablo Pérez Espitia de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Tunja no es una simple rotación de personal en el marchito tablero del destituido Mikhail Krasnov; es un acto de sanidad pública, el fin de un ciclo de asfixia y, fundamentalmente, el nacimiento de una esperanza real para un sector que, tras tocar fondo de manera estrepitosa, hoy ve la oportunidad de volver a respirar. Se finiquitó la renuncia de uno de los alfiles más leales y cuestionables del proyecto político de Mikhail Krasnov, un personaje que transitó por la administración pública con la arrogancia de quien se cree superior al Estado, dejando a su paso un rastro indudable de desatención técnica, presuntas irregularidades presupuestales y una profunda deshumanización burocrática. Para Tunja, esta baja es una noticia colosalmente positiva porque abre la puerta de una cartera que permanecía blindada por la hostilidad y el desprecio hacia el tejido artístico local.

El paso de Pérez Espitia por la función pública local debe analizarse en sus dos catastróficos actos. El primero tuvo lugar en la Gerencia Estratégica de Comunicaciones. Allí, el funcionario demostró que su noción de comunicación social no tenía nada que ver con el interés general. Bajo su égida, la dependencia falló miserablemente en difundir lo verdaderamente importante: campañas de vacunación humana y de mascotas, jornadas de adopción de animales sin hogar, pedagogía para el recaudo de impuestos, las convocatorias esenciales para el Consejo Territorial de Planeación, entre otra serie de asuntos de interés general. Para Pérez Espitia, el erario no estaba para servir a la comunidad, sino para financiar una sofisticada máquina de propaganda y lavado de imagen destinada a erigir la figura del outsider ruso como una especie de mesías intocable, explotando su imagen de influencer mientras a la ciudad se la carcomía la corrupción y el atraso.

Fue en esa época donde proliferaron masivamente en Facebook bodegas de perfiles falsos dirigidas a sembrar narrativas de apoyo incondicional y una sistemática estrategia de victimización institucional cada vez que el libreto lo requería. Se impuso un régimen de acoso digital contra líderes sociales, medios independientes y ciudadanos incómodos, llegando al extremo de suplantar y plagiar portales de comunicación (incluido el de este medio) para desinformar, generar incordias y neutralizar la crítica de figuras como el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, el abogado Marco Antonio Palma o la líder ambientalista Yenny Moreno, entre otros tantos. De ahí para abajo, el cinismo de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones se estructuró bajo dos estrategias que rozaron lo delictivo: primero, utilizó el presupuesto de la propia dependencia para vincular directamente a la administración municipal a varios directores de medios de comunicación, comprando con estas contrataciones sus conciencias para garantizar el silencio frente a las mañas oficiales o conseguir alabanzas cuando fuesen requeridas. Segundo, manejó el plan de medios de forma inescrupulosa y aberrante, convirtiéndolo en un mecanismo de castigo financiero enfocado en mermar las posibilidades de los medios críticos, mientras se premiaba con recursos desproporcionados a portales amigos o fantasmas que nadie en el gremio conocía, pisoteando cualquier criterio técnico o de impacto real en la ciudadanía.

Pérez Espitia siempre negó la existencia de estas bodegas y el manejo corrupto de la pauta, pero la verdad real lo acorraló en el Concejo Municipal. Dos debates de control político contundentes desnudaron sus mañas. El segundo fue categórico y lapidario: las irregularidades probadas en su cara eran de tal magnitud que hacían imperativa una moción de censura. Sin embargo, el funcionario se salvó gracias al vergonzoso salvavidas de las mayorías sumisas que Mikhail Krasnov controlaba y aún controla en la sombra. Concejales de la coalición de gobierno recurrieron a estratagemas cínicas para dilatar el tiempo y no firmar la solicitud, excusándose bajo el pretexto de una supuesta falta de soporte, curiosamente argumentado por cabildantes que ni siquiera asistieron a la sesión o que estuvieron un rato y luego se marcharon.

A este prontuario se suma una irregularidad de origen que la Personería Municipal ha preferido obviar hasta el momento: Pérez Espitia se posesionó en la Gerencia Estratégica de Comunicaciones sin cumplir con los requisitos contemplados en el manual de funciones para ese cargo, pues carecía de la experiencia de dos años exigida después de obtener el título de posgrado. De hecho, para el momento del control político, llevaba año medio en el cargo y apenas tenía tres meses de graduado de una especialización que empezó a cursar en paralelo al ejercicio de sus funciones.

El segundo acto de este desastre se trasladó directamente a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, un sector que Pérez Espitia manejó con sectarismo y exclusión. Al asumir una cartera para la que tampoco cumplía el perfil, su primera jugada fue rodearse de sus amigos más cercanos para armar un fortín de favores políticos, dejando por fuera a cualquiera que criticara al Alcalde o a su gestión. Bajo su mando, la Escuela de Artes terminó convertida en una plataforma de entretenimiento gratuito para la Alcaldía, obligando a los niños a presentarse en todo tipo de eventos públicos a su propio costo, sin que la administración cubriera viáticos, transportes o un mísero refrigerio. El colmo del maltrato llegó cuando el municipio les cobró las chaquetas de dotación a los mismos profesores, mientras perseguía laboralmente a los docentes que denunciaban las irregularidades o se negaban a regalar horas de trabajo bajo el pretexto de una falsa descentralización.

Al mismo tiempo que las escuelas y los procesos de base se quedaban sin apoyo institucional, la sectorial se dedicó a financiar la cultura del espectáculo. Esta línea de acción, compartida y propiciada plenamente por Mikhail Krasnov, partía de una premisa lesiva para el gremio al considerar que los artistas y cultores locales son secundarios y que los recursos públicos de la ciudad deben volcarse hacia grandes eventos comerciales para traer artistas como Nicky Jam o saturar el calendario con conciertos de música popular. El resultado de priorizar este tipo de espectáculos no solo se tradujo en severos desórdenes públicos y en un evidente descontrol del consumo de alcohol en las plazas públicas, sino en la eliminación de los espacios destinados a géneros con profunda tradición y público en Tunja, como la carranga, el rock o la salsa, cuyos intérpretes fueron completamente ignorados por Pérez Espitia y sus burócratas de bolsillo.

El manejo del dinero a través del contrato interadministrativo con el Fondo Mixto de Cultura, suscrito para el manejo de la agenda cultural del municipio en 2025, fue un golpe directo a la confianza de la ciudad. El paquete de recursos que debía financiar los eventos culturales de todo el año (festivales, noches de museos, cumpleaños de Tunja, entre tantos otros), se lo devoró casi por completo el Aguinaldo Boyacense. Con cinco adiciones presupuestales, el contrato pasó de casi 10.000 millones a rozar los 15.000 millones de pesos, dejando sin presupuesto a más de la mitad de los festivales. Eventos como el Festival Altapresión de muralismo o el Tunjo de Oro ni siquiera se hicieron, y otros como el Carmen de Oro se ejecutaron sacando a los gestores que los habían creado.

El cinismo de las cuentas oficiales quedó al descubierto en los balances financieros Aguinaldo Boyacense 2025. Resulta insólito que la administración municipal pretendiera vender como un éxito de gestión el incremento de recaudos, cuando sus propios documentos oficiales evidenciaban que las ganancias netas terminaron en los bolsillos del operador privado del evento, dejando al municipio el peso muerto de las pérdidas económicas de las festividades. Este desbalance financiero se tradujo en un castigo directo para los cultores de la ciudad, pues mientras los artistas profesionales que ganaban legítimamente las bolsas concursables de Tierra de Festivales eran sometidos a un trato arrogante por parte de la sectorial y obligados a esperar hasta cuatro meses para cobrar sus estipendios, forzando a muchos a endeudarse con los gota a gota para financiar el montaje y el pago de seguridad social; la Secretaría patrocinaba agrupaciones exprés conformadas por sus propios funcionarios y consejeros aliados, como el Grupo Monark, saltándose de frente las convocatorias y requisitos aplicados al resto de los cultores y artistas locales. Esta estrategia de cooptación mediante contratos públicos fue la anestesia perfecta para amarrar la comodidad del Consejo de Cultura y garantizar que no se levantaran cuestionamientos desde su interior.

A todo esto se suma la falta de planeación técnica que ha venido dejando pérdidas graves para las finanzas de la ciudad. Ejemplo de ello es el accidentado proyecto de señalética turística de más de 700 millones de pesos, un gasto a todas luces absurdo en una Tunja con la malla vial rota y serias urgencias de salud mental desatendidas. A este contrato no solo le cambiaron cinco veces la destinación sin ningún criterio técnico, sino que jamás se articuló con los municipios vecinos ni con procesos comunitarios como el de los Hijos de Xué, quienes habían gestionado y radicado la iniciativa original ante el Ministerio de Cultura. El inventario de la improvisación incluyó también el misterio de los 350 millones de pesos destinados a drones patrocinados por Findeter que terminaron esfumándose de las presentaciones oficiales, audiciones a puerta cerrada basadas en el amiguismo y el bochornoso episodio de intolerancia donde Pérez Espitia terminó pasando un trago amargo en una comisaría tras enfrentarse a los esquemas de seguridad de Carlos Vives, obligando al municipio a aguantar el escarmiento y la tormenta mediática solo por defender su soberbia. La opacidad administrativa en este frente fue tan severa que la anterior secretaria, María Paula Falla, se vio obligada a salir del cargo tras denunciar que le falsificaron la firma para viabilizar el lesivo convenio con el Fondo Mixto, dejándola jurídicamente expuesta ante las investigaciones que hoy adelantan los entes de control.

Incluso la carpeta de estímulos de este año fue víctima de sus mañas institucionales. Por un lado, se intentó meter de manera tendenciosa al periodismo como un área artística, una maniobra que no buscaba honrar el oficio de la crónica o del periodismo literario o de no ficción, sino presuntamente amarrar el control de los jurados mediante intermediaciones con la Universidad de Antioquia. Por el otro, Pérez Espitia mantuvo una política de marchitamiento contra sectores históricos como la literatura, bloqueando recursos y justificando el recorte bajo la cínica premisa de que en Tunja ya nadie lee y que no tenía sentido promover poetas.

El sectarismo también frustró una inversión cinematográfica que pretendía hacer Amazon por más de 2.000 millones de pesos, que de haberse concretado habrían quedado en las arcas de la ciudad. La directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo, se negó a desembolsar la contrapartida de 170 millones ya apropiada diciendo que era un delito, una decisión respaldada por Mikhail Krasnov bajo la premisa de que si su Directora de Contratación decía no, ahí moría todo. Incluso cuando la productora le había ofrecido un papel actoral al Alcalde para salvar el proyecto. Mientras el cine se iba de Tunja, la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio acumulaba deudas con creadores de toda índole, incluyendo al realizador del pesebre de amigurumi, poniéndolos a trabajar sin Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), lo que provocó que colectivos como Tres Cuartos de Mi Tierra tuvieran que meterse al despacho a presionar por unos pagos que el ruso terminó sacando de su propio bolsillo ante la gravedad de las amenazas.

A pesar de este panorama, el sector artístico de Tunja demostró que no depende de las mañas de una Secretaría que operaba como caja menor y fortín político. Los creadores y cultores sobrevivieron gracias a la autogestión, a los recursos del Ministerio de Cultura y a la dignidad de su propio trabajo. Hoy, con la llegada de Rosana Montañez Moreno a la cartera, el panorama cambia por completo. Tras haber tocado fondo, los artistas se sacuden del yugo de la persecución y ven una esperanza real de reconstrucción. La salida de Pérez Espitia abre la oportunidad de exigir cuentas claras, revisar el dinero devorado por sus cuestionables manejos, y reactivar bolsas concursables con pagos anticipados. Es el momento de recuperar la Casa Silvino para la Escuela de Artes y de devolverle a la Noche de los Museos su carácter cultural y ciudadano. Queda año y medio de gobierno; tiempo suficiente para limpiar la propaganda, articular la cultura con los programas de salud mental y trabajar con Ecovivienda en la refacción del Centro Histórico. Tunja vuelve a respirar porque sus artistas se negaron a morir asfixiados.

#Opinión #Boyacá #VidaDeHoy

¿𝐒𝐚𝐛𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐬𝐨?

𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo muestran que el 91% de las mujeres realiza diariamente trabajo no remunerado, mientras que en los hombres la cifra es del 62,2%. Esto significa que una mujer en Boyacá dedica, en promedio, 6 horas y 49 minutos al día a estas labores. Un hombre, apenas 2 horas y 29 minutos.

Estamos hablando del cuidado de hijos e hijas, de personas mayores, de personas enfermas, del trabajo doméstico y de muchas otras tareas que sostienen la economía y la vida cotidiana, pero que siguen siendo invisibilizadas.

Estas cifras también evidencian una realidad sobre los últimos gobiernos en Boyacá y es que durante años hemos escuchado discursos sobre equidad de género, pero las brechas persisten. Si las mujeres siguen asumiendo de manera desproporcionada las cargas del cuidado y del trabajo no remunerado, es claro que los esfuerzos institucionales no han sido suficientes, ni los indicados para transformar de fondo su realidad.

Y precisamente por eso es urgente hablar de la Política Pública de Mujer en Boyacá. El problema es que hoy no contamos con una política pública vigente y, además, no existe claridad sobre cuándo estará actualizada y en funcionamiento.

Porque una política pública no existe para adornar documentos ni para que los gobiernos digan que cumplieron. Existe para analizar estas cifras, comprender lo que representan y convertirlas en acciones concretas que reduzcan las desigualdades.

Existe para que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer vaya mucho más allá de carreras atléticas, desfiles de moda, actos protocolarios, fotografías y discursos. Existe para impulsar procesos que reivindiquen derechos, contribuyan a redistribuir las cargas del cuidado y generen condiciones reales de igualdad para las mujeres.

Y repito, hoy Boyacá no tiene una Política Pública de Mujer vigente. Y la falta de información sobre su actualización genera aún más preocupación.

Por esa razón, desde la Fundación Sobreviviente radicamos el pasado 13 de abril un derecho de petición para conocer el estado de este proceso. Los términos legales ya se cumplieron y no obtuvimos respuesta.

Ahora tuvimos que acudir al ya saturado sistema judicial mediante una acción de tutela, que ya fue admitida, para que nos informen qué está pasando con una herramienta fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres boyacenses.

Así incomode, seguiremos insistiendo en que desde lo público se haga lo que corresponde, esperando que estas acciones no solo transforman indicadores sino también miles de vidas y familias.

#Editorial

𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐬𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐡𝐞́𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯

El periodo interino de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, ha puesto al descubierto la estrategia más ruin del destituido Mikhail Krasnov: pretender cogobernar en la sombra a través de un gabinete atornillado que actúa como un ejército de ocupación burocrática y de contención informativa. Tras declararse la nulidad de su elección por una inhabilidad legal estrictamente contractual, y no por su condición de "profesor", como reza su falsa narrativa de victimización; la capital boyacense asiste a un sabotaje institucional sistemático.

Con las elecciones atípicas anunciadas por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para el próximo 26 de julio, el mandato interino de Jiménez Gómez está tasado cronológicamente en apenas dos meses. Una transición fugaz cuyo único propósito ético es ordenar la casa, diagnosticar las finanzas municipales y estructurar un empalme riguroso para quien asuma el encargo definitivo por el año y medio restante del periodo. Sin embargo, la labor de saneamiento administrativo ha chocado de frente con una muralla de opacidad y resistencia pasiva por parte de los funcionarios heredados, quienes confunden la lealtad al servicio público con el servilismo a un líder político en desgracia jurídica.

La realidad de Tunja en los últimos años es el reflejo de un manejo perverso. La administración de Krasnov terminó siendo una prolongación directa de la anterior gestión de Alejandro Fúneme, ampliamente señalada como la peor de la historia local por haber endeudado a la ciudad a niveles sin precedentes. Fúneme dejó un hueco fiscal inmenso que condiciona severamente las posibilidades de acción y funcionamiento del municipio. No obstante, en lugar de asumir una postura de gestión técnica y solución estructural, el incompetente Krasnov utilizó esa pesada herencia financiera como su caballito de batalla predilecto para justificar su propia incapacidad, su parálisis administrativa y su absoluta falta de gestión ante el Gobierno Nacional. Bajo su mandato no se vio un solo proyecto de envergadura ni obras orientadas al desarrollo real; por el contrario, la ciudad se hundió en el exceso de personal contratado y en un esquema de adjudicación directa de procesos de gran cuantía, sobre los cuales, de manera recurrente, se terminó acudiendo a inyecciones presupuestales igualmente astronómicas, bajo mantos de duda y claroscuros técnicos.

Para ocultar esta parálisis, Krasnov montó un aparato de manipulación mediática ruin y sucio, apalancado en videos de alta producción y en el bombo publicitario de sus bodegas de propagandistas y linchadores digitales. Su estrategia consistió en agrandar resultados mediocres, presentando simples tareas obligatorias de mantenimiento como hitos históricos de la ingeniería civil. Ejemplo de ello es el paupérrimo estado de la Avenida Universitaria, una vía que intervino dos veces y hoy se encuentra agrietada y destruida, evidenciando la pésima calidad técnica de sus reparcheos y la total ausencia de obras complementarias como cunetas y canales de desagüe en sectores críticos como la calle que se intervino como parte de las labores del contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS en el barrio Libertador. Krasnov sabe perfectamente que, en medio de la desinformación, amplios sectores de la ciudadanía pueden ser explotados y manipulados emocionalmente. Por ello permanece encarnizado y obsesionado con el poder, desafiando el ordenamiento jurídico, desconociendo los mandatos de la justicia y manoseando las instituciones para mantener vigentes sus ambiciones personales.

El epicentro de este conflicto institucional ha quedado evidenciado en la flagrante imposibilidad de la Alcaldesa encargada para acceder a la información contractual del municipio, un derecho que le asiste por su dignidad y que debería estar garantizado para cualquier ciudadano en ejercicio del control social. La joya de la corona de la opacidad krasnovista es el macrocontrato interadministrativo 1767, suscrito de manera directa por una cifra superior a los 15.000 millones de pesos con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS. Sobre este megaproceso contractual se cierne un mar de suspicacias debido a la ejecución mediocre, inconclusa o descaradamente reformada de los presupuestos participativos. Las comunidades han tenido que ver cómo las promesas de salones comunales terminaron transformadas en carpas provisionales y, ante la insuficiencia presupuestal sobre la marcha, en la entrega de mesas y sillas plásticas sin un espacio físico real donde custodiarlas. Los arreglos viales y la instalación de cámaras de seguridad registran sobrecostos escandalosos en la compra de equipos y un evidente deterioro prematuro debido al uso de materiales de pésima calidad, y solo el control social visible y la denuncia pública de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal han obligado a la administración a realizar correcciones tardías.

La resistencia del gabinete a rendir cuentas sobre este contrato rozó el descaro durante el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. A los debates de control político inasistieron los directores y secretarios de las dependencias supervisoras del gasto: la Secretaría de Infraestructura, la Unidad Especial de Contratación Estatal y la Secretaría de Educación, esta última enviando delegados sin capacidad alguna de decisión. Tampoco hizo acto de presencia la mencionada empresa del municipio antioqueño. La sesión quedó reducida a un monólogo de indignación entre las comunidades afectadas, la Contraloría y la Personería Municipal.

Posterior al escándalo y al vacío institucional dejado por ese primer plantón, el debate se trasladó al periodo de sesiones extraordinarias, un segundo escenario donde la presión obligó finalmente a la comparecencia de la administración y de los delegados de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS. Fue en esta accidentada sesión donde la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, se apresuró a desmentir públicamente los reparos de la Alcaldesa encargada, quien bajo criterios de rigor técnico ya analizaba la posibilidad de declarar el incumplimiento del contrato ante la inexistencia física de informes de interventoría. Acevedo Galán intentó dar un parte de tranquilidad institucional vendiendo una versión oficial acomodada. Aseguró de forma tajante que los 15.000 millones de pesos permanecían blindados e intactos en una cuenta bancaria a nombre del municipio generando rendimientos financieros, e incluso sugirió que la empresa del municipio antioqueño ejecutaba las intervenciones provisionales de su propio bolsillo sin haber recibido un solo peso de las arcas públicas.

Ante el caos y el cerco informativo, la alcaldesa Jiménez Gómez convocó legítimamente a un Consejo Ampliado de Gobierno, un acto democrático y de cara a la ciudadanía que desató la furia de los secretarios atornillados, quienes respondieron con un comunicado de victimización institucional.

Fue precisamente en este escenario de exposición pública donde aquella versión de la cuenta municipal y los rendimientos a salvo quedó al desnudo y se desmoronó por completo. No obstante el relato previo en las extraordinarias, la presión del control social en el Consejo Ampliado de Gobierno obligó a la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda a poner la cara ante los ojos de la ciudad y admitir una realidad diametralmente opuesta: el dinero sí salió de las arcas del municipio y se encuentra bajo el control exclusivo y el manejo directo de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías. Una confesión a medias que incrementa las alarmas, pues la administración se negó a detallar las condiciones técnicas de dicha cuenta, el porcentaje de los rendimientos, el tiempo de permanencia de los fondos y, lo más grave, por qué los estudios previos que estipulaban un anticipo del 95% chocan con la narrativa oficial de que no se ha girado un solo peso.

Para encubrir esta flagrante incompetencia y el manejo turbio de los recursos públicos, los alfiles del krasnovismo han diseñado una estrategia jurídica y mediática coordinada: el uso sistemático de demandas y quejas falsas por supuesto acoso laboral para paralizar el control administrativo. Varios secretarios de despacho e integrantes del gabinete municipal han radicado estas acciones legales utilizando un mismo borrador idéntico, donde solo varían los nombres, firmas, cédulas y datos personales. Calificar como acoso laboral la solicitud habitual y rigurosa de informes de gestión y rendición de cuentas es una burla a la ley y un insulto a las verdaderas víctimas de esta práctica. El acoso real implica el abuso de una posición de poder para someter a un subalterno a tareas ajenas a sus funciones o jornadas ilegales sin contraprestación; una conducta que, paradójicamente, sí padecieron funcionarios de planta y contratistas bajo el mandato de Krasnov, quienes eran obligados a laborar fines de semana, a hacer parte de campañas políticas en Duitama, e incluso a trabajar hasta altas horas de la noche sin compensación, bajo la amenaza latente de la desvinculación.

El papel del secretario del Interior, David Suárez Acevedo, es paradigmático dentro de este esquema de victimización instrumental. Suárez Acevedo, un funcionario cuyo sello ha sido la ineficacia absoluta en materia de orden público, recurre al señalamiento para eludir sus responsabilidades de rigor. Aún se recuerda su vergonzosa actuación durante la entrega del Ecoparque del Oriente de Tunja, cuando abordado por los medios de comunicación para explicar un decreto de su directa competencia relacionado con la ocupación del espacio público, prefirió evadir los micrófonos alegando ignorancia sobre el texto, a pesar de que comprometía directamente a su sector, para dedicarse a jugar tenis de mesa ante las cámaras. Y para quienes no quieran retroceder tanto en el tiempo, basta con recordar su respuesta en el Consejo Ampliado de Gobierno cuando se cuestionó la entrega de sillas plásticas a cambio de salones comunales, afirmando que había varios presidentes de juntas de acción comunal que estaban contentos con el cambio.

Aquellos funcionarios que hoy se declaran perseguidos por el actual interinato son los mismos que durante dos años persiguieron judicialmente al periodismo independiente de la ciudad. La propia Directora del la Unidad de Contratación interpuso en su momento una acción de tutela contra este medio de comunicación, así como contra Caracol Radio, con el único fin de amedrentar e impedir la difusión de una información filtrada que la comprometía directamente; recurso judicial que perdió de forma contundente ante los tribunales, dado que la labor de la prensa se enmarcó siempre en la legalidad y el interés general. Durante toda la era Krasnov, ningún medio serio de la ciudad tuvo que rectificar una sola línea de sus publicaciones, pese a soportar el hostigamiento judicial de un gabinete intolerante a la fiscalización.

Mientras su estructura burocrática asedia a la alcaldesa encargada en los pasillos del Edificio Municipal, Mikhail Krasnov se dedica a cosechar los frutos de la manipulación psicológica que consolidó con éxito durante su campaña y su destructivo mandato. Lo que el exalcalde y sus colaboradores estructuraron en el pasado no fue una gestión técnica, sino el libreto arquetípico de un outsider político enfocado en la agitación digital. Krasnov operó como un showman mediático que supo capitalizar las expectativas ciudadanas y el descontento popular mediante una calculada retórica de indignación y una bandera anticorrupción que hoy se desmorona frente a los hechos.

Detrás de la puesta en escena y de los discursos moralizantes, la realidad institucional se ha impuesto a través de procesos formales e investigaciones vigentes en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; acciones de control que desmitifican cualquier narrativa de persecución política y confirman que la destitución responde a un estricto orden legal. No obstante, ese fenómeno de masas consolidó una militancia dogmática instalada en la ignorancia voluntaria; un sectarismo ciego que hoy, ante la evidencia documental de las irregularidades, se niega a aceptar la realidad. Esta inercia es alimentada en las redes por un ejército residual de bodegas, conformado por contratistas que no actúan bajo una estrategia actual, sino por el desespero de defender un modus vivendi para el que nunca estuvieron preparados, o por simple rencor hacia los medios que destapamos su porquería. El costo social de este andamiaje propagandístico ha sido devastador para el tejido comunitario de Tunja: aquellos líderes sociales y comunales que osaron denunciar las promesas incumplidas sufrieron un matoneo sistemático y campañas de difamación orquestadas por estos mercenarios de la desinformación. Ejemplo de ello fue el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertador, quien se vio obligado a presentar su renuncia irrevocable tras ser blanco de amenazas directas contra su integridad, o la presidenta de la JAC del barrio San Antonio, sometida a una infame campaña de perifoneo barrial financiada para acusarla falazmente de apropiación de dineros públicos. Pero el verdadero movimiento de Krasnov hoy no es digital, sino un torpedeo institucional directo. El exmandatario sigue reuniéndose a plena luz del día con los secretarios que dejó incrustados en la administración, quienes le deben total lealtad y le siguen obedeciendo órdenes para bloquear la gestión de María Paula Jiménez Gómez.

Con el bloqueo burocrático consolidado en el Edificio Municipal, Mikhail Krasnov acude a su trinchera digital para montar un nuevo sainete de victimización y tantear la impunidad. A través de su cuenta de Instagram, el exmandatario publicó una historia indexando el decreto que convoca a las elecciones atípicas del próximo 26 de julio, acompañada de un texto revelador: "Muchos quieren un consejo con respecto a las atípicas, ¿postularme yo mismo?". Lejos de abrir un canal aprobatorio o factual, las opciones de respuesta que ofreció a sus seguidores constituyen un burdo ejercicio de manipulación psicológica diseñado para alimentar el mito de su martirio. Las alternativas de votación son "no profe, lo van a perseguir hasta acabarlo", "no profe, apoye una persona capacitada" o "sí profe, pero le toca desde ya más abogados", opciones que clausuran deliberadamente la única realidad jurídica: Krasnov arrastra una sentencia de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que lo inhabilita por 14 años para ejercer cargos públicos. Esta sanción emana de una falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, tras hallarse que se inscribió y posesionó estando inhabilitado. Aunque el fallo se encuentra en etapa de apelación y rige la presunción de inocencia, es de urgencia manifiesta que el Ministerio Público acelere el pronunciamiento de segunda instancia para ratificar la medida. Solo la celeridad de la justicia protegerá a la capital boyacense de que un personaje que vulneró el ordenamiento legal, y que además posee una talanquera insalvable por haber sido el ordenador del gasto del periodo inmediatamente anterior, pretenda seguir manoseando las instituciones y burlando la buena fe de la ciudadanía.

La adicción al poder y el desespero por mantener el control de los hilos de Tunja han llevado a Mikhail Krasnov a configurar un esquema de cohabitación política que desafía la decencia institucional. Más allá de las discusiones sobre su derecho a la libre locomoción o sobre la vigencia de su esquema de seguridad oficial, un recurso estatal que sigue utilizando bajo el amparo de los plazos técnicos que la ley otorga tras una destitución; el verdadero problema de fondo radica en la subordinación que el exmandatario sigue ejerciendo sobre el gabinete heredado. La evidencia factual de que Krasnov continúa reuniéndose activamente con altos funcionarios vigentes de la administración, como el Gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (Irdet), enciende todas las alarmas sobre una fuga masiva de información confidencial y secreta de la administración municipal. Es un secreto a voces en los pasillos de la Alcaldía que el exalcalde no ha soltado el mando y que, mediante estos encuentros, sigue dictando instrucciones y accediendo a datos de carácter exclusivo del manejo municipal que hoy se le niegan sistemáticamente a la Alcaldesa encargada. Esta interferencia espuria no solo paraliza el desarrollo de la ciudad, sino que desnuda la urgencia ética de una renovación: los secretarios atornillados a la era krasnovista deben renunciar por cuenta propia. Por gallardía, madurez política y dignidad institucional, este gabinete tendría que dar un paso al costado, entregar las cuentas claras y permitir que la ciudad progrese sin el lastre de un gobierno en la sombra que abusa de los recursos y de la confianza de los tunjanos.

#Opinión #Tunja #Política

𝐄𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐨́ 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐚𝐩𝐞𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

El pasado jueves quedó marcado en la historia política reciente de la capital boyacense como el día en que la altanería institucional y el sectarismo corporativo sufrieron una derrota inapelable ante la simple, llana y efectiva voluntad de transparencia. La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, convocó a un consejo ampliado de gobierno. Una iniciativa que, por definición, materializa el concepto tantas veces pisoteado de "gobierno abierto": un consejo de gobierno de puertas abiertas, sin secretismos ni muros de contención burocrática, dispuesto a rendir cuentas de cara a la ciudadanía.

Para un evento de tal naturaleza democrática, el lugar natural, idóneo y lógicamente destinado para su desarrollo era el recinto del Concejo Municipal de Tunja, una corporación pública que cuenta con la infraestructura y la logística financiadas por los impuestos de los tunjanos precisamente para albergar el diálogo social y la deliberación democrática. Sin embargo, en una muestra ramplona de mezquindad y con el evidente propósito de torpedear la gestión de la mandataria encargada, el presidente de la corporación, Brahiam Quintana Martínez, decidió negar el uso del recinto.

Horas antes de la realización del evento, se conoció una misiva enviada por Quintana Martínez a la alcaldesa encargada, en la que rechazaba la solicitud bajo el ridículo, facilista y tramposo pretexto de la inmediatez. El concejal argumentó que abrir las puertas del recinto implicaba una operación compleja que no daba margen de maniobra, puesto que el salón requiere para su funcionamiento un sistema de electricidad, sistema de sonido y una "operación de consola" que se encuentra a cargo de un personal técnico que supuestamente no podía brindar el acompañamiento, sumado a la supuesta imposibilidad para avisar a los demás cabildantes. Excusas baratas de tintes administrativos para camuflar lo que a todas luces constituyó un veto político grosero. La mentira administrativa de la "falta de tiempo" se cae de su propio peso técnico: la solicitud de la alcaldesa fue radicada formalmente el miércoles a las 2:11 P.M. para un evento programado el jueves a las 5:00 P.M. Es decir, la administración de Quintana Martínez dispuso de más de 26 horas para coordinar la monumental y titánica tarea de encender las luces y oprimir los botones de un tablero de sonido. Una galbana institucional inaceptable.

No hay que llamarse a engaños: el señor Brahiam Quintana Martínez ha sido, y sigue siendo, uno de los escuderos más conspicuos y serviles del ala krasnovista. En un acto de abierta apatía hacia la alcaldesa designada y guardando una estricta sumisión a los hilos que aún mueve Krasnov, Quintana Martínez cerró las puertas de la que llaman falazmente "recinto de la democracia".

Semejante mezquindad, no obstante, terminó convertida en un bumerán político y en una soberbia lección de dignidad. Ante el bloqueo, el consejo ampliado de gobierno se trasladó al Salón Bicentenario, un espacio ubicado en el primer piso de la Alcaldía de Tunja, bajo control estatal del municipio y tradicionalmente conocido por la ciudadanía como el CREM, debido a su antigua denominación. Allí, lejos del sectarismo del cabildo, el evento no solo se ejecutó, sino que se transformó en un rotundo y monumental éxito democrático.

Por primera vez en la memoria administrativa de la ciudad, un consejo de gobierno se abrió de par en par a los gobernados. Cualquier ciudadano que deseara asistir pudo ingresar, tomar asiento y participar sin necesidad de intermediarios o autorizaciones sospechosas. La dinámica fue tan rigurosa como transparente: la alcaldesa encargada sentó a su gabinete, ese mismo gabinete ineficiente que le heredó el destituido Mikhail Krasnov; y comenzó a interrogar, punto por punto y de manera estricta, el porcentaje de cumplimiento de las metas fijadas para la actual vigencia. Una vez concluido el examen a los secretarios de despacho, directores de entes descentralizados y gerentes de departamentos administrativos, la palabra pasó a manos del constituyente primario. La ciudadanía preguntó, cuestionó con dureza a los funcionarios, controvirtió los datos expuestos y exigió soluciones reales. Al ejercicio se sumaron también algunos concejales de la ciudad que asistieron por cuenta propia, desmarcándose de los pretextos de su presidente, e ingresó un considerable grupo de periodistas que cubrimos el evento con absoluta libertad.

Aquello fue una bofetada con guante blanco para el presidente de la corporación. María Paula Jiménez Gómez le dictó a Brahiam Quintana Martínez una lección de democracia de padre, madre y señor mío. Lo educó políticamente en una sola tarde, demostrándole que el recinto que él administra con ínfulas de capataz no es ningún templo de la deliberación, sino un espacio sectario que se presta única y exclusivamente para los fines oscuros y mezquinos que establezca el poder de turno en esa corrupta corporación.

La farsa de la logística esgrimida por Quintana se desmorona por su propio peso técnico y legal. En el plano técnico, el Salón Bicentenario (CREM) demostró tener una acústica y una claridad de sonido infinitamente superior a la del Concejo Municipal, donde habitualmente impera un ruido distorsionado y difícil de dilucidar en las transmisiones. El problema allí, vale aclararlo, no es del profesional a cargo de la consola, quien bastante hace con trabajar con las uñas y soportar el abuso de que le digan que saque de su propio bolsillo si quiere que aquello suene mejor. La culpa real recae en la tacañería y desidia administrativa de la actual mesa directiva, y de las anteriores, que han sido incapaces de meterle la mano al presupuesto público del Concejo para comprar unos miserables micrófonos y parlantes inalámbricos decentes. Mientras en el recinto los concejales se hunden en su propio eco por falta de gestión, en el CREM bastó una solución tecnológica tan sencilla como unos micrófonos y altavoces inalámbricos para que todo el mundo escuchara a la perfección. Ese histórico descuido tecnológico del cabildo no es gratuito, sino el reflejo de un divorcio ciudadano; los tunjanos han dejado de asistir a las tribunas del Concejo porque perciben sus sesiones como una burda parafernalia histriónica, un escenario circense donde se finge debatir lo público sin fiscalizar ni solucionar absolutamente nada, reduciendo la dignidad normativa a una lamentable pantomima burocrática. El consejo ampliado de gobierno, en un contraste fulminante, exhibió en una sola tarde toda la efectividad, celeridad y rigor de los que ha carecido el Concejo de Tunja durante la opaca presidencia del señor Quintana Martínez.

En términos de libertades de cubrimiento, la experiencia en el Salón Bicentenario también dejó en evidencia los vicios habituales que se viven en las transmisiones del cabildo. En el Concejo Municipal, los periodistas nos vemos obligados a sortear limitaciones visuales e interrupciones molestas cuando las unidades de apoyo irrumpen de imprevisto a grabar a sus respectivos concejales en primer plano, atravesándose en los tiros de cámara y dañando las diagonales de los medios independientes. A esto se suma el crónico calvario de la red de audio interna de la corporación, un sistema tan deficiente que nos obliga a lidiar con la distorsión o a realizar milagros de edición posterior para salvar la captura del sonido. En el CREM, en cambio, la ausencia de barreras permitió que el trabajo fluyera de manera impecable; los colegas nos ubicamos respetuosamente donde consideramos pertinente y el colegaje gremial garantizó que nadie le dañara el plano al vecino. Además, el ejercicio transcurrió sin las habituales maniobras evasivas de los funcionarios. En el Concejo, algunos de los miembros del gabinete suelen escabullirse para huir a los cuestionamientos de la prensa incómoda; en el consejo ampliado, la Alcaldesa encargada, tras finalizar el evento, lideró una rueda de prensa de largo aliento en la que contestó de forma directa cada interrogante, sin negarse a responder y sin recurrir a los ataques indirectos o “vainazos” vulgares que solía lanzar el destituido Krasnov cuando se sentía acorralado. Bajo el régimen krasnovista, preguntar estaba prohibido y cuestionar se pagaba con el escarnio público; el jueves, esa dinámica de censura quedó sepultada por la decencia.

El contraste en los mecanismos de participación ciudadana es igualmente demoledor. Mientras que para intervenir en el Concejo Municipal los ciudadanos deben padecer el yugo de un reglamento manipulado a conveniencia del presidente de turno, obligándolos a inscribir la cédula con anticipación, limitándoles el tiempo de uso de la palabra de forma dictatorial y relegando sus intervenciones al inicio o al final de la sesión según la conveniencia política del libreto del día; en el ejercicio del gobierno abierto la participación fue libre, oportuna y verdaderamente incidente, permitiendo nutrir el debate en el momento exacto en que se exponían los temas.

La metodología del consejo ampliado también desnudó las mañas argumentativas de la administración saliente. En el CREM se fue directamente al grano. La alcaldesa cuestionaba, el funcionario respondía con precisión técnica sobre la meta específica y de inmediato se avanzaba al siguiente punto de la agenda, consolidando un ritmo ágil y clarificador. Un panorama radicalmente opuesto a la costumbre del Concejo de Tunja, donde la presidencia de Quintana Martínez le concede micrófono abierto y complaciente a los funcionarios de la cuerda krasnovista para que extiendan sus intervenciones durante horas eternas. Esas exposiciones kilométricas, redundantes y muchas veces vacías de toda sustancia, no son fortuitas; constituyen una deliberada estrategia de desgaste institucional. El propósito subyacente es vaciar gradualmente el recinto mediante el aburrimiento crónico, espantando la atención de la ciudadanía, de los concejales y de los reporteros hasta que las gradas queden desiertas. Al dilatar los tiempos de forma absurda, los secretarios logran adormecer el debate, disolver los cuestionamientos incómodos y sortear impunemente el ejercicio del control político por puro cansancio físico de la audiencia. En el Salón Bicentenario esa táctica evasiva fue imposible: la firmeza de la mandataria obligó al gabinete a la síntesis, y la propia comunidad asimiló la necesidad de plantear inquietudes libres pero estrictamente sucintas, garantizando una celeridad inédita que sepultó la vieja charlatanería burocrática.

El contraste en el factor humano y el trato hacia el asistente fue igualmente significativo. En la cotidianidad del Concejo Municipal, el ciudadano de a pie que decide ingresar a las barras suele enfrentarse a una atmósfera burocrática distante, donde su presencia pasa desapercibida o es relegada a un plano meramente testimonial. En el consejo ampliado de gobierno, por el contrario, la administración municipal comprendió y validó el inmenso esfuerzo de quienes asistieron. Acudir a un evento público un jueves por la noche para escuchar debates de metas gubernamentales (asuntos que por su propia complejidad técnica suelen resultar áridos o densos) implica un sacrificio real de tiempo libre. Esos ciudadanos bien habrían podido optar por quedarse en la comodidad de sus hogares, disfrutar de una película, practicar algún pasatiempo o descansar en familia; sin embargo, decidieron ejercer su ciudadanía activa. La Alcaldía honró ese civismo no solo abriendo los micrófonos sin restricciones, sino mediante un trato profundamente digno y hospitalario, amenizando la jornada con una respetuosa oferta de tinto y aguas aromáticas. Ese simple gesto de consideración humana generó un entorno de cercanía inédito en los escenarios políticos tradicionales de Tunja.

Bajo esa misma tónica de respeto, los concejales que decidieron asistir de forma independiente intervinieron con absoluta libertad, un escenario que contrasta con las dinámicas habituales de su propia corporación, donde el cabildante que osa apartarse de la línea sumisa de la presidencia con frecuencia es castigado a hablarle a las sillas vacías al final de las sesiones o a tolerar réplicas arbitrarias desde la mesa directiva sin derecho a contestación y por ende al debate democrático.

La respuesta de la opinión pública ante este hito de transparencia fue considerable. Ante la relevancia del debate, un par de medios de comunicación locales asumieron la tarea de realizar una transmisión en vivo y en directo a través de plataformas digitales. El resultado fue un éxito rotundo, un verdadero "hit" mediático que mantuvo a buena parte de la ciudadanía conectada a las pantallas de sus dispositivos, interactuando, opinando y cuestionando las afirmaciones del gabinete. Las transmisiones del Concejo Municipal de Tunja, bajo la dirección de Brahiam Quintana, son en cambio un fiasco técnico y un absoluto fracaso de audiencia. Nadie se conecta de forma masiva a las plataformas de la corporación por una doble y contundente razón: primero, porque sus emisiones digitales constituyen un desastre técnico de corte amateur, un penoso ejercicio de obsolescencia donde el precario sonido ahuyenta a cualquier espectador; y segundo, porque la ciudadanía le ha retirado por completo la credibilidad a una corporación arrodillada y zalamera que actúa bajo el libreto y las órdenes de un exalcalde destituido. Mientras el Concejo arrastra el desprecio y la indiferencia de la opinión pública, un consejo de gobierno ocasional, gracias a su autenticidad, paralizó digitalmente a la capital boyacense.

La lección académica y moral que María Paula Jiménez Gómez le propinó al concejal Quintana Martínez ha dejado al descubierto las costuras de un estilo político rancio y mandadero. Pero el asunto no debe quedarse únicamente en el plano del debate editorial o del reproche ético. La farsa administrativa de negar el recinto bajo el pretexto de una supuesta imposibilidad técnica para encender la consola no es solo una muestra de mezquindad, sino una violación directa de las reglas del juego legal.

El Salón de Sesiones forma parte del Edificio Municipal, una infraestructura pública cuya tenencia fue entregada al cabildo a través del contrato de comodato No. 527 de 2024, firmado entre el Municipio de Tunja y la corporación edilicia. En ese documento, lejos de otorgarle al presidente de turno un derecho de propiedad o una finca privada para caprichos personales, se consagró una obligación diáfana e inapelable en su numeral 6.2, literal L: el Concejo tiene el deber contractual de "permitir el desarrollo de actividades propias de la Administración Municipal, cuando así lo requiera sin ningún costo". El derecho a usar el espacio para un ejercicio legítimo de gobierno abierto estaba blindado por la ley.

Lo paradójico e insultante del asunto es que las puertas del recinto se abren de par en par, encendiendo luces, micrófonos y consolas sin el menor reparo logístico, cuando se trata de albergar comisiones accidentales citadas por el interés o el capricho individual de algún cabildante, o cuando se prestan las instalaciones para instancias menores, como las sesiones del Consejo de Juventud. Pero cuando es la máxima autoridad del municipio la que convoca a un diálogo abierto de cara a la ciudadanía dentro del mismo edificio del que la Alcaldía es dueña originaria, la mesa directiva opta por el saboteo institucional. Negar un espacio democrático amparado por una obligación contractual explícita no es una simple discrepancia de agendas; es un presunto incumplimiento de deberes contractuales que la Procuraduría General de la Nación debería entrar a calificar de forma inmediata. Tunja se respeta, y las instituciones no pueden seguir operando al servicio del sectarismo político y de espaldas a los compromisos legales.

#Opinión #Política #Nación

𝐍𝐢 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧

𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂

A pocos días de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial el panorama es francamente desalentador empeorado por una ostensible crispación. En el trasfondo gravita el ocaso de un gobierno sin grandeza que no orientó a su pueblo hacia la reconciliación por sendas de laboriosidad, salubridad, seguridad, educación y concordia. Por el contrario, uno de los principales legados de Petro es entregar un país profundamente dividido y altamente ideologizado. Tanto así que en la campaña presidencial estamos a punto de cruzar un peligroso punto de no retorno por estarnos perdiendo en confrontaciones verbales e incluso físicas absurdas, centradas en personas y proyectos ideológicos que miran el país desde la estrecha visión de las heridas de su propia vida. Se ha conformado así un contexto maniqueísta donde más que ideas o propuestas afloran emociones que dan pie a una tóxica polarización contraria a todo propósito común. Lo cierto es que los ciudadanos de a pie están padeciendo los efectos disolventes de una política sin la grandeza que convoque a la esperanza y la reconciliación.

Aún más, lo que se está viviendo en la campaña incide en las regiones. La MOE no solamente ha advertido que 386 municipios están lidiando con serios riesgos electorales, sino que nos ha demostrado que las disidencias de las Farc, como una especie de estado sustituto, están carnetizando a los ciudadanos de varias poblaciones del sur del Tolima, Cauca y Caquetá. Y, por si fuera poco, Indepaz registra 54 masacres con 233 muertos entre enero y mayo superando los datos del mismo período desde cuando se firmó el acuerdo con las Farc en 2016. Mientras tanto las propuestas de seguridad de los candidatos con mayor opción oscilan entre la eufemística “seguridad democrática” y la “seguridad humana”, cuando lo que se necesita es una estrategia de seguridad pacificadora y pacificante que empiece por instaurar la soberanía nacional interna en todo el territorio.

Ahora bien, basta ver el momento que está viviendo la campaña electoral para comprender cuál es la Colombia que nos espera en los cuatro años que vienen, si cualquiera de los punteros en las encuestas gana la presidencia. Quien la gane llegará a gobernar un país profundamente dividido y altamente ideologizado, con una oposición plena de heridas aumentadas durante la campaña: ¿Alguno de los candidatos (as) tiene la grandeza y la fuerza moral para dejar atrás esas heridas y ser creíble llamando a la reconciliación reafirmando los valores democráticos? Quisiera equivocarme, pero creo que no.

Entonces, imaginar a Colombia bajo tres hipotéticas presidencias es asomarse a tres despeñaderos políticos distintos. Si Iván Cepeda llegara al poder, el país podría llegar a la consolidación de una gobernanza de facción. Su gobierno tendería a perpetuar el actual caos administrativo al que le sumaría la exaltación en demasía de las víctimas del Estado y/o los paramilitares, frenándoles el avance hacia la nobleza del perdón. Veríamos un Estado más asistencialista que subsidiario con un sistema de salud destruido y un latente estallido social detonado por un modelo que solo legisla para las minorías ruidosas excluyendo a la mayoría silenciosa.

Por otro lado, un gobierno de Abelardo de la Espriella instauraría un peligroso caudillismo vanidoso. La Presidencia se transformaría rápidamente en un set mediático donde el ego y el espectáculo reemplazarían la verdadera administración del Estado a no ser que delegara completamente las líneas gruesas de dicha responsabilidad en el vicepresidente. Si no, su mandato se basaría en la improvisación absolutista. Ante cada error, atacaría con pedantería a sus críticos, vulnerando las garantías de equidad de la Constitución de 1991 exponiéndonos a una grave debacle institucional aupada por una oposición liderada por Cepeda en el congreso y Petro en las calles.

Finalmente, una eventual presidencia de Paloma Valencia significaría un anacronismo histórico. Bajo la constante sospecha del poder vicario, su mandato no ofrecería garantías de independencia, actuando como la palanca de un líder natural. Impondría una seguridad excluyente, reviviendo heridas del pasado sin sanar. Es que, aunque nadie en el mundo político está libre de pecado por las vejaciones ocurridas durante el conflicto armado, varios de sus seguidores, empezando por su papá político, permanecen listos para tirar no solamente la primera piedra, sino también ladrillos.

Por todo lo anterior mi conciencia me impone votar en blanco con la tenue esperanza de que se tuviera que repetir la primera vuelta con diferentes candidatos.

#Editorial

𝐄𝐥 𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫 𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐡𝐚

La reciente sesión en el Concejo de Tunja, convocada con el propósito de socializar el avance del contrato interadministrativo 1767 de 2025, no pretendía ser el destape de una olla podrida ni el colapso definitivo de un proyecto, pero sí dejó una lección contundente sobre los nefastos costos políticos del secretismo institucional. Más allá de que el encuentro haya intentado transmitir un parte de tranquilidad o apaciguar las aguas de una controversia que ya trascendió las fronteras locales, el ambiente de desconfianza que se respira en la ciudad no es fortuito.

Este polémico contrato interadministrativo por un valor superior a los 15.076 millones de pesos, suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS, se ha manejado bajo un manto de sospecha desde su misma concepción. Calificar de reservada o prudente la gestión precontractual de este negocio jurídico sería un acto de extrema benevolencia que repugna a la rigurosidad periodística; la realidad material dicta que el proceso se tramitó bajo una clandestinidad administrativa tan estricta que la ciudadanía solo vino a enterarse de su existencia cuando el documento ya estaba blindado y cargado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

El destape de esta información no obedeció a un ejercicio espontáneo de rendición de cuentas por parte de la Alcaldía, sino a la filtración de los pliegos que llegó a manos de un concejal independiente y al rastreo minucioso que este medio de comunicación realizó en las plataformas contractuales cuando el proceso ya cursaba su etapa de adjudicación directa (https://www.facebook.com/share/p/18zt6d8tXH/). Mientras el erario se comprometía a dedo y sin el sano contrapeso de una licitación pública, la gran mayoría de los cabildantes de la capital boyacense, cómodamente alineados en la coalición de gobierno, prefirieron guardar un silencio cómplice, ignorando las alarmas de un negocio que despertó la inmediata indisposición de la comunidad. El malestar ciudadano escaló a niveles críticos al constatarse que los estudios previos estipulan un esquema financiero aberrante y sumamente inusual en el sector público: el desembolso anticipado del 95% del valor global del contrato, dejando un irrisorio 5% supeditado a la entrega material de las obras. Otorgar semejante porcentaje por adelantado a una empresa foránea cuyo objeto principal es fungir como un pasamanos burocrático para administrar recursos y subcontratar de forma privada a terceros, cobrando una jugosa comisión de administración delegada, constituye una bofetada a los principios de transparencia y economía que deben regir los dineros de los contribuyentes.

A la sesión de esta semana asistieron, por fin, los delegados de la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS, rompiendo un largo historial de desplantes a las citaciones previas del Concejo de Tunja y a los requerimientos realizados por algunos concejales en particular. Tanto la gerencia de la empresa estatal paisa como la dirección de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja desplegaron un robusto arsenal de justificaciones jurídicas y balances técnicos con los que pretendieron demostrar la pulcritud del negocio, asegurando que los 15.076 millones de pesos permanecen intactos en una cuenta bancaria produciendo rendimientos financieros y que las obras se están financiando temporalmente a pérdida con el músculo económico del contratista. Otorguemos, bajo el principio del sano debate, el beneficio de la duda a la versión oficial y asumamos de buena fe que los fondos están protegidos y que el tiempo le dará la razón a la administración. Sin embargo, el hecho de que hayan expuesto argumentos medianamente lógicos no significa que el manto de duda se haya disipado o que debamos sentenciar con ligereza que aquí no ha pasado nada. Si las cuentas son tan claras y el blindaje es tan perfecto como juraron en el atril esta semana, resulta inevitable cuestionar la terquedad de haber mantenido la información bajo llave durante ocho meses, ignorando de manera sistemática los derechos de petición de los cabildantes y cerrándole la puerta a los pocos medios de comunicación, que contactamos a las dependencias involucradas en este megacontrato y que acudimos presencialmente a la Secretaría de Infraestructura en busca de respuestas, encontrando únicamente evasivas y un silencio hostil que solo sirvió para alimentar las suspicacias legítimas de la calle.

La herida en la confianza pública es profunda y difícilmente se sanará con discursos técnicos de última hora, sobre todo cuando los testimonios de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal pintan una realidad perversa que contradice el fantasioso balance del 44% de avance global recitado por el contratista. Los líderes comunitarios, quienes verdaderamente padecen la presión vecinal en los barrios, detallaron un panorama de abandono y de obras ejecutadas a la carrera con una calidad que raya en lo ofensivo.

El manejo del cronograma inicial de tres meses fue un engaño burdo; la firma dedicó el último trimestre de la vigencia anterior exclusivamente a la búsqueda de subcontratistas como la firma ECOAC INGENIERÍA SAS y, cinco días antes del vencimiento, suspendieron el contrato para reanudarlo en enero de 2026 con una prórroga de ocho meses. Esta pésima planeación privó a las instituciones educativas rurales de ser intervenidas durante las vacaciones de fin de año, obligando a los estudiantes y al personal docente a arrancar el calendario escolar en sedes atestadas de escombros, polvo y materiales sueltos que representan un peligro inaceptable para la convivencia escolar. Las denuncias fueron confirmadas de forma contundente por el rector de la Institución Educativa Rural del Sur al evidenciar el atraso en las obras en general y la pobrísima ejecución e las mismas, llegando al límite aberrante de presenciar la construcción de un orinal para niñas, entre otros despropósitos; o por el presidente del barrio Santa Ana, quien tuvo que denunciar públicamente que el grosor de los techos que le pretendían instalar equivalía al de una delgada lámina de acetato de papelería, logrando correcciones y obras de calidad únicamente bajo el peso del escarnio público tras su intervención en la Corporación Edilicia hace unas semanas.

El agravio más doloroso de este pasamanos contractual se perpetró contra los presupuestos participativos de las comunidades, donde de los más de 12.000 millones de pesos destinados a obras y adquisiciones vecinales se han aplicado retenciones impositivas y de estampillas que confiscan hasta el 30% de la asignación de cada sector. El colmo de la degradación institucional se evidenció en los cambalaches arbitrarios de las metas físicas concertadas por las bases; a los barrios que priorizaron con esfuerzo la adecuación de un salón comunal digno, les cambiaron la promesa por una carpa estructural, y a los que se resignaron a recibir la carpa, terminaron entregándoles lotes de mesas y sillas plásticas. El caso de la junta del barrio San Lázaro raya en el exabrupto: recibieron 142 sillas plásticas pero, al no tener un salón comunal donde resguardarlas, el presidente del sector ha tenido que financiar de su propio bolsillo el alquiler de una bodega privada para evitar el deterioro del mobiliario a la intemperie. Mientras este calvario comunitario transcurre en el anonimato de las barriadas, el destituido alcalde Mikhail Krasnov tuvo el descaro de usar su fanpage oficial de Facebook para enrostrar que el contrato avanza de forma excelente, pavoneándose sobre un video grabado en una vía pavimentada por el convenio que carece por completo de cunetas, demostrando un concepto técnico tan precario como su respeto por los habitantes de Tunja.

Resulta inaceptable que, tras provocar este escenario de desinformación por su propia negligencia y falta de transparencia, la dirección de la Unidad de Contratación Estatal acuda al Concejo envuelta en una falsa indignación a culpar a la prensa y a los ciudadanos de malinterpretar el contrato.

Los representantes de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS coronaron la jornada con una actitud displicente y altanera, subiendo al atril sin siquiera identificarse formalmente y entregando sus nombres entre dientes ante el cuestionamiento directo de los reporteros, a quienes prefirieron no conceder entrevistas, más allá de quejarse de la “desinformación”.

En lo público, los principios de publicidad y transparencia no son opcionales ni constituyen un favor que las entidades estatales le hacen a sus gobernados; son obligaciones constitucionales estrictas. Si dos entidades de carácter público deciden esconder los documentos, dilatar las respuestas y entregar balances superficiales y banales a regañadientes, no pueden pretender que la ciudadanía los reciba con aplausos.

El beneficio de la duda está sobre la mesa y los entes de control determinarán si existió prevaricato, corrupción o tráfico de influencias por la presunta injerencia de funcionarios de adscritos a entes de control en la tercerización de estos recursos; pero en la memoria de una ciudad fatigada del secretismo, la sospecha legítima seguirá instalada con fuerza, porque la claridad que llega tarde y con soberbia siempre dejará la amarga certeza de que las cuentas limpias no necesitan esconderse de la luz pública.

#Opinión #Política #Boyacá

𝐋𝐚 𝐛𝐚𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐨 𝐲 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

El descenso en los niveles de la moral pública ha tocado fondo en nuestro territorio. Lo que antes generaba un rechazo absoluto y unánime, hoy parece diluirse en la preocupante resignación de una ciudadanía obligada a normalizar lo asqueante. Este fenómeno de degradación, donde los estándares de lo políticamente correcto, de la forma de hacer política y de lo que la sociedad está aceptando como correcto se han rebajado a un límite mínimo, no es exclusivo de las grandes esferas del poder central. Late con una fuerza devastadora en el ámbito local y departamental, incrustándose de manera profunda en el imaginario colectivo de Tunja y Boyacá, donde las repercusiones calan directamente en el electorado, a pesar de que la crisis estructural se replique de igual forma a escala nacional.

En los pasillos del Concejo Municipal de Tunja se rumora con insistencia la inminente renuncia de la concejal Sandra Estupiñán. El propósito de este movimiento estratégico no sería otro que el de terminar lanzándose como candidata a la Alcaldía de la capital boyacense en las elecciones atípicas que se avecinan. Este proceso electoral se perfila provisionalmente para el próximo 26 de julio, a falta de una confirmación oficial de la fecha definitiva, como consecuencia directa de la declaratoria de nulidad de la elección de Mikhail Krasnov y su posterior destitución.

Existe un extendido equívoco en la opinión pública según el cual a un concejal en ejercicio le estaría prohibido por completo aspirar a la alcaldía de su propio municipio dentro del mismo periodo constitucional. Jurídicamente, el Consejo de Estado y la función pública han aclarado que, al no ostentar la calidad de empleados públicos, los concejales sí pueden renunciar a su curul para presentarse a una elección atípica local sin que les aplique la inhabilidad por coincidencia de periodos. Sin embargo, la inviabilidad de Sandra Estupiñán no es de carácter político-temporal, sino estrictamente administrativa y presupuestal, un blindaje legal innegociable que la deja sin margen de maniobra.

La sola configuración de esta aspiración resulta supremamente indebida desde un punto de vista ético y legal. Al haber ejercido como presidenta del Concejo Municipal y, por ende, haber fungido como ordenadora del gasto de la Corporación durante la vigencia 2025, Estupiñán ejecutó de manera directa autoridad administrativa en la misma jurisdicción donde pretende gobernar. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000 (https://www.funcionpublica.gov.co/.../gestor.../norma.php...

), prohíbe de forma taxativa que sea inscrito o elegido alcalde quien, dentro de los doce meses anteriores a la votación, haya ejercido dicha autoridad. Si las elecciones atípicas se celebran el próximo 26 de julio, el marco de inhabilitación cubre desde julio del año anterior, sepultando legalmente cualquier pretensión de la cabildante por el ejercicio de su pasada ordenación presupuestal.

A esta insalvable barrera técnica se suman otras líneas de sospecha que como ciudadanos estamos obligada a fiscalizar en el régimen de incompatibilidades de la Corporación. Aunque en el pasado su investidura sobrevivió a una demanda electoral debido a que su tío ejerce como rector de la Institución Educativa Rural del Sur, dicha condición de directivo docente, pese a ostentar autoridad civil y administrativa local; se ubica en el tercer grado de consanguinidad, lo que legalmente la excluye de la inhabilidad de parentesco para alcaldías, la cual se limita de forma restrictiva hasta el segundo grado. La verdadera alerta disciplinaria debe centrarse ahora en el cumplimiento estricto del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, rastreando si el fortín de Cambio Radical, partido que la respaldó como su votación más alta, o el bloque de la coalición de gobierno al que pertenece, han intervenido en la celebración de contratos o gestiones de intereses con la administración municipal en el último año. Asumir dicha postulación implicaría avanzar a sabiendas de una inhabilitación presupuestal flagrante, convirtiendo su nombre en la ficha clave para representar la continuidad directa de un gobierno fenecido.

El panorama se torna aún más lúgubre al desplazar la mirada hacia el ámbito departamental, donde el caso del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, expone en detalle los engranajes de un presunto esquema de corrupción y tráfico de influencias. Aunque los hechos se procesan bajo el principio de presunción legal, la revelación de los audios de las llamadas de marzo de 2026 saca las denuncias del terreno de la especulación. En las grabaciones se escucha al mandatario municipal coordinar de manera directa con María Victoria Solarte, propietaria de San Jacinto de Nelvic SAS, la manipulación de trámites administrativos para subsanar documentalmente las graves irregularidades de una obra que, tras recibir una licencia inicial de 521 metros, terminó levantando pesebreras, una capilla y un lago artificial en la más absoluta ilegalidad urbanística, específicamente una megamansión ubicada en la vereda Sábanas.

La conversación devela una alarmante maniobra de alteración técnica donde el Alcalde sugiere reajustar los planos para hacer empalmar la construcción real ante las autoridades de control, advirtiendo con preocupación que en una supervisión física saltaría el error de haber movido el lago y la capilla. Sin embargo, el núcleo central del escándalo radica en la impunidad garantizada mediante una presunta red de influencias del más alto nivel regional. Gamboa asegura con una confianza pasmosa tener coordinado un desayuno de trabajo en la ciudad de Tunja con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, y la directora de Corpoboyacá, Yeimy Liseth Echeverría Reyes, con el fin de archivar de manera definitiva el proceso sancionatorio ambiental que pesa contra la constructora. El audio registra al Alcalde de los villaleyvanos atribuyéndole al propio Gobernador gestiones previas ante la autoridad ambiental para dejar el camino libre de sanciones.

Como era de esperarse en el predecible libreto del control de daños institucional, la dirección de Corpoboyacá saltó de inmediato a la defensiva. A través de un comunicado oficial, Yeimy Liseth Echeverría Reyes rechazó de forma contundente los audios y negó cualquier desayuno o componenda con el Gobernador o el mandatario local. Por supuesto que la entidad iba a negarlo en público; admitir lo contrario sería firmar su propia sentencia penal. Sin embargo, lo verdaderamente revelador para el ciudadano de a pie no es la previsible defensa corporativa de la entidad, sino el riguroso hilo cronológico de los hechos que, al cruzarse con el expediente judicial, destapa la enorme inmundicia que se esconde debajo de la mesa.

La reconstrucción de la línea de tiempo es demoledora. La comprometedora llamada en la que el alcalde Gamboa aseguraba tener "cuadrado" el archivo del proceso sancionatorio se produjo el 6 de marzo de 2026. No obstante, las pruebas documentales demuestran que pocas semanas después, el 24 de abril de 2026, Corpoboyacá terminó expidiendo la Resolución 1297 para formular pliego de cargos formales en contra de la constructora, un acto administrativo que iba en contravía de lo pactado. ¿Qué pasó en ese intermedio temporal? El análisis de este desfase deja sobre el tablero dos únicas conclusiones posibles: o el Alcalde estaba vendiendo un humo monumental y traficando influencias falsas con un desayuno que jamás se concretó, o el presunto negocio criminal se les desplomó a última hora.

Esta última hipótesis adquiere un peso considerable al analizar el contexto de la posterior captura de Víctor Gamboa por parte de la Fiscalía, ejecutada el 7 de mayo de 2026, un hecho que tomó por sorpresa a la opinión pública. Cabe la fuerte posibilidad de que la sorpresiva expedición de cargos por parte de Corpoboyacá el 24 de abril fuera el resultado de una investigación judicial que ya venía madurando sigilosamente tras bambalinas. Bajo este escenario hipotético, el presunto pacto de impunidad regional se habría quebrado no por voluntad de las partes, sino ante el temor de una inminente acción penal, lo que habría obligado a la autoridad ambiental a alinearse con la norma para salvaguardar su propia posición institucional, dejando al mandatario local en un escenario de absoluta soledad jurídica dentro de su intrincada línea discursiva.

El cierre del registro sonoro original expone la contraprestación económica de este presunto pacto ilegal, tasada explícitamente en una coima equivalente al 20% del valor total de la licencia de construcción. Lejos de cualquier ambigüedad, el mandatario detalla la distribución matemática del soborno para garantizar el silencio y la aprobación de la obra: un 5% destinado a los inspectores de policía municipal, entre un 5% y un 10% para el área de Control Urbano, y el 10% restante reservado para los funcionarios de Planeación y Corpoboyacá. Este nivel de desparpajo institucional, donde los despachos públicos y los procesos de control ambiental se tasan como mercancías en una mesa de negociación, retrata la profunda descomposición de la gestión territorial en Boyacá.

La descomposición adquiere un matiz aún más cínico en una nueva pieza procesal clave revelada en el marco de las audiencias que buscan medida de aseguramiento contra Gamboa por los delitos de concusión y prevaricato. En este segundo registro sonoro, se evidencia el momento en que María Victoria Solarte frena en seco las pretensiones del mandatario al manifestarle textualmente que no procederá de esa forma por ir en contra de sus valores y de lo enseñado por sus padres. Frente al rechazo de la coima, la respuesta de Gamboa, lejos de ser un acto de rectificación, consistió en desplegar una justificación corporativa del delito, argumentando con total desparpajo que la exigencia económica era la única vía "práctica" para resolver el problema y "ayudar" a su equipo de trabajo, mencionando explícitamente a un funcionario de nombre Luis Fernando; alegando que sus subalternos se encontraban cansados de los problemas administrativos y los constantes "chicharrones" que rodeaban la megaobra de la vereda Sábanas.

El cinismo del mandatario local quedó plenamente retratado cuando la empresaria le planteó como alternativa legítima la canalización de apoyos directos a obras sociales o programas para la infancia en el municipio. Aunque Gamboa reconoció de forma superficial que dicha idea le parecía "chévere", de manera inmediata descartó la propuesta argumentando que la gestión social no era de su resorte ni del de su esposa, para volver a insistir de forma machacona en que el pago en efectivo del 20% era el único mecanismo válido planteado sobre la mesa. Mientras la defensa del Alcalde intenta desacreditar las grabaciones tachándolas de una supuesta estrategia de "entrampamiento" y manipulación técnica, el expediente judicial expone la radiografía de una administración donde el chantaje presupuestal se camufló bajo el discurso de la eficiencia del equipo de gobierno.

La estocada final de este descaro institucional se revela en una tercera conversación procesal, donde el alcalde Gamboa ejecuta un burdo repliegue discursivo tras la negativa de la empresaria a pagar la coima. Apelando de forma cínica a la fe, a la oración y a una supuesta "reflexión personal sobre principios éticos", el mandatario le asegura a Solarte que da un paso al costado y que no interferirá en favor del proyecto, confesando sin pudor que durante un año entero alteró sus propios límites éticos permitiéndoles avanzar ilegalmente en la construcción. El giro delictivo se completa con un chantaje velado: ante la afirmación de la empresaria de haber cumplido las normas, Gamboa la frena en seco sentenciando que la megaobra "no cumple muchísimas cosas", dejando claro que el estricto rigor de la ley solo se aplica como represalia cuando el soborno fracasa.

Finalmente, la patanería, la mentira y un evidente cruce de intereses particulares cierran este circuito de degradación en la Asamblea Departamental, teniendo como protagonista al diputado Jhon Alexander López Mendoza, un dirigente ampliamente polémico que hoy bien puede considerarse, bajo el rigor del voto de opinión, como un auténtico cadáver político. Los hechos comenzaron a salir a la luz pública el pasado lunes festivo tras difundirse la denuncia sobre un presunto altercado físico sufrido por el empresario y precandidato a la Alcaldía de Tunja, Diego Neira, el cual habría tenido lugar en el segundo piso del Centro Comercial Viva Tunja, en cercanías a las escaleras eléctricas. Al abordarse el debate sobre las futuras candidaturas locales en el restaurante del Diputado, la discusión se habría calentado debido a la intolerancia de López Mendoza, quien supuestamente no aceptó una postura diferente en la mesa y habría sentenciado de forma radical que la contienda la ganaría el ungido por la línea de Mikhail Krasnov.

El manejo posterior de esta situación expone la bajeza del Diputado para camuflar el incidente, pero también devela el predecible libreto de figuración que rodea a la política criolla. Al ser consultado por este medio en horas de la mañana, López Mendoza recurrió al desparpajo absoluto, asegurando con total tranquilidad que no sabía de qué se le estaba hablando (https://www.facebook.com/share/v/1JZJFHnJGm/), buscando tapar el altercado en un claro ejercicio de control de daños. Sin embargo, la posterior publicación del comunicado del denunciante dinamitó su silencio, abriendo paso a un juego cruzado de intereses. Al ser contactado telefónicamente por este medio de comunicación (https://www.facebook.com/share/v/1BB95mFpTd/), Diego Neira no dudó en anteponer su condición de precandidato, su origen académico y sus credenciales de posgrado en Barcelona por encima de la narrativa de los hechos. Resulta evidente que la presunta víctima, con un agudo sentido de la oportunidad mediática, decidió instrumentalizar el lamentable suceso para publicitar su propia campaña política, montando un libreto de victimización electoral justo en el arranque de las atípicas.

Ese evidente cálculo de la contraparte no limpia, bajo ninguna circunstancia, la alarmante doble moral y el talante agresivo del diputado López Mendoza al estructurar su coartada pública en horas de la tarde. Pasando de la supuesta ignorancia matutina al cinismo mediático, el diputado desplegó una narrativa hostil en los micrófonos de algunos medios de comunicación, desmintiendo cualquier agresión física y acusando al empresario de armar un altercado solo para evadir el pago de la cuenta de los cócteles. Lo verdaderamente vergonzoso de su intervención fue la preocupante ligereza con la que validó la violencia en público; sin el menor decoro, el diputado llegó a declarar ante los medios que se arrepentía de "no haberle dado un buen coscorrón por cobarde", retando soberbiamente a revisar las cámaras del sector. Este descaro discursivo, donde un servidor público se ufana de la fuerza física y maneja las versiones según el tamaño del escándalo, retrata a un dirigente que no solo actuó con patanería e ignorancia cuando fue presidente de la duma haciendo lo que quiso, sino que ha quedado retratado como un mentiroso ante la sociedad.

Tunja y Boyacá asisten al espectáculo de una clase política que no solo vulnera las normas legales y éticas, sino que además menosprecia la inteligencia de sus ciudadanos mediante el uso sistemático de la mentira, el abuso de poder y la degradación de la dignidad en el ejercicio público.

#Editorial

𝐋𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

La semana laboral en Tunja ya había cerrado formalmente su jornada administrativa de viernes cuando, entrada la noche, se conoció una noticia inesperada para muchos en el ámbito local. La Personería Municipal de Tunja notificó la apertura de un pliego de cargos formal en contra de Ricardo Caro Guevara, actual gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (IRDET).

El asunto técnico que convoca al ente de control no es menor, pues se investiga una presunta inhabilidad sobreviniente para aceptar y ejercer el cargo público, derivada de su vínculo matrimonial o unión marital de hecho con Luz Mila Acevedo Galán, quien para la época en que se configuraron los hechos ejercía las funciones de alcaldesa encargada del municipio. El proceso, como dicta el canon procedimental, continuará su curso legal para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario.

Ante un escenario de esta naturaleza, la reacción del entorno político es tan matemáticamente predecible como el mismo calendario. Más allá de lo sorpresivo del anuncio, lo que verdaderamente se anticipa es el inmediato muro de rechazo, los ataques y la victimización que suelen sufrir este tipo de decisiones. No faltarán los defensores de oficio ni los aplaudidores de turno que salgan a calificar la acción como una persecución o un ensañamiento político en contra de la actual administración.

Hagamos hincapié en lo fundamental, desprovistos de pasiones o de intenciones de culpar o excusar anticipadamente al funcionario. Estas investigaciones no solo son válidas, sino profundamente necesarias. Marcan, o al menos pretenden marcar, el correcto actuar que se espera de los órganos de control de una ciudad. La fiscalización de la función pública debe ser una constante, no un hecho noticioso excepcional.

Hace apenas unos días, el debate público se encendía tras conocerse la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría en contra del exalcalde Mikhail Krasnov y dos de sus funcionarias clave, la ya mencionada Luz Mila Acevedo Galán y Ahiliz Rojas Rincón. Tras la difusión de esa noticia, los sectores más fieles y los defensores del exmandatario saltaron a cuestionar la idoneidad del órgano fiscalizador, sugiriendo una aparente exclusividad punitiva contra su sector político y reclamando que los entes de control parecen actuar únicamente cuando se trata de este personaje.

Y hay que decirlo con total franqueza, aunque la premisa de la persecución total sea una exageración defensiva, en buena medida la gente tiene absoluta razón en indignarse. Existe un hastío social legítimo y un profundo dolor civil al ver cómo, mientras unos procesos caminan a paso firme, las investigaciones en contra del exalcalde Alejandro Fúneme simplemente no andan. Los expedientes parecen reposar en un letargo eterno, una parálisis que se extiende también a los procesos que comprometen de forma directa la gestión de su antecesor, Pablo Emilio Cepeda.

Sobre este par de exalcaldes gravita una enorme y acumulada hambre de justicia por parte de la ciudadanía tunjana. Ambas administraciones compartieron un rasgo financiero común y lesivo, ya que solicitaron e incorporaron grandes préstamos bancarios a las arcas del municipio, endeudando a la ciudad bajo la promesa de un desarrollo que jamás llegó. Las obras de gran repercusión, las transformaciones estructurales que justificaran semejante hipoteca social, simplemente no se vieron en la ciudad. La gente sigue esperando sanciones contundentes sobre esto, pero la excusa recurrente por parte de los entes de control es siempre la misma, bajo el argumento recurrente de que se vencieron los términos y ya no se puede hacer nada. Es la inoperancia administrativa disfrazada de limitación legal.

El panorama quedó retratado con preocupante nitidez durante la reciente comparecencia del actual contralor de Tunja, Félix Ramírez, ante el Concejo Municipal. Con apenas cinco meses al frente de la entidad, el funcionario acudió al recinto a exponer el estado de los procesos que cursan en el organismo que lidera. En su intervención, se puso a hablar uno a uno de los 18 proyectos que componían el polémico empréstito de Alejandro Fúneme. El balance dejó un sabor amargo y una certeza desalentadora, pues mientras sobre algunos proyectos habló de investigaciones abiertas, sobre otros tantos el contralor admitió que ya no había nada que hacer. El tiempo pasó, los términos se vencieron bajo las miradas complacientes de administraciones anteriores y la impunidad se consumó en el papel.

Pero el historial que el control local le adeuda a Tunja respecto a la era Fúneme no se reduce exclusivamente al destino de los créditos. Existen más proyectos y zonas grises de su gestión que exigen con urgencia salir a la luz pública por ser meritorias de escrutinio. Es imperativo revisar de forma rigurosa los manejos presupuestales del Aguinaldo Boyacense tanto en la edición de 2022 como en la de 2023, eventos en los que se contrató de manera sobrevalorada a los artistas, generando a la larga un evidente detrimento patrimonial para el municipio.

De igual forma, permanece en la sombra el programa de mejoramiento genético de ganado, una iniciativa para la cual se solicitó y asignó un monto presupuestal específico que jamás se ejecutó en los términos debidos. A pesar de que la administración de Fúneme sostenía de manera sistemática en su discurso oficial que el programa había sido un éxito rotundo y que se había ejecutado de forma absoluta, la realidad demuestra que la situación dista mucho de ser un éxito. Sin embargo, estas investigaciones tampoco avanzan.

Este comportamiento asimétrico es el que destruye la confianza pública. Es este tipo de actuaciones la que hace que el ciudadano de a pie pierda definitivamente la fe en estas instituciones, provocando que la credibilidad se pierda por completo. La legitimidad institucional no se decreta, sino que se gana con la coherencia y la firmeza de las sanciones.

Mientras estas entidades no emprendan de forma decidida, profunda y sin miramientos las investigaciones del caso contra Alejandro Fúneme y Pablo Cepeda, así como contra los integrantes de sus respectivos gabinetes, no van a recuperar la credibilidad nunca. Absolutamente toda actuación que inicien de aquí en adelante, por más técnica, justa y transparente que sea, nacerá muerta ante los ojos de la opinión pública. Será inmediatamente cuestionada, pormenorizada e infravalorada por buena parte de la ciudadanía, la cual asumirá que estas entidades solo actúan cuando a quien hay que investigar no es de su cercanía, de su simpatía o de su rosca política tradicional, sino alguien lejano al establecimiento.

La justicia no puede ser un asunto de afectos ni de selectividad. Lo que corresponde es que se investigue a cualquiera que requiera ser investigado, sin importar el apellido ni la vigencia de su capital político. En Tunja la gente ya no cree más, no soporta más dilaciones. Lo único que le devolvería un residuo de credibilidad a la Contraloría, a la Personería y a la Fiscalía es demostrar que les importa actuar contra estos exalcaldes para recuperar el respeto público.

Carece de valor que las actuaciones institucionales de aquí en adelante sean las más correctas y transparentes si se mantiene la amnesia voluntaria sobre los desfalcos del pasado. Si no hay castigo contra estos exmandatarios que evidentemente causaron afectaciones estructurales a la ciudad, las entidades no van a recuperar la credibilidad jamás. Esto terminará siendo profundamente contraproducente para Tunja como sociedad, donde la comunidad ya ha manifestado de diversas maneras la pérdida total de fe en sus instituciones.

Es momento de corregir el rumbo de forma radical. Los entes de control deben dar cabida a pedidos urgentes como los que le hicieron formalmente desde el Concejo Municipal al Contralor, orientados a evaluar si es factible reabrir los procesos contra el exalcalde Fúneme, así ya haya sido declarada como archivada la investigación. No se puede seguir amparando la impunidad en la negligencia de gestiones pasadas. Si el anterior contralor dejó vencer los procesos de manera sospechosa, la obligación del actual es actuar y buscar los mecanismos jurídicos para hacerlo, en lugar de parapetarse en la cómoda excusa de que, como el anterior los dejó vencer, ya no se puede hacer nada.

La conclusión política es severa pero ineludible. Si no hay credibilidad en las instituciones y si estas no se encargan de condenar o procesar por lo menos a los anteriores mandatarios, mostrando transparencia total en el paso a paso de cada uno de los procesos en contra de Fúneme y de Cepeda, no volverá a haber paz para este par de entidades. Así hagan todo a la perfección de ahora en adelante, no habrá confianza en sus actuaciones y, en consecuencia, no habrá una verdadera democracia en Tunja.

#Opinión #Tunja

𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨́𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐨 𝐞𝐥 𝐚𝐟𝐚́𝐧 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐜𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚

La ambición suele ser el combustible del progreso, pero cuando se mezcla con el afán burocrático y la improvisación técnica, termina convertida en un lastre. En los pasillos de la Alcaldía de Tunja se gesta por estos días una criatura administrativa que, bajo el pomposo título de Área Metropolitana, amenaza con ser más un ejercicio de parasitismo regional que un motor de desarrollo compartido. Lo que vimos esta semana en el encuentro con alcaldes vecinos no fue una cumbre de integración, sino un desfile de exigencias donde Tunja, en un acto de ingenuidad o de cálculo político cuestionable, parece dispuesta a pagar la cuenta de una fiesta a la que ni siquiera le han enviado la invitación correcta.

La propuesta es, por decir lo menos, exótica y raya en el esperpento administrativo si se compara con el resto del país. Mientras áreas metropolitanas potentes y consolidadas como la de Bucaramanga funcionan con 4 municipios, Barranquilla con 5 o el Centro Occidente con apenas 3, en Tunja pretenden un bloque hipertrofiado de 18 municipios. Estamos ante una geografía forzada que desafía cualquier lógica técnica de conurbación y que augura una parálisis logística; entre más actores deban coordinar presupuestos y obras, más lenta será la ejecución. Es comprensible la inclusión de vecinos directos como Cómbita, pero resulta un colmo del absurdo pretender integrar a municipios como Arcabuco, que ni siquiera colindan con el núcleo y tienen otros territorios de por medio. Esta "Metrópoli Frankenstein" parece más una maniobra para inflar artificialmente el mínimo poblacional que exige la ley, que un plan serio para solucionar los problemas de servicios y movilidad de los tunjanos y de los habitantes de los municipios colindantes.

En el papel, los defensores de esta figura esgrimen argumentos de manual que suenan idílicos. Hablan de una planeación unificada que debería, en teoría, protegernos del crecimiento descontrolado y generar economías de escala para abaratar costos en la recolección de basuras o la provisión de agua. Nos venden el sueño de una infraestructura de movilidad integrada, al estilo del Valle de Aburrá, y una seguridad metropolitana unificada que atraiga inversión extranjera. Sin embargo, la realidad local choca de frente con estos preceptos académicos. ¿Cómo hablar de gestión ambiental conjunta cuando hoy mismo el relleno sanitario de Tunja es el vertedero del departamento bajo condiciones económicas que son una afrenta para los tunjanos?

El problema no es solo de mapas, sino de dignidad y recursos. Es inaudito que mientras Tunja carga con la cruz de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que cumple dos décadas de parálisis, pretendamos ahora ordenar la casa ajena. Según el artículo 12 de la Ley 1625 de 2013, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es una norma de superior jerarquía a la que los municipios deben acogerse. ¿Con qué autoridad moral y técnica aspira la ciudad a dictar directrices territoriales si no ha podido, en veinte años, organizar sus propios barrios? Es una huida hacia adelante: como no pudimos con la ciudad, inventémonos una metrópoli.

Además, la letra menuda de esta integración esconde desventajas que la administración parece omitir en sus comunicados oficiales. La ley es clara: el patrimonio de estas áreas se nutre, entre otras cosas, de una sobretasa de hasta el dos por mil sobre el avalúo catastral. Es decir, la integración traerá consigo una carga tributaria adicional que terminará asfixiando el bolsillo de los ciudadanos. A esto se suma un desequilibrio de poder inherente, pues Tunja, como ciudad núcleo, corre el riesgo de ser el mecenas de otros 17 alcaldes que, amparados en la "autonomía municipal" que la misma ley protege en su artículo 38, verán en este presupuesto una fuente de financiación para sus propias carencias, sin ceder un ápice de su control local.

El tono de la reunión de esta semana fue el preludio de lo que vendrá. Escuchamos al Alcalde de Toca con un discurso que raya en lo abusivo, reclamando el agua de la represa de La Copa como un botín propio y acusando a Tunja de querer "calmar su sed" a su costa. Olvida el burgomaestre que, según la Constitución y el Código Nacional de Recursos Naturales, el agua es un Bien de Uso Público cuyo dominio pertenece exclusivamente a la Nación y no a su despacho; la soberanía municipal no le otorga la propiedad sobre un recurso que Corpoboyacá administra mediante concesiones. Es un despropósito que se pretenda usar el agua como moneda de cambio política, ignorando que la ley prioriza el consumo humano sobre cualquier interés local y que Tunja, de hecho, ya lidera los trámites legales para obtener dicha concesión de manera formal. Mientras lanza dardos, su municipio sigue enviando basuras al relleno sanitario de Tunja bajo una contraprestación que es, francamente, una burla ambiental. Recibir los desechos de casi todo el departamento por una compensación pírrica y hasta simbólica no es un negocio; es un sacrificio que Tunja hace en detrimento de su propio ecosistema, sin que se vea un ápice de corresponsabilidad por parte de quienes nos llenan el vaso.

Bajo el esquema propuesto, nuestra ciudad asumiría el 55% de la carga financiera de esta nueva figura, mientras el resto de municipios, todos ellos de sexta categoría y con arcas mínimas, se limitarían realizar un mínimo aporte para recoger los beneficios. Esto no es una sociedad; es una transferencia de riqueza desde el bolsillo del tunjano hacia las necesidades desatendidas de la provincia. Si los municipios vecinos no tienen un peso para subsidiar la tarifa diferencial del transporte intermunicipal de estudiantes, ¿de dónde saldrán los recursos mañana para todos los proyectos del área metropolitana? La respuesta es obvia: saldrán de los impuestos de quienes habitamos la capital.

Y hablemos de la seguridad y la emergencia. Plantear una Policía Metropolitana con tal rango de acción o un Cuerpo de Bomberos Metropolitano hoy es una fantasía peligrosa. Si el Cuerpo de Bomberos de Tunja apenas logra estirar sus recursos para cubrir el casco urbano, ¿cómo se le puede exigir que atienda las contingencias en Márquez o Ricaurte? Es un desgaste logístico que terminará desprotegiendo a la ciudad para cumplir con un eslogan de integración que no tiene soporte en la realidad.

Lo más preocupante, sin embargo, es el origen de este afán. Resulta difícil comprender por qué una administración transitoria, una alcaldía encargada que debería estar enfocada en mantener el orden y la estabilidad, se empeña en tramitar con urgencia un proyecto de tal magnitud, ¿a quién obedece tal interés?

Las áreas metropolitanas son procesos de maduración lenta, de pilotajes en rutas de transporte y servicios compartidos, no de imposiciones de última hora y a la carrera para mostrar un resultado de gestión. Forzar el proyecto a los concejos municipales sin una planeación rigurosa es condenarlo al fracaso o, peor aún, a una fuerte resistencia ciudadana que, con justa razón, teme a los nuevos impuestos y a la burocracia que estas estructuras suelen alimentar.

Tunja ha sido históricamente golpeada por negociaciones asimétricas donde siempre termina entregando más de lo que recibe. No necesitamos un área metropolitana a la carrera para sentirnos importantes. Necesitamos una ciudad ordenada, con un POT vigente y con vecinos que entiendan que la integración se basa en la reciprocidad, no en el chantaje ni en el aprovechamiento de la generosidad ajena. El área metropolitana puede esperar; el bienestar de Tunja y la protección de su presupuesto, no.

#Editorial

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚́𝐯𝐢𝐭 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨, 𝐥𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯

Mikhail Krasnov tenía la plena certeza de su destitución. El vaticinio de su salida era una constante que acechaba su despacho y, antes de consumarse su retiro, optó por legar una herencia maldita. Su decisión de no presentar ante el Concejo el proyecto para la adición del superávit no fue un descuido, sino una omisión estratégica y premeditada. Con ese solo acto, amarró el destino de la ciudad entera.

Esta deliberada parálisis financiera traduce una asfixia operativa sin precedentes: se anula el flujo para la inversión social, se interrumpen las obras de infraestructura y, en un escenario agravado por la Ley de Garantías, se bloquea la posibilidad material de renovar los vínculos de quienes hoy sostienen la operatividad del municipio como contratistas. Tunja ha sido forzada a un "modo avión" administrativo precisamente cuando la urgencia ciudadana demandaba su mayor potencia de despegue.

Al día de hoy, el proyecto es una ausencia documental. Durante la reciente instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo, ocurrida el pasado viernes, la agenda vislumbró dos jornadas destinadas a la modificación presupuestal de la vigencia 2026. La lógica institucional sugería la radicación del superávit, pero el proyecto no ha llegado a manos de la Corporación. La incertidumbre es de tal calibre que ni siquiera la presidencia del Concejo posee claridad sobre el trámite. Si la cabeza de la institución habita en la duda técnica, la ciudadanía se encuentra en un absoluto desamparo informativo.

La alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, reconoció en rueda de prensa ante los medios que la administración labora febrilmente sobre un borrador. Admitió la urgencia, y si bien la premura es real, es imperativo precisar que no es una crisis de su autoría, sino una patología heredada. El rigor de los antecedentes es esclarecedor: en 2025, la adición de los más de 111 mil millones remanentes de 2024 exigió un escrutinio de siete sesiones. Para este 2026, la cifra que gravita en el debate ascendería a 150 mil millones de pesos sin ejecutar en 2025. De aparecer finalmente el proyecto, los cabildantes dispondrán apenas de dos sesiones para su estudio. Es un tránsito de siete a dos jornadas: una preocupante erosión del rigor con el que se debe examinar el destino de los recursos de la ciudadanía, sacrificando la veeduría técnica en favor del afán administrativo.

Que cada año existan excedentes de tal magnitud no es un indicador de austeridad, sino la prueba reina de la incapacidad. En la esfera de lo público, ahorrar es sinónimo de omitir. Es condenar al Asilo San José a la precariedad de pedir fiado para su sustento, mantener a los funcionarios desprovistos de su dotación de ley, dejar a las instituciones educativas sin docentes que impartan clases, permitir que la malla vial sea un compendio de peligrosos cráteres, todo mientras la chequera pública permanece bajo llave por cálculo político.

Esa fue la maniobra: Krasnov, consciente de que el cronómetro se agotaba, se abstuvo de radicar el proyecto para asegurar que la nueva administración colisionara contra la inoperancia. Un sabotaje calculado para paralizar la ciudad y poder construir, a posteriori, el relato de que solo bajo su mando el sistema funcionaba.

Esta narrativa ya circula a través de las estructuras de la bodega digital vinculada al exmandatario, cuya existencia es un hecho comprobado. Repiten sistemáticamente que la nueva alcaldesa “no sabe dónde está parada”, una consigna replicada por ciertos espacios que, bajo el ropaje de medios de comunicación, integran esa misma red de desinformación identificada por buena parte de la ciudadanía. El libreto es vetusto: sostener que se inició con el pie izquierdo y que existe una supuesta inexperiencia gubernamental, como si en manos de Krasnov hubiésemos estado en manos expertas.

Lo sensato es remitirse a los hechos. María Paula Jiménez ha establecido una interlocución directa con la prensa, un acto que no debería ser extraordinario pero que en Tunja representa una ruptura con el oscurantismo previo. Krasnov rehuía de los periodistas, se escabullía, y solo concedía declaraciones a sectores afines, y hay veces ni eso, pues prefería el soliloquio en redes sociales para manipular el mensaje sin el rigor de la contrapregunta. Que la mandataria actual dé la cara higieniza la gestión y da transparencia ante los ojos de la ciudad.

En lo referente al señalamiento de “no saber dónde se está parado”, la memoria histórica de Tunja ofrece ejemplos irrefutables de la gestión anterior. Basta evocar aquella rueda de prensa donde, ante una consulta sobre un caso de justicia por mano propia, el entonces alcalde debió inquirir en susurros al comandante de la Policía Metropolitana para saber si el hecho era grave. El desconocimiento era absoluto. O cuando sentenció que no gestionaría recursos ante entidades nacionales y Ministerios para evitar “arrodillársele a los políticos”. El balance es desolador: en dos años y medio no aterrizó inversión nacional para proyectos estratégicos en la ciudad; el Punto de Abastecimiento Solidario es una entelequia, el Centro PotencIA no registró el más mínimo avance y las grandes promesas: el tranvía, el parque internacional de talla internacional o el anillo verde alrededor de la ciudad, no pasaron de ser meros anuncios de campaña.

Esa es la vara con la que pretenden evaluar a la alcaldesa encargada. La medida de un antecesor que dejó 150 mil millones de pesos estancados y una gestión nacional nula. El Concejo podrá ser objeto de juicios y reproches, pero técnicamente no puede adicionar un centavo que no le sea presentado formalmente. La responsabilidad recaía exclusivamente en la administración de Krasnov, y se incumplió por una voluntad política de obstrucción.

El gabinete que estructuró este escenario permanece incólume y conserva su cuota de poder. La alcaldesa encargada les ha otorgado su respaldo, un gesto que se interpreta como una diplomacia de transición para garantizar la estabilidad. No obstante, el costo es elevado. Esos funcionarios mantienen su lealtad hacia quien salió, y el exmandatario sigue ejerciendo influencia desde la sombra. Mientras ese gabinete respire, Krasnov conserva sus fichas en el tablero; son ellos mismos quienes hoy alimentan la fábula de que “la nueva alcaldesa no sabe dónde está parada”. Con ese equipo infiltrado, reorganizar el caos administrativo en el que quedó el municipio resulta una tarea de una complejidad extrema.

La evidencia del sabotaje ya se manifestó en la sesión para socializar el convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías. Tres integrantes del gabinete fueron citados. La secretaria de Infraestructura se ausentó con excusa válida, más allá de que no asistió ningún delegado de su dependencia, y ni hablar del Secretario de Educación y la Directora de la Unidad Especial de Contratación que faltaron sin justificación alguna. Su ausencia fue un desplante a los concejales, a las Juntas de Acción Comunal y a la ciudadanía. No comparecer ante los entes de control es una falta de respeto gravísima hacia Tunja.

El comunicado de disculpas de la administración es insuficiente, se requiere una sanción ejemplar. María Paula Jiménez debe sentar un precedente de autoridad. Es ella quien ostenta el mando, aunque sea transitorio, y no puede permitir que su propio equipo humille a la ciudadanía. Ese es el núcleo del conflicto: con ese equipo operando bajo agendas paralelas, el fracaso de la gestión actual es un diseño calculado. Mantener las fichas de Krasnov es alimentar el sabotaje interno para que él pueda, eventualmente, imponer un sucesor y retener el poder real, así sea tras bambalinas.

María Paula Jiménez recibe una administración en estado crítico, fruto de una debacle caracterizada por el desorden y la litigiosidad. Con un gabinete enquistado que prioriza intereses ajenos, la alcaldesa se encontrará maniatada. Esto no fue un descuido administrativo; fue una herencia maldita, fríamente calculada para generar una crisis al sucesor. Un secuestro de los recursos públicos ejecutado por cómplices que aún ocupan sus despachos.

#Opinión #Tunja

𝐋𝐚 𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐩𝐚

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

La política en la capital de Boyacá ha derivado en una coreografía del descaro donde el respeto por el ciudadano se empeñó en una remota oficina de Antioquia. No existe una forma distinta de describir el esperpento jurídico y financiero que rodea el convenio interadministrativo suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías, una entidad que aterrizó en Tunja no para traer soluciones de infraestructura, sino para demostrar con qué velocidad se pueden esfumar más de 15 mil millones pesos del erario público, a la vez que poner en riesgo la estabilidad social de una ciudad.

Este contrato es el monumento a la suspicacia desde su misma génesis, pues fue entregado de manera directa y bajo el amparo de la oscuridad administrativa a finales de septiembre de 2025. Pretender ejecutar semejante danza de millones en un plazo de apenas tres meses era una mentira técnica que solo los cómplices más ciegos de la administración de Mikhail Krasnov se atrevieron a sostener, sabiendo perfectamente que el tiempo era insuficiente para cualquier obra de envergadura.

Lo ocurrido el pasado 6 de mayo en el recinto del Concejo Municipal no fue un simple cruce de agendas sino la culminación de un irrespeto sistémico a la ciudadanía que exige respuestas sobre el destino de esos más de 15 mil millones de pesos. La inasistencia de los secretarios de Infraestructura y Educación junto a la Directora de Contratación de la administración del destituido Krasnov es un acto de cobardía institucional que no puede saldarse con un comunicado de disculpas emitido a la carrera.

No asistieron porque no tienen cómo explicar un contrato que hoy está en el limbo y porque prefirieron eludir su responsabilidad de enfrentar a los presidentes de junta que fueron plantados tras meses de esperar una socialización que nunca llegó. Este desplante debe tener consecuencias reales y es obligación de la Alcaldesa encargada pedir las renuncias inmediatas de estos tres personajes que le han dado la espalda a la ciudad en su momento de mayor cuestionamiento.

El papel de Brahiam Quintana Martínez en este despropósito merece una mención aparte por su docilidad ante el poder. Quintana Martínez no actuó como el presidente de una corporación independiente, sino como el tramitador oficial de las excusas de la administración, validando con ligereza cada incapacidad médica y cada reunión inoportuna que sirviera para blindar a los secretarios del debate. Su comportamiento fue el de un súbdito que rinde pleitesía a su patrón y no a sus electores, calcando con asombrosa fidelidad las artimañas de Mikhail Krasnov para evadir la justicia. El concejal se convirtió en el guardián de ese manual de la evasión donde abundan los soportes médicos de conveniencia y los viajes de última hora, las mismas tácticas que el exalcalde usó para torpedear sus procesos judiciales y alargar lo inevitable. Al postergar la sesión hasta el penúltimo suspiro del periodo ordinario, Quintana Martínez garantizó que el debate fuera un trámite estéril y apresurado, mientras él gastaba el tiempo en proselitismo barato abusando del malestar ciudadano por las tarifas de servicios públicos.

El trasfondo técnico de este convenio justifica el pavor de los funcionarios a ser cuestionados públicamente. Los datos revelan un esquema diseñado para diluir responsabilidades a cambio de una gerencia de 648 millones de pesos que solo sirve para que la empresa de Donmatías actúe como un peaje burocrático. Es inaudito que el municipio haya delegado el mando sobre la maquinaria y el personal a un tercero que fragmenta el presupuesto entre firmas sin experiencia, mientras admite por escrito que no ejerce un control directo en el terreno.

A pesar de que administrativamente el convenio se reporta "en ejecución" para salvar los plazos legales, la realidad en las calles es una parálisis física casi que absoluta. Estamos ante una ejecución de papel donde el municipio renunció a vigilar la obra para limitarse a vigilar a un administrador delegado, permitiendo que los frentes de trabajo no avancen, se realicen de forma mediocre o simplemente sean inexistentes en el terreno. Es este laberinto de tercerización, donde se regalan 648 millones de pesos por una "gerencia" que no garantiza un solo ladrillo bien puesto, el que los secretarios no quisieron ir a defender porque saben que no pueden ocultar que la ciudad está pagando por obras fantasma.

La humillación que hoy padecen barrios como Manzanares o Curubal es la radiografía de una estafa política que se gestó en el papel y se ejecutó en la indiferencia. Mientras en las planillas figuran inversiones millonarias para la infraestructura educativa de Runta o Chorro Blanco Bajo, la realidad de los estudiantes es la espera indefinida por un contrato que solo produce conceptos jurídicos.

El intento desesperado de la administración por llamar a los líderes comunales una hora antes de la sesión para ofrecerles migajas de recursos es la prueba definitiva de su desespero. Este intento de manoseo de última hora confirma que la administración sabe que no tiene cómo justificar por qué, mientras el reloj del contrato avanza, las comunidades solo reciben una ejecución intermitente, de pésima calidad y plagada de incumplimientos.

La administración municipal prefiere entregar sillas y mesas plásticas antes que admitir que la plata de los salones comunales se está perdiendo en el laberinto de intermediarios, vacíos legales y falta de explicación por parte de Donmatías. Quintana Martínez ha permitido que se manosee el recinto del Concejo hasta convertirlo en un espacio de protocolo para la impunidad, permitiendo que el patrimonio de los tunjanos se evapore entre prórrogas sospechosas y una intermediación que nunca tuvo la intención de construir nada más que beneficios para los contratistas de turno.

Señora Alcaldesa reaccione de una vez porque si usted permite que sus subalternos le huyan al debate y sigan gobernando bajo órdenes externas, mientras la ciudad ve cómo se roban su futuro en obras que no avanzan; será usted la única que terminará cargando con el desprecio de una ciudadanía que ya no aguanta más desplantes ni sillas plásticas a cambio de vías o salones comunales.

#Opinión #Política #Nación

𝐀𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨, 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞

𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 – 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂

Ya pasaron las arengas, las banderas y el despliegue de menguada fuerza política en las plazas. Tras la jornada del pasado viernes, el país quedó con una imagen clara: un Gobierno que, ante su incapacidad ejecutiva de presentar resultados tangibles de su gestión, ha decidido refugiarse definitivamente en la democracia de la calle. Aún más, lo que vimos no fue una fiesta del trabajo; fue la continuación oficial de una campaña de recolección de firmas para imponer una Asamblea Nacional Constituyente, con cuenta abierta para recibir donaciones de dinero.

Para que lo entendamos sin tecnicismos ni eufemismos: recoger firmas para una Constituyente es un intento más del Ejecutivo de saltarse los canales legales y el debate en el Congreso. Es, en palabras sencillas, querer cambiar las reglas del partido porque el marcador no le favorece. El presidente Petro ha insistido en que la Constitución de 1991 es un obstáculo para gobernar, cuando en realidad es el escudo que nos ha protegido de la arbitrariedad y el desorden del gobierno del “cambio”.

Sin embargo, y talvez porque percibe que ese falaz discurso no le llega al grueso de los colombianos, declaró en Medellín que “no pensamos cambiar la Constitución de 1991, pensamos agregarle dos capítulos: el capítulo de las reformas sociales que no dejaron aprobar en el congreso y el capítulo del cambio del sistema político para erradicar la corrupción y dejarla en el pasado”. En realidad, si algo ha demostrado Petro durante su administración es que su intelecto solo le da para improvisar discursos rimbombantes, pero no para identificar la raíz de los problemas a solucionar, y menos para supervigilar que los cargos se desempeñen éticamente; y esto, entre otras razones, porque no se supo rodear de funcionarios competentes y nunca puso la mirada en sus propias responsabilidades personales y/o políticas. Por esto, no ha querido reconocer que, si las reformas sociales no pasaron en el Congreso tal y como él las concibió, no fue por el diseño constitucional sino por su desorden para priorizarlas y el autoritarismo del que hizo gala para tratar de imponerlas. Es que buena parte del órgano legislativo fue insultado con los discursos de Petro frente a “su pueblo”. No es sino recordar el del 1º de mayo del 2025 cuando en un paroxismo rayano en el ridículo y con espada de Bolívar y bandera bolivariana de la “guerra a muerte” incluidas, amenazó a los congresistas que se opusieran a la consulta popular para sacar adelante la reforma laboral diciendo “que serían expulsados del Congreso por el pueblo”.

En fin, ¿de qué le sirve a un ciudadano que el Gobierno firme miles de formularios en las plazas, si es incapaz de garantizar la seguridad en el Cauca o de manejar con eficiencia el presupuesto de la salud? Los problemas más sensibles de Colombia —el hambre, el desempleo, la informalidad, la corrupción, el avance del terrorismo— no se solucionan redactando nuevos artículos constitucionales. El papel lo aguanta todo, pero la paciencia de un país que ve cómo se desmorona su institucionalidad tiene un límite.

Ahora bien, en vísperas de elecciones a la presidencia lo preocupante es la complicidad y la estrategia dual del continuismo. Vimos al candidato Iván Cepeda muy activo, validando este ataque frontal a la estabilidad jurídica del país, mientras en los salones del poder y en las entrevistas en medios intenta proyectar una imagen de moderación cuando dice que lo que busca es un acuerdo nacional, y si de allí se deriva la necesidad de la Constituyente se saca adelante. Es el doble discurso de siempre: agitan la hoguera constituyente en la plaza pública y juran respeto a la ley. Es una trampa retórica que busca adormecer a la ciudadanía antes de las elecciones del 31 de mayo… ¿Se dieron cuenta lo que pasó con el Partido Verde que terminó en el último vagón del tren del continuismo?

Quienes hoy agreden la Constitución con discursos de refundación nacional, son los mismos que han incumplido su deber primordial de proteger la vida y el orden. No necesitamos una nueva Constitución, lo que necesitamos es gobernantes que la respeten y trabajen en el marco de la que ya tenemos. Si permitimos que el capricho de un gobernante reemplace el imperio de la ley, estaremos entregando nuestra libertad a cambio de un espejismo. El camino no es la constituyente del caos, sino la reafirmación de nuestra grandeza institucional.

#Editorial

𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨

El reciente episodio de parálisis que sufrió Tunja no fue, como se pretendió disfrazar, un reclamo legítimo por la legalidad. Fue una maniobra de prestidigitación política donde el gremio de taxistas utilizó el bloqueo como moneda de cambio para encubrir falencias propias, como la carencia de tarjetas de operación detectada en operativos de tránsito. Lo que resulta verdaderamente preocupante no es la naturaleza de la protesta, sino la docilidad con la que la administración municipal parece haber aceptado un pliego de condiciones que termina vulnerando el principio de equidad tributaria frente al ciudadano que sostiene el sistema.

La opacidad que ha rodeado las declaraciones del secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García Vargas, no hace más que alimentar la incertidumbre de una ciudad que se siente entregada a los intereses de un grupo minoritario pero ruidoso. Al sugerir tímidamente que se avecinan modificaciones en el pico y placa, la Alcaldía parece estar pavimentando el camino para una restricción que se extienda por todo el perímetro urbano y durante todo el día. Esta medida no responde a criterios técnicos, sino al temor reverencial que le tienen a un gremio capaz de asfixiar la capital boyacense en cuestión de minutos.

Es una injusticia flagrante que el propietario de un vehículo particular, quien cumple con el pago de impuestos de rodamiento y contribuye directamente al erario, sea el único sacrificado en el altar de la movilidad para favorecer el negocio de terceros. Pero el problema de fondo es más profundo: las administraciones no pueden seguir empeñadas en proteger un modelo de transporte retrógrado. En el mundo actual, el que crea que vender es montar un local físico sin presencia en línea está perdiendo el tiempo; el que insista en que un periódico como este, que se publica periódicamente pero en digital, debe ser impreso en papel para existir, no entiende nada; y el cine que no aprendió a convivir con Netflix simplemente desapareció.

La tecnología no pide permiso y el transporte no es la excepción. El que presta servicios de transporte individual y cree que su única opción es ser un taxi bajo el modelo de "cupos", está tan perdido como el que aún espera el cartero. Esos cupos, que la ley dice no tener valor comercial pero que las empresas privadas venden a precios absurdos, son una anomalía que la Alcaldía debería eliminar de raíz. La verdadera modernización no es cambiar un horario de pico y placa para darle ventaja a un sector; es permitir que cualquier ciudadano, en el carro que quiera y del color que prefiera, compita de forma justa bajo plataformas digitales que cumplan con la ley.

En el sondeo callejero que realizamos desde este medio de comunicación (https://www.facebook.com/share/v/1CmTLNNYbF/), la fractura quedó expuesta sin matices. Mientras los conductores de servicio público presionan por encerrar al resto de la ciudad para eliminar la competencia, el ciudadano exige un equilibrio que hoy parece perdido. La administración municipal no puede actuar como una súbdita de los caprichos gremiales bajo la excusa de una falsa armonía social. Gobernar no es ceder ante el que más grita, sino garantizar que la ley se aplique con justicia.

Si el objetivo real fuera mejorar la fluidez de nuestras calles, estaríamos discutiendo estímulos para el uso del vehículo compartido, ciclorrutas funcionales o incentivos para la micromovilidad eléctrica. Tunja no aceptará un pico y placa que nazca del miedo y profundice la desigualdad tributaria. La premisa debe ser la justicia: o todos en la cama, o todos en el suelo. El mandato de la Alcaldía debe proteger el derecho de quienes pagan por usar las vías, y no perpetuar los privilegios de un modelo que se niega a evolucionar.

#Opinión #Tunja #Política

𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐥𝐬𝐢𝐥𝐥𝐨

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

El Concejo de Tunja hace mucho tiempo que dejó de ser un ejemplo de altivez institucional, pero lo que ocurre hoy ya no es solo falta de carácter; es una degradación absoluta. El recinto, que históricamente ha lidiado con la sombra de la ineficiencia, ha terminado de hundirse en un lodazal donde cualquier secretario de despacho entra, trapea el piso con la dignidad de la corporación y sale muerto de la risa. Lo que antes era una mala práctica, hoy, bajo la presidencia de Brahiam Quintana Martínez, es un deporte oficial.

El episodio con el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García Vargas, es el retrato vivo de este desprecio. Fue invitado para explicar dos temas: el conflicto eterno entre taxistas y plataformas de transporte, y la bochornosa noche del 9 de abril. Esa noche, en un "cacerolazo" en rechazo al fallo de nulidad electoral de Mikhail Krasnov, varias tractomulas invadieron el Centro Histórico, desafiando la normatividad que prohíbe su ingreso y causando daños evidentes al mobiliario urbano.

La respuesta de García Vargas ante el cuestionamiento por la falta de rigor fue un insulto a la inteligencia. Mientras la Secretaría le ha dicho a la opinión pública que se impartieron comparendos, ese día en el Concejo el Secretario no dio explicación de nada: ni de cuánto fue el monto de la sanción, ni cómo fue el procedimiento, ni por qué no se inmovilizaron los vehículos en el acto, ni de qué forma se pretendió aplicar la ley, ni sobre investigaciones en curso contra los agentes de tránsito a los que se les endilga un supuesto acompañamiento a la caravana de ilegales tractomulas. Con un desparpajo asombroso, se limitó a decir que ya había contestado eso en un derecho de petición y que "no iba preparado" para hablar de ese tema, a pesar de que la citación era explícita. Propuso, con una frescura cínica, que se hiciera otra sesión para abordar lo que él no quiso informar.

Esta propuesta es una aberración. Hacer sesiones no es un juego. Cada vez que estos señores se reúnen, solo en el pago de salarios de los concejales, la ciudad desembolsa $10.400.000. Si la sesión se parte en dos por la negligencia de un funcionario, el costo sube a $20.800.000 para tratar temas que caben perfectamente en una sola jornada. Pero ese cálculo es incompleto; a esos 10 millones hay que sumarles lo que cuesta pagarle a las unidades de apoyo, al personal de producción técnica, a los empleados de cafetería, los insumos de esta, y hasta el consumo de agua y luz. Es un aumento injustificado en el costo de funcionamiento de una corporación que hoy le sale carísima a los tunjanos y que no entrega el más mínimo resultado.

Sin embargo, la desfachatez de García Vargas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología institucional. La Directora de Hacienda, el Secretario de las TIC, entre tantos otros, han hallado en la postergación un refugio seguro para su propia mediocridad. Se han habituado a una coreografía del desplante. Asisten al recinto con la intención deliberada de salir sin responder, forzando nuevas fechas y duplicando honorarios como si el erario fuera un recurso inagotable para financiar sus silencios. Y aunque entre las curules se escuchen voces de un malestar impostado, el teatro de la indignación no convence a nadie. Gran parte de esos concejales, que hasta hace poco conformaban el grupo del oráculo, hoy pretenden rasgarse las vestiduras, olvidado que ellos han sido los arquitectos silenciosos de las mañas y los vicios contractuales que marcaron la era de Mikhail Krasnov. Resulta, por lo menos, pintoresco que quienes pavimentaron el camino del desorden hoy se escandalicen por el polvo que levanta el camino.

Esa coreografía del desplante y la erosión constante de la dignidad del cabildo no es un accidente; es la consecuencia directa de la gestión de Brahiam Quintana Martínez. El actual presidente ha permitido que la investidura de la corporación se arrastre por el fango de la complacencia, operando más como un guardafaldas de la administración municipal que como el garante del equilibrio de poderes. Su liderazgo, si es que se puede llamar así a esa mezcla de silencio y anuencia, ha canjeado el respeto institucional por un discurso de vitrina, barato y desgastado, mientras en los pasillos los funcionarios se burlan de la investidura con la seguridad de quien se sabe inmune bajo la sombra de un presidente blandengue.

La bitácora de Quintana Martínez en este primer periodo de sesiones ordinarias de 2026 es un compendio de irregularidades disfrazadas de orden del día. Bajo la mirada impasible, y sospechosamente silente, de una Procuraduría Regional que parece haber olvidado la vigilancia de un recinto al que alguna vez condicionó y amedrentó para la defensa de la administración Krasnov con la bendición del Partido Verde , Quintana Martínez convirtió el inicio de sesiones en un anacronismo costoso. Se dedicó a tramitar un informe de rendición de cuentas de la Alcaldía cuya vigencia ya era cadáver, forzando la maquinaria pública para cumplir con un plazo que el calendario ya había devorado. Destinar el erario a un acto extemporáneo no es un error de trámite; es una bofetada a la legalidad administrativa, que hasta hoy sigue sin revisión por parte de los organismos de control.

Pero el desprecio por la eficiencia no se detuvo ahí. La presentación de dicho informe fue sometida a una fragmentación casi quirúrgica del tiempo y del dinero. Quintana partió la comparecencia de los secretarios en dos jornadas, solo para luego dilatarla en una tercera sesión convocada bajo el manto de la noche, buscando, con una astucia cuestionable, el agotamiento físico de sus colegas y la disolución del quórum. El resultado fue una sesión que se arrastró hasta la medianoche para reanudarse como una nueva una hora después , obligando a abrir un nuevo registro reglamentario y, por ende, una nueva factura de honorarios y logística. Tres sesiones pagas por un informe vencido, mientras la ciudad asiste al espectáculo de ver cómo se quema el presupuesto en debates insulsos y egolatrías presidenciales.

Sumado a este despilfarro de horas y recursos, asoma una sombra de duda sobre la ética presencial del mismo Quintana. Durante gran parte de los debates iniciales, la ausencia del Presidente fue la constante, abriendo un interrogante incómodo: ¿cobró el señor Quintana Martínez por sesiones en las que no estuvo presente? En este medio reposan grabaciones fidedignas que prueban su inasistencia mientras se tomaban decisiones, una verdad que contrasta con unas planillas que, como bien se sabe en los pasillos del cabildo, suelen ser firmadas con una ligereza sospechosa, ya sea por llegar tarde o por una solidaridad gremial que raya en lo delictivo. Para colmo de males, la transparencia pública choca con una pared tecnológica, pues las cámaras de videovigilancia del recinto, casualmente, no sirven. Esta irregularidad no es menor; no solo deja a la corporación desprotegida ante hurtos, sino que arrebata al ciudadano el derecho de verificar, mediante cintas oficiales, quién cumple realmente con su labor. Una "ceguera" técnica que parece convenirle demasiado a una presidencia que huye del escrutinio.

Mientras Quintana Martínez se pierde en la minucia de su figuración personal, los temas que realmente huelen a podredumbre contractual han sido confinados al olvido deliberado. Resulta un insulto al contribuyente que el Concejo no haya exigido respuestas contundentes sobre el contrato entregado a dedo a la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías por un valor superior a los $15.076.000.000. Lo escandaloso no es solo el monto, sino que sobre esta cifra se otorgó un anticipo del 95%; un privilegio inaudito en la contratación estatal, donde lo habitual es cobrar contra ejecución y cumplimiento, y no recibir el botín antes de mover la primera piedra. Bajo este contrato se debería estar ejecutando el corazón de los presupuestos participativos de la ciudad, donde cada Junta de Acción Comunal priorizó con esperanza el arreglo de sus vías, la instalación de cámaras, la mejora de salones comunales o el rescate de polideportivos. Sin embargo, la realidad en los barrios es desoladora. Allí donde se ha hecho algo, las obras son mediocres, con materiales de bajísima calidad y cronogramas que parecen una burla; y en el peor de los casos, simplemente no se ha visto nada. Tunja hoy tiene una ciudad intervenida a medias y mal hecha, financiada con un cheque en blanco que Quintana Martínez se niega a fiscalizar.

Y es en medio de este panorama de dineros entregados a manos llenas y sin resultados, donde surge otra omisión imperdonable: el trámite de la adición de superávit. Resulta criminal que mientras la ciudad tiene recursos congelados en sus cuentas, la administración municipal no haya presentado el proyecto y el Concejo no haya ejercido la más mínima presión política para exigirlo durante este trimestre. Mientras Brahiam Quintana dilapida el tiempo en sesiones estériles, Tunja tiene su único asilo de ancianos viviendo de prestado desde hace más de medio año. Es la paradoja de la miseria administrada, hay plata quieta en las cuentas del municipio, pero no hay voluntad en el Despacho del Alcalde ni control en el Cabildo para poner esos recursos al servicio de quienes más lo necesitan. El superávit se quedó en el limbo de la ineficacia compartida entre un Ejecutivo que no lo radica y un Concejo que prefiere no incomodar.

Quintana Martínez, sin embargo, prefiere las luces de sus redes sociales. Se ha especializado en el matoneo mediático contra las empresas de servicios públicos, fabricando una épica de cartón para sus videos donde posa como el paladín de los usuarios, videos a los que además debe pagarles, sospechosamente, publicidad, dando una clara muestra de su interés malsano detrás de sus supuestas preocupaciones. Es un espejismo: las tarifas no han bajado un centavo y los porcentajes han variado en favor de unos y en detrimento de otros, sin que se perciba cambio significativo alguno. El presidente guarda un silencio cómplice ante el pretexto municipal de la falta de recursos para aliviar el bolsillo de los estratos 1, 2 y 3, pero no tiene reparos en permitir que esos mismos recursos se diluyan en la ineficiencia de Donmatías. Dice que las empresas le ocultan información, pero cuando las cita, estas responden con una precisión técnica que sus propios protegidos del gabinete municipal envidian desde su ignorancia.

Resulta patético ver cómo Quintana Martínez se escandaliza por las facturas de aseo de la "gentecita que se quita el pan de la boca" mientras permite que el municipio actúe como un socio parásito de Urbaser. En el reciente debate de control a esta empresa quedó claro: el municipio recibe $100 millones mensuales de arrendamiento y utilidades del 30%, pero fue incapaz de conformar un Comité de Aseo en doce años. Quintana Martínez calla ante el hecho de que la administración se lucra del sistema que él ataca en Facebook. Atacar al privado es fácil y da "likes", pero cuestionar a la administración municipal, en la que él tiene sus intereses, requeriría una decencia política que el actual presidente no conoce. Y ni hablar de cuando se esfuma su empatía por "la gentecita que se quita el pan de la boca por pagar el recibo del aseo", si lo que se cuestiona es el hecho de que esa "gentecita" también sufre cuando paga un predial costoso que se va en sostener entidades inoperantes y carcomidas por la corrupción de la administración Krasnov como es el caso de Ecovivienda.

Si la intención de Quintana fuera técnica, el rabo de paja no sería tan evidente. En el reciente debate a Urbaser, omitió deliberadamente invitar a la CRA y a la Superintendencia de Servicios. Quintana oculta las respuestas que ya recibió de la Superservicios porque sabe que desmienten su libreto de manipulación ciudadana. Pero este afán de cosechar votos a partir de la manipulación del deseo popular de unas tarifas de servicios públicos más bajas, se sostiene en su inoperancia para la presentación de proyectos o para la gestión de recursos, pues en más de dos años de presencia en el Concejo, apenas acaba de presentar su primer proyecto, el cual nació muerto por falta de viabilidad financiera. Quintana Martínez lo presentó sabiendo que el municipio no tiene los recursos, simplemente como un saludo a la bandera para alimentar su imagen electoral. No gestiona con su titiritero y papá político Wilmer Castellanos, no propone soluciones reales y prefiere explotar la falta de conocimiento técnico de una ciudadanía motivada y caldeada por sus propios intereses proselitistas.

Al final, queda la imagen patética de un presidente que prefiere personificar a un "recibo humano" en un video viral antes que ejercer la dignidad de su cargo. Es el oportunista que nutre su capital político aprovechando la ingenuidad y las necesidades de una población que busca respuestas, mientras él protege la incompetencia de los herederos de una administración que salió por la puerta de atrás por corrupta, no por "profesora". Ataca a empresas como Urbaser, cuya tecnología de lixiviados de nivel aeroespacial es lo que mantiene a Tunja a salvo del colapso sanitario que sufre Sogamoso por pura incapacidad local. Quintana no busca justicia tarifaria; busca ruido para ocultar que, bajo su mando, el Concejo de Tunja es hoy un organismo manoseado y sin brújula, donde la única prioridad es mantener viva la comedia del descaro.

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PERIÓDICO EL TUNJANO